El documento argumenta que el aragonés es una lengua románica reconocida que se ha hablado de forma continua en Aragón y que tiene derecho a ser protegida y promovida, no impuesta. Defiende que el aragonés tiene una rica historia y literatura, no es un invento ni está relacionado con ninguna ideología política en particular. El documento concluye que promover el aragonés es proteger el patrimonio lingüístico y cultural de Aragón.