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En los últimos años se ha hablado mucho de quienes perdiendo su casa
se han encontrado en precariedad, pero no tanto de las muchas personas
que viven en condiciones de extrema pobreza desde hace muchos años,
incluso generaciones, y nunca tuvieron posibilidad de acceder a una
hipoteca, ni a un alquiler a precio de mercado. Sus únicas opciones se han
movido siempre entre la autoconstrucción y las limitadas oportunidades
de vivienda pública y social que se les han ofrecido.
Con la mirada puesta en esta realidad, en 2015 comenzó su andadura
la Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas, buscando
incorporar en el análisis de la situación del derecho a la vivienda la
perspectiva de quienes viven en mayor pobreza, poniendo en diálogo su
experiencia y conocimiento con el de activistas y profesionales.
Fruto de ese trabajo, recuperamos una historia que ahora parece casi
olvidada: la de los realojamientos de los barrios autoconstruidos (o
de chabolas) de la Comunidad de Madrid. Nuestro acompañamiento
a muchas familias que vivieron o viven estos procesos nos hace ver la
importancia de recuperarla y analizarla para aprender de ella.
En este libro compartimos las historias concretas contadas por quienes
las han vivido, junto con el análisis que hacen de las mismas. Estos
relatos trascienden las realidades de las que nos hablan. Las experiencias
vividas nos ayudan a analizar y comprender las luchas por el derecho
a la vivienda de quienes hoy viven otras realidades de pobreza, como
la de encontrarse en situación de calle, la de las personas migrantes,
la de quienes se ven obligadas a ocupar viviendas abandonadas o sólo
encuentran soluciones de emergencia temporales.
Realojando
derechos
El acceso a una vivienda digna
desde la perspectiva de
la extrema pobreza
Movimiento ATD Cuarto Mundo España
Esparteros 11, piso 6, oficina 3
Tlf: 91 448 14 45
cuartomundo@gmail.com
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Asamblea de Vivienda Digna
para Todas las Personas
viviendadignatodas@gmail.com
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Realojandoderechos.Elaccesoaunaviviendadignadesdelaperspectivadelaextremapobreza
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Este libro se distribuye bajo una licencia «Reconocimiento - No comercial», que
se puede consultar en http://creativecommons.org/choose/?lang=es_ES. Está
permitida la reproducción de los contenidos de esta publicación, siempre y
cuando se cite la procedencia y se haga sin fines comerciales.
Asamblea de Vivienda Digna para
Todas las Personas
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Revisión de textos, diseño y maquetación:
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Imágenes:
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Javier Baeza
Alberto Astudillo
Antonio Jiménez
Jesús Pozo
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Freepik
Hay fotos de los barrios de Las Sabinas, Pozo del Huevo,
Barranquillas y el Gallinero.
ISBN: 978-84-09-14121-0
“La vivienda son las raíces que
harán que tus hijos puedan
desarrollarse y florecer.
Por eso hay que seguir luchando,
para no dejarles sin futuro.”
El derecho a la vivienda	 5
1. Echando la vista atrás para seguir adelante	 13
Razones para estos textos	 14
El derecho a la vivienda revisado desde una chabola	 19
Sí hay derecho	 19
Una vivienda “adecuada”	 24
Frente a la amenaza de un desalojo	 26
Periferias que vienen de lejos	 30
Luchas vecinales, remodelación de barrios
y marginalización de la autoconstrucción	 34
Una alianza institucional para la erradicación
del chabolismo	 40
La integración social como clave del realojamiento	 45
¿El fin del “chabolismo”?	 48
El Pozo del Huevo: memoria de un realojo	 51
Las Sabinas, pasado, presente, ¿futuro?	 58
2. La lucha por la vivienda desde los márgenes	 67
Las voces de la experiencia	68
Nada para las personas que estamos excluidas
sin contar con nosotras	69
Sin vivienda no existes, no tienes seguridades básicas	92
En unas condiciones que podamos cumplir,
respetando y siendo respetados	112
No más normativas en contra de quienes
somos más vulnerables	132
Si no me dan, al menos que no me quiten lo que tengo	155
Razones para seguir luchando	174
Las otras voces de los barrios	 189
3. Propuestas y horizontes	 195
Bibliografía	 206
Índice
REALOJANDO DERECHOS. El derecho a la vivienda 5
El derecho
a la vivienda
ATD Cuarto Mundo - Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas6
C
onocemos bien el cuento de los tres cerditos y el lobo, un relato que desde
la más tierna infancia sirvió para aleccionarnos acerca de la necesidad de
trabajar duro si queríamos, en el futuro, llegar a disponer de una casa sóli-
da, firme y segura, capaz de resistir los soplidos terribles, como de huracán,
que era capaz de lanzar aquella fiera en su asedio al hogar de los rollizos y apetitosos
cerditos. La pereza y la imprevisión de los dos más perezosos, que prefirieron dedicar
más tiempo al juego y construir su techo con materiales ligeros como paja y madera
(“¿quién teme al lobo feroz?” cantaban los muy insensatos), estuvo a punto de saldarse
en tragedia, de no haber contado con la solidaridad del más responsable y laborioso de
los tres hermanos, que los acogió dándoles albergue en su casa de ladrillo.
Sin embargo, por mucho que se empeñe la factoría Disney, en el mundo real en que
habitamos los seres humanos adultos, desgraciadamente las cosas no siempre son tan
simples y transparentes: ni los actores principales son tan fácilmente identificables
como buenos y malos; ni la virtud del trabajo duro resulta garantía de acceso al techo
en condiciones dignas; ni la solidaridad informal de la red de parientes se encuentra
disponible en todas las ocasiones para aquellas personas que han visto derrumbarse
su precario alojamiento ante el lobo, que “sopló y sopló” una y otra vez, hasta conse-
guir dejarlos a la intemperie.
Vivimos en un país con una de las cotas más altas de bienestar si atendemos a lo que
marca el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Actualmente ocupamos el puesto 26
en el ranking de casi 200 países del mundo que publica anualmente Naciones Unidas,
un ranking en el que incluso llegamos a ocupar el puesto 13 durante el año 2007, a un
paso tan sólo de Estados Unidos e inmediatamente por delante de Dinamarca (¡qué
tiempos aquellos!).
Eso fue justo antes de recibir el impacto de la última crisis económica, una crisis que en
el caso español más que crisis se concretó en forma de verdadera estafa, una estafa de
enormes dimensiones mediante la cual los ahorros de personas jubiladas, trabajadoras
y clases medias asalariadas –ya fuese en forma de inversión en acciones preferentes,
o de embargos por impago de hipotecas usurarias, altísimas comisiones y cláusulas
abusivas– fueron a parar a las fauces de la fiera.
Millones de personas firmaron hipotecas en tiempos de bonanza como única alterna-
tiva racional frente al desorbitado precio de los alquileres y la práctica inexistencia de
vivienda pública. Hipotecas que resultaron imposibles de afrontar, cuando el paro se
disparó y se hizo persistente en muchos hogares, de modo que acabaron perdiendo lo
ya amortizado, mientras veían espantados cómo se mantenía la deuda aún pendien-
te con el banco. Todo ello de acuerdo a una anticuada ley hipotecaria que hundía sus
raíces en el siglo XIX, y nos dejaba al margen de las normas habituales de protección
al consumidor existentes en los países de la Unión Europea (UE). El lobo soplaba y
soplaba con todas sus fuerzas. El resultado fue que millones de personas fueron esquil-
REALOJANDO DERECHOS. El derecho a la vivienda 7
madas en beneficio de algunos grandes
bancos y acabaron pagando los platos
rotos de una fiesta en la que sólo ha-
bían ocupado el lugar de invitadas muy
secundarias.
Al reparto del botín acudieron, además
de los privilegiados autóctonos, un buen
número de fondos de inversión inter-
nacionales, llamados de capital riesgo,
distressed, holdouts o “fondos buitre”. El
lobo se había convertido finalmente en
ave carroñera, y no estaba tan interesa-
do en comerse a los inquilinos como en
arrebatarles su casa; sí, también la construida con ladrillos.
Habitualmente los hogares y familias más pobres han acumulado el sufrimiento
derivado de las necesidades básicas insatisfechas, generado como consecuencia de
la distribución desigual de la enorme riqueza que somos capaces de generar como
sociedad. Sin embargo, en España, lo cierto es que no sólo las personas peor equipa-
das en educación, ingresos o capital sociorelacional han visto alejarse la posibilidad
de acceder a una vivienda digna, sino que la propia clase media, especialmente en sus
fracciones inferiores, ha experimentado cómo el derecho a la vivienda, pomposamente
proclamado en el artículo 47 de la Constitución, pasaba a convertirse en una quimera.
Un sueño casi inaccesible, habida cuenta de la crisis de empleo que vivimos desde
2008 –con una tasa de paro que rozó el 27% en 2013 y aún sigue estando alrededor
del 15%–, y de los bajos salarios existentes en nuestro país, que según el INE apenas
aumentaron un 6% por término medio entre 2008 y 2018, mientras el precio de la vi-
vienda seguía por las nubes; de modo que, si a mediados de los 90 los hogares de renta
media dedicaban la cuarta parte de sus gastos a la vivienda, dos décadas más tarde
el gasto en vivienda consumía ya el 33%, la tercera parte, de los ingresos de la clase
media.
Entretanto, la compra de una vivienda que en los ochenta implicaba destinar íntegra-
mente el equivalente a tres años de un sueldo medio, había ido aumentando hasta que
llegado el momento más grave de la crisis inmobiliaria, esa misma vivienda necesitaba
de ¡nueve años! de sueldo íntegro para poder ser adquirida; actualmente, está en 7,4
años.
Para terminar de dibujar el sombrío panorama de la vivienda en nuestro país, en tanto
que derecho básico fundamental no garantizado para una gran parte de la población,
sólo hemos de recordar la práctica inexistencia de vivienda pública. Dos renombra-
dos especialistas en vivienda, Carme Trilla y Jordi Bosch, estimaban a mediados del
Millones de personas firmaron
hipotecas en tiempos de
bonanza como única
alternativa racional
frente al desorbitado
precio de los alquileres
y la práctica inexistencia de vivienda
pública.
ATD Cuarto Mundo - Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas8
año pasado que tan sólo el 1,5% del
parque total español era vivienda pú-
blica en alquiler social, frente al 30% en
Holanda o el 24% en Austria, por lo que
sugerían que sería necesario disponer
de un millón y medio de viviendas más
en régimen de alquiler social para inten-
tar paliar la enorme crisis de exclusión
residencial que padecemos1
.
En cambio, durante los peores años de
la llamada Gran Recesión, lejos de am-
pliar el parque de vivienda pública destinada a ser alquilada a un precio tasado, nues-
tro país mostró una vez más su excepcionalidad dentro del conjunto de la UE, con la
venta en 2013 de casi 5.000 viviendas sociales a empresas privadas por un precio muy
inferior a su valor de mercado, llevada a cabo por el IVIMA y la Empresa Municipal de
Vivienda en Madrid. Los responsables políticos de la Comunidad y el Ayuntamiento
de Madrid generaron con esa forma de actuar un enriquecimiento ilícito a empresas
privadas que está siendo objeto de investigación ante los tribunales por los presuntos
delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y/o sustracción de bienes
públicos a su utilidad social.
No es extraño, por tanto, que España sea, junto con Grecia y Rumanía, uno de los tres
países con más porcentaje de población en régimen de alquiler que ve cómo los costes
destinados a vivienda superan el 40% de los ingresos del hogar. Disponer de un techo
sobre sus cabezas se ha convertido en una misión casi imposible para casi la mitad del
16% de hogares españoles que vive en régimen de alquiler.
De hecho, entre 2007 y 2016 se abrieron más de 720.000 expedientes de ejecución
hipotecaria en los juzgados, cada uno de los cuales arrastra con toda seguridad una
tragedia personal concreta y particular. En la actualidad, muchos de los hogares que
ven fragilizarse hasta el extremo su situación residencial son “hogares con cuantiosas
deudas y a menudo en situaciones de desempleo de muy larga duración, [cuya] única
salida laboral es el mercado de trabajo informal, por lo que su precariedad residencial
ya no está vinculada a una situación de crisis económica determinada, sino que se ha
convertido en estructural” concluyen Trilla y Bosch (pág. 53). Todo lo cual dibuja un
panorama de “emergencia habitacional”, que se deja sentir especialmente entre las
personas más jóvenes, al ver bloquearse sus proyectos vitales de emancipación y resi-
dencia autónoma e independiente.
1	 TRILLA BELLART, C. y BOSCH MEDA, J. (2018) El parque público y protegido de viviendas en España: un análisis
desde el contexto europeo. Madrid: Fundación Alternativas.
Si a mediados de los 90
los hogares de renta
media dedicaban la cuarta
parte de sus gastos
a la vivienda, dos décadas
más tarde el gasto en
vivienda consumía ya el 33%
REALOJANDO DERECHOS. El derecho a la vivienda 9
Este documento quiere ser una aportación para revertir esta situación, poniendo
el foco en algunas realidades invisibilizadas de sinhogarismo. Cuando se habla de
personas sin hogar, la primera imagen que viene a la cabeza es la de las más de 30.000
personas que, según los escasos datos disponibles, estarían viviendo en España literal-
mente en la calle, sin techo, y para las cuales, en el mejor de los casos, sólo existen so-
luciones de alojamiento temporal, normalmente en instituciones y centros de acogida
colectivos.
Pero también son personas sin hogar, según la clasificación ETHOS (Tipología Europea
de Sin Hogar y Exclusión Residencial), quienes viven en alojamientos inseguros (bajo
amenaza severa de exclusión por desahucio, arrendamiento precario o violencia do-
méstica) o inadecuados (chabolas en asentamientos ilegales, vivienda no apta para su
habitabilidad según la normativa o donde existe una situación de hacinamiento).
Todas las propuestas sugeridas por Feantsa (Federación Europea de Organizaciones
Nacionales que trabajan con Personas sin Hogar) e incorporadas a la Carta de Dere-
chos de las Personas Sin Hogar que ya han firmado algunas ciudades españolas como
ATD Cuarto Mundo - Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas10
Barcelona o Móstoles, hablan de la ne-
cesidad de apoyar soluciones centradas
en la vivienda que sirvan para dar salida
definitiva al sinhogarismo en cualquiera
de sus manifestaciones.
Esta misma organización, de cara a po-
der erradicar el sinhogarismo y plasmar
efectivamente el derecho a la vivienda
en las sociedades europeas, se fija los
siguientes objetivos:
1. Que nadie duerma a la intemperie.
2. Que nadie viva en un alojamiento de
emergencia más tiempo del que dure la
“emergencia”.
3. Que nadie viva en una vivienda
temporal o de transición más tiempo
de lo que requiera su mudanza exitosa
y definitiva.
4. Que nadie salga de una institución
sin tener opciones de alojamiento.
5. Que no haya jóvenes que se vean sin
hogar como resultado de su proceso
de emancipación hacia la residencia
independiente2
.
Obviamente, en nuestro país, estamos muy lejos de conseguirlo.
Hay que recordar que la provisión de vivienda a un precio asequible forma parte de las
políticas públicas destinadas a dar concreción a los 20 principios fundamentales que
constituyen el llamado Pilar Europeo de Derechos Sociales3
por el que se pretende
construir una UE más inclusiva y justa. Todo ello dentro de la Agenda Urbana para la
UE, en la que se entiende que “la vivienda asequible es un derecho humano básico que
fomenta la cohesión social”.
En cambio, tal y como sucedía con los cuentos infantiles, la tozuda realidad europea
nos muestra una cara mucho más oscura y difícil de transformar que la proclamada
2	 FEANTSA (2018) Cities toolkit for ending homelessness. Ver: https://www.feantsa.org
3	 Ver: https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pi-
llar-social-rights
[...] la venta en 2013 de casi 5.000
viviendas sociales a empresas
privadas por un precio
muy inferior a su valor
de mercado, llevada a
cabo por el IVIMA y la
Empresa Municipal de Vivienda en
Madrid. Los responsables políticos de
la Comunidad y el Ayuntamiento de
Madrid generaron con esa forma de
actuar un enriquecimiento ilícito a
empresas privadas que está siendo objeto
de investigación ante los tribunales por
los presuntos delitos de prevaricación,
malversación de caudales públicos y/o
sustracción de bienes públicos a su
utilidad social.
REALOJANDO DERECHOS. El derecho a la vivienda 11
en los discursos oficiales y las ostentosas declaraciones de intenciones. En el distri-
to londinense de North Kensington prosiguen lentamente los trabajos para volver a
levantar la torre Grenfell, un edificio con 24 plantas de viviendas sociales construido a
mediados de los sesenta, cuyo pavoroso incendio en junio de 2017 dejó un balance de
72 personas fallecidas, al parecer como consecuencia de haber usado un revestimien-
to particularmente inflamable y prohibido en otros países para edificios de gran altura.
Todo ello tras una reforma realizada en 2016 que estuvo destinada más bien a cambiar
la apariencia externa del inmueble, que no a mejorar las condiciones de existencia de
sus 600 inquilinos, en su inmensa mayoría personas inmigrantes, una comunidad mul-
tiétnica, multicultural y con bajos ingresos.
La toma de conciencia colectiva acerca de la responsabilidad social y la desastrosa
política en la gestión de viviendas sociales que se adivinaba como causa última de la
tragedia, se tradujo en casi 6 millones de euros para ayudar a realojar en viviendas de
lujo a los residentes, que casi dos años después siguen movilizados, protestando y re-
clamando ante la Alcaldía que quieren: “viviendas sociales, no pisos de lujo”4
Todo ello,
mientras una tela blanca rematada con un gran corazón de color verde intenta paliar
simbólicamente el sufrimiento y superponer una nota de esperanza sobre la mala con-
ciencia que arrastra la sociedad londinense por una herida que aún continúa abierta.
Mientras tomaba algunas notas para este prólogo, durante los días de la pasada sema-
na santa, en los que estuve viviendo en Londres muy cerca de donde se ubica la torre
Grenfell, irrumpieron en las redes sociales y los informativos de televisión las imágenes
de otro incendio, también este tremendo y espantoso, el de la catedral de Notre-Dame
en París, pero que a diferencia del primero no dejó ninguna víctima mortal, aunque sí
dañó profundamente el patrimonio histórico-artístico de Francia e infringió una herida
sensible en su orgullo nacional, dando lugar a las reacciones humanas más diversas.
Entre ellas resulta inevitable señalar la de algunos multimillonarios como Bernard
Arnauld que se apresuró a donar 200 millones de euros para su reconstrucción, con los
que duplicó los 100 millones entregados unas horas antes por su rival en los negocios,
François Pinault. Las donaciones de grandes marcas como L’Oreal, Total, Bouygues,
etc., unidas a las de donantes particulares, permitieron recaudar en apenas 24 horas,
la cifra de 600 millones de euros destinados a su reconstrucción5
, todo ello mientras
delante de las llamas el presidente Emmanuel Macron llamaba a la unidad nacional
para reconstruir Notre-Dame en cinco años.
No creo que sea ocioso, ni frívolo, ni demagógico, llamar a la reflexión frente a estas
dos catástrofes, en vidas humanas la primera, y en reliquias y objetos artísticos la
4	 Ver el siguiente blog: https://grenfellactiongroup.wordpress.com/
5	 Ver: https://www.theguardian.com/world/2019/apr/16/hundreds-millions-pledged-help-rebuild-notre-dame-af-
ter-fire
ATD Cuarto Mundo - Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas12
segunda, así como ante la reacción social y política que despertaron en las sociedades
de referencia de uno y otro edificio. De hecho, no soy el primero en hacerlo, ni con
toda seguridad seré el último, y si me atrevo es porque un cúmulo de coincidencias se
dieron cita en mi agenda para hacerlas converger en este prólogo.
El diario El País del pasado 28 de abril, en un artículo que titulaba: Notre Dame, frente a
‘Los miserables’, se hacía eco en su sección de Cultura de la “controversia, entre política
y filosófica, sobre las prioridades de los recursos y la generosidad de los ricos”, genera-
da por las donaciones millonarias destinadas a la reconstrucción de la catedral. En el
centro de la página, aparecía la foto de un activista social que enarbolaba una imagen
con los protagonistas de El jorobado de Notre Dame de Disney (nuevamente Disney) y el
texto siguiente: “Quasimodo y Esmeralda ya no tienen donde vivir. En Francia hay ocho
millones de quasimodos y esmeraldas sin catedral”. Es decir, ocho millones de personas
sin techo y/o muy precariamente alojadas, esperan en Francia una reacción de solida-
ridad similar; similar, aunque de más calado formal y colectivo, a la que tuvo el tercer
cerdito de nuestro primer cuento.
Si en nuestros países ricos, opulentos y terriblemente desiguales consiguiéramos dar
forma concreta al derecho a la vivienda, realojando los derechos vulnerados de quie-
nes se ven privados del mismo, esto supondría ponerse a reconstruir, no ya una cate-
dral por muy hermosa, admirable y digna de respeto que sea, sino los mismos pilares
sobre los que se erige nuestra sociedad.
Esa es la tarea a la que nos convoca este texto colectivo, abierto, vivo y palpitante que
pone en nuestras manos ATD Cuarto Mundo. No es necesario esperar ningún incen-
dio, ni cualquier otro evento noticioso y tremendo para ponerse manos a la obra. La
tragedia cotidiana está expuesta con este documento ante nuestros ojos, y junto a ella
la lucha diaria y la esperanza firme que reflejan los testimonios de los protagonistas
principales de este drama, a los que nos permite acceder el compromiso sostenido y la
presencia entusiasta en los mismos márgenes que mantienen las personas militantes y
voluntarias de ATD Cuarto Mundo en nuestro país.
Pedro José Cabrera Cabrera
Departamento de Sociología y Trabajo Social
Universidad Pontificia Comillas (Madrid)
REALOJANDO DERECHOS. 1. Echando la vista atrás para seguir adelante 13
1
Echando la vista
atrás para seguir
adelante
ATD Cuarto Mundo - Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas14
Una vivienda. Una base para la vida.
Sin vivienda, ni presente ni futuro.
Razones
para estos textos
Este fue uno de los lemas que surgieron
del primer Taller de Vivienda Digna para
Todas las Personas, celebrado en marzo
de 2015 en San Carlos Borromeo, en
Entrevías. Allí, respondiendo a la convo-
catoria lanzada por ATD Cuarto Mundo,
nos encontramos gentes de diversos
espacios y colectivos de lucha por el
derecho a la vivienda: Stop Desahucios
Móstoles, PAH Madrid, Provivienda,
Horuelo, Coordinadora de Barrios,
colectivo Chupano, etc.
Así comenzó una dinámica formativa
de cuatro talleres mensuales enfocados
hacia el análisis de las realidades de vi-
vienda de quienes viven en extrema po-
breza, aquellas personas y familias que
nunca tuvieron posibilidad de acceder a
una hipoteca, ni a un alquiler a precio de
mercado, y cuyas opciones de vivienda
se movieron siempre entre la autocons-
trucción y las limitadas oportunidades
de vivienda pública y social que se les
han ofrecido.
Muchas de las personas que participa-
ron en este proceso se encontraban en
esta situación. Eso nos permitió incor-
porar una nueva perspectiva al análisis
sobre la cuestión de la vivienda, ponien-
do en diálogo su experiencia y conoci-
miento con el de activistas y profesio-
nales. Nuestro objetivo era comprender
colectivamente los retos que debemos
afrontar para avanzar hacia una polí-
tica de vivienda respetuosa de verdad
con los Derechos Humanos y que no
deje a nadie fuera, así como las alian-
zas necesarias para que las dinámicas
de lucha por la vivienda desarrolladas
en los últimos años, que tanto nos han
enseñado, puedan también enriquecer-
se y construirse con las aportaciones de
quienes viven en mayor pobreza.
Tras finalizar esta primera fase de talle-
res, en septiembre de 2015 decidimos
establecer una dinámica mensual de
encuentros que dio lugar a la Asamblea
de Vivienda Digna para Todas las Per-
sonas, estableciendo como principales
objetivos los siguientes:
	 Conocer y comprender mejor las
realidades de vivienda de quienes
viven en mayor exclusión.
	 Visibilizar esas realidades ocultas.
	 Transformarlas mediante alternati-
vas útiles.
Conocer, visibilizar, transformar… Poco
a poco fuimos profundizando en el
análisis colectivo, identificando 5 Com-
REALOJANDO DERECHOS. 1. Echando la vista atrás para seguir adelante 15
promisos y 5 Garantías para el Derecho
a una Vivienda Digna, que presenta-
mos a lo largo de la primavera de 2016
a diferentes partidos políticos en los
Ayuntamientos de Madrid, Móstoles y
Alcalá de Henares, así como a la Asam-
blea de Madrid y al equipo directivo de
la Agencia de la Vivienda Social (que
ha sustituido al IVIMA y al IRIS como
responsable de vivienda pública en la
Comunidad de Madrid) y a la EMVS del
Ayuntamiento de Madrid. Esta ronda de
presentaciones nos permitió comprobar
la importancia de difundir este mensaje,
así como propuestas elaboradas a partir
de realidades de extrema pobreza,
señalando que no se las puede volver a
dejar fuera de las alternativas de vivien-
da que se vayan generando.
Al mismo tiempo, cada vez nos resul-
taba más evidente que este diálogo
no podía quedarse en el nivel político,
sino que debía llegar a toda la sociedad,
tejiendo redes de lucha compartida con
otros movimientos y colectivos para
combatir el estigma y los prejuicios que
existen sobre quienes viven en situación
de pobreza. Así nació la idea de recoger
estos textos que ahora presentamos,
como herramienta de difusión y sociali-
zación del conocimiento que hemos ido
construyendo entre todas y todos.
Las realidades que se han ido haciendo
presentes a lo largo de todo el recorrido
de la Asamblea de Vivienda Digna para
Todas las Personas han sido muy va-
riadas, aunque también hay entre ellas
muchos elementos comunes. Sin em-
bargo, a la hora de hacer llegar nuestro
mensaje nos ha parecido importante
aterrizar y concretar lo máximo posible
para poder entender mejor determina-
dos mecanismos que vulneran no solo
el derecho a la vivienda, sino muchos
otros, reproduciendo dinámicas de em-
pobrecimiento y exclusión que, aunque
frecuentemente invisibilizadas, no han
dejado nunca de ser una realidad que
afecta al menos a una quinta parte de la
población de nuestro país.
El punto de partida a la hora de elaborar
este documento ha sido la revisión de
una historia que ahora parece ya casi
olvidada, como si fuera propia de otro
tiempo: la de los realojamientos de los
barrios autoconstruidos (o de chabolas).
Nuestro acompañamiento a muchas
familias que vivieron ese proceso nos
hace ver la importancia de recuperar
y analizar esta historia, de manera que
podamos aprender de ella, replicar lo
que ha funcionado y corregir los erro-
res que se han producido. Para ello es
fundamental basarnos en la experien-
cia y el conocimiento de quienes han
vivido este proceso en primera persona,
principalmente las familias realojadas
(o excluidas de estos procesos, según el
Conocer, visibilizar,
transformar… Poco a poco
fuimos profundizando
en el análisis colectivo,
identificando
5 Compromisos
y 5 Garantías para el Derecho a una
Vivienda Digna.
ATD Cuarto Mundo - Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas16
caso), ya que son las menos escuchadas
habitualmente; incorporando también
la visión de las y los profesionales y
activistas que han acompañado esos
procesos.
Este trabajo de conocimiento y análisis
se apoya principalmente en las historias
concretas de dos barrios, uno ya desa-
parecido y otro aún presente, con simi-
litudes y diferencias que nos permiten
entender mejor las claves de las políti-
cas de erradicación del chabolismo.
Acá van dos momentos concretos que
sirven para presentar las situaciones
vividas en cada uno de estos lugares:
Madrid. Pozo del Huevo
Noviembre de 2001
Las familias residentes en este barrio
de chabolas pendiente de realojo, junto
con las asociaciones presentes en el
mismo, solicitan sin éxito una reunión
con los responsables del Instituto de
Realojamiento e Integración Social para
poder compartir su reflexión sobre
cuáles son las claves para que un re-
alojamiento sea efectivo y sostenible a
largo plazo. 15 años más tarde, varias
de estas familias han sido desahuciadas
por la misma institución que las realojó.
Nadie les consultó sobre las condiciones
básicas para que aquel proceso pudie-
ra salir bien, y más tarde se las señaló
como únicas culpables del fracaso en su
proceso de “integración”.
En este documento no
encontrareis muchos datos
ni estadísticas, salvo en
algunos pies de página.
Lo que compartimos son
las historias, contadas
por quienes las han vivido, junto con el
análisis que hacen de las mismas.
REALOJANDO DERECHOS. 1. Echando la vista atrás para seguir adelante 17
Móstoles. Las Sabinas
Noviembre de 2018
Comienza el realojo de las primeras fa-
milias dentro del proceso de desmante-
lamiento del barrio anunciado por la Co-
munidad de Madrid y el Ayuntamiento
de Móstoles cuatro años antes. Muchas
de las 376 familias que habitan allí no
cumplen con los requisitos establecidos
para ser realojadas, y viven en la incer-
tidumbre de qué pasará con ellas. Entre
tanto, siguen sintiéndose abandonadas
por las instituciones, sin acceso regula-
rizado a luz, red de agua potable, recogi-
da de basuras o transporte público.
En este documento no encontrareis mu-
chos datos ni estadísticas, salvo en algu-
nos pies de página. Lo que compartimos
son las historias, contadas por quienes
las han vivido, junto con el análisis que
hacen de las mismas. Seguimos así la
recomendación de la Relatora Especial
sobre vivienda adecuada de la ONU en
cuanto a la necesidad de reconocer los
esfuerzos y la inteligencia de quienes
sufren la falta de vivienda, recuperando
enfoques más cualitativos y longitudi-
nales que permitan entender mejor las
trayectorias de exclusión residencial
crónica. Creemos que este enfoque
puede permitir entender mejor algunas
perspectivas frecuentemente olvidadas,
y así tomarlas en cuenta para buscar
soluciones que sean de verdad efectivas
y universales, sin dejar a nadie fuera.
Eso sí, hemos cambiado algunos deta-
ATD Cuarto Mundo - Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas18
lles secundarios de las historias para
garantizar el anonimato de quienes nos
las han confiado, pues su situación sigue
estando marcada por la precariedad, la
inseguridad y el miedo.
Estos relatos hablan de realidades muy
concretas, las de los barrios autocons-
truidos de la Comunidad de Madrid de
un determinado periodo. Sin embargo,
tienen muchos puntos de conexión con
las luchas por el derecho a la vivienda
de quienes viven otras realidades de
pobreza, como la de encontrarse en
situación de calle, la de las personas mi-
grantes, la de quienes se ven obligadas
a ocupar viviendas abandonadas, la de
quienes sólo encuentran soluciones de
emergencia temporales, etc. En todas
ellas hay elementos comunes con las
principales barreras señaladas en los
relatos que recogemos (como también
señala la Relatora Especial sobre vivien-
da adecuada de la ONU cuando habla
de cómo la falta de vivienda afecta
sobre todo a determinados grupos con
diferentes características, pero que
comparten causas estructurales comu-
nes). Las propuestas que hacemos no se
limitan a los procesos de realojamiento,
sino que las planteamos para avanzar
hacia el horizonte que nos hemos mar-
cado: que todas las personas sin excep-
ción vean reconocido su derecho a una
vivienda digna y adecuada.
Compartir estos relatos busca justa-
mente esto: ayudar a comprender mejor
las realidades más invisibilizadas de
nuestra sociedad en las que no se ve
reconocido el derecho a una vivienda
digna. Solo así podremos desarrollar
alternativas realmente efectivas,
empezando por combatir la soledad y
la exclusión a la que se condena a estas
personas y familias.
Ya lo decía también otro de los lemas
elaborados en ese primer taller de
2015:
Las propuestas que hacemos no
se limitan a los procesos de
realojamiento, sino que las
planteamos para avanzar
hacia el horizonte que nos
hemos marcado: que todas
las personas sin excepción vean
reconocido su derecho a una vivienda
digna y adecuada.
Juntos perderemos el miedo
a luchar por nuestros derechos.
REALOJANDO DERECHOS. 1. Echando la vista atrás para seguir adelante 19
Esta frase la hemos escuchado y repeti-
do mil y una veces en los últimos años.
Y es así.
Todos los españoles tienen derecho
a disfrutar de una vivienda digna
y adecuada. Los poderes públicos
promoverán las condiciones
necesarias y establecerán las
normas pertinentes para hacer
efectivo este derecho, regulando
la utilización del suelo de acuerdo
con el interés general para impedir
la especulación. La comunidad
participará en las plusvalías que
genere la acción urbanística de los
entes públicos.
Artículo 47 Constitución Española
¿Por qué no se cumple entonces? La
cuestión es que este artículo no está
reconocido entre los Derechos Funda-
mentales, sino entre los Principios Rec-
tores de la política social y económica.
¿Cuál es la diferencia? Los principios no
generan, por sí mismos, derechos que
sean directamente aplicables, sino que
deben aprobarse posteriormente leyes
que regulen su cumplimiento. Así, aun-
que su valor normativo es indudable, no
hay mecanismos ni procedimientos que
garanticen la aplicación directa de estos
principios en ausencia de desarrollo
legislativo, y por eso no se puede denun-
ciar su incumplimiento ante la justicia.
¿Y entonces ya está? ¿El derecho a la
vivienda como tal se queda en eso, en
un principio rector no aplicable en la
realidad? No, hay mucho más. Porque
dentro del marco jurídico en el que nos
movemos hay otros elementos que es
importante tomar en cuenta.
Empecemos por la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos, derechos
reconocidos a todas las personas por
el mero hecho de existir. En esta de-
claración se recogen 30 artículos que
constituyen el marco legal al que debe-
ría ajustarse el ordenamiento jurídico
de los países que la suscribieron, entre
El derecho a la
vivienda revisado
desde una chabola
Sí hay derecho
El derecho a la vivienda viene recogido
en la Constitución, lo dice bien claro.
ATD Cuarto Mundo - Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas20
ellos España, que además los incorpo-
ra en su Constitución: el artículo 10.2
reconoce que los derechos fundamen-
tales y las libertades se interpretarán de
conformidad con la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos y los tratados
y acuerdos internacionales sobre las
mismas materias ratificados por nues-
tro país. Es decir, deberían adecuarse
también a este artículo:
Toda persona tiene derecho a
un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la
salud y el bienestar, y en especial
la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los
servicios sociales necesarios; tiene
asimismo derecho a los seguros en
caso de desempleo, enfermedad,
invalidez, viudez, vejez u otros
casos de pérdida de sus medios de
subsistencia por circunstancias
independientes de su voluntad.
Artículo 25 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos
Este planteamiento ha sido posterior-
mente desarrollado en el marco de
los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (DESC), sobre los que hay un
Pacto Internacional (PIDESC) que Espa-
ña firmó en 1976 y ratificó en 1977.
Los Estados Partes en el presente
Pacto reconocen el derecho de
toda persona a un nivel de vida
adecuado para sí y su familia,
incluso alimentación, vestido
y vivienda adecuados, y a una
mejora continua de las condiciones
de existencia. Los Estados Partes
tomarán medidas apropiadas
para asegurar la efectividad de
este derecho, reconociendo a este
efecto la importancia esencial de la
cooperación internacional fundada
en el libre consentimiento
Artículo 11.1 del PIDESC
Los DESC no son derechos menores que
otros derechos humanos. Sin embargo,
los Estados pueden debilitarlos seria-
mente cuando los enuncian o tratan
como si no fueran derechos o cuando in-
troducen o mantienen obstáculos para
su cumplimiento en su derecho interno.
Frente a esta constatación, el artículo
2.1 del PIDESC establece que cada Es-
tado Parte debe adoptar medidas hasta
el máximo de los recursos de que dis-
ponga, para lograr progresivamente, por
todos los medios apropiados, inclusive en
particular la adopción de medidas legisla-
tivas, la plena efectividad de los derechos
aquí reconocidos.
REALOJANDO DERECHOS. 1. Echando la vista atrás para seguir adelante 21
Asimismo, aunque se reconoce que
la realización plena de los derechos
económicos, sociales y culturales sólo
se conseguirá de manera progresiva, se
señala que los Estados tienen la obliga-
ción inmediata de “adoptar medidas”
y actuar con tanta rapidez y eficacia
como puedan para alcanzar ese obje-
tivo6
, además de incorporar los DESC
al sistema jurídico interno para que los
interesados puedan reclamar la protec-
ción de sus derechos ante tribunales
nacionales.7
6	 CDESC, Observación general Nº 3: La índole de las
obligaciones de los Estados Partes, 1990, párrafos
2 y 9, doc. ONU: E/1991/23.
7	 CDESC, Observación general Nº 9: La aplica-
ción interna del Pacto, 1998, párr. 4, doc. ONU:
E/C.12/1998/24. Una vez establecido legalmente
el derecho a la vivienda como derecho justiciable,
“una autoridad del Estado no podrá alegar falta
de fondos u otros recursos para no afrontar, por
ejemplo, una deuda derivada de un fallo judicial”
(TEDH, Tchokontio Happi v. France, 2015, párr.
50).
Pese a este marco, no ha existido un
mecanismo de denuncia de vulneración
de los DESC hasta que no se desarrolló
un Protocolo Facultativo, aprobado por
unanimidad por la Asamblea General de
Naciones Unidas el 10 de diciembre de
2008 y ratificado por España en 2010,
y que entró en vigor en 2013.
En virtud de este Protocolo, España se
somete a la decisión final que adopte el
Comité DESC, encargado de la super-
visión del Pacto Internacional, en casos
de víctimas de violaciones de estos
derechos. En principio, las víctimas
deben agotar las vías existentes en los
tribunales españoles, planteando todos
los recursos judiciales a su disposición, y
solo una vez agotada esta vía acudir en
última instancia ante el Comité DESC.
No obstante, cuando se demuestra
que el cauce judicial interno no es útil
ni efectivo se puede solicitar amparo
directamente.
ATD Cuarto Mundo - Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas22
Hasta la fecha, España cuenta con dos
dictámenes condenatorios en materia
de vivienda que obligan al Estado a
reparar a las víctimas y a adoptar medi-
das de no repetición de violaciones del
derecho a la vivienda, y en el año 2018
se suspendieron más de 50 desahucios8
al solicitar al Comité DESC medidas
cautelares por no existir ni ofrecerse
alternativas habitacionales a quienes
iban a ser expulsados a la calle.
El fondo de la cuestión del derecho a la
vivienda reside en su reconocimiento
(o no) como derecho subjetivo y como
derecho fundamental, ya que estos
derechos no necesitan de un desarrollo
legislativo posterior para obligar a su
cumplimiento por parte del Estado y
permitir la posibilidad de denunciar su
incumplimiento ante los tribunales. La
interpretación tradicional de la legisla-
ción no reconoce el derecho a la vivien-
da como derecho subjetivo, pero hay
muchos elementos que permiten poner
en cuestión esta visión.
Por un lado, el artículo 30 de la Carta
Social Europea Revisada señala que el
derecho a la vivienda no solo propor-
ciona un bien necesario en sí mismo,
sino que de él depende la garantía del
“ejercicio efectivo del derecho a pro-
tección contra la pobreza y la exclusión
social”. Por otro, si bien la Constitución
Española no lo configura expresamen-
te como un derecho subjetivo, sí que
aparece ligado a otros derechos sí
8	 Dato ofrecido por el Grupo de Trabajo de la Coor-
dinadora de Vivienda de Madrid sobre Medidas
Cautelares en la presentación de la Guía “Defen-
diendo el hogar”.
reconocidos como tales, especialmente
con el derecho a la vida y a la integridad
física y moral (art. 15 CE), como señala
la Relatora Especial sobre vivienda ade-
cuada de Naciones Unidas, ya que este
no puede separarse del disponer de un
lugar seguro en el que vivir9
.
Pero también hay otros muchos dere-
chos cuyo ejercicio no es posible si no
hay unas condiciones dignas de aloja-
miento, como por ejemplo el derecho
a la dignidad de la persona y a su libre
desarrollo (art. 10.1 CE), a la intimidad
(art. 18 CE), a la libertad de residen-
cia (art. 19 CE), a la no discriminación
(igualdad formal y material, arts. 14 y
9.2 CE), a la salud (art. 43 CE) o a la edu-
cación (art. 27 CE). Ver gráfico 1.
De hecho, en los últimos años se han ido
desarrollando diferentes leyes autonó-
micas de vivienda, reconociendo dos de
ellas, la vasca y la navarra, el derecho a
la vivienda como derecho subjetivo exi-
gible ante los tribunales. Pese a que la
primera fue denunciada ante el Tribunal
Constitucional, este terminó confirman-
do que el planteamiento se adapta a la
legislación vigente.
9	 Informe Anual de la Relatora de Vivienda Adecua-
da A/71/310, de 2016, presentado en la Asamblea
General de Naciones Unidas y centrado en la
relación entre el derecho a la vida y el derecho
a la vivienda y su necesaria interdependencia e
indivisibilidad.
REALOJANDO DERECHOS. 1. Echando la vista atrás para seguir adelante 23
Derecho a una vivienda digna y adecuada
(Art. 47 CE)
Derecho a la vida
(Art. 15 CE)
Derecho a la dignidad
y libre desarrollo
(Art. 10 CE)
Derecho a la intimidad
(Art. 10 CE)
Derecho a la libertad de residencia
(Art. 19 CE)
Derecho a la educación
(Art. 27 CE)
Derecho a la salud
(Art. 43 CE)
Derecho a la no discriminación
(Art. 14 y 9.2 CE)
Toda persona tiene derecho a un nivel
de vida adecuado que le asegure, asi como
a su familia, la salud y el bienestar, y en
especial, la alimentación y el vestido,
la vivienda, la asistencia médica y los
servicios sociales necesarios; tiene
asimismo derecho a los seguros en caso de
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez,
vejez u otros casos de pérdida de sus
medios de subsistencia por circunstancias
independientes de su voluntad.
Artículo 25 de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos
Los Estados Partes en el presente Pacto
reconocen el derecho de toda persona a un
nivel de vida adecuada para sí y su familia,
incluso alimentación, vestido y vivienda
adecuados, y a una mejora continua de
las condiciones de existencia. Los Estados
Partes tomarán medidas apropiadas para
asegurar la efectividad de este derecho,
reconociendo a este efecto la importancia
esencial de la cooperación internacional
fundada en el libre consentimiento.
Artículo 11.1 del PIDESC
Gráfico 1
Derechos Fundamentales de la Constitución Española
Principios Rectores de la Constitución Española
Tratados internacionales
ATD Cuarto Mundo - Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas24
En muchas ocasiones se confunde la
vivienda con poder dormir bajo techo o
con otras situaciones que no garantizan
unas condiciones de vida dignas. Por
eso es importante señalar que el Comité
de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales ha avanzado también sobre
cuáles son las características que hacen
que una vivienda pueda ser considerada
como adecuada.
Estas vienen recogidas en su Observa-
ción General Nº 4:
a) Seguridad jurídica de la tenencia:
todas las personas deben gozar de
cierto grado de seguridad que les
garantice una protección legal contra
el desahucio, el hostigamiento u otras
amenazas.
b) Disponibilidad de servicios, mate-
riales, facilidades e infraestructura:
agua potable, energía para la cocina,
la calefacción y el alumbrado, ins-
talaciones sanitarias y de aseo, de
almacenamiento de alimentos, de
eliminación de desechos, de drenaje y
servicios de emergencia.
c) Gastos soportables: los gastos que
entraña la vivienda deberían ser de
un nivel que no impidiera la satisfac-
ción de otras necesidades básicas. 
Los Estados Partes deberían crear
subsidios para los que no pueden
Una vivienda “adecuada”
REALOJANDO DERECHOS. 1. Echando la vista atrás para seguir adelante 25
costearse una vivienda, así como
formas y niveles de financiación que
correspondan adecuadamente a las
necesidades de alojamiento.
d) Habitabilidad: una vivienda ade-
cuada debe poder ofrecer espacio
adecuado a sus ocupantes y prote-
gerlos del frío, la humedad, el calor,
la lluvia, el viento u otras amenazas
para la salud, de riesgos estructura-
les y vectores de enfermedad.  Debe
garantizar también la seguridad física
de los ocupantes.
e) Asequibilidad: debe concederse a los
grupos en situación de desventaja
un acceso pleno y sostenible a los
recursos adecuados para conseguir
una vivienda. La política en materia
de vivienda debe tener plenamente
en cuenta las necesidades especiales
de esos grupos.
f) Lugar:  la vivienda adecuada debe en-
contrarse en un lugar que permita el
acceso a las opciones de empleo, los
servicios de atención de la salud, cen-
tros de atención para niños y niñas,
escuelas y otros servicios sociales.
g) Adecuación cultural: la manera en
que se construye la vivienda, los
materiales de construcción utilizados
y las políticas en que se apoyan deben
permitir adecuadamente la expresión
de la identidad cultural y la diversidad
de la vivienda.
Gráfico 2
Vivienda adecuada
Disponibilidad de servicios
e infraestructura
Seguridad jurídica
de la tenencia
Gastos soportables
Adecuación cultural
Accesibilidad a otros
recursos
Habitabilidad
Asequibilidad
ATD Cuarto Mundo - Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas26
Las chabolas, cada vez más, han ido
quedando como símbolo de realidad
que se sitúa fuera de la legalidad, por
más que eso no se haya correspondido
siempre con los hechos. Algunas de
ellas se han edificado con permiso de los
dueños del terreno, y en los barrios con
más historia familias que habitaban allí
han podido llegar a comprarlo y edificar
casas menos precarias.
Pero de una manera u otra la amenaza
del desalojo ha estado siempre presente
en estos lugares, ya que el crecimiento
de las ciudades ha ido haciendo más
atractivas esas zonas para desarrollar
proyectos urbanísticos. La política de
realojamientos ha jugado un papel clave
en estos procesos, pero no se puede
esconder que se acompañaban también
del desalojo de las familias que no cum-
plían con los criterios fijados, siendo ex-
pulsadas a buscarse la vida hacia nuevos
territorios.
En este sentido, es llamativo que pese
a la larga historia de los procesos de
realojamiento en la Comunidad de Ma-
drid, no se han regulado por ley hasta el
año 2018, lo que ha provocado situa-
ciones de inseguridad jurídica para las
familias de estos barrios autoconstrui-
dos10
al no garantizarse el cumplimiento
10	 Esta ausencia de procedimiento legal estableci-
do la señaló el Defensor del Pueblo en 2015 en
relación a una queja presentada por el equipo de
abogados del CAES, que defendieron los casos de
varias familias del barrio del Ventorro.
Frente a la amenaza de un desalojo
REALOJANDO DERECHOS. 1. Echando la vista atrás para seguir adelante 27
del derecho internacional en dos as-
pectos fundamentalmente: el reconoci-
miento de otras formas de tenencia y las
obligaciones que deben cumplirse por
parte de la Administración en los casos
de desalojos.
En relación a la tenencia, resulta espe-
cialmente interesante el Informe de la
Relatora Especial sobre vivienda ade-
cuada de diciembre de 2013, en el que
señala la necesidad de reconocer otras
formas diferentes a la propiedad, es-
pecialmente en los casos de personas y
colectivos en situación de pobreza. Una
de estas formas es el derecho de uso en
determinadas condiciones de la propie-
dad pública o privada para satisfacer
necesidades de vivienda. Otra es el
derecho de posesión tras ocupar duran-
te un periodo determinado un terreno
del Estado o de propietarios ausentes,
como medida para asegurar que la tierra
y las viviendas se utilicen de la forma
más productiva desde un punto de vista
social, así como para hacer efectivo el
derecho de todas a una vivienda digna.
Sobre las obligaciones a cumplir por
parte de la Administración en procesos
de desalojo, una referencia clave es la
Observación General nº 7 del Comité
DESC sobre desalojos forzosos, así
como el Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos y la Convención
Internacional sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Ra-
cial. También la Relatora Especial sobre
ATD Cuarto Mundo - Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas28
vivienda adecuada de Naciones Unidas
dedicó su informe anual de 2018 a la
realidad de los asentamientos informa-
les11
, señalando algunos aspectos clave
como los que se recogen en el siguiente
esquema:
11	 Informe Anual de la Relatora de Vivienda Ade-
cuada A/73/310/Rev.1, de 2018, presentado en la
Asamblea General de Naciones Unidas.
Grafico 3
Asentamientos informales
Son al mismo tiempo lugares de violación
y reivindicación de Derechos Humanos
La informalidad (e ilegalidad) de
estos asentamientos es creada y
agravada por el sistema de leyes y
mercados
Vincular los proyectos de
mejora a la lucha histórica
por los derechos y a las
características singulares
de cada comunidad
Reconocer el derecho a
definir por si mismas lo
que es un hogar digno y
seguro
Reconocer el derecho de las
residentes a permanecer
in situ o en las cercanias
Justificar
por qué
Participación de
personas afectadas
en la decisión sobre
reubicación
Contar con la competencia
y la mano de obra de los
miembros de la comunidad
Si no es posible
Respuesta basada en Derechos Humanos
Es necesario reconocer todo
el esfuerzo y la inteligencia
que permite levantar estos
asentamientos
REALOJANDO DERECHOS. 1. Echando la vista atrás para seguir adelante 29
Las garantías que deben asegurarse a
quienes viven en estos lugares las sis-
tematiza Amnistía Internacional en su
informe Conozcan sus obligaciones12
de la
siguiente manera:
	 Estudiar todas las alternativas al
desalojo consultando verdadera-
mente a todas las personas afecta-
das.
	 Proporcionar a todas las personas
afectadas información completa
sobre los desalojos, la indemni-
zación y las opciones de vivienda
alternativa de forma clara y com-
prensible.
	 Si el desalojo es la única opción
viable, emprender un proceso de
verdadera consulta con las perso-
nas afectadas sobre el proceso de
desalojo, así como sobre las opcio-
nes de indemnización y vivienda
alternativa.
	 Proporcionar mecanismos de pre-
sentación de sugerencias y motivos
de preocupación y de resolución de
quejas.
	 Facilitar información sobre vías
judiciales y administrativas para
impugnar las decisiones y los pro-
cesos, y sobre la asistencia jurídica
disponible.
12	Informe Conozcan sus obligaciones. Como evitar los
desalojos forzosos: Guía práctica. Amnistía Interna-
cional, 2007.
	 Hacer público y aplicar un plan
provisto de plazos para que todas
las personas afectadas participen
en el proceso de consulta.
	 Explicar el resultado del proceso de
consulta y el modo en que se han
abordado los motivos de preocupa-
ción de las personas.
	 Una vez completado satisfacto-
riamente el proceso de consulta,
avisar por escrito y verbalmente a
todos los afectados.
	 La vivienda alternativa debe satis-
facer los criterios internacionales
sobre adecuación.
	 Nadie debe quedarse sin hogar o
expuesto a otras violaciones de
derechos humanos como conse-
cuencia de un desalojo.
	 Deben haberse resuelto todas las
quejas y asignado las indemniza-
ciones y las viviendas alternativas
antes de la fecha del desalojo.
	 Vigilar las condiciones de las
personas desalojadas y garantizar
que tienen acceso a sus derechos
humanos después del desalojo.
ATD Cuarto Mundo - Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas30
Periferias que vienen
de lejos
Nota: el término chabola tiene connotaciones claramente negativas y estigmatizantes. Por
eso, en este texto, aun utilizando el término en muchas ocasiones, preferimos hablar de
barrios autoconstruidos en vez de barrios chabolistas o asentamientos.
La aparición de los barrios de autocons-
trucción alrededor de las grandes ciuda-
des tiene mucho que ver con fenómenos
migratorios. Así ha sido también en el
caso de Madrid, donde miles de familias
fueron llegando a lo largo de todo el
siglo XX en busca de un futuro mejor. La
mayor parte de ellas provenían de otras
regiones españolas, y solo en los últimos
años del siglo de otros países.
Esta migración, con el consiguiente
aumento de población y gran influen-
cia en el desarrollo urbano, comienza
a ser un fenómeno masivo hacia 1900.
Se fue marcando ya en esos años una
diferenciación clara entre el centro y los
márgenes de la ciudad, con muchos me-
nos recursos y atención por parte de la
Administración en estos últimos. Desde
ese momento el acceso a una vivienda
digna quedó señalado como uno de los
principales problemas de la región.
La Guerra Civil, al destruir gran parte de
la ciudad, agravó aún más el problema.
Madrid debía ser reconstruida, pero
al mismo tiempo seguía recibiendo un
constante y creciente flujo migratorio
de la gente que huía del campo, donde la
situación era aún más precaria. Tratan-
do de dar respuesta a las necesidades
de vivienda existentes, en 1939 se creó
el Instituto Nacional de la Vivienda, que
redacta el primer Plan de Vivienda.
En este Plan aparecen dos tipos de
mecanismos para favorecer el acceso a
la vivienda: la Vivienda Protegida y la
Vivienda Bonificable. Sin embargo, para
optar a la Vivienda Protegida se exigía
tener trabajo (o recibir pensión), lo
que dejaba fuera justamente a quienes
estaban en peor situación. Y la Vivienda
Bonificable, enfocada a la clase media,
aportaba determinados beneficios a
quien construyera o reformara por sus
propios medios, favoreciendo así la
iniciativa privada.
Además, el crecimiento real de la ciu-
dad rebasó en mucho y de forma cons-
tante las previsiones del Plan: se estima-
ba la necesidad de 1.396.257 viviendas,
entre construcción nueva y reparación,
y finalmente se construyeron 314.438,
de las que 71.948 eran protegidas,
81.879, bonificables y 161.438, de las
denominadas libres.
Los años 50 traen cambios económicos
a España, pero en relación a la vivienda
la situación en Madrid sigue siendo de
REALOJANDO DERECHOS. 1. Echando la vista atrás para seguir adelante 31
desborde, pues la migración no dejó de
aumentar. Se anexionaron a la ciudad
varios pueblos de alrededor con la idea
de crear un gran Madrid, pero la defi-
ciente planificación (que no hizo más
que aumentar la especulación del suelo)
y la falta de medios (por la obsesión con
el ahorro de los materiales) desbordó
todas las previsiones de crecimiento
urbano.
En 1956 existían en Madrid y sus
alrededores más de 50.000 chabolas.
El fenómeno de la autoconstrucción se
extendió por toda la periferia madri-
leña, revelándose como la única alter-
nativa para las familias que llegaban a
la capital, dada la falta de otro tipo de
viviendas.
¿Cómo se construía una chabola? La
ocupación del suelo se daba en condi-
ciones de absoluta precariedad y ex-
plotación, ya que el modo más habitual
de adquisición del terreno era la venta
o el alquiler de una parcela, realizada
de manera ilegal en muchas ocasiones
por los propietarios, lo que conllevaba
títulos o contratos de escaso valor legal.
Obtenida la parcela, los nuevos habitan-
tes comenzaban la construcción de una
vivienda recurriendo a los materiales
que buenamente tenían a mano.
Estas casas tenían muchas humedades,
carecían de cimentación y baños, así
como de agua corriente, lo que obligaba
a acudir a por ella a fuentes públicas
que en ocasiones estaban a bastante
Vivienda Protegida:
necesario tener trabajo o pensión
Vivienda Bonificable: apoyo
a quienes tienen capacidad para
construir vivienda
Poblados mínimos: Participación como
mano de obra en la construcción
Control policial de barrios
autoconstruidos y prohibición de nuevas
migraciones
Delegación de responsabilidad sobre
vivienda en el sector privado
1939 1957
MIGRACIÓN
Instituto Nacional de Vivienda
Plan de Vivienda
Gráfico 4
Plan de urgencia social
ATD Cuarto Mundo - Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas32
distancia. Tampoco había pavimenta-
ción ni servicios sanitarios, educativos o
sociales.
Estos terrenos poco a poco se fueron
revalorizando gracias a los esfuerzos
de las familias pobladoras por construir
espacios más dignos y adecuados. Esto,
unido al cobro de alquileres, terminaba
siendo ganancia por partida doble para
los propietarios del suelo. Contaban
además con la complicidad de la policía,
que aceptaba dinero y cooperación a
cambio de su indiferencia, y de la propia
Administración, que se veía así exonera-
da del deber de proporcionar vivienda a
quienes llegaban a la ciudad en busca de
trabajo y futuro.
Ante esta situación y el cada vez mayor
desborde por el crecimiento de las zo-
nas autoconstruidas, se proyectó apre-
suradamente un programa de urgencia
de viviendas públicas de bajo costo, que
se aplicó entre 1954 y 1962. Se trataba
de intervenciones de parcheo para pa-
liar el problema de las barriadas, cuyos
principales elementos fueron:
	 La Ley de Viviendas de Renta Limi-
tada de 1954, que trataba de favo-
recer la construcción de vivienda a
través de créditos y subvenciones.
	 El Plan Nacional de Vivienda de
1955, que preveía la construcción
de 550.000 viviendas.
	 La Ley del Suelo de 1956, que trató
sin éxito de desarrollar instru-
mentos de planificación a partir
de la creación de suelo público. La
iniciativa privada tenía demasiado
peso sobre el desarrollo de Madrid,
construyendo viviendas de cali-
dad para la clase media y alta en el
norte y oeste de la ciudad, mientras
que en el sureste se entremezcla-
ban barrios de autoconstrucción
con unidades de absorción o ba-
rrios creados por el Estado.
	 La creación del Ministerio de la
Vivienda en 1957, con dos ini-
ciativas importantes: la Ley de
Viviendas Subvencionadas y el
Plan de Urgencia Social de Madrid,
que pretendía ser una síntesis de
todas las medidas producidas en
los últimos 20 años en materia de
planificación.
Dentro de las medidas implementa-
das en este periodo cabe destacar la
creación de la figura de los Poblados
Mínimos, en los que se ofrecía la posibi-
lidad a los beneficiarios de este tipo de
viviendas de aportar su mano de obra
en la construcción, de forma que podían
ver reducido el precio de su vivienda y
recibir una subvención estatal.
Al mismo tiempo se potenciaron las
medidas policiales en el control de los
suburbios. Se prohibió la venta y parce-
lación de terrenos sin licencia, que hasta
entonces se había desarrollado sin
problemas, y se decretó la demolición
de viviendas ilegales. Además, se impu-
so la prohibición de entrar en Madrid
a aquellas personas que no tuviesen
residencia en la ciudad, y la deportación
a su lugar de origen de los moradores de
los asentamientos clandestinos.
REALOJANDO DERECHOS. 1. Echando la vista atrás para seguir adelante 33
¿Funcionó el Plan de Urgencia Social?
Su influencia en el desarrollo urbanís-
tico posterior fue grande, ya que hizo
evolucionar la respuesta al problema
del alojamiento desde las medidas de
urgencia hacia la promoción privada
de vivienda a largo plazo. De hecho,
este Plan y la creación del Ministerio
de Vivienda dieron curso a una apuesta
definitiva de la Administración por de-
legar en el sector privado (sobre la base
de toda clase de facilidades crediticias y
administrativas) la solución al problema
de la vivienda para las rentas bajas. Se
pusieron así las bases para un lucrativo
negocio de viviendas públicas en manos
de una boyante industria inmobiliaria y
de la construcción.
En realidad, el Plan de Urgencia fue más
teórico que real, porque en cuanto a sus
resultados prácticos en 1961 el Banco
Mundial señalaba que 30.000 familias
compartían vivienda en Madrid y que
40.000 vivían en condiciones infrahu-
manas. En este sentido, se podría decir
que fue un rotundo fracaso. Esto hizo
que en 1961 se promulgara un nuevo
Plan de Absorción, que estimaba en
30.000 la necesidad de viviendas de re-
alojo, y mediante el cual se crearon más
de 6.000 viviendas temporales en seis
zonas de Madrid, con el nombre de Uni-
dades Vecinales de Absorción (UVA).
ATD Cuarto Mundo - Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas34
La década de los 60 fue la de la comple-
ta liberalización de la política inmobi-
liaria. Se cambió la calificación de gran
parte de las zonas rústicas donde se
asentaban los barrios de autoconstruc-
ción para hacerlas suelo urbanizable, lo
que se acompañó de la expulsión de las
familias que allí vivían hacia zonas más
periféricas y del desarrollo de la indus-
tria generada en torno a la construcción
de vivienda.
Las administraciones se veían más como
dinamizadoras de este negocio que
como planificadoras o controladoras del
mismo, y la construcción de vivienda ba-
rata y subvencionada empezó a generar
mucho dinero, proliferando polígonos
de viviendas de gran altura sin que se
desarrollaran servicios adecuados a su
alrededor.
Mientras tanto, a pie de barrio, entre las
chabolas que carecían prácticamente de
todo –ocultadas y negadas por la propia
ciudad a cuyo desarrollo contribuían–
así como en las promociones públicas de
vivienda modesta o de realojo, también
con grandes necesidades, la continua
cooperación de los vecinos iba desarro-
llando una pequeña red de lugares de
encuentro, acometiendo con sus pro-
pias fuerzas pequeñas obras de mejora,
incluyendo la traída del agua o la ges-
tión del abastecimiento eléctrico.
Así, en la primera mitad de los años
sesenta comienzan a aglutinarse en los
barrios grupos de vecinos para exigir
mejoras: agua, farolas, asfaltado de
las calles, campos deportivos para los
jóvenes, etc. Este incipiente movimiento
ciudadano se acogió a la Ley de Asocia-
ciones de 1964 para crear las primeras
asociaciones de vecinos.
En un contexto de crisis política, cre-
ciente protesta social y debilitado
apoyo al régimen de los últimos años
sesenta, los barrios empezaron a movi-
lizarse y organizarse a gran escala. La
Administración, dada la fuerza crecien-
te de la protesta y organización de los
barrios, tuvo que negociar y aceptar un
cierto grado de control social sobre el
desarrollo urbano.
Estas luchas vecinales terminaron plas-
mándose en el Plan de Remodelación
de Barrios, un gran hito en la erradica-
ción de la infravivienda y la autocons-
trucción en Madrid, ya que dio lugar a
Luchas vecinales, remodelación de barrios
y marginalización de la autoconstrucción
Las asociaciones vecinales
madrileñas iniciaron un poderoso
movimiento por la vivienda,
con unos objetivos claros:
mantener las comunidades
vecinales, no admitir la
dispersión y defender
el barrio, construido y transformado
gracias a sus esfuerzos y luchas.
REALOJANDO DERECHOS. 1. Echando la vista atrás para seguir adelante 35
su desaparición como fenómeno masi-
vo. La gran transformación que conllevó
este plan se concentró sobre todo en el
sureste de la ciudad, donde durante los
años anteriores se habían ido concen-
trando los sectores de población con
menos renta, recién llegados a la ciudad.
La Administración aceptó el liderazgo
de las asociaciones de vecinos y apor-
tó recursos para la remodelación de
30 barrios (13 distritos, destacando
Puente de Vallecas y Usera en número
de actuaciones), con la construcción de
39.000 viviendas, alojando a 150.000
personas y transformando más de 800
hectáreas de suelo. Afectó a barrios
enteros como Palomeras, el Pozo del Tío
Raimundo u Orcasitas, donde antes de
la actuación había enormes y extensos
barrios autoconstruidos y núcleos de
vivienda pública muy deteriorados.
¿Hubo un desencadenante de este pro-
ceso? Parece claro que la demanda de
este Plan surgió a partir de la amenaza
que suponían los procesos de expropia-
ción en marcha, generados por la espe-
culación inmobiliaria que ya entonces
sufrían los terrenos donde se asentaban
estos barrios. Como reacción, las aso-
ciaciones vecinales madrileñas iniciaron
un poderoso movimiento por la vivien-
da, con unos objetivos claros: mantener
las comunidades vecinales, no admitir la
dispersión y defender el barrio, cons-
truido y transformado gracias a sus
esfuerzos y luchas.
Asociaciones Vecinales protagonistas del
proceso: censan, plantean necesidades,
corrigen propuestas técnicas
Se logran infraestructuras y equipamientos
dignos para zonas periféricas
Diseño de Planes
de Realojamiento
específicos para
“Población Marginal”
1979
Gráfico 5
Plan de Remodelación de Barrios
Se excluye de este Plan a población
considerada marginal, principalmente gitana.
Barrios de autoconstrucción más periféricos
y aislados
Aumento del estigma social
ATD Cuarto Mundo - Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas36
La fuerza de estos movimientos vecina-
les les llevó a conseguir tomar las rien-
das del proceso, una vez que la Adminis-
tración admitió la necesidad de realojo,
elaborando los censos, adjudicando las
viviendas, proponiendo sus técnicos en
numerosas ocasiones e imponiendo sus
propios programas de necesidades.
El Plan, esbozado en 1976 tras diversas
negociaciones entre el ministro Garri-
gues Walker y las asociaciones vecina-
les, se concretó en 1979 con la Orden
Comunicada del Ministerio de Obras
Públicas, que recogía en lo sustancial las
propuestas hechas desde los barrios. El
hecho de que fuera una Orden Comu-
nicada permitía a la Administración
evitar su extensión a otras ciudades con
similares problemas de vivienda, lo que
deja claro que la remodelación no fue
fruto de su sensibilidad ante un acucian-
te problema social.
El gran logro de la operación de remo-
delación fue conseguir revertir la lógica
de la reordenación urbana, de manera
que los barrios periféricos se convirtie-
ron en protagonistas de su propia trans-
formación. Por otra parte, la demanda
vecinal de hacer ciudad se concretó en
crear infraestructuras básicas y pro-
veer de equipamientos y dotaciones
suficientes a los nuevos barrios, con lo
que las viejas zonas autoconstruidas se
transformaron en barrios modernos y
muchas veces con mejores dotaciones
que las que eran habituales en la mayor
parte de la ciudad.
La financiación con dinero público
supuso un importante esfuerzo para la
Administración. Imputando todos los
costes (adquisición de suelo, costes de
urbanización, equipamiento y dotacio-
nes, así como la construcción y finan-
ciación de las viviendas), se gastaron en
torno a 310.000 millones de pesetas.
Tras el Plan de Remodelación de Barrios
la autoconstrucción dejó de ser masiva
para pasar a ser un fenómeno más mar-
ginal, periférico y disperso. Ya no acogía
a inmigrantes del campo en busca de
trabajo, sino a población cuya situa-
ción económica no le permitía pagar la
vivienda de realojo, con una altísima
estigmatización social y cultural, predo-
minando las familias gitanas.
El Plan tuvo una incidencia mínima
entre estas, siendo realojadas tan solo
684 dentro del total de 38.540, funda-
mentalmente quienes ya vivían cerca
de grupos payos y a las que se reconocía
un mayor grado de integración social. Y
es que el foco principal de este proceso
estuvo puesto siempre en el realojo de
población obrera, en familias integradas
o en proceso de integración social al
medio urbano.
De esta manera, el Plan de Remode-
lación de Barrios fue incapaz de solu-
cionar las necesidades de vivienda de
un colectivo importante de la sociedad
madrileña que vivía en zonas de auto-
construcción, compuesto mayoritaria-
mente por familias gitanas. Para haberlo
hecho, al ser realidades marcadas por el
estigma de la extrema pobreza, hubiera
sido necesario un abordaje más integral
de los factores que la provocan, impli-
cando dedicar más tiempo y recursos
de los que se necesitaron para la mera
construcción de viviendas.
REALOJANDO DERECHOS. 1. Echando la vista atrás para seguir adelante 37
Frente a esta constatación se buscaron
vías alternativas para abordar el proble-
ma. Desde 1979 a 1984 se plantearon
varias propuestas enfocadas al llamado
“Realojamiento de Población Chabolista
Marginal”, destacando en ellas la partici-
pación activa de la Asociación Desarro-
llo Gitano, la primera asociación gitana
civil e independiente. De esta manera se
abría una segunda vía específica, des-
vinculada del Plan de Remodelación de
Barrios, para unas 3.000 familias consi-
deradas como “marginales”, que si bien
se empezó a proponer en 1979 tendría
que esperar hasta 1986 para su aproba-
ción y puesta en marcha como Plan de
Realojo de la Población Marginada.
Esta decisión de separar en dos los
procesos de realojamiento promovió
la formación de un cinturón chabolista
que rodeaba los barrios obreros de
vivienda pública de nueva construcción.
En este cinturón, muy homogéneo social
y étnicamente, se daba una escasa inter-
vención social y policial de los poderes
públicos, dejando que fuera la benefi-
cencia, en sus diferentes versiones, la
que diera respuesta a las situaciones de
necesidad.
La separación de estos sectores de
población, identificados como “margina-
les” por el resto de la sociedad, coincidió
con la crisis económica que se dio entre
1975 y 1985. Esta marginación residen-
cial, la escasa integración en el mercado
de trabajo y la incorporación a la venta
de droga de algunos gitanos residentes
en los núcleos autoconstruidos, favo-
reció el desarrollo de un rechazo social
cada vez mayor del conjunto de la po-
blación hacia quienes residían en estos
asentamientos autoconstruidos.
De alguna manera, el carácter clara-
mente étnico-cultural del Plan de Realo-
jo de la Población Marginada, dirigido
a un “chabolismo” casi exclusivamente
gitano, en vez de promover el encuentro
entre sectores sociales en torno a la
búsqueda de soluciones conjuntas ante
los problemas, propiciaba que se conso-
lidasen proyectos vitales diferencialis-
tas, vinculados con la esfera de la etni-
cidad y no de la ciudadanía. Este riesgo
afectaba a todas las partes implicadas,a
los vecinos gitanos, a los no gitanos y a
las propias Administración Públicas.
Las propuestas elaboradas entre 1979
y 1986 para afrontar el realojo de
las familias gitanas que aún vivían en
Esta decisión de separar en dos
los procesos de realojamiento
promovió la formación de
un cinturón chabolista
que rodeaba los barrios
obreros de vivienda
pública de nueva construcción. En
este cinturón, muy homogéneo social
y étnicamente, se daba una escasa
intervención social y policial de los
poderes públicos, dejando que fuera la
beneficencia, en sus diferentes versiones,
la que diera respuesta a las situaciones de
necesidad.
ATD Cuarto Mundo - Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas38
chabolas, aunque no llegaron a ponerse
en práctica, marcaron la senda de las
actuaciones posteriores. Se basaban
fundamentalmente en un reconocimien-
to de la identidad como pueblo gitano,
con unas características propias que
determinaban que hubiera que buscar
soluciones adaptadas a ellas, tanto a
nivel laboral, educativo y social como de
alojamiento.
Estos planteamientos y programas, sin
embargo, quedaron sobre el papel hasta
que el aumento de la conflictividad
vecinal, especialmente en la zona de
Vicálvaro y San Blas, forzó a la Adminis-
tración a actuar de manera más decidida
y a firmar el Convenio de Colaboración
para el Realojamiento de la Población
Marginada de Madrid en 1986, que dio
paso a la creación del Consorcio para el
Realojamiento de la Población Margi-
nada.
¿Cuál fue el conflicto que desencadenó
este cambio de política? El asentamien-
to de Vicálvaro, situado en la encruci-
jada entre tres distritos, era uno de los
núcleos autoconstruidos más grandes
que han existido en Madrid, acogiendo
en 1984 a 333 familias. Muy próximo
al mismo se encontraba el núcleo de
viviendas prefabricadas conocido como
“Avenida de Guadalajara”, muy degra-
dado por la sobrecarga progresiva de
población denominada como “marginal”.
La formación del núcleo se inició en
1968, pero fue creciendo de manera
incontrolada a lo largo de los años.
Habitado en un 98% por familias gita-
nas, este desarrollo de las chabolas iba
creando en el barrio cercano a Vicálvaro
un elevado rechazo hacia esta pobla-
ción. La instalación de un mercadillo de
electrodomésticos autogestionado por
el último grupo de familias llegado a la
zona generó el primer estallido por los
serios problemas que produjo: acciden-
tes de tráfico, ocupación de la vía en la
Avenida de Daroca, etc.
Pero el enfrentamiento definitivo se
produjo cuando, tras el hundimiento
de la escuela ubicada en el núcleo, se
intentó escolarizar a 34 menores en el
Colegio Público más cercano, el Severo
Ochoa. Estalló el racismo contenido
durante años y el vecindario pidió la
expulsión de la población gitana de
Vicálvaro con manifestaciones, cortes
de carretera, asambleas y protestas
de todo tipo. La propia Asociación de
Vecinos, al mismo tiempo que reclama-
ba que se tomaran medidas por parte
de la Administración, inactiva hasta ese
momento, denunció la distribución en el
distrito de panfletos anónimos llaman-
do a formar comandos para atacar a la
población gitana.
Se inició así una primera fase de ne-
gociación en la propia Asociación de
Vecinos con el delegado del Gobierno,
el Ayuntamiento de Madrid y las Aso-
ciaciones Gitanas, estableciendo un
programa de actuación en tres frentes:
el control del crecimiento del núcleo, el
acondicionamiento sanitario del mismo
y la prevención y mantenimiento del
orden público. El estudio que se encargó
a la Asociación Desarrollo Gitano marcó
las pautas de lo que serían los procesos
de realojamiento desarrollados a partir
de entonces en esta y en otras zonas.
REALOJANDO DERECHOS. 1. Echando la vista atrás para seguir adelante 39
Se apostó por compaginar integración y
respeto a sus formas de vida, y en este
sentido se propusieron dos tipos de re-
alojamiento diferentes, uno de ellos en
vivienda normalizada en altura y otro en
casas bajas que permitía preservar sus
redes comunitarias así como el mante-
nimiento de sus trabajos tradicionales.
Tras varios años de propuestas parcia-
les y no aterrizadas, llegó el tiempo del
realojo de las familias gitanas. Pero las
razones para ello no fueron solo por
problemas de orden público, sino que
también influyeron una conjunción de
intereses diversos. Por un lado, las aso-
ciaciones gitanas y determinados pro-
fesionales de servicios sociales llevaban
años reclamando su derecho al realojo.
Por otro, los asentamientos con mayoría
de población gitana empezaron a estar
en el punto de mira de los desarrollos
urbanísticos.
Estas familias habían ido situándose en
zonas no reguladas hasta el momento,
donde no existía vigilancia, al ser expul-
sadas de otros lugares donde la espe-
culación había ido marcando un rápido
ritmo de urbanización. Pero en 1985
Madrid necesitaba esos terrenos, hasta
entonces abandonados, para seguir
creciendo.
ATD Cuarto Mundo - Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas40
En 1986 se crea el Consorcio para el
Realojamiento de la Población Margi-
nada, formado por el Ayuntamiento de
Madrid (a través de la Empresa Muni-
cipal de la Vivienda) y la Comunidad de
Madrid (a través del IVIMA y su Conse-
jería de Política Territorial).
En un principio también formaba parte
del Consorcio la Delegación del Gobier-
no, pero con una presencia casi simbó-
lica.
El Consorcio retoma el reto planteado
en los años anteriores, persiguiendo
como meta última la “erradicación del
chabolismo”. Para ello se marcan dos
objetivos fundamentales:
	 Realojar a las familias afectadas.
Se abren tres alternativas posi-
bles, señalando que se intentaría
respetar la cercanía de las nuevas
viviendas con los antiguos empla-
zamientos para no romper los lazos
de estas familias con su entorno:
-- Viviendas en altura para aque-
llas familias que, en razón de sus
circunstancias socio-económicas
concretas, desearan y pudieran
acceder a dicho tipo de viviendas.
-- Viviendas de planta baja en
Barrios de Tipología Especial
(BTE) para aquellas familias que,
por sus características espe-
ciales de tipo laboral o social,
pudieran encontrar dificultades
de adaptación a la vivienda en
altura. Esta propuesta seguía en
cierta medida la pauta del Plan
de Remodelación de Barrios al
promover el mantenimiento de
redes y vínculos entre familias.
Se contemplaba como vivienda
definitiva para aquellos que lo
desearan, recogiéndose la op-
ción a compra en los contratos.
-- Construcción de campamentos
provisionales para ubicar a la
población con rasgos de semi-
nomadismo y ligada a determi-
nados sistemas de compraventa.
Inicialmente se contemplaba la
autoconstrucción.
	 Integrar a las familias censadas a
través de medidas de intervención
social y laboral. Se hizo especial
hincapié en la escolarización de
niños y niñas, y se desarrollaron
programas de capacitación laboral,
intentando respetar al máximo sus
oficios tradicionales.
La primera tarea que se le encomendó
al Consorcio para el Realojamiento de la
Población Marginada fue la elaboración
de un censo de la población en zonas au-
toconstruidas, llevado a cabo por traba-
jadores y trabajadoras sociales. Además
de las preguntas identificativas de cada
familia, se incorporaron otras: prefe-
rencias y lugar de ubicación deseada
de la vivienda, vivienda de procedencia
y causas del traslado, relaciones con el
entorno, etc. A cada chabola se le asignó
Una alianza institucional para la erradicación
del chabolismo
REALOJANDO DERECHOS. 1. Echando la vista atrás para seguir adelante 41
una placa de identificación numerada
que luego justificaba su inclusión dentro
del programa de realojamiento.
En cuanto a los resultados obtenidos por
el Consorcio en sus primeros años, hay
que señalar el desfase que hubo entre
las medidas en materia de vivienda y las
actuaciones de integración social. Ade-
más, fue significativa la provisionalidad
de las propias construcciones en este
periodo (BTE y campamentos provisio-
nales especialmente), así como la lejanía
respecto al centro de la ciudad, buscada
para evitar la conflictividad. Ambas
características fomentaron la estigmati-
zación y degradación de estos barrios.
Los años 90 trajeron una grave crisis
del Consorcio, desencadenada por la
suma de diferentes elementos. Por un
lado, las familias gitanas lo habían per-
cibido como un organismo que les iba a
permitir mejorar rápida y profundamen-
te su calidad de vida a nivel de vivienda,
trabajo y educación, todo acorde a sus
rasgos culturales. Sin embargo, poco a
poco comprobaron que todo era mucho
más complejo, y que el rechazo social
no sólo no había desaparecido sino que
Gráfico 6
Consorcio de Población Marginada
Objetivo: Erradicación del “chabolismo”
Respeto a la identidad como pueblo gitano
Censo de familias a realojar
Alternativas de vivienda adaptadas a nivel
de integración social y formas de ganarse la
vida
1986
1991
•	 Rechazo social
•	 Falta de
compromiso
institucional
•	 Venta de droga por
parte de algunas
familias
Crisis del
Consorcio3 alternativas
•	 Vivienda en altura
•	 Viviendas de planta baja en
barrios de tipología especial:
mantenimiento de redes
vecinales
•	 Campamentos provisionales
ATD Cuarto Mundo - Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas42
se incrementaba, sobre todo a raíz de
la vinculación de algunas familias con la
venta de droga.
Otro de los componentes de la crisis fue
la falta de presupuesto para la cons-
trucción de viviendas, que llevo a una
ralentización del proceso de realojos.
Cada vez fue más evidente la falta de
compromiso con el Consorcio de las
instituciones que lo conformaban, en las
que pesaba la decepción por el incum-
plimiento de algunos de los objetivos
marcados y que, aunque irreales, eran
deseados por todos y habían creado
ciertas expectativas.
Un ejemplo de esto era la idea de que se
podía alcanzar en cinco años el objetivo
de la integración social de todo el colec-
tivo gitano, defendido en el Convenio de
1988.
El tercer elemento que favoreció la
crisis fue la aparición de comportamien-
tos delictivos, en concreto la venta de
droga por parte de algunas familias gi-
tanas. Esto reforzó los estereotipos y la
desconfianza de la población no gitana,
asociando la imagen de los asentamien-
tos autoconstruidos con focos de mar-
ginación y venta de drogas, relación que
luego se aplicó también a los Barrios de
REALOJANDO DERECHOS. 1. Echando la vista atrás para seguir adelante 43
Tipología Especial y, finalmente, a todas
las familias gitanas, que acabaron sien-
do vistas como traficantes de drogas
por cierta parte de la ciudadanía.
Además, el negocio de la droga tuvo
también consecuencias graves dentro
de la propia comunidad gitana, rompien-
do su estructura tradicional, de manera
que muchos valores y referentes fueron
sustituidos por el poder inmediato dado
por el dinero abundante y fácilmente
conseguido por parte de quienes la
vendían.
Esta crisis del Consorcio tuvo su reflejo
tanto en las familias aún residentes en
barrios autoconstruidos como en las y
los profesionales de la institución. En
las familias aumentó la desconfianza
hacia el Consorcio, viendo cada vez más
lejano, si no imposible, lograr el acceso
a una vivienda digna. Entre el equipo
profesional fundamentalmente había
desilusión y miedo a perder su trabajo.
En este contexto –al igual que en 1984
fue la presión vecinal, y en concreto el
conflicto de Vicálvaro, el desencade-
nante que impulsó la puesta en marcha
del Consorcio– nuevamente otro con-
flicto, el de Villaverde de 1991, desen-
cadenó la crisis del modelo adoptado
hasta entonces.
El rechazo de varios grupos y asocia-
ciones vecinales a la construcción de un
Barrio de Tipología Especial en la zona
adquirió dimensiones muy significati-
vas, hasta el punto de que el Gobierno
Regional cedió a las presiones vecinales
y anunció la paralización definitiva de
las obras, lo que suponía el triunfo de
las posiciones contrarias al programa de
realojo y una muestra clara de la crisis
del Consorcio.
Este conflicto no se produjo de mane-
ra aislada, sino que tuvo lugar en un
contexto de crispación general en todo
el territorio nacional por el tema del co-
mercio y consumo de drogas. Los grupos
que lo promovieron, casi todos ajenos a
la Federación Regional de Asociaciones
de Vecinos, identificaban la lucha contra
la droga con el desmantelamiento de
puntos de venta en asentamientos mar-
ginales, oponiéndose a la construcción
de nuevos emplazamientos.
La Federación Regional de Asociaciones
de Vecinos trató de contrarrestar las ac-
tuaciones de estos grupos presentando
un Plan Complementario para resolver
el problema del realojo de la población
marginal, proponiendo medidas como
la dispersión de los asentamientos,
llevándolos también a la zona norte de
la ciudad, el realojo de las 2.185 fami-
lias pendientes de actuación y medidas
represivas para erradicar la venta de
droga.
En 1995 se produjo un cambio al frente
del Gobierno Regional en la Comunidad
de Madrid, y el nuevo equipo se enfren-
tó a la decisión de qué hacer con el Con-
sorcio, que ya había perdido su credibi-
lidad. Finalmente se decidió continuar
con el programa, poniendo al frente del
mismo a un profesional procedente de
los Servicios Sociales del Ayuntamiento
y ajeno al mundo especializado de la
intervención social con el pueblo gitano.
Se reorientó así la intervención social,
que a partir de entonces mostró una
ATD Cuarto Mundo - Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas44
mayor preocupación por la integración
que por la conservación de la diferencia
cultural. Al mismo tiempo, se apostó de
manera clara por el realojo en vivienda
en altura como modelo único, con la úni-
ca condición de que la familia aceptase
un proceso de “normalización” antes de
la concesión de la misma.
Este cambio se concretó aún más en
1998. Se veía ya alcanzable el realojo
de las 100 últimas familias censadas
en el año 1986, pero esto no suponía la
erradicación del “chabolismo”, objeti-
vo señalado al poner en marcha estas
políticas.
Nuevas familias habían construido cha-
bolas para afrontar sus necesidades de
vivienda, tanto en emplazamientos his-
tóricos como en nuevas localizaciones.
Algunas eran familias jóvenes, recién
formadas y que necesitaban su propio
espacio. Otras eran familias que ya
habían sido realojadas, pero que habían
tenido que abandonar el piso bien por
no poder hacer frente a los gastos, bien
por conflictos o deudas que llevaron a
que otras se quedaran con su vivienda.
De esta manera, en 1998 se habían
identificado 1.855 familias viviendo en
chabolas en la Comunidad de Madrid, y
52 núcleos autoconstruidos en Madrid
ciudad. Para afrontar esta situación, el
Gobierno Regional propuso al Ayunta-
miento la disolución del Consorcio y la
creación de un organismo autónomo
dependiente de manera exclusiva de
la Comunidad: el Instituto de Realoja-
miento e Integración Social.
REALOJANDO DERECHOS. 1. Echando la vista atrás para seguir adelante 45
Tras finalizar el realojo de las familias de
los barrios autoconstruidos censadas
en 1986, las administraciones implica-
das tuvieron que decidir entre conti-
nuar con un programa específico para
el realojo de las familias gitanas aún
residentes en infraviviendas o modificar
la política de vivienda de la Comuni-
dad de Madrid, de manera que se diera
respuesta a todos aquellos sectores que
encontraban dificultades para acceder
a una vivienda a través del mercado
inmobiliario libre.
El Gobierno Regional decidió finalmen-
te orientar las promociones de vivienda
del IVIMA hacia las clases medias y
mantener al mismo tiempo un Programa
de Realojo, en otro tipo de viviendas,
orientado a controlar el fenómeno del
“chabolismo”. Para ello se promulgó la
Ley de creación del Instituto de Realo-
jamiento e Integración Social (IRIS) en
1998, responsable desde entonces de
los realojamientos.
Esta ley de creación del IRIS señala
algunos cambios importantes. Por un
lado, el chabolismo deja de ser tratado
como una realidad a erradicar, reco-
nociéndolo desde entonces como un
fenómeno crónico que había que tener
controlado. Ya no se establecía un límite
de tiempo para acabar con él, aceptando
que siempre habría cierta autoconstruc-
ción residual y asumiendo como objeti-
vo controlar sus dimensiones. Por otro
lado, se reconocía que todas las familias
que vivían en chabolas y en condiciones
de exclusión social tenían derecho a
una vivienda digna. De esta manera, no
se partía de un censo de familias cha-
bolistas con derecho a realojamiento,
como en el caso del Consorcio (aunque
sí se realizó un censo para conocer la
realidad de la autoconstrucción en ese
momento en la región).
Quedaba así abierta esta vía de realo-
jamiento desde la chabola como meca-
nismo de acceso a una vivienda digna,
lo que junto a la falta de desarrollo de
otras alternativas posibles por parte de
la Comunidad de Madrid favoreció que
muchas familias con ingresos bajos e
inestables optaran por la autoconstruc-
ción como el mejor camino para poder
acceder a una vivienda pública.
El hecho de que el IRIS fuera creado por
ley confirió una gran estabilidad a su
línea de actuación, y se dotó al Pro-
grama de una red de centros propios,
con plantillas amplias y un importante
presupuesto.
Se apostó claramente por un modelo
de vivienda en pisos distribuidos por
barrios de los diferentes municipios
de la Comunidad de Madrid, acabando
así con el modelo de las Unidades de
Realojamiento Especial que se habían
construido en la anterior etapa.
Para facilitar la dispersión de las fami-
lias, estos pisos de realojo ya no fueron
principalmente vivienda pública, sino
La integración social como clave
del realojamiento
ATD Cuarto Mundo - Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas46
que a la mayor parte de las familias se
las realojó en viviendas compradas en el
mercado privado de segunda mano.
La actividad del IRIS se llevó a cabo
a través del desarrollo de Progra-
mas-Convenio que firmaba con los
distintos ayuntamientos de la región.
Se llegó a un acuerdo con la Federación
Madrileña de Municipios que vinculaba
a todos los alcaldes de la Comunidad en
la lucha contra la marginalidad residen-
cial, de manera que se comprometían
a admitir en sus territorios a familias
procedentes de barrios de chabolas,
cuyo número sería proporcional al de
su población censada y nunca mayor a
un 5% de la misma. Se tendría en cuenta
también la presencia de familias gitanas
de realojos anteriores en la zona.
Sin embargo, el hecho de adquirir la ma-
yor parte de la vivienda en el mercado
libre determinó que la distribución de
las familias realojadas volviera a recaer
en las zonas más vulnerables, con altos
índices de desempleo, fracaso escolar y
deterioro urbano. Por ejemplo, dentro
de Madrid capital el 90,5 % de los re-
alojos se realizaron en los distritos de la
zona sureste de la ciudad, manteniendo
la dinámica de procesos anteriores.
También se incrementaron los recur-
sos dedicados al seguimiento social de
las familias ya realojadas, creando una
red paralela de atención especializada
•	 Nuevo objetivo: no
erradicación, sino control
y gestión del “chabolismo”,
que se ve como problema
crónico.
•	 Realojo como
reconocimiento de un
derecho, no solo para
familias censadas.
•	 Pisos como única
alternativa, y dispersos,
aunque siempre en zonas
populares (más baratas).
•	 Enfoque asimilacionista:
más integración, menos
conservación de la propia
cultura.
1998
ASIVECAM
(Servicio
para la
convivencia)
Desaparición del
IRIS al integrarse
junto al IVIMA
en la Agencia de
Vivienda Social
2008 2013 2015 2018
Convenio
Las Sabinas
Realojo Gallinero
y Pacto Realojo
Sector 6 Cañada
Real
Instituto de Realojamiento
e Integración Social
REALOJANDO DERECHOS. 1. Echando la vista atrás para seguir adelante 47
que separaba al conjunto de la minoría
gitana que procedía de los barrios auto-
construidos del resto de la ciudadanía. El
enfoque de la intervención social cambió
respecto a la etapa anterior, con una vi-
sión más asimilacionista del camino que
las minorías debían recorrer para lograr
una buena integración social. Esto se
plasmó en la reorientación de algunos de
los programas puestos en marcha, como
es el caso del de empleo, más preocupa-
do en ese momento por su función de
normalización que por la conservación
de trabajos tradicionales, como se había
hecho en la etapa anterior.
Reforzando esta dinámica, en 2008 se
creó ASIVECAM (Asistencia Vecinal
de la Comunidad de Madrid), con el
objetivo de mediar con las comunida-
des de vecinos en las que se realizaban
los realojos, con un seguimiento de los
procesos de integración. Este servicio
se caracterizó desde el primer momento
por un enfoque eminentemente comu-
nitario, de manera que no realizaban
intervenciones individuales, a diferencia
de las profesionales del IRIS.
Su labor se ha desarrollado de manera
intermitente desde entonces hasta aho-
ra, ya que en 2012 varios de sus proyec-
tos en marcha se paralizaron y parte de
las personas contratadas por este servi-
cio fueron despedidas. Posteriormente
se han vuelto a retomar sus actuaciones
y, según datos de la Comunidad de Ma-
drid, en estos momentos está trabajando
en 768 comunidades vecinales.
En el año 2013, con el realojo del asen-
tamiento del Ventorro, se anunció el fin
del “chabolismo” en la ciudad de Madrid.
Sin embargo, seguían existiendo infra-
viviendas dispersas por la ciudad, así
como la Cañada Real Galiana, parte de
cuya extensión pertenece a la capital,
así como el emplazamiento anexo a esta,
conocido como el Gallinero. Es en este
momento cuando se pone el foco tanto
en esta zona como en la de Las Sabinas,
situada al lado del río Guadarrama a su
paso por Móstoles y Arroyomolinos, dos
emplazamientos que hasta entonces
habían quedado fuera de los procesos
de realojamiento.
El Convenio para el realojamiento de
Las Sabinas se firmó en el mismo 2013,
pero se trata de un acuerdo entre la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamien-
to de Móstoles, habiendo una parte del
asentamiento que pertenece a Arroyo-
molinos, sobre cuyo futuro no se sabe
nada a día de hoy.
Por su lado, tras muchas idas y venidas,
en 2017 se firma el Pacto Regional por
la Cañada Real, y en 2018 el Convenio
para el realojo del Sector 6, que es el
que acumula más infraviviendas y pre-
cariedades. Asimismo, en septiembre
de 2018 se realiza finalmente el realojo
de las familias que aún permanecían
viviendo en El Gallinero.
El largo proceso vivido en este empla-
zamiento y la poca claridad en cuanto al
futuro que esperaba a quienes allí vivían
hizo que a lo largo de los últimos meses
la mayor parte de las familias partie-
ra en busca de otras alternativas, de
manera que en el momento del realojo
quedaban tan solo 25 de las casi 100
que habían llegado a residir anterior-
mente allí.
ATD Cuarto Mundo - Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas48
En el año 2015 dos hechos marcaron
un cambio de rumbo clave en relación
a los realojos de barrios autoconstrui-
dos. Por un lado, en respuesta a una
queja puesta por los abogados de CAES
en representación de las familias del
Ventorro que no obtuvieron una vivien-
da digna en el realojo del asentamiento,
el Defensor del Pueblo emitió un dicta-
men poniendo en cuestión la legalidad
de todos los procedimientos realizados
anteriormente. Señalaba la ausencia de
un procedimiento legal establecido por
la Comunidad de Madrid para los realo-
jos, lo que permitía, por ejemplo, que
no se emitiera ninguna comunicación a
las familias que se consideraba que no
cumplían los requisitos, dejándolas en
situación de indefensión; o que el Servi-
cio de Urbanismo del Ayuntamiento de
Madrid procediera a la demolición de
chabolas sin haberse producido antes
un realojo.
El Defensor del Pueblo acababa con
una recomendación para establecer
un procedimiento reglado y garantista
para las personas susceptibles de re-
alojos, así como una petición de que en
todos los casos se dicten resoluciones
que garanticen el derecho de recurrir si
no se está de acuerdo. Este dictamen es
muy posiblemente el origen del decreto
13/2018, aprobado tres años después,
con el que se reglamentaron la adjudica-
ción y cambio de vivienda relacionadas
con procesos de realojamiento, después
de 30 años de desarrollo de políticas y
prácticas de erradicación del “chabolis-
mo” sin garantías legales.
Por otro lado, también en 2015, el de-
creto 72/2015 suponía la desaparición
del IRIS, que se fusionaba con el IVI-
MA para crear un nuevo organismo, la
Agencia de la Vivienda Social. Según la
presidenta de la Comunidad de Madrid
en aquel momento, el IRIS había perdi-
do su finalidad inicial al existir menores
necesidades de realojo de población
que estuviera viviendo en chabolas.
¿Se está cerca entonces de alcanzar la
tan anhelada erradicación del “chabo-
lismo”? Está claro que no existen ya las
inmensas barriadas autoconstruidas
que pusieron en marcha el proceso de
Remodelación de Barrios desde finales
de los años 70, ni los múltiples asen-
tamientos que siguieron poblando la
periferia madrileña –en menor número
pero en situación de gran exclusión–,
ámbito de trabajo tanto del Consorcio
como del IRIS.
La expansión de las ciudades de la
región y los procesos especulativos aso-
¿El fin del “chabolismo”?
Aunque las chabolas hayan ido
desapareciendo, los datos
de personas en situación
de pobreza severa no han
hecho más que aumentar
hasta llegar a la cifra de
500.000 personas en el momento actual
en la región de Madrid.
REALOJANDO DERECHOS. 1. Echando la vista atrás para seguir adelante 49
ciados a ella han ido haciendo desapare-
cer las zonas de indeterminación en las
que era posible levantar una chabola sin
que nadie la tirara abajo o lo denunciara
de manera inmediata. Aparte de Cañada
Real y Las Sabinas, el resto de infravi-
viendas de la Comunidad de Madrid son
más escasas e invisibilizadas.
Además, la dinámica de realojamiento
de barrios autoconstruidos focalizada
en los últimos 30 años en la población
en situación de mayor exclusión, ha
transformado en gran medida la rea-
lidad social de estas familias. Junto a
la mayor dificultad para encontrar un
lugar en el que poder construir una cha-
bola, hay que destacar que muchas hijas
e hijos de familias que fueron realojadas
han nacido y crecido en pisos y barrios
heterogéneos cultural y socialmente.
Estas nuevas generaciones, ahora ya
jóvenes, ni tienen las herramientas que
sus mayores tenían para poder salir ade-
lante en las anteriores circunstancias,
ni ven la autoconstrucción como una
salida, y menos ahora que desparece la
opción del realojo que existía anterior-
mente.
¿Qué salidas encuentran entonces para
responder a su necesidad de vivienda?
Porque no olvidemos que, aunque las
chabolas hayan ido desapareciendo,
Realojando derechos. El acceso a una vivienda digna desde la perspectiva de la extrema pobreza
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Realojando derechos. El acceso a una vivienda digna desde la perspectiva de la extrema pobreza

  • 1. En los últimos años se ha hablado mucho de quienes perdiendo su casa se han encontrado en precariedad, pero no tanto de las muchas personas que viven en condiciones de extrema pobreza desde hace muchos años, incluso generaciones, y nunca tuvieron posibilidad de acceder a una hipoteca, ni a un alquiler a precio de mercado. Sus únicas opciones se han movido siempre entre la autoconstrucción y las limitadas oportunidades de vivienda pública y social que se les han ofrecido. Con la mirada puesta en esta realidad, en 2015 comenzó su andadura la Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas, buscando incorporar en el análisis de la situación del derecho a la vivienda la perspectiva de quienes viven en mayor pobreza, poniendo en diálogo su experiencia y conocimiento con el de activistas y profesionales. Fruto de ese trabajo, recuperamos una historia que ahora parece casi olvidada: la de los realojamientos de los barrios autoconstruidos (o de chabolas) de la Comunidad de Madrid. Nuestro acompañamiento a muchas familias que vivieron o viven estos procesos nos hace ver la importancia de recuperarla y analizarla para aprender de ella. En este libro compartimos las historias concretas contadas por quienes las han vivido, junto con el análisis que hacen de las mismas. Estos relatos trascienden las realidades de las que nos hablan. Las experiencias vividas nos ayudan a analizar y comprender las luchas por el derecho a la vivienda de quienes hoy viven otras realidades de pobreza, como la de encontrarse en situación de calle, la de las personas migrantes, la de quienes se ven obligadas a ocupar viviendas abandonadas o sólo encuentran soluciones de emergencia temporales. Realojando derechos El acceso a una vivienda digna desde la perspectiva de la extrema pobreza Movimiento ATD Cuarto Mundo España Esparteros 11, piso 6, oficina 3 Tlf: 91 448 14 45 cuartomundo@gmail.com Twitter /Facebook: @ATD4MundoEsp Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas viviendadignatodas@gmail.com Twitter: @ViviendaXaTodas Realojandoderechos.Elaccesoaunaviviendadignadesdelaperspectivadelaextremapobreza
  • 2. Movimiento ATD Cuarto Mundo España Esparteros 11, piso 6, oficina 3 Tlf: 91 448 14 45 cuartomundo@gmail.com Twitter /Facebook: @ATD4MundoEsp Este libro se distribuye bajo una licencia «Reconocimiento - No comercial», que se puede consultar en http://creativecommons.org/choose/?lang=es_ES. Está permitida la reproducción de los contenidos de esta publicación, siempre y cuando se cite la procedencia y se haga sin fines comerciales. Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas viviendadignatodas@gmail.com Twitter: @ViviendaXaTodas Revisión de textos, diseño y maquetación: www.puntoycoma.org Imágenes: Fotos del archivo de Movimiento ATD Cuarto Mundo Javier Baeza Alberto Astudillo Antonio Jiménez Jesús Pozo Pixabay Freepik Hay fotos de los barrios de Las Sabinas, Pozo del Huevo, Barranquillas y el Gallinero. ISBN: 978-84-09-14121-0 “La vivienda son las raíces que harán que tus hijos puedan desarrollarse y florecer. Por eso hay que seguir luchando, para no dejarles sin futuro.”
  • 3. El derecho a la vivienda 5 1. Echando la vista atrás para seguir adelante 13 Razones para estos textos 14 El derecho a la vivienda revisado desde una chabola 19 Sí hay derecho 19 Una vivienda “adecuada” 24 Frente a la amenaza de un desalojo 26 Periferias que vienen de lejos 30 Luchas vecinales, remodelación de barrios y marginalización de la autoconstrucción 34 Una alianza institucional para la erradicación del chabolismo 40 La integración social como clave del realojamiento 45 ¿El fin del “chabolismo”? 48 El Pozo del Huevo: memoria de un realojo 51 Las Sabinas, pasado, presente, ¿futuro? 58 2. La lucha por la vivienda desde los márgenes 67 Las voces de la experiencia 68 Nada para las personas que estamos excluidas sin contar con nosotras 69 Sin vivienda no existes, no tienes seguridades básicas 92 En unas condiciones que podamos cumplir, respetando y siendo respetados 112 No más normativas en contra de quienes somos más vulnerables 132 Si no me dan, al menos que no me quiten lo que tengo 155 Razones para seguir luchando 174 Las otras voces de los barrios 189 3. Propuestas y horizontes 195 Bibliografía 206 Índice
  • 4.
  • 5. REALOJANDO DERECHOS. El derecho a la vivienda 5 El derecho a la vivienda
  • 6. ATD Cuarto Mundo - Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas6 C onocemos bien el cuento de los tres cerditos y el lobo, un relato que desde la más tierna infancia sirvió para aleccionarnos acerca de la necesidad de trabajar duro si queríamos, en el futuro, llegar a disponer de una casa sóli- da, firme y segura, capaz de resistir los soplidos terribles, como de huracán, que era capaz de lanzar aquella fiera en su asedio al hogar de los rollizos y apetitosos cerditos. La pereza y la imprevisión de los dos más perezosos, que prefirieron dedicar más tiempo al juego y construir su techo con materiales ligeros como paja y madera (“¿quién teme al lobo feroz?” cantaban los muy insensatos), estuvo a punto de saldarse en tragedia, de no haber contado con la solidaridad del más responsable y laborioso de los tres hermanos, que los acogió dándoles albergue en su casa de ladrillo. Sin embargo, por mucho que se empeñe la factoría Disney, en el mundo real en que habitamos los seres humanos adultos, desgraciadamente las cosas no siempre son tan simples y transparentes: ni los actores principales son tan fácilmente identificables como buenos y malos; ni la virtud del trabajo duro resulta garantía de acceso al techo en condiciones dignas; ni la solidaridad informal de la red de parientes se encuentra disponible en todas las ocasiones para aquellas personas que han visto derrumbarse su precario alojamiento ante el lobo, que “sopló y sopló” una y otra vez, hasta conse- guir dejarlos a la intemperie. Vivimos en un país con una de las cotas más altas de bienestar si atendemos a lo que marca el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Actualmente ocupamos el puesto 26 en el ranking de casi 200 países del mundo que publica anualmente Naciones Unidas, un ranking en el que incluso llegamos a ocupar el puesto 13 durante el año 2007, a un paso tan sólo de Estados Unidos e inmediatamente por delante de Dinamarca (¡qué tiempos aquellos!). Eso fue justo antes de recibir el impacto de la última crisis económica, una crisis que en el caso español más que crisis se concretó en forma de verdadera estafa, una estafa de enormes dimensiones mediante la cual los ahorros de personas jubiladas, trabajadoras y clases medias asalariadas –ya fuese en forma de inversión en acciones preferentes, o de embargos por impago de hipotecas usurarias, altísimas comisiones y cláusulas abusivas– fueron a parar a las fauces de la fiera. Millones de personas firmaron hipotecas en tiempos de bonanza como única alterna- tiva racional frente al desorbitado precio de los alquileres y la práctica inexistencia de vivienda pública. Hipotecas que resultaron imposibles de afrontar, cuando el paro se disparó y se hizo persistente en muchos hogares, de modo que acabaron perdiendo lo ya amortizado, mientras veían espantados cómo se mantenía la deuda aún pendien- te con el banco. Todo ello de acuerdo a una anticuada ley hipotecaria que hundía sus raíces en el siglo XIX, y nos dejaba al margen de las normas habituales de protección al consumidor existentes en los países de la Unión Europea (UE). El lobo soplaba y soplaba con todas sus fuerzas. El resultado fue que millones de personas fueron esquil-
  • 7. REALOJANDO DERECHOS. El derecho a la vivienda 7 madas en beneficio de algunos grandes bancos y acabaron pagando los platos rotos de una fiesta en la que sólo ha- bían ocupado el lugar de invitadas muy secundarias. Al reparto del botín acudieron, además de los privilegiados autóctonos, un buen número de fondos de inversión inter- nacionales, llamados de capital riesgo, distressed, holdouts o “fondos buitre”. El lobo se había convertido finalmente en ave carroñera, y no estaba tan interesa- do en comerse a los inquilinos como en arrebatarles su casa; sí, también la construida con ladrillos. Habitualmente los hogares y familias más pobres han acumulado el sufrimiento derivado de las necesidades básicas insatisfechas, generado como consecuencia de la distribución desigual de la enorme riqueza que somos capaces de generar como sociedad. Sin embargo, en España, lo cierto es que no sólo las personas peor equipa- das en educación, ingresos o capital sociorelacional han visto alejarse la posibilidad de acceder a una vivienda digna, sino que la propia clase media, especialmente en sus fracciones inferiores, ha experimentado cómo el derecho a la vivienda, pomposamente proclamado en el artículo 47 de la Constitución, pasaba a convertirse en una quimera. Un sueño casi inaccesible, habida cuenta de la crisis de empleo que vivimos desde 2008 –con una tasa de paro que rozó el 27% en 2013 y aún sigue estando alrededor del 15%–, y de los bajos salarios existentes en nuestro país, que según el INE apenas aumentaron un 6% por término medio entre 2008 y 2018, mientras el precio de la vi- vienda seguía por las nubes; de modo que, si a mediados de los 90 los hogares de renta media dedicaban la cuarta parte de sus gastos a la vivienda, dos décadas más tarde el gasto en vivienda consumía ya el 33%, la tercera parte, de los ingresos de la clase media. Entretanto, la compra de una vivienda que en los ochenta implicaba destinar íntegra- mente el equivalente a tres años de un sueldo medio, había ido aumentando hasta que llegado el momento más grave de la crisis inmobiliaria, esa misma vivienda necesitaba de ¡nueve años! de sueldo íntegro para poder ser adquirida; actualmente, está en 7,4 años. Para terminar de dibujar el sombrío panorama de la vivienda en nuestro país, en tanto que derecho básico fundamental no garantizado para una gran parte de la población, sólo hemos de recordar la práctica inexistencia de vivienda pública. Dos renombra- dos especialistas en vivienda, Carme Trilla y Jordi Bosch, estimaban a mediados del Millones de personas firmaron hipotecas en tiempos de bonanza como única alternativa racional frente al desorbitado precio de los alquileres y la práctica inexistencia de vivienda pública.
  • 8. ATD Cuarto Mundo - Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas8 año pasado que tan sólo el 1,5% del parque total español era vivienda pú- blica en alquiler social, frente al 30% en Holanda o el 24% en Austria, por lo que sugerían que sería necesario disponer de un millón y medio de viviendas más en régimen de alquiler social para inten- tar paliar la enorme crisis de exclusión residencial que padecemos1 . En cambio, durante los peores años de la llamada Gran Recesión, lejos de am- pliar el parque de vivienda pública destinada a ser alquilada a un precio tasado, nues- tro país mostró una vez más su excepcionalidad dentro del conjunto de la UE, con la venta en 2013 de casi 5.000 viviendas sociales a empresas privadas por un precio muy inferior a su valor de mercado, llevada a cabo por el IVIMA y la Empresa Municipal de Vivienda en Madrid. Los responsables políticos de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid generaron con esa forma de actuar un enriquecimiento ilícito a empresas privadas que está siendo objeto de investigación ante los tribunales por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y/o sustracción de bienes públicos a su utilidad social. No es extraño, por tanto, que España sea, junto con Grecia y Rumanía, uno de los tres países con más porcentaje de población en régimen de alquiler que ve cómo los costes destinados a vivienda superan el 40% de los ingresos del hogar. Disponer de un techo sobre sus cabezas se ha convertido en una misión casi imposible para casi la mitad del 16% de hogares españoles que vive en régimen de alquiler. De hecho, entre 2007 y 2016 se abrieron más de 720.000 expedientes de ejecución hipotecaria en los juzgados, cada uno de los cuales arrastra con toda seguridad una tragedia personal concreta y particular. En la actualidad, muchos de los hogares que ven fragilizarse hasta el extremo su situación residencial son “hogares con cuantiosas deudas y a menudo en situaciones de desempleo de muy larga duración, [cuya] única salida laboral es el mercado de trabajo informal, por lo que su precariedad residencial ya no está vinculada a una situación de crisis económica determinada, sino que se ha convertido en estructural” concluyen Trilla y Bosch (pág. 53). Todo lo cual dibuja un panorama de “emergencia habitacional”, que se deja sentir especialmente entre las personas más jóvenes, al ver bloquearse sus proyectos vitales de emancipación y resi- dencia autónoma e independiente. 1 TRILLA BELLART, C. y BOSCH MEDA, J. (2018) El parque público y protegido de viviendas en España: un análisis desde el contexto europeo. Madrid: Fundación Alternativas. Si a mediados de los 90 los hogares de renta media dedicaban la cuarta parte de sus gastos a la vivienda, dos décadas más tarde el gasto en vivienda consumía ya el 33%
  • 9. REALOJANDO DERECHOS. El derecho a la vivienda 9 Este documento quiere ser una aportación para revertir esta situación, poniendo el foco en algunas realidades invisibilizadas de sinhogarismo. Cuando se habla de personas sin hogar, la primera imagen que viene a la cabeza es la de las más de 30.000 personas que, según los escasos datos disponibles, estarían viviendo en España literal- mente en la calle, sin techo, y para las cuales, en el mejor de los casos, sólo existen so- luciones de alojamiento temporal, normalmente en instituciones y centros de acogida colectivos. Pero también son personas sin hogar, según la clasificación ETHOS (Tipología Europea de Sin Hogar y Exclusión Residencial), quienes viven en alojamientos inseguros (bajo amenaza severa de exclusión por desahucio, arrendamiento precario o violencia do- méstica) o inadecuados (chabolas en asentamientos ilegales, vivienda no apta para su habitabilidad según la normativa o donde existe una situación de hacinamiento). Todas las propuestas sugeridas por Feantsa (Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con Personas sin Hogar) e incorporadas a la Carta de Dere- chos de las Personas Sin Hogar que ya han firmado algunas ciudades españolas como
  • 10. ATD Cuarto Mundo - Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas10 Barcelona o Móstoles, hablan de la ne- cesidad de apoyar soluciones centradas en la vivienda que sirvan para dar salida definitiva al sinhogarismo en cualquiera de sus manifestaciones. Esta misma organización, de cara a po- der erradicar el sinhogarismo y plasmar efectivamente el derecho a la vivienda en las sociedades europeas, se fija los siguientes objetivos: 1. Que nadie duerma a la intemperie. 2. Que nadie viva en un alojamiento de emergencia más tiempo del que dure la “emergencia”. 3. Que nadie viva en una vivienda temporal o de transición más tiempo de lo que requiera su mudanza exitosa y definitiva. 4. Que nadie salga de una institución sin tener opciones de alojamiento. 5. Que no haya jóvenes que se vean sin hogar como resultado de su proceso de emancipación hacia la residencia independiente2 . Obviamente, en nuestro país, estamos muy lejos de conseguirlo. Hay que recordar que la provisión de vivienda a un precio asequible forma parte de las políticas públicas destinadas a dar concreción a los 20 principios fundamentales que constituyen el llamado Pilar Europeo de Derechos Sociales3 por el que se pretende construir una UE más inclusiva y justa. Todo ello dentro de la Agenda Urbana para la UE, en la que se entiende que “la vivienda asequible es un derecho humano básico que fomenta la cohesión social”. En cambio, tal y como sucedía con los cuentos infantiles, la tozuda realidad europea nos muestra una cara mucho más oscura y difícil de transformar que la proclamada 2 FEANTSA (2018) Cities toolkit for ending homelessness. Ver: https://www.feantsa.org 3 Ver: https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pi- llar-social-rights [...] la venta en 2013 de casi 5.000 viviendas sociales a empresas privadas por un precio muy inferior a su valor de mercado, llevada a cabo por el IVIMA y la Empresa Municipal de Vivienda en Madrid. Los responsables políticos de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid generaron con esa forma de actuar un enriquecimiento ilícito a empresas privadas que está siendo objeto de investigación ante los tribunales por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y/o sustracción de bienes públicos a su utilidad social.
  • 11. REALOJANDO DERECHOS. El derecho a la vivienda 11 en los discursos oficiales y las ostentosas declaraciones de intenciones. En el distri- to londinense de North Kensington prosiguen lentamente los trabajos para volver a levantar la torre Grenfell, un edificio con 24 plantas de viviendas sociales construido a mediados de los sesenta, cuyo pavoroso incendio en junio de 2017 dejó un balance de 72 personas fallecidas, al parecer como consecuencia de haber usado un revestimien- to particularmente inflamable y prohibido en otros países para edificios de gran altura. Todo ello tras una reforma realizada en 2016 que estuvo destinada más bien a cambiar la apariencia externa del inmueble, que no a mejorar las condiciones de existencia de sus 600 inquilinos, en su inmensa mayoría personas inmigrantes, una comunidad mul- tiétnica, multicultural y con bajos ingresos. La toma de conciencia colectiva acerca de la responsabilidad social y la desastrosa política en la gestión de viviendas sociales que se adivinaba como causa última de la tragedia, se tradujo en casi 6 millones de euros para ayudar a realojar en viviendas de lujo a los residentes, que casi dos años después siguen movilizados, protestando y re- clamando ante la Alcaldía que quieren: “viviendas sociales, no pisos de lujo”4 Todo ello, mientras una tela blanca rematada con un gran corazón de color verde intenta paliar simbólicamente el sufrimiento y superponer una nota de esperanza sobre la mala con- ciencia que arrastra la sociedad londinense por una herida que aún continúa abierta. Mientras tomaba algunas notas para este prólogo, durante los días de la pasada sema- na santa, en los que estuve viviendo en Londres muy cerca de donde se ubica la torre Grenfell, irrumpieron en las redes sociales y los informativos de televisión las imágenes de otro incendio, también este tremendo y espantoso, el de la catedral de Notre-Dame en París, pero que a diferencia del primero no dejó ninguna víctima mortal, aunque sí dañó profundamente el patrimonio histórico-artístico de Francia e infringió una herida sensible en su orgullo nacional, dando lugar a las reacciones humanas más diversas. Entre ellas resulta inevitable señalar la de algunos multimillonarios como Bernard Arnauld que se apresuró a donar 200 millones de euros para su reconstrucción, con los que duplicó los 100 millones entregados unas horas antes por su rival en los negocios, François Pinault. Las donaciones de grandes marcas como L’Oreal, Total, Bouygues, etc., unidas a las de donantes particulares, permitieron recaudar en apenas 24 horas, la cifra de 600 millones de euros destinados a su reconstrucción5 , todo ello mientras delante de las llamas el presidente Emmanuel Macron llamaba a la unidad nacional para reconstruir Notre-Dame en cinco años. No creo que sea ocioso, ni frívolo, ni demagógico, llamar a la reflexión frente a estas dos catástrofes, en vidas humanas la primera, y en reliquias y objetos artísticos la 4 Ver el siguiente blog: https://grenfellactiongroup.wordpress.com/ 5 Ver: https://www.theguardian.com/world/2019/apr/16/hundreds-millions-pledged-help-rebuild-notre-dame-af- ter-fire
  • 12. ATD Cuarto Mundo - Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas12 segunda, así como ante la reacción social y política que despertaron en las sociedades de referencia de uno y otro edificio. De hecho, no soy el primero en hacerlo, ni con toda seguridad seré el último, y si me atrevo es porque un cúmulo de coincidencias se dieron cita en mi agenda para hacerlas converger en este prólogo. El diario El País del pasado 28 de abril, en un artículo que titulaba: Notre Dame, frente a ‘Los miserables’, se hacía eco en su sección de Cultura de la “controversia, entre política y filosófica, sobre las prioridades de los recursos y la generosidad de los ricos”, genera- da por las donaciones millonarias destinadas a la reconstrucción de la catedral. En el centro de la página, aparecía la foto de un activista social que enarbolaba una imagen con los protagonistas de El jorobado de Notre Dame de Disney (nuevamente Disney) y el texto siguiente: “Quasimodo y Esmeralda ya no tienen donde vivir. En Francia hay ocho millones de quasimodos y esmeraldas sin catedral”. Es decir, ocho millones de personas sin techo y/o muy precariamente alojadas, esperan en Francia una reacción de solida- ridad similar; similar, aunque de más calado formal y colectivo, a la que tuvo el tercer cerdito de nuestro primer cuento. Si en nuestros países ricos, opulentos y terriblemente desiguales consiguiéramos dar forma concreta al derecho a la vivienda, realojando los derechos vulnerados de quie- nes se ven privados del mismo, esto supondría ponerse a reconstruir, no ya una cate- dral por muy hermosa, admirable y digna de respeto que sea, sino los mismos pilares sobre los que se erige nuestra sociedad. Esa es la tarea a la que nos convoca este texto colectivo, abierto, vivo y palpitante que pone en nuestras manos ATD Cuarto Mundo. No es necesario esperar ningún incen- dio, ni cualquier otro evento noticioso y tremendo para ponerse manos a la obra. La tragedia cotidiana está expuesta con este documento ante nuestros ojos, y junto a ella la lucha diaria y la esperanza firme que reflejan los testimonios de los protagonistas principales de este drama, a los que nos permite acceder el compromiso sostenido y la presencia entusiasta en los mismos márgenes que mantienen las personas militantes y voluntarias de ATD Cuarto Mundo en nuestro país. Pedro José Cabrera Cabrera Departamento de Sociología y Trabajo Social Universidad Pontificia Comillas (Madrid)
  • 13. REALOJANDO DERECHOS. 1. Echando la vista atrás para seguir adelante 13 1 Echando la vista atrás para seguir adelante
  • 14. ATD Cuarto Mundo - Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas14 Una vivienda. Una base para la vida. Sin vivienda, ni presente ni futuro. Razones para estos textos Este fue uno de los lemas que surgieron del primer Taller de Vivienda Digna para Todas las Personas, celebrado en marzo de 2015 en San Carlos Borromeo, en Entrevías. Allí, respondiendo a la convo- catoria lanzada por ATD Cuarto Mundo, nos encontramos gentes de diversos espacios y colectivos de lucha por el derecho a la vivienda: Stop Desahucios Móstoles, PAH Madrid, Provivienda, Horuelo, Coordinadora de Barrios, colectivo Chupano, etc. Así comenzó una dinámica formativa de cuatro talleres mensuales enfocados hacia el análisis de las realidades de vi- vienda de quienes viven en extrema po- breza, aquellas personas y familias que nunca tuvieron posibilidad de acceder a una hipoteca, ni a un alquiler a precio de mercado, y cuyas opciones de vivienda se movieron siempre entre la autocons- trucción y las limitadas oportunidades de vivienda pública y social que se les han ofrecido. Muchas de las personas que participa- ron en este proceso se encontraban en esta situación. Eso nos permitió incor- porar una nueva perspectiva al análisis sobre la cuestión de la vivienda, ponien- do en diálogo su experiencia y conoci- miento con el de activistas y profesio- nales. Nuestro objetivo era comprender colectivamente los retos que debemos afrontar para avanzar hacia una polí- tica de vivienda respetuosa de verdad con los Derechos Humanos y que no deje a nadie fuera, así como las alian- zas necesarias para que las dinámicas de lucha por la vivienda desarrolladas en los últimos años, que tanto nos han enseñado, puedan también enriquecer- se y construirse con las aportaciones de quienes viven en mayor pobreza. Tras finalizar esta primera fase de talle- res, en septiembre de 2015 decidimos establecer una dinámica mensual de encuentros que dio lugar a la Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Per- sonas, estableciendo como principales objetivos los siguientes: Conocer y comprender mejor las realidades de vivienda de quienes viven en mayor exclusión. Visibilizar esas realidades ocultas. Transformarlas mediante alternati- vas útiles. Conocer, visibilizar, transformar… Poco a poco fuimos profundizando en el análisis colectivo, identificando 5 Com-
  • 15. REALOJANDO DERECHOS. 1. Echando la vista atrás para seguir adelante 15 promisos y 5 Garantías para el Derecho a una Vivienda Digna, que presenta- mos a lo largo de la primavera de 2016 a diferentes partidos políticos en los Ayuntamientos de Madrid, Móstoles y Alcalá de Henares, así como a la Asam- blea de Madrid y al equipo directivo de la Agencia de la Vivienda Social (que ha sustituido al IVIMA y al IRIS como responsable de vivienda pública en la Comunidad de Madrid) y a la EMVS del Ayuntamiento de Madrid. Esta ronda de presentaciones nos permitió comprobar la importancia de difundir este mensaje, así como propuestas elaboradas a partir de realidades de extrema pobreza, señalando que no se las puede volver a dejar fuera de las alternativas de vivien- da que se vayan generando. Al mismo tiempo, cada vez nos resul- taba más evidente que este diálogo no podía quedarse en el nivel político, sino que debía llegar a toda la sociedad, tejiendo redes de lucha compartida con otros movimientos y colectivos para combatir el estigma y los prejuicios que existen sobre quienes viven en situación de pobreza. Así nació la idea de recoger estos textos que ahora presentamos, como herramienta de difusión y sociali- zación del conocimiento que hemos ido construyendo entre todas y todos. Las realidades que se han ido haciendo presentes a lo largo de todo el recorrido de la Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas han sido muy va- riadas, aunque también hay entre ellas muchos elementos comunes. Sin em- bargo, a la hora de hacer llegar nuestro mensaje nos ha parecido importante aterrizar y concretar lo máximo posible para poder entender mejor determina- dos mecanismos que vulneran no solo el derecho a la vivienda, sino muchos otros, reproduciendo dinámicas de em- pobrecimiento y exclusión que, aunque frecuentemente invisibilizadas, no han dejado nunca de ser una realidad que afecta al menos a una quinta parte de la población de nuestro país. El punto de partida a la hora de elaborar este documento ha sido la revisión de una historia que ahora parece ya casi olvidada, como si fuera propia de otro tiempo: la de los realojamientos de los barrios autoconstruidos (o de chabolas). Nuestro acompañamiento a muchas familias que vivieron ese proceso nos hace ver la importancia de recuperar y analizar esta historia, de manera que podamos aprender de ella, replicar lo que ha funcionado y corregir los erro- res que se han producido. Para ello es fundamental basarnos en la experien- cia y el conocimiento de quienes han vivido este proceso en primera persona, principalmente las familias realojadas (o excluidas de estos procesos, según el Conocer, visibilizar, transformar… Poco a poco fuimos profundizando en el análisis colectivo, identificando 5 Compromisos y 5 Garantías para el Derecho a una Vivienda Digna.
  • 16. ATD Cuarto Mundo - Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas16 caso), ya que son las menos escuchadas habitualmente; incorporando también la visión de las y los profesionales y activistas que han acompañado esos procesos. Este trabajo de conocimiento y análisis se apoya principalmente en las historias concretas de dos barrios, uno ya desa- parecido y otro aún presente, con simi- litudes y diferencias que nos permiten entender mejor las claves de las políti- cas de erradicación del chabolismo. Acá van dos momentos concretos que sirven para presentar las situaciones vividas en cada uno de estos lugares: Madrid. Pozo del Huevo Noviembre de 2001 Las familias residentes en este barrio de chabolas pendiente de realojo, junto con las asociaciones presentes en el mismo, solicitan sin éxito una reunión con los responsables del Instituto de Realojamiento e Integración Social para poder compartir su reflexión sobre cuáles son las claves para que un re- alojamiento sea efectivo y sostenible a largo plazo. 15 años más tarde, varias de estas familias han sido desahuciadas por la misma institución que las realojó. Nadie les consultó sobre las condiciones básicas para que aquel proceso pudie- ra salir bien, y más tarde se las señaló como únicas culpables del fracaso en su proceso de “integración”. En este documento no encontrareis muchos datos ni estadísticas, salvo en algunos pies de página. Lo que compartimos son las historias, contadas por quienes las han vivido, junto con el análisis que hacen de las mismas.
  • 17. REALOJANDO DERECHOS. 1. Echando la vista atrás para seguir adelante 17 Móstoles. Las Sabinas Noviembre de 2018 Comienza el realojo de las primeras fa- milias dentro del proceso de desmante- lamiento del barrio anunciado por la Co- munidad de Madrid y el Ayuntamiento de Móstoles cuatro años antes. Muchas de las 376 familias que habitan allí no cumplen con los requisitos establecidos para ser realojadas, y viven en la incer- tidumbre de qué pasará con ellas. Entre tanto, siguen sintiéndose abandonadas por las instituciones, sin acceso regula- rizado a luz, red de agua potable, recogi- da de basuras o transporte público. En este documento no encontrareis mu- chos datos ni estadísticas, salvo en algu- nos pies de página. Lo que compartimos son las historias, contadas por quienes las han vivido, junto con el análisis que hacen de las mismas. Seguimos así la recomendación de la Relatora Especial sobre vivienda adecuada de la ONU en cuanto a la necesidad de reconocer los esfuerzos y la inteligencia de quienes sufren la falta de vivienda, recuperando enfoques más cualitativos y longitudi- nales que permitan entender mejor las trayectorias de exclusión residencial crónica. Creemos que este enfoque puede permitir entender mejor algunas perspectivas frecuentemente olvidadas, y así tomarlas en cuenta para buscar soluciones que sean de verdad efectivas y universales, sin dejar a nadie fuera. Eso sí, hemos cambiado algunos deta-
  • 18. ATD Cuarto Mundo - Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas18 lles secundarios de las historias para garantizar el anonimato de quienes nos las han confiado, pues su situación sigue estando marcada por la precariedad, la inseguridad y el miedo. Estos relatos hablan de realidades muy concretas, las de los barrios autocons- truidos de la Comunidad de Madrid de un determinado periodo. Sin embargo, tienen muchos puntos de conexión con las luchas por el derecho a la vivienda de quienes viven otras realidades de pobreza, como la de encontrarse en situación de calle, la de las personas mi- grantes, la de quienes se ven obligadas a ocupar viviendas abandonadas, la de quienes sólo encuentran soluciones de emergencia temporales, etc. En todas ellas hay elementos comunes con las principales barreras señaladas en los relatos que recogemos (como también señala la Relatora Especial sobre vivien- da adecuada de la ONU cuando habla de cómo la falta de vivienda afecta sobre todo a determinados grupos con diferentes características, pero que comparten causas estructurales comu- nes). Las propuestas que hacemos no se limitan a los procesos de realojamiento, sino que las planteamos para avanzar hacia el horizonte que nos hemos mar- cado: que todas las personas sin excep- ción vean reconocido su derecho a una vivienda digna y adecuada. Compartir estos relatos busca justa- mente esto: ayudar a comprender mejor las realidades más invisibilizadas de nuestra sociedad en las que no se ve reconocido el derecho a una vivienda digna. Solo así podremos desarrollar alternativas realmente efectivas, empezando por combatir la soledad y la exclusión a la que se condena a estas personas y familias. Ya lo decía también otro de los lemas elaborados en ese primer taller de 2015: Las propuestas que hacemos no se limitan a los procesos de realojamiento, sino que las planteamos para avanzar hacia el horizonte que nos hemos marcado: que todas las personas sin excepción vean reconocido su derecho a una vivienda digna y adecuada. Juntos perderemos el miedo a luchar por nuestros derechos.
  • 19. REALOJANDO DERECHOS. 1. Echando la vista atrás para seguir adelante 19 Esta frase la hemos escuchado y repeti- do mil y una veces en los últimos años. Y es así. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Artículo 47 Constitución Española ¿Por qué no se cumple entonces? La cuestión es que este artículo no está reconocido entre los Derechos Funda- mentales, sino entre los Principios Rec- tores de la política social y económica. ¿Cuál es la diferencia? Los principios no generan, por sí mismos, derechos que sean directamente aplicables, sino que deben aprobarse posteriormente leyes que regulen su cumplimiento. Así, aun- que su valor normativo es indudable, no hay mecanismos ni procedimientos que garanticen la aplicación directa de estos principios en ausencia de desarrollo legislativo, y por eso no se puede denun- ciar su incumplimiento ante la justicia. ¿Y entonces ya está? ¿El derecho a la vivienda como tal se queda en eso, en un principio rector no aplicable en la realidad? No, hay mucho más. Porque dentro del marco jurídico en el que nos movemos hay otros elementos que es importante tomar en cuenta. Empecemos por la Declaración Univer- sal de los Derechos Humanos, derechos reconocidos a todas las personas por el mero hecho de existir. En esta de- claración se recogen 30 artículos que constituyen el marco legal al que debe- ría ajustarse el ordenamiento jurídico de los países que la suscribieron, entre El derecho a la vivienda revisado desde una chabola Sí hay derecho El derecho a la vivienda viene recogido en la Constitución, lo dice bien claro.
  • 20. ATD Cuarto Mundo - Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas20 ellos España, que además los incorpo- ra en su Constitución: el artículo 10.2 reconoce que los derechos fundamen- tales y las libertades se interpretarán de conformidad con la Declaración Univer- sal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por nues- tro país. Es decir, deberían adecuarse también a este artículo: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Este planteamiento ha sido posterior- mente desarrollado en el marco de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), sobre los que hay un Pacto Internacional (PIDESC) que Espa- ña firmó en 1976 y ratificó en 1977. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento Artículo 11.1 del PIDESC Los DESC no son derechos menores que otros derechos humanos. Sin embargo, los Estados pueden debilitarlos seria- mente cuando los enuncian o tratan como si no fueran derechos o cuando in- troducen o mantienen obstáculos para su cumplimiento en su derecho interno. Frente a esta constatación, el artículo 2.1 del PIDESC establece que cada Es- tado Parte debe adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que dis- ponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legisla- tivas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.
  • 21. REALOJANDO DERECHOS. 1. Echando la vista atrás para seguir adelante 21 Asimismo, aunque se reconoce que la realización plena de los derechos económicos, sociales y culturales sólo se conseguirá de manera progresiva, se señala que los Estados tienen la obliga- ción inmediata de “adoptar medidas” y actuar con tanta rapidez y eficacia como puedan para alcanzar ese obje- tivo6 , además de incorporar los DESC al sistema jurídico interno para que los interesados puedan reclamar la protec- ción de sus derechos ante tribunales nacionales.7 6 CDESC, Observación general Nº 3: La índole de las obligaciones de los Estados Partes, 1990, párrafos 2 y 9, doc. ONU: E/1991/23. 7 CDESC, Observación general Nº 9: La aplica- ción interna del Pacto, 1998, párr. 4, doc. ONU: E/C.12/1998/24. Una vez establecido legalmente el derecho a la vivienda como derecho justiciable, “una autoridad del Estado no podrá alegar falta de fondos u otros recursos para no afrontar, por ejemplo, una deuda derivada de un fallo judicial” (TEDH, Tchokontio Happi v. France, 2015, párr. 50). Pese a este marco, no ha existido un mecanismo de denuncia de vulneración de los DESC hasta que no se desarrolló un Protocolo Facultativo, aprobado por unanimidad por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 2008 y ratificado por España en 2010, y que entró en vigor en 2013. En virtud de este Protocolo, España se somete a la decisión final que adopte el Comité DESC, encargado de la super- visión del Pacto Internacional, en casos de víctimas de violaciones de estos derechos. En principio, las víctimas deben agotar las vías existentes en los tribunales españoles, planteando todos los recursos judiciales a su disposición, y solo una vez agotada esta vía acudir en última instancia ante el Comité DESC. No obstante, cuando se demuestra que el cauce judicial interno no es útil ni efectivo se puede solicitar amparo directamente.
  • 22. ATD Cuarto Mundo - Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas22 Hasta la fecha, España cuenta con dos dictámenes condenatorios en materia de vivienda que obligan al Estado a reparar a las víctimas y a adoptar medi- das de no repetición de violaciones del derecho a la vivienda, y en el año 2018 se suspendieron más de 50 desahucios8 al solicitar al Comité DESC medidas cautelares por no existir ni ofrecerse alternativas habitacionales a quienes iban a ser expulsados a la calle. El fondo de la cuestión del derecho a la vivienda reside en su reconocimiento (o no) como derecho subjetivo y como derecho fundamental, ya que estos derechos no necesitan de un desarrollo legislativo posterior para obligar a su cumplimiento por parte del Estado y permitir la posibilidad de denunciar su incumplimiento ante los tribunales. La interpretación tradicional de la legisla- ción no reconoce el derecho a la vivien- da como derecho subjetivo, pero hay muchos elementos que permiten poner en cuestión esta visión. Por un lado, el artículo 30 de la Carta Social Europea Revisada señala que el derecho a la vivienda no solo propor- ciona un bien necesario en sí mismo, sino que de él depende la garantía del “ejercicio efectivo del derecho a pro- tección contra la pobreza y la exclusión social”. Por otro, si bien la Constitución Española no lo configura expresamen- te como un derecho subjetivo, sí que aparece ligado a otros derechos sí 8 Dato ofrecido por el Grupo de Trabajo de la Coor- dinadora de Vivienda de Madrid sobre Medidas Cautelares en la presentación de la Guía “Defen- diendo el hogar”. reconocidos como tales, especialmente con el derecho a la vida y a la integridad física y moral (art. 15 CE), como señala la Relatora Especial sobre vivienda ade- cuada de Naciones Unidas, ya que este no puede separarse del disponer de un lugar seguro en el que vivir9 . Pero también hay otros muchos dere- chos cuyo ejercicio no es posible si no hay unas condiciones dignas de aloja- miento, como por ejemplo el derecho a la dignidad de la persona y a su libre desarrollo (art. 10.1 CE), a la intimidad (art. 18 CE), a la libertad de residen- cia (art. 19 CE), a la no discriminación (igualdad formal y material, arts. 14 y 9.2 CE), a la salud (art. 43 CE) o a la edu- cación (art. 27 CE). Ver gráfico 1. De hecho, en los últimos años se han ido desarrollando diferentes leyes autonó- micas de vivienda, reconociendo dos de ellas, la vasca y la navarra, el derecho a la vivienda como derecho subjetivo exi- gible ante los tribunales. Pese a que la primera fue denunciada ante el Tribunal Constitucional, este terminó confirman- do que el planteamiento se adapta a la legislación vigente. 9 Informe Anual de la Relatora de Vivienda Adecua- da A/71/310, de 2016, presentado en la Asamblea General de Naciones Unidas y centrado en la relación entre el derecho a la vida y el derecho a la vivienda y su necesaria interdependencia e indivisibilidad.
  • 23. REALOJANDO DERECHOS. 1. Echando la vista atrás para seguir adelante 23 Derecho a una vivienda digna y adecuada (Art. 47 CE) Derecho a la vida (Art. 15 CE) Derecho a la dignidad y libre desarrollo (Art. 10 CE) Derecho a la intimidad (Art. 10 CE) Derecho a la libertad de residencia (Art. 19 CE) Derecho a la educación (Art. 27 CE) Derecho a la salud (Art. 43 CE) Derecho a la no discriminación (Art. 14 y 9.2 CE) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, asi como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial, la alimentación y el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuada para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. Artículo 11.1 del PIDESC Gráfico 1 Derechos Fundamentales de la Constitución Española Principios Rectores de la Constitución Española Tratados internacionales
  • 24. ATD Cuarto Mundo - Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas24 En muchas ocasiones se confunde la vivienda con poder dormir bajo techo o con otras situaciones que no garantizan unas condiciones de vida dignas. Por eso es importante señalar que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha avanzado también sobre cuáles son las características que hacen que una vivienda pueda ser considerada como adecuada. Estas vienen recogidas en su Observa- ción General Nº 4: a) Seguridad jurídica de la tenencia: todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. b) Disponibilidad de servicios, mate- riales, facilidades e infraestructura: agua potable, energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, ins- talaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y servicios de emergencia. c) Gastos soportables: los gastos que entraña la vivienda deberían ser de un nivel que no impidiera la satisfac- ción de otras necesidades básicas.  Los Estados Partes deberían crear subsidios para los que no pueden Una vivienda “adecuada”
  • 25. REALOJANDO DERECHOS. 1. Echando la vista atrás para seguir adelante 25 costearse una vivienda, así como formas y niveles de financiación que correspondan adecuadamente a las necesidades de alojamiento. d) Habitabilidad: una vivienda ade- cuada debe poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y prote- gerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructura- les y vectores de enfermedad.  Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes. e) Asequibilidad: debe concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda. La política en materia de vivienda debe tener plenamente en cuenta las necesidades especiales de esos grupos. f) Lugar:  la vivienda adecuada debe en- contrarse en un lugar que permita el acceso a las opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, cen- tros de atención para niños y niñas, escuelas y otros servicios sociales. g) Adecuación cultural: la manera en que se construye la vivienda, los materiales de construcción utilizados y las políticas en que se apoyan deben permitir adecuadamente la expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda. Gráfico 2 Vivienda adecuada Disponibilidad de servicios e infraestructura Seguridad jurídica de la tenencia Gastos soportables Adecuación cultural Accesibilidad a otros recursos Habitabilidad Asequibilidad
  • 26. ATD Cuarto Mundo - Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas26 Las chabolas, cada vez más, han ido quedando como símbolo de realidad que se sitúa fuera de la legalidad, por más que eso no se haya correspondido siempre con los hechos. Algunas de ellas se han edificado con permiso de los dueños del terreno, y en los barrios con más historia familias que habitaban allí han podido llegar a comprarlo y edificar casas menos precarias. Pero de una manera u otra la amenaza del desalojo ha estado siempre presente en estos lugares, ya que el crecimiento de las ciudades ha ido haciendo más atractivas esas zonas para desarrollar proyectos urbanísticos. La política de realojamientos ha jugado un papel clave en estos procesos, pero no se puede esconder que se acompañaban también del desalojo de las familias que no cum- plían con los criterios fijados, siendo ex- pulsadas a buscarse la vida hacia nuevos territorios. En este sentido, es llamativo que pese a la larga historia de los procesos de realojamiento en la Comunidad de Ma- drid, no se han regulado por ley hasta el año 2018, lo que ha provocado situa- ciones de inseguridad jurídica para las familias de estos barrios autoconstrui- dos10 al no garantizarse el cumplimiento 10 Esta ausencia de procedimiento legal estableci- do la señaló el Defensor del Pueblo en 2015 en relación a una queja presentada por el equipo de abogados del CAES, que defendieron los casos de varias familias del barrio del Ventorro. Frente a la amenaza de un desalojo
  • 27. REALOJANDO DERECHOS. 1. Echando la vista atrás para seguir adelante 27 del derecho internacional en dos as- pectos fundamentalmente: el reconoci- miento de otras formas de tenencia y las obligaciones que deben cumplirse por parte de la Administración en los casos de desalojos. En relación a la tenencia, resulta espe- cialmente interesante el Informe de la Relatora Especial sobre vivienda ade- cuada de diciembre de 2013, en el que señala la necesidad de reconocer otras formas diferentes a la propiedad, es- pecialmente en los casos de personas y colectivos en situación de pobreza. Una de estas formas es el derecho de uso en determinadas condiciones de la propie- dad pública o privada para satisfacer necesidades de vivienda. Otra es el derecho de posesión tras ocupar duran- te un periodo determinado un terreno del Estado o de propietarios ausentes, como medida para asegurar que la tierra y las viviendas se utilicen de la forma más productiva desde un punto de vista social, así como para hacer efectivo el derecho de todas a una vivienda digna. Sobre las obligaciones a cumplir por parte de la Administración en procesos de desalojo, una referencia clave es la Observación General nº 7 del Comité DESC sobre desalojos forzosos, así como el Pacto Internacional de Dere- chos Civiles y Políticos y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Ra- cial. También la Relatora Especial sobre
  • 28. ATD Cuarto Mundo - Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas28 vivienda adecuada de Naciones Unidas dedicó su informe anual de 2018 a la realidad de los asentamientos informa- les11 , señalando algunos aspectos clave como los que se recogen en el siguiente esquema: 11 Informe Anual de la Relatora de Vivienda Ade- cuada A/73/310/Rev.1, de 2018, presentado en la Asamblea General de Naciones Unidas. Grafico 3 Asentamientos informales Son al mismo tiempo lugares de violación y reivindicación de Derechos Humanos La informalidad (e ilegalidad) de estos asentamientos es creada y agravada por el sistema de leyes y mercados Vincular los proyectos de mejora a la lucha histórica por los derechos y a las características singulares de cada comunidad Reconocer el derecho a definir por si mismas lo que es un hogar digno y seguro Reconocer el derecho de las residentes a permanecer in situ o en las cercanias Justificar por qué Participación de personas afectadas en la decisión sobre reubicación Contar con la competencia y la mano de obra de los miembros de la comunidad Si no es posible Respuesta basada en Derechos Humanos Es necesario reconocer todo el esfuerzo y la inteligencia que permite levantar estos asentamientos
  • 29. REALOJANDO DERECHOS. 1. Echando la vista atrás para seguir adelante 29 Las garantías que deben asegurarse a quienes viven en estos lugares las sis- tematiza Amnistía Internacional en su informe Conozcan sus obligaciones12 de la siguiente manera: Estudiar todas las alternativas al desalojo consultando verdadera- mente a todas las personas afecta- das. Proporcionar a todas las personas afectadas información completa sobre los desalojos, la indemni- zación y las opciones de vivienda alternativa de forma clara y com- prensible. Si el desalojo es la única opción viable, emprender un proceso de verdadera consulta con las perso- nas afectadas sobre el proceso de desalojo, así como sobre las opcio- nes de indemnización y vivienda alternativa. Proporcionar mecanismos de pre- sentación de sugerencias y motivos de preocupación y de resolución de quejas. Facilitar información sobre vías judiciales y administrativas para impugnar las decisiones y los pro- cesos, y sobre la asistencia jurídica disponible. 12 Informe Conozcan sus obligaciones. Como evitar los desalojos forzosos: Guía práctica. Amnistía Interna- cional, 2007. Hacer público y aplicar un plan provisto de plazos para que todas las personas afectadas participen en el proceso de consulta. Explicar el resultado del proceso de consulta y el modo en que se han abordado los motivos de preocupa- ción de las personas. Una vez completado satisfacto- riamente el proceso de consulta, avisar por escrito y verbalmente a todos los afectados. La vivienda alternativa debe satis- facer los criterios internacionales sobre adecuación. Nadie debe quedarse sin hogar o expuesto a otras violaciones de derechos humanos como conse- cuencia de un desalojo. Deben haberse resuelto todas las quejas y asignado las indemniza- ciones y las viviendas alternativas antes de la fecha del desalojo. Vigilar las condiciones de las personas desalojadas y garantizar que tienen acceso a sus derechos humanos después del desalojo.
  • 30. ATD Cuarto Mundo - Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas30 Periferias que vienen de lejos Nota: el término chabola tiene connotaciones claramente negativas y estigmatizantes. Por eso, en este texto, aun utilizando el término en muchas ocasiones, preferimos hablar de barrios autoconstruidos en vez de barrios chabolistas o asentamientos. La aparición de los barrios de autocons- trucción alrededor de las grandes ciuda- des tiene mucho que ver con fenómenos migratorios. Así ha sido también en el caso de Madrid, donde miles de familias fueron llegando a lo largo de todo el siglo XX en busca de un futuro mejor. La mayor parte de ellas provenían de otras regiones españolas, y solo en los últimos años del siglo de otros países. Esta migración, con el consiguiente aumento de población y gran influen- cia en el desarrollo urbano, comienza a ser un fenómeno masivo hacia 1900. Se fue marcando ya en esos años una diferenciación clara entre el centro y los márgenes de la ciudad, con muchos me- nos recursos y atención por parte de la Administración en estos últimos. Desde ese momento el acceso a una vivienda digna quedó señalado como uno de los principales problemas de la región. La Guerra Civil, al destruir gran parte de la ciudad, agravó aún más el problema. Madrid debía ser reconstruida, pero al mismo tiempo seguía recibiendo un constante y creciente flujo migratorio de la gente que huía del campo, donde la situación era aún más precaria. Tratan- do de dar respuesta a las necesidades de vivienda existentes, en 1939 se creó el Instituto Nacional de la Vivienda, que redacta el primer Plan de Vivienda. En este Plan aparecen dos tipos de mecanismos para favorecer el acceso a la vivienda: la Vivienda Protegida y la Vivienda Bonificable. Sin embargo, para optar a la Vivienda Protegida se exigía tener trabajo (o recibir pensión), lo que dejaba fuera justamente a quienes estaban en peor situación. Y la Vivienda Bonificable, enfocada a la clase media, aportaba determinados beneficios a quien construyera o reformara por sus propios medios, favoreciendo así la iniciativa privada. Además, el crecimiento real de la ciu- dad rebasó en mucho y de forma cons- tante las previsiones del Plan: se estima- ba la necesidad de 1.396.257 viviendas, entre construcción nueva y reparación, y finalmente se construyeron 314.438, de las que 71.948 eran protegidas, 81.879, bonificables y 161.438, de las denominadas libres. Los años 50 traen cambios económicos a España, pero en relación a la vivienda la situación en Madrid sigue siendo de
  • 31. REALOJANDO DERECHOS. 1. Echando la vista atrás para seguir adelante 31 desborde, pues la migración no dejó de aumentar. Se anexionaron a la ciudad varios pueblos de alrededor con la idea de crear un gran Madrid, pero la defi- ciente planificación (que no hizo más que aumentar la especulación del suelo) y la falta de medios (por la obsesión con el ahorro de los materiales) desbordó todas las previsiones de crecimiento urbano. En 1956 existían en Madrid y sus alrededores más de 50.000 chabolas. El fenómeno de la autoconstrucción se extendió por toda la periferia madri- leña, revelándose como la única alter- nativa para las familias que llegaban a la capital, dada la falta de otro tipo de viviendas. ¿Cómo se construía una chabola? La ocupación del suelo se daba en condi- ciones de absoluta precariedad y ex- plotación, ya que el modo más habitual de adquisición del terreno era la venta o el alquiler de una parcela, realizada de manera ilegal en muchas ocasiones por los propietarios, lo que conllevaba títulos o contratos de escaso valor legal. Obtenida la parcela, los nuevos habitan- tes comenzaban la construcción de una vivienda recurriendo a los materiales que buenamente tenían a mano. Estas casas tenían muchas humedades, carecían de cimentación y baños, así como de agua corriente, lo que obligaba a acudir a por ella a fuentes públicas que en ocasiones estaban a bastante Vivienda Protegida: necesario tener trabajo o pensión Vivienda Bonificable: apoyo a quienes tienen capacidad para construir vivienda Poblados mínimos: Participación como mano de obra en la construcción Control policial de barrios autoconstruidos y prohibición de nuevas migraciones Delegación de responsabilidad sobre vivienda en el sector privado 1939 1957 MIGRACIÓN Instituto Nacional de Vivienda Plan de Vivienda Gráfico 4 Plan de urgencia social
  • 32. ATD Cuarto Mundo - Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas32 distancia. Tampoco había pavimenta- ción ni servicios sanitarios, educativos o sociales. Estos terrenos poco a poco se fueron revalorizando gracias a los esfuerzos de las familias pobladoras por construir espacios más dignos y adecuados. Esto, unido al cobro de alquileres, terminaba siendo ganancia por partida doble para los propietarios del suelo. Contaban además con la complicidad de la policía, que aceptaba dinero y cooperación a cambio de su indiferencia, y de la propia Administración, que se veía así exonera- da del deber de proporcionar vivienda a quienes llegaban a la ciudad en busca de trabajo y futuro. Ante esta situación y el cada vez mayor desborde por el crecimiento de las zo- nas autoconstruidas, se proyectó apre- suradamente un programa de urgencia de viviendas públicas de bajo costo, que se aplicó entre 1954 y 1962. Se trataba de intervenciones de parcheo para pa- liar el problema de las barriadas, cuyos principales elementos fueron: La Ley de Viviendas de Renta Limi- tada de 1954, que trataba de favo- recer la construcción de vivienda a través de créditos y subvenciones. El Plan Nacional de Vivienda de 1955, que preveía la construcción de 550.000 viviendas. La Ley del Suelo de 1956, que trató sin éxito de desarrollar instru- mentos de planificación a partir de la creación de suelo público. La iniciativa privada tenía demasiado peso sobre el desarrollo de Madrid, construyendo viviendas de cali- dad para la clase media y alta en el norte y oeste de la ciudad, mientras que en el sureste se entremezcla- ban barrios de autoconstrucción con unidades de absorción o ba- rrios creados por el Estado. La creación del Ministerio de la Vivienda en 1957, con dos ini- ciativas importantes: la Ley de Viviendas Subvencionadas y el Plan de Urgencia Social de Madrid, que pretendía ser una síntesis de todas las medidas producidas en los últimos 20 años en materia de planificación. Dentro de las medidas implementa- das en este periodo cabe destacar la creación de la figura de los Poblados Mínimos, en los que se ofrecía la posibi- lidad a los beneficiarios de este tipo de viviendas de aportar su mano de obra en la construcción, de forma que podían ver reducido el precio de su vivienda y recibir una subvención estatal. Al mismo tiempo se potenciaron las medidas policiales en el control de los suburbios. Se prohibió la venta y parce- lación de terrenos sin licencia, que hasta entonces se había desarrollado sin problemas, y se decretó la demolición de viviendas ilegales. Además, se impu- so la prohibición de entrar en Madrid a aquellas personas que no tuviesen residencia en la ciudad, y la deportación a su lugar de origen de los moradores de los asentamientos clandestinos.
  • 33. REALOJANDO DERECHOS. 1. Echando la vista atrás para seguir adelante 33 ¿Funcionó el Plan de Urgencia Social? Su influencia en el desarrollo urbanís- tico posterior fue grande, ya que hizo evolucionar la respuesta al problema del alojamiento desde las medidas de urgencia hacia la promoción privada de vivienda a largo plazo. De hecho, este Plan y la creación del Ministerio de Vivienda dieron curso a una apuesta definitiva de la Administración por de- legar en el sector privado (sobre la base de toda clase de facilidades crediticias y administrativas) la solución al problema de la vivienda para las rentas bajas. Se pusieron así las bases para un lucrativo negocio de viviendas públicas en manos de una boyante industria inmobiliaria y de la construcción. En realidad, el Plan de Urgencia fue más teórico que real, porque en cuanto a sus resultados prácticos en 1961 el Banco Mundial señalaba que 30.000 familias compartían vivienda en Madrid y que 40.000 vivían en condiciones infrahu- manas. En este sentido, se podría decir que fue un rotundo fracaso. Esto hizo que en 1961 se promulgara un nuevo Plan de Absorción, que estimaba en 30.000 la necesidad de viviendas de re- alojo, y mediante el cual se crearon más de 6.000 viviendas temporales en seis zonas de Madrid, con el nombre de Uni- dades Vecinales de Absorción (UVA).
  • 34. ATD Cuarto Mundo - Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas34 La década de los 60 fue la de la comple- ta liberalización de la política inmobi- liaria. Se cambió la calificación de gran parte de las zonas rústicas donde se asentaban los barrios de autoconstruc- ción para hacerlas suelo urbanizable, lo que se acompañó de la expulsión de las familias que allí vivían hacia zonas más periféricas y del desarrollo de la indus- tria generada en torno a la construcción de vivienda. Las administraciones se veían más como dinamizadoras de este negocio que como planificadoras o controladoras del mismo, y la construcción de vivienda ba- rata y subvencionada empezó a generar mucho dinero, proliferando polígonos de viviendas de gran altura sin que se desarrollaran servicios adecuados a su alrededor. Mientras tanto, a pie de barrio, entre las chabolas que carecían prácticamente de todo –ocultadas y negadas por la propia ciudad a cuyo desarrollo contribuían– así como en las promociones públicas de vivienda modesta o de realojo, también con grandes necesidades, la continua cooperación de los vecinos iba desarro- llando una pequeña red de lugares de encuentro, acometiendo con sus pro- pias fuerzas pequeñas obras de mejora, incluyendo la traída del agua o la ges- tión del abastecimiento eléctrico. Así, en la primera mitad de los años sesenta comienzan a aglutinarse en los barrios grupos de vecinos para exigir mejoras: agua, farolas, asfaltado de las calles, campos deportivos para los jóvenes, etc. Este incipiente movimiento ciudadano se acogió a la Ley de Asocia- ciones de 1964 para crear las primeras asociaciones de vecinos. En un contexto de crisis política, cre- ciente protesta social y debilitado apoyo al régimen de los últimos años sesenta, los barrios empezaron a movi- lizarse y organizarse a gran escala. La Administración, dada la fuerza crecien- te de la protesta y organización de los barrios, tuvo que negociar y aceptar un cierto grado de control social sobre el desarrollo urbano. Estas luchas vecinales terminaron plas- mándose en el Plan de Remodelación de Barrios, un gran hito en la erradica- ción de la infravivienda y la autocons- trucción en Madrid, ya que dio lugar a Luchas vecinales, remodelación de barrios y marginalización de la autoconstrucción Las asociaciones vecinales madrileñas iniciaron un poderoso movimiento por la vivienda, con unos objetivos claros: mantener las comunidades vecinales, no admitir la dispersión y defender el barrio, construido y transformado gracias a sus esfuerzos y luchas.
  • 35. REALOJANDO DERECHOS. 1. Echando la vista atrás para seguir adelante 35 su desaparición como fenómeno masi- vo. La gran transformación que conllevó este plan se concentró sobre todo en el sureste de la ciudad, donde durante los años anteriores se habían ido concen- trando los sectores de población con menos renta, recién llegados a la ciudad. La Administración aceptó el liderazgo de las asociaciones de vecinos y apor- tó recursos para la remodelación de 30 barrios (13 distritos, destacando Puente de Vallecas y Usera en número de actuaciones), con la construcción de 39.000 viviendas, alojando a 150.000 personas y transformando más de 800 hectáreas de suelo. Afectó a barrios enteros como Palomeras, el Pozo del Tío Raimundo u Orcasitas, donde antes de la actuación había enormes y extensos barrios autoconstruidos y núcleos de vivienda pública muy deteriorados. ¿Hubo un desencadenante de este pro- ceso? Parece claro que la demanda de este Plan surgió a partir de la amenaza que suponían los procesos de expropia- ción en marcha, generados por la espe- culación inmobiliaria que ya entonces sufrían los terrenos donde se asentaban estos barrios. Como reacción, las aso- ciaciones vecinales madrileñas iniciaron un poderoso movimiento por la vivien- da, con unos objetivos claros: mantener las comunidades vecinales, no admitir la dispersión y defender el barrio, cons- truido y transformado gracias a sus esfuerzos y luchas. Asociaciones Vecinales protagonistas del proceso: censan, plantean necesidades, corrigen propuestas técnicas Se logran infraestructuras y equipamientos dignos para zonas periféricas Diseño de Planes de Realojamiento específicos para “Población Marginal” 1979 Gráfico 5 Plan de Remodelación de Barrios Se excluye de este Plan a población considerada marginal, principalmente gitana. Barrios de autoconstrucción más periféricos y aislados Aumento del estigma social
  • 36. ATD Cuarto Mundo - Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas36 La fuerza de estos movimientos vecina- les les llevó a conseguir tomar las rien- das del proceso, una vez que la Adminis- tración admitió la necesidad de realojo, elaborando los censos, adjudicando las viviendas, proponiendo sus técnicos en numerosas ocasiones e imponiendo sus propios programas de necesidades. El Plan, esbozado en 1976 tras diversas negociaciones entre el ministro Garri- gues Walker y las asociaciones vecina- les, se concretó en 1979 con la Orden Comunicada del Ministerio de Obras Públicas, que recogía en lo sustancial las propuestas hechas desde los barrios. El hecho de que fuera una Orden Comu- nicada permitía a la Administración evitar su extensión a otras ciudades con similares problemas de vivienda, lo que deja claro que la remodelación no fue fruto de su sensibilidad ante un acucian- te problema social. El gran logro de la operación de remo- delación fue conseguir revertir la lógica de la reordenación urbana, de manera que los barrios periféricos se convirtie- ron en protagonistas de su propia trans- formación. Por otra parte, la demanda vecinal de hacer ciudad se concretó en crear infraestructuras básicas y pro- veer de equipamientos y dotaciones suficientes a los nuevos barrios, con lo que las viejas zonas autoconstruidas se transformaron en barrios modernos y muchas veces con mejores dotaciones que las que eran habituales en la mayor parte de la ciudad. La financiación con dinero público supuso un importante esfuerzo para la Administración. Imputando todos los costes (adquisición de suelo, costes de urbanización, equipamiento y dotacio- nes, así como la construcción y finan- ciación de las viviendas), se gastaron en torno a 310.000 millones de pesetas. Tras el Plan de Remodelación de Barrios la autoconstrucción dejó de ser masiva para pasar a ser un fenómeno más mar- ginal, periférico y disperso. Ya no acogía a inmigrantes del campo en busca de trabajo, sino a población cuya situa- ción económica no le permitía pagar la vivienda de realojo, con una altísima estigmatización social y cultural, predo- minando las familias gitanas. El Plan tuvo una incidencia mínima entre estas, siendo realojadas tan solo 684 dentro del total de 38.540, funda- mentalmente quienes ya vivían cerca de grupos payos y a las que se reconocía un mayor grado de integración social. Y es que el foco principal de este proceso estuvo puesto siempre en el realojo de población obrera, en familias integradas o en proceso de integración social al medio urbano. De esta manera, el Plan de Remode- lación de Barrios fue incapaz de solu- cionar las necesidades de vivienda de un colectivo importante de la sociedad madrileña que vivía en zonas de auto- construcción, compuesto mayoritaria- mente por familias gitanas. Para haberlo hecho, al ser realidades marcadas por el estigma de la extrema pobreza, hubiera sido necesario un abordaje más integral de los factores que la provocan, impli- cando dedicar más tiempo y recursos de los que se necesitaron para la mera construcción de viviendas.
  • 37. REALOJANDO DERECHOS. 1. Echando la vista atrás para seguir adelante 37 Frente a esta constatación se buscaron vías alternativas para abordar el proble- ma. Desde 1979 a 1984 se plantearon varias propuestas enfocadas al llamado “Realojamiento de Población Chabolista Marginal”, destacando en ellas la partici- pación activa de la Asociación Desarro- llo Gitano, la primera asociación gitana civil e independiente. De esta manera se abría una segunda vía específica, des- vinculada del Plan de Remodelación de Barrios, para unas 3.000 familias consi- deradas como “marginales”, que si bien se empezó a proponer en 1979 tendría que esperar hasta 1986 para su aproba- ción y puesta en marcha como Plan de Realojo de la Población Marginada. Esta decisión de separar en dos los procesos de realojamiento promovió la formación de un cinturón chabolista que rodeaba los barrios obreros de vivienda pública de nueva construcción. En este cinturón, muy homogéneo social y étnicamente, se daba una escasa inter- vención social y policial de los poderes públicos, dejando que fuera la benefi- cencia, en sus diferentes versiones, la que diera respuesta a las situaciones de necesidad. La separación de estos sectores de población, identificados como “margina- les” por el resto de la sociedad, coincidió con la crisis económica que se dio entre 1975 y 1985. Esta marginación residen- cial, la escasa integración en el mercado de trabajo y la incorporación a la venta de droga de algunos gitanos residentes en los núcleos autoconstruidos, favo- reció el desarrollo de un rechazo social cada vez mayor del conjunto de la po- blación hacia quienes residían en estos asentamientos autoconstruidos. De alguna manera, el carácter clara- mente étnico-cultural del Plan de Realo- jo de la Población Marginada, dirigido a un “chabolismo” casi exclusivamente gitano, en vez de promover el encuentro entre sectores sociales en torno a la búsqueda de soluciones conjuntas ante los problemas, propiciaba que se conso- lidasen proyectos vitales diferencialis- tas, vinculados con la esfera de la etni- cidad y no de la ciudadanía. Este riesgo afectaba a todas las partes implicadas,a los vecinos gitanos, a los no gitanos y a las propias Administración Públicas. Las propuestas elaboradas entre 1979 y 1986 para afrontar el realojo de las familias gitanas que aún vivían en Esta decisión de separar en dos los procesos de realojamiento promovió la formación de un cinturón chabolista que rodeaba los barrios obreros de vivienda pública de nueva construcción. En este cinturón, muy homogéneo social y étnicamente, se daba una escasa intervención social y policial de los poderes públicos, dejando que fuera la beneficencia, en sus diferentes versiones, la que diera respuesta a las situaciones de necesidad.
  • 38. ATD Cuarto Mundo - Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas38 chabolas, aunque no llegaron a ponerse en práctica, marcaron la senda de las actuaciones posteriores. Se basaban fundamentalmente en un reconocimien- to de la identidad como pueblo gitano, con unas características propias que determinaban que hubiera que buscar soluciones adaptadas a ellas, tanto a nivel laboral, educativo y social como de alojamiento. Estos planteamientos y programas, sin embargo, quedaron sobre el papel hasta que el aumento de la conflictividad vecinal, especialmente en la zona de Vicálvaro y San Blas, forzó a la Adminis- tración a actuar de manera más decidida y a firmar el Convenio de Colaboración para el Realojamiento de la Población Marginada de Madrid en 1986, que dio paso a la creación del Consorcio para el Realojamiento de la Población Margi- nada. ¿Cuál fue el conflicto que desencadenó este cambio de política? El asentamien- to de Vicálvaro, situado en la encruci- jada entre tres distritos, era uno de los núcleos autoconstruidos más grandes que han existido en Madrid, acogiendo en 1984 a 333 familias. Muy próximo al mismo se encontraba el núcleo de viviendas prefabricadas conocido como “Avenida de Guadalajara”, muy degra- dado por la sobrecarga progresiva de población denominada como “marginal”. La formación del núcleo se inició en 1968, pero fue creciendo de manera incontrolada a lo largo de los años. Habitado en un 98% por familias gita- nas, este desarrollo de las chabolas iba creando en el barrio cercano a Vicálvaro un elevado rechazo hacia esta pobla- ción. La instalación de un mercadillo de electrodomésticos autogestionado por el último grupo de familias llegado a la zona generó el primer estallido por los serios problemas que produjo: acciden- tes de tráfico, ocupación de la vía en la Avenida de Daroca, etc. Pero el enfrentamiento definitivo se produjo cuando, tras el hundimiento de la escuela ubicada en el núcleo, se intentó escolarizar a 34 menores en el Colegio Público más cercano, el Severo Ochoa. Estalló el racismo contenido durante años y el vecindario pidió la expulsión de la población gitana de Vicálvaro con manifestaciones, cortes de carretera, asambleas y protestas de todo tipo. La propia Asociación de Vecinos, al mismo tiempo que reclama- ba que se tomaran medidas por parte de la Administración, inactiva hasta ese momento, denunció la distribución en el distrito de panfletos anónimos llaman- do a formar comandos para atacar a la población gitana. Se inició así una primera fase de ne- gociación en la propia Asociación de Vecinos con el delegado del Gobierno, el Ayuntamiento de Madrid y las Aso- ciaciones Gitanas, estableciendo un programa de actuación en tres frentes: el control del crecimiento del núcleo, el acondicionamiento sanitario del mismo y la prevención y mantenimiento del orden público. El estudio que se encargó a la Asociación Desarrollo Gitano marcó las pautas de lo que serían los procesos de realojamiento desarrollados a partir de entonces en esta y en otras zonas.
  • 39. REALOJANDO DERECHOS. 1. Echando la vista atrás para seguir adelante 39 Se apostó por compaginar integración y respeto a sus formas de vida, y en este sentido se propusieron dos tipos de re- alojamiento diferentes, uno de ellos en vivienda normalizada en altura y otro en casas bajas que permitía preservar sus redes comunitarias así como el mante- nimiento de sus trabajos tradicionales. Tras varios años de propuestas parcia- les y no aterrizadas, llegó el tiempo del realojo de las familias gitanas. Pero las razones para ello no fueron solo por problemas de orden público, sino que también influyeron una conjunción de intereses diversos. Por un lado, las aso- ciaciones gitanas y determinados pro- fesionales de servicios sociales llevaban años reclamando su derecho al realojo. Por otro, los asentamientos con mayoría de población gitana empezaron a estar en el punto de mira de los desarrollos urbanísticos. Estas familias habían ido situándose en zonas no reguladas hasta el momento, donde no existía vigilancia, al ser expul- sadas de otros lugares donde la espe- culación había ido marcando un rápido ritmo de urbanización. Pero en 1985 Madrid necesitaba esos terrenos, hasta entonces abandonados, para seguir creciendo.
  • 40. ATD Cuarto Mundo - Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas40 En 1986 se crea el Consorcio para el Realojamiento de la Población Margi- nada, formado por el Ayuntamiento de Madrid (a través de la Empresa Muni- cipal de la Vivienda) y la Comunidad de Madrid (a través del IVIMA y su Conse- jería de Política Territorial). En un principio también formaba parte del Consorcio la Delegación del Gobier- no, pero con una presencia casi simbó- lica. El Consorcio retoma el reto planteado en los años anteriores, persiguiendo como meta última la “erradicación del chabolismo”. Para ello se marcan dos objetivos fundamentales: Realojar a las familias afectadas. Se abren tres alternativas posi- bles, señalando que se intentaría respetar la cercanía de las nuevas viviendas con los antiguos empla- zamientos para no romper los lazos de estas familias con su entorno: -- Viviendas en altura para aque- llas familias que, en razón de sus circunstancias socio-económicas concretas, desearan y pudieran acceder a dicho tipo de viviendas. -- Viviendas de planta baja en Barrios de Tipología Especial (BTE) para aquellas familias que, por sus características espe- ciales de tipo laboral o social, pudieran encontrar dificultades de adaptación a la vivienda en altura. Esta propuesta seguía en cierta medida la pauta del Plan de Remodelación de Barrios al promover el mantenimiento de redes y vínculos entre familias. Se contemplaba como vivienda definitiva para aquellos que lo desearan, recogiéndose la op- ción a compra en los contratos. -- Construcción de campamentos provisionales para ubicar a la población con rasgos de semi- nomadismo y ligada a determi- nados sistemas de compraventa. Inicialmente se contemplaba la autoconstrucción. Integrar a las familias censadas a través de medidas de intervención social y laboral. Se hizo especial hincapié en la escolarización de niños y niñas, y se desarrollaron programas de capacitación laboral, intentando respetar al máximo sus oficios tradicionales. La primera tarea que se le encomendó al Consorcio para el Realojamiento de la Población Marginada fue la elaboración de un censo de la población en zonas au- toconstruidas, llevado a cabo por traba- jadores y trabajadoras sociales. Además de las preguntas identificativas de cada familia, se incorporaron otras: prefe- rencias y lugar de ubicación deseada de la vivienda, vivienda de procedencia y causas del traslado, relaciones con el entorno, etc. A cada chabola se le asignó Una alianza institucional para la erradicación del chabolismo
  • 41. REALOJANDO DERECHOS. 1. Echando la vista atrás para seguir adelante 41 una placa de identificación numerada que luego justificaba su inclusión dentro del programa de realojamiento. En cuanto a los resultados obtenidos por el Consorcio en sus primeros años, hay que señalar el desfase que hubo entre las medidas en materia de vivienda y las actuaciones de integración social. Ade- más, fue significativa la provisionalidad de las propias construcciones en este periodo (BTE y campamentos provisio- nales especialmente), así como la lejanía respecto al centro de la ciudad, buscada para evitar la conflictividad. Ambas características fomentaron la estigmati- zación y degradación de estos barrios. Los años 90 trajeron una grave crisis del Consorcio, desencadenada por la suma de diferentes elementos. Por un lado, las familias gitanas lo habían per- cibido como un organismo que les iba a permitir mejorar rápida y profundamen- te su calidad de vida a nivel de vivienda, trabajo y educación, todo acorde a sus rasgos culturales. Sin embargo, poco a poco comprobaron que todo era mucho más complejo, y que el rechazo social no sólo no había desaparecido sino que Gráfico 6 Consorcio de Población Marginada Objetivo: Erradicación del “chabolismo” Respeto a la identidad como pueblo gitano Censo de familias a realojar Alternativas de vivienda adaptadas a nivel de integración social y formas de ganarse la vida 1986 1991 • Rechazo social • Falta de compromiso institucional • Venta de droga por parte de algunas familias Crisis del Consorcio3 alternativas • Vivienda en altura • Viviendas de planta baja en barrios de tipología especial: mantenimiento de redes vecinales • Campamentos provisionales
  • 42. ATD Cuarto Mundo - Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas42 se incrementaba, sobre todo a raíz de la vinculación de algunas familias con la venta de droga. Otro de los componentes de la crisis fue la falta de presupuesto para la cons- trucción de viviendas, que llevo a una ralentización del proceso de realojos. Cada vez fue más evidente la falta de compromiso con el Consorcio de las instituciones que lo conformaban, en las que pesaba la decepción por el incum- plimiento de algunos de los objetivos marcados y que, aunque irreales, eran deseados por todos y habían creado ciertas expectativas. Un ejemplo de esto era la idea de que se podía alcanzar en cinco años el objetivo de la integración social de todo el colec- tivo gitano, defendido en el Convenio de 1988. El tercer elemento que favoreció la crisis fue la aparición de comportamien- tos delictivos, en concreto la venta de droga por parte de algunas familias gi- tanas. Esto reforzó los estereotipos y la desconfianza de la población no gitana, asociando la imagen de los asentamien- tos autoconstruidos con focos de mar- ginación y venta de drogas, relación que luego se aplicó también a los Barrios de
  • 43. REALOJANDO DERECHOS. 1. Echando la vista atrás para seguir adelante 43 Tipología Especial y, finalmente, a todas las familias gitanas, que acabaron sien- do vistas como traficantes de drogas por cierta parte de la ciudadanía. Además, el negocio de la droga tuvo también consecuencias graves dentro de la propia comunidad gitana, rompien- do su estructura tradicional, de manera que muchos valores y referentes fueron sustituidos por el poder inmediato dado por el dinero abundante y fácilmente conseguido por parte de quienes la vendían. Esta crisis del Consorcio tuvo su reflejo tanto en las familias aún residentes en barrios autoconstruidos como en las y los profesionales de la institución. En las familias aumentó la desconfianza hacia el Consorcio, viendo cada vez más lejano, si no imposible, lograr el acceso a una vivienda digna. Entre el equipo profesional fundamentalmente había desilusión y miedo a perder su trabajo. En este contexto –al igual que en 1984 fue la presión vecinal, y en concreto el conflicto de Vicálvaro, el desencade- nante que impulsó la puesta en marcha del Consorcio– nuevamente otro con- flicto, el de Villaverde de 1991, desen- cadenó la crisis del modelo adoptado hasta entonces. El rechazo de varios grupos y asocia- ciones vecinales a la construcción de un Barrio de Tipología Especial en la zona adquirió dimensiones muy significati- vas, hasta el punto de que el Gobierno Regional cedió a las presiones vecinales y anunció la paralización definitiva de las obras, lo que suponía el triunfo de las posiciones contrarias al programa de realojo y una muestra clara de la crisis del Consorcio. Este conflicto no se produjo de mane- ra aislada, sino que tuvo lugar en un contexto de crispación general en todo el territorio nacional por el tema del co- mercio y consumo de drogas. Los grupos que lo promovieron, casi todos ajenos a la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, identificaban la lucha contra la droga con el desmantelamiento de puntos de venta en asentamientos mar- ginales, oponiéndose a la construcción de nuevos emplazamientos. La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos trató de contrarrestar las ac- tuaciones de estos grupos presentando un Plan Complementario para resolver el problema del realojo de la población marginal, proponiendo medidas como la dispersión de los asentamientos, llevándolos también a la zona norte de la ciudad, el realojo de las 2.185 fami- lias pendientes de actuación y medidas represivas para erradicar la venta de droga. En 1995 se produjo un cambio al frente del Gobierno Regional en la Comunidad de Madrid, y el nuevo equipo se enfren- tó a la decisión de qué hacer con el Con- sorcio, que ya había perdido su credibi- lidad. Finalmente se decidió continuar con el programa, poniendo al frente del mismo a un profesional procedente de los Servicios Sociales del Ayuntamiento y ajeno al mundo especializado de la intervención social con el pueblo gitano. Se reorientó así la intervención social, que a partir de entonces mostró una
  • 44. ATD Cuarto Mundo - Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas44 mayor preocupación por la integración que por la conservación de la diferencia cultural. Al mismo tiempo, se apostó de manera clara por el realojo en vivienda en altura como modelo único, con la úni- ca condición de que la familia aceptase un proceso de “normalización” antes de la concesión de la misma. Este cambio se concretó aún más en 1998. Se veía ya alcanzable el realojo de las 100 últimas familias censadas en el año 1986, pero esto no suponía la erradicación del “chabolismo”, objeti- vo señalado al poner en marcha estas políticas. Nuevas familias habían construido cha- bolas para afrontar sus necesidades de vivienda, tanto en emplazamientos his- tóricos como en nuevas localizaciones. Algunas eran familias jóvenes, recién formadas y que necesitaban su propio espacio. Otras eran familias que ya habían sido realojadas, pero que habían tenido que abandonar el piso bien por no poder hacer frente a los gastos, bien por conflictos o deudas que llevaron a que otras se quedaran con su vivienda. De esta manera, en 1998 se habían identificado 1.855 familias viviendo en chabolas en la Comunidad de Madrid, y 52 núcleos autoconstruidos en Madrid ciudad. Para afrontar esta situación, el Gobierno Regional propuso al Ayunta- miento la disolución del Consorcio y la creación de un organismo autónomo dependiente de manera exclusiva de la Comunidad: el Instituto de Realoja- miento e Integración Social.
  • 45. REALOJANDO DERECHOS. 1. Echando la vista atrás para seguir adelante 45 Tras finalizar el realojo de las familias de los barrios autoconstruidos censadas en 1986, las administraciones implica- das tuvieron que decidir entre conti- nuar con un programa específico para el realojo de las familias gitanas aún residentes en infraviviendas o modificar la política de vivienda de la Comuni- dad de Madrid, de manera que se diera respuesta a todos aquellos sectores que encontraban dificultades para acceder a una vivienda a través del mercado inmobiliario libre. El Gobierno Regional decidió finalmen- te orientar las promociones de vivienda del IVIMA hacia las clases medias y mantener al mismo tiempo un Programa de Realojo, en otro tipo de viviendas, orientado a controlar el fenómeno del “chabolismo”. Para ello se promulgó la Ley de creación del Instituto de Realo- jamiento e Integración Social (IRIS) en 1998, responsable desde entonces de los realojamientos. Esta ley de creación del IRIS señala algunos cambios importantes. Por un lado, el chabolismo deja de ser tratado como una realidad a erradicar, reco- nociéndolo desde entonces como un fenómeno crónico que había que tener controlado. Ya no se establecía un límite de tiempo para acabar con él, aceptando que siempre habría cierta autoconstruc- ción residual y asumiendo como objeti- vo controlar sus dimensiones. Por otro lado, se reconocía que todas las familias que vivían en chabolas y en condiciones de exclusión social tenían derecho a una vivienda digna. De esta manera, no se partía de un censo de familias cha- bolistas con derecho a realojamiento, como en el caso del Consorcio (aunque sí se realizó un censo para conocer la realidad de la autoconstrucción en ese momento en la región). Quedaba así abierta esta vía de realo- jamiento desde la chabola como meca- nismo de acceso a una vivienda digna, lo que junto a la falta de desarrollo de otras alternativas posibles por parte de la Comunidad de Madrid favoreció que muchas familias con ingresos bajos e inestables optaran por la autoconstruc- ción como el mejor camino para poder acceder a una vivienda pública. El hecho de que el IRIS fuera creado por ley confirió una gran estabilidad a su línea de actuación, y se dotó al Pro- grama de una red de centros propios, con plantillas amplias y un importante presupuesto. Se apostó claramente por un modelo de vivienda en pisos distribuidos por barrios de los diferentes municipios de la Comunidad de Madrid, acabando así con el modelo de las Unidades de Realojamiento Especial que se habían construido en la anterior etapa. Para facilitar la dispersión de las fami- lias, estos pisos de realojo ya no fueron principalmente vivienda pública, sino La integración social como clave del realojamiento
  • 46. ATD Cuarto Mundo - Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas46 que a la mayor parte de las familias se las realojó en viviendas compradas en el mercado privado de segunda mano. La actividad del IRIS se llevó a cabo a través del desarrollo de Progra- mas-Convenio que firmaba con los distintos ayuntamientos de la región. Se llegó a un acuerdo con la Federación Madrileña de Municipios que vinculaba a todos los alcaldes de la Comunidad en la lucha contra la marginalidad residen- cial, de manera que se comprometían a admitir en sus territorios a familias procedentes de barrios de chabolas, cuyo número sería proporcional al de su población censada y nunca mayor a un 5% de la misma. Se tendría en cuenta también la presencia de familias gitanas de realojos anteriores en la zona. Sin embargo, el hecho de adquirir la ma- yor parte de la vivienda en el mercado libre determinó que la distribución de las familias realojadas volviera a recaer en las zonas más vulnerables, con altos índices de desempleo, fracaso escolar y deterioro urbano. Por ejemplo, dentro de Madrid capital el 90,5 % de los re- alojos se realizaron en los distritos de la zona sureste de la ciudad, manteniendo la dinámica de procesos anteriores. También se incrementaron los recur- sos dedicados al seguimiento social de las familias ya realojadas, creando una red paralela de atención especializada • Nuevo objetivo: no erradicación, sino control y gestión del “chabolismo”, que se ve como problema crónico. • Realojo como reconocimiento de un derecho, no solo para familias censadas. • Pisos como única alternativa, y dispersos, aunque siempre en zonas populares (más baratas). • Enfoque asimilacionista: más integración, menos conservación de la propia cultura. 1998 ASIVECAM (Servicio para la convivencia) Desaparición del IRIS al integrarse junto al IVIMA en la Agencia de Vivienda Social 2008 2013 2015 2018 Convenio Las Sabinas Realojo Gallinero y Pacto Realojo Sector 6 Cañada Real Instituto de Realojamiento e Integración Social
  • 47. REALOJANDO DERECHOS. 1. Echando la vista atrás para seguir adelante 47 que separaba al conjunto de la minoría gitana que procedía de los barrios auto- construidos del resto de la ciudadanía. El enfoque de la intervención social cambió respecto a la etapa anterior, con una vi- sión más asimilacionista del camino que las minorías debían recorrer para lograr una buena integración social. Esto se plasmó en la reorientación de algunos de los programas puestos en marcha, como es el caso del de empleo, más preocupa- do en ese momento por su función de normalización que por la conservación de trabajos tradicionales, como se había hecho en la etapa anterior. Reforzando esta dinámica, en 2008 se creó ASIVECAM (Asistencia Vecinal de la Comunidad de Madrid), con el objetivo de mediar con las comunida- des de vecinos en las que se realizaban los realojos, con un seguimiento de los procesos de integración. Este servicio se caracterizó desde el primer momento por un enfoque eminentemente comu- nitario, de manera que no realizaban intervenciones individuales, a diferencia de las profesionales del IRIS. Su labor se ha desarrollado de manera intermitente desde entonces hasta aho- ra, ya que en 2012 varios de sus proyec- tos en marcha se paralizaron y parte de las personas contratadas por este servi- cio fueron despedidas. Posteriormente se han vuelto a retomar sus actuaciones y, según datos de la Comunidad de Ma- drid, en estos momentos está trabajando en 768 comunidades vecinales. En el año 2013, con el realojo del asen- tamiento del Ventorro, se anunció el fin del “chabolismo” en la ciudad de Madrid. Sin embargo, seguían existiendo infra- viviendas dispersas por la ciudad, así como la Cañada Real Galiana, parte de cuya extensión pertenece a la capital, así como el emplazamiento anexo a esta, conocido como el Gallinero. Es en este momento cuando se pone el foco tanto en esta zona como en la de Las Sabinas, situada al lado del río Guadarrama a su paso por Móstoles y Arroyomolinos, dos emplazamientos que hasta entonces habían quedado fuera de los procesos de realojamiento. El Convenio para el realojamiento de Las Sabinas se firmó en el mismo 2013, pero se trata de un acuerdo entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamien- to de Móstoles, habiendo una parte del asentamiento que pertenece a Arroyo- molinos, sobre cuyo futuro no se sabe nada a día de hoy. Por su lado, tras muchas idas y venidas, en 2017 se firma el Pacto Regional por la Cañada Real, y en 2018 el Convenio para el realojo del Sector 6, que es el que acumula más infraviviendas y pre- cariedades. Asimismo, en septiembre de 2018 se realiza finalmente el realojo de las familias que aún permanecían viviendo en El Gallinero. El largo proceso vivido en este empla- zamiento y la poca claridad en cuanto al futuro que esperaba a quienes allí vivían hizo que a lo largo de los últimos meses la mayor parte de las familias partie- ra en busca de otras alternativas, de manera que en el momento del realojo quedaban tan solo 25 de las casi 100 que habían llegado a residir anterior- mente allí.
  • 48. ATD Cuarto Mundo - Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas48 En el año 2015 dos hechos marcaron un cambio de rumbo clave en relación a los realojos de barrios autoconstrui- dos. Por un lado, en respuesta a una queja puesta por los abogados de CAES en representación de las familias del Ventorro que no obtuvieron una vivien- da digna en el realojo del asentamiento, el Defensor del Pueblo emitió un dicta- men poniendo en cuestión la legalidad de todos los procedimientos realizados anteriormente. Señalaba la ausencia de un procedimiento legal establecido por la Comunidad de Madrid para los realo- jos, lo que permitía, por ejemplo, que no se emitiera ninguna comunicación a las familias que se consideraba que no cumplían los requisitos, dejándolas en situación de indefensión; o que el Servi- cio de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid procediera a la demolición de chabolas sin haberse producido antes un realojo. El Defensor del Pueblo acababa con una recomendación para establecer un procedimiento reglado y garantista para las personas susceptibles de re- alojos, así como una petición de que en todos los casos se dicten resoluciones que garanticen el derecho de recurrir si no se está de acuerdo. Este dictamen es muy posiblemente el origen del decreto 13/2018, aprobado tres años después, con el que se reglamentaron la adjudica- ción y cambio de vivienda relacionadas con procesos de realojamiento, después de 30 años de desarrollo de políticas y prácticas de erradicación del “chabolis- mo” sin garantías legales. Por otro lado, también en 2015, el de- creto 72/2015 suponía la desaparición del IRIS, que se fusionaba con el IVI- MA para crear un nuevo organismo, la Agencia de la Vivienda Social. Según la presidenta de la Comunidad de Madrid en aquel momento, el IRIS había perdi- do su finalidad inicial al existir menores necesidades de realojo de población que estuviera viviendo en chabolas. ¿Se está cerca entonces de alcanzar la tan anhelada erradicación del “chabo- lismo”? Está claro que no existen ya las inmensas barriadas autoconstruidas que pusieron en marcha el proceso de Remodelación de Barrios desde finales de los años 70, ni los múltiples asen- tamientos que siguieron poblando la periferia madrileña –en menor número pero en situación de gran exclusión–, ámbito de trabajo tanto del Consorcio como del IRIS. La expansión de las ciudades de la región y los procesos especulativos aso- ¿El fin del “chabolismo”? Aunque las chabolas hayan ido desapareciendo, los datos de personas en situación de pobreza severa no han hecho más que aumentar hasta llegar a la cifra de 500.000 personas en el momento actual en la región de Madrid.
  • 49. REALOJANDO DERECHOS. 1. Echando la vista atrás para seguir adelante 49 ciados a ella han ido haciendo desapare- cer las zonas de indeterminación en las que era posible levantar una chabola sin que nadie la tirara abajo o lo denunciara de manera inmediata. Aparte de Cañada Real y Las Sabinas, el resto de infravi- viendas de la Comunidad de Madrid son más escasas e invisibilizadas. Además, la dinámica de realojamiento de barrios autoconstruidos focalizada en los últimos 30 años en la población en situación de mayor exclusión, ha transformado en gran medida la rea- lidad social de estas familias. Junto a la mayor dificultad para encontrar un lugar en el que poder construir una cha- bola, hay que destacar que muchas hijas e hijos de familias que fueron realojadas han nacido y crecido en pisos y barrios heterogéneos cultural y socialmente. Estas nuevas generaciones, ahora ya jóvenes, ni tienen las herramientas que sus mayores tenían para poder salir ade- lante en las anteriores circunstancias, ni ven la autoconstrucción como una salida, y menos ahora que desparece la opción del realojo que existía anterior- mente. ¿Qué salidas encuentran entonces para responder a su necesidad de vivienda? Porque no olvidemos que, aunque las chabolas hayan ido desapareciendo,