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DEMOCRACIA Y DERECHO CONSTITUCIONAL
Conferencia dada el día 4 de Agosto en el IV Encuentro de la Jurisdicción Constitucional. 17 años de Jurisprudencia.
Balances y perspectivas. Agosto 4, 5 y 6 de 2008.
“La Democracia no puede separarse de la noción de
partido, pero la noción de partido puede muy bien
existir sin la democracia. Esto ocurre cuando un
partido o un grupo de hombres cree poseer la verdad
absoluta”.
ALBERT CAMUS
RESUMEN:
La Democracia liberal tiene como característica esencial, la de ser una democracia constitucional y
por consiguiente, la de tener a la jurisdicción constitucional en una condición necesaria para
funcionar. Empero, esta jurisdicción ha sido criticada por que da origen a un “Gobierno de los
Jueces” que de algún modo desvía el “sentir” democrático; hoy se acepta de un mejor talante a la
misma sin que ello signifique que la relación entre dicha jurisdicción y la democracia siga siendo
problemática.
En el contexto del debate, el argumento “Democracia” tiene una gran fuerza porque se puede mover
en todas las direcciones y contribuye de modo decisivo no solo en la consolidación sino en la
expansión del sistema de control concentrado de constitucionalidad, expansión que va de la mano
con el reconocimiento de los derechos humanos como factor determinante de la legitimidad de los
gobiernos y con un avance cualitativo de la democracia a raíz, de las experiencias traumáticas de los
fascismos y totalitarismos en general que provocaron un fortalecimiento de la jurisdicción
constitucional como mecanismo de salvaguardia de la “tiranía de las mayorías” que en forma de
“procesos electorales” con ropaje democrático destruyeron el sistema de libertades y derechos
fundamentales.
¿Cómo afrontar una democracia como la colombiana donde los fenómenos del paramilitarismo, la
parapolítica, el clientelismo y la guerrilla, perturban el funcionamiento de esta?
Por democracia constitucional se entiende hoy no solo que la Constitución sirva de límite a los
poderes públicos sino que procure algo juzgado hoy como esencial, hacer posible un gobierno
democrático. Así, Una Constitución es democrática no solo por ser un instrumento de esta sino que
se legitima a sí misma, por el fin al cual sirve.
PALABRAS CLAVES:
Constitución, Derecho Constitucional, Democracia, orden liberal, partidos políticos.
SUMARIO:
Introducción. I. Conceptos Básicos. II. La Tensión entre D. Constitucional y Democracia. III. Los
Riesgos de la Democracia Constitucional. IV. Respondiendo las Preguntas Planteadas.
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INTRODUCCION:
La fuerza de una Constitución liberal depende del ejercicio responsable, por el nivel de conciencia
ética y cívica que implica, de las tareas de todos los órganos de poder del Estado y la sola existencia
de la Jurisdicción Constitucional con su papel ampliado no solo como “Legislador Negativo”, sino
como creador de derecho vía “modulación” del efecto de sus sentencias y de la fuerza vinculante de
la RATIO DECIDENCI de estas, hacen de ella un “Actor Político”, cuya actividad jurisprudencial
tiene la virtud de influir en los demás actores de la política y encauza el debate político e, incluso,
sus resultados, de modo tal que un Tribunal Constitucional es en si un factor político.
Es el derecho Constitucional el que propende por el reforzamiento del juego democrático
protegiendo los derechos que hacen posible la participación de todos en condiciones de “libertad e
igualdad” por lo que inducir cambios en los hábitos de comportamiento político por el fácil expediente
de modificar reglas constitucionales aprovechando temporales “mayorías” o si se quiere, “mayorías
arrolladoras”, viola el consenso sobre lo mínimo o fundamental que es la materialidad de una
Constitución Liberal. La modificación de las reglas constitucionales debe partir de una
convergencia o de un consenso en el sentido de admitir que la reforma está justificada para
enmendar errores o imprevistas injusticias que el orden vigente toleraba o hacía posible.
Una Constitución liberal solo es posible en una Democracia constitucional, pero esta solo se legitima
a partir de las reglas de la propia Carta Política y las reglas constitucionales son las bases que
posibilitan el ejercicio de la autodeterminación de una sociedad de hombres libres e iguales. Es claro
que la mera circunstancia de aprobar una constitución democrática no convierte de modo automático
a la nación que lo haga en una democracia constitucional; empero una Constitución de este tipo por
poseer una poderosa carga simbólica pasa a ser un factor clave en los procesos de democratización
y en la consolidación de la misma.
En nuestro país se han dado dos fenomenologías con relación al juego democrático en el referente
de la democracia constitucional: La reelección presidencial inmediata y el paramilitarismo, la
parapolítica y la guerrilla conjugados con la debilidad de los partidos convertidos en simples
máquinas clientelistas; nos proponemos en esta exposición abordar la segunda de estas planteando
dos interrogantes:
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--¿Cómo considerar el caso Colombiano, donde el paramilitarismo, la parapolítica, el clientelismo y la
guerrilla perturban e, incluso, invalidan la democracia?
--¿Cómo considerar en el caso colombiano la sempiterna debilidad de los partidos y su conversión
en poderosas máquinas clientelistas que al interior del sistema político corrompen la democracia?
I. CONCEPTOS BÁSICOS.
“Yo soy yo y mi circunstancia, si no
la salvo a ella no me salvo yo”.
ORTEGA
Se trata de precisar la relación existente entre el Derecho Constitucional como creación de la
concepción iusfilosófica liberal, a partir del contractualismo y del modelo clásico de Estado de pesos
y contrapesos, expresados estos hoy en mecanismos idóneos de control con la democracia
representativa liberal basada en partidos políticos, que de manera dinámica, articula la concepción
contractualista citada con el funcionamiento del sistema de contrapesos y controles en cuestión,
sobre la base de que el soberano que origina la legalidad y la legitimidad es el pueblo.
Dicha articulación está enmarcada en un texto denominado constitución, cuyas reglas tienen la doble
función de definir que es lo legal y a la vez suministrar los criterios para saber si la actuación de los
órganos de poder del Estado se puede tener como legítima. Pero, ¿Que se entiende en esta
perspectiva por Constitución?
ANDRE HAURIOU nos dice que es el “encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos”.
Esta conceptualización encierra a su vez dos ideas de comprensión problemática: comencemos por
lo de "fenómenos políticos", estos hacen referencia de la manera más general posible a todos los
hechos que se dan en la vida social y que inciden sobre la comunidad donde participe o esté
implícita la noción de poder o sea de quienes mandan y cómo mandan, HAURIOU enseña que los
mismos se dan en tres dimensiones distintas:
A. El reconocimiento total del hombre por el hombre ya que es el ser humano como una
integridad el sujeto y el objeto de la política.
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B. La determinación de lo que es bueno para la sociedad, puesto que cada comunidad humana
según su evolución histórica define por sí y ante sí lo que juzga deseable, justo y útil dentro
de eso que se ha convenido en amar el bien común.
C. Las relaciones entre gobernantes y gobernados: como en toda sociedad humana
encontramos una minoría que manda y una mayoría que obedece, es necesario establecer
unas reglas que regulen la forma como los gobernantes habrán de mandar y como se
integran los órganos que administran el poder a la par que los deberes y controles de los
gobernados sobre los primeros. Estas relaciones son la materia de eso que llamamos el
juego político.
El "encuadramiento jurídico" del juego del poder ha sido más tortuoso y complicado y puede
decirse que nunca será posible hacerlo de modo completo, este concepto va de la mano del de
"estado de derecho" y aparece por vez primera en Inglaterra, formalizado con lo que los británicos
llaman la “Revolución Gloriosa” de 1688, HAURIOU da tres razones para sustentar el por qué de lo
difícil de ello:
1. Por la violencia inherente a las relaciones políticas.
2. Por estar la vida política en constante evolución, siendo sus manifestaciones imprevisibles y,
3. Porque no siempre los gobernantes se muestran respetuosos de las normas que regulan el
juego del poder y a menudo las desconocen.
Con este concepto de “Constitución” en mente, abordamos el segundo aspecto: ¿Qué es el Derecho
Constitucional? Entendemos por este, en la perspectiva liberal actual, a la rama del Derecho que
estudia las normas que buscan regular dicho encuadramiento jurídico, por lo que se mueve entre
dos polos que parecen excluirse y, que al considerárseles en solitario, la concepción contractualista
estima que imposibilitan la vida social, el de la autoridad y el de la libertad; el Derecho
Constitucional es simultáneamente una técnica de autoridad y una de libertad. El mismo busca, al
decir de HAURIOU, "organizar en el marco del estado-nación una coexistencia pacífica del
poder y de la libertad".
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Este objeto del Derecho Constitucional es titánico y por serlo, le confiere a la labor de interpretar la
normativa de una constitución características muy concretas y específicas.
Ahora bien, la normativa constitucional no puede, como cualquier normativa, preverlo todo, de allí
que haya sido esta rama del derecho la primera en plantear la aplicación de la misma, previo su
"entendimiento", desde dos perspectivas:
A. La interpretación propiamente dicha, donde hay norma, y
B. La integración del derecho, técnica por la cual se llenan los “vacíos” que existan en una
constitución sobre todo en materia de derechos fundamentales y de contenido y alcances de
la libertad No se olvide que no existe la interpretación analógica o la aplicación analógica
porque no hay normas constitucionales que ordenen aplicarla a casos parecidos o textos de
ese rango que regulen situaciones parecidas o similares.
La interpretación constitucional sobre un texto y la jurisdicción encargada de hacerlo, tienen dos
características básicas:
1. La Constitución es una norma límite, y
2. El juez constitucional es un órgano límite.
Lo primero quiere decir que por encima de la constitución no hay más normas, ella es la norma que
da valor a las demás (norma normarum) pero sobre ella no existe ninguna por lo que se valida a sí
mismo como expresión de la soberanía; a su vez, el nivel de generalidad es mayor por lo que la
vaguedad de sus palabras y la ambigüedad de sus conceptos aumenta. Además, esta supremacía
significa que por encima del juez de constitucionalidad no hay más instancias, esto implica que sus
sentencias nadie las revisa.
El poder de una corte constitucional es pues inmenso. Este poder conforme a la tendencia nacida en
la segunda posguerra y doctrinas elaboradas con ocasión de este conflicto, han conducido a
reconocer dos cosas importantes:
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1. Que la jurisprudencia constitucional es obligatoria no solo en lo resuelto sino en el sentido de
la normatividad interpretada y,
2. Que el juez de constitucionalidad colegisla cuando modula el efecto de sus sentencias.
Nos queda por abordar el concepto de “Democracia Liberal”, este necesita obligatoriamente de los
partidos por lo que es menester que el régimen jurídico de los mismos sea regulado en la propia
Constitución; sin embargo, esta relación entre democracia liberal y partidos es muy dinámica a la
vez que es interactiva por lo que regular a los partidos de acuerdo a una definición constitucional es
calamitosa, ya que al interpretar tal normatividad casi siempre se distorsiona la posición jurídica de
los mismos y, estos, valiéndose de su importancia y necesidad buscan modificar esta juridicidad en
beneficio propio poniendo así en riesgo al estado de derecho democrático. No puede olvidarse que
en la concepción liberal el estado es el garante del contrato social y esto determina sus fines y que
dicho “contrato” se enmarca en la Constitución y esta última solo adquiere sentido a través de la
jurisprudencia constitucional.
El protagonismo de los partidos en la democracia liberal es hoy avasallante, a tal punto que han
venido a ser una realidad de hecho que crea su marco de derecho ya que la “Democracia de
partidos” se ha convertido en una “Democracia de los partidos”, al decir del tratadista español
MIGUEL PRESNO LINERA en su obra “Los Partidos y las Distorsiones Jurídicas de la Democracia”.
(Editorial Ariel, 1ª Ed. 2000). Esto ha traído como consecuencia que sea hoy objeto de estudio el
marco jurídico del necesario protagonismo de los partidos en lógico desarrollo del principio
democrático y las distorsiones que estos introducen al mismo para consolidarse jurídicamente
desde la única perspectiva de sus intereses y de su dinámica.
II. LA TENSION ENTRE DERECHO CONSTITUCIONAL Y DEMOCRACIA.
“No Existe Vida Verdadera en la Falsedad”
THEODOR W. ADORNO
En los años sesenta del siglo XX, se presencia un renacimiento de la idea de “Contrato Social” ya
que se difundió por todo occidente un sentimiento de crisis, la crisis de la legitimación del estado
democrático Liberal y sus normas esenciales de convivencia y funcionamiento, cuestión que condujo
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a la búsqueda de nuevos enfoques teóricos que fundamentaran las instituciones sociales de
tradición liberal. Esta fue la década de la guerra del Vietnam, del Mayo francés, de la primavera de
Praga, de la guerra de los seis días y de la colocación de las bases de la globalización económica
donde las transnacionales se convertían en multinacionales al dirigir hacia sí dineros de todo el
mundo en todas las bolsas de valores y adquirían así recursos financieros y un patrimonio propio
mucho más grande que el de casi todos los Estados-Nación. En suma, fue la década de un inmenso
desconcierto no solo de lo que era el Estado Liberal, sino de lo que debía entenderse por
Filosofía Liberal.
El enfoque teórico más importante ante tal crisis de legitimación fue la reconsideración de lo que
debía entenderse por “Contrato Social” y se dijo que este debía ser un MODELO HEURÍSTICO útil
para analizar los fundamentos racionales de la interacción social, teniendo a estos fundamentos
como “Reglas” que pueden ser voluntariamente aceptadas por todos. Los teóricos que mas
animaron el debate sobre que entender por “Contractualismo” fueron JOHN RAWLS, ROBERT
NOZICK y JAMES BUCHANAN, quienes identificaron tres temas centrales en esa añeja idea del
Contrato Social: La de la JUSTICIA como criterio del mismo, la del CONTRATO como discurso
insertado en una teoría discursiva y la de que dicho CONTRATO está basado en el presupuesto de
que quienes lo celebran son individuos racionales que persiguen sus intereses. Esto es lo que
muchos teóricos denominan el “Neo Contractualismo”.
La crisis de la década de los sesenta descrita fue de la mano de una crisis de los partidos en EE.UU.
Inglaterra, Francia, Italia y Alemania, crisis que en su momento condujo a releer a ROBERT
MICHELS, alumno de MAX WEBER, en su obra “Los Partidos Políticos” y las tesis allí expuestas,
que a pesar de tener casi cien años de enunciadas y de que fueron cínicamente usadas por los
enemigos de la democracia liberal en los años de primacía de los fascismos, nos dicen que hoy es
mas real que nunca eso que de modo eufemístico se ha dado en llamar la “Dura Realidad de los
Partidos”, puesto que es lo que mas desacredita a la democracia liberal que necesita expresarse, y
no puede ser de otra forma, por medio de una “Democracia de los Partidos”.
Esta “Dura Realidad de los Partidos” se da porque los mismos son en su interior poderes
oligárquicos (Ley de Hierro de los Partidos) por lo que en cada uno existe una contradicción entre su
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base democrática y su deber de actuar como sujetos activos de la democracia con su estructura
interna de tipo oligárquico que asfixia esa base democrática que lo sustenta. Esta tendencia de
asfixiar la democracia que le da origen pretende justificarse con la afirmación de que en cualquier
sociedad “la mayoría es incapaz de ejercer un autogobierno” por que está “predestinada por la
trágica necesidad, a someterse al dominio de una pequeña minoría”. (Los Partidos Políticos.
Amorrortu Editores, 1ª Ed. 5ª reimpresión 1996).
Son dos las vertientes que buscan “superar” este problema ontológico de la democracia liberal
expuesto. La AUTORITARIA, partidaria de gobiernos fuertes y del descrédito que legitime el cierre
del órgano legislativo y la del AUTOGOBIERNO DEL PUEBLO, sin que los partidos sean los
intermediarios entre el cratos y el demos. Ambas, empero, muestran una disfunción clara y profunda
entre el ser de los partidos y su deber ser político-jurídico dentro del esquema que la filosofía
liberal ha elaborado al respecto.
Estas consideraciones acerca de la dura y opresiva realidad de los partidos, es decir, esta crítica a
los partidos como pervertidores del estado democrático liberal está obligada a presentar una
propuesta de cómo se conforma ese deber ser en términos de tipo filosófico-político, dado que la
corrupción que se predica de ellos es al mismo tiempo la del sistema político inventado por el
pensamiento liberal.
Así, el concepto de soberanía popular debe dejar de ser un principio de una cierta y concreta
organización social y pasar a ser, en sí, una forma efectiva de organización social. De la
“Apariencia” de soberanía popular que se plasma en una opinión pública expresada solo en los
medios de comunicación y en las encuestas, se debe pasar a una soberanía efectivamente funcional
apoyada en la libertad y la igualdad de los individuos lo mas real y concreta posible en el aquí y en el
ahora; vale decir en la realización del Contrato Social desde las perspectivas identificadas por
RAWLS, NOZICK y BUCHANAN, que vienen anotadas
Observamos sin embargo que los partidos no solo ACABAN con la posibilidad de realizar este deber
ser, sino que están haciendo algo peor, lo reformulan por medio de una operación de magia o
ilusionismo que nos induce a tener una pseudo democracia con ropaje de democracia real por
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medio de presentar el ser de los partidos como si fuera en sí el deber ser de la soberanía
popular. No es pues una realidad que pervierte la constitucionalidad, es algo más definitivo y
corruptor: la legalidad acaba por ser elaborada (Normas) desde el dictado y por el dictado de la
realidad de los partidos. Aquí está el mayor desafió de la Teoría Constitucional actual y de la
actuación de la jurisdicción constitucional.
La “Soberanía Popular” se usa cada vez con más desparpajo para justificar en “nombre del pueblo”
aventuras políticas al margen de la Constitución o en contra de ella, enmascarando mecanismos
instrumentales que en sí frenan la democracia y la falsean, beneficiándose las oligarquías
partidistas; por ello, la tarea de un demócrata contemporáneo no es la de “Reivindicar” la soberanía
sino la de reclamar constantemente las mas amplias y efectivas garantías de los derechos
fundamentales, por un lado, como medio seguro de convivencia democrática que permita la
participación política en todos los niveles. Por el otro, un demócrata debe propugnar por que la
democracia se cualifique día a día para así limitar lo más que se pueda la hipertrofia enfermiza de
las oligarquías partidistas por medio de desalojar toda la “Legalidad” expedida por dichas
oligarquías en beneficio propio; en últimas, un demócrata se define por su capacidad activa en
defender el principio esencial de lo que es EL ESTADO DEMOCRATICO Y CONSTITUCIONAL DE
DERECHO, esta es su tarea política primordial.
Partimos para lo dicho de lo que es la esencia del Liberalismo, que una sociedad que se tenga como
un todo democrático debe, obligadamente, hacer una distinción entre tres elementos que son
diferentes: 1º. La Realidad, expresada en una rápida circulación de las élites. 2º. El Deseo de
asegurar y hacer funcionar la igualdad y 3º. El Propósito de que el demos participe en mayor
medida en los procesos de toma de decisiones (Democracia Participativa), en razón a que cualquier
análisis o reflexión sobre la democracia liberal gira siempre en torno a tres ideas fundamentales: La
Soberanía Popular, El Autogobierno y la Igualdad, que son en si mismas y en conjunto el ideal de la
democracia liberal.
Este ideal no ignora que la política es, en su esencia la relación entre gobernantes y gobernados,
pero esta relación debe adquirir la forma de un poder directo y limitado de los gobernantes, en
conjunción con los mecanismos que tienen los gobernados de que los fines del Estado se lleven a
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cabo; ya que en la democracia liberal al afirmarse que el Demos es el soberano, nadie es por
entero súbdito o soberano. Si bien es cierto que no es fácil trazar tal lindero, ello no indica que el
no existe, por lo que la democracia liberal funciona sobre una fuerte paradoja: Existe el gobierno
del pueblo pero al mismo tiempo existe un gobierno sobre el pueblo.
El problema crucial está en como conciliar estos requisitos, por ello se presenta, como acontece la
mayoría de las veces, una gran discrepancia entre los principios filosóficos y las acciones, la
Democracia liberal al postular el “Gobierno del Pueblo” hace diaria manifestación de una fe y al tratar
de concretar esta en el mundo de lo real, se torna en un caso de razón práctica, en una ética
específica de acción con unos objetivos a la vista.
Así las cosas, la política es y será el resultado o el producto de lo políticamente activo, ya que la
Democracia es un sistema político que declara que el poder reside en el Demos actuante que la
dinamiza. Por lo que es este y solo este el productor único de resultados políticos, tal como lo
concibieron los atenienses, la democracia solo puede ser eficaz si funcionan lo que entendieron eran
sus elementos esenciales: La ISOGORIA, La ISONOMIA y la ISOCRACIA. De allí que hoy se estime
que la Democracia es una rendición de cuentas de los gobernantes cuando cesan en sus
cargos y un eficaz sistema de controles, este aspecto nos puede remontar a lo que los
republicanos romanos denominaron la “VIRTUS CIVITATIS”, que implica aceptar que la República
funciona por que la adoptamos en nuestra eticidad y como práctica moral y no como fruto de una
hiperlegislación, al respecto, TÁCITO dijo: “A mayor corrupción de la República, mayor número
de leyes”.
III. LOS RIESGOS DE LA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL.
“-¿Cómo podemos combinar el grado de iniciativa
individual necesario con el grado de cohesión social
imprescindible para la sobrevivencia?”.
BERTRAND RUSSELL
La crisis de los años sesenta comentada produjo un resultado interesante: Una nueva fe en las
constituciones escritas expresada en una ola de creación de constituciones liberales, en países que
tenían regímenes autoritarios o deseaban evolucionar hacia una democracia más funcional que se
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apoyase para ello en una democracia constitucional, proceso que se evidencia a partir del colapso
del “Socialismo real”. Tal fe se soporta en la convicción de que una constitución de base liberal es
una herramienta eficaz e indispensable para el establecimiento de un sistema democrático con una
fuerte vocación de estabilidad y contiene las decisiones trascendentales del tipo de democracia que
se pretende y, los distintos contextos de cada uno de los procesos constituyentes que les dan origen
nos permiten entender sus partes o elementos mas originales.
Además, en todas se acepta que la existencia de procedimientos idóneos que garanticen la
supremacía de la Constitución aprobada es condición indispensable para que el proceso
democrático que le dio origen cristalice en el funcionamiento del orden democrático erigido, ya que
en todos los países que lo hicieron es tan importante como el objetivo de contar con una
democracia, el de evitar un retorno a regímenes autoritarios o el conjurar el peligro de un
derrotero “No Liberal” de la democracia.
Ya anotamos la asimetría que existe entre aprobar una Constitución liberal y que el país donde deba
aplicarse no funcione como una democracia constitucional. Algunos teóricos afirman que esto se da
porque el constitucionalismo es un prerrequisito de la democracia y de ello concluyen que una
democracia efectiva solo es posible frente a un proceso de aplicación “Fuerte” del
constitucionalismo y por consiguiente enfrentado a quienes defienden una aplicación “Débil” del
mismo.
El “Constitucionalismo Débil” entiende el control judicial de la supremacía de la Constitución como un
“QUASI GUARDIANSHIP”, expresión que se ha traducido como “Cuasi Tutelaje” y la misma la
define ROBERT DAHL como el ejercido “por un poder judicial dotado de autoridad final sobre
ciertas cuestiones ligadas a la protección de procedimientos y resultados de fondo”. Este
“Poder” solo actúa si los derechos fundamentales y los intereses esenciales de la sociedad no se
pueden “Guardar” por medio de procesos democráticos, por lo que la opción que resta es que la
protección provenga de un órgano que no dependa de tales procesos. Como “Tutelan”
subsidiariamente si los procedimientos democráticos no funcionan, DAHL llama a tal órgano “Cuasi
tutor”.
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Los seguidores de la forma “Débil” de control constitucional parten del supuesto de que no se puede
razonar desde la afirmación no verificable de que los jueces de constitucionalidad poseen virtudes,
conocimientos y capacidades mas elevadas como para erigir la presunción de que en sus decisiones
no tendrán las mismas fallas que también de modo fatal afectan a las que se adopten por el ejercicio
de procesos democráticos. Además, los derechos no son premisas como lo postula la concepción
“Fuerte”, sino que al aceptar la “regla de las Mayorías”, estos derechos pasan a ser meras
conclusiones por lo que no pueden ser límites de la democracia en el sentido explicado ya que
han llegado a ser “Derechos” como fruto de anteriores conquistas democráticas. Al respecto DAHL
en su obra, ya clásica, “La Democracia y sus Críticos” (Ed. Paidós, 2ª. Edición, 1993), nos dice:
“Aseverar que un derecho o interés determinado debería ser inviolable por el proceso democrático no
equivale, como a veces se dice, a plantear un derecho “contra el Estado”, como si el “Estado” fuese cualquier
Estado; más bien equivale a afirmar un derecho contra el proceso democrático en el gobierno de un Estado
democrático, que presumiblemente será un buen Estado, quizá el mejor posible”.
DAHL y los seguidores de esta versión, se apoyan en la muy conocida afirmación de JOHN DEWEY
de que “El remedio para los males de la democracia es más democracia” para pedir una mayor
democratización del sistema de democracia constitucionalizada que tiende a desarrollar rigideses e,
incluso fenómenos de exagerado Statu Quo. Luego, si una sociedad ya está capacitada para actuar
en democracia se debe renunciar a privilegiar derechos fundamentales sobre los de participación y
que existan las mayores facilidades para reformar la Constitución de forma tal que todos los
ciudadanos y sus representantes sean los responsables en definir y conservar la democracia y que
esta función no dependa de los jueces.
El Constitucionalismo débil, como se ve, da primacía a la democracia y enfatiza en ella el “Principio
de las Mayorías” al propugnar el reforzamiento y no la restricción de los procedimientos
democráticos por lo que la Constitución al plantearse como objetivo capital la construcción de una
democracia real debe entenderse como que hace viable caminos para el debate y la deliberación de
todos ya que es de la índole del sistema el desacuerdo y es solo por el debate que se llega a
decisiones vinculantes sin que se parta de un acuerdo previo. Así, todos ellos afirman que el control
judicial de la supremacía de la constitución del modelo fuerte es antidemocrático porque rechaza las
mayorías y termina siendo una perversión de la democracia constitucional porque se ha
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transformado en un sistema de “Control Judicial” que en sí es un puro y simple “Gobierno de los
Jueces”.
Empero, la experiencia de los regímenes totalitarios del siglo XX que desarrollaron Positivismos no
liberales prueba las consecuencias más que terribles de confiar ciegamente en las mayorías y de
que esta por si sola será el confiable guardián de los derechos fundamentales o bien, de que una
cultura democrática es por si misma suficiente para garantizarlos; por ello, las constituciones
liberales nacidas después de la segunda guerra mundial, al crear el denominado “Estado
Constitucional de Derecho” que entiende primariamente por “Constitución” la mejor de las garantías
del no retroceso de la democracia y, mas bien, propende por la progresividad de la misma.
El modelo Constitucionalismo “Fuerte” está apoyado en el “Estado de Derecho Constitucional”
alemán nacido con la “Ley Fundamental de Bonn” de 1949, que lo desarrolla al máximo y sirve como
carta de presentación de quienes lo defienden; este se caracteriza por establecer una “juridicidad”
superior de tipo constitucional que determina el marco estricto del poder del Estado y, usando la
expresión más común, le “pone límites a la política”. Todo el constitucionalismo está codificado y
la supremacía de la Carta está garantizada por algún tipo de control de constitucionalidad que tiene
como objetivo político “La positivación jurídica de los valores fundamentales en los que se
apoya el orden adoptado para la vida social y política”. Así las cosas, ¿el Principio Democrático
que papel tiene dentro de esta concepción?
El objetivo político enunciado pretende moderar y si se quiere “enmendar” el intrínseco relativismo de
la democracia, que conduzca a que un sistema democrático se desplace hacia un “No Liberalismo”
o hacia un “ILiberalismo”, el garante de que este objetivo se cumpla es el Tribunal
Constitucional, quien simultáneamente fija una dirección a la acción política cuando se dice que
esta está ajustada a la Constitución si cumple con los fines tenidos como superiores y determinados
en la Carta y que tienen por ello la propiedad de ser justificativos del Estado; la actividad estatal en
su integridad no asegura solo formales garantías de declaración y protección a las libertades, sino la
de realizar la justicia en un sentido material entendida como una situación jurídica justa del mejor
modo posible.
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Todo esto solo es factible si funciona bien, no solo como mera mecánica procesal, la supremacía
efectiva de la Constitución, ya que así y solo así es funcional el “Estado Constitucional de Derecho”;
la legitimidad del sistema solo es posible en la Constitución y desde la Constitución y la definición
jurídica de tal legitimidad solo es posible desde la jurisprudencia constitucional, por lo que los
controles de constitucionalidad son un elemento de la esencia de la democracia.
Pero, ¿Hasta donde es posible codificar en términos de constitucionalidad la democracia sin
desnaturalizarla?
--¿Es el “Constitucionalismo Democrático Fuerte” idóneo para sociedades con escasa o casi nula
tradición democrática?
Esta concepción fuerte del constitucionalismo se tiene como apropiada para “erigir” una democracia
en una sociedad que aún no sea demócrata o bien tenga una democracia distorsionada por la
disfuncionalidad de sus partidos y poca conciencia cultural de lo que ella significa; esto se debe a
que el derecho tiene como un uso social importante el de crear hábitos alrededor de la práctica de
sus reglas, de allí que muchos estimen que una Constitución da inicio a una tradición donde los
principios formales insertados en su texto tales como los derechos fundamentales, la representación
política y la división de poderes, entre otros, terminan por ser tenidos como una racionalización de la
colectividad en su casi siempre azarosa experiencia en edificar y desarrollar una democracia. Por
consiguiente, mantener a todo lugar la supremacía real y efectiva de la Constitución en los términos
de esta concepción “Fuerte”, implica aceptar que la disminución del derecho al autogobierno
expresado por mayorías temporales debe restringirse a cambio de la ventaja de conservar la
estabilidad del sistema, mantenerlo seguro e imprimir como visión la búsqueda permanente
de los objetivos que a ese orden político constitucional le ha asignado el constituyente.
El modo como se mantenga dicha supremacía y la forma en que sea influido por los procesos
políticos de los partidos, nos dirá enseguida y bastante sobre cual es el tipo real de gobierno y el
estado de la democracia del país de que se trate; por tanto, siendo la democracia una práctica de
conductas permanentes y regulares, ella genera unos usos y en sí un “Estilo” de vida que necesita
paras existir, como nosotros al aire, generándose así su propio ETHOS que termina por ser el único
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modo de auto reconocerse como democracia. En la concepción “Fuerte” la democracia de control
constitucional descrita, elabora y nutre la “Ideología” del constitucionalismo.
La democracia así considerada no es solo el resultado de valoraciones utilitaristas sino que al
reivindicarla como el mas adecuado sistema para promover y defender la dignidad del hombre debe
producir el imperativo ético de defenderla como el mejor de los bienes, incluso con el valor o coraje
de desenmascarar a quienes buscan usar los formalismos y procedimientos democráticos para
destruirla desde dentro, tal como sin violar los formalismos de la Constitución de Weimar se invalidó
esta al declarar el Tribunal Constitucional alemán de la época, en 1933, la exequibilidad de la “Ley
de Plenos Poderes” que sirvió para destruir la democracia de partidos e implantar un régimen de
partido único, con el argumento de que esa ley era la voluntad mayoritaria del pueblo alemán
representada por la coalición de partidos que la aprobaron en el Parlamento.
Luego, ¿Qué perdemos creando una judicatura autónoma capaz de hacer valer los derechos
fundamentales y la democracia que los posibilita frente al legislador y los encargados de interpretar y
aplicar la Ley?
En verdad, nada. Es un puro cálculo de pros y contras.
IV. RESPONDIENDO LAS PREGUNTAS PLANTEADAS.
“Nuestra Democracia, como en definitiva nuestro
Estado de Derecho, viene marcada por la posición
estratégica que en si misma y por voluntad del
constituyente asume el Tribunal Constitucional”
.
PEDRO CRUZ VILLALON
De modo razonable, el modelo “Fuerte” ha permitido que se preserve y funcione la democracia
liberal por medio de garantizarla al interpretar la Carta Política desde el Principio de Democracia y
llegar así a lo que se ha venido a llamar el “Estado de cosas democrático” que evite retrocesos
antidemocráticos. Pero, todo tiene en política un precio, este modelo introduce una “dificultad” que
puede llegar a actuar como un generador de entropía política, no se puede a partir del
16
constitucionalismo MEJORAR o CORREGIR un sistema que nunca será perfectamente
democrático.
Y ello es así en razón a que una Constitución democrática define y precisa un modo de gobierno que
al involucrar imperfecciones, a la par que lo legitima, legitima estas últimas; por lo tanto, ¿como
“Introducir” más democracia en el modelo para superar dichas imperfecciones, según lo propone
DEWEY, si para ello debemos cambiar la Constitución o “Modificar” la jurisprudencia constitucional
de una manera radical a como lo hiciera, por ejemplo, la muy conocida “Corte FRANKFURTER” en
Estados Unidos para darle “Soporte Constitucional” al New Deal?
Sobre este aspecto, DWORKIN nos dice: “Cuando un Tribunal adopta una decisión errónea en
cuanto a lo que REQUIEREN LAS CONDICIONES de la democracia, la democracia resulta
perjudicada. Pero no más que cuando una mayoría legislativa adopta una decisión constitucional
equivocada que se deja estar. La posibilidad de error es simétrica”. (Freedom’s Law: The Moral
reading of American Constitution. Harvard University Press, 1996, Págs.32-33). En este enunciado,
el sistema de control judicial de constitucionalidad por su sola existencia no “Hace” al sistema más
democrático, pero en sí, no la “Hace menos”, luego, ¿Dónde esta la ventaja del control de
constitucionalidad?
El JUDICIAL REVIEW tal como se concibió para la Constitución de Estados Unidos, y eso responde
al interrogante de DWORKIN, significa que la Corte Suprema es un tipo de guardián de esta con la
función de “Ayudar” al soberano a mantener su coherencia, por medio de aceptar las restricciones
que de manera voluntaria se impuso para tener la certeza de que en todas las circunstancias se
conducirá responsablemente por medio de un necesario “autogobierno”; el vínculo voluntario a las
reglas precisas y más o menos rígidas del Contrato Social es el mejor escenario para obtener metas
comunes y trascendentes de carácter duradero, esa es, precisamente, la aventura de la democracia,
una construcción colectiva y diaria de la nacionalidad.
Es en el marco del modelo “Fuerte” que nos situaremos.
17
La democracia liberal supone implícitamente una sociedad civil con cierta fortaleza que tenga la
posibilidad constante de crecer, que sea pluralista y por ende incluyente y que los ciudadanos que la
integran sean conscientes de sus derechos que solo se pueden ejercer en condiciones de igualdad y
libertad; de estos implícitos, los politólogos la ven solo en términos de “procedimiento” o de
funcionamiento correcto de sus mecanismos y, los constitucionalistas la ven en términos
“normativos”, lo democrático de las instituciones está en sus fines y no solo en como se
integran y como funcionan, ya que el modelo primario de Montesquieu o de Locke se supera por la
evolución del estado-nación liberal clásico a modelos intervencionistas y ahora, neoliberales, en
entornos económicos cada vez más globalizados. De lo que se trata es de garantizar la democracia
sin indebidas restricciones para que se puedan dar la eficacia y la capacidad de respuesta del
gobierno en condiciones de estabilidad, continuidad y seguridad del orden vigente y el modelo fuerte
es un modo válido de hacer frente a esto y, dentro de todas las consideraciones que se han hecho,
de imposible perfección, pero el más idóneo que existe.
La Democracia constitucional antes que una doctrina o una teoría decantada es una eficaz
“Solución” de tipo práctico para el problema enunciado de dotar de legitimidad a un sistema
de gobierno imperfectamente democrático donde las decisiones colectivas no siempre serán
justas, pero que se propone garantizar que los procedimientos de adopción de dichas
decisiones lo sean. No se asegura un gobierno perfecto pero al poner el eje del sistema en la
preservación de la libertad y la seguridad de cada uno, el peligro de la tiranía de los gobernantes o
los excesos de las mayorías nos parece menos aterrador. Al respecto, HAMILTON o MADISON en el
Nº LI de los “Federalist Papers”, dicen: “Si los hombres fueran Ángeles, no habría necesidad de
ningún gobierno. Si los Ángeles gobernaran a los hombres, no serian necesarios controles
externos o internos sobre el gobierno. Al establecer un gobierno que ha de ser administrado por
hombres para los hombres, la gran dificultad radica en esto: primero se debe capacitar al gobierno
para que controle a los gobernados; y a continuación obligarle a controlarse a si mismo. El
hecho de depender del pueblo es, sin duda, el control fundamental sobre el gobierno; pero la
experiencia le ha enseñado a la humanidad que son necesarias precauciones auxiliares”.
(Negrillas nuestras).
Lo dicho nos permite colegir que ninguna democracia puede sostenerse frente a una cultura política
débil o contraria a la misma, pensar que los derechos políticos esenciales pueden ser protegidos por
18
la sola garantía judicial es incurrir en demasiada ingenuidad. Como no estamos frente a una sola
definición de democracia ni existe acuerdo sobre las reglas de la misma y solo existe este en
relación a sus elementos básicos, determinar el alcance de cada derecho político esencial, es una
cuestión política. Ningún Tribunal Constitucional por más autoridad que se le atribuyera nada
hubiera podido hacer frente a un contexto político antidemocrático que deseaba acabar con el
estado de derecho, como en la Italia de 1923, la Alemania de 1933 o el Chile de 1973, el Uruguay
de este mismo año o el Perú de 1992.
A nadie escapa que la crisis de lo que se ha dado en llamar “PARA POLÍTICA” es la más grave que
ha tenido nuestro país, incluso cualitativamente mayor que la del célebre “Proceso 8000”, donde al
final los congresistas condenados fueron 26. Hoy, el número de congresistas investigados llega casi
a 70 y el de detenidos a 30 con la posibilidad de que aumenten los que son investigados. Sobre la
base de que entre Senado y Cámara, el Congreso tiene 260 integrantes, se enfrenta una
situación donde una tercera parte del mismo podría quedar condenada, inhabilitada o, con la
credibilidad moral que la democracia impone, en tela de juicio. Así, una de las ramas del poder
está en un limbo político y jurídico y su credibilidad en lo nacional y lo internacional es nula y ha sido
comprobada judicialmente la falta de legitimidad en virtud del aporte de votos parapolíticos de varios
partidos que demuestran con ello ser violadores de la ética democrática.
Lo que ha quedado al descubierto tras las investigaciones judiciales en las que se han obtenido
confesiones de sus responsables, es que el fenómeno narcoparamilitar y la dirigencia de la
mayoría de los partidos terminaron siendo en sí una sola cosa y que muchos de ellos,
realizaron acuerdos con los criminales o consintieron sus acciones a cambio de votos para
permanecer activos en la arena política. Otros, inclusive, intentaron a través de esa vía, “refundar”
la nación, como se enuncia en el “pacto de Santa fe de Ralito”, firmado en julio del 2001 y mantenido
en secreto. “Refundar” significa, sin hacer mucho esfuerzo intelectual, volver a erigir o establecer
algo, en este caso modificar el modelo de Estado nacido de la Constituyente de 1991 para
transformar en poder político el considerable poder económico del narcotráfico y redituar así los
beneficios de los genocidios, hechos estos por los cuales Colombia ya ha sido condenada en la
Corte de San José (Casos de Mapiripán y la Gabarra entre otros). Luego, es inocultable la gravedad
de los hechos que Colombia vive.
19
Al respecto, El Profesor de la Universidad de París I y del Instituto de Ciencias Políticas de dicha
ciudad, OLIVIER DUHAMEL y el entonces Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de
los Andes y hoy magistrado de la Corte Constitucional, MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA,
dijeron sobre COLOMBIA en el Anexo I titulado “Los Desarrollos recientes en las democracias
latinoamericanas (Hasta Agosto de 1996)”de su muy completo estudio “LAS DEMOCRACIAS, entre
el Derecho Constitucional y la Política” lo siguiente: “...Lo anterior era tan impensable como la
noticia de que el dinero del cartel de Cali había ingresado, no solo a una veintena de políticos
regionales, sino a las arcas de la campaña presidencial del candidato ganador. Este dinero, cuya
cuantía podría representar entre el 20% y el 35% del total de los fondos de la campaña, habría ido a
financiar los gastos de la segunda vuelta de la elección presidencial,…” y mas adelante, afirman: “Esta
es sin duda, la mayor crisis política en Colombia en la segunda mitad del siglo XX. También ha sido el mas
duro episodio de la pelea de los renovadores contra los clientelistas, y de los jueces contra los narcos en su
manifestación de narcocorrupción”. (Obra publicada por Tercer Mundo Editores y la Universidad de los
Andes, 1ª.ED. 1997, Págs. 398 y 401).
En el párrafo final del Anexo I dedicado a COLOMBIA, estos autores de modo clarividente
dicen:”Finalmente, en Julio, al celebrarse los cinco años de la Constitución de 1991, nadie atacó su espíritu.
Pero se ve venir la revancha y la contrarreforma de una clase política acorralada pero arrogante.
Además de algunas reglas de juego electorales, la independencia de la Fiscalía frente al Ejecutivo y los
poderes de control de la Corte Constitucional durante los estados de excepción son los principales blancos.
Es una muestra más de que la Constitución está sirviendo de palanca para transformaciones
concretas, pero también, un desafío más para el nuevo constitucionalismo del cual Colombia, en 1994,
presentaba la aurora. La pregunta es: ¿Serán los grises nubarrones de mediados de los noventa el presagio
de una tormenta, o el comienzo del final de una noche mas larga y oscura?”. (Op. Citada, Pág. 402).
El proceso político que llevó a la Constituyente de 1991 es rico en enseñanzas, la principal se halla
en la circunstancia de que el consenso de las principales fuerzas de ese momento se plasmó en un
Decreto en ejercicio de las facultades del Artículo 121 de la Carta de 1886 que convocaba a integrar
una Asamblea Constituyente que formalmente vulneraba los mecanismos de reforma constitucional
contemplados en el plebiscito de 1958 pero que a pesar de ello fue declarado exequible por la Corte
Suprema al motivar esa histórica sentencia a partir de las fuentes materiales creadoras de
20
hechos políticos capaces de generar normatividad constitucional tal como lo desarrolla
KELSEN.
Hoy, de manera mucho más expedita, se podría aplicar el Artículo 104 de la Carta sometiendo a la
Consulta allí prevista un texto fruto de un consenso de todas las fuerzas políticas, como en
1990, donde se modifique el capítulo 2 del Título IV de la Constitución con una normatividad de este
rango que establezca un estricto marco de creación, funcionamiento y actividad partidista, al igual
que unos sistemas de escrutinios que fortalezcan la participación ciudadana y haga de Colombia un
“ESTADO DE PARTIDOS” viable y eficaz, como acontece en todas las democracias constitucionales
de derecho. Todo sobre la base de que esta materia dependerá de lo que la jurisprudencia
constitucional desarrolle y el legislador solo podría dictar las normas de procedimiento o mecánica
electoral puesto que las de rango constitucional tendrían un carácter, si se me permite la
expresión,“Cuasi Pétreo” por provenir en exclusiva del Constituyente primario y así no se podrían
modificar por Actos Legislativos, esto dentro de la tradición del “Constitucionalismo Fuerte” expuesto,
donde sin excepción, el Tribunal Constitucional es el garante o fiador de que la democracia liberal y
la práctica de la misma, se efectúan en estricto apego a la Carta Política.
Los mecanismos de Referendo Reformatorio o de Asamblea Constituyente previstos en la
Constitución son de una muy difícil instrumentación, porque en ambos casos se necesita una Ley
que los convoque y, precisamente es con el problema de la “Parapolítica” que el Congreso está
postrado y deslegitimado pendiente solo del día a día para ver quien es el nuevo capturado.
Para realizar esta propuesta es menester que la presidencia de la República se muestre con un
sentido de amplitud conceptual y de miras políticas y entienda que más reelecciones inmediatas
carecen en este contexto de sentido y que sin su concurso el Artículo 104 citado no se puede
aplicar, desde la perspectiva expuesta de conservar y mejorar cada vez más nuestro modelo de
Democracia. Entendemos que para que esto se haga viable, dentro del más puro “Realismo Político”
deba pagarse el alto precio de declarar en un artículo transitorio que los “Parapolíticos” condenados,
muchos con ínfulas de “refundadores de la República”, sean indultados, los que tienen procesos
vigentes por tal motivo se les cesa el procedimiento a condición de la aceptación de los cargos y que
todos quedan inhabilitados para el ejercicio de funciones públicas, cuestión recomendada también
21
por la comisión que el Presidente de la República ha integrado al efecto. Complementado con la
pérdida de la personería jurídica de todos los partidos que han quedado sin la representación con
que fueron elegidos en el año 2006 como resultado de su vinculación a la narcoparapolítica o
bien, por ser parapolíticos de modo directo y que hoy, precariamente, llevan una existencia
fantasmal con militantes que obtuvieron irrisoria votación.
No debemos resignarnos o postrarnos a los males y angustias de nuestra época, cada tiempo tiene
consigo sus modos de mostrarse, sus normas y sus distorsiones, sus pretensiones de normalidad y
sus falsificaciones; luego, cuando más serios seamos al asumir y aceptar, este, nuestro tiempo, con
más fuerza debemos ser intransigentes con todos sus fraudes e imposturas.
Muchas Gracias,
DAVID ENRIQUE MERCADO
Docente de D. Constitucional de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Cartagena.
Agosto 4 de 2008.
NOTA ACLARATORIA:
Después de celebrado esta encuentro de la jurisdicción Constitucional, estallaron los escándalos del
DAS, las chuzadas a la Corte Suprema, el seguimiento a los opositores del régimen Uribista y la
extradición de todos los “paracos” que firmaron el acuerdo de Santa Fe de Ralito; todo ello mientras
se pretendía un tercer período mediante una segunda reelección y se producían los
eufemísticamente llamados “Falsos positivos”.
El supuesto político para aplicar el Art. 104 de la Constitución tal como se propuso dejó de existir, el
régimen hacía parte del problema y no de la solución.
22

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Democracia y Derecho Constitucional - David Mercado Pérez

  • 1. 1 DEMOCRACIA Y DERECHO CONSTITUCIONAL Conferencia dada el día 4 de Agosto en el IV Encuentro de la Jurisdicción Constitucional. 17 años de Jurisprudencia. Balances y perspectivas. Agosto 4, 5 y 6 de 2008. “La Democracia no puede separarse de la noción de partido, pero la noción de partido puede muy bien existir sin la democracia. Esto ocurre cuando un partido o un grupo de hombres cree poseer la verdad absoluta”. ALBERT CAMUS RESUMEN: La Democracia liberal tiene como característica esencial, la de ser una democracia constitucional y por consiguiente, la de tener a la jurisdicción constitucional en una condición necesaria para funcionar. Empero, esta jurisdicción ha sido criticada por que da origen a un “Gobierno de los Jueces” que de algún modo desvía el “sentir” democrático; hoy se acepta de un mejor talante a la misma sin que ello signifique que la relación entre dicha jurisdicción y la democracia siga siendo problemática. En el contexto del debate, el argumento “Democracia” tiene una gran fuerza porque se puede mover en todas las direcciones y contribuye de modo decisivo no solo en la consolidación sino en la expansión del sistema de control concentrado de constitucionalidad, expansión que va de la mano con el reconocimiento de los derechos humanos como factor determinante de la legitimidad de los gobiernos y con un avance cualitativo de la democracia a raíz, de las experiencias traumáticas de los fascismos y totalitarismos en general que provocaron un fortalecimiento de la jurisdicción constitucional como mecanismo de salvaguardia de la “tiranía de las mayorías” que en forma de “procesos electorales” con ropaje democrático destruyeron el sistema de libertades y derechos fundamentales. ¿Cómo afrontar una democracia como la colombiana donde los fenómenos del paramilitarismo, la parapolítica, el clientelismo y la guerrilla, perturban el funcionamiento de esta? Por democracia constitucional se entiende hoy no solo que la Constitución sirva de límite a los poderes públicos sino que procure algo juzgado hoy como esencial, hacer posible un gobierno democrático. Así, Una Constitución es democrática no solo por ser un instrumento de esta sino que se legitima a sí misma, por el fin al cual sirve. PALABRAS CLAVES: Constitución, Derecho Constitucional, Democracia, orden liberal, partidos políticos. SUMARIO: Introducción. I. Conceptos Básicos. II. La Tensión entre D. Constitucional y Democracia. III. Los Riesgos de la Democracia Constitucional. IV. Respondiendo las Preguntas Planteadas.
  • 2. 2 INTRODUCCION: La fuerza de una Constitución liberal depende del ejercicio responsable, por el nivel de conciencia ética y cívica que implica, de las tareas de todos los órganos de poder del Estado y la sola existencia de la Jurisdicción Constitucional con su papel ampliado no solo como “Legislador Negativo”, sino como creador de derecho vía “modulación” del efecto de sus sentencias y de la fuerza vinculante de la RATIO DECIDENCI de estas, hacen de ella un “Actor Político”, cuya actividad jurisprudencial tiene la virtud de influir en los demás actores de la política y encauza el debate político e, incluso, sus resultados, de modo tal que un Tribunal Constitucional es en si un factor político. Es el derecho Constitucional el que propende por el reforzamiento del juego democrático protegiendo los derechos que hacen posible la participación de todos en condiciones de “libertad e igualdad” por lo que inducir cambios en los hábitos de comportamiento político por el fácil expediente de modificar reglas constitucionales aprovechando temporales “mayorías” o si se quiere, “mayorías arrolladoras”, viola el consenso sobre lo mínimo o fundamental que es la materialidad de una Constitución Liberal. La modificación de las reglas constitucionales debe partir de una convergencia o de un consenso en el sentido de admitir que la reforma está justificada para enmendar errores o imprevistas injusticias que el orden vigente toleraba o hacía posible. Una Constitución liberal solo es posible en una Democracia constitucional, pero esta solo se legitima a partir de las reglas de la propia Carta Política y las reglas constitucionales son las bases que posibilitan el ejercicio de la autodeterminación de una sociedad de hombres libres e iguales. Es claro que la mera circunstancia de aprobar una constitución democrática no convierte de modo automático a la nación que lo haga en una democracia constitucional; empero una Constitución de este tipo por poseer una poderosa carga simbólica pasa a ser un factor clave en los procesos de democratización y en la consolidación de la misma. En nuestro país se han dado dos fenomenologías con relación al juego democrático en el referente de la democracia constitucional: La reelección presidencial inmediata y el paramilitarismo, la parapolítica y la guerrilla conjugados con la debilidad de los partidos convertidos en simples máquinas clientelistas; nos proponemos en esta exposición abordar la segunda de estas planteando dos interrogantes:
  • 3. 3 --¿Cómo considerar el caso Colombiano, donde el paramilitarismo, la parapolítica, el clientelismo y la guerrilla perturban e, incluso, invalidan la democracia? --¿Cómo considerar en el caso colombiano la sempiterna debilidad de los partidos y su conversión en poderosas máquinas clientelistas que al interior del sistema político corrompen la democracia? I. CONCEPTOS BÁSICOS. “Yo soy yo y mi circunstancia, si no la salvo a ella no me salvo yo”. ORTEGA Se trata de precisar la relación existente entre el Derecho Constitucional como creación de la concepción iusfilosófica liberal, a partir del contractualismo y del modelo clásico de Estado de pesos y contrapesos, expresados estos hoy en mecanismos idóneos de control con la democracia representativa liberal basada en partidos políticos, que de manera dinámica, articula la concepción contractualista citada con el funcionamiento del sistema de contrapesos y controles en cuestión, sobre la base de que el soberano que origina la legalidad y la legitimidad es el pueblo. Dicha articulación está enmarcada en un texto denominado constitución, cuyas reglas tienen la doble función de definir que es lo legal y a la vez suministrar los criterios para saber si la actuación de los órganos de poder del Estado se puede tener como legítima. Pero, ¿Que se entiende en esta perspectiva por Constitución? ANDRE HAURIOU nos dice que es el “encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos”. Esta conceptualización encierra a su vez dos ideas de comprensión problemática: comencemos por lo de "fenómenos políticos", estos hacen referencia de la manera más general posible a todos los hechos que se dan en la vida social y que inciden sobre la comunidad donde participe o esté implícita la noción de poder o sea de quienes mandan y cómo mandan, HAURIOU enseña que los mismos se dan en tres dimensiones distintas: A. El reconocimiento total del hombre por el hombre ya que es el ser humano como una integridad el sujeto y el objeto de la política.
  • 4. 4 B. La determinación de lo que es bueno para la sociedad, puesto que cada comunidad humana según su evolución histórica define por sí y ante sí lo que juzga deseable, justo y útil dentro de eso que se ha convenido en amar el bien común. C. Las relaciones entre gobernantes y gobernados: como en toda sociedad humana encontramos una minoría que manda y una mayoría que obedece, es necesario establecer unas reglas que regulen la forma como los gobernantes habrán de mandar y como se integran los órganos que administran el poder a la par que los deberes y controles de los gobernados sobre los primeros. Estas relaciones son la materia de eso que llamamos el juego político. El "encuadramiento jurídico" del juego del poder ha sido más tortuoso y complicado y puede decirse que nunca será posible hacerlo de modo completo, este concepto va de la mano del de "estado de derecho" y aparece por vez primera en Inglaterra, formalizado con lo que los británicos llaman la “Revolución Gloriosa” de 1688, HAURIOU da tres razones para sustentar el por qué de lo difícil de ello: 1. Por la violencia inherente a las relaciones políticas. 2. Por estar la vida política en constante evolución, siendo sus manifestaciones imprevisibles y, 3. Porque no siempre los gobernantes se muestran respetuosos de las normas que regulan el juego del poder y a menudo las desconocen. Con este concepto de “Constitución” en mente, abordamos el segundo aspecto: ¿Qué es el Derecho Constitucional? Entendemos por este, en la perspectiva liberal actual, a la rama del Derecho que estudia las normas que buscan regular dicho encuadramiento jurídico, por lo que se mueve entre dos polos que parecen excluirse y, que al considerárseles en solitario, la concepción contractualista estima que imposibilitan la vida social, el de la autoridad y el de la libertad; el Derecho Constitucional es simultáneamente una técnica de autoridad y una de libertad. El mismo busca, al decir de HAURIOU, "organizar en el marco del estado-nación una coexistencia pacífica del poder y de la libertad".
  • 5. 5 Este objeto del Derecho Constitucional es titánico y por serlo, le confiere a la labor de interpretar la normativa de una constitución características muy concretas y específicas. Ahora bien, la normativa constitucional no puede, como cualquier normativa, preverlo todo, de allí que haya sido esta rama del derecho la primera en plantear la aplicación de la misma, previo su "entendimiento", desde dos perspectivas: A. La interpretación propiamente dicha, donde hay norma, y B. La integración del derecho, técnica por la cual se llenan los “vacíos” que existan en una constitución sobre todo en materia de derechos fundamentales y de contenido y alcances de la libertad No se olvide que no existe la interpretación analógica o la aplicación analógica porque no hay normas constitucionales que ordenen aplicarla a casos parecidos o textos de ese rango que regulen situaciones parecidas o similares. La interpretación constitucional sobre un texto y la jurisdicción encargada de hacerlo, tienen dos características básicas: 1. La Constitución es una norma límite, y 2. El juez constitucional es un órgano límite. Lo primero quiere decir que por encima de la constitución no hay más normas, ella es la norma que da valor a las demás (norma normarum) pero sobre ella no existe ninguna por lo que se valida a sí mismo como expresión de la soberanía; a su vez, el nivel de generalidad es mayor por lo que la vaguedad de sus palabras y la ambigüedad de sus conceptos aumenta. Además, esta supremacía significa que por encima del juez de constitucionalidad no hay más instancias, esto implica que sus sentencias nadie las revisa. El poder de una corte constitucional es pues inmenso. Este poder conforme a la tendencia nacida en la segunda posguerra y doctrinas elaboradas con ocasión de este conflicto, han conducido a reconocer dos cosas importantes:
  • 6. 6 1. Que la jurisprudencia constitucional es obligatoria no solo en lo resuelto sino en el sentido de la normatividad interpretada y, 2. Que el juez de constitucionalidad colegisla cuando modula el efecto de sus sentencias. Nos queda por abordar el concepto de “Democracia Liberal”, este necesita obligatoriamente de los partidos por lo que es menester que el régimen jurídico de los mismos sea regulado en la propia Constitución; sin embargo, esta relación entre democracia liberal y partidos es muy dinámica a la vez que es interactiva por lo que regular a los partidos de acuerdo a una definición constitucional es calamitosa, ya que al interpretar tal normatividad casi siempre se distorsiona la posición jurídica de los mismos y, estos, valiéndose de su importancia y necesidad buscan modificar esta juridicidad en beneficio propio poniendo así en riesgo al estado de derecho democrático. No puede olvidarse que en la concepción liberal el estado es el garante del contrato social y esto determina sus fines y que dicho “contrato” se enmarca en la Constitución y esta última solo adquiere sentido a través de la jurisprudencia constitucional. El protagonismo de los partidos en la democracia liberal es hoy avasallante, a tal punto que han venido a ser una realidad de hecho que crea su marco de derecho ya que la “Democracia de partidos” se ha convertido en una “Democracia de los partidos”, al decir del tratadista español MIGUEL PRESNO LINERA en su obra “Los Partidos y las Distorsiones Jurídicas de la Democracia”. (Editorial Ariel, 1ª Ed. 2000). Esto ha traído como consecuencia que sea hoy objeto de estudio el marco jurídico del necesario protagonismo de los partidos en lógico desarrollo del principio democrático y las distorsiones que estos introducen al mismo para consolidarse jurídicamente desde la única perspectiva de sus intereses y de su dinámica. II. LA TENSION ENTRE DERECHO CONSTITUCIONAL Y DEMOCRACIA. “No Existe Vida Verdadera en la Falsedad” THEODOR W. ADORNO En los años sesenta del siglo XX, se presencia un renacimiento de la idea de “Contrato Social” ya que se difundió por todo occidente un sentimiento de crisis, la crisis de la legitimación del estado democrático Liberal y sus normas esenciales de convivencia y funcionamiento, cuestión que condujo
  • 7. 7 a la búsqueda de nuevos enfoques teóricos que fundamentaran las instituciones sociales de tradición liberal. Esta fue la década de la guerra del Vietnam, del Mayo francés, de la primavera de Praga, de la guerra de los seis días y de la colocación de las bases de la globalización económica donde las transnacionales se convertían en multinacionales al dirigir hacia sí dineros de todo el mundo en todas las bolsas de valores y adquirían así recursos financieros y un patrimonio propio mucho más grande que el de casi todos los Estados-Nación. En suma, fue la década de un inmenso desconcierto no solo de lo que era el Estado Liberal, sino de lo que debía entenderse por Filosofía Liberal. El enfoque teórico más importante ante tal crisis de legitimación fue la reconsideración de lo que debía entenderse por “Contrato Social” y se dijo que este debía ser un MODELO HEURÍSTICO útil para analizar los fundamentos racionales de la interacción social, teniendo a estos fundamentos como “Reglas” que pueden ser voluntariamente aceptadas por todos. Los teóricos que mas animaron el debate sobre que entender por “Contractualismo” fueron JOHN RAWLS, ROBERT NOZICK y JAMES BUCHANAN, quienes identificaron tres temas centrales en esa añeja idea del Contrato Social: La de la JUSTICIA como criterio del mismo, la del CONTRATO como discurso insertado en una teoría discursiva y la de que dicho CONTRATO está basado en el presupuesto de que quienes lo celebran son individuos racionales que persiguen sus intereses. Esto es lo que muchos teóricos denominan el “Neo Contractualismo”. La crisis de la década de los sesenta descrita fue de la mano de una crisis de los partidos en EE.UU. Inglaterra, Francia, Italia y Alemania, crisis que en su momento condujo a releer a ROBERT MICHELS, alumno de MAX WEBER, en su obra “Los Partidos Políticos” y las tesis allí expuestas, que a pesar de tener casi cien años de enunciadas y de que fueron cínicamente usadas por los enemigos de la democracia liberal en los años de primacía de los fascismos, nos dicen que hoy es mas real que nunca eso que de modo eufemístico se ha dado en llamar la “Dura Realidad de los Partidos”, puesto que es lo que mas desacredita a la democracia liberal que necesita expresarse, y no puede ser de otra forma, por medio de una “Democracia de los Partidos”. Esta “Dura Realidad de los Partidos” se da porque los mismos son en su interior poderes oligárquicos (Ley de Hierro de los Partidos) por lo que en cada uno existe una contradicción entre su
  • 8. 8 base democrática y su deber de actuar como sujetos activos de la democracia con su estructura interna de tipo oligárquico que asfixia esa base democrática que lo sustenta. Esta tendencia de asfixiar la democracia que le da origen pretende justificarse con la afirmación de que en cualquier sociedad “la mayoría es incapaz de ejercer un autogobierno” por que está “predestinada por la trágica necesidad, a someterse al dominio de una pequeña minoría”. (Los Partidos Políticos. Amorrortu Editores, 1ª Ed. 5ª reimpresión 1996). Son dos las vertientes que buscan “superar” este problema ontológico de la democracia liberal expuesto. La AUTORITARIA, partidaria de gobiernos fuertes y del descrédito que legitime el cierre del órgano legislativo y la del AUTOGOBIERNO DEL PUEBLO, sin que los partidos sean los intermediarios entre el cratos y el demos. Ambas, empero, muestran una disfunción clara y profunda entre el ser de los partidos y su deber ser político-jurídico dentro del esquema que la filosofía liberal ha elaborado al respecto. Estas consideraciones acerca de la dura y opresiva realidad de los partidos, es decir, esta crítica a los partidos como pervertidores del estado democrático liberal está obligada a presentar una propuesta de cómo se conforma ese deber ser en términos de tipo filosófico-político, dado que la corrupción que se predica de ellos es al mismo tiempo la del sistema político inventado por el pensamiento liberal. Así, el concepto de soberanía popular debe dejar de ser un principio de una cierta y concreta organización social y pasar a ser, en sí, una forma efectiva de organización social. De la “Apariencia” de soberanía popular que se plasma en una opinión pública expresada solo en los medios de comunicación y en las encuestas, se debe pasar a una soberanía efectivamente funcional apoyada en la libertad y la igualdad de los individuos lo mas real y concreta posible en el aquí y en el ahora; vale decir en la realización del Contrato Social desde las perspectivas identificadas por RAWLS, NOZICK y BUCHANAN, que vienen anotadas Observamos sin embargo que los partidos no solo ACABAN con la posibilidad de realizar este deber ser, sino que están haciendo algo peor, lo reformulan por medio de una operación de magia o ilusionismo que nos induce a tener una pseudo democracia con ropaje de democracia real por
  • 9. 9 medio de presentar el ser de los partidos como si fuera en sí el deber ser de la soberanía popular. No es pues una realidad que pervierte la constitucionalidad, es algo más definitivo y corruptor: la legalidad acaba por ser elaborada (Normas) desde el dictado y por el dictado de la realidad de los partidos. Aquí está el mayor desafió de la Teoría Constitucional actual y de la actuación de la jurisdicción constitucional. La “Soberanía Popular” se usa cada vez con más desparpajo para justificar en “nombre del pueblo” aventuras políticas al margen de la Constitución o en contra de ella, enmascarando mecanismos instrumentales que en sí frenan la democracia y la falsean, beneficiándose las oligarquías partidistas; por ello, la tarea de un demócrata contemporáneo no es la de “Reivindicar” la soberanía sino la de reclamar constantemente las mas amplias y efectivas garantías de los derechos fundamentales, por un lado, como medio seguro de convivencia democrática que permita la participación política en todos los niveles. Por el otro, un demócrata debe propugnar por que la democracia se cualifique día a día para así limitar lo más que se pueda la hipertrofia enfermiza de las oligarquías partidistas por medio de desalojar toda la “Legalidad” expedida por dichas oligarquías en beneficio propio; en últimas, un demócrata se define por su capacidad activa en defender el principio esencial de lo que es EL ESTADO DEMOCRATICO Y CONSTITUCIONAL DE DERECHO, esta es su tarea política primordial. Partimos para lo dicho de lo que es la esencia del Liberalismo, que una sociedad que se tenga como un todo democrático debe, obligadamente, hacer una distinción entre tres elementos que son diferentes: 1º. La Realidad, expresada en una rápida circulación de las élites. 2º. El Deseo de asegurar y hacer funcionar la igualdad y 3º. El Propósito de que el demos participe en mayor medida en los procesos de toma de decisiones (Democracia Participativa), en razón a que cualquier análisis o reflexión sobre la democracia liberal gira siempre en torno a tres ideas fundamentales: La Soberanía Popular, El Autogobierno y la Igualdad, que son en si mismas y en conjunto el ideal de la democracia liberal. Este ideal no ignora que la política es, en su esencia la relación entre gobernantes y gobernados, pero esta relación debe adquirir la forma de un poder directo y limitado de los gobernantes, en conjunción con los mecanismos que tienen los gobernados de que los fines del Estado se lleven a
  • 10. 10 cabo; ya que en la democracia liberal al afirmarse que el Demos es el soberano, nadie es por entero súbdito o soberano. Si bien es cierto que no es fácil trazar tal lindero, ello no indica que el no existe, por lo que la democracia liberal funciona sobre una fuerte paradoja: Existe el gobierno del pueblo pero al mismo tiempo existe un gobierno sobre el pueblo. El problema crucial está en como conciliar estos requisitos, por ello se presenta, como acontece la mayoría de las veces, una gran discrepancia entre los principios filosóficos y las acciones, la Democracia liberal al postular el “Gobierno del Pueblo” hace diaria manifestación de una fe y al tratar de concretar esta en el mundo de lo real, se torna en un caso de razón práctica, en una ética específica de acción con unos objetivos a la vista. Así las cosas, la política es y será el resultado o el producto de lo políticamente activo, ya que la Democracia es un sistema político que declara que el poder reside en el Demos actuante que la dinamiza. Por lo que es este y solo este el productor único de resultados políticos, tal como lo concibieron los atenienses, la democracia solo puede ser eficaz si funcionan lo que entendieron eran sus elementos esenciales: La ISOGORIA, La ISONOMIA y la ISOCRACIA. De allí que hoy se estime que la Democracia es una rendición de cuentas de los gobernantes cuando cesan en sus cargos y un eficaz sistema de controles, este aspecto nos puede remontar a lo que los republicanos romanos denominaron la “VIRTUS CIVITATIS”, que implica aceptar que la República funciona por que la adoptamos en nuestra eticidad y como práctica moral y no como fruto de una hiperlegislación, al respecto, TÁCITO dijo: “A mayor corrupción de la República, mayor número de leyes”. III. LOS RIESGOS DE LA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL. “-¿Cómo podemos combinar el grado de iniciativa individual necesario con el grado de cohesión social imprescindible para la sobrevivencia?”. BERTRAND RUSSELL La crisis de los años sesenta comentada produjo un resultado interesante: Una nueva fe en las constituciones escritas expresada en una ola de creación de constituciones liberales, en países que tenían regímenes autoritarios o deseaban evolucionar hacia una democracia más funcional que se
  • 11. 11 apoyase para ello en una democracia constitucional, proceso que se evidencia a partir del colapso del “Socialismo real”. Tal fe se soporta en la convicción de que una constitución de base liberal es una herramienta eficaz e indispensable para el establecimiento de un sistema democrático con una fuerte vocación de estabilidad y contiene las decisiones trascendentales del tipo de democracia que se pretende y, los distintos contextos de cada uno de los procesos constituyentes que les dan origen nos permiten entender sus partes o elementos mas originales. Además, en todas se acepta que la existencia de procedimientos idóneos que garanticen la supremacía de la Constitución aprobada es condición indispensable para que el proceso democrático que le dio origen cristalice en el funcionamiento del orden democrático erigido, ya que en todos los países que lo hicieron es tan importante como el objetivo de contar con una democracia, el de evitar un retorno a regímenes autoritarios o el conjurar el peligro de un derrotero “No Liberal” de la democracia. Ya anotamos la asimetría que existe entre aprobar una Constitución liberal y que el país donde deba aplicarse no funcione como una democracia constitucional. Algunos teóricos afirman que esto se da porque el constitucionalismo es un prerrequisito de la democracia y de ello concluyen que una democracia efectiva solo es posible frente a un proceso de aplicación “Fuerte” del constitucionalismo y por consiguiente enfrentado a quienes defienden una aplicación “Débil” del mismo. El “Constitucionalismo Débil” entiende el control judicial de la supremacía de la Constitución como un “QUASI GUARDIANSHIP”, expresión que se ha traducido como “Cuasi Tutelaje” y la misma la define ROBERT DAHL como el ejercido “por un poder judicial dotado de autoridad final sobre ciertas cuestiones ligadas a la protección de procedimientos y resultados de fondo”. Este “Poder” solo actúa si los derechos fundamentales y los intereses esenciales de la sociedad no se pueden “Guardar” por medio de procesos democráticos, por lo que la opción que resta es que la protección provenga de un órgano que no dependa de tales procesos. Como “Tutelan” subsidiariamente si los procedimientos democráticos no funcionan, DAHL llama a tal órgano “Cuasi tutor”.
  • 12. 12 Los seguidores de la forma “Débil” de control constitucional parten del supuesto de que no se puede razonar desde la afirmación no verificable de que los jueces de constitucionalidad poseen virtudes, conocimientos y capacidades mas elevadas como para erigir la presunción de que en sus decisiones no tendrán las mismas fallas que también de modo fatal afectan a las que se adopten por el ejercicio de procesos democráticos. Además, los derechos no son premisas como lo postula la concepción “Fuerte”, sino que al aceptar la “regla de las Mayorías”, estos derechos pasan a ser meras conclusiones por lo que no pueden ser límites de la democracia en el sentido explicado ya que han llegado a ser “Derechos” como fruto de anteriores conquistas democráticas. Al respecto DAHL en su obra, ya clásica, “La Democracia y sus Críticos” (Ed. Paidós, 2ª. Edición, 1993), nos dice: “Aseverar que un derecho o interés determinado debería ser inviolable por el proceso democrático no equivale, como a veces se dice, a plantear un derecho “contra el Estado”, como si el “Estado” fuese cualquier Estado; más bien equivale a afirmar un derecho contra el proceso democrático en el gobierno de un Estado democrático, que presumiblemente será un buen Estado, quizá el mejor posible”. DAHL y los seguidores de esta versión, se apoyan en la muy conocida afirmación de JOHN DEWEY de que “El remedio para los males de la democracia es más democracia” para pedir una mayor democratización del sistema de democracia constitucionalizada que tiende a desarrollar rigideses e, incluso fenómenos de exagerado Statu Quo. Luego, si una sociedad ya está capacitada para actuar en democracia se debe renunciar a privilegiar derechos fundamentales sobre los de participación y que existan las mayores facilidades para reformar la Constitución de forma tal que todos los ciudadanos y sus representantes sean los responsables en definir y conservar la democracia y que esta función no dependa de los jueces. El Constitucionalismo débil, como se ve, da primacía a la democracia y enfatiza en ella el “Principio de las Mayorías” al propugnar el reforzamiento y no la restricción de los procedimientos democráticos por lo que la Constitución al plantearse como objetivo capital la construcción de una democracia real debe entenderse como que hace viable caminos para el debate y la deliberación de todos ya que es de la índole del sistema el desacuerdo y es solo por el debate que se llega a decisiones vinculantes sin que se parta de un acuerdo previo. Así, todos ellos afirman que el control judicial de la supremacía de la constitución del modelo fuerte es antidemocrático porque rechaza las mayorías y termina siendo una perversión de la democracia constitucional porque se ha
  • 13. 13 transformado en un sistema de “Control Judicial” que en sí es un puro y simple “Gobierno de los Jueces”. Empero, la experiencia de los regímenes totalitarios del siglo XX que desarrollaron Positivismos no liberales prueba las consecuencias más que terribles de confiar ciegamente en las mayorías y de que esta por si sola será el confiable guardián de los derechos fundamentales o bien, de que una cultura democrática es por si misma suficiente para garantizarlos; por ello, las constituciones liberales nacidas después de la segunda guerra mundial, al crear el denominado “Estado Constitucional de Derecho” que entiende primariamente por “Constitución” la mejor de las garantías del no retroceso de la democracia y, mas bien, propende por la progresividad de la misma. El modelo Constitucionalismo “Fuerte” está apoyado en el “Estado de Derecho Constitucional” alemán nacido con la “Ley Fundamental de Bonn” de 1949, que lo desarrolla al máximo y sirve como carta de presentación de quienes lo defienden; este se caracteriza por establecer una “juridicidad” superior de tipo constitucional que determina el marco estricto del poder del Estado y, usando la expresión más común, le “pone límites a la política”. Todo el constitucionalismo está codificado y la supremacía de la Carta está garantizada por algún tipo de control de constitucionalidad que tiene como objetivo político “La positivación jurídica de los valores fundamentales en los que se apoya el orden adoptado para la vida social y política”. Así las cosas, ¿el Principio Democrático que papel tiene dentro de esta concepción? El objetivo político enunciado pretende moderar y si se quiere “enmendar” el intrínseco relativismo de la democracia, que conduzca a que un sistema democrático se desplace hacia un “No Liberalismo” o hacia un “ILiberalismo”, el garante de que este objetivo se cumpla es el Tribunal Constitucional, quien simultáneamente fija una dirección a la acción política cuando se dice que esta está ajustada a la Constitución si cumple con los fines tenidos como superiores y determinados en la Carta y que tienen por ello la propiedad de ser justificativos del Estado; la actividad estatal en su integridad no asegura solo formales garantías de declaración y protección a las libertades, sino la de realizar la justicia en un sentido material entendida como una situación jurídica justa del mejor modo posible.
  • 14. 14 Todo esto solo es factible si funciona bien, no solo como mera mecánica procesal, la supremacía efectiva de la Constitución, ya que así y solo así es funcional el “Estado Constitucional de Derecho”; la legitimidad del sistema solo es posible en la Constitución y desde la Constitución y la definición jurídica de tal legitimidad solo es posible desde la jurisprudencia constitucional, por lo que los controles de constitucionalidad son un elemento de la esencia de la democracia. Pero, ¿Hasta donde es posible codificar en términos de constitucionalidad la democracia sin desnaturalizarla? --¿Es el “Constitucionalismo Democrático Fuerte” idóneo para sociedades con escasa o casi nula tradición democrática? Esta concepción fuerte del constitucionalismo se tiene como apropiada para “erigir” una democracia en una sociedad que aún no sea demócrata o bien tenga una democracia distorsionada por la disfuncionalidad de sus partidos y poca conciencia cultural de lo que ella significa; esto se debe a que el derecho tiene como un uso social importante el de crear hábitos alrededor de la práctica de sus reglas, de allí que muchos estimen que una Constitución da inicio a una tradición donde los principios formales insertados en su texto tales como los derechos fundamentales, la representación política y la división de poderes, entre otros, terminan por ser tenidos como una racionalización de la colectividad en su casi siempre azarosa experiencia en edificar y desarrollar una democracia. Por consiguiente, mantener a todo lugar la supremacía real y efectiva de la Constitución en los términos de esta concepción “Fuerte”, implica aceptar que la disminución del derecho al autogobierno expresado por mayorías temporales debe restringirse a cambio de la ventaja de conservar la estabilidad del sistema, mantenerlo seguro e imprimir como visión la búsqueda permanente de los objetivos que a ese orden político constitucional le ha asignado el constituyente. El modo como se mantenga dicha supremacía y la forma en que sea influido por los procesos políticos de los partidos, nos dirá enseguida y bastante sobre cual es el tipo real de gobierno y el estado de la democracia del país de que se trate; por tanto, siendo la democracia una práctica de conductas permanentes y regulares, ella genera unos usos y en sí un “Estilo” de vida que necesita paras existir, como nosotros al aire, generándose así su propio ETHOS que termina por ser el único
  • 15. 15 modo de auto reconocerse como democracia. En la concepción “Fuerte” la democracia de control constitucional descrita, elabora y nutre la “Ideología” del constitucionalismo. La democracia así considerada no es solo el resultado de valoraciones utilitaristas sino que al reivindicarla como el mas adecuado sistema para promover y defender la dignidad del hombre debe producir el imperativo ético de defenderla como el mejor de los bienes, incluso con el valor o coraje de desenmascarar a quienes buscan usar los formalismos y procedimientos democráticos para destruirla desde dentro, tal como sin violar los formalismos de la Constitución de Weimar se invalidó esta al declarar el Tribunal Constitucional alemán de la época, en 1933, la exequibilidad de la “Ley de Plenos Poderes” que sirvió para destruir la democracia de partidos e implantar un régimen de partido único, con el argumento de que esa ley era la voluntad mayoritaria del pueblo alemán representada por la coalición de partidos que la aprobaron en el Parlamento. Luego, ¿Qué perdemos creando una judicatura autónoma capaz de hacer valer los derechos fundamentales y la democracia que los posibilita frente al legislador y los encargados de interpretar y aplicar la Ley? En verdad, nada. Es un puro cálculo de pros y contras. IV. RESPONDIENDO LAS PREGUNTAS PLANTEADAS. “Nuestra Democracia, como en definitiva nuestro Estado de Derecho, viene marcada por la posición estratégica que en si misma y por voluntad del constituyente asume el Tribunal Constitucional” . PEDRO CRUZ VILLALON De modo razonable, el modelo “Fuerte” ha permitido que se preserve y funcione la democracia liberal por medio de garantizarla al interpretar la Carta Política desde el Principio de Democracia y llegar así a lo que se ha venido a llamar el “Estado de cosas democrático” que evite retrocesos antidemocráticos. Pero, todo tiene en política un precio, este modelo introduce una “dificultad” que puede llegar a actuar como un generador de entropía política, no se puede a partir del
  • 16. 16 constitucionalismo MEJORAR o CORREGIR un sistema que nunca será perfectamente democrático. Y ello es así en razón a que una Constitución democrática define y precisa un modo de gobierno que al involucrar imperfecciones, a la par que lo legitima, legitima estas últimas; por lo tanto, ¿como “Introducir” más democracia en el modelo para superar dichas imperfecciones, según lo propone DEWEY, si para ello debemos cambiar la Constitución o “Modificar” la jurisprudencia constitucional de una manera radical a como lo hiciera, por ejemplo, la muy conocida “Corte FRANKFURTER” en Estados Unidos para darle “Soporte Constitucional” al New Deal? Sobre este aspecto, DWORKIN nos dice: “Cuando un Tribunal adopta una decisión errónea en cuanto a lo que REQUIEREN LAS CONDICIONES de la democracia, la democracia resulta perjudicada. Pero no más que cuando una mayoría legislativa adopta una decisión constitucional equivocada que se deja estar. La posibilidad de error es simétrica”. (Freedom’s Law: The Moral reading of American Constitution. Harvard University Press, 1996, Págs.32-33). En este enunciado, el sistema de control judicial de constitucionalidad por su sola existencia no “Hace” al sistema más democrático, pero en sí, no la “Hace menos”, luego, ¿Dónde esta la ventaja del control de constitucionalidad? El JUDICIAL REVIEW tal como se concibió para la Constitución de Estados Unidos, y eso responde al interrogante de DWORKIN, significa que la Corte Suprema es un tipo de guardián de esta con la función de “Ayudar” al soberano a mantener su coherencia, por medio de aceptar las restricciones que de manera voluntaria se impuso para tener la certeza de que en todas las circunstancias se conducirá responsablemente por medio de un necesario “autogobierno”; el vínculo voluntario a las reglas precisas y más o menos rígidas del Contrato Social es el mejor escenario para obtener metas comunes y trascendentes de carácter duradero, esa es, precisamente, la aventura de la democracia, una construcción colectiva y diaria de la nacionalidad. Es en el marco del modelo “Fuerte” que nos situaremos.
  • 17. 17 La democracia liberal supone implícitamente una sociedad civil con cierta fortaleza que tenga la posibilidad constante de crecer, que sea pluralista y por ende incluyente y que los ciudadanos que la integran sean conscientes de sus derechos que solo se pueden ejercer en condiciones de igualdad y libertad; de estos implícitos, los politólogos la ven solo en términos de “procedimiento” o de funcionamiento correcto de sus mecanismos y, los constitucionalistas la ven en términos “normativos”, lo democrático de las instituciones está en sus fines y no solo en como se integran y como funcionan, ya que el modelo primario de Montesquieu o de Locke se supera por la evolución del estado-nación liberal clásico a modelos intervencionistas y ahora, neoliberales, en entornos económicos cada vez más globalizados. De lo que se trata es de garantizar la democracia sin indebidas restricciones para que se puedan dar la eficacia y la capacidad de respuesta del gobierno en condiciones de estabilidad, continuidad y seguridad del orden vigente y el modelo fuerte es un modo válido de hacer frente a esto y, dentro de todas las consideraciones que se han hecho, de imposible perfección, pero el más idóneo que existe. La Democracia constitucional antes que una doctrina o una teoría decantada es una eficaz “Solución” de tipo práctico para el problema enunciado de dotar de legitimidad a un sistema de gobierno imperfectamente democrático donde las decisiones colectivas no siempre serán justas, pero que se propone garantizar que los procedimientos de adopción de dichas decisiones lo sean. No se asegura un gobierno perfecto pero al poner el eje del sistema en la preservación de la libertad y la seguridad de cada uno, el peligro de la tiranía de los gobernantes o los excesos de las mayorías nos parece menos aterrador. Al respecto, HAMILTON o MADISON en el Nº LI de los “Federalist Papers”, dicen: “Si los hombres fueran Ángeles, no habría necesidad de ningún gobierno. Si los Ángeles gobernaran a los hombres, no serian necesarios controles externos o internos sobre el gobierno. Al establecer un gobierno que ha de ser administrado por hombres para los hombres, la gran dificultad radica en esto: primero se debe capacitar al gobierno para que controle a los gobernados; y a continuación obligarle a controlarse a si mismo. El hecho de depender del pueblo es, sin duda, el control fundamental sobre el gobierno; pero la experiencia le ha enseñado a la humanidad que son necesarias precauciones auxiliares”. (Negrillas nuestras). Lo dicho nos permite colegir que ninguna democracia puede sostenerse frente a una cultura política débil o contraria a la misma, pensar que los derechos políticos esenciales pueden ser protegidos por
  • 18. 18 la sola garantía judicial es incurrir en demasiada ingenuidad. Como no estamos frente a una sola definición de democracia ni existe acuerdo sobre las reglas de la misma y solo existe este en relación a sus elementos básicos, determinar el alcance de cada derecho político esencial, es una cuestión política. Ningún Tribunal Constitucional por más autoridad que se le atribuyera nada hubiera podido hacer frente a un contexto político antidemocrático que deseaba acabar con el estado de derecho, como en la Italia de 1923, la Alemania de 1933 o el Chile de 1973, el Uruguay de este mismo año o el Perú de 1992. A nadie escapa que la crisis de lo que se ha dado en llamar “PARA POLÍTICA” es la más grave que ha tenido nuestro país, incluso cualitativamente mayor que la del célebre “Proceso 8000”, donde al final los congresistas condenados fueron 26. Hoy, el número de congresistas investigados llega casi a 70 y el de detenidos a 30 con la posibilidad de que aumenten los que son investigados. Sobre la base de que entre Senado y Cámara, el Congreso tiene 260 integrantes, se enfrenta una situación donde una tercera parte del mismo podría quedar condenada, inhabilitada o, con la credibilidad moral que la democracia impone, en tela de juicio. Así, una de las ramas del poder está en un limbo político y jurídico y su credibilidad en lo nacional y lo internacional es nula y ha sido comprobada judicialmente la falta de legitimidad en virtud del aporte de votos parapolíticos de varios partidos que demuestran con ello ser violadores de la ética democrática. Lo que ha quedado al descubierto tras las investigaciones judiciales en las que se han obtenido confesiones de sus responsables, es que el fenómeno narcoparamilitar y la dirigencia de la mayoría de los partidos terminaron siendo en sí una sola cosa y que muchos de ellos, realizaron acuerdos con los criminales o consintieron sus acciones a cambio de votos para permanecer activos en la arena política. Otros, inclusive, intentaron a través de esa vía, “refundar” la nación, como se enuncia en el “pacto de Santa fe de Ralito”, firmado en julio del 2001 y mantenido en secreto. “Refundar” significa, sin hacer mucho esfuerzo intelectual, volver a erigir o establecer algo, en este caso modificar el modelo de Estado nacido de la Constituyente de 1991 para transformar en poder político el considerable poder económico del narcotráfico y redituar así los beneficios de los genocidios, hechos estos por los cuales Colombia ya ha sido condenada en la Corte de San José (Casos de Mapiripán y la Gabarra entre otros). Luego, es inocultable la gravedad de los hechos que Colombia vive.
  • 19. 19 Al respecto, El Profesor de la Universidad de París I y del Instituto de Ciencias Políticas de dicha ciudad, OLIVIER DUHAMEL y el entonces Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y hoy magistrado de la Corte Constitucional, MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA, dijeron sobre COLOMBIA en el Anexo I titulado “Los Desarrollos recientes en las democracias latinoamericanas (Hasta Agosto de 1996)”de su muy completo estudio “LAS DEMOCRACIAS, entre el Derecho Constitucional y la Política” lo siguiente: “...Lo anterior era tan impensable como la noticia de que el dinero del cartel de Cali había ingresado, no solo a una veintena de políticos regionales, sino a las arcas de la campaña presidencial del candidato ganador. Este dinero, cuya cuantía podría representar entre el 20% y el 35% del total de los fondos de la campaña, habría ido a financiar los gastos de la segunda vuelta de la elección presidencial,…” y mas adelante, afirman: “Esta es sin duda, la mayor crisis política en Colombia en la segunda mitad del siglo XX. También ha sido el mas duro episodio de la pelea de los renovadores contra los clientelistas, y de los jueces contra los narcos en su manifestación de narcocorrupción”. (Obra publicada por Tercer Mundo Editores y la Universidad de los Andes, 1ª.ED. 1997, Págs. 398 y 401). En el párrafo final del Anexo I dedicado a COLOMBIA, estos autores de modo clarividente dicen:”Finalmente, en Julio, al celebrarse los cinco años de la Constitución de 1991, nadie atacó su espíritu. Pero se ve venir la revancha y la contrarreforma de una clase política acorralada pero arrogante. Además de algunas reglas de juego electorales, la independencia de la Fiscalía frente al Ejecutivo y los poderes de control de la Corte Constitucional durante los estados de excepción son los principales blancos. Es una muestra más de que la Constitución está sirviendo de palanca para transformaciones concretas, pero también, un desafío más para el nuevo constitucionalismo del cual Colombia, en 1994, presentaba la aurora. La pregunta es: ¿Serán los grises nubarrones de mediados de los noventa el presagio de una tormenta, o el comienzo del final de una noche mas larga y oscura?”. (Op. Citada, Pág. 402). El proceso político que llevó a la Constituyente de 1991 es rico en enseñanzas, la principal se halla en la circunstancia de que el consenso de las principales fuerzas de ese momento se plasmó en un Decreto en ejercicio de las facultades del Artículo 121 de la Carta de 1886 que convocaba a integrar una Asamblea Constituyente que formalmente vulneraba los mecanismos de reforma constitucional contemplados en el plebiscito de 1958 pero que a pesar de ello fue declarado exequible por la Corte Suprema al motivar esa histórica sentencia a partir de las fuentes materiales creadoras de
  • 20. 20 hechos políticos capaces de generar normatividad constitucional tal como lo desarrolla KELSEN. Hoy, de manera mucho más expedita, se podría aplicar el Artículo 104 de la Carta sometiendo a la Consulta allí prevista un texto fruto de un consenso de todas las fuerzas políticas, como en 1990, donde se modifique el capítulo 2 del Título IV de la Constitución con una normatividad de este rango que establezca un estricto marco de creación, funcionamiento y actividad partidista, al igual que unos sistemas de escrutinios que fortalezcan la participación ciudadana y haga de Colombia un “ESTADO DE PARTIDOS” viable y eficaz, como acontece en todas las democracias constitucionales de derecho. Todo sobre la base de que esta materia dependerá de lo que la jurisprudencia constitucional desarrolle y el legislador solo podría dictar las normas de procedimiento o mecánica electoral puesto que las de rango constitucional tendrían un carácter, si se me permite la expresión,“Cuasi Pétreo” por provenir en exclusiva del Constituyente primario y así no se podrían modificar por Actos Legislativos, esto dentro de la tradición del “Constitucionalismo Fuerte” expuesto, donde sin excepción, el Tribunal Constitucional es el garante o fiador de que la democracia liberal y la práctica de la misma, se efectúan en estricto apego a la Carta Política. Los mecanismos de Referendo Reformatorio o de Asamblea Constituyente previstos en la Constitución son de una muy difícil instrumentación, porque en ambos casos se necesita una Ley que los convoque y, precisamente es con el problema de la “Parapolítica” que el Congreso está postrado y deslegitimado pendiente solo del día a día para ver quien es el nuevo capturado. Para realizar esta propuesta es menester que la presidencia de la República se muestre con un sentido de amplitud conceptual y de miras políticas y entienda que más reelecciones inmediatas carecen en este contexto de sentido y que sin su concurso el Artículo 104 citado no se puede aplicar, desde la perspectiva expuesta de conservar y mejorar cada vez más nuestro modelo de Democracia. Entendemos que para que esto se haga viable, dentro del más puro “Realismo Político” deba pagarse el alto precio de declarar en un artículo transitorio que los “Parapolíticos” condenados, muchos con ínfulas de “refundadores de la República”, sean indultados, los que tienen procesos vigentes por tal motivo se les cesa el procedimiento a condición de la aceptación de los cargos y que todos quedan inhabilitados para el ejercicio de funciones públicas, cuestión recomendada también
  • 21. 21 por la comisión que el Presidente de la República ha integrado al efecto. Complementado con la pérdida de la personería jurídica de todos los partidos que han quedado sin la representación con que fueron elegidos en el año 2006 como resultado de su vinculación a la narcoparapolítica o bien, por ser parapolíticos de modo directo y que hoy, precariamente, llevan una existencia fantasmal con militantes que obtuvieron irrisoria votación. No debemos resignarnos o postrarnos a los males y angustias de nuestra época, cada tiempo tiene consigo sus modos de mostrarse, sus normas y sus distorsiones, sus pretensiones de normalidad y sus falsificaciones; luego, cuando más serios seamos al asumir y aceptar, este, nuestro tiempo, con más fuerza debemos ser intransigentes con todos sus fraudes e imposturas. Muchas Gracias, DAVID ENRIQUE MERCADO Docente de D. Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena. Agosto 4 de 2008. NOTA ACLARATORIA: Después de celebrado esta encuentro de la jurisdicción Constitucional, estallaron los escándalos del DAS, las chuzadas a la Corte Suprema, el seguimiento a los opositores del régimen Uribista y la extradición de todos los “paracos” que firmaron el acuerdo de Santa Fe de Ralito; todo ello mientras se pretendía un tercer período mediante una segunda reelección y se producían los eufemísticamente llamados “Falsos positivos”. El supuesto político para aplicar el Art. 104 de la Constitución tal como se propuso dejó de existir, el régimen hacía parte del problema y no de la solución.
  • 22. 22