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MODELO N° 01: DENUNCIA PENAL DE SECUESTRO Y EXTORSIÓN
DENUNCIA Nª :
ESCRITO:
SUMILLA: Denuncia por el Delito de
Secuestro y Extorsión
SEÑOR FISCAL DE TURNO DEL DISTRITO JUDICIAL DE …………
A.M.H., con DNI Nª ……………. ,
domiciliado en Jr. Ancash No. 265
de esta ciudad; señalando
domicilio procesal en la calle Francisco Pizarro
659 Of. 207 de esta misma ciudad de Lima, a
usted digo:
Debo advertir, Señor Fiscal, que he venido residiendo en la provincia de Pataz,
localidad de Tayabamba y que si bien es verdad los hechos que vengo a
denunciar se han producido en la indicada localidad, también lo es que debido al
ambiente de violencia que ha impuesto el denunciado como Presidente de las
“Rondas Campesinas de Pataz”, me resulta materialmente imposible ingresar la
presente denuncia en mi jurisdicción ya que los ronderos no solo tienen
amenazada a mi familia, sino a toda la población en el sentido de detener y
castigar a todo aquel que se preste para presentar cualquier documento en las
oficinas del Fiscal y/o del Juez de Pataz. En el mismo sentido se tiene
amenazados a los Abogados que “se presten” para defenderme o defender a
cualquier ciudadano que pretenda denunciar a algún rondero, así como a todo
aquel que pretenda denunciarlos.
En consecuencia, se debe tener presente que:
A) Mi vida corre peligro si me encontrara en la localidad de Tayabamba y
pretendiera ingresar la presente denuncia.
B) La vida de mis familiares corre peligro si pretendieran ingresa la denuncia
ante el Ministerio Público porque los ronderos se encuentran a
inmediaciones de las oficinas de la Fiscalía.
C) No puede ingresar la denuncia a través de un tercero porque nadie desea
hacerlo ya que se ha advertido públicamente que quien se preste para
tramites referidas a alguna denuncia contra los ronderos será
severamente sancionado, lo que implica su secuestro y violencia física
contra ellos.
D) No puedo ingresar la denuncia a través de algún Abogado porque ninguno
acepta defenderme al haber sido públicamente advertidos de que serian
castigados si intervinieran autorizando o interviniendo en la presentación
de alguna denuncia contra los ronderos.
En virtud a lo anterior, Señor Fiscal, solicito se admita la denuncia y se le
dé el trámite de ley.
I. DELITOS QUE SE DENUNCIAN:
Secuestro y Extorsión.
II. PERSONAS A LAS QUE SE ATRIBUYEN LOS DELITOS:
A). R.A.M.C., Urbanización Los Cedros Mz. “A” Lote No. 09 de esta ciudad de
Lima.
B). Los que resulten responsables.
III. CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE HAN PRODUCIDO LOS DELITOS:
3.1 En fecha Miércoles 22 del Presente, en circunstancias en que a las 8.30
Hrs. me encontraba en la puerta de mi domicilio ubicado en las
intersecciones de las calles Bolívar y Grau, esquina de la
Plaza de Armas, (que a la vez funciona como local comercial) se
acercó una camioneta TOYOTA 4 X 4 con Placa de Rodaje No. OD-1880,
en la que se encontraban aproximadamente 6 personas (entre
ellos R.A.M.C.), quienes sin bajar me preguntaron si yo era A.M.H.,
contestándoles afirmativamente, ante lo que me pedían que me acerque
al vehículo y suba al mismo. Ante ello contesté que cerraría mi puerta,
pero lejos de acercarme al vehículo ingresé a mi casa y cerré
inmediatamente la puerta, ante lo que aquellos sujetos empezaron a
golpearla violentamente por lo que por temor a que me la rompan al abrir,
circunstancias en que procedieron a ingresar a mi casa diciendo que eran
“RONDEROS”, viendo que el denunciado R.A.M.C. portaba arma de
fuego (escopeta retrocarga). Inmediatamente me exigieron que suba al
vehículo antes referido, conduciéndome a la “Casa del maestro” ubicada
en la calle Alfonso Ugarte S/N de Tayabamba.
Estos hechos, Señor Fiscal, fueron vistos por mi sobina K.M.M. que se
encontraba en el segundo piso de mi domicilio, según ella me lo ha
referido.
3.2 Encontrándome ya en la “Casa del Maestro” me metieron violentamente
a una habitación, empezando a decirme que el Alcalde O.M.B. me había
comprado una camioneta o que explique cómo había adquirido el vehículo
de Placa de Rodaje ROK-366, Marca MITSUBISHI, dando de mi parte las
explicaciones correspondientes, para inmediatamente empezarme a decir
que mi explicación era falsa y que dicho vehículo no había sido adquirido
por mí, sino que había sido comprado por el Alcalde y que yo no era más
que un testaferro, que me había restado para que “ese delincuente”
compre cosas “con el dinero del pueblo”, que ellos sabían que era así, y
que –por tanto—yo debía reconocer públicamente tal hecho. A la vez que
me expresaban lo antes dicho me daban golpes con la culata de la
escopeta retrocarga, en el pecho, en el brazo derecho, en la mano
izquierda y en la espalda, además de manazos en la cara. Debo dejar
expresa constancia que todo ello era producido por el denunciado
R.A.M.C., limitándose a mirar los sujetos que lo acompañaban.
3.3 Como esas exigencias, Señor Fiscal, eran referidas a hechos falsos,
obviamente me negué a aceptarlas, lo que motivaba los golpes que me
daban. Me amenazaban que me colgarían en el mismo lugar y si persistía
en no aceptar sus exigencias me llevarían a “La Quebrada”, que es un
lugar descampado, donde me colgarían hasta que hablen lo que ellos
decían, o “de donde no regresaría”. Se me mantuvo como rehén hasta el
miércoles 23 del Pte., aproximadamente a las 12:30 Hrs., en que luego de
aceptar las exigencias de mis captores me condujeron a las oficinas del
Fiscal Provincial, ante quien tuve que decir lo que bajo violencia y
amenaza se me obligó que diga.
3.4 Debo establecer, Señor Fiscal, que los hechos en mi agravio se han
producido en circunstancias en que en la localidad de Tayabamba se han
suscitado una serie de hechos y violencia protagonizados por la
denominada “Ronda Campesina” que preside el denunciado R.M.C.; entre
ellos el secuestro de otras personas, como es el caso del señor J.L.Q.
(hasta ahora secuestrado) Y V.A.R., este ultimo Ex trabajador de la
Municipalidad Provincial de Tayabamba, a quien tuvieron privado de su
libertad por aproximadamente 10 días. Todo ello, como lo he expuesto, en
un ambiente de violencia e inseguridad por los actos de las denominadas
Rondas Campesinas.
3.5 Para vuestro conocimiento es que bajo ese ambiente de violencia e
inseguridad, el Fiscal Provincial de Pataz y el Juez de Investigación de la
misma provincia tuvieron que salir de la ciudad de Tayabamba, viéndose
obligada a intervenir directamente una Comisión de alto nivel, integrada
por un representante del Presidente de la Corte de Justicia de La Libertad,
el Presidente de la Junta de Fiscales Superiores, el Coronel de la Tercera
Región PNP y un Representante de la Defensoría del Pueblo. Es en ese
mismo ambiente de violencia en que fui conducido ante el Fiscal,
habiéndoseme advertido previamente que, si yo no decía lo que se me
había indicado, sería trasladado nuevamente hasta la “Casa del Maestro”
y luego a otros lugares. Es evidente que de haber dado una versión
distinta ante el Fiscal eso podría haber ocurrido ya que la presencia del
Fiscal y de la Policía Nacional del Perú no amilana el actuar agresivo de
los “ronderos” que dirige el denunciado, quien inclusive porta armas de
fuego y las exhibe ante estas mismas autoridades, sin que ni siquiera se
le llame la atención. Son precisamente esas armas las que portaban al
momento en que me condujeron para que dé mi manifestación en las
oficinas de la Fiscalía.
3.6 Una vez que brindé mi manifestación ante el Fiscal de Pataz, fui liberado,
no sin antes exigirme que mi sobrina K.M.M. se desista de una denuncia
que había interpuesto ante la Comisaria PNO de Tayabamba, por el delito
de Secuestro en mi agravio, por lo que me dirigí a la indicada Comisaría,
no siendo atendido. Retornando a la Comisaría el segundo día me dijeron
que ya había pasado la denuncia ante la Fiscalia, ante la que con mi
sobrina nos acercamos procediendo decirle que retirábamos la denuncia
interpuesta por mi indicada sobrina, procediendo a dar instrucciones a su
personal para que elabore un documento, procediendo luego a firmar mi
persona, mi menor sobrina K.M.M. y E.H.L., siendo que esta había
acompañado a mi sobrina para que interponga la denuncia ante la PNP,
dada su minoría edad.
Además de estos hechos, Señor Fiscal, el viernes de abril,
aproximadamente a las 11:00 Hrs, se acercaron tres sujetos que se
identificaron como miembros de la “Ronda”, exigiéndome que colabore
con ropa de mi negocio, ante lo que tuve que darles una chompa, tres
poleras, un pantalón y polos. Ante ello y considerando que seguirían los
actos de coacción y/o extorsión contra mi persona, me vi obligado a
abandonar la ciudad de Tayabamba, caminando hasta la localidad de
Quiches en el Departamento de Ancash, viajando en vehículo desde este
lugar hasta Chimbote, donde puse la denuncia policial cuya copia estoy
adjuntando a la presente denuncia. Posteriormente y para una mayor
seguridad de mi persona trasladándome hasta esta ciudad de Lima,
donde he fijado mi residencia.
3.7 Producto de la violencia contra mi persona se han producido lesiones en
diversas partes de mi cuerpo, las que serán debidamente constatadas
por los Médicos del Instituto de Medicina Legal, debiéndose cursar el oficio
respectivo para la actuación de dicho profesional.
3.8 Debo dejar expresamente dicho, Señor Fiscal, que la denominada “CASA
DEL MAESTRO” se ha convertido en un lugar donde se priva de la libertad
a los que son secuestrados; pues, no solo se me ha tenido a mí en ese
lugar sino también a V.A.R., J.L.Q, C.L.M. y M.M.A., al quienes bajo
violencia y amenaza se les ha exigido que den manifestaciones ajenas a
la verdad.
IV. JURISPRUDENCIA APLICADA
R.N. Nª 115-2012-LAMBAYEQUE. Pub. 24-01-2013
“El delito de Secuestro sanciona aquella conducta que vulnera la Libertad
de Movimiento entendida esta como la facultad de poder
dirigirse al lugar que quiero; requiriendo para su comisión, que el
sujeto activo no tenga derecho o motivo, ni facultad justificada para
privar de su libertad al sujeto pasivo, actuando dolosamente; que
en el caso de los miembros de las Rondas Campesinas, estas han asumido
diversos roles en el quehacer de los pueblos tales como seguridad y
desarrollo y entre ellos, también se encuentra, sin duda alguna, los
vinculados la control penal en tanto en cuanto aplican las normas del
derecho consuetudinario que les corresponda y expresen su identidad
cultural”.
{BERMÚDEZTAPIA, Manuel. Jurisprudencia penal actual de la Corte
Suprema, volumen II. Ediciones Legales, Lima, 2015, pp. 1101-1102}
R.N. Nª 529-2011-ICA. Pub. 25-08-2012
“La conducta antijurídica en el delito materia de acusación debe recaer
especialmente sobre la Libertad Personal de la víctima, entendida como
Libertad Ambulatoria o de Locomoción, es decir, la facultad o capacidad
de las personas de trasladarse libremente de un lugar a otro conforme a
su espectro volitivo y las circunstancias especiales. En ese sentido, de la
redacción del tipo penal que recoge el supuesto básico de secuestro, se
aprecia que estamos ante una figura únicamente punible a titulo de dolo,
el mismo que debe abarcar las circunstancias agravantes glosadas en el
tipo penal en cuestión. De este modo, para su configuración, es preciso
constatar en el agente una especial intencionalidad dirigida hacia la
realización del resultado típico, esto es, la privación o restricción de la
libertad ambulatoria de su víctima, a su vez, dicha intencionalidad
concierne, necesariamente, un conocimiento actual de los elementos
objetivos del tipo, conocimiento que está sólidamente ligada al aspecto
volitivo de la conducta, de modo que conciencia y voluntad, como
elementos imprescindibles del dolo, deben concurrir inexcusablemente en
la materialización del delito de secuestro”.
{BERMÚDEZTAPIA, Manuel. Jurisprudencia penal actual de la Corte
Suprema, volumen II. Ediciones Legales, Lima, 2015, pp. 1089-1090}
R.N. Nª 1036-2011-CUSCO. Pub. 25-04-2012
“En el tipo penal de secuestro se exige un necesario actuar doloso,
entendido como el conocimiento y voluntad del agente activo de privar la
liberad personal a una persona sin derecho, motivo, ni facultad justificada;
esto es, se requiere que la privación de libertad sea un fin en sí mismo y
no necesariamente un medio para realizar otra conducta, toda vez que la
conducta genérica del delito de secuestro consiste en privar a alguien de
su libertad personal, y se proyecta desde tres perspectivas: el agente priva
a una persona, sin derecho, de la facultad de movilizarse de un lugar a
otro. Desde este punto de vista lo importante no es capacidad física de
moverse por parte del sujeto pasivo, sino la de decidir el lugar donde
quiere o no quiere estar, uy lo más importante, la conducta típica del delito
de secuestro se concreta en los verbos rectores “sin derecho”, “motivo” ni
“facultad justificada”. En cambio, cuando la privación de libertad es un
medio para realizar otra conducta podría configurarse, por ejemplo, el
delito de Secuestro Extorsivo, en el que se deba realizar, previamente, la
privación de la libertad personal, tratándose de un delito de carácter
pluriofensivo, pues se vulnera el Patrimonio, la Libertad Ambulatoria y la
Libertad de Determinación. (…), se debe señalar que los miembros de una
determinada Comunidad Campesina tienen el derecho de conservar sus
costumbres, siempre que estas no sean incompatibles con los derechos
fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Perú; es decir,
en la medida en que sean compatibles con el sistema jurídico y la
Constitución, se deben respetar los métodos que las comunidades
campesinas suelen utilizar tradicionalmente para resolver los conflictos de
interés internos; en consecuencia, en la conducta analizada no se aprecia
voluntad de privar la libertad ambulatoria y de autodeterminación”.
{BERMÚDEZTAPIA, Manuel. Jurisprudencia penal actual de la Corte
Suprema, volumen II. Ediciones Legales, Lima, 2015, pp. 1078-1079}
R.N. Nª 1625-2011- LIMA. Pub. 30-11-2011
“Al respecto debe tomarse en cuenta que el delito de Secuestro previsto
en el articulo ciento cincuenta y dos del Código Penal, sanciona a
quien “sin derecho, motivo ni facultad justificada, priva a otro de su
Libertad Personal, cualquiera sea le móvil, el propósito, la modalidad o
circunstancia o tiempo que el agraviado sufra la privación o restricción de
su libertad”; como se advierte, el bien jurídico protegido es la Libertad
ambulatoria o libertad de movimiento, entendida como la facultad que
tienen la persona de poder determinar libremente su situación en el
espacio, trasladándose o permaneciendo en un lugar según su propia
voluntad y deseo; se trata pues, de un delito netamente doloso, ya que
para su configuración se requiere que el agente actúe con conocimiento y
voluntad de privar o restringir de una forma efectiva la Libertad
Ambulatoria de su víctima.
Por otro lado, estando a los agravios expresados por los recurrentes en
cuanto a este extremo, debe precisarse que si bien se admite la
posibilidad de que en la ejecución de un delito de robo, la victima sufra
una transitoria privación de libertad vinculada con la finalidad de
sustracción patrimonial, en cuyo caso, la afectación a la libertad personal
termina siendo absorbida por el mayor desvalor del delito de robo; sin
embargo, cuando dicha privación de libertad deja de estar ligada al
propósito de apropiación, adquiere autonomía delictiva, presentándose un
concurso real de delitos”.
{BERMÚDEZTAPIA, Manuel. Jurisprudencia penal actual de la Corte
Suprema, volumen II. Ediciones Legales, Lima, 2015, p.988}
R.N. Nª 2294-2009-LIMA. Pub. 26-10-2010
“Que, el delito de secuestro de acuerdo al articulo ciento cincuenta y dos
del Código Penal, modificado por el articulo uno de la ley número
veintisiete mil cuatrocientos setenta y dos, de fecha cinco de junio de dos
mil uno- norma aplicable al presente caso, por ser más favorable sanciona
al agente que sin derecho, motivo ni facultad justificada, priva a otro de su
libertad personal, cualquiera sea el móvil, el propósito, la modalidad o
circunstancia o tiempo que el agraviado sufra la privación o restricción de
su libertad, agravándose tal hecho en su inciso justo cuando el agraviado
es menor de edad- como en el caso sub examina- o anciano y prevé un
margen punitivo no menor de veinte años, el mayor de veinticinco años de
privación de la libertad, en tal sentido, se advierte que la pena que se le
ha impuesto- doce años- está muy por debajo del mínimo legal- veinte
años-, cuando incluso pudo y debió ser mayor- no solo para este
encausado, sino también para sus cosentenciados”.
R.N. Nª5188-2008-LAMBAYEQUE. Pub. 16-02-2010
“Si la conducta atribuida a los ronderos no resulta atípica o no está
justificada, esto es, se confirma su injusto objetivo, será del caso
considerar el conjunto de factores culturales en la escala individual del
sujeto procesado. Cabe acotar que el análisis en mención requiere, como
presupuesto, tener muy claro la existencia jurídica de la ronda campesina,
la autoridad rondera que actuó- la condición de tal del rondero
incriminado-, su nivel de representación y de conocimiento de sus
funciones, así como las características y alcances de la norma
consuetudinaria aplicada, aspectos que en varias de sus facetas puede
determinarse mediante la aplicación de pericias culturales o
antropológicas. En este nivel, el examen judicial debe tener en cuenta que
los patrones o elementos culturales presentes en la conducta del rondero
tienen entidad relevante para afectar el lado subjetivo del delito: su
culpabilidad. Esto significa que la configuración del injusto penal y/o su
atribución culpable en concurrencia con tales factores pueden determinar-
si correspondiere- la impunidad del rondero, la atenuación de la pena o
ser irrelevantes. El agente, como consecuencia de su patrón cultural
ronderil, puede actuar (i) sin dolo – error de tipo- al no serle exigible el
conocimiento sobre el riesgo para el bien jurídico, (ii) por error de
prohibición, porque desconoce la ilicitud de su comportamiento, esto es,
la existencia o el alcance de la norma permisiva o prohibitiva; o (iii) sin
comprender la ilicitud del comportamiento ejecutado o sin tener la
capacidad de comportarse de acuerdo a aquella comprensión”.
{Gaceta Penal, t.13. Gaceta Jurídica, Lima, julio 2010, p.87}
R.N. 5189-2008-LAMBAYEQUE. Pub. 15-01-2010
“ Que, el delito de secuestro requiere que para su comisión el sujeto activo
no tenga derecho o motivo, ni facultad justificada para privar de su libertad
al sujeto pasivo, actuando dolosamente; que en el caso de los miembros
de las rondas campesinas, que ejercen sus facultades, existe un motivo
real y suficiente que hacen viable su participación, siendo el caso precisar
que sus facultades son las estrictamente necesarias para preservar el
orden público en su jurisdicción y sujetas a la inviolabilidad de derechos
fundamentales de los ciudadanos, tal como lo establece el articulo ciento
cuarenta y nueve de la constitución política del Perú que a la letra dice:
“… las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el
apoyo de las rondas campesinas, pueden ejerce las funciones
jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el
derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos
fundamentales de la persona…”; bajo esa premisa normativa, las rondas
campesinas constituyen una forma extendida de institución comunal
ancestral y consuetudinaria que ejerce funciones de gobierno local,
justicia, desarrollo local e interlocución con el estado, cuarto: que, el tipo
penal previsto en el articulo ciento cincuenta y dos del Código Penal,
protege la libertad de movimiento, entendida esta como la facultad de
poder dirigirse al lugar que quiera, siendo el fundamento de la punibilidad
el menoscabo de la libertad corporal; siendo para el elemento esencial la
concurrencia del elemento subjetivo plasmado en la intención de tomar a
la victima y privar de su libertad; que, en el caso de integrantes de rondas
campesinas del caserío de San Lorenzo y pueblo nuevo Villacis,
jurisdicción de la provincia de Jaén, al requerir la presencia de los
agraviados a la base Ronderil para solucionar los conflictos familiares que
mantenían sobre posesión de terrenos y use de aguas, pese a las actas
de compromiso, decidieron sancionarlos de acuerdo a sus costumbres,
condenándolos a “cadena ronderil” de cinco bases, esto es pasarlos de
una ronda a otra con fines de reeducación; no evidenciándose de la
conducta de los procesados la intención -dolo- en su accionar, sino mas
bien el ejercicio de facultades conforme a la normatividad que se rige para
las rondas campesinas”.
ACUERDO PLENARIO Nª 1-2009/CJ-116
“3. El rondero ante el Derecho penal.
13ª. El derecho a la identidad cultural y al ejercicio de funciones
jurisdiccionales conforme al derecho consuetudinario está, pues, limitado
a las reservas que dimanan del propio texto constitucional y de su
interrelación con los demás derechos, bienes o intereses
constitucionalmente protegidos.
Así las cosas, los alcances de un tipo legal pueden restringirse en dos
casos {René Paul Amry: Obra citada, página 97}
A. Cuando la interpretación de los elementos normativos del tipo lo
permita (interpretación del tipo conforme a la Constitución).
B. Cuando sea aplicable una causa de justificación, en especial la
prevista en el artículo 20ª. 8 del Código Penal -en adelante, CP-:
cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho.
Lo expuesto guarda coherencia con el alcance del fuero comunal rondero.
Desde el primer caso -supuesto de atipicidad de la conducta- se descarta
de plano, por ejemplo, el delito de usurpación de funciones (artículo 361ª
CP) en la medida de que el rondero actúa en ejercicio de la función
jurisdiccional comunal constitucionalmente reconocida y garantizada.
También se rechaza liminarmente la imputación por delito de secuestro
(artículo 152ª CP) puesto que el rondero procede a privar la libertad como
consecuencia del ejercicio de la función jurisdiccional -detención
coercitiva o imposición de sanciones.
Asimismo, cabe destacar que la actuación de las Rondas Campesinas y
de sus integrantes no está orientada a obtener beneficios ilegales o fines
de lucro, y -en principio- la composición y practica que realizan tienen un
reconocimiento legal, que las aleja de cualquier tipología de estructura
criminal (banda o criminalidad organizada) asimilable a aquellas que
considera el Código Penal como circunstancias agravantes o de
integración criminal (artículos 186ª, párrafo 2, inciso 1, y 317ª CP).
Efectivamente, su intervención se origina en un conflicto de naturaleza y
trascendencia variables, que involucra a personas que reconocen en las
Rondas Campesinas instancias conciliadoras, de resolución de conflictos
y con capacidad coercitiva -uno de los atributos esenciales de la
jurisdicción-.
En estas condiciones, es de enfatiza que no es asimilable la actuación y
la conducta, siempre colectiva, de sus integrantes a un delito de secuestro
extorsivo y cuya presencia relevante en las estadísticas de la criminalidad
nacional determinó las modificaciones y reformas del articulo 152ª CP,
caracterizadas, todas ellas, por un incremento constante de las penas
conminadas, y de los rigores de su cumplimiento”.
V. PRUEBAS:
5.1. Copia del Certificado Médico No. P-1246, con que se acreditan las
lesiones que se me ocasionaron por la violencia recaída en mi persona y
la incapacidad médico legal de 05 días, salvo complicaciones.
5.2. La manifestación de K.M.M., domiciliada en la calle Bolívar S/N de
Tayabamba, ocupación estudiante, menor de edad.
5.3. E.H.L., domiciliada en la esquina o intersección de las calles José Gálvez
y Cahuide, Tayabamba, Provincia de Pataz, ocupación Profesora.
Estas testigos depondrán en el sentido que (a la primera) le constan los
hechos en que violentamente fui privado de la libertad por parte del
denunciado y otras personas y (a la segunda), le consta que se interpuso
la denuncia por mi secuestro y el hecho que posteriormente se tuvo que
retirar dicha denuncia ante la Oficina del Fiscal Provincial.
VI. ANEXOS:
6.1. Copia de mi DNI
6.2. Copia certificada denuncia policial
6.3. Copia de Certificado médico legal.
OTROSÍ DIGO:
Designo como mis Defensores a los Abogados que suscriben la presente
denuncia, a quien solicito se les dé participación en todas las diligencias
que se actúen en la investigación.
POR TANTO:
A Ud., Señor Fiscal, solicito admitir la presente denuncia y proveerla
conforme a ley.
Lima, 29 de abril de 2019.
Firma, Sello y Registro del Abogado Firma y DNI del denunciante

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  • 1. MODELO N° 01: DENUNCIA PENAL DE SECUESTRO Y EXTORSIÓN DENUNCIA Nª : ESCRITO: SUMILLA: Denuncia por el Delito de Secuestro y Extorsión SEÑOR FISCAL DE TURNO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ………… A.M.H., con DNI Nª ……………. , domiciliado en Jr. Ancash No. 265 de esta ciudad; señalando domicilio procesal en la calle Francisco Pizarro 659 Of. 207 de esta misma ciudad de Lima, a usted digo: Debo advertir, Señor Fiscal, que he venido residiendo en la provincia de Pataz, localidad de Tayabamba y que si bien es verdad los hechos que vengo a denunciar se han producido en la indicada localidad, también lo es que debido al ambiente de violencia que ha impuesto el denunciado como Presidente de las “Rondas Campesinas de Pataz”, me resulta materialmente imposible ingresar la presente denuncia en mi jurisdicción ya que los ronderos no solo tienen amenazada a mi familia, sino a toda la población en el sentido de detener y castigar a todo aquel que se preste para presentar cualquier documento en las oficinas del Fiscal y/o del Juez de Pataz. En el mismo sentido se tiene amenazados a los Abogados que “se presten” para defenderme o defender a cualquier ciudadano que pretenda denunciar a algún rondero, así como a todo aquel que pretenda denunciarlos. En consecuencia, se debe tener presente que: A) Mi vida corre peligro si me encontrara en la localidad de Tayabamba y pretendiera ingresar la presente denuncia. B) La vida de mis familiares corre peligro si pretendieran ingresa la denuncia ante el Ministerio Público porque los ronderos se encuentran a inmediaciones de las oficinas de la Fiscalía. C) No puede ingresar la denuncia a través de un tercero porque nadie desea hacerlo ya que se ha advertido públicamente que quien se preste para tramites referidas a alguna denuncia contra los ronderos será severamente sancionado, lo que implica su secuestro y violencia física contra ellos. D) No puedo ingresar la denuncia a través de algún Abogado porque ninguno acepta defenderme al haber sido públicamente advertidos de que serian castigados si intervinieran autorizando o interviniendo en la presentación de alguna denuncia contra los ronderos.
  • 2. En virtud a lo anterior, Señor Fiscal, solicito se admita la denuncia y se le dé el trámite de ley. I. DELITOS QUE SE DENUNCIAN: Secuestro y Extorsión. II. PERSONAS A LAS QUE SE ATRIBUYEN LOS DELITOS: A). R.A.M.C., Urbanización Los Cedros Mz. “A” Lote No. 09 de esta ciudad de Lima. B). Los que resulten responsables. III. CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE HAN PRODUCIDO LOS DELITOS: 3.1 En fecha Miércoles 22 del Presente, en circunstancias en que a las 8.30 Hrs. me encontraba en la puerta de mi domicilio ubicado en las intersecciones de las calles Bolívar y Grau, esquina de la Plaza de Armas, (que a la vez funciona como local comercial) se acercó una camioneta TOYOTA 4 X 4 con Placa de Rodaje No. OD-1880, en la que se encontraban aproximadamente 6 personas (entre ellos R.A.M.C.), quienes sin bajar me preguntaron si yo era A.M.H., contestándoles afirmativamente, ante lo que me pedían que me acerque al vehículo y suba al mismo. Ante ello contesté que cerraría mi puerta, pero lejos de acercarme al vehículo ingresé a mi casa y cerré inmediatamente la puerta, ante lo que aquellos sujetos empezaron a golpearla violentamente por lo que por temor a que me la rompan al abrir, circunstancias en que procedieron a ingresar a mi casa diciendo que eran “RONDEROS”, viendo que el denunciado R.A.M.C. portaba arma de fuego (escopeta retrocarga). Inmediatamente me exigieron que suba al vehículo antes referido, conduciéndome a la “Casa del maestro” ubicada en la calle Alfonso Ugarte S/N de Tayabamba. Estos hechos, Señor Fiscal, fueron vistos por mi sobina K.M.M. que se encontraba en el segundo piso de mi domicilio, según ella me lo ha referido. 3.2 Encontrándome ya en la “Casa del Maestro” me metieron violentamente a una habitación, empezando a decirme que el Alcalde O.M.B. me había comprado una camioneta o que explique cómo había adquirido el vehículo de Placa de Rodaje ROK-366, Marca MITSUBISHI, dando de mi parte las explicaciones correspondientes, para inmediatamente empezarme a decir que mi explicación era falsa y que dicho vehículo no había sido adquirido por mí, sino que había sido comprado por el Alcalde y que yo no era más que un testaferro, que me había restado para que “ese delincuente” compre cosas “con el dinero del pueblo”, que ellos sabían que era así, y que –por tanto—yo debía reconocer públicamente tal hecho. A la vez que
  • 3. me expresaban lo antes dicho me daban golpes con la culata de la escopeta retrocarga, en el pecho, en el brazo derecho, en la mano izquierda y en la espalda, además de manazos en la cara. Debo dejar expresa constancia que todo ello era producido por el denunciado R.A.M.C., limitándose a mirar los sujetos que lo acompañaban. 3.3 Como esas exigencias, Señor Fiscal, eran referidas a hechos falsos, obviamente me negué a aceptarlas, lo que motivaba los golpes que me daban. Me amenazaban que me colgarían en el mismo lugar y si persistía en no aceptar sus exigencias me llevarían a “La Quebrada”, que es un lugar descampado, donde me colgarían hasta que hablen lo que ellos decían, o “de donde no regresaría”. Se me mantuvo como rehén hasta el miércoles 23 del Pte., aproximadamente a las 12:30 Hrs., en que luego de aceptar las exigencias de mis captores me condujeron a las oficinas del Fiscal Provincial, ante quien tuve que decir lo que bajo violencia y amenaza se me obligó que diga. 3.4 Debo establecer, Señor Fiscal, que los hechos en mi agravio se han producido en circunstancias en que en la localidad de Tayabamba se han suscitado una serie de hechos y violencia protagonizados por la denominada “Ronda Campesina” que preside el denunciado R.M.C.; entre ellos el secuestro de otras personas, como es el caso del señor J.L.Q. (hasta ahora secuestrado) Y V.A.R., este ultimo Ex trabajador de la Municipalidad Provincial de Tayabamba, a quien tuvieron privado de su libertad por aproximadamente 10 días. Todo ello, como lo he expuesto, en un ambiente de violencia e inseguridad por los actos de las denominadas Rondas Campesinas. 3.5 Para vuestro conocimiento es que bajo ese ambiente de violencia e inseguridad, el Fiscal Provincial de Pataz y el Juez de Investigación de la misma provincia tuvieron que salir de la ciudad de Tayabamba, viéndose obligada a intervenir directamente una Comisión de alto nivel, integrada por un representante del Presidente de la Corte de Justicia de La Libertad, el Presidente de la Junta de Fiscales Superiores, el Coronel de la Tercera Región PNP y un Representante de la Defensoría del Pueblo. Es en ese mismo ambiente de violencia en que fui conducido ante el Fiscal, habiéndoseme advertido previamente que, si yo no decía lo que se me había indicado, sería trasladado nuevamente hasta la “Casa del Maestro” y luego a otros lugares. Es evidente que de haber dado una versión distinta ante el Fiscal eso podría haber ocurrido ya que la presencia del Fiscal y de la Policía Nacional del Perú no amilana el actuar agresivo de los “ronderos” que dirige el denunciado, quien inclusive porta armas de fuego y las exhibe ante estas mismas autoridades, sin que ni siquiera se le llame la atención. Son precisamente esas armas las que portaban al momento en que me condujeron para que dé mi manifestación en las oficinas de la Fiscalía.
  • 4. 3.6 Una vez que brindé mi manifestación ante el Fiscal de Pataz, fui liberado, no sin antes exigirme que mi sobrina K.M.M. se desista de una denuncia que había interpuesto ante la Comisaria PNO de Tayabamba, por el delito de Secuestro en mi agravio, por lo que me dirigí a la indicada Comisaría, no siendo atendido. Retornando a la Comisaría el segundo día me dijeron que ya había pasado la denuncia ante la Fiscalia, ante la que con mi sobrina nos acercamos procediendo decirle que retirábamos la denuncia interpuesta por mi indicada sobrina, procediendo a dar instrucciones a su personal para que elabore un documento, procediendo luego a firmar mi persona, mi menor sobrina K.M.M. y E.H.L., siendo que esta había acompañado a mi sobrina para que interponga la denuncia ante la PNP, dada su minoría edad. Además de estos hechos, Señor Fiscal, el viernes de abril, aproximadamente a las 11:00 Hrs, se acercaron tres sujetos que se identificaron como miembros de la “Ronda”, exigiéndome que colabore con ropa de mi negocio, ante lo que tuve que darles una chompa, tres poleras, un pantalón y polos. Ante ello y considerando que seguirían los actos de coacción y/o extorsión contra mi persona, me vi obligado a abandonar la ciudad de Tayabamba, caminando hasta la localidad de Quiches en el Departamento de Ancash, viajando en vehículo desde este lugar hasta Chimbote, donde puse la denuncia policial cuya copia estoy adjuntando a la presente denuncia. Posteriormente y para una mayor seguridad de mi persona trasladándome hasta esta ciudad de Lima, donde he fijado mi residencia. 3.7 Producto de la violencia contra mi persona se han producido lesiones en diversas partes de mi cuerpo, las que serán debidamente constatadas por los Médicos del Instituto de Medicina Legal, debiéndose cursar el oficio respectivo para la actuación de dicho profesional. 3.8 Debo dejar expresamente dicho, Señor Fiscal, que la denominada “CASA DEL MAESTRO” se ha convertido en un lugar donde se priva de la libertad a los que son secuestrados; pues, no solo se me ha tenido a mí en ese lugar sino también a V.A.R., J.L.Q, C.L.M. y M.M.A., al quienes bajo violencia y amenaza se les ha exigido que den manifestaciones ajenas a la verdad. IV. JURISPRUDENCIA APLICADA R.N. Nª 115-2012-LAMBAYEQUE. Pub. 24-01-2013 “El delito de Secuestro sanciona aquella conducta que vulnera la Libertad de Movimiento entendida esta como la facultad de poder dirigirse al lugar que quiero; requiriendo para su comisión, que el
  • 5. sujeto activo no tenga derecho o motivo, ni facultad justificada para privar de su libertad al sujeto pasivo, actuando dolosamente; que en el caso de los miembros de las Rondas Campesinas, estas han asumido diversos roles en el quehacer de los pueblos tales como seguridad y desarrollo y entre ellos, también se encuentra, sin duda alguna, los vinculados la control penal en tanto en cuanto aplican las normas del derecho consuetudinario que les corresponda y expresen su identidad cultural”. {BERMÚDEZTAPIA, Manuel. Jurisprudencia penal actual de la Corte Suprema, volumen II. Ediciones Legales, Lima, 2015, pp. 1101-1102} R.N. Nª 529-2011-ICA. Pub. 25-08-2012 “La conducta antijurídica en el delito materia de acusación debe recaer especialmente sobre la Libertad Personal de la víctima, entendida como Libertad Ambulatoria o de Locomoción, es decir, la facultad o capacidad de las personas de trasladarse libremente de un lugar a otro conforme a su espectro volitivo y las circunstancias especiales. En ese sentido, de la redacción del tipo penal que recoge el supuesto básico de secuestro, se aprecia que estamos ante una figura únicamente punible a titulo de dolo, el mismo que debe abarcar las circunstancias agravantes glosadas en el tipo penal en cuestión. De este modo, para su configuración, es preciso constatar en el agente una especial intencionalidad dirigida hacia la realización del resultado típico, esto es, la privación o restricción de la libertad ambulatoria de su víctima, a su vez, dicha intencionalidad concierne, necesariamente, un conocimiento actual de los elementos objetivos del tipo, conocimiento que está sólidamente ligada al aspecto volitivo de la conducta, de modo que conciencia y voluntad, como elementos imprescindibles del dolo, deben concurrir inexcusablemente en la materialización del delito de secuestro”. {BERMÚDEZTAPIA, Manuel. Jurisprudencia penal actual de la Corte Suprema, volumen II. Ediciones Legales, Lima, 2015, pp. 1089-1090} R.N. Nª 1036-2011-CUSCO. Pub. 25-04-2012 “En el tipo penal de secuestro se exige un necesario actuar doloso, entendido como el conocimiento y voluntad del agente activo de privar la liberad personal a una persona sin derecho, motivo, ni facultad justificada; esto es, se requiere que la privación de libertad sea un fin en sí mismo y no necesariamente un medio para realizar otra conducta, toda vez que la conducta genérica del delito de secuestro consiste en privar a alguien de su libertad personal, y se proyecta desde tres perspectivas: el agente priva a una persona, sin derecho, de la facultad de movilizarse de un lugar a otro. Desde este punto de vista lo importante no es capacidad física de moverse por parte del sujeto pasivo, sino la de decidir el lugar donde quiere o no quiere estar, uy lo más importante, la conducta típica del delito de secuestro se concreta en los verbos rectores “sin derecho”, “motivo” ni
  • 6. “facultad justificada”. En cambio, cuando la privación de libertad es un medio para realizar otra conducta podría configurarse, por ejemplo, el delito de Secuestro Extorsivo, en el que se deba realizar, previamente, la privación de la libertad personal, tratándose de un delito de carácter pluriofensivo, pues se vulnera el Patrimonio, la Libertad Ambulatoria y la Libertad de Determinación. (…), se debe señalar que los miembros de una determinada Comunidad Campesina tienen el derecho de conservar sus costumbres, siempre que estas no sean incompatibles con los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Perú; es decir, en la medida en que sean compatibles con el sistema jurídico y la Constitución, se deben respetar los métodos que las comunidades campesinas suelen utilizar tradicionalmente para resolver los conflictos de interés internos; en consecuencia, en la conducta analizada no se aprecia voluntad de privar la libertad ambulatoria y de autodeterminación”. {BERMÚDEZTAPIA, Manuel. Jurisprudencia penal actual de la Corte Suprema, volumen II. Ediciones Legales, Lima, 2015, pp. 1078-1079} R.N. Nª 1625-2011- LIMA. Pub. 30-11-2011 “Al respecto debe tomarse en cuenta que el delito de Secuestro previsto en el articulo ciento cincuenta y dos del Código Penal, sanciona a quien “sin derecho, motivo ni facultad justificada, priva a otro de su Libertad Personal, cualquiera sea le móvil, el propósito, la modalidad o circunstancia o tiempo que el agraviado sufra la privación o restricción de su libertad”; como se advierte, el bien jurídico protegido es la Libertad ambulatoria o libertad de movimiento, entendida como la facultad que tienen la persona de poder determinar libremente su situación en el espacio, trasladándose o permaneciendo en un lugar según su propia voluntad y deseo; se trata pues, de un delito netamente doloso, ya que para su configuración se requiere que el agente actúe con conocimiento y voluntad de privar o restringir de una forma efectiva la Libertad Ambulatoria de su víctima. Por otro lado, estando a los agravios expresados por los recurrentes en cuanto a este extremo, debe precisarse que si bien se admite la posibilidad de que en la ejecución de un delito de robo, la victima sufra una transitoria privación de libertad vinculada con la finalidad de sustracción patrimonial, en cuyo caso, la afectación a la libertad personal termina siendo absorbida por el mayor desvalor del delito de robo; sin embargo, cuando dicha privación de libertad deja de estar ligada al propósito de apropiación, adquiere autonomía delictiva, presentándose un concurso real de delitos”. {BERMÚDEZTAPIA, Manuel. Jurisprudencia penal actual de la Corte Suprema, volumen II. Ediciones Legales, Lima, 2015, p.988} R.N. Nª 2294-2009-LIMA. Pub. 26-10-2010 “Que, el delito de secuestro de acuerdo al articulo ciento cincuenta y dos del Código Penal, modificado por el articulo uno de la ley número
  • 7. veintisiete mil cuatrocientos setenta y dos, de fecha cinco de junio de dos mil uno- norma aplicable al presente caso, por ser más favorable sanciona al agente que sin derecho, motivo ni facultad justificada, priva a otro de su libertad personal, cualquiera sea el móvil, el propósito, la modalidad o circunstancia o tiempo que el agraviado sufra la privación o restricción de su libertad, agravándose tal hecho en su inciso justo cuando el agraviado es menor de edad- como en el caso sub examina- o anciano y prevé un margen punitivo no menor de veinte años, el mayor de veinticinco años de privación de la libertad, en tal sentido, se advierte que la pena que se le ha impuesto- doce años- está muy por debajo del mínimo legal- veinte años-, cuando incluso pudo y debió ser mayor- no solo para este encausado, sino también para sus cosentenciados”. R.N. Nª5188-2008-LAMBAYEQUE. Pub. 16-02-2010 “Si la conducta atribuida a los ronderos no resulta atípica o no está justificada, esto es, se confirma su injusto objetivo, será del caso considerar el conjunto de factores culturales en la escala individual del sujeto procesado. Cabe acotar que el análisis en mención requiere, como presupuesto, tener muy claro la existencia jurídica de la ronda campesina, la autoridad rondera que actuó- la condición de tal del rondero incriminado-, su nivel de representación y de conocimiento de sus funciones, así como las características y alcances de la norma consuetudinaria aplicada, aspectos que en varias de sus facetas puede determinarse mediante la aplicación de pericias culturales o antropológicas. En este nivel, el examen judicial debe tener en cuenta que los patrones o elementos culturales presentes en la conducta del rondero tienen entidad relevante para afectar el lado subjetivo del delito: su culpabilidad. Esto significa que la configuración del injusto penal y/o su atribución culpable en concurrencia con tales factores pueden determinar- si correspondiere- la impunidad del rondero, la atenuación de la pena o ser irrelevantes. El agente, como consecuencia de su patrón cultural ronderil, puede actuar (i) sin dolo – error de tipo- al no serle exigible el conocimiento sobre el riesgo para el bien jurídico, (ii) por error de prohibición, porque desconoce la ilicitud de su comportamiento, esto es, la existencia o el alcance de la norma permisiva o prohibitiva; o (iii) sin comprender la ilicitud del comportamiento ejecutado o sin tener la capacidad de comportarse de acuerdo a aquella comprensión”. {Gaceta Penal, t.13. Gaceta Jurídica, Lima, julio 2010, p.87} R.N. 5189-2008-LAMBAYEQUE. Pub. 15-01-2010 “ Que, el delito de secuestro requiere que para su comisión el sujeto activo no tenga derecho o motivo, ni facultad justificada para privar de su libertad
  • 8. al sujeto pasivo, actuando dolosamente; que en el caso de los miembros de las rondas campesinas, que ejercen sus facultades, existe un motivo real y suficiente que hacen viable su participación, siendo el caso precisar que sus facultades son las estrictamente necesarias para preservar el orden público en su jurisdicción y sujetas a la inviolabilidad de derechos fundamentales de los ciudadanos, tal como lo establece el articulo ciento cuarenta y nueve de la constitución política del Perú que a la letra dice: “… las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejerce las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona…”; bajo esa premisa normativa, las rondas campesinas constituyen una forma extendida de institución comunal ancestral y consuetudinaria que ejerce funciones de gobierno local, justicia, desarrollo local e interlocución con el estado, cuarto: que, el tipo penal previsto en el articulo ciento cincuenta y dos del Código Penal, protege la libertad de movimiento, entendida esta como la facultad de poder dirigirse al lugar que quiera, siendo el fundamento de la punibilidad el menoscabo de la libertad corporal; siendo para el elemento esencial la concurrencia del elemento subjetivo plasmado en la intención de tomar a la victima y privar de su libertad; que, en el caso de integrantes de rondas campesinas del caserío de San Lorenzo y pueblo nuevo Villacis, jurisdicción de la provincia de Jaén, al requerir la presencia de los agraviados a la base Ronderil para solucionar los conflictos familiares que mantenían sobre posesión de terrenos y use de aguas, pese a las actas de compromiso, decidieron sancionarlos de acuerdo a sus costumbres, condenándolos a “cadena ronderil” de cinco bases, esto es pasarlos de una ronda a otra con fines de reeducación; no evidenciándose de la conducta de los procesados la intención -dolo- en su accionar, sino mas bien el ejercicio de facultades conforme a la normatividad que se rige para las rondas campesinas”. ACUERDO PLENARIO Nª 1-2009/CJ-116 “3. El rondero ante el Derecho penal. 13ª. El derecho a la identidad cultural y al ejercicio de funciones jurisdiccionales conforme al derecho consuetudinario está, pues, limitado a las reservas que dimanan del propio texto constitucional y de su interrelación con los demás derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos. Así las cosas, los alcances de un tipo legal pueden restringirse en dos casos {René Paul Amry: Obra citada, página 97} A. Cuando la interpretación de los elementos normativos del tipo lo permita (interpretación del tipo conforme a la Constitución). B. Cuando sea aplicable una causa de justificación, en especial la prevista en el artículo 20ª. 8 del Código Penal -en adelante, CP-: cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho.
  • 9. Lo expuesto guarda coherencia con el alcance del fuero comunal rondero. Desde el primer caso -supuesto de atipicidad de la conducta- se descarta de plano, por ejemplo, el delito de usurpación de funciones (artículo 361ª CP) en la medida de que el rondero actúa en ejercicio de la función jurisdiccional comunal constitucionalmente reconocida y garantizada. También se rechaza liminarmente la imputación por delito de secuestro (artículo 152ª CP) puesto que el rondero procede a privar la libertad como consecuencia del ejercicio de la función jurisdiccional -detención coercitiva o imposición de sanciones. Asimismo, cabe destacar que la actuación de las Rondas Campesinas y de sus integrantes no está orientada a obtener beneficios ilegales o fines de lucro, y -en principio- la composición y practica que realizan tienen un reconocimiento legal, que las aleja de cualquier tipología de estructura criminal (banda o criminalidad organizada) asimilable a aquellas que considera el Código Penal como circunstancias agravantes o de integración criminal (artículos 186ª, párrafo 2, inciso 1, y 317ª CP). Efectivamente, su intervención se origina en un conflicto de naturaleza y trascendencia variables, que involucra a personas que reconocen en las Rondas Campesinas instancias conciliadoras, de resolución de conflictos y con capacidad coercitiva -uno de los atributos esenciales de la jurisdicción-. En estas condiciones, es de enfatiza que no es asimilable la actuación y la conducta, siempre colectiva, de sus integrantes a un delito de secuestro extorsivo y cuya presencia relevante en las estadísticas de la criminalidad nacional determinó las modificaciones y reformas del articulo 152ª CP, caracterizadas, todas ellas, por un incremento constante de las penas conminadas, y de los rigores de su cumplimiento”. V. PRUEBAS: 5.1. Copia del Certificado Médico No. P-1246, con que se acreditan las lesiones que se me ocasionaron por la violencia recaída en mi persona y la incapacidad médico legal de 05 días, salvo complicaciones. 5.2. La manifestación de K.M.M., domiciliada en la calle Bolívar S/N de Tayabamba, ocupación estudiante, menor de edad. 5.3. E.H.L., domiciliada en la esquina o intersección de las calles José Gálvez y Cahuide, Tayabamba, Provincia de Pataz, ocupación Profesora. Estas testigos depondrán en el sentido que (a la primera) le constan los hechos en que violentamente fui privado de la libertad por parte del denunciado y otras personas y (a la segunda), le consta que se interpuso la denuncia por mi secuestro y el hecho que posteriormente se tuvo que retirar dicha denuncia ante la Oficina del Fiscal Provincial. VI. ANEXOS:
  • 10. 6.1. Copia de mi DNI 6.2. Copia certificada denuncia policial 6.3. Copia de Certificado médico legal. OTROSÍ DIGO: Designo como mis Defensores a los Abogados que suscriben la presente denuncia, a quien solicito se les dé participación en todas las diligencias que se actúen en la investigación. POR TANTO: A Ud., Señor Fiscal, solicito admitir la presente denuncia y proveerla conforme a ley. Lima, 29 de abril de 2019. Firma, Sello y Registro del Abogado Firma y DNI del denunciante