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                     ¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE FAMILIA?
                                      Elizabeth Jelín
                                     Notas para un debate.
 Conferencia de la autora elaborada en el marco de una consultoría para la Oficina de UNICEF, en
                   Argentina y presentada en un taller en Buenos Aires en 1999

 Partamos de una definición clásica de familia: a partir de un sustrato biológico
 ligado a la sexualidad y a la procreación, la familia es la institución social que
 regula, canaliza y confiere significado social y cultural a estas dos necesidades.
 Incluye también la convivencia cotidiana, expresada en la idea del hogar y el
 techo: una economía compartida, una domesticidad colectiva, el sustento
 cotidiano, junto a la sexualidad “legítima” y la procreación. En esta familia
 “clásica”, la división de tareas sigue líneas de género y de generación.
Vivimos en un mundo donde las tres dimensiones que conforman la definición clásica de
familia (la sexualidad, la procreación y la convivencia) han sufrido enormes transformaciones y
han evolucionado en dirección divergentes, con lo cual comenzamos a dudar acerca de qué
estamos hablando cuando hablamos de familia. También hay transformaciones paralelas en
la división del trabajo basada en criterios de género. Las divergencias en estas trayectorias
llevan a una creciente heterogeneidad social. Esta multiplicidad de formas de familia y de
convivencia, que a veces es interpretada como síntoma de crisis de la familia, puede
también ser vista como parte de los procesos de democratización y como la extensión del
derecho a tener derechos (inclusive al placer), con lo cual la idea de crisis se transforma.

En nuestra sociedad y en nuestra cultura, la familia es el ámbito del ejercicio de la afectividad
y la intimidad. El Estado y las políticas públicas no son mecanismos adecuados para
intervenir directamente en estos aspectos, pero no pueden quedar al margen. Deberían
intervenir en crear las condiciones que permitan desarrollar los vínculos afectivos, y deberían
intervenir en asegurar la plena vigencia de los derechos humanos de mujeres y hombres de
distintas edades y condiciones sociales.

La domesticidad

El mundo urbano (y buena parte del mundo rural, aunque más recientemente) ha ido
construyendo dos esferas sociales muy diferenciadas: el mundo de la producción, y el
mundo de la casa y la familia. Esta diferenciación marca ritmos cotidianos, espacios y
tiempos, que se expresan en el “salir a trabajar”. En el modelo ideal, la división social del
trabajo entre miembros de la familia es clara: hay expectativas sociales diferentes para el
trabajo de hombres y mujeres (el hombre trabaja afuera, la mujer es la responsable de la
domesticidad), y diferencias por edad (los niños y los ancianos son dependientes). Estos
dos criterios, sexo y edad, son el eje del patrón normativo de la división del trabajo
cotidiano.
La distinción entre casa y trabajo no existió siempre ni existe en aquellos casos donde la
actividad productiva se lleva a cabo en el mismo ámbito que la reproductiva*, aunque esto no
implica la ausencia de división sexual del trabajo. Cuando casa y trabajo comienzan a
separarse (a partir de la revolución industrial y la diferenciación del lugar de producción)
cambian las condiciones en que se desarrolla la familia.

NOTA: El término reproducción incluye tres dimensiones o niveles: la reproducción
biológica, que en el plano familiar significa tener hijos y en el plano social se refiere a los
aspectos demográficos de la fecundidad; la reproducción cotidiana, o sea el mantenimiento
de la población existente a través de las tareas domésticas de subsistencia, y la
reproducción social, las tareas dirigidas al mantenimiento del sistema social.

En el modelo ideal de familia nuclear con clara división del trabajo entre géneros, no debía
haber mujeres trabajando fuera de su hogar. Sin embargo, la imagen de un grupo doméstico
mantenido por un solo salario fue pocas veces alcanzado en la práctica, especialmente por
las clases trabajadoras. Tanto en el pasado como en el presente, el mantenimiento de la
familia obrera implica el trabajo remunerado de hijos e hijas solteras jóvenes e incluso niños
y niñas (a menudo migrantes); en mucha menor medida por el trabajo asalariado de mujeres
casadas (lo pongo en duda). Especialmente en la economía urbana, el gran cambio de las
últimas décadas reside en el aumento de la tasa de participación de las mujeres en la fuerza
de trabajo, y especialmente de las mujeres casadas (¿por fin qué?).

Cuando las mujeres casadas ingresan al mercado de trabajo, especialmente en actividades
económicas que implican salir de la casa (y de la domesticidad), el modelo de estructuración
2
de la familia y el hogar comienza a verse amenazado. Sin embargo, lo más común es que el
cambio en la participación económica de las mujeres no implique una reestructuración del
hogar; no hay redistribución de tareas y responsabilidades hacia los miembros varones; las
mujeres amas de casa-madres ven sobrecargadas sus labores y se impone la ayuda de
otras mujeres del núcleo familiar (abuelas, hijas adolescentes o aún niñas). En todo caso, la
posible reestructuración dependerá de la negociación intradoméstica en cada hogar, con
escasa intervención externa, con la excepción de lo que pueda transmitirse a través de los
medios de comunicación de masas como modelos alternativos.

La organización de la domesticidad se vincula directamente con la oferta de bienes y
servicios, y con la capacidad de acceso a estos. En este punto, una primera forma de
intervención social se manifiesta en el tipo, variedad y calidad de servicios públicos de
consumo colectivo a los que se tiene acceso. Además de los servicios de infraestructura
urbana (acceso al agua, a la energía, a los medios de transporte y comunicación, a los
servicios sociales, etc.), existe la posibilidad de generar otras formas de organización
institucional de la domesticidad. En este sentido, los comedores populares y ollas comunes
en momentos de crisis alimentaria han constituido respuestas transitorias, que no han
plasmado modelos de organización de las tareas cotidianas, alternativos a la domesticidad
familiar, ni han producido impactos sobre la división sexual de trabajo doméstico.
Igualmente, la existencia (muy insuficiente) de guarderías y formas colectivas del cuidado de
niños pueden liberar parcialmente o aliviar la carga de trabajo materno, pero no han
redefinido las responsabilidades.

En realidad, la variación en la carga de la labor doméstica para las madres, además de estar
ligada obviamente a la composición del hogar, no depende tanto de la distribución de tareas
y responsabilidades dentro del hogar (entre los miembros), sino fundamentalmente del
acceso diferencial de los hogares (hasta tanto cambien las condiciones intradomésticas, esto
equivale a decir las mujeres) a servicios fuera del hogar, sean comunitarios (mencionados
arriba) o de mercado: el servicio doméstico remunerado, las guarderías y servicios de
cuidado de enfermos y ancianos, el mayor uso de bienes y servicios personales
extradomésticos, el acceso a tecnología doméstica que implica ahorro de tiempo y esfuerzo,
etc. En la medida en que la oferta de servicios de este tipo está centrada más que nada en
los mecanismos de mercado, por los cuales hay que pagar, la variación fundamental es entre
las clases sociales y niveles de ingreso. Existen algunas experiencias de organización
comunitaria de algunos servicios, así como de oferta estatal a través de políticas sociales,
que muestran caminos alternativos. El alcance numérico de estas experiencias es muy
limitado.

Este es un primer tema que debe ser objeto de políticas públicas. Por un lado, ¿cuál es la
gama de servicios de infraestructura urbana a la que se tiene acceso?, ¿qué pasa con las
tareas de la casa cuando la mayoría de los miembros adultos (léase, las mujeres) también
trabaja (fuera del hogar, porque dentro lo han hecho siempre)? Hablar de la necesidad de
encarar las tareas reproductivas cotidianas como parte de las políticas sociales implica,
básicamente, reconocer que no se puede seguir suponiendo que las tareas de la
reproducción cotidiana de la población –esas tareas históricamente invisibles y privadas-
seguirán siendo desarrolladas automática o naturalmente. Las presiones sobre las mujeres
son demasiado fuertes y se requiere la intervención de instituciones externas (sean
estatales o no gubernamentales) para detectar y solucionar las situaciones de déficit
doméstico. Esto implica, además, reconocer la necesidad de acciones afirmativas que
promuevan la asunción de responsabilidades domésticas por parte de los otros miembros
(hombres) de la familia, en función del objetivo de la democratización social.

La idea del déficit doméstico puede aplicarse con facilidad a un área de creciente visibilidad y
preocupación social, la situación de los viejos. La responsabilidad de las mujeres adultas
frente a ancianos convivientes, es bien conocida. Pero también se extiende a las situaciones
de no convivencia. Cuando estos viejos pierden su capacidad de mantenimiento cotidiano
(no estamos hablando aquí de la capacidad económica de mantenerse, sino de la
autosuficiencia en términos de tareas y movimiento), los hijos o, mejor dicho, las hijas y otras
mujeres del entorno familiar se hacen cargo de esas tareas, con lo cual las tareas cotidianas
del mantenimiento dejan de tener el límite de la convivencia en el hogar. La existencia de
instituciones (estatales o no gubernamentales) que se hicieran cargo del mantenimiento
cotidiano de los viejos liberaría a estas mujeres de esas tareas y responsabilidades.

La sexualidad y la reproducción.
3
Los cambios en las prácticas sexuales y en la normatividad social al respecto han sido
enormes en todo el mundo. A partir de los cambios tecnológicos vinculados a la
anticoncepción y los cambios en las relaciones interpersonales vinculados a los procesos de
individuación, se ha modificado el lugar de matrimonio como espacio privilegiado de la
sexualidad, así como la identificación de la sexualidad con la reproducción. Si bien la
investigación sistemática sobre las prácticas sexuales propiamente dichas es casi inexistente
(¿?), hay indicaciones claras de las tendencias de dichos cambios en las últimas décadas y
de su magnitud: sin lugar a dudas, hubo una disminución de las restricciones y tabúes
sexuales, una iniciación más temprana de las relaciones sexuales (paralela en muchos
casos a la persistencia de la ignorancia de a fisiología de la reproducción y la ausencia
relativa de prácticas anticonceptivas) y un cambio en el significado del placer en la
sexualidad, especialmente para las mujeres.

Una consecuencia de esta liberación de la sexualidad ha sido la desprotección de la
sexualidad y la maternidad, especialmente en la adolescencia. La maternidad adolescente,
que ha experimentado un descenso en los países desarrollados en la década de los setenta,
se mantuvo alta en los países en desarrollo. En América Latina, la disminución de la tasa de
fecundidad de las mujeres entre 15 y 19 años a lo largo de las últimas décadas, ha sido
menor que en la población adulta. Se hace necesario destacar que la maternidad
adolescente no es sinónimo de madres solteras: hay muchas uniones maritales
consecuencia del embarazo, así como una cierta proporción de mujeres casadas o unidas
que tienen hijos a edades muy jóvenes. Sin embargo, ha aumentado la proporción de niños
nacidos fuera del matrimonio. Como es de esperar, existe una relación inversa entre la
maternidad adolescente y la educación de la joven.

El hecho de convertirse en madres a temprana edad implica una mayor vulnerabilidad de
las mujeres y de sus hijos. Muchas veces, los proyectos educativos personales tienen que
interrumpirse; además, estas mujeres tienen más probabilidades de tener una fecundidad
más alta, de ser mujeres a cargo de sus hijos, de encontrarse en situaciones de precariedad
e incertidumbre. Hay indicaciones de la transmisión intergeneracional de la vulnerabilidad y
la precariedad: las mujeres que inician su maternidad a edades tempranas a menudo
provienen de familias donde ésta ha sido una práctica preexistente.

El tema de la sexualidad y la maternidad / paternidad es uno de los ámbitos de la familia
que debe ser encarado desde una perspectiva de los derechos humanos. Frente a la
historia de apropiación del cuerpo de las mujeres por parte de los otros, en las últimas dos
décadas de lucha social en el campo de la sexualidad y la fecundidad, se ha centrado en el
reclamo por los derechos reproductivos y los derechos sexuales, ligados a la libertad de
opción sexual. A su vez, el reconocimiento de estos derechos implica cambios en la
constitución de las familias.

La posibilidad de regular la sexualidad y la capacidad reproductiva implica un doble
imperativo: que los otros (los hombres) no se consideren dueños del cuerpo de la mujer y
que la mujer tenga poder para poder resistir la coacción o la imposición por parte de otros.
En última instancia, la garantía de que el cuerpo de la mujer no será sometido a prácticas sin
su consentimiento y voluntad, implica el reconocimiento de los derechos humanos básicos:
puede ser interpretado como parte del derecho a la vida, a la libertad; como la prohibición de
la esclavitud, la servidumbre, la tortura y el trato cruel. En esta dirección, la violación es una
forma extrema de violencia corporal. Pero también lo son la imposición de métodos
anticonceptivos (en el caso extremo, los quirúrgicos irreversibles) y su opuesto, la negación
del derecho a contar con servicios de salud que aseguren la capacidad de control de la
sexualidad y la reproducción.

La distancia entre la afirmación y la práctica normal en el mundo contemporáneo es
enorme. La violación es una práctica que pocas veces resulta castigada; el derecho de la
mujer violada a interrumpir un embarazo no está reconocido en muchos países; la
sexualidad de las mujeres es pocas veces ejercida como práctica de libertad. En cuanto a la
reproducción, el ideal de la libertad y capacidad de decisión sólo puede realizarse si están
dadas las condiciones para hacerlo.

La realidad social dista mucho de este ideal. Tanto la ausencia de educación y de medios
para la planificación de la fecundidad –que se manifiestan, por ejemplo, en la fecundidad
adolescente y en una fecundidad más alta que la deseada- como los programas de control
de la natalidad semicompulsivos (programas de esterilización, distribución desinformada de
4
anticonceptivos) refuerzan la visión de la mujer como objeto, como cuerpo manipulado y
sometido.

El énfasis reciente en las nuevas tecnologías reproductivas y la urgencia de legislar sobre las
condiciones de su aplicación dan al tema de los derechos reproductivos una nueva
actualidad, esta vez centrada en la cara opuesta, es decir, el tratamiento de la esterilidad y
las manipulaciones tecnológicas para lograr la concepción y gestación asistidas. La
paradoja es que, mientras la problematización de los derechos reproductivos (métodos y
prácticas anticonceptivas) es relevante para los países periféricos y para las clases
populares, las prácticas conceptivas (fertilización asistida) se desarrollan y aplican en los
países centrales y en las clases altas de los periféricos. Tanto detrás de los programas de
control de población como detrás del desarrollo y la aplicación de las técnicas conceptivas
hay una visión biologista de la familia: los vínculos de afecto y cuidado, que en realidad son
elaborados culturalmente, se presentan ideológicamente como genéticos, naturalizando así
las desigualdades de origen familiar.

El tema de los derechos reproductivos de hombres y mujeres abre nuevos ángulos de
debate: ¿Son derechos de las mujeres o derechos enraizados en las relaciones de género?
¿Son derechos individuales o de la pareja? Si se quiere la igualdad de responsabilidades y
tareas de cuidado de los hijos entre madres y padres, ambos deberán tener algo que decir
en el cuándo y el cómo de la concepción y gestación de sus hijos.

La conquista de los derechos reproductivos no es sencilla ni está asegurada. Primero, hay
una traba cultural: la socialización de género, la identidad de las mujeres que sigue estando
fuertemente asociada con la maternidad y con el control de la sexualidad y la capacidad
reproductiva por parte de otros. Segundo, una traba material e instrumental: sólo se
puede decidir sobre la sexualidad y la reproducción si existen las condiciones adecuadas en
términos de calidad de vida y acceso a servicios, y esto dista mucho de estar asegurado o
distribuido equitativamente.


Hacia nuevas estructuraciones de la familia y el hogar
Algunas tendencias sociodemográficas han tenido una incidencia importante sobre las
transformaciones de la familia a lo largo del siglo XX. En primer lugar, el aumento en la
expectativa de vida tiene efectos muy significativos, ya que, junto con la baja en la
fecundidad, extiende la vida de los individuos en su etapa adulta y anciana. Al no haber
variado significativamente la etapa de la primera unión, lo que ocurre es un aumento en el
número de años de duración potencial del matrimonio. La viudez era antes la manera más
común de quebrar el vínculo matrimonial. En la medida en que aumenta la expectativa de
vida, la posibilidad de que el matrimonio acabe en divorcio o separación se incrementa.

En segundo lugar, la menor fecundidad también implica el envejecimiento de la población
con un crecimiento de la proporción de personas adultas y ancianas, y la consecuente
tendencia hacia la disminución de hogares jóvenes y un aumento de los hogares con
personas mayores. Tradicionalmente los ancianos viudos convivían con alguno de sus hijos
y su familia de procreación, en hogares de tres generaciones. Crecientemente, este patrón
es reemplazado por otras formas: la pareja de ancianos, los hogares unipersonales y los
hogares no nucleares (hermanas ancianas viviendo juntas, por ejemplo).

El aumento en el número de hogares unipersonales en zonas urbanas responde, en parte, a
este proceso de envejecimiento y puede preverse su continuo momento de la población.
Responde también a otras tendencias sociales, aunque no tan extendidas hasta ahora: la
creciente autonomía de los jóvenes lleva a intentos de establecer su propia residencia,
alejada de la de sus padres, independientemente del proceso de formación de pareja o como
etapa de convivencia prematrimonial. Esta tendencia es incipiente y sólo se presenta en
sectores medios y altos, dadas las restricciones económicas. Además, dada la cultura de
género prevaleciente, es más común entre varones que entre mujeres.

En tercer lugar, cabe preguntarse sobre el efecto de la crisis –antiguas y nuevas- en la
formación de los hogares. Cuando el habitat humano es caro y no hay políticas sociales de
vivienda, las nuevas parejas tienden a demorar su formación o a compartir la vivienda de sus
padres. Más que una forma de estar cerca, es común en barrios populares compartir el
terreno entre parientes, en unidades de vivienda con relativa independencia, pero con una
cotidianidad compartida.
5
Estas tendencias constituyen el marco para comprender la creciente multiplicidad de formas
de convivencia. Cualquier política pública orientada a los hogares debe basarse en el
reconocimiento de esta multiplicidad, y no –como hasta ahora- identificando al hogar nuclear
como lo normal y considerando a las otras formas como deficiencias o desviaciones. Hay
dos tendencias importantes: el aumento en la tasa de divorcios y separaciones y el aumento
de hogares a cargo de mujeres.

El aumento en divorcios y separaciones debe ser analizado en el marco de procesos
socioculturales complejos, ligados al proceso de individuación. La extensión de los valores
modernos de autonomía personal, de libre elección de la pareja sobre la base del amor
romántico, la creciente expectativa social de dar cauce a sentimientos y afectos implica
también la contracara: la libertad de cortar vínculos cuando el amor se acaba, cuando el
costo personal de la convivencia conflictiva supera cierto umbral. La creciente incorporación
de las mujeres a la fuerza de trabajo –lo cual acarrea un mínimo de autonomía económica-
vuelve posible quebrar vínculos conflictivos de sometimiento de género. Antes, muchas
mujeres no tenían salida a situaciones matrimoniales conflictivas: separarse implicaba un
fuerte estigma social y una victimización de la mujer. La falta de independencia económica
reforzaba la institución matrimonial. Los cambios en los patrones culturales que gobiernan
las relaciones de pareja en dirección a una mayor equidad entre géneros implican, de hecho,
la ampliación de los grados de libertad.

Para los sectores sociales más pobres el tema se complica, ya que es frecuente el abandono
del padre ligado a situaciones de crisis en el mercado laboral y a la falta de valoración de su
función como proveedor económico de la familia. Estos mismos hombres, sin embargo,
pueden estar desempeñando un papel de proveedores o protectores de mujeres y niños en
sus familias consanguíneas, sus madres o hermanas. La salida hacia el futuro no está en
retornar a la división sexual tradicional, sino en una transformación de las relaciones de
género dentro de la familia.

El aumento de las mujeres solas con hijos es un fenómeno de transición en dos sentidos: en
el curso de vida de las mujeres, situación que puede ser de transición hacia la formación de
una nueva pareja; en la temporalidad histórica, estamos frente a una transición hacia nuevas
formas de familia, más abiertas y alejadas del modelo nuclear completo. A menudo estas
mujeres se convierten en únicas proveedoras económicas de sus hijos, mientras también
están a cargo de las tareas domésticas. Especialmente cuando no conviven con otros
parientes (sus padres y hermanos, por ejemplo). Estos núcleos familiares son vulnerables y
están sujetos a situaciones de incertidumbre y riesgo.

 En realidad, como modelo cultural, la familia nuclear ha tenido un desarrollo muy especial,
idealizada como modelo normativo, asumida como “normal” por las instituciones educativas y
de salud, la familia nuclear de la mamá, el papá y los hijos se combina con una fuerte
ideología familista, en la cual la consanguinidad y el parentesco son criterios básicos para
las responsabilidades y obligaciones hacia los otros. Poco sabemos sobre la magnitud de
los conflictos planteados a partir de la tensión entre las demandas de la familia nuclear y las
obligaciones ancladas en lazos de parentesco (especialmente en la familia de origen). Poco
sabemos sobre cómo se está estructurando un nuevo sistema de relaciones
intergeneracionales cuando, a partir del divorcio y la separación, la no convivencia cotidiana
no implica necesariamente el abandono de la responsabilidad parental. La relación entre
padres (mucho más a menudo que madres) no convivientes con sus hijos es un tema que
requiere atención, tanto en términos de investigación como de la formulación de lineamientos
normativos para asegurar los derechos y las obligaciones del caso.

Familia, Estado y comunidad: políticas públicas y espacios privados.

Todo el edificio social –tanto en el plano microsocial de la división del trabajo intrafamiliar
como en el de las políticas sociales- está basado en la existencia y funcionamiento de la
organización doméstica y de la familia.

Frente al diagnóstico contemporáneo de la “crisis” de la familia se levantan voces que
demandan intervenciones públicas para “salvarla” de la crisis. Por lo general, estas voces
son las de la tradición y la religión, con su carga de vigilancia moral de la vida privada, que
reclaman políticas para “fortalecer” a la familia. Como supuesto ideológico fundamental de
esta línea de pensamiento: hay solamente un modelo de familia posible que debe ser
fortalecido, el de la familia basada en la pareja heterosexual monogámica y sus hijos, con su
lógica de funcionamiento tradicional. En este supuesto ideológico, los demás modelos de
6
familia y convivencia son perversiones, desviaciones, indicadoras justamente del estado de
“crisis”.

Obviamente, se hace necesario pensar las intervenciones públicas hacia la familia desde
otra perspectiva, la de promover la democracia y la igualdad. Para ello, desde un
diagnóstico de las tensiones y problemas sociales asociados a las familias se podrían
delinear políticas públicas correctoras, compensadoras y transformadoras.

Una primera consideración es clara: la necesidad de incorporar la equidad entre géneros
como uno de los criterios rectores de políticas públicas para revertir situaciones injustas y
onerosas para las mujeres. La tarea no es sencilla. Las políticas de compensación
afirmativa de desigualdades de género pueden tener efectos perversos                 sin una
reestructuración de las relaciones económicas porque estas políticas tienden a ser
asistencialistas.   Aunque intenten promover la igualdad, a menudo refuerzan la
diferenciación y promueven la estigmatización de la población (las mujeres) que recibe esa
ayuda.

En segundo lugar, la defensa de los derechos humanos implica necesariamente la
intervención en las familias, en esa vida íntima donde esos derechos son violados con
frecuencia. La inclusión del ámbito familiar en el mundo regido por principios de derecho
aceptados por la comunidad internacional –que se manifiestan tanto en la condena de la
violencia doméstica como en el reconocimiento de los derechos de los niños- otorga la
justificación y la legitimidad para esta intervención protectora y preventiva. El desafío es
hacerlo manteniendo el frágil equilibrio con la necesidad de proteger la intimidad, delimitando
la intervención pública.

En tercer lugar está la relación entre la familia y las políticas más amplias y de largo plazo
de igualdad y equidad. La familia es una institución formadora de futuras generaciones. En
ese sentido, es una instancia mediadora entre la estructura social en un momento histórico
dado y el futuro de esa estructura social. En esta función reproductora de la sociedad, la
institución familiar tiende a transmitir y reforzar patrones de desigualdad existentes.

¿Qué queremos para nuestros hijos? ¡Lo mejor! Trataremos de darles la mejor educación y
preparación para el mundo del futuro; procuraremos que su salud sea óptima, previniendo y
anticipando posibles malestares; trataremos de transmitirles nuestro capital social, cultural y
económico. Nuestras sociedades y familias están organizadas para posibilitar este proceso.
Las propiedades y riquezas se transmiten por herencia; los climas educacionales
familiares tienen un efecto altamente significativo sobre los niveles educativos de los niños y
jóvenes; las redes de relaciones sociales son acumuladas y transmitidas. O sea, existe una
fuerte tendencia a que la institución familiar perpetúe los privilegios de quienes los tienen.

 En el otro extremo, cuando hay carencias y riesgos, la institución familiar tiende a
 reproducir el círculo vicioso de la pobreza, la marginalidad y la violencia. Los
 daños pueden ser irreversibles y acumulativos. Es sabido que la desnutrición
 infantil tiene efectos irreversibles sobre la salud física y el desempeño mental de
 las personas. Se está llegando a saber ahora que los hogares donde hay
 violencia doméstica tienden a estar constituidos por personas que se han criado
 en hogares donde la violencia era una forma de vida y, a menudo, han sido
 víctimas de violencia en su infancia. También se empieza a detectar, aunque de
 esto no se habla, que los embarazos muy tempranos – las de niñas de 10 a 14
 años- son en la mayoría de los casos productos de violaciones intrafamiliares, y
 que las adolescentes que son madres tienden a ser hijas de mujeres que
 también comenzaron su vida reproductiva a edades muy tempranas.


La conclusión es muy simple y directa: para promover la equidad social y disminuir las
desigualdades sociales se requiere la intervención activa de instituciones extrafamiliares
compensadoras y transformadoras. Desde una perspectiva intergeneracional, la ampliación
de las oportunidades que puedan generar mayor equidad –oportunidades educativas,
laborales, de calidad de vida en términos más amplios- requiere de acciones afirmativas,
fundamentalmente por parte del Estado a través de políticas fiscales y sociales.
7
En este plano, pedir la intervención pública implica orientar la acción en dos sentidos: por un
lado, la ampliación de las garantías públicas relacionadas con los derechos de ciudadanía
social, lo cual implica una política igualitaria y universalista. Por otro lado, acciones dirigidas
a la detección temprana de poblaciones en riesgo. Por ejemplo, el riesgo juvenil existe en
todas las clases sociales, ya que el conflicto y la carencia –material y afectiva- no son
privilegio de nadie. Sin embargo, la pobreza aumenta la vulnerabilidad, al contar con menos
recursos y menos protección frente a estos riesgos. De ahí la mayor probabilidad de
acumular daños. Para encarar esta problemática, más que partir del supuesto de que la
familia es “buena” o es “mala”, se hace necesario contar con instrumentos para detectar los
contextos sociales de protección y prevención del daño. El ambiente familiar puede actuar
en ambas direcciones, según el caso: cuando se transmiten prácticas y normas de cuidado y
responsabilidad hacia uno mismo y hacia los otros, y cuando se transmiten la carencia y la
vulnerabilidad.

Como la familia siempre es parte de un contexto social más amplio, que incluye a las demás
instituciones en las cuales los jóvenes están insertos, la acción pública, estatal y social,
debería compensar las deficiencias familiares en la capacidad de socialización y reforzar las
capacidades existentes. De ahí la importancia de diseñar políticas sociales integradas en
este campo, no dirigidas exclusivamente a un síntoma (digamos, la drogadicción) o a una
institución (familiar, por ejemplo).

Esta reflexión, ofrecida en un tono normativo de lo que se debería hacer permite plantear
un dilema importante en este campo: ¿quién es el foco de la acción? ¿A quién se ayuda o
fortalece en este tipo de intervención? Está claro que formulamos el problema con los
jóvenes como eje, es decir, planteamos la protección y el bienestar de la persona, a partir de
sus derechos humanos básicos y sus responsabilidades sociales. El objetivo es la
protección y el fortalecimiento de las capacidades individuales, contextualizadas en el marco
de sus vínculos de sociabilidad. La familia puede ser parte de la estrategia protectora. Y
puede no serlo, si es en la familia donde se produce y reproduce el daño y la vulnerabilidad.

En suma, los desafíos de la intervención pública son múltiples: en primer lugar, buscar la
democracia en la familia, reconociendo los derechos de sus miembros y los principios de
igualdad que deben gobernar su funcionamiento. Esto implica tomar en serio la equidad en
las relaciones entre géneros y generaciones dentro de la familia, con el reconocimiento de
los derechos de los niños, con el reconocimiento de los principios de no discriminación de las
mujeres, con el reconocimiento de la violencia doméstica como violación a los derechos
humanos (principios expuestos y aceptados en el plano de los documentos internacionales).
En segundo lugar, apuntar a la reversión de las tendencias a la creciente desigualdad social,
con las políticas compensadoras y transformadoras de los mecanismos de transmisión
intergeneracional de esa desigualdad.

Todo esto requiere un buen diagnóstico de las transformaciones que están experimentando
las familias. Se trata de una institución que va perdiendo funciones, que va dejando de ser
una “institución total”. Desde la perspectiva del individuo y su curso de vida, más que hablar
de la familia, lo que permanece es una serie de vínculos familiares: vínculos entre madres
y padres e hijos o hijas; vínculos entre hermanos; otros vínculos de parentesco más lejanos.
Existen obligaciones y derechos en estos vínculos adscritos, aunque son relativamente
limitados. Lo demás entra en el campo de lo opcional.

En su relativa fragilidad y limitación, los vínculos familiares no están acompañados por un
individualismo aislado, autosuficiente. Es bien sabido que para su bienestar físico,
psicológico y social, el individuo requiere su integración en redes sociales comunitarias,
redes que contienen y canalizan la afectividad y en las que se vuelca la capacidad de
solidaridad y responsabilidad hacia el otro, redes que confieren identidad y sentido. Si en
tiempos pasados esta función estaba depositada fundamentalmente en un tipo casi único de
familia, sin otras alternativas y opciones, las transformaciones de los vínculos familiares en la
actualidad indican la necesidad de promover y apoyar la gestación de múltiples espacios de
sociabilidad en distintos tipos y formas de familias, así como en organizaciones intermedias
alternativas o complementarias, que promuevan el reconocimiento mutuo y la participación
democrática.

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Familia de qué estamos hablando cuando hablamos de familia

  • 1. 1 ¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE FAMILIA? Elizabeth Jelín Notas para un debate. Conferencia de la autora elaborada en el marco de una consultoría para la Oficina de UNICEF, en Argentina y presentada en un taller en Buenos Aires en 1999 Partamos de una definición clásica de familia: a partir de un sustrato biológico ligado a la sexualidad y a la procreación, la familia es la institución social que regula, canaliza y confiere significado social y cultural a estas dos necesidades. Incluye también la convivencia cotidiana, expresada en la idea del hogar y el techo: una economía compartida, una domesticidad colectiva, el sustento cotidiano, junto a la sexualidad “legítima” y la procreación. En esta familia “clásica”, la división de tareas sigue líneas de género y de generación. Vivimos en un mundo donde las tres dimensiones que conforman la definición clásica de familia (la sexualidad, la procreación y la convivencia) han sufrido enormes transformaciones y han evolucionado en dirección divergentes, con lo cual comenzamos a dudar acerca de qué estamos hablando cuando hablamos de familia. También hay transformaciones paralelas en la división del trabajo basada en criterios de género. Las divergencias en estas trayectorias llevan a una creciente heterogeneidad social. Esta multiplicidad de formas de familia y de convivencia, que a veces es interpretada como síntoma de crisis de la familia, puede también ser vista como parte de los procesos de democratización y como la extensión del derecho a tener derechos (inclusive al placer), con lo cual la idea de crisis se transforma. En nuestra sociedad y en nuestra cultura, la familia es el ámbito del ejercicio de la afectividad y la intimidad. El Estado y las políticas públicas no son mecanismos adecuados para intervenir directamente en estos aspectos, pero no pueden quedar al margen. Deberían intervenir en crear las condiciones que permitan desarrollar los vínculos afectivos, y deberían intervenir en asegurar la plena vigencia de los derechos humanos de mujeres y hombres de distintas edades y condiciones sociales. La domesticidad El mundo urbano (y buena parte del mundo rural, aunque más recientemente) ha ido construyendo dos esferas sociales muy diferenciadas: el mundo de la producción, y el mundo de la casa y la familia. Esta diferenciación marca ritmos cotidianos, espacios y tiempos, que se expresan en el “salir a trabajar”. En el modelo ideal, la división social del trabajo entre miembros de la familia es clara: hay expectativas sociales diferentes para el trabajo de hombres y mujeres (el hombre trabaja afuera, la mujer es la responsable de la domesticidad), y diferencias por edad (los niños y los ancianos son dependientes). Estos dos criterios, sexo y edad, son el eje del patrón normativo de la división del trabajo cotidiano. La distinción entre casa y trabajo no existió siempre ni existe en aquellos casos donde la actividad productiva se lleva a cabo en el mismo ámbito que la reproductiva*, aunque esto no implica la ausencia de división sexual del trabajo. Cuando casa y trabajo comienzan a separarse (a partir de la revolución industrial y la diferenciación del lugar de producción) cambian las condiciones en que se desarrolla la familia. NOTA: El término reproducción incluye tres dimensiones o niveles: la reproducción biológica, que en el plano familiar significa tener hijos y en el plano social se refiere a los aspectos demográficos de la fecundidad; la reproducción cotidiana, o sea el mantenimiento de la población existente a través de las tareas domésticas de subsistencia, y la reproducción social, las tareas dirigidas al mantenimiento del sistema social. En el modelo ideal de familia nuclear con clara división del trabajo entre géneros, no debía haber mujeres trabajando fuera de su hogar. Sin embargo, la imagen de un grupo doméstico mantenido por un solo salario fue pocas veces alcanzado en la práctica, especialmente por las clases trabajadoras. Tanto en el pasado como en el presente, el mantenimiento de la familia obrera implica el trabajo remunerado de hijos e hijas solteras jóvenes e incluso niños y niñas (a menudo migrantes); en mucha menor medida por el trabajo asalariado de mujeres casadas (lo pongo en duda). Especialmente en la economía urbana, el gran cambio de las últimas décadas reside en el aumento de la tasa de participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, y especialmente de las mujeres casadas (¿por fin qué?). Cuando las mujeres casadas ingresan al mercado de trabajo, especialmente en actividades económicas que implican salir de la casa (y de la domesticidad), el modelo de estructuración
  • 2. 2 de la familia y el hogar comienza a verse amenazado. Sin embargo, lo más común es que el cambio en la participación económica de las mujeres no implique una reestructuración del hogar; no hay redistribución de tareas y responsabilidades hacia los miembros varones; las mujeres amas de casa-madres ven sobrecargadas sus labores y se impone la ayuda de otras mujeres del núcleo familiar (abuelas, hijas adolescentes o aún niñas). En todo caso, la posible reestructuración dependerá de la negociación intradoméstica en cada hogar, con escasa intervención externa, con la excepción de lo que pueda transmitirse a través de los medios de comunicación de masas como modelos alternativos. La organización de la domesticidad se vincula directamente con la oferta de bienes y servicios, y con la capacidad de acceso a estos. En este punto, una primera forma de intervención social se manifiesta en el tipo, variedad y calidad de servicios públicos de consumo colectivo a los que se tiene acceso. Además de los servicios de infraestructura urbana (acceso al agua, a la energía, a los medios de transporte y comunicación, a los servicios sociales, etc.), existe la posibilidad de generar otras formas de organización institucional de la domesticidad. En este sentido, los comedores populares y ollas comunes en momentos de crisis alimentaria han constituido respuestas transitorias, que no han plasmado modelos de organización de las tareas cotidianas, alternativos a la domesticidad familiar, ni han producido impactos sobre la división sexual de trabajo doméstico. Igualmente, la existencia (muy insuficiente) de guarderías y formas colectivas del cuidado de niños pueden liberar parcialmente o aliviar la carga de trabajo materno, pero no han redefinido las responsabilidades. En realidad, la variación en la carga de la labor doméstica para las madres, además de estar ligada obviamente a la composición del hogar, no depende tanto de la distribución de tareas y responsabilidades dentro del hogar (entre los miembros), sino fundamentalmente del acceso diferencial de los hogares (hasta tanto cambien las condiciones intradomésticas, esto equivale a decir las mujeres) a servicios fuera del hogar, sean comunitarios (mencionados arriba) o de mercado: el servicio doméstico remunerado, las guarderías y servicios de cuidado de enfermos y ancianos, el mayor uso de bienes y servicios personales extradomésticos, el acceso a tecnología doméstica que implica ahorro de tiempo y esfuerzo, etc. En la medida en que la oferta de servicios de este tipo está centrada más que nada en los mecanismos de mercado, por los cuales hay que pagar, la variación fundamental es entre las clases sociales y niveles de ingreso. Existen algunas experiencias de organización comunitaria de algunos servicios, así como de oferta estatal a través de políticas sociales, que muestran caminos alternativos. El alcance numérico de estas experiencias es muy limitado. Este es un primer tema que debe ser objeto de políticas públicas. Por un lado, ¿cuál es la gama de servicios de infraestructura urbana a la que se tiene acceso?, ¿qué pasa con las tareas de la casa cuando la mayoría de los miembros adultos (léase, las mujeres) también trabaja (fuera del hogar, porque dentro lo han hecho siempre)? Hablar de la necesidad de encarar las tareas reproductivas cotidianas como parte de las políticas sociales implica, básicamente, reconocer que no se puede seguir suponiendo que las tareas de la reproducción cotidiana de la población –esas tareas históricamente invisibles y privadas- seguirán siendo desarrolladas automática o naturalmente. Las presiones sobre las mujeres son demasiado fuertes y se requiere la intervención de instituciones externas (sean estatales o no gubernamentales) para detectar y solucionar las situaciones de déficit doméstico. Esto implica, además, reconocer la necesidad de acciones afirmativas que promuevan la asunción de responsabilidades domésticas por parte de los otros miembros (hombres) de la familia, en función del objetivo de la democratización social. La idea del déficit doméstico puede aplicarse con facilidad a un área de creciente visibilidad y preocupación social, la situación de los viejos. La responsabilidad de las mujeres adultas frente a ancianos convivientes, es bien conocida. Pero también se extiende a las situaciones de no convivencia. Cuando estos viejos pierden su capacidad de mantenimiento cotidiano (no estamos hablando aquí de la capacidad económica de mantenerse, sino de la autosuficiencia en términos de tareas y movimiento), los hijos o, mejor dicho, las hijas y otras mujeres del entorno familiar se hacen cargo de esas tareas, con lo cual las tareas cotidianas del mantenimiento dejan de tener el límite de la convivencia en el hogar. La existencia de instituciones (estatales o no gubernamentales) que se hicieran cargo del mantenimiento cotidiano de los viejos liberaría a estas mujeres de esas tareas y responsabilidades. La sexualidad y la reproducción.
  • 3. 3 Los cambios en las prácticas sexuales y en la normatividad social al respecto han sido enormes en todo el mundo. A partir de los cambios tecnológicos vinculados a la anticoncepción y los cambios en las relaciones interpersonales vinculados a los procesos de individuación, se ha modificado el lugar de matrimonio como espacio privilegiado de la sexualidad, así como la identificación de la sexualidad con la reproducción. Si bien la investigación sistemática sobre las prácticas sexuales propiamente dichas es casi inexistente (¿?), hay indicaciones claras de las tendencias de dichos cambios en las últimas décadas y de su magnitud: sin lugar a dudas, hubo una disminución de las restricciones y tabúes sexuales, una iniciación más temprana de las relaciones sexuales (paralela en muchos casos a la persistencia de la ignorancia de a fisiología de la reproducción y la ausencia relativa de prácticas anticonceptivas) y un cambio en el significado del placer en la sexualidad, especialmente para las mujeres. Una consecuencia de esta liberación de la sexualidad ha sido la desprotección de la sexualidad y la maternidad, especialmente en la adolescencia. La maternidad adolescente, que ha experimentado un descenso en los países desarrollados en la década de los setenta, se mantuvo alta en los países en desarrollo. En América Latina, la disminución de la tasa de fecundidad de las mujeres entre 15 y 19 años a lo largo de las últimas décadas, ha sido menor que en la población adulta. Se hace necesario destacar que la maternidad adolescente no es sinónimo de madres solteras: hay muchas uniones maritales consecuencia del embarazo, así como una cierta proporción de mujeres casadas o unidas que tienen hijos a edades muy jóvenes. Sin embargo, ha aumentado la proporción de niños nacidos fuera del matrimonio. Como es de esperar, existe una relación inversa entre la maternidad adolescente y la educación de la joven. El hecho de convertirse en madres a temprana edad implica una mayor vulnerabilidad de las mujeres y de sus hijos. Muchas veces, los proyectos educativos personales tienen que interrumpirse; además, estas mujeres tienen más probabilidades de tener una fecundidad más alta, de ser mujeres a cargo de sus hijos, de encontrarse en situaciones de precariedad e incertidumbre. Hay indicaciones de la transmisión intergeneracional de la vulnerabilidad y la precariedad: las mujeres que inician su maternidad a edades tempranas a menudo provienen de familias donde ésta ha sido una práctica preexistente. El tema de la sexualidad y la maternidad / paternidad es uno de los ámbitos de la familia que debe ser encarado desde una perspectiva de los derechos humanos. Frente a la historia de apropiación del cuerpo de las mujeres por parte de los otros, en las últimas dos décadas de lucha social en el campo de la sexualidad y la fecundidad, se ha centrado en el reclamo por los derechos reproductivos y los derechos sexuales, ligados a la libertad de opción sexual. A su vez, el reconocimiento de estos derechos implica cambios en la constitución de las familias. La posibilidad de regular la sexualidad y la capacidad reproductiva implica un doble imperativo: que los otros (los hombres) no se consideren dueños del cuerpo de la mujer y que la mujer tenga poder para poder resistir la coacción o la imposición por parte de otros. En última instancia, la garantía de que el cuerpo de la mujer no será sometido a prácticas sin su consentimiento y voluntad, implica el reconocimiento de los derechos humanos básicos: puede ser interpretado como parte del derecho a la vida, a la libertad; como la prohibición de la esclavitud, la servidumbre, la tortura y el trato cruel. En esta dirección, la violación es una forma extrema de violencia corporal. Pero también lo son la imposición de métodos anticonceptivos (en el caso extremo, los quirúrgicos irreversibles) y su opuesto, la negación del derecho a contar con servicios de salud que aseguren la capacidad de control de la sexualidad y la reproducción. La distancia entre la afirmación y la práctica normal en el mundo contemporáneo es enorme. La violación es una práctica que pocas veces resulta castigada; el derecho de la mujer violada a interrumpir un embarazo no está reconocido en muchos países; la sexualidad de las mujeres es pocas veces ejercida como práctica de libertad. En cuanto a la reproducción, el ideal de la libertad y capacidad de decisión sólo puede realizarse si están dadas las condiciones para hacerlo. La realidad social dista mucho de este ideal. Tanto la ausencia de educación y de medios para la planificación de la fecundidad –que se manifiestan, por ejemplo, en la fecundidad adolescente y en una fecundidad más alta que la deseada- como los programas de control de la natalidad semicompulsivos (programas de esterilización, distribución desinformada de
  • 4. 4 anticonceptivos) refuerzan la visión de la mujer como objeto, como cuerpo manipulado y sometido. El énfasis reciente en las nuevas tecnologías reproductivas y la urgencia de legislar sobre las condiciones de su aplicación dan al tema de los derechos reproductivos una nueva actualidad, esta vez centrada en la cara opuesta, es decir, el tratamiento de la esterilidad y las manipulaciones tecnológicas para lograr la concepción y gestación asistidas. La paradoja es que, mientras la problematización de los derechos reproductivos (métodos y prácticas anticonceptivas) es relevante para los países periféricos y para las clases populares, las prácticas conceptivas (fertilización asistida) se desarrollan y aplican en los países centrales y en las clases altas de los periféricos. Tanto detrás de los programas de control de población como detrás del desarrollo y la aplicación de las técnicas conceptivas hay una visión biologista de la familia: los vínculos de afecto y cuidado, que en realidad son elaborados culturalmente, se presentan ideológicamente como genéticos, naturalizando así las desigualdades de origen familiar. El tema de los derechos reproductivos de hombres y mujeres abre nuevos ángulos de debate: ¿Son derechos de las mujeres o derechos enraizados en las relaciones de género? ¿Son derechos individuales o de la pareja? Si se quiere la igualdad de responsabilidades y tareas de cuidado de los hijos entre madres y padres, ambos deberán tener algo que decir en el cuándo y el cómo de la concepción y gestación de sus hijos. La conquista de los derechos reproductivos no es sencilla ni está asegurada. Primero, hay una traba cultural: la socialización de género, la identidad de las mujeres que sigue estando fuertemente asociada con la maternidad y con el control de la sexualidad y la capacidad reproductiva por parte de otros. Segundo, una traba material e instrumental: sólo se puede decidir sobre la sexualidad y la reproducción si existen las condiciones adecuadas en términos de calidad de vida y acceso a servicios, y esto dista mucho de estar asegurado o distribuido equitativamente. Hacia nuevas estructuraciones de la familia y el hogar Algunas tendencias sociodemográficas han tenido una incidencia importante sobre las transformaciones de la familia a lo largo del siglo XX. En primer lugar, el aumento en la expectativa de vida tiene efectos muy significativos, ya que, junto con la baja en la fecundidad, extiende la vida de los individuos en su etapa adulta y anciana. Al no haber variado significativamente la etapa de la primera unión, lo que ocurre es un aumento en el número de años de duración potencial del matrimonio. La viudez era antes la manera más común de quebrar el vínculo matrimonial. En la medida en que aumenta la expectativa de vida, la posibilidad de que el matrimonio acabe en divorcio o separación se incrementa. En segundo lugar, la menor fecundidad también implica el envejecimiento de la población con un crecimiento de la proporción de personas adultas y ancianas, y la consecuente tendencia hacia la disminución de hogares jóvenes y un aumento de los hogares con personas mayores. Tradicionalmente los ancianos viudos convivían con alguno de sus hijos y su familia de procreación, en hogares de tres generaciones. Crecientemente, este patrón es reemplazado por otras formas: la pareja de ancianos, los hogares unipersonales y los hogares no nucleares (hermanas ancianas viviendo juntas, por ejemplo). El aumento en el número de hogares unipersonales en zonas urbanas responde, en parte, a este proceso de envejecimiento y puede preverse su continuo momento de la población. Responde también a otras tendencias sociales, aunque no tan extendidas hasta ahora: la creciente autonomía de los jóvenes lleva a intentos de establecer su propia residencia, alejada de la de sus padres, independientemente del proceso de formación de pareja o como etapa de convivencia prematrimonial. Esta tendencia es incipiente y sólo se presenta en sectores medios y altos, dadas las restricciones económicas. Además, dada la cultura de género prevaleciente, es más común entre varones que entre mujeres. En tercer lugar, cabe preguntarse sobre el efecto de la crisis –antiguas y nuevas- en la formación de los hogares. Cuando el habitat humano es caro y no hay políticas sociales de vivienda, las nuevas parejas tienden a demorar su formación o a compartir la vivienda de sus padres. Más que una forma de estar cerca, es común en barrios populares compartir el terreno entre parientes, en unidades de vivienda con relativa independencia, pero con una cotidianidad compartida.
  • 5. 5 Estas tendencias constituyen el marco para comprender la creciente multiplicidad de formas de convivencia. Cualquier política pública orientada a los hogares debe basarse en el reconocimiento de esta multiplicidad, y no –como hasta ahora- identificando al hogar nuclear como lo normal y considerando a las otras formas como deficiencias o desviaciones. Hay dos tendencias importantes: el aumento en la tasa de divorcios y separaciones y el aumento de hogares a cargo de mujeres. El aumento en divorcios y separaciones debe ser analizado en el marco de procesos socioculturales complejos, ligados al proceso de individuación. La extensión de los valores modernos de autonomía personal, de libre elección de la pareja sobre la base del amor romántico, la creciente expectativa social de dar cauce a sentimientos y afectos implica también la contracara: la libertad de cortar vínculos cuando el amor se acaba, cuando el costo personal de la convivencia conflictiva supera cierto umbral. La creciente incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo –lo cual acarrea un mínimo de autonomía económica- vuelve posible quebrar vínculos conflictivos de sometimiento de género. Antes, muchas mujeres no tenían salida a situaciones matrimoniales conflictivas: separarse implicaba un fuerte estigma social y una victimización de la mujer. La falta de independencia económica reforzaba la institución matrimonial. Los cambios en los patrones culturales que gobiernan las relaciones de pareja en dirección a una mayor equidad entre géneros implican, de hecho, la ampliación de los grados de libertad. Para los sectores sociales más pobres el tema se complica, ya que es frecuente el abandono del padre ligado a situaciones de crisis en el mercado laboral y a la falta de valoración de su función como proveedor económico de la familia. Estos mismos hombres, sin embargo, pueden estar desempeñando un papel de proveedores o protectores de mujeres y niños en sus familias consanguíneas, sus madres o hermanas. La salida hacia el futuro no está en retornar a la división sexual tradicional, sino en una transformación de las relaciones de género dentro de la familia. El aumento de las mujeres solas con hijos es un fenómeno de transición en dos sentidos: en el curso de vida de las mujeres, situación que puede ser de transición hacia la formación de una nueva pareja; en la temporalidad histórica, estamos frente a una transición hacia nuevas formas de familia, más abiertas y alejadas del modelo nuclear completo. A menudo estas mujeres se convierten en únicas proveedoras económicas de sus hijos, mientras también están a cargo de las tareas domésticas. Especialmente cuando no conviven con otros parientes (sus padres y hermanos, por ejemplo). Estos núcleos familiares son vulnerables y están sujetos a situaciones de incertidumbre y riesgo. En realidad, como modelo cultural, la familia nuclear ha tenido un desarrollo muy especial, idealizada como modelo normativo, asumida como “normal” por las instituciones educativas y de salud, la familia nuclear de la mamá, el papá y los hijos se combina con una fuerte ideología familista, en la cual la consanguinidad y el parentesco son criterios básicos para las responsabilidades y obligaciones hacia los otros. Poco sabemos sobre la magnitud de los conflictos planteados a partir de la tensión entre las demandas de la familia nuclear y las obligaciones ancladas en lazos de parentesco (especialmente en la familia de origen). Poco sabemos sobre cómo se está estructurando un nuevo sistema de relaciones intergeneracionales cuando, a partir del divorcio y la separación, la no convivencia cotidiana no implica necesariamente el abandono de la responsabilidad parental. La relación entre padres (mucho más a menudo que madres) no convivientes con sus hijos es un tema que requiere atención, tanto en términos de investigación como de la formulación de lineamientos normativos para asegurar los derechos y las obligaciones del caso. Familia, Estado y comunidad: políticas públicas y espacios privados. Todo el edificio social –tanto en el plano microsocial de la división del trabajo intrafamiliar como en el de las políticas sociales- está basado en la existencia y funcionamiento de la organización doméstica y de la familia. Frente al diagnóstico contemporáneo de la “crisis” de la familia se levantan voces que demandan intervenciones públicas para “salvarla” de la crisis. Por lo general, estas voces son las de la tradición y la religión, con su carga de vigilancia moral de la vida privada, que reclaman políticas para “fortalecer” a la familia. Como supuesto ideológico fundamental de esta línea de pensamiento: hay solamente un modelo de familia posible que debe ser fortalecido, el de la familia basada en la pareja heterosexual monogámica y sus hijos, con su lógica de funcionamiento tradicional. En este supuesto ideológico, los demás modelos de
  • 6. 6 familia y convivencia son perversiones, desviaciones, indicadoras justamente del estado de “crisis”. Obviamente, se hace necesario pensar las intervenciones públicas hacia la familia desde otra perspectiva, la de promover la democracia y la igualdad. Para ello, desde un diagnóstico de las tensiones y problemas sociales asociados a las familias se podrían delinear políticas públicas correctoras, compensadoras y transformadoras. Una primera consideración es clara: la necesidad de incorporar la equidad entre géneros como uno de los criterios rectores de políticas públicas para revertir situaciones injustas y onerosas para las mujeres. La tarea no es sencilla. Las políticas de compensación afirmativa de desigualdades de género pueden tener efectos perversos sin una reestructuración de las relaciones económicas porque estas políticas tienden a ser asistencialistas. Aunque intenten promover la igualdad, a menudo refuerzan la diferenciación y promueven la estigmatización de la población (las mujeres) que recibe esa ayuda. En segundo lugar, la defensa de los derechos humanos implica necesariamente la intervención en las familias, en esa vida íntima donde esos derechos son violados con frecuencia. La inclusión del ámbito familiar en el mundo regido por principios de derecho aceptados por la comunidad internacional –que se manifiestan tanto en la condena de la violencia doméstica como en el reconocimiento de los derechos de los niños- otorga la justificación y la legitimidad para esta intervención protectora y preventiva. El desafío es hacerlo manteniendo el frágil equilibrio con la necesidad de proteger la intimidad, delimitando la intervención pública. En tercer lugar está la relación entre la familia y las políticas más amplias y de largo plazo de igualdad y equidad. La familia es una institución formadora de futuras generaciones. En ese sentido, es una instancia mediadora entre la estructura social en un momento histórico dado y el futuro de esa estructura social. En esta función reproductora de la sociedad, la institución familiar tiende a transmitir y reforzar patrones de desigualdad existentes. ¿Qué queremos para nuestros hijos? ¡Lo mejor! Trataremos de darles la mejor educación y preparación para el mundo del futuro; procuraremos que su salud sea óptima, previniendo y anticipando posibles malestares; trataremos de transmitirles nuestro capital social, cultural y económico. Nuestras sociedades y familias están organizadas para posibilitar este proceso. Las propiedades y riquezas se transmiten por herencia; los climas educacionales familiares tienen un efecto altamente significativo sobre los niveles educativos de los niños y jóvenes; las redes de relaciones sociales son acumuladas y transmitidas. O sea, existe una fuerte tendencia a que la institución familiar perpetúe los privilegios de quienes los tienen. En el otro extremo, cuando hay carencias y riesgos, la institución familiar tiende a reproducir el círculo vicioso de la pobreza, la marginalidad y la violencia. Los daños pueden ser irreversibles y acumulativos. Es sabido que la desnutrición infantil tiene efectos irreversibles sobre la salud física y el desempeño mental de las personas. Se está llegando a saber ahora que los hogares donde hay violencia doméstica tienden a estar constituidos por personas que se han criado en hogares donde la violencia era una forma de vida y, a menudo, han sido víctimas de violencia en su infancia. También se empieza a detectar, aunque de esto no se habla, que los embarazos muy tempranos – las de niñas de 10 a 14 años- son en la mayoría de los casos productos de violaciones intrafamiliares, y que las adolescentes que son madres tienden a ser hijas de mujeres que también comenzaron su vida reproductiva a edades muy tempranas. La conclusión es muy simple y directa: para promover la equidad social y disminuir las desigualdades sociales se requiere la intervención activa de instituciones extrafamiliares compensadoras y transformadoras. Desde una perspectiva intergeneracional, la ampliación de las oportunidades que puedan generar mayor equidad –oportunidades educativas, laborales, de calidad de vida en términos más amplios- requiere de acciones afirmativas, fundamentalmente por parte del Estado a través de políticas fiscales y sociales.
  • 7. 7 En este plano, pedir la intervención pública implica orientar la acción en dos sentidos: por un lado, la ampliación de las garantías públicas relacionadas con los derechos de ciudadanía social, lo cual implica una política igualitaria y universalista. Por otro lado, acciones dirigidas a la detección temprana de poblaciones en riesgo. Por ejemplo, el riesgo juvenil existe en todas las clases sociales, ya que el conflicto y la carencia –material y afectiva- no son privilegio de nadie. Sin embargo, la pobreza aumenta la vulnerabilidad, al contar con menos recursos y menos protección frente a estos riesgos. De ahí la mayor probabilidad de acumular daños. Para encarar esta problemática, más que partir del supuesto de que la familia es “buena” o es “mala”, se hace necesario contar con instrumentos para detectar los contextos sociales de protección y prevención del daño. El ambiente familiar puede actuar en ambas direcciones, según el caso: cuando se transmiten prácticas y normas de cuidado y responsabilidad hacia uno mismo y hacia los otros, y cuando se transmiten la carencia y la vulnerabilidad. Como la familia siempre es parte de un contexto social más amplio, que incluye a las demás instituciones en las cuales los jóvenes están insertos, la acción pública, estatal y social, debería compensar las deficiencias familiares en la capacidad de socialización y reforzar las capacidades existentes. De ahí la importancia de diseñar políticas sociales integradas en este campo, no dirigidas exclusivamente a un síntoma (digamos, la drogadicción) o a una institución (familiar, por ejemplo). Esta reflexión, ofrecida en un tono normativo de lo que se debería hacer permite plantear un dilema importante en este campo: ¿quién es el foco de la acción? ¿A quién se ayuda o fortalece en este tipo de intervención? Está claro que formulamos el problema con los jóvenes como eje, es decir, planteamos la protección y el bienestar de la persona, a partir de sus derechos humanos básicos y sus responsabilidades sociales. El objetivo es la protección y el fortalecimiento de las capacidades individuales, contextualizadas en el marco de sus vínculos de sociabilidad. La familia puede ser parte de la estrategia protectora. Y puede no serlo, si es en la familia donde se produce y reproduce el daño y la vulnerabilidad. En suma, los desafíos de la intervención pública son múltiples: en primer lugar, buscar la democracia en la familia, reconociendo los derechos de sus miembros y los principios de igualdad que deben gobernar su funcionamiento. Esto implica tomar en serio la equidad en las relaciones entre géneros y generaciones dentro de la familia, con el reconocimiento de los derechos de los niños, con el reconocimiento de los principios de no discriminación de las mujeres, con el reconocimiento de la violencia doméstica como violación a los derechos humanos (principios expuestos y aceptados en el plano de los documentos internacionales). En segundo lugar, apuntar a la reversión de las tendencias a la creciente desigualdad social, con las políticas compensadoras y transformadoras de los mecanismos de transmisión intergeneracional de esa desigualdad. Todo esto requiere un buen diagnóstico de las transformaciones que están experimentando las familias. Se trata de una institución que va perdiendo funciones, que va dejando de ser una “institución total”. Desde la perspectiva del individuo y su curso de vida, más que hablar de la familia, lo que permanece es una serie de vínculos familiares: vínculos entre madres y padres e hijos o hijas; vínculos entre hermanos; otros vínculos de parentesco más lejanos. Existen obligaciones y derechos en estos vínculos adscritos, aunque son relativamente limitados. Lo demás entra en el campo de lo opcional. En su relativa fragilidad y limitación, los vínculos familiares no están acompañados por un individualismo aislado, autosuficiente. Es bien sabido que para su bienestar físico, psicológico y social, el individuo requiere su integración en redes sociales comunitarias, redes que contienen y canalizan la afectividad y en las que se vuelca la capacidad de solidaridad y responsabilidad hacia el otro, redes que confieren identidad y sentido. Si en tiempos pasados esta función estaba depositada fundamentalmente en un tipo casi único de familia, sin otras alternativas y opciones, las transformaciones de los vínculos familiares en la actualidad indican la necesidad de promover y apoyar la gestación de múltiples espacios de sociabilidad en distintos tipos y formas de familias, así como en organizaciones intermedias alternativas o complementarias, que promuevan el reconocimiento mutuo y la participación democrática.