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PODER JUDICIAL
AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN
PROCESOS CONSTITUCIONALES
Año XI / Nº 2094 54243
Domingo 18 de octubre de 2015
PROCESO DE AMPARO
SALA CIVIL TRANSITORIA - SEDE CENTRAL
EXPEDIENTE : 00767-2014-0-1201-JR-CI-01
MATERIA : ACCIÓN DE AMPARO
RELATOR : LEONARDO ALIPAZAGA RIVERA
DEMANDADO : PROCURADOR PÚBLICO DEL
PODER JUDICIAL
CASTAÑEDA ESPINOZA, JORGE
CARLOS
PRESIDENTE CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE HUÁNUCO
DEMANDANTE : MEDINA CASTAÑEDA, JOHNNY
Resolución Nº 16
Huánuco, tres de agosto del dos mil quince.
VISTOS: En Audiencia Pública, habiendo concluido con el
acuerdo de dejar la causa al voto.
ASUNTO:
Es materia de apelación, la Sentencia Nº 330-2015-1°JC-
CSJHN, contenida en la resolución número diez, de fecha once
de mayo del año dos mil quince, que obra de fojas doscientos
veintiocho a doscientos cincuenta y dos, que FALLA:
1) Declarando FUNDADA la demanda de fojas cincuenta y dos
a setenta y tres, interpuesta por JOHNNY MEDINA CASTAÑEDA,
sobre Proceso de Amparo contra el PRESIDENTE DE LA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUÁNUCO debidamente
representado por el Dr. Jorge Carlos Castañeda Espinoza;
2) NULO el despido arbitrario de que fue objeto la demandante,
mediante Memorándum N° 1239-2014-UAF-GAD-CSJHN/PJ de
fecha 23 de Junio del 2014;
3) ORDENA a la entidad demandada cumpla con reponer a
la demandante JOHNNY MEDINA CASTAÑEDA en el cargo que
venía desempeñando o en otro similar de igual categoría o nivel,
dentro del plazo de DOS DÍAS de consentida o ejecutoriada sea
la presente sentencia, con la remuneración que le corresponde
conforme a su cargo; bajo apercibimiento de aplicársele las
medidas coercitivas prescritas en el artículo 22° y 59° del Código
Procesal Constitucional.
4) SE PUBLIQUE en el Diario Oficial El Peruano, con arreglo
a lo dispuesto en la Cuarta Disposición Final de la Ley N° 28237
Código Procesal Constitucional.
5) Con costos procesales
DEL RECURSO DE APELACIÓN Y LOS AGRAVIOS
DENUNCIADOS:
Mediante escrito de fojas doscientos cincuenta y siete
doscientos sesenta y tres, el señor Procurador Público Adjunto
a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial interpone
recurso impugnativo de apelación contra la acotada sentencia,
fundamentando básicamente en lo siguiente:
- En el presente caso, el demandante estuvo vinculado
laboralmente con su representada por un tiempo determinado de
servicios, bajo la modalidad de Contrato para Servicio Específico;
en ese sentido al tener la contratación a plazo fijo una naturaleza
especial, se ha cumplido con las exigencias establecidas por la ley:
que, la vinculación de su representada con el accionante siempre
se llevó a través de la suscripción por escrito de los contratos a
plazo fijo y que en este tipo de contratos pueden celebrarse las
renovaciones que resuelvan necesarias para la conclusión de la
obra o servicio objeto de contratación y que en el presente caso
el demandante fue contratado a razón de que el Poder Judicial
requería cubrir las necesidades de recursos humanos a fin de
mantener operativos los servicios que presta; siendo así, no
existió comportamiento fraudulento ni simulación alguna por parte
de su representada, enmarcándose la contratación del accionante
dentro de la legislación laboral vigente; en consecuencia,
resulta falso que se haya producido alguna desnaturalización
de dichos contratos. En efecto, no existe vulneración al derecho
constitucional al trabajo, sino, todo lo contrario, lo que se estaría
pretendiendo es desnaturalizar el objeto de las acciones de
garantía pues no se vulnera ningún derecho.
- El Juzgado ha desconocido que el Tribunal Constitucional
ha dejado establecido en múltiples jurisprudencias que la vía
normal para resolver las pretensiones individuales por conflictos
jurídicas derivados de la aplicación laboral privada, es el proceso
ordinario laboral, dado que permite la reposición del trabajador
despedido y prevé la concesión de medidas cautelares. Por lo que
en virtud de lo establecido en el artículo 5°, inciso 2, del Código
Procesal Constitucional, las demandas de amparo que soliciten
la reposición de los despidos producidos bajo el régimen de la
legislación laboral privada, deberán ser declaradas improcedentes,
puesto que la vía igualmente satisfactoria para ventilar este tipo de
pretensiones es la antes señalada.
- Si bien es cierto los procesos constitucionales constituyen
un mecanismo procesal de tutela de urgencia y satisfactiva, no
resulta ser menos cierto que por su carácter excepcional y residual
sólo se puede acceder al proceso de amparo cuando se atente
contra derechos constitucionales directamente protegidos por la
Constitución; y dentro del marco de la función de ordenación del
Tribunal Constitucional, se hace indispensable para los casos de
materia laboral individual pública o privada, tramitadas en la vía
del proceso de amparo, la aplicación de los criterios establecidos
en la jurisprudencia vinculante Exp. N° 206-2005-AA/TC, a fin de
no desnaturalizar el carácter breve y expeditivo del proceso de
amparo.
- La pretensión del accionante debió ser declarada
improcedente, porque deviene en inadecuada la vía en la que
ella se propone para establecer la realidad de los fundamentos
que esgrime en su demanda, desde que por la urgencia de la
tutela que informan los procedimientos constitucionales, todos
ellos carecen de etapa probatoria, no permitiendo la actuación
de la probanza que con ese fin se requiere, habiendo para ello
previsto la ley otro tipo de acciones de las que bien puede servirse
el demandante de considerarlo conveniente, para insistir en el
derecho que alega y considera le ha sido conculcado, en lugar
del uso indiscriminado y sin sustento legal alguno de la acción
de garantía interpuesta; más aún tomando en cuenta el carácter
residual de las acciones de garantía constitucional. Es decir, aún
cuando resulten discrepantes las posiciones de las partes con
relación al derecho discutido, no debió declararse fundada la
demanda; toda vez, que la vía del amparo no era la idónea.
- En abundante jurisprudencia el Tribunal Constitucional ha
señalado para los trabajadores sujetos al régimen de la actividad
privada – Decreto Supremo N° 003-97-TR las causas justas de
despido están relacionadas con la capacidad y la conducta del
trabajador conforme a las artículos 23 y 24 del cuerpo legal antes
citado y previo procedimiento establecido en su artículo 31. Sin
embargo, debe también tenerse en cuenta, una corriente de
opinión en el propio Tribunal Constitucional, aunque minoritaria,
señala que “(…) en el empleo público no se puede aplicar la
misma mecánica del concepto de desnaturalización”, puesto que
una empresa sólo vela por sus intereses patrimoniales, mientras
que el Estado debe estar dotado de personal idóneo capaz de
resolver los problemas que día a día aquejan a cualquier entidad
del Estado teniendo por ello importancia especial la labor de los
trabajadores vinculados al ente estatal, ya que su desempeño
directa o indirectamente incidirá en los intereses de los peruanos,
y, por ello señala que resulta aplicable la Ley N° 28175 – Ley
Marco del Empleo Público, que señala que el acceso al empleo
público se realiza mediante concurso público y abierto, conforme
PROCESOS CONSTITUCIONALES54244
El Peruano
Domingo 18 de octubre de 2015
se ha señalado, entre otras sentencias, en el Exp. N° 03958-2010-
PA/TC.
- Bajo ese mismo criterio, también se ha establecido que
las sucesivas demandas de amparo interpuestas por personas
que -habiendo sido contratadas bajo determinada modalidad-
pretenden su reincorporación a determinado puesto como
trabajadores a plazo indeterminado, no hacen más que configurar
el mecanismo perfecto para burlar la normatividad que especifica
la forma de ingreso a las entidades públicas como trabajadores a
plazo indeterminado; precisamente, lo que se tiene que evitar es la
saturación de la Administración Pública, con trabajadores que no
han sido evaluados debidamente -puesto que no han pasado por
un concurso público-, poniéndose en tela de juicio la capacidad e
idoneidad de dicho personal.
- Finalmente, se rechaza la carente y defectuosa motivación
de la resolución apelada debiendo para tal efecto tenerse en
cuenta lo señalado por Eloy Espinosa-Saldaña Barrera en relación
a la motivación de las resoluciones judiciales, esto es: “dentro
de esta clasificación de las motivaciones defectuosas debemos
diferenciar entre dos distintas posibilidades: por un lado tenemos
a las motivaciones defectuosas en sentido estricto, aquéllas
que implican la afectación de los principios lógicos clásicos al
momento de fundamentar una decisión, o anotado con otras
palabras, las que vulneran principios como los de identidad, no
contradicción, tercio excluido o razón suficiente; pero de otra
parte, nos encontramos con las denominadas motivaciones
aparentes”, como aquellos casos en los que, “EN LO EXPUESTO
EN LOS CONSIDERANDOS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA
NO SE ENCUENTRAN LAS EXPLICACIONES SUFICIENTES
DE CÓMO LLEGÓ EL MAGISTRADO A ESA DECISIÓN. ES
DECIR, NO EXISTE LA POSIBILIDAD DE CONOCER EL
RAZONAMIENTO DEL JUEZ, Y POR ENDE SE CARECE DE
OPORTUNIDADES PARA VERIFICAR SI LA DECISIÓN TOMADA
FUE LA CORRECTA.
DE LA DOBLE INSTANCIA:
El artículo 364° del Código Procesal Civil [de aplicación
supletoria conforme a lo previsto por el artículo IX del Título
Preliminar del Código Procesal Constitucional] establece que: “El
recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional
superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la
resolución que le produzca agravio, con el propósito de que sea
anulada o revocada, total o parcialmente”, constituyéndose en
una expresión del sistema de instancia plural, conocida como un
recurso ordinario, frente a lo extraordinario de la casación.
Según MONROY GÁLVEZ,1
el recurso de apelación se
caracteriza porque sólo está concebido para afectar a través de
él autos y sentencias, es decir, resoluciones en las cuales haya
una decisión del juez originada en un análisis lógico jurídico
del hecho, o de la norma aplicable al hecho, a diferencia del
decreto que sólo es una aplicación regular de una norma
procesal impulsora del proceso; otro elemento característico del
recurso es que quien lo alega debe acreditar que la resolución
que impugna, además de producirle agravio, tiene en su
elaboración o génesis lógica un vicio o error, no sólo se trata
de que el recurrente alegue el agravio, sino que además, debe
fundamentar en qué consiste el vicio o error cometido en la
resolución que impugna; además, MONROY señala como otro
rasgo característico: su objeto, esto es, el pedido de un nuevo
examen, que es un medio para conseguir un fin, y éste puede
tener dos expresiones: sea anular la resolución impugnada si
se logra acreditar que ha sido expedida conteniendo un vicio
en su elaboración o contexto o, sea revocar la resolución, esto
significa hacerle perder su eficacia a fin de sustituirla por otra
que puede ser expedida por el mismo órgano jurisdiccional que
declaró su ineficacia o que éste ordene realizar tal acto al juez
que la expidió inicialmente.
En este sentido, el recurso de apelación -consecuencia del
principio de la doble instancia-2
es “el medio que permite a los
litigantes llevar ante el tribunal de segundo grado una resolución
estimada injusta, para que la modifique o revoque, según el caso”.
Finalmente, como dice DEVIS ECHEANDÍA, el examen de lo
resuelto por el Superior se extiende sobre los hechos y el
derecho, actuando para ello con plena jurisdicción.3
ANÁLISIS, VALORACIÓN Y RESPUESTA DEL COLEGIADO
SUPERIOR A LA PRETENSIÓN DE LA PARTE APELANTE:
1. El inciso 2, del artículo 200°, de la Constitución Política
del Perú, establece que el proceso de amparo procede contra
el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario
o persona que vulnera o amenaza los demás derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución con excepción
de los señalados en el inciso tercero; siendo que el objeto de las
acciones de garantía, como lo preceptúa el artículo 1° de la Ley
N° 28237 - Código Procesal Constitucional, es el de reponer las
cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de
un derecho constitucional.
2. En tal sentido, el espíritu de la institución del proceso
de amparo, como garantía de protección de los derechos
constitucionales, persigue mantener el equilibrio de poder de los
actos de la autoridad frente a los administrados, con la finalidad de
consolidarse la preeminencia jerárquica de la Constitución sobre
las demás normas del ordenamiento legal, para de esta forma
mantener la seguridad jurídica que debe imperar en un Estado de
Derecho; que atendiendo a este orden de ideas, debe analizarse y
resolverse la acción de garantía, para solucionar los conflictos de
modo justo y equilibrado, tanto más si la finalidad abstracta de un
proceso es lograr la paz social en justicia. El proceso de amparo
es un mecanismo extraordinario de tutela efectiva, remedio de
protección contra la violación de los derechos constitucionales,
la misma que tiene por objeto fundamental reponer las cosas
al estado anterior a la violación de derechos constitucionales.
La Ley Procesal Constitucional es excepcional y tuitiva, y para
otorgar tutela jurídica en un proceso de amparo es necesario la
concurrencia de determinados presupuestos como son: a) La
existencia de determinados derechos constitucionales violados o
amenazados de violación. b) Que, el hecho o la omisión materia
de violación de derechos constitucionales sea realizado por una
autoridad, funcionario o persona. c) Asimismo la relación directa
entre el hecho y la omisión que violan o amenacen derechos
constitucionales.
3. En el caso de autos, mediante escrito de fojas cincuenta y
dos a setenta y tres, don Johnny Medina Castañeda, interpone
demanda de Acción de Amparo, la misma que la interpone
por vulneración de sus derechos constitucionales al trabajo y
a la protección contra el despido arbitrario, consagrados en
los artículos 22º y 27º de la Carta Magna, respectivamente, y
como consecuencia de ello también por la protección de los
fundamentales derechos de igualdad ante la ley, debido proceso,
derecho de defensa y demás derechos conexos constitucionales;
todo ello a efectos de que judicialmente se declare ilegal la
finalización dada a su relación laboral con la entidad demandada,
plasmada en el Memorándum Nº 1239-2014-UAF-GAD-CSJHN/
PJ, de fecha 23 de junio del 2014 y consecuentemente se
disponga la reposición a su centro de trabajo en el cargo que
venía desempeñando desde antes de su despido incausado y la
elaboración de un contrato de trabajo a tiempo indeterminado.
4. Al respecto, cabe señalar que los contratos de trabajo
sujetos a modalidad, son aquéllos en los cuales las partes de la
relación laboral han establecido previamente un plazo de duración
para la prestación de servicios objeto del contrato. De este modo
se ha previsto que la relación laboral se extinguirá una vez vencido
el plazo señalado por las partes en el contrato de trabajo temporal.
Por el principio de causalidad se garantiza que el vínculo laboral
dure tanto como la fuente que dio origen. En virtud de ella, la
contratación temporal sólo procederá cuando la labor a desarrollar
sea de alcance limitado en el tiempo; este principio a su vez
denota la preferencia que existe por la contratación por tiempo
indefinido respecto de aquella que puede tener una duración
determinada, la cual procederá únicamente por la concurrencia
de determinadas circunstancias o por la naturaleza temporal o
accidental del servicio que se va a prestar o de la obra que se va
a ejecutar.4
5. Conforme a lo previsto por los artículos 54°, 55° y 56° del
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto
Supremo N° 003-97-TR, en cuanto a los Contratos de Trabajo
Sujetos a Modalidad, se tienen los siguientes:
- Contratos de naturaleza temporal: Dentro de los cuales
se distinguen:
a) El contrato por inicio o lanzamiento de una nueva actividad;
b) El contrato por necesidades del mercado;
c) El contrato por reconversión empresarial.
- Contratos de naturaleza accidental: Que, a su vez pueden
ser:
a) El contrato ocasional;
b) El contrato de suplencia;
c) El contrato de emergencia.
- Contratos de obra o servicio
a) El contrato específico;
b) El contrato intermitente;
c) El contrato de temporada.
6. Respecto a los requisitos formales para la validez de los
contratos, el artículo 72° de la norma legal acotada prescribe
que: “Los contratos de trabajo a que se refiere este Título
necesariamente deberán constar por escrito y por triplicado,
debiendo consignarse en forma expresa su duración, y las
causales objetivas determinantes de la contratación, así como las
demás condiciones de la relación laboral”.
7. Asimismo, el artículo 77° del mismo cuerpo legal, establece
que: “Los contratos de trabajo sujetos a modalidad se consideran
como de duración indeterminada:
a) Si el trabajador continúa laborando después de la fecha
de vencimiento del plazo estipulado, o después de las prórrogas
pactadas, si éstas exceden del límite máximo permitido;
b) Cuando se trata de un contrato para obra determinada o de
servicio específico, si el trabajador continúa prestando servicios
efectivos, luego de concluida la obra materia de contrato sin
haberse operado renovación;
c) Si el titular del puesto sustituido, no se reincorpora vencido
el término legal o convencional y el trabajador contratado
continuare laborando;
d) Cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación
o fraude a las normas establecidas en la presente ley.
PROCESOS CONSTITUCIONALESEl Peruano
Domingo 18 de octubre de 2015 54245
De la función pública
8. De otro lado, se debe precisar que la “función pública” debe ser
entendida como el desempeño de funciones en las entidades públicas
del Estado; la misma que suele distinguirse en dos tipos: la función
pública representativa y la función pública no representativa;5
siendo
que la función pública representativa está formada por funciones de
representación política y la no representativa alude a la función pública
profesionalizada, son ejemplos típicos los servidores públicos de la
administración estatal, regional, o municipal, y desde luego, los de
los poderes del Estado y, en general, de toda entidad pública; tanto
la función pública representativa como la no representativa deben ser
interpretadas de la manera más amplia posible. Cabe señalar que el
acceso a la función pública no representativa está regido por el principio
de acceso por mérito; y en el Estado Constitucional de Derecho, tal
como se halla configurado el Estado Peruano, es el principio basilar
que ha de regir la regulación de las condiciones de acceso a la función
pública.
9. La Constitución no contiene enunciado en la variedad de
derechos que exhibe, el derecho de acceso a la función pública
en condiciones de igualdad. Sin embargo, se trata de un derecho
que forma parte de nuestro ordenamiento constitucional y,
concretamente, el sistema de derechos constitucionales, porque
está reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos de los que el Estado peruano es parte.
Los tratados internacionales sobre derechos humanos de los
que el Estado Peruano es parte integran el ordenamiento jurídico,
ante ello debemos señalar lo prescrito en el artículo 55º de la
Constitución Política del Perú, que señala:
“Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte
del derecho nacional”.
Siendo que, el derecho internacional de los derechos humanos
forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y, por tal razón,
los tratados que lo conforman y a los que pertenece el Estado
peruano son:
“Derecho válido, eficaz y, en consecuencia, inmediatamente
aplicable al interior del Estado”.6
Esto es que, los derechos humanos enunciados en los
tratados que conforman nuestro ordenamiento vinculan a los
poderes públicos y, dentro de ellos, ciertamente, al legislador.
Tenemos pues, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos
que conforman el ordenamiento jurídico PeruaNº Tanto uno y otro
reconoce el derecho de acceso a la función pública en igualdad
de condiciones.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
establece en el artículo 25°, inciso c):
“Artículo 25.- Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de
las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones
indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: (…)
c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las
funciones públicas de su País”.
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en el artículo 23°, numeral 1, literal c), establece que:
“Artículo 23. Derechos Políticos.
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes
derechos y oportunidades:
(…)
c) De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a
las funciones públicas de su País.
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y
oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente
por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción,
capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en
proceso penal”.
En tal contexto, en el contenido de este derecho podemos
diferenciar lo siguiente: a) acceso a la función pública, b)
condiciones de igualdad en el acceso.
Por un lado, se reconoce en cuanto derecho subjetivo el
acceso a la función pública, esto es, la facultad de incorporarse
a la función pública por parte de cualquier ciudadaNº Se trata
aquí del bien jurídico como objeto de protección (acceso a la
función pública). Por otro, en cambio, se establece una exigencia
particular del acceso: la igualdad de condiciones.
10. El derecho de acceso a la función pública detenta un bien
jurídico autónomo de protección: el acceso a la función pública, la
participación en la función pública. La igualdad de las condiciones
del acceso representa, así, sólo un contenido, una parte, más no
el todo, de este derecho fundamental.
Respecto a la naturaleza jurídica de este derecho,7
resulta
necesario esclarecer que el derecho de acceso a la función
pública constituye un derecho de participación, sino más bien
una manifestación del status activae civitatis. No se trata de un
derecho de defensa o de libertad, tampoco se trata de un derecho
de protección o de prestación porque no posibilita el acceso
a bienes protegidos por los derechos económicos, sociales y
culturales.
El derecho de acceso a la función pública pertenece al ámbito
de derechos que implican una intervención en la cosa pública de
las personas en tanto miembros de una comunidad política. En
tal sentido, el bien protegido por este derecho fundamental es la
intervención o participación en la función pública. El contenido de
este derecho por excelencia, es la facultad de acceder o intervenir
en la gestión de la cosa pública, esto es, en el ejercicio de una
función pública; puesto que los contenidos de este derecho son
los siguientes:
a) Acceder o ingresar a la función pública.
b) Ejercerla plenamente.
c) Ascender en la función pública.
d) Condiciones iguales de acceso.
11. En el entendido de que la carrera administrativa constituye
un bien jurídico constitucional, el acceso a la Administración
Pública tiene como principio consustancial el principio de mérito;
tenemos pues a la Ley N° 28175, Marco del Empleo Público,
en cuyo artículo, 5°, señala que el acceso al empleo público se
realiza mediante concurso público y abierto, en base a los méritos
y capacidad de las personas.
El Tribunal Constitucional, en las sentencias recaídas en
el Expediente N° 00020-2012-PI/TC FJ 56) ha destacado la
importancia de la meritocracia (mérito personal y capacidad
profesional) para el ingreso a la Administración Pública,
estableciendo que ésta constituye un criterio objetivo fundamental
en el ingreso y permanencia en la actividad estatal para la
prestación de un servicio público.
Aplicación del Precedente Vinculante
12. Se debe tener en cuenta que si bien en anteriores procesos de
amparo,esteColegiadohavenidoacogiendoyconfirmandosentencias
de primera instancia en las que se declaró fundada la demanda de
amparo planteadas por trabajadores contra la Corte Superior de
Justicia de Huánuco, en los que había operado la desnaturalización
de los contratos de trabajo, con la consecuente de la reposición del
trabajador en el mismo cargo que había ocupado o en otro similar de
igual categoría o nivel; sin embargo, ha adoptado un cambio de criterio8
en vista de la dación del Pleno del Tribunal Constitucional establecido
en la sentencia expedida en el Expediente N° 05057-2013-PA/TC,9
que establece como precedente vinculante en los casos en los que
el demandante no ha ingresado a la Administración Pública mediante
“concurso público de méritos para una plaza presupuestada y vacante
de duración indeterminada”, lo siguiente –Fundamento 18: “Siguiendo
los lineamientos de protección contra el despido arbitrario y el derecho
al trabajo, previstos en los artículos 27° y 22° de la Constitución, el
Tribunal Constitucional estima que en los casos que se acredite la
desnaturalización del contrato temporal o del contrato civil no
podrá ordenarse la reposición a tiempo indeterminado, toda vez
que esta modalidad del Decreto Legislativo 728, en el ámbito de
la Administración Pública, exige la realización de un concurso
público de méritos respecto de una plaza presupuestada y
vacante de duración indeterminada…”, por lo que siendo así, este
Colegiado se aparta de los criterios jurisdiccionales anteriores, y se
adecua a dicho pleno vinculante.
13. Si bien el presente proceso se inició con anterioridad a la
expedición de la aludida sentencia que establece el precedente
vinculante, sin embargo, conforme a lo previsto por el artículo
VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, se
debe tener en cuenta que dicha sentencia fija como otro de sus
precedentes vinculantes, las reglas procedimentales aplicables
en materia de reposición como trabajadores de duración
indeterminada en la Administración Pública, estableciendo en
su Fundamento 21 lo siguiente: “En cuanto a sus efectos
temporales de la presente sentencia, cabe precisar que las
reglas establecidas por el Tribunal Constitucional como precedente
vinculante (entre ellas la exigencia de que la incorporación o
“reposición” a la Administración Pública sólo proceda cuando
el ingreso del trabajador se haya realizado mediante concurso
público y abierto para una plaza presupuestada, vacante de
duración indeterminada) deben ser de aplicación inmediata a
partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial El
Peruano, incluso a los procesos de amparo que se encuentren
en trámite ante el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional”;
por lo que siendo ello así, la sentencia expedida por el Tribunal
Constitucional, es de aplicación plena al presente caso.
14. Ahora bien, teniendo en cuenta la citada sentencia,
es indispensable, para ordenar la reposición en los términos
que exige la parte demandante, que se analice y verifique que
se cumplan determinadas reglas establecidas que constituyen
precedente vinculante, las cuales son determinantes para resolver
si a través de la vía del proceso constitucional de amparo se
ordenará o no su reincorporación como trabajador con un contrato
laboral a plazo indeterminado.
Análisis de la cuestión controvertida
15. Analizados los presentes actuados, de la revisión de los
contratos obrantes de fojas tres a veintiuno, se advierte que el
demandante laboró para la demandada, durante los siguientes
períodos:
a) Desde el 01 de junio hasta el 30 de setiembre del 2011,
como Apoyo Administrativo en las Comunicaciones del
Módulo Penal, mediante Contrato Administrativo de Servicios
N° 83-2011-CSJHN/PJ.
b) Desde el 01 de octubre hasta el 31 de diciembre del 2011,
como Apoyo Administrativo en las Comunicaciones del
Módulo Penal, mediante Adenda al Contrato Administrativo de
Servicios N° 83-2011-CSJHN/PJ.
PROCESOS CONSTITUCIONALES54246
El Peruano
Domingo 18 de octubre de 2015
c) Desde el 01 de enero hasta el 29 de febrero del 2012,
como Apoyo Administrativo en las Comunicaciones del
Módulo Penal, mediante Adenda al Contrato Administrativo de
Servicios N° 83-2011-CSJHN/PJ.
d) Desde el 01 de marzo hasta el 30 de abril del 2012, como
Apoyo Administrativo en las Comunicaciones del Módulo
Penal, mediante Adenda al Contrato Administrativo de
Servicios N° 83-2011-CSJHN/PJ.
e) Desde el 01 hasta el 31 de mayo del 2012, como Apoyo
Administrativo en las Comunicaciones del Módulo Penal,
mediante Adenda al Contrato Administrativo de Servicios N°
83-2011-CSJHN/PJ.
f) Desde el 01 hasta el 30 de junio del 2012, como Asistente
de Comunicaciones, mediante Contrato de Trabajo para
Servicio Específico.
g) Desde el 01 hasta el 31 de julio del 2012, como Asistente
de Comunicaciones, mediante Contrato de Trabajo para
Servicio Específico.
h) Desde el 01 hasta el 31 de agosto del 2012, como
Asistente de Comunicaciones, mediante Contrato de Trabajo
para Servicio Específico.
i) Desde el 01 de setiembre hasta el 31 de octubre del 2012,
como Auxiliar Administrativo I, mediante Contrato de Trabajo
para Servicio Específico.
j) Desde el 01 de noviembre hasta el 31 de diciembre del 2012,
como Auxiliar Administrativo I, mediante Contrato de Trabajo
para Servicio Específico.
k) Desde el 01 de enero hasta el 31 de marzo del 2013, como
Auxiliar Administrativo I, mediante Contrato de Trabajo para
Servicio Específico.
l) Desde el 01 de abril hasta el 30 de junio del 2013, como
Auxiliar Administrativo I, mediante Contrato de Trabajo para
Servicio Específico.
m) Desde el 01 de julio hasta el 31 de agosto del 2013, como
Técnico Judicial, mediante Contrato de Trabajo para Servicio
Específico.
n) Desde el 01 de setiembre hasta el 31 de diciembre del
2013, como Técnico Judicial, mediante Contrato de Trabajo
para Servicio Específico.
o) Desde el 01 de enero hasta el 31 de marzo del 2014, como
Auxiliar Judicial, mediante Contrato de Trabajo de Naturaleza
Accidental por Suplencia, para cubrir la ausencia del servidor
judicial Juan José Melgarejo Hurtado, por encontrarse con
promoción de Técnico Judicial.
p) Desde el 01 hasta el 30 de abril del 2014, como Auxiliar
Judicial, mediante Contrato de Trabajo de Naturaleza
Accidental por Suplencia, para cubrir la ausencia del servidor
judicial Juan José Melgarejo Hurtado, por encontrarse con
promoción de Técnico Judicial.
q) Desde el 01 hasta el 31 de mayo del 2014, como Auxiliar
Judicial, mediante Adenda de Contrato de Trabajo de
Naturaleza Accidental por Suplencia, para cubrir la ausencia
del servidor judicial Juan José Melgarejo Hurtado, por encontrarse
con promoción de Técnico Judicial.
r) Desde el 01 hasta el 30 de junio del 2014, como Auxiliar
Judicial, mediante Contrato de Trabajo de Naturaleza
Accidental por Suplencia, para cubrir la ausencia del servidor
judicial Juan José Melgarejo Hurtado, por encontrarse con
promoción de Técnico Judicial.
16. Siendo así, resulta evidente que la modalidad contractual
que sustentó la última relación laboral mantenida entre las
partes fue por Contratos de Trabajo de Naturaleza Accidental
por Suplencia. Al respecto, se debe precisar que el Contrato de
Suplencia se encuentra regulado en el artículo 61° del Texto Único
Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-
97-TR, que expresamente señala que: “El contrato accidental de
suplencia es aquel celebrado entre un empleador y un trabajador
con el objeto que éste sustituya a un trabajador estable de la
empresa, cuyo vínculo laboral se encuentre suspendido por
alguna causa justificada prevista en la legislación vigente, o por
efecto de disposiciones convencionales aplicables en el centro
de trabajo. Su duración será la que resulte necesaria según las
circunstancias”. Para el Tribunal Constitucional este contrato
“(…) tiene como objetivo la contratación eventual de personal
de reemplazo, es decir, para suplir la ausencia de un trabajador
estable cuyo vínculo laboral se encuentra en suspenso temporal.
Éste se erige como una solución al empleador para que no paralice
su actividad durante la suspensión de las relaciones laborales,
sea por motivo de caso fortuito o fuerza mayor, permitiéndole
contratar de forma eventual a un trabajador que realice las labores
paralizadas”.10
En tal sentido, la temporalidad del contrato de suplencia
deriva de la sustitución no definitiva de un trabajador estable de
la empresa, cuya relación de trabajo se encuentre suspendida
o que por razones de orden administrativo deba desarrollar
temporalmente otras labores en el mismo centro de trabajo. En
consecuencia, el Tribunal Constitucional considera que el contrato
de suplencia se celebra con fraude al Decreto Supremo N° 003-
97-TR cuando el trabajador suplente no ocupa el puesto del
trabajador sustituido para el cual fue contratado, sino otro puesto
o cargo de trabajo.
17. Determinado ello, correspondería determinar si los
contratos modales suscritos por el demandante con la entidad
emplazada se habrían desnaturalizado y convertido en un
contrato a plazo indeterminado y en atención a ello, establecer si
sólo podía ser despedido por una causa justa relacionada con su
conducta o capacidad laboral. A este respecto, el demandante
ha laborado en forma ininterrumpida por espacio de tres años;
conforme se advierte de los contratos de fojas tres a veintiuno
de autos; por lo tanto, para dilucidar la controversia se evaluará
el período laborado por el demandante mediante contratos
modales, que va desde el 01 de junio del 2012 hasta el 30 de
junio del 2014 y, además, los servicios prestados anterior a dicho
periodo, fueron en la modalidad de Contratos Administrativos de
Servicios; asimismo, de la cláusula tercera del Contrato de Trabajo
para Servicio Específico,11
suscrito entre las partes con fecha
01 de junio del 2012, se aprecia que la entidad demandada no
ha cumplido con la exigencia legal de precisar en qué consiste,
justamente, el servicio para el cual fue contratado el demandante,
pues, en dicha cláusula sólo se consigna: “Que en tanto la Corte
Superior de Justicia de Huánuco, convoque a concurso de mérito
para la adjudicación de la plaza señalada en la cláusula primera,
se requiere cubrir las necesidades de recursos humanos, a fin
de mantener debidamente operativos los servicios que presta.”
Ahora bien, de la cláusula transcrita puede concluirse que en el
contrato mencionado se ha omitido consignar la causa objetiva
específica que autorizó la contratación temporal del demandante y
no permanente. Dicha cláusula se repite en todos los contratos de
trabajo para servicio específico de fojas diez a catorce de autos;
al respecto el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en
el Expediente N° 829-2011-AA, ha señalado de manera expresa
y reiterada que: “Los contratos de trabajo (modales) deberán
constar por escrito y por triplicado, debiendo consignarse en
forma expresa su duración, y las causas objetivas determinantes
de la contratación, así como las demás condiciones de la relación
laboral”; advirtiéndose que en el caso de autos, en los contratos de
fojas nueve y siguientes, se ha obviado consignar la causa objetiva
determinante de la contratación, requisito esencial de los contratos
sujetos a modalidad, habiéndose la demandada limitado a indicar
que el demandante va a desarrollar las funciones de Asistente de
Comunicaciones y Auxiliar Administrativo I, debiendo someterse
al cumplimiento estricto de las normas y las responsabilidades
para las cuales ha sido contratado,12
pero no especifica la causa
objetiva determinante de la contratación.
En tal sentido, como lo ha sostenido el A quo en la sentencia
de primera instancia, el contrato modal del demandante se habría
desnaturalizó al no establecerse la causa objetiva de contratación,
por lo que éste debería ser considerado como de duración
indeterminada, conforme lo determina el inciso d) del artículo 77° del
Decreto Supremo N° 003-97-TR, y a tenor de lo establecido por el
Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, razón por la que
el actor sólo podía ser despedido por una causa justa relacionada
con su conducta o capacidad laboral, por lo que la ruptura del vínculo
laboral, sustentada en el vencimiento del plazo del contrato, tendría
el carácter de un despido arbitrario, frente a lo cual procedería la
reposición como finalidad eminentemente restitutoria de todo proceso
constitucional de tutela de derechos fundamentales; empero,
siguiendo el criterio del Tribunal Constitucional establecido en la
sentencia del precedente vinculante (Expediente N° 05057-2013-
PA/TC JUNÍN, Fundamento 22), y no siendo posible que en este
proceso de amparo, el demandante pueda ser reincorporado, por no
haber ingresado a laborar para la demandada por concurso público
de méritos para una plaza presupuestada, vacante, de duración
indeterminada, tal como se desprende de autos, corresponde que
el A Quo reconduzca el presente proceso a la vía ordinaria laboral
a efectos de que la parte demandante solicite la indemnización que
corresponda, conforme a lo previsto en el artículo 38° del Texto Único
Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, debiendo tener en cuenta
que en dicha vía proseguirá el trámite conforme a la ley procesal de la
materia y no debe ser rechazada por la causal de extemporaneidad,
debiendo entenderse presentada y admitida la demanda laboral, para
lo cual el Juez Laboral otorgará al demandante un plazo razonable a
efectos de que adecúe su demanda conforme a las reglas previstas
para la etapa postulatoria del proceso laboral; si transcurrido dicho
plazo el demandante no realiza la adecuación correspondiente,
se procederá al archivo de proceso; razones por las cuales este
Colegiado en aplicación de la sentencia vinculante antes citada,
concluye que la presente sentencia debe ser revocada y reconducida
conforme corresponda.
DECISIÓN:
Por los fundamentos fácticos y jurídicos, sin reproducir los
fundamentos de la apelada y en aplicación del artículo 40°, inciso
1, del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS,
REVOCARON: la Sentencia Nº 330-2015-1°JC-CSJHN,
contenida en la resolución número diez, de fecha once de mayo
del año dos mil quince, que obra de fojas doscientos veintiocho a
doscientos cincuenta y dos, que FALLA:
1) Declarando FUNDADA la demanda de fojas cincuenta y dos
a setenta y tres, interpuesta por JOHNNY MEDINA CASTAÑEDA,
sobre Proceso de Amparo contra el PRESIDENTE DE LA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUÁNUCO debidamente
representado por el Dr. Jorge Carlos Castañeda Espinoza;
2) NULO el despido arbitrario de que fue objeto la demandante,
mediante Memorándum N° 1239-2014-UAF-GAD-CSJHN/PJ de
fecha 23 de Junio del 2014;
3) ORDENA a la entidad demandada cumpla con reponer a la
demandante JOHNNY MEDINA CASTAÑEDA en el cargo que venía
desempeñando o en otro similar de igual categoría o nivel, dentro del
PROCESOS CONSTITUCIONALESEl Peruano
Domingo 18 de octubre de 2015 54247
plazo de DOS DÍAS de consentida o ejecutoriada sea la presente
sentencia, con la remuneración que le corresponde conforme a su
cargo; bajo apercibimiento de aplicársele las medidas coercitivas
prescritas en el artículo 22° y 59° del Código Procesal Constitucional.
4) SE PUBLIQUE en el Diario Oficial El Peruano, con arreglo a
lo dispuesto en la Cuarta Disposición Final de la Ley 28237 Código
Procesal Constitucional.
5) Con costos procesales
REFORMÁNDOLA: DECLARARON IMPROCEDENTE la
demanda de fojas cincuenta y dos a setenta y tres, interpuesta
por JOHNNY MEDINA CASTAÑEDA, sobre Proceso de Amparo
contra el PRESIDENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE HUÁNUCO debidamente representado por el Dr. Jorge Carlos
Castañeda Espinoza; y, estando a los fundamentos que preceden,
DISPUSIERON: que, el A Quo reconduzca el proceso a la vía
ordinaria laboral a efectos de que la parte demandante solicite
la indemnización que corresponda, conforme a lo previsto en el
artículo 38° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo
N° 728, debiendo tener en cuenta que en dicha vía proseguirá
el trámite conforme a la ley procesal de la materia y no debe
ser rechazada por la causal de extemporaneidad, debiendo
entenderse presentada y admitida la demanda laboral, para lo
cual el Juez Laboral otorgará al demandante un plazo razonable a
efectos de que adecúe su demanda conforme a las reglas previstas
para la etapa postulatoria del proceso laboral; si transcurrido dicho
plazo el demandante no realiza la adecuación correspondiente, se
procederá al archivo de proceso, conforme se tiene expuesto en
el Considerando 17 de la presente.
ORDENARON: PUBLICAR la presente resolución en el
Diario Oficial El Peruano, con arreglo a lo dispuesto en la Cuarta
Disposición Final de Código Procesal Constitucional.
Y los devolvieron.- NOTIFÍQUESE con las formalidades de ley.
Juez Superior Ponente: señora Cornelio Soria.
Sres.
GONZÁLEZ AGUIRRE
CORNELIO SORIA
FERNÁNDEZ LAZO
1
MONROY GÁLVEZ, Juan, “Los medios impugnatorios en el Código Pro-
cesal Civil”. En: MONROY GÁLVEZ, Juan, La Formación del Proceso Civil
Peruano (Escritos reunidos), 2da. Edición Aumentada, Palestra Editores,
Lima, 2004, pp. 247 y 243.
2
ALSINA Hugo, Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comer-
cial, Cit. pp. 206. CHIOVENDA Giuseppe, Instituciones de Derecho Proce-
sal Civil, traducción del italiano y notas de Derecho Español por E. Gómez
Orbaneja, volumen I, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1954, p.
366.
3
ALSINAHugo, “Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comer-
cial”, Ob. Cit., pp. 208-209.
4
DOLORIEL TORRES, Javier. Tratado Práctico de Derecho Laboral,, Gaceta
Jurídica, Octubre 2010, Tomo I, Pág. 28.
5
PULIDO QUECEDO, Manuel El acceso a los cargos y funciones públicas,
cit., pp. 71 y sgte. 177, 351 y ss.
6
Sentencia recaída en el Exp. Nº 5854-2005-PA/TC, fundamento Nº 22, cur-
siva añadida.
7
Sobre este derecho V. Terranova, Salvatore “Funzionario (Diritto Pubblico)”,
en Enciclopedia del Diritto, Giuffrè Editore, Milano, 1969, Vol. XVIII, pp. 280
y ss.; Giannini, Máximo Severo “Impiego Pubblico (profili storici e teorici)”, en
Enciclopedia del Diritto, Giuffrè Editore, Milano, 1970, Vol. XX, pp. 293 y ss.;
García Torres, J. “Derecho de acceso a los cargos públicos”, en Enciclope-
dia Jurídica Básica, Edit. Civitas, Madrid, 1995, Vol. II, pp. 2208 y ss.; Pulido
Quecedo, Manuel El acceso a los cargos y funciones públicas, Edit. Civitas
S.A., Madrid, 1992; García-Trevijano Garnica, Ernesto. “Consideraciones en
torno al derecho de igualdad en el acceso a la función pública”, en Revista
de Administración Pública, Núm. 121, 1990, pp. 247 y ss; Pulido Quecedo,
Manuel “Algunas consideraciones sobre el acceso a cargos y funciones pú-
blicas”, en Revista Española de Derecho Constitucional, Año 10, Núm. 30,
Madrid, 1990, pp. 161 y ss.
8
EXP. N° 533-2014 y EXP. N° 235-2014
9
Pleno del Tribunal Constitucional establecido en la sentencia Precedente
Vinculante expedida en el Expediente N° 05057-2013-PA/TC .de fecha 16-
04-2015.
10
Citado por Javier Dolorier Torres. Derecho Individual al Trabajo. Gaceta Ju-
rídica. Tomo I. Octubre 2010. Pág. 32
11
Véase a fojas 09
12
Véase cláusula tercera y cuarta de los respectivos contratos.
W-1292107-1
PROCESO DE AMPARO
SALA MIXTA DE PISCO
EXPEDIENTE Nº: 269-2014-0-1411-JR-CI-01
DEMANDANTE : JUSTO CASIA DAVILA
DEMANDADO : MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y
OTROS.
MATERIA : ACCIÓN DE AMPARO
PROCEDENCIA: JUZGADO ESPECIALIZADO CIVIL
DE PISCO.
RESOLUCIÓN Nº 10.
Pisco, cinco de agosto del año dos mil quince.
SENTENCIA DE VISTA
VISTOS; Con observancia de las formalidades previstas en
el Artículo 131° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, interviene en calidad de ponente el señor Juez
Superior Dante Martín Gutiérrez Martínez.
CONSIDERANDO:
I.- DE LA RESOLUCION MATERIA DE APELACIÓN.
Es materia de grado la sentencia contenida en la resolución
número seis de fecha veinte de abril del dos mil quince obrante
a folios ciento ocho y siguientes, por medio del cual se declaró
Infundada la demanda de folios cincuentidos y siguientes
interpuesto por don Justo Casia Dávila, contra el Ministerio de
Educación, Procurador Público del Ministerio de Educación,
Dirección Regional de Educación de Ica, Procurador Publico
Regional, Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de
Pisco, sobre Proceso de Amparo; y, en consecuencia, ordena que
consentida o ejecutoriada que sea la sentencia se de cumplimiento
a la Cuarta Disposición Final y Transitoria del Código Procesal
Constitucional.
Interpone recurso de apelación el defensor técnico del
demandante a [fs.126-133].
II.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN.
2.1. Mediante escrito obrante a folios ciento veintiséis y
siguientes, el defensor técnico del demandante interponen
recurso de apelación contra la sentencia contenida en la
resolución descrita en el primer considerando, bajo los
siguientes FUNDAMENTOS:
a) Que, la sentencia es absolutamente incongruente, viola
el debido proceso y la tutela procesal efectiva, porque no hay
congruencia entre lo que el juez evalúa en la parte considerativa
y en lo que ha resuelto en la parte del fallo; asimismo señala que
como podría quedar conforme que se aplique retroactivamente
una disposición administrativa arbitraria actual, a lo que una norma
legal de antigua data, le ha conferido un derecho, sin que exista
norma legal alguna que faculte cesar a los directores en el cargo,
de lo que fluye la violación de la seguridad jurídica, por lo que
se impone una norma arbitraria, desproporcionada que somete
a los directores a una evaluación excepcional fuera del contexto
legal, omitiendo el A quo que lo excepcional no es normal, no es
equitativo, no está dentro de la seguridad sino que se escapa de
la seguridad jurídica ante una situación de emergencia, indicando
que el A quo ha aplicado una disposición anómala, extraña
extraordinaria, excepcional a quienes tienen derechos adquiridos
con antigüedad, merced a una norma legal que confiere ese
derecho.
b) Señala a su vez que el razonamiento del juez de
primera instancia es inaceptable en un sistema democrático
y constitucional de derecho en donde tiene que prevalecer la
Constitución por encima de cualquier arbitrariedad y el Principio
ético de proporcionalidad y el Principio lógico de razonabilidad
compatibilizan como un mecanismo de control de la arbitrariedad
y por ende confluyen en la recta administración de la justicia.
c) De igual modo indica, el A quo no ha aplicado los artículos
3° y 5° de la Ley N° 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo
General”, los artículos 1°, 43°, 44° 51° y 103° de la Constitución,
omitiendo administrar justicia conforme a lo que dispone el articulo
138° de la Constitución, entre otros argumentos que allí expone.
III.- DEL PROCESO CONSTITUCIONAL DE AMPARO.
3.1. De conformidad con lo previsto por el Artículo 1º del
Código Procesal Constitucional, el proceso de amparo tiene por
finalidad proteger los derechos constitucionales, reponiendo las
cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de
un derecho constitucional.
3.2. Por su parte el inciso 2) del Artículo 200º de la Constitución
Política del Estado establece que el proceso de amparo procede
contra el acto u omisión por parte de cualquier persona, que
vulnera o amenaza los derechos reconocidos por la Constitución
distintos de aquellos protegidos por el hábeas corpus (libertad y
derechos conexos) y el hábeas data (acceso a la información y
autodeterminación informativa). En tal sentido, es presupuesto
para la procedencia de esta clase de procesos que el derecho
que se alegue afectado sea uno directamente reconocido por la
Constitución.
3.3. Por ello, el proceso de amparo es pues por excelencia la
máxima expresión protectora de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales, cuya tutela efectiva cuando la afectación
es evidente, consiste en reponer las cosas al estado anterior del
acto cuestionado. Esto es, Procede en casos de afectación directa
de los derechos fundamentales (expresos o implícitos), e implica
ante todo, determinar si la supuesta afectación que ocasiona el
acto u omisión reputada de inconstitucional, efectivamente incide
en el ámbito que resulta directamente protegido por dicho derecho.
3.4. Así mismo y conforme ha quedado establecido en
múltiples jurisprudencias emitida por el Tribunal Constitucional, el
Proceso de Amparo constituye una acción destinada a proteger
PROCESOS CONSTITUCIONALES54248
El Peruano
Domingo 18 de octubre de 2015
derechos consagrados en nuestra Carta Constitucional (distintos
a los protegidos por el hábeas corpus y el hábeas data) y para
ser estimado requiere de la invocación de uno o más hechos
descubiertos, patentes y claros que constituyan arbitrariedad o
ilegalidad, sean realizados por comisión u omisión, siendo por ello
su objeto, el reponer las cosas al estado anterior a la violación o
amenaza de violación del derecho constitucional.
3.5. Igualmente y no obstante lo glosado, el Tribunal
Constitucional ha reconocido también en más de una oportunidad
que en el Proceso de Amparo no se dilucida la titularidad de
un derecho como ocurre en un proceso ordinario, sino sólo se
restablece su ejercicio. Ello supone, como es obvio, que quien
solicita tutela en esta vía tiene que acreditar, mínimamente, la
titularidad del derecho constitucional cuyo restablecimiento invoca,
en tanto que este requisito constituye un presupuesto procesal; a lo
que se suma la exigencia de tener que demostrar la existencia del
acto cuestionado. Dicho en otras palabras, el proceso de Amparo
constituye, en buena cuenta, un proceso al acto en el sentido
de que el juez no tiene tanto que actuar pruebas, sino juzgar, en
esencia, sobre su legitimidad o ilegitimidad constitucional.
IV.- ANTECEDENTES.
4.1. Es importante precisar que al amparo de lo regulado por
el artículo 3° del Código Procesal Constitucional, la demandante
interpone demanda constitucional de amparo en contra del
Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Educación de
Ica y la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de
Pisco obrante a folios treintiseis y siguientes, con la finalidad de
que mediante sentencia se declare la nulidad e inaplicabilidad
para la accionante del Decreto Supremo N° 003-2014-MINEDU,
como pretensión principal y como pretensión accesoria solicita se
declare la nulidad e inaplicabilidad de la Resolución Ministerial N°
204-2014-MINEDU y Resolución Ministerial N° 214-2014-MINEDU,
asimismo solicita se respete el derecho adquirido en el cargo de
Directora de la Institución Educativa Inicial N° 194 de la Provincia
de Pisco y Departamento de Ica, a fin de que se suprima la
violación de sus derechos constitucionales al derecho al trabajo,
a la igualdad ante la Ley, al carácter irrenunciable de los derechos
reconocidos en la Constitución, al debido proceso y a la protección
contra el despido arbitrario.
4.2. Como sustento de su pretensión señala que, el recurrente
fue nombrado como Director del Centro Educativo N° 22014 de
Cocas (Castrovirreyna), Luego fue reasignado al Centro Educativo
N° 22257- San Juan de Yanac – Chincha, posteriormente fue
designado Subdirector del Colegio José Carlos Mariategui de
San Clemente, mediante Resolución Directoral 00247 del 02 de
Noviembre de 1989 y posteriormente por Resolución Directoral
N° 0782 de fecha 29 de diciembre de 1993, mediante concurso
público fue designado Director de la Escuela N° 22462 del Distrito
y Provincia de Pisco, Departamento de Ica, fecha desde la cual
viene desempeñándose en el cargo con transparencia, equidad
y una gestión administrativa eficiente, asimismo señala que le
ubican y le adecuan su plaza de director a lo dispuesto en la ley
de reforma magisterial Ley N° 29944, lo que dispone continuar en
el cargo de Directora y que por tanto, le corresponde la evaluación
en el desempeño del cargo directivo al término de los tres años
que dura su gestión, tal como lo establece el articulo 38 de la Ley
N° 29944 y el articulo 62 del Decreto Supremo N° 004-2013-ED.
4.3. Asimismo refiere que, el artículo 38° de la Ley N° 29944
Ley de Reforma Magisterial y el artículo 62 de su Reglamento
D.S. N° 004-2013-ED, establece la evaluación en el desempeño
en el cargo al término de su periodo de gestión y es la aprobación
de esa evaluación que determina su continuidad en al cargo,
y la desaprobación su retorno al cargo docente, y que dicha
evaluación en el desempeño en el cargo se realiza al término
del plazo de duración del cargo establecido en la Ley, señalando
que en ningún artículo de la Ley se establece una evaluación
excepcional antes de cumplir el periodo de gestión de 03 años,
ello colisiona con el texto expreso de su nombramiento como
Director del Centro Educativo N° 22462 del Distrito, Provincia de
Pisco y Departamento de Ica, que tiene el carácter de indefinido.
4.4. Señala también que en la interpretación de la Teoría de
los Hechos Cumplidos, y al haberles adecuado al nuevo marco
normativo de la Ley N° 29944, que fue publicado el veinticinco
de noviembre del dos mil doce, se da inicio a un nuevo periodo
de gestión de Director de tres años, que dura hasta el veinticinco
de noviembre del dos mil quince y que inclusive al terminar dicho
periodo le corresponde ser evaluada (evaluación del desempeño
en el cargo) conforme está previsto en el artículo 38 de la Ley de
Reforma Magisterial regulado en el artículo 62° de su Reglamento,
para ser ratificado en el cargo o ser retornado a su plaza de origen,
por lo señala que dicha evaluación en el desempeño del cargo
no puede ser realizado antes de éste periodo por legalidad y el
adecuado debido proceso.
4.5. De igual modo indica que el Ministerio de Educación al
haber publicado el 20 de mayo del 2014, el Decreto Supremo
N° 003-2014-MINEDU mediante el cual incorpora al Reglamento
de la Ley N° 29944, ley de Reforma Magisterial aprobado
por Decreto Supremo N° 004-2013-ED la Décima Primera
Disposición Complementaria, en cuyo contenido crea un
Procedimiento Excepcional de Evaluación para los profesores
que se desempeñaban como Directores o Subdirectores en
las Instituciones Educativas Públicas, el mismo que no tiene
sustento legal alguno en la Ley de Reforma Magisterial N° 29944,
ya que la ley, y ningún título, capitulo, artículo, disposiciones
complementarias y/o transitoria final, faculta al Ministerio de
Educación, entidad demandada, a aprobar un cuerpo normativo
reglamentario que sirva para implementar el inconstitucional
procedimiento excepcional de evaluación para profesores que
se desempeñaban como Directores o Subdirectores en las
Instituciones Educativas Públicas, creando nuevos instrumentos
de evaluación (habilidades requeridas para el desempeño del
cargo, tales como la prueba de comprensión de textos funcionales
al ejercicio directivo y a la prueba de solución de casos, ambas
consideradas en el numeral 6.3.1 de las normas técnicas
aprobadas mediante R.M. N° 204-2014-MINEDU) que no están
contempladas de modo alguno en la Ley de Reforma Magisterial
N° 29944, es decir creando un procedimiento de evaluación, con
instrumentos y criterios que están al margen de lo que prevé la ley
de Reforma Magisterial y cuya finalidad es solo declarar vacante
la plaza que ocupa, por lo que dicha convocatoria tiene indicios
de infracción de derechos fundamentales o constitucionales al
pretender someter a un procedimiento distinto de los previamente
establecidos, prohibición contemplada en el numeral 3 del articulo
139 de la Constitución Política del estado; entre otros argumentos
allí expuestos.
V.- ANALISIS CONCRETO DEL CASO.
5.1. El Decreto Supremo N° 003-2014-MINEDU, incorpora al
Reglamento de la Ley N° 29944, la Décima Primera Disposición
Complementaria Transitoria que crea un procedimiento
excepcional de evaluación de profesores que desempeñan el
cargo de Directores y Subdirectores.
5.2. La Resolución Ministerial N° 204-2014-MINEDU de fecha
21 de mayo de 2014, aprueba la Norma Técnica denominada
“Normas para la Evaluación Excepcional prevista en el Décima
Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento
de la Ley de Reforma Magisterial”.
5.3. La Resolución Ministerial N° 214-2014-MINEDU de fecha
27 de Mayo de 2014, Convoca al procedimiento excepcional de
evaluación para los profesores que se desempeñan como director
o subdirector en instituciones educativos públicas, en virtud a lo
dispuesto en la Décima Primera Disposición Complementaria
Transitoria del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial,
el cual se llevará a cabo conforme a lo establecido en la Norma
Técnica aprobada mediante Resolución N° 204-2014-MINEDU y
Aprueba el Cronograma del Procedimiento Excepcional.
5.4. La Jurisprudencia Nacional ha determinado que la Ley
N° 26269, Ley que regula el acceso al cargo de Director de los
Centros o Programas Educativos de gestión estatal, publicado el
01 de enero de 1994, estableció en el artículo 1°, que la duración
en el cargo era de cinco años, vencido el plazo, el Director
podía concursar nuevamente. Posteriormente, la Ley N° 28718,
publicado el 18 de abril de 2006, estableció que estando a que la
duración del cargo era de tres años, vencido el plazo y cada tres
años, el Director se somete a un proceso de evaluación para su
ratificación. En ese mismo sentido, el artículo 21° de la Ley N°
29062, Ley de la Carrera Pública Magisterial, estableció que el
cargo de director o subdirector era de un periodo de tres años,
luego de la cual el docente se sometía a una evaluación, que de
ser aprobada se procedía a su ratificación por tres años más; por
su parte, la Ley N° 29944 en el artículo 33, señala que el cargo de
director y subdirector tiene una duración de tres años. Al término
del periodo de gestión es evaluado para determinar su continuidad
en el cargo o su retorno al cargo docente, de las normas
mencionadas se colige que el cargo de Director y Subdirector no
es un cargo de duración indeterminada, sino más bien, sujeto a un
plazo de duración limitada.
5.5. El accionante manifiesta que se declare la nulidad e
inaplicabilidad del Decreto Supremo N° 003-2014-MINEDU, en
virtud de que crea un procedimiento excepcional de evaluación
que no está contemplada; así como se declare la nulidad e
inaplicabilidad de la Resolución Ministerial N° 204-2014-MINEDU
y de la Resolución Ministerial N° 214-2014-MINEDU, por haberse
emitido ambas resoluciones ministeriales tomando como base
legal al Decreto Supremo N° 003-2014-MINEDU, cuya declaración
de nulidad e inaplicabilidad es materia de la pretensión principal;
por cuanto ello colisiona con el texto expreso de su nombramiento
como Director del Centro Educativo N° 22462 del Distrito y
Provincia de Pisco y Departamento de Ica, que tiene el carácter
de indefinido, sometiéndole a un proceso de evaluación que
debiera efectuarse cada tres años, así mismo solicita se suprima
la violación de sus derechos constitucionales al derecho al trabajo,
a la igualdad ante la Ley, al carácter irrenunciable de los derechos
reconocidos en la Constitución, al debido proceso y a la protección
contra el despido arbitrario, precisando que en la interpretación
de la Teoría de los Hechos Cumplidos, y al haberle adecuado al
nuevo marco normativo de la Ley N° 29944, que fue publicado
el veinticinco de noviembre del dos mil doce, se da inicio a un
nuevo periodo de gestión de Director de tres años, que dura
hasta el veinticinco de noviembre del dos mil quince por lo que
señala que dicha evaluación en el desempeño del cargo no puede
ser realizado antes de éste periodo por legalidad y el adecuado
debido proceso.
5.6. Con relación al derecho al trabajo el artículo 22 de la
Constitución Política del Estado, establece que: “El trabajo es
un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio
de realización de la persona”. Asimismo, el artículo 27 señala
que: “La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el
despido arbitrario”. En el caso de autos, éste Colegiado advierte
que la recurrente no ha probado con documento alguno que
se le haya vulnerado el contenido constitucional del derecho
PROCESOS CONSTITUCIONALESEl Peruano
Domingo 18 de octubre de 2015 54249
al trabajo, tampoco ha acreditado que el Decreto Supremo
N° 003-2014-MINEDU y las resoluciones ministeriales N°
214-2014-MINEDU y N° 204-2014-MINEDU, colisionan con el texto
expreso de su nombramiento como Director del Centro Educativo
N° 22462 del Distrito y Provincia de Pisco y Departamento de Ica.
5.7. El Tribunal Constitucional en el Expediente N° 00020-
2012-PI/TC, ha confirmado la constitucionalidad de la migración a
la nueva escala magisterial prevista en la Ley N° 29944 y señaló
lo siguiente:
“Este tribunal advierte que la migración de los profesores
de los cinco niveles magisteriales de la Ley N° 24029 a las tres
primeras escalas de la Ley N° 29444 no constituye un acto que
implique tratar como objeto a la persona del profesor (trabajador)
y el desprecio de su condición de ser humaNº Por el contrario
lo que realiza la ley objetada, tal como fuese explicado supra,
es una reestructuración total de la carrera magisterial sobre la
base de criterios razonables y justificados tales como el mérito
y la capacidad de los docentes, por la que los profesores de la
Ley N° 24029 han visto modificado sólo su status laboral mas no
su actividad funcional, por lo que la migración a las tres primeras
escalas de la Ley N° 29944 no supone una modificación en el
desarrollo de la actividad docente de los profesores de la Ley N°
24029. Así las cosas, corresponde confirmar la constitucionalidad
de la disposición cuestionada, por lo que en este extremo la
demanda también debe ser declarada infundada”. (Fundamento
N° 81).
5.8. También el Tribunal Constitucional ha señalado en
el aludido expediente que la intervención en el derecho a la
remuneración de los trabajadores -profesores es constitucional,
al encontrarse sustentada en razones objetivas y razonables. En
efecto, el fundamento N° 58 expresa lo siguiente:
“Así las cosas, la eventual reducción de la remuneración
de los profesores de la Ley N° 24029 como consecuencia de
la reorganización de servicio y la estructura del actual sistema
educativo sobre la base de criterios estrictamente objetivos como el
mérito personal y la capacidad profesional constituye una medida
excepcional que responde a una causa objetiva (la meritocracia
en el ingreso y la permanencia en la actividad docente, así como
la mejora de la calidad de la educación), y por lo mismo, cualquier
reducción en al remuneración se encontraría justificada, tanto
más cuanto que dicha medida sería sólo de índole temporal, pues
como se señalará infra los docentes pueden ver incrementadas
sus remuneraciones a través de los ascensos a las siguientes
escalas; y en todo caso, se trataría de una reducción razonable
(…)”.
1.9. El artículo 32° de la Ley N° 29944 prescribe que, el
Ministerio de Educación, en coordinación con los gobiernos
regionales, convoca a concursos para el acceso a cargos, cada
dos años, los que se implementan en forma descentralizada, de
acuerdo a normas, especificaciones técnicas y criterios de buen
desempeño exigibles para cada cargo. Es más, la Ley N° 26269,
que entró en vigencia el año mil novecientos noventa y cuatro,
reconocía al Ministerio de Educación la facultad para ejecutar la
evaluación para el acceso al cargo de director y subdirector; así
como, en el escenario de vencimiento de plazo; la Ley N° 28718,
del año dos mil seis establecía que el Ministerio de Educación a
través de la UGEL, conducía el concurso público de acceso al
cargo de director; asimismo, la Ley N° 29062, del año dos mil
siete, disponía la evaluación del desempeño laboral del Director y
del Subdirector (artículo 21°).
1.10. De lo anteriormente descrito se colige, que el Ministerio
de Educación siempre tuvo la competencia para la efectuar
evaluaciones respecto al desempeño laboral del Director y
Subdirector, de tal manera que los designados al amparo de
este marco legal conocían de la competencia del Ministerio de
Educación para evaluar su acceso, permanencia y desempeño en
el cargo; pudiendo apreciarse que en el actual marco normativo, el
Ministerio de Educación también tiene competencia para llevar a
cabo procesos de evaluación.
1.11. Habiendo quedado plenamente determinado que el
Ministerio de Educación se encuentra facultado para efectuar
evaluaciones a los directores y sub directores, corresponde
ahora establecer si dicha potestad lo faculta para llevar a cabo
evaluaciones excepcionales.
1.12. El artículo 33° de la Ley N° 29944, respecto al acceso
a cargos y periodo de gestión señala que: “El profesor puede
acceder a otros cargos de las áreas de desempeño laboral por
concurso y por un período de tres años. Al término del período de
gestión es evaluado para determinar su continuidad en el cargo o
su retorno al cargo docente. Los cargos de director de Unidad de
Gestión Educativa Local y Director o Jefe de Gestión Pedagógica
son evaluados anualmente para determinar su continuidad.
Excepcionalmente, dicha evaluación se puede realizar en
períodos menores. El acceso a un cargo no implica ascenso de
escala magisterial”; con lo que queda acreditado que el Ministerio
de Educación ostenta la prerrogativa de evaluar el desempeño
ocupacional de los docentes con cargo de modo excepcional y en
periodos menores.
1.13. Este análisis, nos permite afirmar que el actor no ha
acreditado, que la evaluación excepcional prevista por el Decreto
Supremo Nº 003-2014-MINEDU sea contrario a la ley y por lo tanto
puede afectar los derechos fundamentales señalados en su escrito
de demanda de folios cincuentidos y siguientes, de igual modo se
tiene que no es procedente reponer las cosas al estado anterior de
la emisión del Decreto Supremo N° 003-2014-MINEDU, así como
de la emisión de la Resolución Ministerial N° 214-2014-MINEDU y
de la Resolución Ministerial N° 204-2014-MINEDU del 23 de abril
de 2014.
1.14. En el fondo los cuestionamientos desglosados por
el recurrente no se encuentran referidos sino a impugnar la
inconstitucionalidad de la Ley N° 29944, que por lo demás el
Tribunal Constitucional en el expediente N° 020-2012-PI/TC, en la
STC N° 01-2014-PI, Caso Ley de Reforma Magisterial ha resuelto
declarando Infundada la demanda de inconstitucionalidad en todos
los extremos, por ende dicha ley tiene plena validez constitucional,
en mérito a dicha ley el Ministerio de Educación es la entidad del
Estado encargada de coordinar la política de formular lineamientos
generales y sobre todo supervisar la calidad de la educación,
motivo por el cual el Decreto Supremo N° 003-2014-MINEDU,
tiene pleno sustento jurídico en la Constitución. Y el articulo 15° de
la Ley de Reforma Magisterial señala: “El Ministerio de Educación
establece la política y las normas de evaluación docente y formula
los indicadores e instrumentos de evaluación. En coordinación
con los gobiernos regionales, es responsable de diseñar,
planificar, monitorear y evaluar los procesos para el ingreso,
permanenencia, ascenso y acceso a cargos dentro de la Carrera
Pública Magisterial, asegurando la transparencia, objetividad y
confiabilidad. Este juzgado considera que las evaluaciones es
para garantizar la calidad educativa y la política de la meritocracia”.
1.15. Por todo ello es que éste Colegiado observa que los
agravios expuestos carecen de todo sustento correspondiendo
confirmar la resolución materia de apelación que declara
Infundada la demanda, pues se encuentra arreglada a derecho.
POR ESTOS FUNDAMENTOS:
1.- CONFIRMARON: La sentencia contenida en la resolución
número seis de fecha veinte de abril de dos mil quince obrante a
folios ciento ocho y siguientes, por medio de la cual se resolvió
declarar INFUNDADA la demanda de folios cincuentidos y
siguientes interpuesta por don Justo Casia Dávila, contra el
Ministerio de Educación, Procurador Público del Ministerio de
Educación, Dirección Regional de Educación de Ica, Procurador
Publico Regional, Director de la Unidad de Gestión Educativa
Local de Pisco, sobre Proceso de Amparo; y, en consecuencia;
2.- CUMPLA: Secretaria de Sala a dar cumplimiento al
mandato contemplado en la Cuarta Disposición Final del Código
Procesal Constitucional; consentida o ejecutoriada que sea la
presente sentencia; sin costos; con lo demás que contiene y los
devolvieron. Avocándose al conocimiento de la presente causa los
que suscriben por conformar sala para el presente año judicial,
conforme lo dispuesto en la Resolución N° 01-2015-CSJIC/PJ de
fecha 05 de Enero del 2015. Notifíquese.
S.S.
MALPARTIDA CASTILLO.
COAGUILA CHÁVEZ.
GUTIÉRREZ MARTÍNEZ.
1
Artículo 51.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre
las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esen-
cial para la vigencia de toda norma del Estado.
2
BIDAR CAMPOS, Derecho Constitucional. Ediar Buenos Aires, 1966, T.I
pág. 206.
3
Artículo 3 del Código Procesal Constitucional: Procedencia frente a actos
basados en normas: Cuando se invoque la amenaza o violación de actos
que tienen como sustento la aplicación de una norma autoaplicativa incom-
patible con la Constitución, la sentencia que declare fundada la demanda
dispondrá, además, la inaplicabilidad de la citada norma.
Son normas autoaplicativas, aquellas cuya aplicabilidad, una vez que han
entrado en vigencia, resulta inmediata e incondicionada.
Las decisiones jurisdiccionales que se adopten en aplicación del control
difuso de la constitucionalidad de las normas, serán elevadas en consul-
ta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la
República, si no fueran impugnadas. Lo son igualmente las resoluciones
judiciales en segunda instancia en las que se aplique este mismo precepto,
aun cuando contra éstas no proceda medio impugnatorio alguno
En todos estos casos, los Jueces se limitan a declarar la inaplicación de
la norma por incompatibilidad inconstitucional, para el caso concreto, sin
afectar su vigencia, realizando interpretación constitucional, conforme a la
forma y modo que la Constitución establece.
Cuando se trata de normas de menor jerarquía, rige el mismo principio, no
requiriéndose la elevación en consulta, sin perjuicio del proceso de acción
popular. La consulta a que hace alusión el presente artículo se hace en
interés de la ley.”
4
STC, Exp. N° 0091-2005-AA del 18/02/2005 Fj. 6
5
STC. Exp. N° 00025-2007-PI/TC, fj. 20, 21 y 22.
6
STC. Exp. N° 007-96-I/TC y 008-96-I/TC; 0025-2007-PI/TC, fj.89.
7
STTC. Exp. N° 0030-2005-PI/TC fj. 37; STC. Exp. N° 0024-2010-PI/TC.
8
Enmanuel Mounier [citado por Víctor Quintanilla Young y Vilma Cuba de
Quintanilla. Pensamientos y refranes seleccionados y clasificados. Lima:
Pricelines, 1989.
9
Expediente N° 020-2012-PI/TC.
10
STC,. Expo. N° 007.- 2003-AI/TC, fj. 1; STC. Exp. N° 0015-2011-PI/TC fj.
43.
11
Nieves Mujica, Javier, Introducción al Derecho del Trabajo, Lima, Fondo
Editorial de La Pontifica Universidad Católica del Perú, Lima 2009, pág. 129.
W-1291817-2
PROCESOS CONSTITUCIONALES54250
El Peruano
Domingo 18 de octubre de 2015

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  • 1. PODER JUDICIAL AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PROCESOS CONSTITUCIONALES Año XI / Nº 2094 54243 Domingo 18 de octubre de 2015 PROCESO DE AMPARO SALA CIVIL TRANSITORIA - SEDE CENTRAL EXPEDIENTE : 00767-2014-0-1201-JR-CI-01 MATERIA : ACCIÓN DE AMPARO RELATOR : LEONARDO ALIPAZAGA RIVERA DEMANDADO : PROCURADOR PÚBLICO DEL PODER JUDICIAL CASTAÑEDA ESPINOZA, JORGE CARLOS PRESIDENTE CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUÁNUCO DEMANDANTE : MEDINA CASTAÑEDA, JOHNNY Resolución Nº 16 Huánuco, tres de agosto del dos mil quince. VISTOS: En Audiencia Pública, habiendo concluido con el acuerdo de dejar la causa al voto. ASUNTO: Es materia de apelación, la Sentencia Nº 330-2015-1°JC- CSJHN, contenida en la resolución número diez, de fecha once de mayo del año dos mil quince, que obra de fojas doscientos veintiocho a doscientos cincuenta y dos, que FALLA: 1) Declarando FUNDADA la demanda de fojas cincuenta y dos a setenta y tres, interpuesta por JOHNNY MEDINA CASTAÑEDA, sobre Proceso de Amparo contra el PRESIDENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUÁNUCO debidamente representado por el Dr. Jorge Carlos Castañeda Espinoza; 2) NULO el despido arbitrario de que fue objeto la demandante, mediante Memorándum N° 1239-2014-UAF-GAD-CSJHN/PJ de fecha 23 de Junio del 2014; 3) ORDENA a la entidad demandada cumpla con reponer a la demandante JOHNNY MEDINA CASTAÑEDA en el cargo que venía desempeñando o en otro similar de igual categoría o nivel, dentro del plazo de DOS DÍAS de consentida o ejecutoriada sea la presente sentencia, con la remuneración que le corresponde conforme a su cargo; bajo apercibimiento de aplicársele las medidas coercitivas prescritas en el artículo 22° y 59° del Código Procesal Constitucional. 4) SE PUBLIQUE en el Diario Oficial El Peruano, con arreglo a lo dispuesto en la Cuarta Disposición Final de la Ley N° 28237 Código Procesal Constitucional. 5) Con costos procesales DEL RECURSO DE APELACIÓN Y LOS AGRAVIOS DENUNCIADOS: Mediante escrito de fojas doscientos cincuenta y siete doscientos sesenta y tres, el señor Procurador Público Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial interpone recurso impugnativo de apelación contra la acotada sentencia, fundamentando básicamente en lo siguiente: - En el presente caso, el demandante estuvo vinculado laboralmente con su representada por un tiempo determinado de servicios, bajo la modalidad de Contrato para Servicio Específico; en ese sentido al tener la contratación a plazo fijo una naturaleza especial, se ha cumplido con las exigencias establecidas por la ley: que, la vinculación de su representada con el accionante siempre se llevó a través de la suscripción por escrito de los contratos a plazo fijo y que en este tipo de contratos pueden celebrarse las renovaciones que resuelvan necesarias para la conclusión de la obra o servicio objeto de contratación y que en el presente caso el demandante fue contratado a razón de que el Poder Judicial requería cubrir las necesidades de recursos humanos a fin de mantener operativos los servicios que presta; siendo así, no existió comportamiento fraudulento ni simulación alguna por parte de su representada, enmarcándose la contratación del accionante dentro de la legislación laboral vigente; en consecuencia, resulta falso que se haya producido alguna desnaturalización de dichos contratos. En efecto, no existe vulneración al derecho constitucional al trabajo, sino, todo lo contrario, lo que se estaría pretendiendo es desnaturalizar el objeto de las acciones de garantía pues no se vulnera ningún derecho. - El Juzgado ha desconocido que el Tribunal Constitucional ha dejado establecido en múltiples jurisprudencias que la vía normal para resolver las pretensiones individuales por conflictos jurídicas derivados de la aplicación laboral privada, es el proceso ordinario laboral, dado que permite la reposición del trabajador despedido y prevé la concesión de medidas cautelares. Por lo que en virtud de lo establecido en el artículo 5°, inciso 2, del Código Procesal Constitucional, las demandas de amparo que soliciten la reposición de los despidos producidos bajo el régimen de la legislación laboral privada, deberán ser declaradas improcedentes, puesto que la vía igualmente satisfactoria para ventilar este tipo de pretensiones es la antes señalada. - Si bien es cierto los procesos constitucionales constituyen un mecanismo procesal de tutela de urgencia y satisfactiva, no resulta ser menos cierto que por su carácter excepcional y residual sólo se puede acceder al proceso de amparo cuando se atente contra derechos constitucionales directamente protegidos por la Constitución; y dentro del marco de la función de ordenación del Tribunal Constitucional, se hace indispensable para los casos de materia laboral individual pública o privada, tramitadas en la vía del proceso de amparo, la aplicación de los criterios establecidos en la jurisprudencia vinculante Exp. N° 206-2005-AA/TC, a fin de no desnaturalizar el carácter breve y expeditivo del proceso de amparo. - La pretensión del accionante debió ser declarada improcedente, porque deviene en inadecuada la vía en la que ella se propone para establecer la realidad de los fundamentos que esgrime en su demanda, desde que por la urgencia de la tutela que informan los procedimientos constitucionales, todos ellos carecen de etapa probatoria, no permitiendo la actuación de la probanza que con ese fin se requiere, habiendo para ello previsto la ley otro tipo de acciones de las que bien puede servirse el demandante de considerarlo conveniente, para insistir en el derecho que alega y considera le ha sido conculcado, en lugar del uso indiscriminado y sin sustento legal alguno de la acción de garantía interpuesta; más aún tomando en cuenta el carácter residual de las acciones de garantía constitucional. Es decir, aún cuando resulten discrepantes las posiciones de las partes con relación al derecho discutido, no debió declararse fundada la demanda; toda vez, que la vía del amparo no era la idónea. - En abundante jurisprudencia el Tribunal Constitucional ha señalado para los trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada – Decreto Supremo N° 003-97-TR las causas justas de despido están relacionadas con la capacidad y la conducta del trabajador conforme a las artículos 23 y 24 del cuerpo legal antes citado y previo procedimiento establecido en su artículo 31. Sin embargo, debe también tenerse en cuenta, una corriente de opinión en el propio Tribunal Constitucional, aunque minoritaria, señala que “(…) en el empleo público no se puede aplicar la misma mecánica del concepto de desnaturalización”, puesto que una empresa sólo vela por sus intereses patrimoniales, mientras que el Estado debe estar dotado de personal idóneo capaz de resolver los problemas que día a día aquejan a cualquier entidad del Estado teniendo por ello importancia especial la labor de los trabajadores vinculados al ente estatal, ya que su desempeño directa o indirectamente incidirá en los intereses de los peruanos, y, por ello señala que resulta aplicable la Ley N° 28175 – Ley Marco del Empleo Público, que señala que el acceso al empleo público se realiza mediante concurso público y abierto, conforme
  • 2. PROCESOS CONSTITUCIONALES54244 El Peruano Domingo 18 de octubre de 2015 se ha señalado, entre otras sentencias, en el Exp. N° 03958-2010- PA/TC. - Bajo ese mismo criterio, también se ha establecido que las sucesivas demandas de amparo interpuestas por personas que -habiendo sido contratadas bajo determinada modalidad- pretenden su reincorporación a determinado puesto como trabajadores a plazo indeterminado, no hacen más que configurar el mecanismo perfecto para burlar la normatividad que especifica la forma de ingreso a las entidades públicas como trabajadores a plazo indeterminado; precisamente, lo que se tiene que evitar es la saturación de la Administración Pública, con trabajadores que no han sido evaluados debidamente -puesto que no han pasado por un concurso público-, poniéndose en tela de juicio la capacidad e idoneidad de dicho personal. - Finalmente, se rechaza la carente y defectuosa motivación de la resolución apelada debiendo para tal efecto tenerse en cuenta lo señalado por Eloy Espinosa-Saldaña Barrera en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, esto es: “dentro de esta clasificación de las motivaciones defectuosas debemos diferenciar entre dos distintas posibilidades: por un lado tenemos a las motivaciones defectuosas en sentido estricto, aquéllas que implican la afectación de los principios lógicos clásicos al momento de fundamentar una decisión, o anotado con otras palabras, las que vulneran principios como los de identidad, no contradicción, tercio excluido o razón suficiente; pero de otra parte, nos encontramos con las denominadas motivaciones aparentes”, como aquellos casos en los que, “EN LO EXPUESTO EN LOS CONSIDERANDOS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA NO SE ENCUENTRAN LAS EXPLICACIONES SUFICIENTES DE CÓMO LLEGÓ EL MAGISTRADO A ESA DECISIÓN. ES DECIR, NO EXISTE LA POSIBILIDAD DE CONOCER EL RAZONAMIENTO DEL JUEZ, Y POR ENDE SE CARECE DE OPORTUNIDADES PARA VERIFICAR SI LA DECISIÓN TOMADA FUE LA CORRECTA. DE LA DOBLE INSTANCIA: El artículo 364° del Código Procesal Civil [de aplicación supletoria conforme a lo previsto por el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional] establece que: “El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que le produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente”, constituyéndose en una expresión del sistema de instancia plural, conocida como un recurso ordinario, frente a lo extraordinario de la casación. Según MONROY GÁLVEZ,1 el recurso de apelación se caracteriza porque sólo está concebido para afectar a través de él autos y sentencias, es decir, resoluciones en las cuales haya una decisión del juez originada en un análisis lógico jurídico del hecho, o de la norma aplicable al hecho, a diferencia del decreto que sólo es una aplicación regular de una norma procesal impulsora del proceso; otro elemento característico del recurso es que quien lo alega debe acreditar que la resolución que impugna, además de producirle agravio, tiene en su elaboración o génesis lógica un vicio o error, no sólo se trata de que el recurrente alegue el agravio, sino que además, debe fundamentar en qué consiste el vicio o error cometido en la resolución que impugna; además, MONROY señala como otro rasgo característico: su objeto, esto es, el pedido de un nuevo examen, que es un medio para conseguir un fin, y éste puede tener dos expresiones: sea anular la resolución impugnada si se logra acreditar que ha sido expedida conteniendo un vicio en su elaboración o contexto o, sea revocar la resolución, esto significa hacerle perder su eficacia a fin de sustituirla por otra que puede ser expedida por el mismo órgano jurisdiccional que declaró su ineficacia o que éste ordene realizar tal acto al juez que la expidió inicialmente. En este sentido, el recurso de apelación -consecuencia del principio de la doble instancia-2 es “el medio que permite a los litigantes llevar ante el tribunal de segundo grado una resolución estimada injusta, para que la modifique o revoque, según el caso”. Finalmente, como dice DEVIS ECHEANDÍA, el examen de lo resuelto por el Superior se extiende sobre los hechos y el derecho, actuando para ello con plena jurisdicción.3 ANÁLISIS, VALORACIÓN Y RESPUESTA DEL COLEGIADO SUPERIOR A LA PRETENSIÓN DE LA PARTE APELANTE: 1. El inciso 2, del artículo 200°, de la Constitución Política del Perú, establece que el proceso de amparo procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza los demás derechos fundamentales reconocidos por la Constitución con excepción de los señalados en el inciso tercero; siendo que el objeto de las acciones de garantía, como lo preceptúa el artículo 1° de la Ley N° 28237 - Código Procesal Constitucional, es el de reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional. 2. En tal sentido, el espíritu de la institución del proceso de amparo, como garantía de protección de los derechos constitucionales, persigue mantener el equilibrio de poder de los actos de la autoridad frente a los administrados, con la finalidad de consolidarse la preeminencia jerárquica de la Constitución sobre las demás normas del ordenamiento legal, para de esta forma mantener la seguridad jurídica que debe imperar en un Estado de Derecho; que atendiendo a este orden de ideas, debe analizarse y resolverse la acción de garantía, para solucionar los conflictos de modo justo y equilibrado, tanto más si la finalidad abstracta de un proceso es lograr la paz social en justicia. El proceso de amparo es un mecanismo extraordinario de tutela efectiva, remedio de protección contra la violación de los derechos constitucionales, la misma que tiene por objeto fundamental reponer las cosas al estado anterior a la violación de derechos constitucionales. La Ley Procesal Constitucional es excepcional y tuitiva, y para otorgar tutela jurídica en un proceso de amparo es necesario la concurrencia de determinados presupuestos como son: a) La existencia de determinados derechos constitucionales violados o amenazados de violación. b) Que, el hecho o la omisión materia de violación de derechos constitucionales sea realizado por una autoridad, funcionario o persona. c) Asimismo la relación directa entre el hecho y la omisión que violan o amenacen derechos constitucionales. 3. En el caso de autos, mediante escrito de fojas cincuenta y dos a setenta y tres, don Johnny Medina Castañeda, interpone demanda de Acción de Amparo, la misma que la interpone por vulneración de sus derechos constitucionales al trabajo y a la protección contra el despido arbitrario, consagrados en los artículos 22º y 27º de la Carta Magna, respectivamente, y como consecuencia de ello también por la protección de los fundamentales derechos de igualdad ante la ley, debido proceso, derecho de defensa y demás derechos conexos constitucionales; todo ello a efectos de que judicialmente se declare ilegal la finalización dada a su relación laboral con la entidad demandada, plasmada en el Memorándum Nº 1239-2014-UAF-GAD-CSJHN/ PJ, de fecha 23 de junio del 2014 y consecuentemente se disponga la reposición a su centro de trabajo en el cargo que venía desempeñando desde antes de su despido incausado y la elaboración de un contrato de trabajo a tiempo indeterminado. 4. Al respecto, cabe señalar que los contratos de trabajo sujetos a modalidad, son aquéllos en los cuales las partes de la relación laboral han establecido previamente un plazo de duración para la prestación de servicios objeto del contrato. De este modo se ha previsto que la relación laboral se extinguirá una vez vencido el plazo señalado por las partes en el contrato de trabajo temporal. Por el principio de causalidad se garantiza que el vínculo laboral dure tanto como la fuente que dio origen. En virtud de ella, la contratación temporal sólo procederá cuando la labor a desarrollar sea de alcance limitado en el tiempo; este principio a su vez denota la preferencia que existe por la contratación por tiempo indefinido respecto de aquella que puede tener una duración determinada, la cual procederá únicamente por la concurrencia de determinadas circunstancias o por la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar.4 5. Conforme a lo previsto por los artículos 54°, 55° y 56° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, en cuanto a los Contratos de Trabajo Sujetos a Modalidad, se tienen los siguientes: - Contratos de naturaleza temporal: Dentro de los cuales se distinguen: a) El contrato por inicio o lanzamiento de una nueva actividad; b) El contrato por necesidades del mercado; c) El contrato por reconversión empresarial. - Contratos de naturaleza accidental: Que, a su vez pueden ser: a) El contrato ocasional; b) El contrato de suplencia; c) El contrato de emergencia. - Contratos de obra o servicio a) El contrato específico; b) El contrato intermitente; c) El contrato de temporada. 6. Respecto a los requisitos formales para la validez de los contratos, el artículo 72° de la norma legal acotada prescribe que: “Los contratos de trabajo a que se refiere este Título necesariamente deberán constar por escrito y por triplicado, debiendo consignarse en forma expresa su duración, y las causales objetivas determinantes de la contratación, así como las demás condiciones de la relación laboral”. 7. Asimismo, el artículo 77° del mismo cuerpo legal, establece que: “Los contratos de trabajo sujetos a modalidad se consideran como de duración indeterminada: a) Si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado, o después de las prórrogas pactadas, si éstas exceden del límite máximo permitido; b) Cuando se trata de un contrato para obra determinada o de servicio específico, si el trabajador continúa prestando servicios efectivos, luego de concluida la obra materia de contrato sin haberse operado renovación; c) Si el titular del puesto sustituido, no se reincorpora vencido el término legal o convencional y el trabajador contratado continuare laborando; d) Cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la presente ley.
  • 3. PROCESOS CONSTITUCIONALESEl Peruano Domingo 18 de octubre de 2015 54245 De la función pública 8. De otro lado, se debe precisar que la “función pública” debe ser entendida como el desempeño de funciones en las entidades públicas del Estado; la misma que suele distinguirse en dos tipos: la función pública representativa y la función pública no representativa;5 siendo que la función pública representativa está formada por funciones de representación política y la no representativa alude a la función pública profesionalizada, son ejemplos típicos los servidores públicos de la administración estatal, regional, o municipal, y desde luego, los de los poderes del Estado y, en general, de toda entidad pública; tanto la función pública representativa como la no representativa deben ser interpretadas de la manera más amplia posible. Cabe señalar que el acceso a la función pública no representativa está regido por el principio de acceso por mérito; y en el Estado Constitucional de Derecho, tal como se halla configurado el Estado Peruano, es el principio basilar que ha de regir la regulación de las condiciones de acceso a la función pública. 9. La Constitución no contiene enunciado en la variedad de derechos que exhibe, el derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad. Sin embargo, se trata de un derecho que forma parte de nuestro ordenamiento constitucional y, concretamente, el sistema de derechos constitucionales, porque está reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de los que el Estado peruano es parte. Los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado Peruano es parte integran el ordenamiento jurídico, ante ello debemos señalar lo prescrito en el artículo 55º de la Constitución Política del Perú, que señala: “Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional”. Siendo que, el derecho internacional de los derechos humanos forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y, por tal razón, los tratados que lo conforman y a los que pertenece el Estado peruano son: “Derecho válido, eficaz y, en consecuencia, inmediatamente aplicable al interior del Estado”.6 Esto es que, los derechos humanos enunciados en los tratados que conforman nuestro ordenamiento vinculan a los poderes públicos y, dentro de ellos, ciertamente, al legislador. Tenemos pues, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos que conforman el ordenamiento jurídico PeruaNº Tanto uno y otro reconoce el derecho de acceso a la función pública en igualdad de condiciones. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en el artículo 25°, inciso c): “Artículo 25.- Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: (…) c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su País”. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 23°, numeral 1, literal c), establece que: “Artículo 23. Derechos Políticos. 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: (…) c) De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su País. 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”. En tal contexto, en el contenido de este derecho podemos diferenciar lo siguiente: a) acceso a la función pública, b) condiciones de igualdad en el acceso. Por un lado, se reconoce en cuanto derecho subjetivo el acceso a la función pública, esto es, la facultad de incorporarse a la función pública por parte de cualquier ciudadaNº Se trata aquí del bien jurídico como objeto de protección (acceso a la función pública). Por otro, en cambio, se establece una exigencia particular del acceso: la igualdad de condiciones. 10. El derecho de acceso a la función pública detenta un bien jurídico autónomo de protección: el acceso a la función pública, la participación en la función pública. La igualdad de las condiciones del acceso representa, así, sólo un contenido, una parte, más no el todo, de este derecho fundamental. Respecto a la naturaleza jurídica de este derecho,7 resulta necesario esclarecer que el derecho de acceso a la función pública constituye un derecho de participación, sino más bien una manifestación del status activae civitatis. No se trata de un derecho de defensa o de libertad, tampoco se trata de un derecho de protección o de prestación porque no posibilita el acceso a bienes protegidos por los derechos económicos, sociales y culturales. El derecho de acceso a la función pública pertenece al ámbito de derechos que implican una intervención en la cosa pública de las personas en tanto miembros de una comunidad política. En tal sentido, el bien protegido por este derecho fundamental es la intervención o participación en la función pública. El contenido de este derecho por excelencia, es la facultad de acceder o intervenir en la gestión de la cosa pública, esto es, en el ejercicio de una función pública; puesto que los contenidos de este derecho son los siguientes: a) Acceder o ingresar a la función pública. b) Ejercerla plenamente. c) Ascender en la función pública. d) Condiciones iguales de acceso. 11. En el entendido de que la carrera administrativa constituye un bien jurídico constitucional, el acceso a la Administración Pública tiene como principio consustancial el principio de mérito; tenemos pues a la Ley N° 28175, Marco del Empleo Público, en cuyo artículo, 5°, señala que el acceso al empleo público se realiza mediante concurso público y abierto, en base a los méritos y capacidad de las personas. El Tribunal Constitucional, en las sentencias recaídas en el Expediente N° 00020-2012-PI/TC FJ 56) ha destacado la importancia de la meritocracia (mérito personal y capacidad profesional) para el ingreso a la Administración Pública, estableciendo que ésta constituye un criterio objetivo fundamental en el ingreso y permanencia en la actividad estatal para la prestación de un servicio público. Aplicación del Precedente Vinculante 12. Se debe tener en cuenta que si bien en anteriores procesos de amparo,esteColegiadohavenidoacogiendoyconfirmandosentencias de primera instancia en las que se declaró fundada la demanda de amparo planteadas por trabajadores contra la Corte Superior de Justicia de Huánuco, en los que había operado la desnaturalización de los contratos de trabajo, con la consecuente de la reposición del trabajador en el mismo cargo que había ocupado o en otro similar de igual categoría o nivel; sin embargo, ha adoptado un cambio de criterio8 en vista de la dación del Pleno del Tribunal Constitucional establecido en la sentencia expedida en el Expediente N° 05057-2013-PA/TC,9 que establece como precedente vinculante en los casos en los que el demandante no ha ingresado a la Administración Pública mediante “concurso público de méritos para una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada”, lo siguiente –Fundamento 18: “Siguiendo los lineamientos de protección contra el despido arbitrario y el derecho al trabajo, previstos en los artículos 27° y 22° de la Constitución, el Tribunal Constitucional estima que en los casos que se acredite la desnaturalización del contrato temporal o del contrato civil no podrá ordenarse la reposición a tiempo indeterminado, toda vez que esta modalidad del Decreto Legislativo 728, en el ámbito de la Administración Pública, exige la realización de un concurso público de méritos respecto de una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada…”, por lo que siendo así, este Colegiado se aparta de los criterios jurisdiccionales anteriores, y se adecua a dicho pleno vinculante. 13. Si bien el presente proceso se inició con anterioridad a la expedición de la aludida sentencia que establece el precedente vinculante, sin embargo, conforme a lo previsto por el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, se debe tener en cuenta que dicha sentencia fija como otro de sus precedentes vinculantes, las reglas procedimentales aplicables en materia de reposición como trabajadores de duración indeterminada en la Administración Pública, estableciendo en su Fundamento 21 lo siguiente: “En cuanto a sus efectos temporales de la presente sentencia, cabe precisar que las reglas establecidas por el Tribunal Constitucional como precedente vinculante (entre ellas la exigencia de que la incorporación o “reposición” a la Administración Pública sólo proceda cuando el ingreso del trabajador se haya realizado mediante concurso público y abierto para una plaza presupuestada, vacante de duración indeterminada) deben ser de aplicación inmediata a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, incluso a los procesos de amparo que se encuentren en trámite ante el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional”; por lo que siendo ello así, la sentencia expedida por el Tribunal Constitucional, es de aplicación plena al presente caso. 14. Ahora bien, teniendo en cuenta la citada sentencia, es indispensable, para ordenar la reposición en los términos que exige la parte demandante, que se analice y verifique que se cumplan determinadas reglas establecidas que constituyen precedente vinculante, las cuales son determinantes para resolver si a través de la vía del proceso constitucional de amparo se ordenará o no su reincorporación como trabajador con un contrato laboral a plazo indeterminado. Análisis de la cuestión controvertida 15. Analizados los presentes actuados, de la revisión de los contratos obrantes de fojas tres a veintiuno, se advierte que el demandante laboró para la demandada, durante los siguientes períodos: a) Desde el 01 de junio hasta el 30 de setiembre del 2011, como Apoyo Administrativo en las Comunicaciones del Módulo Penal, mediante Contrato Administrativo de Servicios N° 83-2011-CSJHN/PJ. b) Desde el 01 de octubre hasta el 31 de diciembre del 2011, como Apoyo Administrativo en las Comunicaciones del Módulo Penal, mediante Adenda al Contrato Administrativo de Servicios N° 83-2011-CSJHN/PJ.
  • 4. PROCESOS CONSTITUCIONALES54246 El Peruano Domingo 18 de octubre de 2015 c) Desde el 01 de enero hasta el 29 de febrero del 2012, como Apoyo Administrativo en las Comunicaciones del Módulo Penal, mediante Adenda al Contrato Administrativo de Servicios N° 83-2011-CSJHN/PJ. d) Desde el 01 de marzo hasta el 30 de abril del 2012, como Apoyo Administrativo en las Comunicaciones del Módulo Penal, mediante Adenda al Contrato Administrativo de Servicios N° 83-2011-CSJHN/PJ. e) Desde el 01 hasta el 31 de mayo del 2012, como Apoyo Administrativo en las Comunicaciones del Módulo Penal, mediante Adenda al Contrato Administrativo de Servicios N° 83-2011-CSJHN/PJ. f) Desde el 01 hasta el 30 de junio del 2012, como Asistente de Comunicaciones, mediante Contrato de Trabajo para Servicio Específico. g) Desde el 01 hasta el 31 de julio del 2012, como Asistente de Comunicaciones, mediante Contrato de Trabajo para Servicio Específico. h) Desde el 01 hasta el 31 de agosto del 2012, como Asistente de Comunicaciones, mediante Contrato de Trabajo para Servicio Específico. i) Desde el 01 de setiembre hasta el 31 de octubre del 2012, como Auxiliar Administrativo I, mediante Contrato de Trabajo para Servicio Específico. j) Desde el 01 de noviembre hasta el 31 de diciembre del 2012, como Auxiliar Administrativo I, mediante Contrato de Trabajo para Servicio Específico. k) Desde el 01 de enero hasta el 31 de marzo del 2013, como Auxiliar Administrativo I, mediante Contrato de Trabajo para Servicio Específico. l) Desde el 01 de abril hasta el 30 de junio del 2013, como Auxiliar Administrativo I, mediante Contrato de Trabajo para Servicio Específico. m) Desde el 01 de julio hasta el 31 de agosto del 2013, como Técnico Judicial, mediante Contrato de Trabajo para Servicio Específico. n) Desde el 01 de setiembre hasta el 31 de diciembre del 2013, como Técnico Judicial, mediante Contrato de Trabajo para Servicio Específico. o) Desde el 01 de enero hasta el 31 de marzo del 2014, como Auxiliar Judicial, mediante Contrato de Trabajo de Naturaleza Accidental por Suplencia, para cubrir la ausencia del servidor judicial Juan José Melgarejo Hurtado, por encontrarse con promoción de Técnico Judicial. p) Desde el 01 hasta el 30 de abril del 2014, como Auxiliar Judicial, mediante Contrato de Trabajo de Naturaleza Accidental por Suplencia, para cubrir la ausencia del servidor judicial Juan José Melgarejo Hurtado, por encontrarse con promoción de Técnico Judicial. q) Desde el 01 hasta el 31 de mayo del 2014, como Auxiliar Judicial, mediante Adenda de Contrato de Trabajo de Naturaleza Accidental por Suplencia, para cubrir la ausencia del servidor judicial Juan José Melgarejo Hurtado, por encontrarse con promoción de Técnico Judicial. r) Desde el 01 hasta el 30 de junio del 2014, como Auxiliar Judicial, mediante Contrato de Trabajo de Naturaleza Accidental por Suplencia, para cubrir la ausencia del servidor judicial Juan José Melgarejo Hurtado, por encontrarse con promoción de Técnico Judicial. 16. Siendo así, resulta evidente que la modalidad contractual que sustentó la última relación laboral mantenida entre las partes fue por Contratos de Trabajo de Naturaleza Accidental por Suplencia. Al respecto, se debe precisar que el Contrato de Suplencia se encuentra regulado en el artículo 61° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003- 97-TR, que expresamente señala que: “El contrato accidental de suplencia es aquel celebrado entre un empleador y un trabajador con el objeto que éste sustituya a un trabajador estable de la empresa, cuyo vínculo laboral se encuentre suspendido por alguna causa justificada prevista en la legislación vigente, o por efecto de disposiciones convencionales aplicables en el centro de trabajo. Su duración será la que resulte necesaria según las circunstancias”. Para el Tribunal Constitucional este contrato “(…) tiene como objetivo la contratación eventual de personal de reemplazo, es decir, para suplir la ausencia de un trabajador estable cuyo vínculo laboral se encuentra en suspenso temporal. Éste se erige como una solución al empleador para que no paralice su actividad durante la suspensión de las relaciones laborales, sea por motivo de caso fortuito o fuerza mayor, permitiéndole contratar de forma eventual a un trabajador que realice las labores paralizadas”.10 En tal sentido, la temporalidad del contrato de suplencia deriva de la sustitución no definitiva de un trabajador estable de la empresa, cuya relación de trabajo se encuentre suspendida o que por razones de orden administrativo deba desarrollar temporalmente otras labores en el mismo centro de trabajo. En consecuencia, el Tribunal Constitucional considera que el contrato de suplencia se celebra con fraude al Decreto Supremo N° 003- 97-TR cuando el trabajador suplente no ocupa el puesto del trabajador sustituido para el cual fue contratado, sino otro puesto o cargo de trabajo. 17. Determinado ello, correspondería determinar si los contratos modales suscritos por el demandante con la entidad emplazada se habrían desnaturalizado y convertido en un contrato a plazo indeterminado y en atención a ello, establecer si sólo podía ser despedido por una causa justa relacionada con su conducta o capacidad laboral. A este respecto, el demandante ha laborado en forma ininterrumpida por espacio de tres años; conforme se advierte de los contratos de fojas tres a veintiuno de autos; por lo tanto, para dilucidar la controversia se evaluará el período laborado por el demandante mediante contratos modales, que va desde el 01 de junio del 2012 hasta el 30 de junio del 2014 y, además, los servicios prestados anterior a dicho periodo, fueron en la modalidad de Contratos Administrativos de Servicios; asimismo, de la cláusula tercera del Contrato de Trabajo para Servicio Específico,11 suscrito entre las partes con fecha 01 de junio del 2012, se aprecia que la entidad demandada no ha cumplido con la exigencia legal de precisar en qué consiste, justamente, el servicio para el cual fue contratado el demandante, pues, en dicha cláusula sólo se consigna: “Que en tanto la Corte Superior de Justicia de Huánuco, convoque a concurso de mérito para la adjudicación de la plaza señalada en la cláusula primera, se requiere cubrir las necesidades de recursos humanos, a fin de mantener debidamente operativos los servicios que presta.” Ahora bien, de la cláusula transcrita puede concluirse que en el contrato mencionado se ha omitido consignar la causa objetiva específica que autorizó la contratación temporal del demandante y no permanente. Dicha cláusula se repite en todos los contratos de trabajo para servicio específico de fojas diez a catorce de autos; al respecto el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 829-2011-AA, ha señalado de manera expresa y reiterada que: “Los contratos de trabajo (modales) deberán constar por escrito y por triplicado, debiendo consignarse en forma expresa su duración, y las causas objetivas determinantes de la contratación, así como las demás condiciones de la relación laboral”; advirtiéndose que en el caso de autos, en los contratos de fojas nueve y siguientes, se ha obviado consignar la causa objetiva determinante de la contratación, requisito esencial de los contratos sujetos a modalidad, habiéndose la demandada limitado a indicar que el demandante va a desarrollar las funciones de Asistente de Comunicaciones y Auxiliar Administrativo I, debiendo someterse al cumplimiento estricto de las normas y las responsabilidades para las cuales ha sido contratado,12 pero no especifica la causa objetiva determinante de la contratación. En tal sentido, como lo ha sostenido el A quo en la sentencia de primera instancia, el contrato modal del demandante se habría desnaturalizó al no establecerse la causa objetiva de contratación, por lo que éste debería ser considerado como de duración indeterminada, conforme lo determina el inciso d) del artículo 77° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, y a tenor de lo establecido por el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, razón por la que el actor sólo podía ser despedido por una causa justa relacionada con su conducta o capacidad laboral, por lo que la ruptura del vínculo laboral, sustentada en el vencimiento del plazo del contrato, tendría el carácter de un despido arbitrario, frente a lo cual procedería la reposición como finalidad eminentemente restitutoria de todo proceso constitucional de tutela de derechos fundamentales; empero, siguiendo el criterio del Tribunal Constitucional establecido en la sentencia del precedente vinculante (Expediente N° 05057-2013- PA/TC JUNÍN, Fundamento 22), y no siendo posible que en este proceso de amparo, el demandante pueda ser reincorporado, por no haber ingresado a laborar para la demandada por concurso público de méritos para una plaza presupuestada, vacante, de duración indeterminada, tal como se desprende de autos, corresponde que el A Quo reconduzca el presente proceso a la vía ordinaria laboral a efectos de que la parte demandante solicite la indemnización que corresponda, conforme a lo previsto en el artículo 38° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, debiendo tener en cuenta que en dicha vía proseguirá el trámite conforme a la ley procesal de la materia y no debe ser rechazada por la causal de extemporaneidad, debiendo entenderse presentada y admitida la demanda laboral, para lo cual el Juez Laboral otorgará al demandante un plazo razonable a efectos de que adecúe su demanda conforme a las reglas previstas para la etapa postulatoria del proceso laboral; si transcurrido dicho plazo el demandante no realiza la adecuación correspondiente, se procederá al archivo de proceso; razones por las cuales este Colegiado en aplicación de la sentencia vinculante antes citada, concluye que la presente sentencia debe ser revocada y reconducida conforme corresponda. DECISIÓN: Por los fundamentos fácticos y jurídicos, sin reproducir los fundamentos de la apelada y en aplicación del artículo 40°, inciso 1, del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, REVOCARON: la Sentencia Nº 330-2015-1°JC-CSJHN, contenida en la resolución número diez, de fecha once de mayo del año dos mil quince, que obra de fojas doscientos veintiocho a doscientos cincuenta y dos, que FALLA: 1) Declarando FUNDADA la demanda de fojas cincuenta y dos a setenta y tres, interpuesta por JOHNNY MEDINA CASTAÑEDA, sobre Proceso de Amparo contra el PRESIDENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUÁNUCO debidamente representado por el Dr. Jorge Carlos Castañeda Espinoza; 2) NULO el despido arbitrario de que fue objeto la demandante, mediante Memorándum N° 1239-2014-UAF-GAD-CSJHN/PJ de fecha 23 de Junio del 2014; 3) ORDENA a la entidad demandada cumpla con reponer a la demandante JOHNNY MEDINA CASTAÑEDA en el cargo que venía desempeñando o en otro similar de igual categoría o nivel, dentro del
  • 5. PROCESOS CONSTITUCIONALESEl Peruano Domingo 18 de octubre de 2015 54247 plazo de DOS DÍAS de consentida o ejecutoriada sea la presente sentencia, con la remuneración que le corresponde conforme a su cargo; bajo apercibimiento de aplicársele las medidas coercitivas prescritas en el artículo 22° y 59° del Código Procesal Constitucional. 4) SE PUBLIQUE en el Diario Oficial El Peruano, con arreglo a lo dispuesto en la Cuarta Disposición Final de la Ley 28237 Código Procesal Constitucional. 5) Con costos procesales REFORMÁNDOLA: DECLARARON IMPROCEDENTE la demanda de fojas cincuenta y dos a setenta y tres, interpuesta por JOHNNY MEDINA CASTAÑEDA, sobre Proceso de Amparo contra el PRESIDENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUÁNUCO debidamente representado por el Dr. Jorge Carlos Castañeda Espinoza; y, estando a los fundamentos que preceden, DISPUSIERON: que, el A Quo reconduzca el proceso a la vía ordinaria laboral a efectos de que la parte demandante solicite la indemnización que corresponda, conforme a lo previsto en el artículo 38° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, debiendo tener en cuenta que en dicha vía proseguirá el trámite conforme a la ley procesal de la materia y no debe ser rechazada por la causal de extemporaneidad, debiendo entenderse presentada y admitida la demanda laboral, para lo cual el Juez Laboral otorgará al demandante un plazo razonable a efectos de que adecúe su demanda conforme a las reglas previstas para la etapa postulatoria del proceso laboral; si transcurrido dicho plazo el demandante no realiza la adecuación correspondiente, se procederá al archivo de proceso, conforme se tiene expuesto en el Considerando 17 de la presente. ORDENARON: PUBLICAR la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, con arreglo a lo dispuesto en la Cuarta Disposición Final de Código Procesal Constitucional. Y los devolvieron.- NOTIFÍQUESE con las formalidades de ley. Juez Superior Ponente: señora Cornelio Soria. Sres. GONZÁLEZ AGUIRRE CORNELIO SORIA FERNÁNDEZ LAZO 1 MONROY GÁLVEZ, Juan, “Los medios impugnatorios en el Código Pro- cesal Civil”. En: MONROY GÁLVEZ, Juan, La Formación del Proceso Civil Peruano (Escritos reunidos), 2da. Edición Aumentada, Palestra Editores, Lima, 2004, pp. 247 y 243. 2 ALSINA Hugo, Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comer- cial, Cit. pp. 206. CHIOVENDA Giuseppe, Instituciones de Derecho Proce- sal Civil, traducción del italiano y notas de Derecho Español por E. Gómez Orbaneja, volumen I, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1954, p. 366. 3 ALSINAHugo, “Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comer- cial”, Ob. Cit., pp. 208-209. 4 DOLORIEL TORRES, Javier. Tratado Práctico de Derecho Laboral,, Gaceta Jurídica, Octubre 2010, Tomo I, Pág. 28. 5 PULIDO QUECEDO, Manuel El acceso a los cargos y funciones públicas, cit., pp. 71 y sgte. 177, 351 y ss. 6 Sentencia recaída en el Exp. Nº 5854-2005-PA/TC, fundamento Nº 22, cur- siva añadida. 7 Sobre este derecho V. Terranova, Salvatore “Funzionario (Diritto Pubblico)”, en Enciclopedia del Diritto, Giuffrè Editore, Milano, 1969, Vol. XVIII, pp. 280 y ss.; Giannini, Máximo Severo “Impiego Pubblico (profili storici e teorici)”, en Enciclopedia del Diritto, Giuffrè Editore, Milano, 1970, Vol. XX, pp. 293 y ss.; García Torres, J. “Derecho de acceso a los cargos públicos”, en Enciclope- dia Jurídica Básica, Edit. Civitas, Madrid, 1995, Vol. II, pp. 2208 y ss.; Pulido Quecedo, Manuel El acceso a los cargos y funciones públicas, Edit. Civitas S.A., Madrid, 1992; García-Trevijano Garnica, Ernesto. “Consideraciones en torno al derecho de igualdad en el acceso a la función pública”, en Revista de Administración Pública, Núm. 121, 1990, pp. 247 y ss; Pulido Quecedo, Manuel “Algunas consideraciones sobre el acceso a cargos y funciones pú- blicas”, en Revista Española de Derecho Constitucional, Año 10, Núm. 30, Madrid, 1990, pp. 161 y ss. 8 EXP. N° 533-2014 y EXP. N° 235-2014 9 Pleno del Tribunal Constitucional establecido en la sentencia Precedente Vinculante expedida en el Expediente N° 05057-2013-PA/TC .de fecha 16- 04-2015. 10 Citado por Javier Dolorier Torres. Derecho Individual al Trabajo. Gaceta Ju- rídica. Tomo I. Octubre 2010. Pág. 32 11 Véase a fojas 09 12 Véase cláusula tercera y cuarta de los respectivos contratos. W-1292107-1 PROCESO DE AMPARO SALA MIXTA DE PISCO EXPEDIENTE Nº: 269-2014-0-1411-JR-CI-01 DEMANDANTE : JUSTO CASIA DAVILA DEMANDADO : MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y OTROS. MATERIA : ACCIÓN DE AMPARO PROCEDENCIA: JUZGADO ESPECIALIZADO CIVIL DE PISCO. RESOLUCIÓN Nº 10. Pisco, cinco de agosto del año dos mil quince. SENTENCIA DE VISTA VISTOS; Con observancia de las formalidades previstas en el Artículo 131° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, interviene en calidad de ponente el señor Juez Superior Dante Martín Gutiérrez Martínez. CONSIDERANDO: I.- DE LA RESOLUCION MATERIA DE APELACIÓN. Es materia de grado la sentencia contenida en la resolución número seis de fecha veinte de abril del dos mil quince obrante a folios ciento ocho y siguientes, por medio del cual se declaró Infundada la demanda de folios cincuentidos y siguientes interpuesto por don Justo Casia Dávila, contra el Ministerio de Educación, Procurador Público del Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación de Ica, Procurador Publico Regional, Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pisco, sobre Proceso de Amparo; y, en consecuencia, ordena que consentida o ejecutoriada que sea la sentencia se de cumplimiento a la Cuarta Disposición Final y Transitoria del Código Procesal Constitucional. Interpone recurso de apelación el defensor técnico del demandante a [fs.126-133]. II.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN. 2.1. Mediante escrito obrante a folios ciento veintiséis y siguientes, el defensor técnico del demandante interponen recurso de apelación contra la sentencia contenida en la resolución descrita en el primer considerando, bajo los siguientes FUNDAMENTOS: a) Que, la sentencia es absolutamente incongruente, viola el debido proceso y la tutela procesal efectiva, porque no hay congruencia entre lo que el juez evalúa en la parte considerativa y en lo que ha resuelto en la parte del fallo; asimismo señala que como podría quedar conforme que se aplique retroactivamente una disposición administrativa arbitraria actual, a lo que una norma legal de antigua data, le ha conferido un derecho, sin que exista norma legal alguna que faculte cesar a los directores en el cargo, de lo que fluye la violación de la seguridad jurídica, por lo que se impone una norma arbitraria, desproporcionada que somete a los directores a una evaluación excepcional fuera del contexto legal, omitiendo el A quo que lo excepcional no es normal, no es equitativo, no está dentro de la seguridad sino que se escapa de la seguridad jurídica ante una situación de emergencia, indicando que el A quo ha aplicado una disposición anómala, extraña extraordinaria, excepcional a quienes tienen derechos adquiridos con antigüedad, merced a una norma legal que confiere ese derecho. b) Señala a su vez que el razonamiento del juez de primera instancia es inaceptable en un sistema democrático y constitucional de derecho en donde tiene que prevalecer la Constitución por encima de cualquier arbitrariedad y el Principio ético de proporcionalidad y el Principio lógico de razonabilidad compatibilizan como un mecanismo de control de la arbitrariedad y por ende confluyen en la recta administración de la justicia. c) De igual modo indica, el A quo no ha aplicado los artículos 3° y 5° de la Ley N° 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”, los artículos 1°, 43°, 44° 51° y 103° de la Constitución, omitiendo administrar justicia conforme a lo que dispone el articulo 138° de la Constitución, entre otros argumentos que allí expone. III.- DEL PROCESO CONSTITUCIONAL DE AMPARO. 3.1. De conformidad con lo previsto por el Artículo 1º del Código Procesal Constitucional, el proceso de amparo tiene por finalidad proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional. 3.2. Por su parte el inciso 2) del Artículo 200º de la Constitución Política del Estado establece que el proceso de amparo procede contra el acto u omisión por parte de cualquier persona, que vulnera o amenaza los derechos reconocidos por la Constitución distintos de aquellos protegidos por el hábeas corpus (libertad y derechos conexos) y el hábeas data (acceso a la información y autodeterminación informativa). En tal sentido, es presupuesto para la procedencia de esta clase de procesos que el derecho que se alegue afectado sea uno directamente reconocido por la Constitución. 3.3. Por ello, el proceso de amparo es pues por excelencia la máxima expresión protectora de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, cuya tutela efectiva cuando la afectación es evidente, consiste en reponer las cosas al estado anterior del acto cuestionado. Esto es, Procede en casos de afectación directa de los derechos fundamentales (expresos o implícitos), e implica ante todo, determinar si la supuesta afectación que ocasiona el acto u omisión reputada de inconstitucional, efectivamente incide en el ámbito que resulta directamente protegido por dicho derecho. 3.4. Así mismo y conforme ha quedado establecido en múltiples jurisprudencias emitida por el Tribunal Constitucional, el Proceso de Amparo constituye una acción destinada a proteger
  • 6. PROCESOS CONSTITUCIONALES54248 El Peruano Domingo 18 de octubre de 2015 derechos consagrados en nuestra Carta Constitucional (distintos a los protegidos por el hábeas corpus y el hábeas data) y para ser estimado requiere de la invocación de uno o más hechos descubiertos, patentes y claros que constituyan arbitrariedad o ilegalidad, sean realizados por comisión u omisión, siendo por ello su objeto, el reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación del derecho constitucional. 3.5. Igualmente y no obstante lo glosado, el Tribunal Constitucional ha reconocido también en más de una oportunidad que en el Proceso de Amparo no se dilucida la titularidad de un derecho como ocurre en un proceso ordinario, sino sólo se restablece su ejercicio. Ello supone, como es obvio, que quien solicita tutela en esta vía tiene que acreditar, mínimamente, la titularidad del derecho constitucional cuyo restablecimiento invoca, en tanto que este requisito constituye un presupuesto procesal; a lo que se suma la exigencia de tener que demostrar la existencia del acto cuestionado. Dicho en otras palabras, el proceso de Amparo constituye, en buena cuenta, un proceso al acto en el sentido de que el juez no tiene tanto que actuar pruebas, sino juzgar, en esencia, sobre su legitimidad o ilegitimidad constitucional. IV.- ANTECEDENTES. 4.1. Es importante precisar que al amparo de lo regulado por el artículo 3° del Código Procesal Constitucional, la demandante interpone demanda constitucional de amparo en contra del Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Educación de Ica y la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pisco obrante a folios treintiseis y siguientes, con la finalidad de que mediante sentencia se declare la nulidad e inaplicabilidad para la accionante del Decreto Supremo N° 003-2014-MINEDU, como pretensión principal y como pretensión accesoria solicita se declare la nulidad e inaplicabilidad de la Resolución Ministerial N° 204-2014-MINEDU y Resolución Ministerial N° 214-2014-MINEDU, asimismo solicita se respete el derecho adquirido en el cargo de Directora de la Institución Educativa Inicial N° 194 de la Provincia de Pisco y Departamento de Ica, a fin de que se suprima la violación de sus derechos constitucionales al derecho al trabajo, a la igualdad ante la Ley, al carácter irrenunciable de los derechos reconocidos en la Constitución, al debido proceso y a la protección contra el despido arbitrario. 4.2. Como sustento de su pretensión señala que, el recurrente fue nombrado como Director del Centro Educativo N° 22014 de Cocas (Castrovirreyna), Luego fue reasignado al Centro Educativo N° 22257- San Juan de Yanac – Chincha, posteriormente fue designado Subdirector del Colegio José Carlos Mariategui de San Clemente, mediante Resolución Directoral 00247 del 02 de Noviembre de 1989 y posteriormente por Resolución Directoral N° 0782 de fecha 29 de diciembre de 1993, mediante concurso público fue designado Director de la Escuela N° 22462 del Distrito y Provincia de Pisco, Departamento de Ica, fecha desde la cual viene desempeñándose en el cargo con transparencia, equidad y una gestión administrativa eficiente, asimismo señala que le ubican y le adecuan su plaza de director a lo dispuesto en la ley de reforma magisterial Ley N° 29944, lo que dispone continuar en el cargo de Directora y que por tanto, le corresponde la evaluación en el desempeño del cargo directivo al término de los tres años que dura su gestión, tal como lo establece el articulo 38 de la Ley N° 29944 y el articulo 62 del Decreto Supremo N° 004-2013-ED. 4.3. Asimismo refiere que, el artículo 38° de la Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial y el artículo 62 de su Reglamento D.S. N° 004-2013-ED, establece la evaluación en el desempeño en el cargo al término de su periodo de gestión y es la aprobación de esa evaluación que determina su continuidad en al cargo, y la desaprobación su retorno al cargo docente, y que dicha evaluación en el desempeño en el cargo se realiza al término del plazo de duración del cargo establecido en la Ley, señalando que en ningún artículo de la Ley se establece una evaluación excepcional antes de cumplir el periodo de gestión de 03 años, ello colisiona con el texto expreso de su nombramiento como Director del Centro Educativo N° 22462 del Distrito, Provincia de Pisco y Departamento de Ica, que tiene el carácter de indefinido. 4.4. Señala también que en la interpretación de la Teoría de los Hechos Cumplidos, y al haberles adecuado al nuevo marco normativo de la Ley N° 29944, que fue publicado el veinticinco de noviembre del dos mil doce, se da inicio a un nuevo periodo de gestión de Director de tres años, que dura hasta el veinticinco de noviembre del dos mil quince y que inclusive al terminar dicho periodo le corresponde ser evaluada (evaluación del desempeño en el cargo) conforme está previsto en el artículo 38 de la Ley de Reforma Magisterial regulado en el artículo 62° de su Reglamento, para ser ratificado en el cargo o ser retornado a su plaza de origen, por lo señala que dicha evaluación en el desempeño del cargo no puede ser realizado antes de éste periodo por legalidad y el adecuado debido proceso. 4.5. De igual modo indica que el Ministerio de Educación al haber publicado el 20 de mayo del 2014, el Decreto Supremo N° 003-2014-MINEDU mediante el cual incorpora al Reglamento de la Ley N° 29944, ley de Reforma Magisterial aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-ED la Décima Primera Disposición Complementaria, en cuyo contenido crea un Procedimiento Excepcional de Evaluación para los profesores que se desempeñaban como Directores o Subdirectores en las Instituciones Educativas Públicas, el mismo que no tiene sustento legal alguno en la Ley de Reforma Magisterial N° 29944, ya que la ley, y ningún título, capitulo, artículo, disposiciones complementarias y/o transitoria final, faculta al Ministerio de Educación, entidad demandada, a aprobar un cuerpo normativo reglamentario que sirva para implementar el inconstitucional procedimiento excepcional de evaluación para profesores que se desempeñaban como Directores o Subdirectores en las Instituciones Educativas Públicas, creando nuevos instrumentos de evaluación (habilidades requeridas para el desempeño del cargo, tales como la prueba de comprensión de textos funcionales al ejercicio directivo y a la prueba de solución de casos, ambas consideradas en el numeral 6.3.1 de las normas técnicas aprobadas mediante R.M. N° 204-2014-MINEDU) que no están contempladas de modo alguno en la Ley de Reforma Magisterial N° 29944, es decir creando un procedimiento de evaluación, con instrumentos y criterios que están al margen de lo que prevé la ley de Reforma Magisterial y cuya finalidad es solo declarar vacante la plaza que ocupa, por lo que dicha convocatoria tiene indicios de infracción de derechos fundamentales o constitucionales al pretender someter a un procedimiento distinto de los previamente establecidos, prohibición contemplada en el numeral 3 del articulo 139 de la Constitución Política del estado; entre otros argumentos allí expuestos. V.- ANALISIS CONCRETO DEL CASO. 5.1. El Decreto Supremo N° 003-2014-MINEDU, incorpora al Reglamento de la Ley N° 29944, la Décima Primera Disposición Complementaria Transitoria que crea un procedimiento excepcional de evaluación de profesores que desempeñan el cargo de Directores y Subdirectores. 5.2. La Resolución Ministerial N° 204-2014-MINEDU de fecha 21 de mayo de 2014, aprueba la Norma Técnica denominada “Normas para la Evaluación Excepcional prevista en el Décima Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial”. 5.3. La Resolución Ministerial N° 214-2014-MINEDU de fecha 27 de Mayo de 2014, Convoca al procedimiento excepcional de evaluación para los profesores que se desempeñan como director o subdirector en instituciones educativos públicas, en virtud a lo dispuesto en la Décima Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, el cual se llevará a cabo conforme a lo establecido en la Norma Técnica aprobada mediante Resolución N° 204-2014-MINEDU y Aprueba el Cronograma del Procedimiento Excepcional. 5.4. La Jurisprudencia Nacional ha determinado que la Ley N° 26269, Ley que regula el acceso al cargo de Director de los Centros o Programas Educativos de gestión estatal, publicado el 01 de enero de 1994, estableció en el artículo 1°, que la duración en el cargo era de cinco años, vencido el plazo, el Director podía concursar nuevamente. Posteriormente, la Ley N° 28718, publicado el 18 de abril de 2006, estableció que estando a que la duración del cargo era de tres años, vencido el plazo y cada tres años, el Director se somete a un proceso de evaluación para su ratificación. En ese mismo sentido, el artículo 21° de la Ley N° 29062, Ley de la Carrera Pública Magisterial, estableció que el cargo de director o subdirector era de un periodo de tres años, luego de la cual el docente se sometía a una evaluación, que de ser aprobada se procedía a su ratificación por tres años más; por su parte, la Ley N° 29944 en el artículo 33, señala que el cargo de director y subdirector tiene una duración de tres años. Al término del periodo de gestión es evaluado para determinar su continuidad en el cargo o su retorno al cargo docente, de las normas mencionadas se colige que el cargo de Director y Subdirector no es un cargo de duración indeterminada, sino más bien, sujeto a un plazo de duración limitada. 5.5. El accionante manifiesta que se declare la nulidad e inaplicabilidad del Decreto Supremo N° 003-2014-MINEDU, en virtud de que crea un procedimiento excepcional de evaluación que no está contemplada; así como se declare la nulidad e inaplicabilidad de la Resolución Ministerial N° 204-2014-MINEDU y de la Resolución Ministerial N° 214-2014-MINEDU, por haberse emitido ambas resoluciones ministeriales tomando como base legal al Decreto Supremo N° 003-2014-MINEDU, cuya declaración de nulidad e inaplicabilidad es materia de la pretensión principal; por cuanto ello colisiona con el texto expreso de su nombramiento como Director del Centro Educativo N° 22462 del Distrito y Provincia de Pisco y Departamento de Ica, que tiene el carácter de indefinido, sometiéndole a un proceso de evaluación que debiera efectuarse cada tres años, así mismo solicita se suprima la violación de sus derechos constitucionales al derecho al trabajo, a la igualdad ante la Ley, al carácter irrenunciable de los derechos reconocidos en la Constitución, al debido proceso y a la protección contra el despido arbitrario, precisando que en la interpretación de la Teoría de los Hechos Cumplidos, y al haberle adecuado al nuevo marco normativo de la Ley N° 29944, que fue publicado el veinticinco de noviembre del dos mil doce, se da inicio a un nuevo periodo de gestión de Director de tres años, que dura hasta el veinticinco de noviembre del dos mil quince por lo que señala que dicha evaluación en el desempeño del cargo no puede ser realizado antes de éste periodo por legalidad y el adecuado debido proceso. 5.6. Con relación al derecho al trabajo el artículo 22 de la Constitución Política del Estado, establece que: “El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona”. Asimismo, el artículo 27 señala que: “La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario”. En el caso de autos, éste Colegiado advierte que la recurrente no ha probado con documento alguno que se le haya vulnerado el contenido constitucional del derecho
  • 7. PROCESOS CONSTITUCIONALESEl Peruano Domingo 18 de octubre de 2015 54249 al trabajo, tampoco ha acreditado que el Decreto Supremo N° 003-2014-MINEDU y las resoluciones ministeriales N° 214-2014-MINEDU y N° 204-2014-MINEDU, colisionan con el texto expreso de su nombramiento como Director del Centro Educativo N° 22462 del Distrito y Provincia de Pisco y Departamento de Ica. 5.7. El Tribunal Constitucional en el Expediente N° 00020- 2012-PI/TC, ha confirmado la constitucionalidad de la migración a la nueva escala magisterial prevista en la Ley N° 29944 y señaló lo siguiente: “Este tribunal advierte que la migración de los profesores de los cinco niveles magisteriales de la Ley N° 24029 a las tres primeras escalas de la Ley N° 29444 no constituye un acto que implique tratar como objeto a la persona del profesor (trabajador) y el desprecio de su condición de ser humaNº Por el contrario lo que realiza la ley objetada, tal como fuese explicado supra, es una reestructuración total de la carrera magisterial sobre la base de criterios razonables y justificados tales como el mérito y la capacidad de los docentes, por la que los profesores de la Ley N° 24029 han visto modificado sólo su status laboral mas no su actividad funcional, por lo que la migración a las tres primeras escalas de la Ley N° 29944 no supone una modificación en el desarrollo de la actividad docente de los profesores de la Ley N° 24029. Así las cosas, corresponde confirmar la constitucionalidad de la disposición cuestionada, por lo que en este extremo la demanda también debe ser declarada infundada”. (Fundamento N° 81). 5.8. También el Tribunal Constitucional ha señalado en el aludido expediente que la intervención en el derecho a la remuneración de los trabajadores -profesores es constitucional, al encontrarse sustentada en razones objetivas y razonables. En efecto, el fundamento N° 58 expresa lo siguiente: “Así las cosas, la eventual reducción de la remuneración de los profesores de la Ley N° 24029 como consecuencia de la reorganización de servicio y la estructura del actual sistema educativo sobre la base de criterios estrictamente objetivos como el mérito personal y la capacidad profesional constituye una medida excepcional que responde a una causa objetiva (la meritocracia en el ingreso y la permanencia en la actividad docente, así como la mejora de la calidad de la educación), y por lo mismo, cualquier reducción en al remuneración se encontraría justificada, tanto más cuanto que dicha medida sería sólo de índole temporal, pues como se señalará infra los docentes pueden ver incrementadas sus remuneraciones a través de los ascensos a las siguientes escalas; y en todo caso, se trataría de una reducción razonable (…)”. 1.9. El artículo 32° de la Ley N° 29944 prescribe que, el Ministerio de Educación, en coordinación con los gobiernos regionales, convoca a concursos para el acceso a cargos, cada dos años, los que se implementan en forma descentralizada, de acuerdo a normas, especificaciones técnicas y criterios de buen desempeño exigibles para cada cargo. Es más, la Ley N° 26269, que entró en vigencia el año mil novecientos noventa y cuatro, reconocía al Ministerio de Educación la facultad para ejecutar la evaluación para el acceso al cargo de director y subdirector; así como, en el escenario de vencimiento de plazo; la Ley N° 28718, del año dos mil seis establecía que el Ministerio de Educación a través de la UGEL, conducía el concurso público de acceso al cargo de director; asimismo, la Ley N° 29062, del año dos mil siete, disponía la evaluación del desempeño laboral del Director y del Subdirector (artículo 21°). 1.10. De lo anteriormente descrito se colige, que el Ministerio de Educación siempre tuvo la competencia para la efectuar evaluaciones respecto al desempeño laboral del Director y Subdirector, de tal manera que los designados al amparo de este marco legal conocían de la competencia del Ministerio de Educación para evaluar su acceso, permanencia y desempeño en el cargo; pudiendo apreciarse que en el actual marco normativo, el Ministerio de Educación también tiene competencia para llevar a cabo procesos de evaluación. 1.11. Habiendo quedado plenamente determinado que el Ministerio de Educación se encuentra facultado para efectuar evaluaciones a los directores y sub directores, corresponde ahora establecer si dicha potestad lo faculta para llevar a cabo evaluaciones excepcionales. 1.12. El artículo 33° de la Ley N° 29944, respecto al acceso a cargos y periodo de gestión señala que: “El profesor puede acceder a otros cargos de las áreas de desempeño laboral por concurso y por un período de tres años. Al término del período de gestión es evaluado para determinar su continuidad en el cargo o su retorno al cargo docente. Los cargos de director de Unidad de Gestión Educativa Local y Director o Jefe de Gestión Pedagógica son evaluados anualmente para determinar su continuidad. Excepcionalmente, dicha evaluación se puede realizar en períodos menores. El acceso a un cargo no implica ascenso de escala magisterial”; con lo que queda acreditado que el Ministerio de Educación ostenta la prerrogativa de evaluar el desempeño ocupacional de los docentes con cargo de modo excepcional y en periodos menores. 1.13. Este análisis, nos permite afirmar que el actor no ha acreditado, que la evaluación excepcional prevista por el Decreto Supremo Nº 003-2014-MINEDU sea contrario a la ley y por lo tanto puede afectar los derechos fundamentales señalados en su escrito de demanda de folios cincuentidos y siguientes, de igual modo se tiene que no es procedente reponer las cosas al estado anterior de la emisión del Decreto Supremo N° 003-2014-MINEDU, así como de la emisión de la Resolución Ministerial N° 214-2014-MINEDU y de la Resolución Ministerial N° 204-2014-MINEDU del 23 de abril de 2014. 1.14. En el fondo los cuestionamientos desglosados por el recurrente no se encuentran referidos sino a impugnar la inconstitucionalidad de la Ley N° 29944, que por lo demás el Tribunal Constitucional en el expediente N° 020-2012-PI/TC, en la STC N° 01-2014-PI, Caso Ley de Reforma Magisterial ha resuelto declarando Infundada la demanda de inconstitucionalidad en todos los extremos, por ende dicha ley tiene plena validez constitucional, en mérito a dicha ley el Ministerio de Educación es la entidad del Estado encargada de coordinar la política de formular lineamientos generales y sobre todo supervisar la calidad de la educación, motivo por el cual el Decreto Supremo N° 003-2014-MINEDU, tiene pleno sustento jurídico en la Constitución. Y el articulo 15° de la Ley de Reforma Magisterial señala: “El Ministerio de Educación establece la política y las normas de evaluación docente y formula los indicadores e instrumentos de evaluación. En coordinación con los gobiernos regionales, es responsable de diseñar, planificar, monitorear y evaluar los procesos para el ingreso, permanenencia, ascenso y acceso a cargos dentro de la Carrera Pública Magisterial, asegurando la transparencia, objetividad y confiabilidad. Este juzgado considera que las evaluaciones es para garantizar la calidad educativa y la política de la meritocracia”. 1.15. Por todo ello es que éste Colegiado observa que los agravios expuestos carecen de todo sustento correspondiendo confirmar la resolución materia de apelación que declara Infundada la demanda, pues se encuentra arreglada a derecho. POR ESTOS FUNDAMENTOS: 1.- CONFIRMARON: La sentencia contenida en la resolución número seis de fecha veinte de abril de dos mil quince obrante a folios ciento ocho y siguientes, por medio de la cual se resolvió declarar INFUNDADA la demanda de folios cincuentidos y siguientes interpuesta por don Justo Casia Dávila, contra el Ministerio de Educación, Procurador Público del Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación de Ica, Procurador Publico Regional, Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pisco, sobre Proceso de Amparo; y, en consecuencia; 2.- CUMPLA: Secretaria de Sala a dar cumplimiento al mandato contemplado en la Cuarta Disposición Final del Código Procesal Constitucional; consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia; sin costos; con lo demás que contiene y los devolvieron. Avocándose al conocimiento de la presente causa los que suscriben por conformar sala para el presente año judicial, conforme lo dispuesto en la Resolución N° 01-2015-CSJIC/PJ de fecha 05 de Enero del 2015. Notifíquese. S.S. MALPARTIDA CASTILLO. COAGUILA CHÁVEZ. GUTIÉRREZ MARTÍNEZ. 1 Artículo 51.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esen- cial para la vigencia de toda norma del Estado. 2 BIDAR CAMPOS, Derecho Constitucional. Ediar Buenos Aires, 1966, T.I pág. 206. 3 Artículo 3 del Código Procesal Constitucional: Procedencia frente a actos basados en normas: Cuando se invoque la amenaza o violación de actos que tienen como sustento la aplicación de una norma autoaplicativa incom- patible con la Constitución, la sentencia que declare fundada la demanda dispondrá, además, la inaplicabilidad de la citada norma. Son normas autoaplicativas, aquellas cuya aplicabilidad, una vez que han entrado en vigencia, resulta inmediata e incondicionada. Las decisiones jurisdiccionales que se adopten en aplicación del control difuso de la constitucionalidad de las normas, serán elevadas en consul- ta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, si no fueran impugnadas. Lo son igualmente las resoluciones judiciales en segunda instancia en las que se aplique este mismo precepto, aun cuando contra éstas no proceda medio impugnatorio alguno En todos estos casos, los Jueces se limitan a declarar la inaplicación de la norma por incompatibilidad inconstitucional, para el caso concreto, sin afectar su vigencia, realizando interpretación constitucional, conforme a la forma y modo que la Constitución establece. Cuando se trata de normas de menor jerarquía, rige el mismo principio, no requiriéndose la elevación en consulta, sin perjuicio del proceso de acción popular. La consulta a que hace alusión el presente artículo se hace en interés de la ley.” 4 STC, Exp. N° 0091-2005-AA del 18/02/2005 Fj. 6 5 STC. Exp. N° 00025-2007-PI/TC, fj. 20, 21 y 22. 6 STC. Exp. N° 007-96-I/TC y 008-96-I/TC; 0025-2007-PI/TC, fj.89. 7 STTC. Exp. N° 0030-2005-PI/TC fj. 37; STC. Exp. N° 0024-2010-PI/TC. 8 Enmanuel Mounier [citado por Víctor Quintanilla Young y Vilma Cuba de Quintanilla. Pensamientos y refranes seleccionados y clasificados. Lima: Pricelines, 1989. 9 Expediente N° 020-2012-PI/TC. 10 STC,. Expo. N° 007.- 2003-AI/TC, fj. 1; STC. Exp. N° 0015-2011-PI/TC fj. 43. 11 Nieves Mujica, Javier, Introducción al Derecho del Trabajo, Lima, Fondo Editorial de La Pontifica Universidad Católica del Perú, Lima 2009, pág. 129. W-1291817-2