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TUTELA DIFERENCIADA EN LA REPÚBLICA
DOMINICANA
JULIO JOSÉ ROJAS BÁEZ

TUTELA DIFERENCIADA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
Plan de contenido
• Módulo 1: Fundamentos de la Tutela Diferenciada
• De
fi
nición y Concepto de Tutela Diferenciada
• Base Normativa Nacional e Internacional
• Derechos Fundamentales en Riesgo y la Necesidad de una Protección Especializada
• Módulo 2: La Tutela Diferenciada en la Jurisprudencia Dominicana
• Análisis de Casos Emblemáticos del Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de
Justicia
• Principios Claves de la Tutela Diferenciada en la Jurisprudencia Dominicana

TUTELA DIFERENCIADA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
Plan de contenido
• Módulo 3: Tensiones entre la Tutela Diferenciada y el Debido Proceso
• Con
fl
ictos con el Debido Proceso
• Criterios del Tribunal Constitucional sobre el Debido Proceso

Fundamentos de la Tutela
Diferenciada

De
fi
nición y Concepto de Tutela
Diferenciada

Fundamentos de la Tutela Diferenciada
Protección de derechos fundamentales de ciertas personas o situaciones
• La tutela diferenciada se re
fi
ere a la aplicación de procedimientos judiciales
especializados que permiten la protección efectiva de:
• Ciertos derechos fundamentales, y
• Tomando en cuenta la vulnerabilidad de ciertas personas o situaciones
• Concepto parte de que las reglas procesales comunes no siempre pueden
proporcionar una protección efectiva y oportuna
• Permite al juez adoptar medidas procesales especí cas que se adapten a las
necesidades del caso concreto, considerando la situación particular del
justiciable

• La tutela diferenciada se fundamenta en el principio de igualdad material
• A pesar de la igualdad formal ante la ley, existen grupos o sujetos que se
encuentran en situaciones de desigualdad o vulnerabilidad real
• Vulnerabilidad ya sea por razones sociales, económicas, culturales, físicas o
de cualquier otra índole - Apreciación del juez
• Tutela diferenciada busca otorgar un trato preferencial a estos grupos o
sujetos, con el
fi
n de nivelar sus oportunidades y garantizar el ejercicio
efectivo de sus derechos fundamentales

• La tutela diferenciada se sustenta en la idea de que la aplicación uniforme
de la ley puede generar discriminaciones y desigualdades de facto
• Entonces, se busca adoptar un enfoque más exible y sensible a las
particularidades de cada situación
• Busca garantizar que no solo exista un reconocimiento formal de los
derechos en las leyes
• Sino que estos derechos puedan ser efectivamente ejercidos por todos los
individuos, sin importar su condición

• Se procura un enfoque más inclusivo y equitativo del acceso a la justicia
• Estado debe garantizar que los procedimientos judiciales sean exibles y
sensibles a las circunstancias particulares de los justiciables

Base Normativa Nacional e
Internacional

• Constitución de la República
• Art. 39.3: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la
misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás
personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin
ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad,
nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o
fi
losó
fi
ca, condición social o personal. En consecuencia: […] 3) El Estado
debe promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas para prevenir y combatir la
discriminación, la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión;

• Art. 68: La Constitución garantiza la efectividad de los derechos
fundamentales, a través de los mecanismos de tutela y protección, que
ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de sus
derechos, frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos. Los
derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los cuales
deben garantizar su efectividad en los términos establecidos por la
presente Constitución y por la ley.

• Art. 74: La interpretación y reglamentación de los derechos y garantías
fundamentales, reconocidos en la presente Constitución, se rigen por los
principios siguientes:
• No tienen carácter limitativo y, por consiguiente, no excluyen otros
derechos y garantías de igual naturaleza.
• Sólo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, podrá regularse
el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, respetando su
contenido esencial y el principio de razonabilidad.

• Art. 74 (cont.): La interpretación y reglamentación de los derechos y garantías
• Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos,
suscritos y rati
fi
cados por el Estado dominicano, tienen jerarquía
constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y
demás órganos del Estado.

• Art. 74 (cont.): La interpretación y reglamentación de los derechos y garantías
• Los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los
derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la
persona titular de los mismos y, en caso de con icto entre derechos
fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos
por esta Constitución.

• Art. 69: Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos,
tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido
proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se
establecen a continuación[.]

• Leyes que reconocen y desarrollan la tutela diferenciada. Entre otras:
• Ley No. 1-12 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo 2030;
• Ley No. 5-13 sobre Discapacidad;
• Ley No. 136-03 sobre el Código para el Sistema de Protección y los Derechos
Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes;
• Ley No. 88-03 sobre la protección de los derechos de las personas
envejecientes.

• En términos procesales, Ley 137-11:
• Art. 7.1: Accesibilidad. La jurisdicción debe estar libre de obstáculos,
impedimentos, formalismos o ritualismos que limiten irrazonablemente la
accesibilidad y oportunidad de la justicia.
• Art. 7.3: Constitucionalidad. Corresponde al Tribunal Constitucional y al
Poder Judicial, en el marco de sus respectivas competencias, garantizar
la supremacía, integridad y e
fi
cacia de la Constitución y del bloque de
constitucionalidad.

• Art. 7.4: Efectividad. Todo juez o tribunal debe garantizar la efectiva
aplicación de las normas constitucionales y de los derechos fundamentales
frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos, respetando las
garantías mínimas del debido proceso y está obligado a utilizar los
medios más idóneos y adecuados a las necesidades concretas de
protección frente a cada cuestión planteada, pudiendo conceder una tutela
judicial diferenciada cuando lo amerite el caso en razón de sus
peculiaridades.

• Art. 7.5: Favorabilidad. La Constitución y los derechos fundamentales deben ser
interpretados y aplicados de modo que se optimice su máxima efectividad
para favorecer al titular del derecho fundamental. Cuando exista con icto entre
normas integrantes del bloque de constitucionalidad, prevalecerá la que sea más
favorable al titular del derecho vulnerado. Si una norma infraconstitucional es
más favorable para el titular del derecho fundamental que las normas del bloque
de constitucionalidad, la primera se aplicará de forma complementaria, de
manera tal que se asegure el máximo nivel de protección. Ninguna disposición
de la presente ley puede ser interpretada, en el sentido de limitar o suprimir el
goce y ejercicio de los derechos y garantías fundamentales.

• Art. 7.6: Inconvalidabilidad. La infracción de los valores, principios y reglas
constitucionales, está sancionada con la nulidad y se prohíbe su
subsanación o convalidación.
• Ojo: Constitución: Art. 6 y 73, y Ley 137-11, Art. 6

• Art. 7.6: Inconvalidabilidad. La infracción de los valores, principios y reglas
constitucionales, está sancionada con la nulidad y se prohíbe su
subsanación o convalidación.
• Ojo: Constitución: Art. 6 y 73, y Ley 137-11, Art. 6
• Supremacía de la Constitución. Todas las personas y los órganos que ejercen
potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y
fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho
toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución.

• Nulidad de los actos que subviertan el orden constitucional. Son nulos de
pleno derecho los actos emanados de autoridad usurpada, las acciones o
decisiones de los poderes públicos, instituciones o personas que alteren o
subviertan el orden constitucional y toda decisión acordada por requisición
de fuerza armada.

• Infracciones Constitucionales. Se tendrá por infringida la Constitución cuando
haya contradicción del texto de la norma, acto u omisión cuestionado, de
sus efectos o de su interpretación o aplicación con los valores, principios
y reglas contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre
derechos humanos suscritos y rati
fi
cados por la República Dominicana o
cuando los mismos tengan como consecuencia restar efectividad a los
principios y mandatos contenidos en los mismos.

• Art. 7.9: Informalidad. Los procesos y procedimientos constitucionales deben
estar exentos de formalismos o rigores innecesarios que afecten la tutela
judicial efectiva.
• OJO CON EL DEBIDO PROCESO!

• Art. 7.10: Interdependencia. Los valores, principios y reglas contenidos en la
Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos
adoptados por los poderes públicos de la República Dominicana,
conjuntamente con los derechos y garantías fundamentales de igual
naturaleza a los expresamente contenidos en aquéllos, integran el bloque
de constitucionalidad que sirve de parámetro al control de la
constitucionalidad y al cual está sujeto la validez formal y material de las
normas infraconstitucionales.

• Art. 7.11: O
fi
ciosidad. Todo juez o tribunal, como garante de la tutela judicial
efectiva, debe adoptar de o
fi
cio, las medidas requeridas para garantizar
la supremacía constitucional y el pleno goce de los derechos
fundamentales, aunque no hayan sido invocadas por las partes o las hayan
utilizado erróneamente.

• Art. 7.12: Supletoriedad. Para la solución de toda imprevisión, oscuridad,
insu
fi
ciencia o ambigüedad de esta ley, se aplicarán supletoriamente los
principios generales del Derecho Procesal Constitucional y sólo
subsidiariamente las normas procesales a nes a la materia discutida,
siempre y cuando no contradigan los nes de los procesos y
procedimientos constitucionales y los ayuden a su mejor desarrollo.

• Art. 7.13: Vinculatoriedad. Las decisiones del Tribunal Constitucional y las
interpretaciones que adoptan o hagan los tribunales internacionales en
materia de derechos humanos, constituyen precedentes vinculantes para
los poderes públicos y todos los órganos del Estado.
• Y la TC/0256/14?

Derechos Fundamentales en
Riesgo y la Necesidad de una
Protección Especializada

Derechos en Riesgo y Necesidad de Protección Especializada
• Tutela diferenciada surge como una respuesta a la necesidad de garantizar el
goce efectivo de los derechos fundamentales de aquellos grupos de la
población que se encuentran en situación de desventaja o vulnerabilidad.
• Vulnerabilidad puede ser por razones sociales, económicas, culturales, físicas
o de cualquier otra índole.
• Situaciones son cuestiones de hecho que deben ser probadas por las partes
y apreciadas por el juez

• Para garantizar la igualdad material, el Estado debe adoptar medidas
orientadas a nivelar las desventajas de ciertos grupos vulnerables, tales como
las personas con discapacidad, las mujeres, los niños, niñas y adolescentes,
los adultos mayores, entre otros
• Criterios para identi
fi
car denominadas “clases sospechosas”
• Categorías de personas que, debido a una historia de discriminación o
marginación, reciben una protección especial bajo el marco jurídico al ser
objeto de análisis más riguroso por parte de los tribunales

• En el contexto de la tutela judicial diferenciada, esto signi ca que cualquier
ley o política que afecte a estas clases es examinada con mayor cuidado
para garantizar que no viole principios constitucionales de igualdad y no
discriminación
• Raza, origen étnico, nacionalidad u origen nacional, religión, género,
orientación sexual, edad, capacidades especiales de carácter físico o
intelectual, o cualquier otra índole!
• Lo importante es que la medida o política afecte o se re era a un grupo en
particular precisamente por su condición.

La Tutela Diferenciada en la
Jurisprudencia Dominicana

Análisis de Casos Emblemáticos
del Tribunal Constitucional y la
Suprema Corte de Justicia

Tutela diferenciada en la jurisprudencia dominicana
• TC/0012/12
• Accionante mantuvo unión libre por 40 años con militar que falleció. Al
fallecimiento, accionante solicitó pensión a la Junta de Retiro.
• Junta de Retiro rechazó la solicitud de pensión, alegando que el artículo 252
exigía matrimonio para que una viuda pueda acceder a los bene cios, y la
accionante y el fallecido no estaban casados, sino que mantenían una unión
de hecho.
• Accionante interpuso amparo. TSA declaró inadmisible por plazo de 60 días.

• TC/0012/12
• TC admitió recurso, revocó sentencia y acogió acción.
• También: “DECLARAR que la interpretación constitucional del artículo 252 de
la Ley No. 873, Orgánica de las Fuerzas Armadas Dominicanas, de fecha 31
de julio de 1978, es la siguiente: “Tendrá derecho a pensión el o la
sobreviviente de un matrimonio o de una unión marital de hecho con por lo
menos un año de duración, salvo el caso de que hayan engendrado hijos o
que el fallecimiento hubiere sido causado por un accidente o por las causales
del artículo 247” - De esto hablaremos más adelante, pero…

• TC/0012/12
• “En consecuencia, resulta evidente que el texto objeto de análisis transgrede
la Constitución, particularmente los principios relativos a la igualdad, la
dignidad humana y la familia. No obstante, dicho texto sería conforme con la
Constitución, a condición de que se interprete en la forma que más adelante
indicará este Tribunal Constitucional, ejerciendo así la facultad de garantizar
la permanencia de una determinada norma en nuestro ordenamiento jurídico”
• Para ello, tomó en cuenta 39.4 de la Constitución, jurisprudencia de la SCJ
uniones de hecho, y múltiples leyes que reconocen derechos derivados de
union more uxorio.

• TC/0203/13
• Accionante sufrió un accidente laboral mientras trabajaba como maquinista
para el Ayuntamiento de Santo Domingo Este el 31 de octubre de 2007. Una
junta médica determinó que quedó incapacitado para el trabajo productivo.
• La Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura (ARLSS) emitió
informe indicando que lesiones no fueron consecuencia del accidente, sino
producto de su edad avanzada, lo cual fue considerado discriminatorio por el
accionante.
• TSA rechazó amparo por no considerar violación de derechos fundamentales.

• TC/0203/13
• TC admitió el recurso, revocó la decisión del TSA y concluyó que accionante
tenía derecho a una pensión de discapacidad por el accidente laboral.
• Ordenó a la ARLSS y al Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS)
pagarle el 70% de su salario base retroactivamente desde que dejó de
percibirlo debido al accidente.
• TC citó principios de efectividad, favorabilidad y o ciosidad.

• TC/0203/13
• “kk. Así, la e
fi
cacia en la actuación de la administración es uno de los
soportes que garantizan la realización de las personas que conforman un
Estado y la protección efectiva de sus derechos fundamentales, por lo que es
innegable que la tardanza innecesaria e indebida en la atención a las
solicitudes de los particulares pueden constituirse en violaciones a derechos
fundamentales, máxime cuando éstos derechos se encuentran íntimamente
vinculados con la satisfacción de las necesidades básicas para la
subsistencia digna de una persona envejeciente que, sin las atenciones
mínimas, se expone a penurias y enfermedades, por lo que su atención debe
ser una prioridad para el Estado.”

• TC/0203/13
• “oo. Muy por el contrario, en el caso que nos ocupa, la parte recurrente ha
tenido una larga espera para obtener respuesta a su solicitud, en su
circunstancia especial de no encontrarse apto para la realización de ningún
trabajo productivo, y sin que el tiempo se detenga a su favor sino, muy por el
contrario, con una lesión degenerativa, todo lo cual evidencia que la dilación
indebida por parte de la Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura
ha implicado serias violaciones a sus derechos fundamentales y que pueden,
a su vez, desencadenar conculcaciones a otros derechos fundamentales,
como el derecho a la vida, y que este tribunal constitucional, en este caso
concreto, se ha determinado a proteger.”

• TC/0203/13
• “pp. Por lo anterior, promover la posibilidad de que la parte recurrente se
someta a una nueva espera frente a la administración, contra la que, como
ocurre usualmente con los envejecientes, el tiempo obrará con inclemencia
redoblada, sería someterlo, asimismo, a la incertidumbre de si va a recibir o
no, en tiempo razonable, la protección que probablemente ni siquiera tenga la
oportunidad de disfrutar.”

• TC/0213/19
• Menor diagnosticado con epilepsia sintomática y necesitaba una intervención
quirúrgica para tratar su condición.
• Los padres del menor tenían contratada una póliza de seguro de salud
internacional, la cual ofrecía una cobertura anual de dos millones de dólares.
• Aseguradora comunicó su intención de reducir drásticamente el monto de la
cobertura, argumentando que la condición del menor era congénita.
• Padres del menor presentaron una acción de amparo preventivo, alegando
que la reducción de la cobertura amaneraba derechos fundamentales del niño

• TC/0213/19
• Amenaza a los derechos fundamentales: El Tribunal con rmó que la
reducción de la cobertura del seguro de salud del menor, como alegaba
aseguradora, ponía en peligro los derechos fundamentales del niño,
especí
fi
camente los derechos a la vida, la salud, la integridad física y la
dignidad humana.
• TC destacó que el no proporcionar la cobertura completa contratada
constituía una amenaza inminente para la vida del menor, dado su delicado
estado de salud.

• TC/0213/19
• Protección del interés superior del niño: El Tribunal resaltó la importancia
del principio del interés superior del niño, que obliga a que las decisiones que
involucren a menores prioricen su bienestar.
• Este principio fue considerado fundamental en la protección de los derechos
del menor y, por tanto, justi
fi
caba la intervención judicial para garantizar que
se cumplieran las coberturas necesarias para su tratamiento médico.

• TC/0213/19
• El carácter no congénito de la enfermedad: El TC aceptó el argumento de
los padres del menor de que la epilepsia que sufría no era una condición
congénita, como sostenía la aseguradora, sino una consecuencia de un
accidente cerebrovascular ocurrido después del nacimiento.
• Al no tratarse de una enfermedad congénita, no aplicaba el límite de 250,000
dólares que aseguradora intentaba imponer.

• TC/0213/19
• Validez del contrato de adhesión: El TC también destacó que aseguradora
no había registrado correctamente el contrato de adhesión ante el Instituto
Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor
(PROCONSUMIDOR), lo cual es una violación la ley.
• Esta falta de registro invalidaba cualquier modi cación unilateral que la
aseguradora intentara realizar respecto a la cobertura.

• TC/0213/19
• Acción de amparo como vía idónea: El Tribunal Constitucional con rmó que
la acción de amparo era la vía más idónea para garantizar la protección de los
derechos fundamentales del menor, dada la urgencia de la situación y el
impacto directo en su salud y vida.
• Desestimó los argumentos de la aseguradora que sugerían que este tipo de
con
fl
icto debía ser resuelto por otros medios judiciales, como el arbitraje,
considerando que se trataba de derechos fundamentales y no de una mera
disputa contractual - Tutela diferenciada: Principio de efectividad

• TC/0064/14 - “Recali
fi
cación” de recurso de casación a recurso de revisión
• SCJ estaba inicialmente apoderada de un recurso de casación de sentencia
de amparo. Sin embargo, a la entrada en vigencia de la Ley 137-11, el
recurso estaba aun pendiente de fallo - Situación no atribuida a recurrente
• Con la entrada en vigencia de la Ley 137-11, ya no existía el recurso de
casación como medio para impugnar una sentencia en materia de amparo
• TC determinó que, aunque SCJ era la instancia competente para conocer del
recurso de casación inicialmente, era más adecuado recali car el recurso
como revisión de amparo para garantizar una tutela judicial efectiva

• TC/0610/15 - Con
fl
icto sobre la propiedad de una vivienda familiar
• Interpretación y ejecución de un contrato de opción de compra de un
inmueble - Vivienda familiar
• La ejecución de la sentencia original, que ordenaba el desalojo de los
recurrentes, implicaba la pérdida de su hogar
• Derecho fundamental a la vivienda- Art. 59 Constitucional
• Contexto económico y social del caso: Años 2002-2004. Crisis que afectó
estabilidad de contratos opción de compra de inmuebles, como este

• TC/0610/15 - Con
fl
• En TC/0250/13, el TC ya había suspendido temporalmente una sentencia que
implicaba desalojo de recurrentes, precisamente para evitar daño irreparable
mientras se resolvía el recurso de revisión constitucional
• Preocupación del Tribunal por evitar enriquecimiento sin causa de recurrida -
Justi
fi
cación de tutela diferenciada
• Recurrentes alegaron que, si se resolvía el contrato sin la devolución de las
sumas pagadas, que superaban el 94% del precio pactado, se generaría una
injusticia - Recurrida quedaría con inmueble y con los pagos

• TC/0610/15 - Con
fl
• TC: Resolución judicial de contrato implica retroactividad de sus efectos, lo
que debería restablecer a ambas partes en la posición que tenían antes de la
formación del contrato
• Entonces, mientras recurrida recuperaría la posesión del inmueble,
recurrentes tendrían derecho a devolución de sumas que habían pagado,
descontando cualquier daño o perjuicio establecido
• No proceder así implicaría enriquecimiento sin causa a favor de la parte
recurrida, lo cual sería incompatible con el principio de justicia y equidad

• TC/0610/15 - Con
fl
• Este razonamiento fue uno de los aspectos que justi caron la intervención del
Tribunal para aplicar una tutela diferenciada
• Se buscaba corregir una posible desproporción en los efectos de la sentencia
original

• TC/0067/19
• Con
fl
icto se origina por ejecución de una sentencia que ordenó la
recti
fi
cación de dos actas de nacimiento
• Junta Central Electoral se niega a realizar la referida recti cación, alegando
que el tribunal que dictó la sentencia no era el competente para ello, en lo
que se re
fi
ere al menor de edad
• TC: Junta Central Electoral obró de manera incorrecta, en razón de que, ante
una sentencia de un tribunal, el deber de dicha institución es dar
cumplimiento a la misma, aunque no la comparta - Pero…

• TC/0067/19
• TC: El tribunal quiere destacar qué si bien todos los derechos previstos en la
Constitución requieren de una protección urgente, aquellos derechos relativo
a la identidad de la persona, como los que nos ocupan, ameritan de una
tutela judicial diferenciada, toda vez que una persona sin identidad es un
muerto civil, en la medida que legalmente no tiene existencia

• Sentencia núm. 001-022-2021-SSEN-01287
• Hechos: Proceso penal por estafa iniciado por un banco. Juzgado de Primera
Instancia declaró extinción de acción penal por prescripción de la acción
• Supuesta estafa ocurrida en el año 2010. Banco tuvo conocimiento en 2012, y
querella se presentó en 2017
• Apelación fue declarada inadmisible: artículos 410, 269, 283, 304, 416 y 271
del Código Procesal Penal
• No incluyen de manera explícita apelación de extinción de la acción penal por
prescripción

• Sentencia núm. 001-022-2021-SSEN-01287
• SCJ: Es necesario garantizar el derecho a una revisión por parte de un tribunal
superior, dado que la extinción de la acción penal generaba un perjuicio
irreparable para el querellante
• Tutela especial que permita que decisión pueda ser revisada por un tribunal de
apelación, cumpliendo con el derecho de recurrir que reconoce tanto la
Constitución dominicana como la Convención Americana sobre Derechos
Humanos
• Extinción de acción penal: Banco perdía la posibilidad de que caso fuera juzgado
y, quedaba sin la oportunidad de obtener justicia respecto de la supuesta estafa

Principios Claves de la Tutela
Diferenciada en la Jurisprudencia
Dominicana

Principios clave en la jurisprudencia dominicana
• Ponderación de los derechos fundamentales y situación de vulnerabilidad:
El Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia han adoptado el
principio de ponderación
• En casos donde existen derechos fundamentales en con icto, los tribunales
deben equilibrar cuidadosamente esos derechos.
• La situación de vulnerabilidad del justiciable es un factor determinante en la
adopción de medidas judiciales que se ajusten a sus necesidades.
• Por ejemplo, en casos relacionados con el derecho a la salud, los tribunales han
fl
exibilizado los requisitos formales de las medidas cautelares para asegurar que
la protección del derecho sea efectiva.

Principios clave en la jurisprudencia dominicana
• Adaptación del procedimiento judicial a las necesidades del caso: Uno
de los aspectos esenciales de la tutela diferenciada es que los tribunales no
deben aplicar mecánicamente las normas procesales.
• En su lugar, deben adaptar los procedimientos a las características
particulares del caso, especialmente cuando se trata de grupos vulnerables.
• En la jurisprudencia dominicana, se ha visto que los tribunales modi can o
simpli
fi
can ciertos requisitos procesales para garantizar que los derechos
sustantivos sean protegidos de manera oportuna.

Tensiones entre la Tutela
Diferenciada y el Debido Proceso

Con
fl
ictos con el Debido
Proceso

Con
fl
ictos entre tutela diferenciada y debido proceso
• Tutela diferenciada y debido proceso tienen, al nal del día, un objetivo
común: protección efectiva de derechos humanos o fundamentales
• Sin embargo, tienen enfoques distintos
• Debido proceso establece garantías mínimas para que toda persona sujeta a
proceso o procedimiento que pueda afectar sus derechos pueda defenderse
y reciba un trato justo
• Tutela diferenciada, en cambio, procura adaptar reglas y procedimientos para
que grupos vulnerables puedan tener efectivo respeto y garantía de sus
derechos

Con
fl
• Esta diferencia en enfoques puede dar lugar a con ictos
• Especialmente cuando la necesidad de un tratamiento diferenciado para
ciertos grupos se percibe como una posible vulneración de las garantías de
imparcialidad y equidad que exige el debido proceso

Con
fl
• Percepción de desigualdad ante la ley
• Tutela judicial diferenciada puede ser vista como una alteración del principio
de igualdad ante la ley, al ofrecer un trato distinto a ciertos grupos
• Esto puede ser considerado como una vulneración del debido proceso, que
requiere que las reglas y garantías sean aplicadas de manera uniforme
• Diferenciación en la tutela judicial se justi ca cuando se pretende corregir
desventajas estructurales que impiden a ciertos grupos acceder en igualdad
de condiciones a la justicia

Con
fl
• Imparcialidad judicial vs. protección reforzada
• El debido proceso exige que los jueces sean imparciales y que el
procedimiento sea neutro, sin favorecer a ninguna de las partes
• Tutela judicial diferenciada podría implicar que el juez tenga en cuenta ciertas
características particulares de un grupo, lo que podría ser percibido como
una pérdida de la neutralidad
• Imparcialidad no signi
fi
ca ignorar las diferencias estructurales. Tribunales han
señalado que justicia imparcial puede requerir enfoque diferenciado para
garantizar igualdad sustantiva

Con
fl
• Flexibilidad procesal y formalidad del debido proceso
• La tutela judicial diferenciada a menudo requiere exibilidad en los
procedimientos judiciales para adaptarse a las necesidades de ciertos grupos
• Esto puede entrar en con
fl
icto con la formalidad y los requisitos del debido
proceso
• Esta
fl
exibilidad puede incluir plazos más amplios, reducción de formalismos
procesales, o la adopción de medidas especiales de protección. Sin
embargo, esto puede ser percibido como un desequilibrio en los derechos de
las partes, afectando la percepción de equidad en el proceso

Con
fl
• Para atender estos con
fl
ictos, el rol del Poder Judicial es ESENCIAL
• Jueces y servidores judiciales deben recibir formación sobre la perspectiva en
cuanto a grupos en situación de vulnerabilidad
• Creacionistas de protocolos, para proporcionar reglas claras y conocidas
• Jurisprudencia clari
fi
cadora de los límites y alcances de la tutela diferenciada
• Protección efectiva de grupos vulnerables sin sacri car el debido proceso

Criterios del Tribunal
Constitucional sobre el Debido
Proceso

Criterios del Tribunal Constitucional sobre Debido Proceso
• El debido proceso, según el Tribunal Constitucional, se re ere a un conjunto
de garantías mínimas que aseguran que las personas puedan defenderse
adecuadamente en cualquier procedimiento judicial o administrativo que
afecte sus derechos
• Esto se ha de
fi
nido como un derecho fundamental de carácter exigible, tal
como se consagra en la Constitución
• Entre los criterios destacadas se encuentra que el debido proceso incluye el
derecho a ser oído y a hacer valer pretensiones legítimas ante un juzgador

Criterios del Tribunal Constitucional sobre Debido Proceso
• Componentes del debido proceso
• Derecho de defensa
• Conocimiento de cargos o acusaciones
• Posibilidad de presentas pruebas y alegatos
• Derecho a una decision motivada
• Principio de contradicción

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
JULIO JOSÉ ROJAS BÁEZ

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