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LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/MEDIDA CAUTELAR
AUTONOMA O ANTICIPADA - OTROS JUICIOS"
La Plata, 18 de Mayo de 2012.-
AUTOS Y VISTOS: Para resolver el recurso de revocatoria y de
apelación en subsidio interpuesto por la Sra. Asesora de Incapaces Dra.
Ida Ariana Scherman, contra el auto de fs. 180/181, y:
CONSIDERANDO:-
1. Que en la presentación inicial la Sra. Asesora de Incapaces
manifestó que: Ello también motivó el inicio de una acción de violencia:
“Asesoría de Incapaces N° 2 c/ “Z” s/ Protección contra la Violencia
Familiar”, Expte. N° 4944 (Necochea). En dicho marco se la ubicó junto
a sus hijos en el refugio en el que al día de la fecha permanecen” (conf.
fs. 170 vta.).-
2. Que frente a ello se decidió, mediante la providencia
impugnada, que la medida cautelar peticionada podía interferir en la
decisión adoptada por otro magistrado.-
3. Sin embargo, advierto que de los términos en los que fuera
planteada la presente reposición y del acta de fs. 168, surge que la
ubicación actual de la Sra. “MDR” y sus hijos no obedeció a una
decisión judicial, sino a la voluntad de la madre y sus hijos que
decidieron mudar su residencia de la ciudad de Necochea a esta
ciudad, debido al temor provocado por la posibilidad de que el Sr. “Z”
regrese al hogar y reitere los episodios de violencia ya sufridos por el
grupo familiar.-
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PODER JUDICIAL
4. Siendo ello así, corresponde revocar el punto 2 del auto de fs.
180/181 vta., y remitir la causa a la Receptoría de Expedientes
Departamental, para su asignación por sorteo entre los Juzgados en lo
Contencioso Administrativo de esta ciudad.-
5. Medida cautelar: Sin perjuicio de ello, y en función de lo
dispuesto por el art. 196 del CPCC, corresponde abordar el tratamiento
de la medida cautelar peticionada en autos.-
Que la Sra. Asesora de Incapaces N° 1, de La Plata solicita, en
el marco de la presente medida autosatisfactiva, se ordene una medida
cautelar tendiente a obtener el urgente traslado de la Sra. “MDR” y sus
cuatro hijos (todos menores de edad) a un lugar de vivienda adecuado;
y se ordenen medidas de protección del grupo familiar.-
En ese sentido, relata que la Sra. “MDR” y sus hijos habitan
transitoriamente en el hogar “Mujeres Adelante”, sito en calle 160 y 50
de La Plata, dado que, por causa de violencia familiar, debió abandonar
la vivienda que habitaba en la ciudad de Necochea.-
Afirma que la familia debe ser reubicada en otro lugar que
garantice el derecho a una vivienda digna, por cuanto el lugar actual de
alojamiento no reúne los recaudos mínimos establecidos en los
estándares internacionales, ello debido a las malas condiciones
edilicias, la insuficiente alimentación que reciben y a los reiterados
problemas de convivencia con las demás familias allí alojadas.-
5.1. Con carácter liminar, corresponde señalar que el art. 196 del
CPCC, habilita el dictado de medidas cautelares por parte de jueces
incompetentes, en supuestos de grave urgencia (conf. Gozaini,
Osvaldo A., Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de
Buenos Aires, Tomo I, Ed. La Ley, 2003, pág. 409).-
En igual sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
la causa “Defensor del Pueblo de la Nación”, ha expresado que, sin
perjuicio de la resolución que corresponda adoptar respecto de su
competencia, “le corresponde al Poder Judicial de la Nación buscar los
caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos, y evitar
que estos sean vulnerados, como objetivo fundamental y rector a la
hora de administrar justicia y de tomar decisiones en los procesos que
se someten a su conocimiento, sobre todo cuando está en juego el
derecho a la vida y a la integridad física de las personas. No debe verse
en ello una intromisión indebida del Poder Judicial cuando lo único que
se hace es tender a tutelar derechos, o suplir omisiones en la medida
en que dichos derechos puedan estar lesionados [cfr. causa citada
precedentemente; Fallos: 328:1146]” (D. 587. XLIII. Originario.
"Defensor del Pueblo de la Nación c/ Estado Nacional y otra s/ proceso
de conocimiento", Res. del 18-IX-2007, considerando 3).-
5.2. Que en función de lo expresado, corresponde ingresar en el
análisis de la pretensión cautelar vinculada al traslado del grupo familiar
a un lugar adecuado.
Que al respecto he de señalar que en diversas causas
vinculadas a temáticas similares, las medidas cautelares dictadas por
el infrascripto fueron revocadas por la alzada (Conf. Causas 10084
"ERMOSI CRISTIAN EZEQUIEL C/ MIN. DE INFRAESTRUCTURA,
VIV.Y SERV.PUB. Y OTROS S/ AMPARO", N°13926 - "ESCOBAR
OSVALDO H. C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTROS S/
AMPARO", N° 21090 - "PONCE NUÑEZ MARCELO ENRIQUEC/
FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/HOMOLOGACION
- OTROS JUICIOS", N° 21505 - "CARRIZO ROSANA Y OTROS C/
FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ AMPARO", N°
22475 - "ASESORIA DE INCAPACES N° 1 DE LA PLATA C/
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
PROVINCIA DEBUENOS AIRES Y OTROS S/ AMPARO", entre otras),
sin embargo, recientemente la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo, modificó dicho criterio restrictivo (Conf.
CAUSA Nº 11525-M CCALP “A., G. C. C/FISCO DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES Y OTRA S/AMPARO”, sentencia del 1-3-2011), y
el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, dictado en la causa Q.C.., S.Y. c/ GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES S/ AMPARO (Q.64.XLVI, RECURSO
DE HECHO, Res. del abril de 2012); motivo por el cual corresponde
ingresar en el análisis de la cuestión planteada en autos, sobre la base
de lo ya decidido en dichos pronunciamientos.-
5.3. Verosimilitud en el derecho: Que los derechos que dan
sustento a la pretensión, se hallan especialmente reconocidos en
diversas prescripciones constitucionales y en los tratados
Internacionales, entre los que se destacan el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales -art. 11-, la Declaración
Universal de Derechos Humanos -art. 25-, la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre -art. XI-, la Convención sobre los
Derechos del Niño -arts. 8, 9, 23, 24, 26 y 27-; los que, en las
condiciones de su vigencia, gozan de jerarquía constitucional -art. 75
inc. 22, CN- (Conf. Tedeschi, Sebastián, “El derecho a la vivienda a más
de diez años de la reforma de la Constitución”, en Abramovich, Víctor –
Bovino, Alberto – Courtis, Christian (compiladores), La aplicaciónde los
Tratados sobre Derechos Humanos en el ámbito local, Ed. Del Puerto,
2007, pág. 751).-
En particular, ha de tenerse presente lo estatuido por el artículo
11, inciso 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, cuyo texto expresamente prevé: “Los Estados Partes en
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de
vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y
vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de
existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para
asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la
importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre
consentimiento”.-
En nuestro ordenamiento interno el art.14 bis de la Constitución
Nacional, prevé expresamente “el acceso a una vivienda digna”,
mientras que el artículo 36 el inc. 7 de la Constitución Provincial obliga
a la Provincia a promover “el acceso a la viviendaúnica y la constitución
del asiento del hogar como bien de familia”, garantizando “el acceso a
la propiedad de un lote de terreno apto para erigir su vivienda familiar
única y de ocupación permanente, a familias radicadas o que se
radiquen en el interior de la Provincia, en municipios de hasta 50.000
habitantes, sus localidades o pueblos”.-
Por su parte, el Comité de Derechos Económicos Sociales y
Culturales de Naciones Unidas, en su Observación General Nº 4, Punto
7, ha señalado –con relación al art. 11, inciso 1 del PDESC- que "el
derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o
restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del
mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere
exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más bien
como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte.
Y así debe ser por lo menos por dos razones. En primer lugar, el
derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros derechos
humanos y a los principios fundamentales que sirven de premisas al
Pacto. Así pues, 'la dignidad inherente a la persona humana', de la que
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se dice que se derivan los derechos del Pacto, exige que el término
'vivienda'se interprete en un sentido que tenga en cuenta otras diversas
consideraciones, y principalmente que el derecho a la vivienda se debe
garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a
recursos económicos. En segundo lugar, la referencia que figura en el
párrafo 1 del artículo 11 no se debe entender en sentido de vivienda a
secas, sino de vivienda adecuada. Como han reconocido la Comisión
de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda hasta
el Año 2000 en su párrafo 5: 'el concepto de 'vivienda adecuada'...
significadisponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio
adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas,
una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en
relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo
razonable" (O.G. Nº4 "El derecho a una vivienda adecuada", Sexto
período de sesiones, 1991, documento E/1991/23).-
Asimismo, se ha señalado con notable acierto que “contra los
intentos de reductio ad absurdum del derecho a la vivienda, es evidente
que los estados no pueden satisfacer de manera inmediata todos los
elementos que integran el contenido del derecho a una vivienda
adecuada. El deber de progresividad establecido en el art. 2.1. del
propio PIDESC, de hecho, reconoce este límite. Sin embargo, que la
satisfacción del derecho pueda ser progresiva, no debe entenderse,
como ya se ha apuntado como una autorización para postergar sine die
el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de vivienda.
Siguiendo los criterios de la Observación general N° 3 y los Principios
de Limburgo y Mastricht, los estados tienen, al menos los siguientes
deberes inmediatos en materia de vivienda: A) El deber de no adoptar
medidas de carácter deliberadamente regresivo en cuestiones
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habitacionales, promoviendo desalojos arbitrarios o impulsando
recortes o limitaciones en sus políticas, a menos que éstas redunden
en mayor eficacia global del conjunto de derechos sociales
garantizados en el PIDESC. B) El deber de adoptar medidas legislativas
y administrativas deliberadas, concretas y dirigidas de la manera más
clara posible a cumplir con los objetivos del PIDESC. C) El deber de
adoptar esas medidas en un tiempo razonablemente corto. D) El deber
de desplegar todos los esfuerzos posibles y de recurrir al máximo de
recursos humanos, naturales, tecnológicos, informativos y financieros a
su alcance para satisfacer el derecho a la vivienda. E) El deber de
garantizar el ejercicio de los derechos habitacionales sin discriminación.
F) El deber de dar prioridad en su actuación a los grupos más
vulnerables y a los que tengan necesidades más urgentes. G) El deber
de garantizar, incluso en situaciones de crisis, de ajuste o de escasez
de recursos, al menos el contenido «mínimo»del derecho a la vivienda,
sobre todo para aquellas personas y colectivos que carezcan de un
techo de manera absoluta” (Pisarello, Gerardo, Vivienda para todos: un
derecho en (de)construcción, Icaria Editorial, Barcelona, 2003, págs.
117/118).-
Asimismo, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los
Asentamientos Humanos - conocida más comúnmente como "Hábitat
II", que tuvo lugar en Estambul, Turquía, del 3 al 14 de junio de 1996 –
aprobada sin reservas de la Argentina-, se señaló que las condiciones
inadecuadas, tales como el impacto de la pobreza, la falta de acceso a
la tierra y tenencia segura son la causa principal de los conflictos
sociales violentos y de la disminución de la seguridad personal.
Teniendo esto como referencia, se llegó a un acuerdo sobre el derecho
a la vivienda adecuada, reconociendo la obligación fundamental de los
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PODER JUDICIAL
Estados de facilitar a las personas la obtención de vivienda y de
proteger y mejorar los hogares y los vecindarios.-
En igual sentido, la Suprema Corte de Justicia provincial ha
enfatizado en un reciente pronunciamiento que “tal como lo ha
expresado el Comité D.E.S.C. (Observación General Nº 4), "los
Estados Partes deben otorgar la debida prioridad a los grupos sociales
que viven en condiciones desfavorables, concediéndoles una atención
especial (…) a pesar de los problemas causados externamente, las
obligaciones dimanadas del Pacto continúan aplicándose y son quizás
más pertinentes durante tiempos de contracción económica" (v. punto
11º). Por tales razones, cobra plena actualidad la necesidad de proveer
de inmediatoa una solución respecto del problemahabitacional.De ello
surge claro, según entiendo, que sin el reconocimiento de prestaciones
positivas por parte del Estado, se continuarán vulnerando, por omisión,
derechos y principios de raigambre constitucional y convencional.”
(causa A.70.717 del 14-VI-2010). –
Por su parte, el citado Comité, con relación al derecho a la
alimentación en su Observación General Nº 12, Punto 6, lo definió de
la siguiente manera: “el derecho a la alimentación adecuada se ejerce
cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros,
tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación
adecuada o a los medios para obtenerla. El derecho a la alimentación
adecuada no debe interpretarse, por consiguiente, en forma estrecha o
restrictiva asimilándolo a un conjunto de calorías, proteínas y otros
elementos nutritivos concretos. El derecho a la alimentación adecuada
tendrá que alcanzarse progresivamente. No obstante, los Estados
tienen la obligación básica de adoptar las medidas necesarias para
mitigar y aliviar el hambre tal como se dispone en el párrafo 2 del
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
artículo 11, incluso en caso de desastre natural o de otra índole”. (OG
Nº12, "El derecho a una alimentación adecuada", 20º período de
sesiones 1999).-
Ello es así, pues según surge liminarmente de las constancias
documentales aportadas en autos, el lugar donde la familia actualmente
reside no cuenta con las mínimas condiciones de habitabilidad,
seguridad e higiene, razón por la cual se torna imprescindible ubicar al
grupo familiar afectado en un lugar acorde a sus necesidades y cuyas
características condiciones satisfagan las condiciones sanitarias y de
habitabilidad suficiente (conf. fotografías de fs. 1/10, e informe social
del Licenciado Del Muro de fs, 1418).-
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta que la solicitud de la
Asesora de Incapaces N° 1 de La Plata está dirigidaa procurar por parte
del Estado provincial el efectivo cumplimiento a las directivas
emanadas de los tratados internacionales de derechos humanos, es
dable considerar -siempre en grado de probabilidad y no de certeza-
que el derecho invocado resulta verosímil (art. 230 CPCC.), habilitando
de ese modo el dictado de la medida cautelar.-
5.4. Peligro en la demora: Que el mismo se encuentra
configurado en el caso de autos toda vez que, si no se concede la
medida peticionada, los menores de edad involucrados deberán
afrontar una situación de desprotección que afecta no sólo su derecho
a la vivienda digna sino también otros derechos, tanto civiles como
sociales -con el consecuente agravamiento del riesgo de afectación de
sus derechos constitucionales-, situación que indudablemente requiere
de un pronto remedio, o dicho en términos constitucionales, una rápida
"acción positiva" que le asegure la vigencia de los derechos de los
habitantes, dentro de la garantía constitucional a una "tutela judicial
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PODER JUDICIAL
continua y efectiva" (arts. 15 Const. prov. y 9 de la Ley 13.928). -
En igual sentido, la Corte Suprema ha afirmando que: "es de la
esencia de las medidas cautelares innovativas enfocar sus
proyecciones -en tanto dure el litigio- sobre el fondo de la controversia,
ya sea para impedirun acto o para llevarlo a cabo. Tales medidasestán
orientadas a evitar la producción de perjuicios que se podrían producir
en caso de inactividad del magistrado, tornándose de muy dificultosa o
imposible reparación en la oportunidad del pronunciamiento de la
sentencia definitiva"(Corte Sup., "Camacho Acosta", Fallos 320-1633).-
5.5. No afectación del interés público:
No se advierte “prima facie” que la medida cautelar peticionada
pueda producir una grave afectación al interés público.-
Como he señalado desde hace tiempo en diversas
oportunidades, la sola inobservancia del orden legal, por parte de la
administración, vulnera el interés público determinado por el pleno
sometimiento de la misma al ordenamiento jurídico, como postulado
básico del Estado de Derecho (Conf. Causas N° 7156,
"MANTENIMIENTOS DEL SUR S.R.L.”, res. del 8-VII-2005; N° 2873,
"CLUB NAUTICO HACOAJ”, res del 25-X-2006; N° 11004,
"SAVAFAMA S.A.”, res. del 8-V-2006; N° 12443, "ABDALA”, res. del 7-
V-2007, entre muchas otras).-
5.6. Alcance de la medida cautelar:
Que sin perjuicio de lo señalado hasta aquí, advierto que la
solicitud cautelar se limita sólo a la cuestión atinente al urgente traslado
del grupo familiar a un lugar de vivienda adecuado, y donde se le
garantice la alimentación suficiente, hasta tanto se resuelva con
carácter definitivo las restantes cuestiones planteadas, previa
sustanciación de la medida autosatisfactiva, bajo las normas del
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
proceso sumarísimo, conforme al criterio adoptado por la Suprema
Corte provincial, in re: “Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía
Blanca”, (SCBA: 64.745 Res. 23-X-03).-
En función de ello, se habrá de ordenar con carácter cautelar a
la Provincia de Buenos Aires, a que arbitre los medios necesarios y
adecuados para garantizar a los menores representados en autos por
la Asesora de Incapaces N° 1 de La Plata, el inmediato traslado del
grupo familiar a un lugar de vivienda adecuado, que cuente con
condiciones sanitarias y de habitabilidad suficiente, debiendo asimismo
garantizar la provisión de alimentos necesarios para asegurar una dieta
que cubra las necesidades nutricionales básicas de los menores de
edad y su madre (Conf. CSJN, “Rodríguez, Karina”, Fallos 329:553).-
5.7. Contracautela: teniendo especial ponderación por la
naturaleza de los intereses y derechos involucrados, se habrá de eximir
a los peticionantes de prestar caución alguna (art. 20 Ley 13.928 y 200
inc. 2 CPCC.).-
Por ello, RESUELVO:-
1. Hacer lugar a la revocatoria incoada por la Sra. Asesora de
Incapaces y revocar el punto 2 del auto de fs. 180/181 vta., remitiendo
la causa a la Receptoría de Expedientes Departamental, para su
asignación por sorteo entre los Juzgados en lo Contencioso
Administrativo de esta ciudad.-
2. Ordenar, con carácter cautelar, a la Provincia de Buenos
Aires, a que arbitre los medios necesarios y adecuados para garantizar
a los menores de edad representados en autos por la Asesora de
Incapaces N° 1 de La Plata, y a la Sra. “MDR”, el inmediato traslado del
grupo familiar a un lugar de vivienda adecuado, que cuente con
condiciones sanitarias y de habitabilidad suficiente, debiendo asimismo
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
garantizar la provisión de alimentos necesarios para asegurar una dieta
que cubra las necesidades nutricionales básicas de los menores de
edad y su madre, ello de manera inmediata a la notificación de la
presente, y hasta tanto se dicte sentencia firme en los presentes autos,
bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 163 de la CPBA y sin
perjuicio de las astreintes que se habrán de imponer a la persona del
funcionario remiso y en beneficio de los menores involucrados en autos
(art. 37 del CPCC). A tal fines, líbrese oficio al Sr. Gobernador de la
Provincia de Buenos Aires, con trascripción íntegra de la presente y
con adjunción de copias.-
3. Ordenar que las presentes actuaciones tramiten con
caracter reservado
4. Pase a la Asesoría de Incapaces N° 1 de La Plata, para su
notificación.-
Regístrese. Notifíquese por cédula a la Fiscalía de Estado y
a la Municipalidad de La Plata con copias y con habilitación de días
y horas (arts. 135 inc. 5 y 153 CPCC., y 27 inc. 13 y 31 decreto ley
7543/1969).-

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24987 asesoria violencia de género)

  • 1. ‰8X!^Hèlm;7Š 264 494 Número Registro Regulación Honorarios Folio de Regulación Honorarios PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL 24987 - "ASESORIA DE INCAPACES N 1 LA PLATA C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA O ANTICIPADA - OTROS JUICIOS" La Plata, 18 de Mayo de 2012.- AUTOS Y VISTOS: Para resolver el recurso de revocatoria y de apelación en subsidio interpuesto por la Sra. Asesora de Incapaces Dra. Ida Ariana Scherman, contra el auto de fs. 180/181, y: CONSIDERANDO:- 1. Que en la presentación inicial la Sra. Asesora de Incapaces manifestó que: Ello también motivó el inicio de una acción de violencia: “Asesoría de Incapaces N° 2 c/ “Z” s/ Protección contra la Violencia Familiar”, Expte. N° 4944 (Necochea). En dicho marco se la ubicó junto a sus hijos en el refugio en el que al día de la fecha permanecen” (conf. fs. 170 vta.).- 2. Que frente a ello se decidió, mediante la providencia impugnada, que la medida cautelar peticionada podía interferir en la decisión adoptada por otro magistrado.- 3. Sin embargo, advierto que de los términos en los que fuera planteada la presente reposición y del acta de fs. 168, surge que la ubicación actual de la Sra. “MDR” y sus hijos no obedeció a una decisión judicial, sino a la voluntad de la madre y sus hijos que decidieron mudar su residencia de la ciudad de Necochea a esta ciudad, debido al temor provocado por la posibilidad de que el Sr. “Z” regrese al hogar y reitere los episodios de violencia ya sufridos por el grupo familiar.-
  • 2. PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL 4. Siendo ello así, corresponde revocar el punto 2 del auto de fs. 180/181 vta., y remitir la causa a la Receptoría de Expedientes Departamental, para su asignación por sorteo entre los Juzgados en lo Contencioso Administrativo de esta ciudad.- 5. Medida cautelar: Sin perjuicio de ello, y en función de lo dispuesto por el art. 196 del CPCC, corresponde abordar el tratamiento de la medida cautelar peticionada en autos.- Que la Sra. Asesora de Incapaces N° 1, de La Plata solicita, en el marco de la presente medida autosatisfactiva, se ordene una medida cautelar tendiente a obtener el urgente traslado de la Sra. “MDR” y sus cuatro hijos (todos menores de edad) a un lugar de vivienda adecuado; y se ordenen medidas de protección del grupo familiar.- En ese sentido, relata que la Sra. “MDR” y sus hijos habitan transitoriamente en el hogar “Mujeres Adelante”, sito en calle 160 y 50 de La Plata, dado que, por causa de violencia familiar, debió abandonar la vivienda que habitaba en la ciudad de Necochea.- Afirma que la familia debe ser reubicada en otro lugar que garantice el derecho a una vivienda digna, por cuanto el lugar actual de alojamiento no reúne los recaudos mínimos establecidos en los estándares internacionales, ello debido a las malas condiciones edilicias, la insuficiente alimentación que reciben y a los reiterados problemas de convivencia con las demás familias allí alojadas.- 5.1. Con carácter liminar, corresponde señalar que el art. 196 del CPCC, habilita el dictado de medidas cautelares por parte de jueces incompetentes, en supuestos de grave urgencia (conf. Gozaini, Osvaldo A., Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, Tomo I, Ed. La Ley, 2003, pág. 409).- En igual sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en
  • 3. PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL la causa “Defensor del Pueblo de la Nación”, ha expresado que, sin perjuicio de la resolución que corresponda adoptar respecto de su competencia, “le corresponde al Poder Judicial de la Nación buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos, y evitar que estos sean vulnerados, como objetivo fundamental y rector a la hora de administrar justicia y de tomar decisiones en los procesos que se someten a su conocimiento, sobre todo cuando está en juego el derecho a la vida y a la integridad física de las personas. No debe verse en ello una intromisión indebida del Poder Judicial cuando lo único que se hace es tender a tutelar derechos, o suplir omisiones en la medida en que dichos derechos puedan estar lesionados [cfr. causa citada precedentemente; Fallos: 328:1146]” (D. 587. XLIII. Originario. "Defensor del Pueblo de la Nación c/ Estado Nacional y otra s/ proceso de conocimiento", Res. del 18-IX-2007, considerando 3).- 5.2. Que en función de lo expresado, corresponde ingresar en el análisis de la pretensión cautelar vinculada al traslado del grupo familiar a un lugar adecuado. Que al respecto he de señalar que en diversas causas vinculadas a temáticas similares, las medidas cautelares dictadas por el infrascripto fueron revocadas por la alzada (Conf. Causas 10084 "ERMOSI CRISTIAN EZEQUIEL C/ MIN. DE INFRAESTRUCTURA, VIV.Y SERV.PUB. Y OTROS S/ AMPARO", N°13926 - "ESCOBAR OSVALDO H. C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTROS S/ AMPARO", N° 21090 - "PONCE NUÑEZ MARCELO ENRIQUEC/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/HOMOLOGACION - OTROS JUICIOS", N° 21505 - "CARRIZO ROSANA Y OTROS C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ AMPARO", N° 22475 - "ASESORIA DE INCAPACES N° 1 DE LA PLATA C/
  • 4. PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL PROVINCIA DEBUENOS AIRES Y OTROS S/ AMPARO", entre otras), sin embargo, recientemente la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, modificó dicho criterio restrictivo (Conf. CAUSA Nº 11525-M CCALP “A., G. C. C/FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRA S/AMPARO”, sentencia del 1-3-2011), y el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictado en la causa Q.C.., S.Y. c/ GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES S/ AMPARO (Q.64.XLVI, RECURSO DE HECHO, Res. del abril de 2012); motivo por el cual corresponde ingresar en el análisis de la cuestión planteada en autos, sobre la base de lo ya decidido en dichos pronunciamientos.- 5.3. Verosimilitud en el derecho: Que los derechos que dan sustento a la pretensión, se hallan especialmente reconocidos en diversas prescripciones constitucionales y en los tratados Internacionales, entre los que se destacan el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -art. 11-, la Declaración Universal de Derechos Humanos -art. 25-, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre -art. XI-, la Convención sobre los Derechos del Niño -arts. 8, 9, 23, 24, 26 y 27-; los que, en las condiciones de su vigencia, gozan de jerarquía constitucional -art. 75 inc. 22, CN- (Conf. Tedeschi, Sebastián, “El derecho a la vivienda a más de diez años de la reforma de la Constitución”, en Abramovich, Víctor – Bovino, Alberto – Courtis, Christian (compiladores), La aplicaciónde los Tratados sobre Derechos Humanos en el ámbito local, Ed. Del Puerto, 2007, pág. 751).- En particular, ha de tenerse presente lo estatuido por el artículo 11, inciso 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo texto expresamente prevé: “Los Estados Partes en
  • 5. PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”.- En nuestro ordenamiento interno el art.14 bis de la Constitución Nacional, prevé expresamente “el acceso a una vivienda digna”, mientras que el artículo 36 el inc. 7 de la Constitución Provincial obliga a la Provincia a promover “el acceso a la viviendaúnica y la constitución del asiento del hogar como bien de familia”, garantizando “el acceso a la propiedad de un lote de terreno apto para erigir su vivienda familiar única y de ocupación permanente, a familias radicadas o que se radiquen en el interior de la Provincia, en municipios de hasta 50.000 habitantes, sus localidades o pueblos”.- Por su parte, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en su Observación General Nº 4, Punto 7, ha señalado –con relación al art. 11, inciso 1 del PDESC- que "el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Y así debe ser por lo menos por dos razones. En primer lugar, el derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros derechos humanos y a los principios fundamentales que sirven de premisas al Pacto. Así pues, 'la dignidad inherente a la persona humana', de la que
  • 6. PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL se dice que se derivan los derechos del Pacto, exige que el término 'vivienda'se interprete en un sentido que tenga en cuenta otras diversas consideraciones, y principalmente que el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos. En segundo lugar, la referencia que figura en el párrafo 1 del artículo 11 no se debe entender en sentido de vivienda a secas, sino de vivienda adecuada. Como han reconocido la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el Año 2000 en su párrafo 5: 'el concepto de 'vivienda adecuada'... significadisponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable" (O.G. Nº4 "El derecho a una vivienda adecuada", Sexto período de sesiones, 1991, documento E/1991/23).- Asimismo, se ha señalado con notable acierto que “contra los intentos de reductio ad absurdum del derecho a la vivienda, es evidente que los estados no pueden satisfacer de manera inmediata todos los elementos que integran el contenido del derecho a una vivienda adecuada. El deber de progresividad establecido en el art. 2.1. del propio PIDESC, de hecho, reconoce este límite. Sin embargo, que la satisfacción del derecho pueda ser progresiva, no debe entenderse, como ya se ha apuntado como una autorización para postergar sine die el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de vivienda. Siguiendo los criterios de la Observación general N° 3 y los Principios de Limburgo y Mastricht, los estados tienen, al menos los siguientes deberes inmediatos en materia de vivienda: A) El deber de no adoptar medidas de carácter deliberadamente regresivo en cuestiones
  • 7. PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL habitacionales, promoviendo desalojos arbitrarios o impulsando recortes o limitaciones en sus políticas, a menos que éstas redunden en mayor eficacia global del conjunto de derechos sociales garantizados en el PIDESC. B) El deber de adoptar medidas legislativas y administrativas deliberadas, concretas y dirigidas de la manera más clara posible a cumplir con los objetivos del PIDESC. C) El deber de adoptar esas medidas en un tiempo razonablemente corto. D) El deber de desplegar todos los esfuerzos posibles y de recurrir al máximo de recursos humanos, naturales, tecnológicos, informativos y financieros a su alcance para satisfacer el derecho a la vivienda. E) El deber de garantizar el ejercicio de los derechos habitacionales sin discriminación. F) El deber de dar prioridad en su actuación a los grupos más vulnerables y a los que tengan necesidades más urgentes. G) El deber de garantizar, incluso en situaciones de crisis, de ajuste o de escasez de recursos, al menos el contenido «mínimo»del derecho a la vivienda, sobre todo para aquellas personas y colectivos que carezcan de un techo de manera absoluta” (Pisarello, Gerardo, Vivienda para todos: un derecho en (de)construcción, Icaria Editorial, Barcelona, 2003, págs. 117/118).- Asimismo, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos - conocida más comúnmente como "Hábitat II", que tuvo lugar en Estambul, Turquía, del 3 al 14 de junio de 1996 – aprobada sin reservas de la Argentina-, se señaló que las condiciones inadecuadas, tales como el impacto de la pobreza, la falta de acceso a la tierra y tenencia segura son la causa principal de los conflictos sociales violentos y de la disminución de la seguridad personal. Teniendo esto como referencia, se llegó a un acuerdo sobre el derecho a la vivienda adecuada, reconociendo la obligación fundamental de los
  • 8. PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL Estados de facilitar a las personas la obtención de vivienda y de proteger y mejorar los hogares y los vecindarios.- En igual sentido, la Suprema Corte de Justicia provincial ha enfatizado en un reciente pronunciamiento que “tal como lo ha expresado el Comité D.E.S.C. (Observación General Nº 4), "los Estados Partes deben otorgar la debida prioridad a los grupos sociales que viven en condiciones desfavorables, concediéndoles una atención especial (…) a pesar de los problemas causados externamente, las obligaciones dimanadas del Pacto continúan aplicándose y son quizás más pertinentes durante tiempos de contracción económica" (v. punto 11º). Por tales razones, cobra plena actualidad la necesidad de proveer de inmediatoa una solución respecto del problemahabitacional.De ello surge claro, según entiendo, que sin el reconocimiento de prestaciones positivas por parte del Estado, se continuarán vulnerando, por omisión, derechos y principios de raigambre constitucional y convencional.” (causa A.70.717 del 14-VI-2010). – Por su parte, el citado Comité, con relación al derecho a la alimentación en su Observación General Nº 12, Punto 6, lo definió de la siguiente manera: “el derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a los medios para obtenerla. El derecho a la alimentación adecuada no debe interpretarse, por consiguiente, en forma estrecha o restrictiva asimilándolo a un conjunto de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos. El derecho a la alimentación adecuada tendrá que alcanzarse progresivamente. No obstante, los Estados tienen la obligación básica de adoptar las medidas necesarias para mitigar y aliviar el hambre tal como se dispone en el párrafo 2 del
  • 9. PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL artículo 11, incluso en caso de desastre natural o de otra índole”. (OG Nº12, "El derecho a una alimentación adecuada", 20º período de sesiones 1999).- Ello es así, pues según surge liminarmente de las constancias documentales aportadas en autos, el lugar donde la familia actualmente reside no cuenta con las mínimas condiciones de habitabilidad, seguridad e higiene, razón por la cual se torna imprescindible ubicar al grupo familiar afectado en un lugar acorde a sus necesidades y cuyas características condiciones satisfagan las condiciones sanitarias y de habitabilidad suficiente (conf. fotografías de fs. 1/10, e informe social del Licenciado Del Muro de fs, 1418).- Por lo expuesto, y teniendo en cuenta que la solicitud de la Asesora de Incapaces N° 1 de La Plata está dirigidaa procurar por parte del Estado provincial el efectivo cumplimiento a las directivas emanadas de los tratados internacionales de derechos humanos, es dable considerar -siempre en grado de probabilidad y no de certeza- que el derecho invocado resulta verosímil (art. 230 CPCC.), habilitando de ese modo el dictado de la medida cautelar.- 5.4. Peligro en la demora: Que el mismo se encuentra configurado en el caso de autos toda vez que, si no se concede la medida peticionada, los menores de edad involucrados deberán afrontar una situación de desprotección que afecta no sólo su derecho a la vivienda digna sino también otros derechos, tanto civiles como sociales -con el consecuente agravamiento del riesgo de afectación de sus derechos constitucionales-, situación que indudablemente requiere de un pronto remedio, o dicho en términos constitucionales, una rápida "acción positiva" que le asegure la vigencia de los derechos de los habitantes, dentro de la garantía constitucional a una "tutela judicial
  • 10. PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL continua y efectiva" (arts. 15 Const. prov. y 9 de la Ley 13.928). - En igual sentido, la Corte Suprema ha afirmando que: "es de la esencia de las medidas cautelares innovativas enfocar sus proyecciones -en tanto dure el litigio- sobre el fondo de la controversia, ya sea para impedirun acto o para llevarlo a cabo. Tales medidasestán orientadas a evitar la producción de perjuicios que se podrían producir en caso de inactividad del magistrado, tornándose de muy dificultosa o imposible reparación en la oportunidad del pronunciamiento de la sentencia definitiva"(Corte Sup., "Camacho Acosta", Fallos 320-1633).- 5.5. No afectación del interés público: No se advierte “prima facie” que la medida cautelar peticionada pueda producir una grave afectación al interés público.- Como he señalado desde hace tiempo en diversas oportunidades, la sola inobservancia del orden legal, por parte de la administración, vulnera el interés público determinado por el pleno sometimiento de la misma al ordenamiento jurídico, como postulado básico del Estado de Derecho (Conf. Causas N° 7156, "MANTENIMIENTOS DEL SUR S.R.L.”, res. del 8-VII-2005; N° 2873, "CLUB NAUTICO HACOAJ”, res del 25-X-2006; N° 11004, "SAVAFAMA S.A.”, res. del 8-V-2006; N° 12443, "ABDALA”, res. del 7- V-2007, entre muchas otras).- 5.6. Alcance de la medida cautelar: Que sin perjuicio de lo señalado hasta aquí, advierto que la solicitud cautelar se limita sólo a la cuestión atinente al urgente traslado del grupo familiar a un lugar de vivienda adecuado, y donde se le garantice la alimentación suficiente, hasta tanto se resuelva con carácter definitivo las restantes cuestiones planteadas, previa sustanciación de la medida autosatisfactiva, bajo las normas del
  • 11. PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL proceso sumarísimo, conforme al criterio adoptado por la Suprema Corte provincial, in re: “Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca”, (SCBA: 64.745 Res. 23-X-03).- En función de ello, se habrá de ordenar con carácter cautelar a la Provincia de Buenos Aires, a que arbitre los medios necesarios y adecuados para garantizar a los menores representados en autos por la Asesora de Incapaces N° 1 de La Plata, el inmediato traslado del grupo familiar a un lugar de vivienda adecuado, que cuente con condiciones sanitarias y de habitabilidad suficiente, debiendo asimismo garantizar la provisión de alimentos necesarios para asegurar una dieta que cubra las necesidades nutricionales básicas de los menores de edad y su madre (Conf. CSJN, “Rodríguez, Karina”, Fallos 329:553).- 5.7. Contracautela: teniendo especial ponderación por la naturaleza de los intereses y derechos involucrados, se habrá de eximir a los peticionantes de prestar caución alguna (art. 20 Ley 13.928 y 200 inc. 2 CPCC.).- Por ello, RESUELVO:- 1. Hacer lugar a la revocatoria incoada por la Sra. Asesora de Incapaces y revocar el punto 2 del auto de fs. 180/181 vta., remitiendo la causa a la Receptoría de Expedientes Departamental, para su asignación por sorteo entre los Juzgados en lo Contencioso Administrativo de esta ciudad.- 2. Ordenar, con carácter cautelar, a la Provincia de Buenos Aires, a que arbitre los medios necesarios y adecuados para garantizar a los menores de edad representados en autos por la Asesora de Incapaces N° 1 de La Plata, y a la Sra. “MDR”, el inmediato traslado del grupo familiar a un lugar de vivienda adecuado, que cuente con condiciones sanitarias y de habitabilidad suficiente, debiendo asimismo
  • 12. PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL garantizar la provisión de alimentos necesarios para asegurar una dieta que cubra las necesidades nutricionales básicas de los menores de edad y su madre, ello de manera inmediata a la notificación de la presente, y hasta tanto se dicte sentencia firme en los presentes autos, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 163 de la CPBA y sin perjuicio de las astreintes que se habrán de imponer a la persona del funcionario remiso y en beneficio de los menores involucrados en autos (art. 37 del CPCC). A tal fines, líbrese oficio al Sr. Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, con trascripción íntegra de la presente y con adjunción de copias.- 3. Ordenar que las presentes actuaciones tramiten con caracter reservado 4. Pase a la Asesoría de Incapaces N° 1 de La Plata, para su notificación.- Regístrese. Notifíquese por cédula a la Fiscalía de Estado y a la Municipalidad de La Plata con copias y con habilitación de días y horas (arts. 135 inc. 5 y 153 CPCC., y 27 inc. 13 y 31 decreto ley 7543/1969).-