📝 Repasamos lo aprendido Elabora tu esquema de producción y redacta tu versión preliminar de la TA1.docx

📝 Repasamos lo aprendido: Elabora tu
esquema de producción y redacta tu
versión preliminar de la TA1
¿Consideras que el Estado peruano
enfrenta adecuadamente el avance
de la minería ilegal para evitar la
degradación ambiental?
Trabajo completo
Escríbeme: 992/ 097/ 561
Asegura una buena nota de forma
segura, garantizada y confiable

📝 Repasamos lo aprendido: Elabora tu esquema
de producción y redacta tu versión preliminar de
la TA1
¿Consideras que el Estado peruano enfrenta
adecuadamente el avance de la minería ilegal
para evitar la degradación ambiental?

ESQUEMA DE PRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
1. Introducción
1.1 Contextualización
1.1.1 Dato
 Explicación 1
 Explicación 2
1.1.2 Razón a favor
1.1.3 Razón en contra
1.2 Controversia
adecuadamente el avance de la minería ilegal para evitar la
1.3 Tesis
1.4 Anticipación del desarrollo
DESARROLLO
2. Desarrollo
2.1 Idea principal (Tesis + porque +
argumento)
2.2 Idea secundaria 1: Caso 1 (Fuente,
año)
2.2.1 Idea terciaria 1
2.3 Idea secundaria 2: Caso 2 (Fuente,
año)
2.4 Reiteración de tesis
CIERRE
3. Cierre
3.1 Nexo de cierre
3.2 Reafirmación de tesis y síntesis de
argumentos
3.3 Reflexión crítica
3.3.1 Propuesta de solución 1
3.3.2 Impacto
3.3.3 Propuesta de solución 2
3.3.4 Impacto
REDACCIÓN DE LA VERSIÓN PRELIMINA

LISTA DE COTEJO
Criterio Sí No
Introducción
La contextualización considera al menos un dato citado de las
fuentes y sus correspondientes dos explicaciones, y
también menciona las razones a favor y en contra.
Respeto la controversia que se establece en el material de la
tarea.
La tesis es una respuesta directa a la pregunta en la que se
muestra acuerdo o desacuerdo sin explicar las razones.
La anticipación es una frase de enlace entre introducción y
desarrollo.
Desarrollo
El párrafo de desarrollo inicia con la idea principal que está
compuesta así: tesis, porque argumento.
Las ideas secundarias son ejemplos o ideas que sustentan el
argumento y consideran las citas de las fuentes.
Las ideas terciarias detallan y explican a las ideas secundarias.
El párrafo culmina con la reiteración de la tesis.
Cierre
Utilizo un nexo de cierre.
Reafirmo las tesis y presento el argumento de forma breve y
precisa.
Propongo al menos una solución y su correspondiente impacto.
Conexión de las
ideas y ortografía
Cada idea del esquema se expresa en una oración dentro del
párrafo que le corresponde.
He usado nexos para unir las ideas en los párrafos.
He revisado la correcta escritura de las palabras en el texto.
He usado signos de puntuación como la coma y el punto para
darle orden y sentido al texto.

Fuentes para la Tarea Académica 1 (TA1)
Lee las siguientes fuentes informativas. Luego, anota las ideas que consideres más relevantes y
elabora con ellas una lluvia de ideas que usarás durante la elaboración del esquema de la Tarea
Académica 1.
Fuente 1
Medidas sin precedentes contra la minería ilegal y otros delitos conexos en la Provincia de
Pataz
El Gobierno de la República del Perú, en línea con su compromiso continuo de erradicar la
minería ilegal y los delitos conexos que esta implica, así como en atención a los eventos
ocurridos en la provincia de Pataz en La Libertad, anuncia un paquete de medidas adicionales y
paralelas sin precedentes con el fin de fortalecer la capacidad del Estado en la lucha contra esta
actividad ilícita que afecta gravemente la seguridad nacional y la preservación del medio
ambiente.
En primer lugar, se publica el Decreto de Urgencia Nº 006-2025 con el objetivo de implementar
acciones de fiscalización, control y trazabilidad del transporte y comercialización de insumos
químicos, explosivos y materiales relacionados con la minería ilegal. Esta medida responde a la
necesidad urgente de intervenir en los puntos críticos del distrito de Pataz, donde la actividad
minera ilegal ha crecido de manera alarmante, lo que afecta la seguridad y el medio ambiente en
la región, pues provoca graves consecuencias como la deforestación masiva, la contaminación
de ríos y suelos, la pérdida de biodiversidad, la degradación del paisaje, la alteración del ciclo
hidrológico, la emisión de gases contaminantes, la acumulación de residuos tóxicos y la
imposibilidad de recuperación ambiental. La normativa también establece la instalación de tres
puestos de control multisectoriales en las principales vías de acceso al distrito de Pataz. Estos
puestos tendrán como objetivo fiscalizar de manera continua el transporte de material minero,
explosivos, maquinaria y otros insumos vinculados a la minería ilegal. Asimismo, en estos
puestos de control se contará el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas

Armadas. En paralelo, el Gobierno implementará un sistema piloto de trazabilidad de la
comercialización del oro, a cargo del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), y además un
sistema de control y monitoreo inalámbrico para los vehículos destinados al transporte de
mercancías a cargo de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y
Mercancías (SUTRAN) con la finalidad de realizar un control adecuado y efectivo de todos los
actores que participan en la comercialización del mineral aurífero. Además de ello se contempla
la intervención de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
(SUNAT), lo cual permitirá la detección de desviaciones en el transporte de insumos utilizados
en la minería ilegal. Asimismo, se establece la revocación automática de las inscripciones en el
Registro de Formalización Minera (REINFO) que vienen siendo mal utilizadas incumpliendo
las disposiciones establecidas en el mencionado Decreto de Urgencia, sin perjuicio de revocar
de manera inmediata aquellas inscripciones en el REINFO en estado de "suspendido" que se
ubican en los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba. De esta forma, el Gobierno buscará frenar
las actividades ilícitas como la minería ilegal y otros delitos conexos, cerrando espacios a
operadores ilegales que intentan camuflarse en procedimientos que coadyuvan a la formalidad.
Para financiar la implementación de estas acciones, se autoriza la transferencia de partidas en el
Presupuesto Público del Año Fiscal 2025 de hasta S/ 52.6 millones. Este monto adicional
permitirá dotar de mayores recursos logísticos y humanos a las entidades involucradas en el
control y fiscalización de la actividad minera.

Con estas medidas, el Gobierno ratifica su compromiso con la lucha contra la minería ilegal, un
flagelo que pone en riesgo la salud de los peruanos y peruanas, así como el bienestar de los
ecosistemas y la seguridad en diversas regiones del país. Estas acciones, que se suman a los
esfuerzos previos, son una muestra de que el Estado continuará trabajando de manera integral y
con rapidez por restaurar el Estado de derecho en Pataz y en otras zonas afectadas por la minería
ilegal.
Fuente 2
La labor deficiente del Estado en su lucha contra la minería ilegal
A partir del año 2012 y a raíz de la promulgación del Decreto Legislativo 1102, en el Perú, se ha
tipificado el delito de minería ilegal. En ese sentido, el decreto tiene como finalidad principal la
lucha contra la minería ilegal de oro que se desarrolla en Madre de Dios, la cual ocasiona graves
daños como la deforestación masiva y la contaminación por sustancias químicas nocivas, lo que
afecta gravemente la abundante riqueza en biodiversidad de esta región amazónica. Sin
embargo, se evidencia que, actualmente, ha habido un incremento de la criminalidad vinculada
con las actividades de minería ilegal. La base típica de este delito admite modalidades
agravadas, así como delitos conexos, como son los siguientes: delito de financiamiento de la
minería ilegal, delito de obstaculización de la fiscalización administrativa y tráfico ilícito de
insumos químicos para minería. En tal sentido, el crecimiento de esta actividad supone un
incremento de la contaminación de los suelos y aguas de la región, pues, al realizarse fuera de la
ley, no está sujeta a instancias fiscalizadoras que la regulen y que vigilen el cumplimiento de las
normas ambientales.
El problema se origina a raíz de la poca capacidad del Estado para hacer frente a esta
problemática en las zonas más vulnerables, lo que propicia que estas actividades no solo
generen ingresos económicos ilícitos de gran magnitud, sino que también causen un grave daño
al ecosistema, afecten la salud y la vida de las personas, y provoquen una considerable
desestabilización del orden socioeconómico. De ello se deduce una estrecha relación entre la
minería ilegal y el delito de lavado de activos. En ese sentido, tanto la minería ilegal como el
lavado de activos generan efectos profundamente negativos sobre el medio ambiente y la salud
pública. A esto se suma la falta de una supervisión efectiva y la ausencia de mecanismos legales
adecuados por parte del Estado, lo que es aprovechado por organizaciones criminales para
legitimar fondos provenientes de la minería ilegal mediante el delito de lavado de activos.
Asimismo, se observa que el Estado no ha adoptado medidas viables ni eficaces para controlar o
erradicar la minería ilegal. Tampoco se observa una voluntad política clara, ya sea a corto,
mediano o largo plazo, para resolver esta problemática que perjudica gravemente a las
poblaciones cercanas a las zonas de extracción. Esta inacción deja una “puerta abierta” para que
la minería ilegal y el lavado de activos se complementen. En consecuencia, se requiere un
consenso interinstitucional integral que garantice la represión y sanción efectiva de estas
actividades delictivas que atentan contra la preservación del medio ambiente y la seguridad
nacional.

A causa de esta problemática, el Estado debe implementar, de manera urgente, un marco legal
adecuado que permita combatir con mayor eficacia la minería ilegal, incorporando al Derecho
Penal como una herramienta disuasoria mediante la imposición de sanciones severas, con el
objetivo de reducir esta actividad. De igual manera, es necesario otorgar a la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) mayores capacidades regulatorias, entre ellas la facultad de
levantar el secreto bancario y tributario de los investigados sin necesidad de autorización
judicial. Además, se deben agilizar y endurecer los mecanismos de extinción de dominio para
aquellos sujetos condenados por minería ilegal o lavado de activos, así como para quienes no
puedan justificar el origen lícito de sus bienes y se encuentren bajo sospecha de haber cometido
un delito previo. Por último, se debe fortalecer la normativa vigente con el propósito de
combatir el crecimiento de la minería ilegal y prevenir la ocurrencia de desastres ambientales
que comprometan los ecosistemas y la salud pública. Un marco legal adecuado permitiría
ejercer un control más riguroso y eficaz sobre estas actividades ilícitas, reforzando las acciones
de interdicción e inteligencia en concordancia con la Ley contra el Crimen Organizado.
Fuente 3
Segmentación y ejercicios del poder Awajum – Wampis frente a la minería ilegal en la
provincia de Condorcanqui, Amazonas–Perú
Minería ilegal en la provincia de Condorcanqui
El gobierno peruano tiene en su marco legal la clasificación de estratos mineros como: minería
artesanal, pequeña minería, mediana minería y gran minería. La minería ilegal está relacionada
con la minería artesanal, siendo esta la más observada en la provincia de Condorcanqui, más
que con cualquiera de los otros estratos mineros. Según el Ministerio de Energía y Minas –
MINEM (2023), la producción de oro en el Perú en el 2022 fue de 96.7 toneladas. Según el
MINEM (2023), en el año 2022 los resultados son muy particulares, en gran medida por la
COVID -19. La gran y mediana minería produjo el 85.6% de la producción total, la pequeña
minería el 13.3%, la minería artesanal el 0.01%, mientras que la proyección de la minería en
proceso de formalización alcanzó el 1%. El DL 1105-2012 define la minería ilegal como aquella
actividad minera realizada en sitios prohibidos, sin control ni regulación social y ambiental de
parte del estado. Es altamente nociva ambientalmente, así como tiene efectos sociales que no
son abordados por políticas del gobierno.
Pachas (2020) sostiene que el gobierno peruano ha intentado abordar el problema de la
informalidad en dos procesos de formalización con resultados poco alentadores. Vale la pena
señalar que el presupuesto de la Dirección General de Formalización del MINEM es solo el 1%
del total del presupuesto anual del MINEM. En la provincia Condorcanqui existen 27 mineros
inscritos en Registro de Mineros Informales en Proceso de Formalización – REINFO
(diciembre, 2023), es decir mineros que han iniciado su proceso de formalización con su
inscripción, pero existen 25 con derechos mineros titulados es decir aquellos que han obtenido
el derecho formal ante el Estado y 164 derechos mineros en trámite, es decir aquellos que se
encuentran en proceso de titulación, según GEOCATMIN (diciembre, 2023).
Chauvin (2021), señala que, en el marco de lucha contra la minería ilegal, en febrero de 2019, se
dio inició a la Operación Mercurio para erradicar la minería ilegal y sus delitos conexos en
Madre de Dios, los resultados de dicha operación han causado un amplio debate, respecto a si se

logró reducir la minería ilegal. Además, la actividad minera sigue presente en la región y no se
ha podido controlar. La Policía Nacional del Perú – PNP (2021), señala que, durante el año
2020, en los departamentos de Amazonas y Madre de Dios se han realizado la mayoría de los
operativos de interdicción. Sin embargo, el mayor número de detenidos se realizó en Lima
(101), La Libertad (68), Cusco (48), Huánuco (30) y Madre de Dios (58). Madre de Dios (37
comunidades nativas) y Amazonas (361 comunidades nativas) son las regiones que mayor
afectación tienen por los altos índices de población indígena que convive con el delito de la
minería ilegal.
En la provincia Condorcanqui se hicieron interdicciones con apoyo de las Fuerzas Armadas –
FFAA, según Sierra (2019), la PNP y las FFAA realizaron interdicciones en la comunidad El
Tambo distrito de Cenepa, específicamente en la cordillera del Cóndor, ingresaron 60 policías
apoyados de 40 militares y dos fiscales especializados con un saldo de 21 detenidos, todo esto
en el marco de la resolución suprema N° 132-2019-IN, publicado el 14 de octubre de ese año,
que autoriza la intervención de las FFAA y la PNP en el distrito del Cenepa. Esta colaboración
se renovaría con la RS N° 056-2020-IN publicado el 5 de agosto de 2020 y con la RS N°
119-2021-IN publicado el 1 de julio de 2021, que establecen la prorrogan en la intervención de
las FFAA en apoyo a la PNP contra la minería ilegal y delitos conexos, en el distrito de El
Cenepa, provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas, para la misma zona de El
Tambo por ser colindante con la zona de la Herradura en el Ecuador. La población indígena y
las áreas naturales protegidas son las principales afectadas por la minería ilegal, ya que se
encuentra expuesta a los impactos de esta actividad ilegal. Más aún algunas poblaciones y
defensores ambientales rechazan la actividad y son amenazados por mineros. Por otro lado,
otros indígenas establecen acuerdos con mineros e incluso se dedican al trabajo minero,
haciendo sumamente compleja la situación.
Bajo metodología de Análisis SIG, determinamos tres zonas de explotación de minería ilegal.
En la cuenca del río Santiago (1) y cuenca del Cenepa (2) sólo se está trabaja motores de
succión de poca capacidad, realizada a orillas de ríos y dentro del mismo bosque, con presencia
de mineros migrantes de Piura, Loreto y Madre de Dios. La ruta del oro en la cuenca del Cenepa
es principalmente por Piura, Chiclayo y Lima: mientras que la ruta del oro de la cuenca del río
Santiago es por Santa María de Nieva en dirección a Jaén y Lima. En la cordillera del Cóndor
(3), la minería es filoneana y la relación entre mineros peruanos y ecuatorianos es bastante
fluida porque se lleva a procesar y comercializar oro a Ecuador. Esta zona es la más cuestionada
por las organizaciones indígenas y defensores ambientales, porque no existe respuesta de los
gobiernos de Ecuador y Perú. En base a esta segmentación de tres zonas de minería ilegal
determinamos que el distrito con mayor presencia de minería ilegal es el distrito del Cenepa, ya
que se encuentran las zonas de la cuenca del río Cenepa y la Cordillera del Cóndor. Asimismo,
es el distrito de la provincia Condorcanqui con mayor población indígena rural.
En contra de la actividad minera
Primero tenemos el aspecto territorial en donde se invoca la figura de la autonomía prevista en
el artículo 89 de la Constitución Política del Perú y que ya ha sido tratada. El segundo
instrumento más usado es el convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas ý Tribales en
Países Independientes, este convenio reconoce el derecho de pueblos indígenas a participar en la
utilización, administración y conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras,
además de una protección especial del derecho a dichos recursos naturales. Por otro lado, no
reconoce el derecho al dominio pleno de los pueblos indígenas sobre las tierras y recursos
naturales, este reconocimiento queda liberado a los sistemas legales de cada Estado, como por
ejemplo el peruano. Existen mecanismos que protegen el territorio indígena y reconocen su
posesión, pero ni el convenio 169 de la OIT ni la constitución política peruana les asegura un

pleno manejo ni una total autonomía sobre sus territorios, es decir el Estado sigue conservando
la titularidad de los recursos y la de los bosques.
En cuanto al aspecto ambiental manifiestan que tienen derecho a vivir en un ambiente libre de
contaminación, y efectivamente esto se ve respaldado por el artículo 2 de la Constitución
Política del Perú que manifiesta que toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al
disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado
al desarrollo de su vida. La minería ilegal atenta contra todo lo dispuesto en este artículo
constitucional, rompiendo la relación equilibrada que sostenían con su entorno, depredando sus
bosques y contaminando sus ríos, generando problemas de salud.
A favor de la actividad minera
Romo (25 de junio del 2017) señala que ODECOAC y la comunidad nativa de Shaim
manifiestan abiertamente su postura en favor de una actividad minera legal, su Apu, por
ejemplo, declara que descarta que esto ocurra refiriéndose a las dragas en el caso de su
comunidad o de otra comunidad integrante de ODECOAC. Según indica, a Shaim no han
entrado dragas porque el reglamento interno de ese pueblo consigna severas sanciones para
quien opere en minería ilegal. Insiste en que su organización apoya la formalización minera y el
reconocimiento del Estado a esta actividad. “La población no quiere nada ilegal”. Comunidades
como Shaim se han alineado a la política de formalización del Estado, pero esto no les asegura
menos problemas si siguen pensando su autonomía como plena, ya que el Estado es quien
retiene la decisión de otorgar permisos de explotación, no importa si la comunidad tiene
preferencia por alguna empresa.
Estas organizaciones y comunidades a favor de la minería cuentan con mecanismos legales, por
ejemplo, el artículo 4 de la ley 26505 que manifiesta que las tierras agrícolas del territorio
nacional y de las comunidades nativas pueden ser utilizadas para promover la inversión privada
en el desarrollo de actividades económicas. También cuentan a su favor con el artículo 18 de la
Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, Ley 26821, que
reconoce el derecho preferente de las comunidades para realizar actividades de
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de sus tierras, las comunidades pueden
ejercer este derecho de preferencia en tanto no exista reserva del Estado, derechos exclusivos o
excluyentes de terceros.
Las comunidades no tienen derechos exclusivos sobre los recursos del suelo y subsuelo. En el
caso de la minería artesanal el Estado puede otorgar a terceras concesiones mineras sobre el
entorno adyacente al territorio de las comunidades, es decir es el Estado quien otorga las
concesiones no las comunidades ni las organizaciones, cualquier actividad extractiva que cuente
solo con el permiso de la comunidad o de la organización y que no cumpla con la legislación
nacional cae en la ilegalidad. En resumidas cuentas, aquellos que promueven la actividad
minera en sus territorios sean organizaciones como ODECOAC o comunidades nativas como
Shaim, no se pueden amparar únicamente en la figura de la “autonomía”, pues ni la
Constitución Política del Perú, ni el Convenio 169 de la OIT se lo reconocen plenamente,
además que según la normativa peruana es el Estado quien otorga los permisos de explotación,
no las comunidades, ni Apus, ni organizaciones de base.
Las comunidades indígenas no son plenamente autónomas ya que estas no delimitan su
territorio, esto último lo hace el estado peruano, motivo por el cual se presentan problemas de
límites entre comunidades, además de una lenta titulación que somete a las comunidades a una
vulnerabilidad legal, haciéndolos presa fácil de las actividades
ilegales; sobre esto una de las últimas luchas que han emprendido las comunidades indígenas y
las organizaciones de base es el reconocimiento de la integralidad de su territorio, pues como

dice Garra y Riol (2014) “la actualidad, frente a los nuevos actores e intereses económicos en la
Amazonia el modelo de la ‘comunidad nativa’ resulta insuficiente para garantizar los derechos
territoriales de estos pueblos”, en virtud a ello en octubre del 2021 se establece el Gobierno
Territorial Autónomo Awajún (GTAA), que busca la demarcación territorial como pueblo
indígena, escapando a la lógica segmentarista de la titulación de comunidades impulsada por el
estado peruano, la lógica Awajun responde a una visión única del territorio.
Por último, es necesario que las comunidades más allá de saber sus derechos establecidos en las
normas y leyes vigentes nacionales o internacionales también sepan las limitaciones de estas,
para que no lleguen a malas interpretaciones que los pueden hacer caer en la ilegalidad.
Fuente 3
El desafío de la formalización minera en el Perú: evaluación de los incentivos y resultados
La informalidad representa un serio problema en el Perú, esta ha venido creciendo y tomando
parte importante en la operatividad de los mercados. Prado Saldarriaga (2017, citado por
Bohórquez y Gómez, 2020, p. 10), atribuye el crecimiento de la informalidad a la inoperatividad
de las políticas que fomenten el desarrollo y crecimiento de una economía formal. Las cifras de
la informalidad son alarmantes, según estudios del Instituto Nacional de Estadística e
Informática (2022, p.71), esta afecta a alrededor del 76,8% de la población económicamente
activa. Frente a esta problemática, el Estado progresivamente ha venido implementando una
serie de medidas con la finalidad de combatir la informalidad. Un ejemplo notable de este
esfuerzo lo tenemos específicamente en el sector minero, que mediante de la promulgación de la
Ley N.° 27651, se reconoce de manera tácita el gran problema de la minería informal. A través
de esta ley, el Estado ha buscado una solución al crecimiento exponencial de la minería ilegal.
Desde entonces, se han desplegado múltiples iniciativas con el fin de incorporar al mayor
número posible de mineros en el ámbito formal.
La formalización es un proceso gradual y progresivo, diseñado para abordar los principales
obstáculos que enfrentan los mineros en su camino hacia la formalidad. Este proceso está
dirigido a aquellos involucrados en actividades mineras de pequeña escala, lo que comprende
tanto a la pequeña minería como a la minería artesanal.
Registro integral de formalización (REINFO)
El origen de este registro guarda especial conexión con el delito de minería ilegal. Previa a esta
conexión, se tuvo que emitir el Decreto Legislativo N.º 1102, el cual incorporó en el 2012 al
Código Penal, los delitos relacionados con la minería ilegal. Este cambio marcó un punto de
referencia importante, ya que antes de esta modificación, la minería ilegal se consideraba una
actividad económica informal y no un delito punible.
Posteriormente, el 07 de enero de 2017, se realizaron modificaciones en el Código Penal según
lo regulado en el Decreto Legislativo N.º 1351. Entre estas modificaciones se incluyó al artículo
307-A, que se refiere al delito de minería ilegal. Se estableció que aquellos fuera del proceso de
formalización y que no iniciaron dicho proceso son considerados sujetos activos de este delito.
Sin embargo, se exonera de responsabilidad penal a quienes iniciaron el proceso de

formalización y se inscribieron en el Reinfo, así como a aquellos que comenzaron el proceso de
formalización, pero no obtuvieron la autorización final o el reinicio de sus operaciones debido a
negligencia de los funcionarios a cargo del proceso de formalización.
Minería Informal e Ilegal
Mediante el Decreto Legislativo N.º 1105, se delinean claramente los procedimientos a ser
seguidos en el proceso de formalización. Además, se proporcionan definiciones distintivas para
la minería ilegal y la minería informal, destacando notables diferencias entre ambas categorías.
En este contexto, la minería ilegal se puede definir como aquella que opera en áreas no
autorizadas, utiliza equipos prohibidos o carece de la debida declaración de compromiso, lo que
la excluye de la posibilidad de formalizarse. Por otro lado, el minero informal, aunque comparte
algunas similitudes con el minero ilegal, trabaja en áreas no prohibidas y ha iniciado el proceso
de formalización, con la opción de completarlo si cumple con los requisitos establecidos.
Aunque se advierta de una sustancial diferencia entre minero informal e ilegal, es importante
señalar que el minero informal también opera sin cumplir plenamente con los requisitos del
marco legal, lo que resulta en daños ambientales, afectando los derechos de otros ciudadanos y
poniendo en peligro su propia salud. (Sociedad Peruana de Derecho Ambiental [SPDA], 2014)
Resulta más adecuado referirse a la categoría de "minería no formal". De esta manera,
abarcamos tanto la minería ilegal como la informal, dejando a salvo las especificidades
administrativas que establecen diferencias con la minería formal. Estas diferencias comprenden
aspectos como los procedimientos legales, obligaciones tributarias, normativas laborales,
trámites administrativos y responsabilidades sociales que el Estado requiere. (Valdés et al.,
2019)
El impacto socioeconómico de la minería no formal en el Perú
De acuerdo con el anuario minero del 2022, el sector minero es uno de los más importantes en
el desarrollo de la economía peruana, destacándose por su notable contribución al Producto
Bruto Interno (PBI) a través de diversas vías como la balanza comercial y las inversiones
nacionales y extranjeras. Además, resalta la posición destacada de Perú como uno de los
principales productores mundiales de minerales. De hecho, en el 2022, el sector minero
representó el 8.3% del PBI nacional y contribuyó con el 58.9% de las exportaciones peruanas,
así como el 10.8% de la inversión privada total y una participación significativa en la inversión
extranjera directa. (Ministerio de Energía y Minas, 2023)
La minería no formal en el Perú ha generado ingresos sustanciales, estimados en
aproximadamente 15,777 millones de dólares entre 2003 y 2014. Estos ingresos provienen tanto
de la producción no registrada por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) como de la
producción informal registrada. Este volumen de producción no formal representa una parte
considerable del mercado aurífero del país y ha tenido un impacto significativo en la economía
nacional. Sin embargo, esta actividad también ha resultado en una considerable evasión
tributaria, estimada entre 520.6 y 1,741.8 millones de dólares en el mismo periodo, lo que
equivale a un promedio anual de entre 43.4 y 145.1 millones de dólares. (p. 41-43)
La magnitud de estos montos no sólo refleja la capacidad productiva de los mineros no
formales, sino también la pérdida de ingresos fiscales esenciales para el desarrollo económico
del país. La recaudación fiscal se ve afectada, por la evasión de impuestos debilita la capacidad

del Estado para financiar servicios públicos y realizar inversiones en infraestructura, salud y
educación, perpetuando así ciclos de pobreza y subdesarrollo en las regiones afectadas por la
minería no formal. (p. 45-48)
De acuerdo con los datos presentados en el portal web del Registro Integral de Formalización
Minera, actualmente se registra un total de 87,267 mineros inscritos en el sistema. De este
grupo, 16,216 mineros tienen un estado de "vigente", mientras que 71,051 mineros se
encuentran en estado "suspendido". En contraste, los datos proporcionados en el sitio web del
Ministerio de Energía y Minas (en adelante MINEM) para el mismo año indican que
únicamente 1,940 mineros han completado el proceso de formalización desde su inicio, esto
representa aproximadamente el 2.22% del total de 87,627 mineros registrados en el REINFO. Es
importante señalar que las regiones de Arequipa, Puno y Madre de Dios albergan la mayor
concentración de mineros informales.
En suma, muchos mineros ilegales evitaron ingresar a los procesos de formalización cuando
pudieron, principalmente debido al principio de oportunidad que les ofrece una salida cuando
son detectados, evitando así enfrentar responsabilidades por el delito de minería ilegal. Anudado
a ello, los mineros ilegales no presentan preocupación alguna por las dimensiones de extracción
en las que operan, no teniendo reparos en explotar más hectáreas y toneladas que la minería
artesanal o pequeña minería. Asimismo, podrían llevar a cabo sus actividades en áreas
prohibidas y cuerpos de agua, lo cual consideran beneficioso para aumentar la productividad.
Por último, la falta de preocupación por las obligaciones que conllevaría la formalización
también podría ser un factor que contribuye a la reticencia de los mineros ilegales a
formalizarse.
adecuadamente el avance de la minería ilegal para evitar
la degradación ambiental?

📝 Repasamos lo aprendido: Elabora tu esquema de producción
y redacta tu versión preliminar de la TA1
📝 Repasamos lo aprendido: Elabora tu esquema de producción
y redacta tu versión preliminar de la TA1

Consideras que el Estado peruano enfrenta adecuadamente
el avance de la minería ilegal para evitar la degradación
ambiental
ambiental
ambiental

📝 Repasamos lo aprendido Elabora tu esquema de producción y redacta tu versión preliminar de la TA1.docx

📝 Repasamos lo aprendido Elabora tu esquema de producción y redacta tu versión preliminar de la TA1.docx

Más contenido relacionado

Similar a 📝 Repasamos lo aprendido Elabora tu esquema de producción y redacta tu versión preliminar de la TA1.docx

Más de bustamantealex740

Último

📝 Repasamos lo aprendido Elabora tu esquema de producción y redacta tu versión preliminar de la TA1.docx