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UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO
SÁNCHEZ CARRIÓN
MAESTRÍA: DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO
GRUPO Nº 7
Integrantes :
 Chávez Echegaray, José Yahir
 Herrera Padilla, Braulio Ernesto
 Jiménez Reyes, Luis Alberto
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR LEY 20744
DEFINICIÓN
 El conjunto de actos y/o trámites que
permiten a la autoridad administrativa emitir
sus pronunciamientos conforme a ley, es
decir actos administrativos.
(Sayagués Laso, 2001) Como tal, el procedimiento
administrativo sancionador presenta caracteres inherentes
a su propia naturaleza, así como garantías vinculadas a la
proscripción de cualquier forma de arbitrariedad.
ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE CAPÍTULO
“Dilucidar la comisión de una
infracción administrativa”
229.2 Las disposiciones contenidas en el presente
Capítulo se aplican con carácter supletorio a todos los
procedimientos establecidos en leyes especiales (…).”
229.1 Las disposiciones del presente Capítulo disciplinan
la facultad que se atribuye a cualquiera de las entidades
(…).”
SE TIENE:
DE LA POTESTAD SANCIONADORA
Principios especiales: básicos para el derecho sancionador.
1. Legalidad. - Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión
de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado.
2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando
las garantías del debido procedimiento. Los.
3. Razonabilidad. - Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable. Sin embargo, las sanciones a ser
aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se
señalan a efectos de su graduación:
a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción.
b) La probabilidad de detección de la infracción.
c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.
 “Principio de legalidad”, en materia sancionatoria, impide que se pueda atribuir la comisión de una
falta si esta no está previamente determinada en la ley, y también prohíbe que se pueda aplicar una
sanción si esta no está también determinada por la ley. Como lo ha expresado este Tribunal (caso de la
legislación antiterrorista, Expediente N° 010-2002-AI/TC), el principio impone tres exigencias: la
existencia de una ley (lex scripta), que la ley sea anterior al hecho sancionado (lex previa), y que la ley
describa un supuesto de hecho estrictamente determinado (lex certa).»
EXP. N.º 2050-2002-AA/TC (fundamento jurídico 8)
EXPEDIENTE N° 1803-2004-AA/TC (fundamento jurídico 13)
La Administración ejerce un poder discrecional, como en este caso, para que este no se convierta en
arbitrario, debe guiarse por criterios de razonabilidad y justificar en cada supuesto su actuación. En esta
dirección, “El único poder que la Constitución acepta como legítimo, en su correcto ejercicio, es, pues, el
que se presenta como resultado de una voluntad racional, es decir, de una voluntad racionalmente justificada
y, por lo tanto, susceptible de ser entendida y compartida por los ciudadanos y, en esa misma medida, de
contribuir a renovar y reforzar el consenso sobre el que descansa la convivencia pacífica del conjunto
social.”
DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EN EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
DEFINICIÓN
 Como punto de partida, es necesario
resaltar que la normativa administrativa ya
ha establecido un criterio expreso respecto
a la determinación de la responsabilidad
administrativa estipulando que esta es
subjetiva, salvo en los casos en que por ley
o decreto legislativo se disponga la
responsabilidad administrativa objetiva.
Al ejercer su potestad sancionadora, la
autoridad administrativa debe valorar una
serie de circunstancias vinculadas a cada
caso concreto
EL ARTÍCULO 232° DE LA LEY 274444, MODIFICADO POR
DECRETO LEGISLATIVO 1272, ESTIPULA LO SIGUIENTE:
RESPONDEN EN FORMA SOLIDARIA
POR LAS INFRACCIONES
INDEMNIZACION POR DAÑOS Y
PERJUICIOS SEEGÚN PROCESO JUDICIAL
SON COMPATIBLES CON EL DICTADO DE
MEDIDA CORRECTIVAS
SANCIONES
ADMINISTRATI
VAS
OBLIGACIONES
DETERMINACION DE
LA
RESPONSABILIDAD
RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD
PRESCRIPCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
DEFINICIÓN
 Es la institución jurídica mediante la cual,
por el transcurso del tiempo, la persona
adquiere derechos o se libera de
obligaciones. (Art. 1942° del Código Civil)
 La prescripción se relaciona directamente
con el retraso objetivo en el ejercicio de los
derechos y potestades de las entidades
públicas, en concordancia con los cánones
que la normativa establezca y al margen de
la posición subjetiva de sus protagonistas
ARTÍCULO 233.- PRESCRIPCIÓN
 La facultad de la autoridad para determinar la existencia
de infracciones administrativas, prescribe en el plazo que
establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del
cómputo de los plazos de prescripción respecto de las
demás obligaciones que se deriven de los efectos de la
comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido
determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a
los cuatro (4) años.
DEFINICIÓN
 Es la institución jurídica mediante la cual,
por el transcurso del tiempo, la persona
adquiere derechos o se libera de
obligaciones. (Art. 1942° del Código Civil)
 La prescripción se relaciona directamente
con el retraso objetivo en el ejercicio de los
derechos y potestades de las entidades
públicas, en concordancia con los cánones
que la normativa establezca y al margen de
la posición subjetiva de sus protagonistas
PRESCRIPCIÓN
 EI cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende con la
iniciación del procedimiento sancionador a través de la
notificación al administrado de los hechos constitutivos de
infracción que les sean imputados a título de cargo, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 235, inciso 3 de esta Ley.
 Dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente si el trámite
del procedimiento sancionador se mantuviera paralizado por
más de veinticinco (25) días hábiles, por causa no imputable al
administrado.
PRESCRIPCIÓN
En caso se declare la prescripción, la autoridad podrá iniciar las
acciones necesarias para determinar las causas y
responsabilidades de la inacción administrativa, solo cuando se
advierta que se hayan producido situaciones de negligencia.
La autoridad declara de oficio la prescripción y da por
concluido el procedimiento cuando advierta que se ha
cumplido el plazo para determinar la existencia de infracciones.
Asimismo, los administrados pueden plantear la prescripción
por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más
trámite que la constatación de los plazos.
Expediente N° 8092-2005-PA/TC Fecha de la sentencia: 30 de noviembre de 2005.
Materia analizada: Prescripción.
 Y, como ya lo ha expuesto este Tribunal Constitucional en la sentencia recaída
en el expediente 1805-2005, desde la óptica penal, mediante Ja prescripción se
limité'. la potestad punitiva del Estado, dado que se extingue la posibilidad de
investigar un hecho criminal y, con ello, la responsabilidad del supuesto autor o
autores del mismo. De este modo desde la Carta Magna, inspirada en el
principio pro homine, el Estado autolimita su potestad punitiva en la medida en
que, por el paso del tiempo se elimina la incertidumbre jurídica en el caso de la
extinción de la acción penal. (fundamento jurídico 8).
 La administración en el ejercicio de su facultad sancionadora tiene el irrestricto
deber de respetar los derechos procesales constitucionales de los administrados
entre los cuales se encuentra el instituto procesal de la prescripción
(fundamento jurídico 9).
CARACTERES EN EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
ARTÍCULO 234.- CARACTERES DEL PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR
Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente
haber seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido
caracterizado por:
 1. Diferenciar en su estructura entre la autoridad que conduce la fase
instructora y la que decide la aplicación de la sanción, cuando la
organización de la entidad lo permita.
 2. Considerar que los hechos declarados probados por resoluciones
judiciales firmes vinculan a las entidades en sus procedimientos
sancionadores. (Regla de subordinación)
 3. Notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo
la calificación de las infracciones que tales hechos pueden construir y la
expresión de las sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, así como la
autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuya tal
competencia.
 4. Otorgar al administrado un plazo de cinco días para formular sus
alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento
jurídico conforme al numeral 2 del Artículo 162, sin que la abstención del
ejercicio de este derecho pueda considerarse elemento de juicio en contrario
a su situación.
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ARTÍCULO 255.- PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ceñirán a las
siguientes disposiciones:
1. El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, bien por propia
iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición motivada de otros
órganos o entidades o por denuncia.
2. Con anterioridad a la iniciación formal del procedimiento se podrán realizar
actuaciones previas de investigación, averiguación e inspección con el objeto
de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que
justifiquen su iniciación.
 3. Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad
instructora del procedimiento formula la respectiva notificación de cargo al
posible sancionado, la que debe contener los datos a que se refiere el
numeral 3 del artículo precedente para que presente sus descargos por
escrito en un plazo que no podrá ser inferior a cinco días hábiles contados a
partir de la fecha de la notificación.
 4. Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo o sin él, la autoridad que
instruye el procedimiento realizará de oficio todas las actuaciones necesarias
para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean
relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidad
susceptible de sanción.
 5. Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora
del procedimiento concluye determinando la existencia de una infracción y,
por ende, la imposición de una sanción; o la no existencia de infracción. La
autoridad instructora formula un informe final de instrucción en el que se
determina, de manera motivada, las conductas que se consideren probadas
constitutivas de infracción, la norma que prevé la imposición de sanción; y, la
sanción propuesta o la declaración de no existencia de infracción, según
corresponda. 6. La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar
el procedimiento será notificada tanto al administrado como al órgano u
entidad que formuló la solicitud o a quien denunció la infracción, de ser el
caso.
 6. La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el
procedimiento será notificada tanto al administrado como al órgano u
entidad que formuló la solicitud o a quién denunció la infracción, de ser el
caso.
ARTÍCULO 256°.- MEDIDAS DE CARÁCTER PROVISIONAL
256.1 La autoridad que tramita el procedimiento puede disponer, en cualquier
momento, la adopción de medidas de carácter provisional que aseguren la
eficacia de la resolución final que pudiera recaer, con sujeción a lo previsto por
el artículo 157.
256.2. Las medidas que se adopten deberán ajustarse a la intensidad,
proporcionalidad y necesidad de los objetivos que se pretende garantizar en
cada supuesto concreto.
256.3. No se puede dictar medidas de carácter provisional que puedan causar
perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen
violación de sus derechos.
256.4. Las medidas de carácter provisional no pueden extenderse más allá de lo
que resulte indispensable para cumplir los objetivos cautelares concurrentes en
el caso concreto.
256.5. Durante la tramitación, la autoridad competente que hubiese ordenado
las medidas de carácter provisional las revoca, de oficio o a instancia de parte,
cuando compruebe que ya no son indispensables para cumplir los objetivos
cautelares concurrentes en el caso concreto.
256.6. Cuando la autoridad constate, de oficio o a instancia de parte, que se ha
producido un cambio de la situación que tuvo en cuenta al tomar la decisión
provisional, esta debe ser cambiada, modificando las medidas provisionales
acordadas o sustituyéndolas por otras, según requiera la nueva medida.
256.7. El cumplimiento o ejecución de las medidas de carácter provisional que
en su caso se adopten, se compensan, en cuanto sea posible, con la sanción
impuesta.
256.8. Las medidas de carácter provisional se extinguen por las siguientes
causas:
1. Por la resolución que pone fin al procedimiento en que se hubiesen
ordenado. La autoridad competente para resolver el recurso administrativo de
que se trate puede, motivadamente, mantener las medidas acordadas o adoptar
otras hasta que dicte el acto de resolución del recurso.
2. Por la caducidad del procedimiento sancionador.
ARTÍCULO 257.- EXIMENTES Y ATENUANTES DE
RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES
1. Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones.
2. Constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por
infracciones.
ARTÍCULO 258°.- RESOLUCIÓN
258.1 En la resolución que ponga fin al procedimiento no se podrán aceptar
hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con
independencia de su diferente valoración jurídica.
258.2 La resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa. La
administración podrá adoptar las medidas cautelares precisas para garantizar
su eficacia, en tanto no sea ejecutiva.
258.3 Cuando el infractor sancionado recurra o impugne la resolución
adoptada, la resolución de los recursos que interponga no podrá determinar
la imposición de sanciones más graves para el sancionado.

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PROC.SANCIONADOR-GRUPO 7.pptx

  • 1. UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN MAESTRÍA: DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO GRUPO Nº 7 Integrantes :  Chávez Echegaray, José Yahir  Herrera Padilla, Braulio Ernesto  Jiménez Reyes, Luis Alberto
  • 3. DEFINICIÓN  El conjunto de actos y/o trámites que permiten a la autoridad administrativa emitir sus pronunciamientos conforme a ley, es decir actos administrativos. (Sayagués Laso, 2001) Como tal, el procedimiento administrativo sancionador presenta caracteres inherentes a su propia naturaleza, así como garantías vinculadas a la proscripción de cualquier forma de arbitrariedad.
  • 4. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE CAPÍTULO “Dilucidar la comisión de una infracción administrativa” 229.2 Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo se aplican con carácter supletorio a todos los procedimientos establecidos en leyes especiales (…).” 229.1 Las disposiciones del presente Capítulo disciplinan la facultad que se atribuye a cualquiera de las entidades (…).” SE TIENE:
  • 5. DE LA POTESTAD SANCIONADORA Principios especiales: básicos para el derecho sancionador. 1. Legalidad. - Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado. 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los. 3. Razonabilidad. - Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación: a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción. b) La probabilidad de detección de la infracción. c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.
  • 6.  “Principio de legalidad”, en materia sancionatoria, impide que se pueda atribuir la comisión de una falta si esta no está previamente determinada en la ley, y también prohíbe que se pueda aplicar una sanción si esta no está también determinada por la ley. Como lo ha expresado este Tribunal (caso de la legislación antiterrorista, Expediente N° 010-2002-AI/TC), el principio impone tres exigencias: la existencia de una ley (lex scripta), que la ley sea anterior al hecho sancionado (lex previa), y que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente determinado (lex certa).» EXP. N.º 2050-2002-AA/TC (fundamento jurídico 8)
  • 7. EXPEDIENTE N° 1803-2004-AA/TC (fundamento jurídico 13) La Administración ejerce un poder discrecional, como en este caso, para que este no se convierta en arbitrario, debe guiarse por criterios de razonabilidad y justificar en cada supuesto su actuación. En esta dirección, “El único poder que la Constitución acepta como legítimo, en su correcto ejercicio, es, pues, el que se presenta como resultado de una voluntad racional, es decir, de una voluntad racionalmente justificada y, por lo tanto, susceptible de ser entendida y compartida por los ciudadanos y, en esa misma medida, de contribuir a renovar y reforzar el consenso sobre el que descansa la convivencia pacífica del conjunto social.”
  • 8. DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
  • 9. DEFINICIÓN  Como punto de partida, es necesario resaltar que la normativa administrativa ya ha establecido un criterio expreso respecto a la determinación de la responsabilidad administrativa estipulando que esta es subjetiva, salvo en los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva. Al ejercer su potestad sancionadora, la autoridad administrativa debe valorar una serie de circunstancias vinculadas a cada caso concreto
  • 10. EL ARTÍCULO 232° DE LA LEY 274444, MODIFICADO POR DECRETO LEGISLATIVO 1272, ESTIPULA LO SIGUIENTE: RESPONDEN EN FORMA SOLIDARIA POR LAS INFRACCIONES INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS SEEGÚN PROCESO JUDICIAL SON COMPATIBLES CON EL DICTADO DE MEDIDA CORRECTIVAS SANCIONES ADMINISTRATI VAS OBLIGACIONES DETERMINACION DE LA RESPONSABILIDAD RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD
  • 11. PRESCRIPCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
  • 12. DEFINICIÓN  Es la institución jurídica mediante la cual, por el transcurso del tiempo, la persona adquiere derechos o se libera de obligaciones. (Art. 1942° del Código Civil)  La prescripción se relaciona directamente con el retraso objetivo en el ejercicio de los derechos y potestades de las entidades públicas, en concordancia con los cánones que la normativa establezca y al margen de la posición subjetiva de sus protagonistas
  • 13. ARTÍCULO 233.- PRESCRIPCIÓN  La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años.
  • 14. DEFINICIÓN  Es la institución jurídica mediante la cual, por el transcurso del tiempo, la persona adquiere derechos o se libera de obligaciones. (Art. 1942° del Código Civil)  La prescripción se relaciona directamente con el retraso objetivo en el ejercicio de los derechos y potestades de las entidades públicas, en concordancia con los cánones que la normativa establezca y al margen de la posición subjetiva de sus protagonistas
  • 15. PRESCRIPCIÓN  EI cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador a través de la notificación al administrado de los hechos constitutivos de infracción que les sean imputados a título de cargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 235, inciso 3 de esta Ley.  Dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente si el trámite del procedimiento sancionador se mantuviera paralizado por más de veinticinco (25) días hábiles, por causa no imputable al administrado.
  • 16. PRESCRIPCIÓN En caso se declare la prescripción, la autoridad podrá iniciar las acciones necesarias para determinar las causas y responsabilidades de la inacción administrativa, solo cuando se advierta que se hayan producido situaciones de negligencia. La autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento cuando advierta que se ha cumplido el plazo para determinar la existencia de infracciones. Asimismo, los administrados pueden plantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos.
  • 17. Expediente N° 8092-2005-PA/TC Fecha de la sentencia: 30 de noviembre de 2005. Materia analizada: Prescripción.  Y, como ya lo ha expuesto este Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 1805-2005, desde la óptica penal, mediante Ja prescripción se limité'. la potestad punitiva del Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho criminal y, con ello, la responsabilidad del supuesto autor o autores del mismo. De este modo desde la Carta Magna, inspirada en el principio pro homine, el Estado autolimita su potestad punitiva en la medida en que, por el paso del tiempo se elimina la incertidumbre jurídica en el caso de la extinción de la acción penal. (fundamento jurídico 8).  La administración en el ejercicio de su facultad sancionadora tiene el irrestricto deber de respetar los derechos procesales constitucionales de los administrados entre los cuales se encuentra el instituto procesal de la prescripción (fundamento jurídico 9).
  • 18. CARACTERES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
  • 19. ARTÍCULO 234.- CARACTERES DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido caracterizado por:  1. Diferenciar en su estructura entre la autoridad que conduce la fase instructora y la que decide la aplicación de la sanción, cuando la organización de la entidad lo permita.  2. Considerar que los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a las entidades en sus procedimientos sancionadores. (Regla de subordinación)
  • 20.  3. Notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo la calificación de las infracciones que tales hechos pueden construir y la expresión de las sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, así como la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuya tal competencia.  4. Otorgar al administrado un plazo de cinco días para formular sus alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico conforme al numeral 2 del Artículo 162, sin que la abstención del ejercicio de este derecho pueda considerarse elemento de juicio en contrario a su situación.
  • 22. ARTÍCULO 255.- PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ceñirán a las siguientes disposiciones: 1. El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición motivada de otros órganos o entidades o por denuncia. 2. Con anterioridad a la iniciación formal del procedimiento se podrán realizar actuaciones previas de investigación, averiguación e inspección con el objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen su iniciación.
  • 23.  3. Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad instructora del procedimiento formula la respectiva notificación de cargo al posible sancionado, la que debe contener los datos a que se refiere el numeral 3 del artículo precedente para que presente sus descargos por escrito en un plazo que no podrá ser inferior a cinco días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación.  4. Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo o sin él, la autoridad que instruye el procedimiento realizará de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidad susceptible de sanción.
  • 24.  5. Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento concluye determinando la existencia de una infracción y, por ende, la imposición de una sanción; o la no existencia de infracción. La autoridad instructora formula un informe final de instrucción en el que se determina, de manera motivada, las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la norma que prevé la imposición de sanción; y, la sanción propuesta o la declaración de no existencia de infracción, según corresponda. 6. La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento será notificada tanto al administrado como al órgano u entidad que formuló la solicitud o a quien denunció la infracción, de ser el caso.  6. La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento será notificada tanto al administrado como al órgano u entidad que formuló la solicitud o a quién denunció la infracción, de ser el caso.
  • 25. ARTÍCULO 256°.- MEDIDAS DE CARÁCTER PROVISIONAL 256.1 La autoridad que tramita el procedimiento puede disponer, en cualquier momento, la adopción de medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer, con sujeción a lo previsto por el artículo 157. 256.2. Las medidas que se adopten deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidad de los objetivos que se pretende garantizar en cada supuesto concreto. 256.3. No se puede dictar medidas de carácter provisional que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de sus derechos.
  • 26. 256.4. Las medidas de carácter provisional no pueden extenderse más allá de lo que resulte indispensable para cumplir los objetivos cautelares concurrentes en el caso concreto. 256.5. Durante la tramitación, la autoridad competente que hubiese ordenado las medidas de carácter provisional las revoca, de oficio o a instancia de parte, cuando compruebe que ya no son indispensables para cumplir los objetivos cautelares concurrentes en el caso concreto. 256.6. Cuando la autoridad constate, de oficio o a instancia de parte, que se ha producido un cambio de la situación que tuvo en cuenta al tomar la decisión provisional, esta debe ser cambiada, modificando las medidas provisionales acordadas o sustituyéndolas por otras, según requiera la nueva medida.
  • 27. 256.7. El cumplimiento o ejecución de las medidas de carácter provisional que en su caso se adopten, se compensan, en cuanto sea posible, con la sanción impuesta. 256.8. Las medidas de carácter provisional se extinguen por las siguientes causas: 1. Por la resolución que pone fin al procedimiento en que se hubiesen ordenado. La autoridad competente para resolver el recurso administrativo de que se trate puede, motivadamente, mantener las medidas acordadas o adoptar otras hasta que dicte el acto de resolución del recurso. 2. Por la caducidad del procedimiento sancionador.
  • 28. ARTÍCULO 257.- EXIMENTES Y ATENUANTES DE RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES 1. Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones. 2. Constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por infracciones.
  • 29. ARTÍCULO 258°.- RESOLUCIÓN 258.1 En la resolución que ponga fin al procedimiento no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica. 258.2 La resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa. La administración podrá adoptar las medidas cautelares precisas para garantizar su eficacia, en tanto no sea ejecutiva. 258.3 Cuando el infractor sancionado recurra o impugne la resolución adoptada, la resolución de los recursos que interponga no podrá determinar la imposición de sanciones más graves para el sancionado.