1. I. ARTÍCULOS

2. MARIA ANGELES ORTEGA ALMÓN
LA EMPRESA PÚBLICA ESTATAL EN ANDALUCÍA
LA EMPRESA PÚBLICA ESTATAL EN ANDALUCÍA: ANTECEDENTES HISTÓRICOS, SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS
DE FUTURO*
Mª Angeles Ortega Almón* *
RESUMEN
En este trabajo se analiza, en primer lugar, la evolución histórica del sector
público empresarial de la Administración Central con centros de producción en
Andalucía, indicando las razones que han justificado la creación de éstas en cada
momento, así como el papel que han representado dentro de la economía de mercado. En segundo lugar, la situación actual y perspectivas de futuro de estas empresas tras el intenso proceso de reestructuración y privatización llevado a cabo en los
últimos años.
PALABRAS CLAVE: Andalucía, empresa publica, industria, empleo público y
privatización.
ABSTRACT
First of all, this work analizes the historical evolution of the Central
Administration´s companies with production centres in Andalusia, pointing out the
reasons which justified their establishment in every particular moment, as well as the
role they played within the market economy. Secondly, it analizes the present situation
of those companies and their prospects for the future after the reorganization and
privatization process carried out in the last few years.
KEYWORDS: Andalusia, public-sector firm, industry, public employment, privatization
1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA EMPRESA PÚBLICA EN ANDALUCÍA
1.1. De las Reales Fábricas a la creación del Instituto Nacional de
Industria en 1941
La empresa pública en España tal como hoy día es entendida en sentido estricto, es
decir, bajo la figura legal de las sociedades estatales, inicia su desarrollo en el periodo de
reconstrucción tras la Guerra Civil. Sin embargo, el antecedente más remoto de la empresa
pública en España se encuentra en las Reales Fábricas impulsadas por la política mercantilista
(*) Original recibido en febrero de 2002 y revisado en junio de 2003.
(**) Profesora del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada.
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del siglo XVIII. En Andalucía éstas tuvieron un cierto protagonismo a través de las industrias
militares y de las industrias vinculadas a los monopolios fiscales.
En cuanto a las industrias militares, como señala Helguera (1991, pp. 68-69), estaban
destinadas a cubrir las necesidades de armamento del Ejército y de la Marina. Hasta mediados
del siglo XVIII, dicha demanda había sido satisfecha mayoritariamente por empresarios privados, pero los gobernantes ilustrados impulsados tanto por motivos estratégicos como por
razones de centralización administrativa, decidieron incrementar el control directo del Estado
sobre las industrias militares, expropiando algunas empresas privadas existentes y, sobre
todo, creando numerosas empresas estatales de nueva planta. En este contexto se creó en
Andalucía uno de los grandes arsenales de la época, el de La Carraca (Cádiz). El Estado
también dio un gran impulso a la fabricación de cañones y municiones de artillería, modernizándose y ampliándose considerablemente durante el reinado de Carlos III las Reales Fundiciones de Cañones de Bronce de Sevilla. En 1771 se estableció una nueva fundición estatal
de municiones de artillería en Ximena de la Frontera (Cádiz).
Las industrias vinculadas a los monopolios fiscales (sal, moneda, pólvora, naipes,
tabaco, hielo, y un cierto número de productos minerales, como azogue, plomo o azufre)
proporcionaban a la Real Hacienda importantes ingresos, que se agrupaban bajo el concepto
de rentas estancadas. Hasta el siglo XVIII, estos monopolios se solían explotar en régimen de
concesión o arrendamiento, pero los monarcas ilustrados trataron de recuperar progresivamente el control de los monopolios fiscales, proceso que culminaría en 1749, cuando la Real
Hacienda asumió la gestión directa de todas las rentas estancadas. Este cambio de actitud dio
lugar a la creación de algunas Reales Fábricas de considerable importancia, entre las que
destacó especialmente la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, que tras experimentar numerosas
reformas y ampliaciones, acabaría convirtiéndose en la época de Carlos III en uno de los
mayores y más suntuosos establecimientos industriales de todo el país. Otras Reales Fábricas
creadas en Andalucía son la de la Real Fábrica de Pólvora de Granada o la Real Fábrica de
Naipes de Macharaviaya1 (Málaga).
En el siglo XVIII el Estado asumió la explotación directa de algunos de los más ricos
yacimientos minerales del país, como los de plomo de Linares (Jaén), en 1748, y las de
cobre de Río Tinto (Huelva), en 1783, que junto a las minas de mercurio de Almadén
(Ciudad Real), constituían las tres principales explotaciones mineras del país. Durante las
dos primeras décadas del siglo XIX, se agudizó la crisis del sector minero, que como señala
Dobado (1991, p.100), la propia carencia de recursos financieros por el Estado impedía la
rentabilización de los establecimientos, siendo arrendadas las minas de Río Tinto (1828) y
las de Linares (1829), entre otras, como una opción racional a la administración directa por
el Estado. Concluidos los arrendamientos en 1849, se inicia una nueva fase de administración directa. En 1873 se adjudica definitivamente la mina de Río Tinto al consorcio angloalemán Matheson y Compañía.
(1) Para una mayor información sobre ésta, véase Gámez Amián (1988).
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Sin embargo, la empresa pública tal como hoy día es entendida, es decir, bajo la figura
legal de las sociedades estatales, no inicia su desarrollo hasta el periodo de autarquía tras la
finalización de la Guerra Civil. Será en este periodo de reconstrucción, cuando se convierta en
un instrumento de política económica de frecuente utilización. El Instituto Nacional de Industria (INI) se convertirá en la pieza fundamental del proyecto de industrialización autoritario y
autárquico, siguiendo una estrategia de crecimiento en los sectores básicos, capaz de generar
la infraestructura energética, bienes y servicios, transporte y producción de bienes de defensa,
en un contexto económico que requería un importante esfuerzo de industrialización y la satisfacción de las necesidades de defensa nacional.
1.2. Del periodo de autarquía económica (1940-1959) a la política de
ajuste iniciada en 1983
En la primera etapa franquista, es decir, hasta el Plan de Estabilización de 1959, la
presencia de la empresa pública en Andalucía se manifiesta fundamentalmente en el sector de
la minería, así como, en los sectores industriales relacionados con actividades de defensa
nacional. Desde su fundación, en 1941, el INI prestó una atención prioritaria a las industrias
extractivas. Aunque como manifiesta Sudriá (1992, p.12), la primera fase de la acción del INI
en el sector de la minería (desde la fundación hasta 1960) se caracterizó por una dedicación
fundamentalmente dirigida a la investigación minera y por diversos intentos de desarrollar
actividades de elevado riesgo y dudosa rentabilidad. En 1942 se promovió la creación de un
Consejo Técnico de Investigaciones Mineras (CTIM), al que se le encomendó los estudios
preliminares para la constitución de una empresa dedicada a la investigación minera, siendo
el resultado la constitución en 1942 de la empresa pública ADARO.
Sobre sus actuaciones en Andalucía destaca el reconocimiento de las masas de pirita
de la provincia de Huelva, de plomo en Linares (Jaén), de alúmina en Benahadux (Almería)
y de oro en las minas de Rodalquilar (Almería). Con respecto a esta última, la sociedad inglesa
Minas de Oro de Rodalquilar había explotado el yacimiento hasta 1936, fecha en la que pasó
al Consejo de Incautación de las Minas creado al efecto, y siendo las funciones encomendadas, a partir de 1942, a la empresa ADARO. Esta sociedad constituyó la primera operación de
salvamento de una empresa privada realizada por el Instituto. La justificación esencial de esta
operación de salvamento fue el mantenimiento del nivel de empleo en la zona.
Del total de inversiones acumuladas realizadas por la empresa ADARO hasta 19652, las
mayores cantidades correspondieron a las investigaciones de oro en las Minas de Rodalquilar
y a las de plomo de Linares, que absorbieron entre ambas casi la mitad del total. Sin embargo,
las investigaciones de la empresa en las Minas de oro de Rodalquilar fueron un fracaso. En
1967 se abandonaron las investigaciones por la inviabilidad del yacimiento3.
(2) Martín Aceña y Comín (1991, p. 162) ofrecen información, por sectores, del volumen total de inversiones realizadas
por la empresa Adaro desde su creación hasta 1965. Ponen de manifiesto que la empresa estuvo presente en más
de quince sectores mineros, siendo las mayores inversiones las realizadas en Andalucía, en las minas de oro de
Rodalquilar y las de plomo de Linares.
(3) INI, AExplotación e investigación de las Minas de Oro de Rodalquilar@, en INI (1960).
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También en la región, a partir de 1955, se llevaron a cabo investigaciones en el sector
de hidrocarburos, concretamente en el valle del Guadalquivir4, en las zonas de Carmona,
Chiclana y Écija, aunque los resultados fueron nulos y las investigaciones se abandonaron a
principios de los sesenta.
Las actividades del INI en el ámbito de la minería metálica fueron también muy modestas y se centraron en el plomo y el hierro. En 1945 se constituyó la empresa andaluza Minas
de Almagrera, S.A.(MASA)5, siendo su creación el resultado de una operación de salvamento
de varias compañías que actuaban en un sector en quiebra, que sin embargo, interesaba al
Instituto. El objeto era reanudar el aprovechamiento de los filones de galena argentífera, cuyo
beneficio se remonta a mediados del siglo XIX. La caída de la cotización del plomo, los
problemas de desagüe y el minifundismo típico de las explotaciones obligaron a su abandono
en 1934. Finalizada la Guerra Civil, el INI consideró pertinente reanudar la explotación de las
minas, para lo cual se estimó que era necesario realizar nuevas inversiones. Ante la imposibilidad de que dichas inversiones se acometiesen individualmente, el Instituto agrupó la
mayoría de las concesiones en una sola empresa denominada MASA. Ante los desalentadores
resultados de la empresa se tomó la decisión de desmontar y enajenar las instalaciones de la
Sierra de Almagrera, en la provincia de Almería. En 1961 la empresa inició nuevas actividades
en la minería de plomo de la Sierra de Gádor (Almería), con el objetivo de recuperar algo de
las inversiones perdidas6.
En cuanto a la minería del hierro, tuvo para el INI una importancia mucho menor. Sólo
participó en ella de forma indirecta mediante las empresas siderúrgicas que controlaba. En
Andalucía destacan, algunas pequeñas explotaciones adquiridas por empresas públicas consumidoras de minerales, como es el caso de ENSIDESA que se hizo con las Minas de
Huéneja (Granada), en 1953, y también con la empresa, mucho más productiva, Minas de
Hierro del Conjuro (Granada), en 1957. Sin embargo, estas minas entraron pronto en fase
de agotamiento, concretamente, la actividad de las Minas de Huéneja cesó en 1965 y las
del Conjuro en 1967. A partir de los años sesenta, se produce un cambio radical en las
actividades mineras del INI, convirtiéndose la minería en uno de los sectores de mayor
importancia, aumentando sustancialmente el peso de las empresas públicas españolas en
este sector. En el caso de la minería del carbón, la intervención del INI estuvo estrechamente
relacionada con la profunda crisis que sufrió este subsector desde los primeros años sesenta, siendo los casos más significativos HUNOSA y ENCASUR 7, esta última localizada en
la comunidad andaluza.
(4) El origen de estas investigaciones se encontraba en el hallazgo de la empresa italiana SAIP, de los yacimientos de
hidrocarburos gaseosos en el valle del Po, de estructura similar al valle del Guadalquivir.
(5) Para un mayor detalle sobre su constitución, puede consultarse, Sudriá (1992, pp. 30-32).
(6) Una vez agotados los últimos criaderos de plomo de la Sierra de Gádor, que había mantenido la actividad de la
compañía a un nivel muy modesto desde 1961, se inició en 1980 la explotación de un yacimiento de sulfuros de
polimetálicos situado en Sotiel (Huelva), de cuyo tratamiento se obtienen diversos metales así como ácido sulfúrico
para la producción de fertilizantes.
(7) Sudriá (1992, pp. 41-68), analiza la evolución de la intervención del INI en la minería del carbón en el periodo 19601985, aportando numerosos datos económicos sobre estas dos empresas.
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La Empresa Nacional Carbonífera del Sur (ENCASUR) se creó en 1961, al mismo tiempo
que la Empresa Nacional de Electricidad de Córdoba (ENECO), con el objetivo de explotar la
cuenca carbonífera de Peñarroya-Bélmez-Espiel de la provincia de Córdoba, para garantizar el
suministro de combustible a la empresa eléctrica que se constituía simultáneamente8 y a la que
se encomendaba la construcción de una central térmica. ENCASUR se constituyó para sustituir
a la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, que abandonaba la explotación de los
yacimientos, porque dadas las deficientes características técnicas de su antigua central térmica
y la baja calidad de los carbones de las capas de explotación, venía soportando cuantiosas
pérdidas económicas, y no podía por sus propios medios superar la situación. El Instituto
estimó las consecuencias del cierre, particularmente el paro que causaría al personal de la
central térmica y de la cuenca minera. Para evitar esos daños se fundaron simultáneamente las
dos empresas nacionales, una minera y la otra eléctrica, para que se ocupase de las actividades que desarrollaba la antigua sociedad. ENCASUR resultó ser la operación de salvamento
de mayor envergadura de la era de Suanzes9. Hasta 1975, la empresa se dedicó en exclusiva
a la explotación de las minas ya citadas de la zona de Peñarrolla-Bélmez-Espiel, pero a partir
de ese año, el Gobierno le adjudicó a la empresa la explotación a cielo abierto de una serie
de concesiones de la zona de Puertollano (Ciudad Real), hasta ese momento detentadas por
Hulleras del Centro, S.A., que cesaba su actividad. En 1983, ENCASUR se integró en ENDESA,
empresa matriz del grupo eléctrico del INI.
Como ha manifestado Sudriá (1992, p. 51), ENCASUR constituyó una loable excepción en el desolador panorama de las actividades mineras en el sector del carbón del INI en
el periodo (1960-1985), cuyo ejemplo más doloroso lo representa HUNOSA.
Desde la creación del INI, se prestó especial interés a la industria transformadora, con
el objetivo de sustituir importaciones, reducir la dependencia exterior y desarrollar una tecnología propia, en particular en las industrias relacionadas con la fabricación de equipos de
defensa. La formación del grupo transformador ocurrió de forma mixta, mediante la creación
de empresas nuevas para el cumplimiento de algún objetivo específico y por la toma de
participación del Instituto en numerosas empresas debido a problemas de carácter industrial
o financiero. En el caso de Andalucía la industria transformadora se manifiesta en empresas
como CASA, ASCASA, E.N. SANTA BÁRBARA o BAZÁN; todas ellas relacionadas con la
defensa nacional.
En el sector de construcción aeronáutica, la principal intervención del INI, se realiza a
través de la empresa Construcciones Aeronáuticas, S.A. (CASA)10 , en virtud del Decreto de 22
de junio de 1943, que autorizaba al holding a suscribir un tercio del capital de la empresa.
La sociedad había sido creada en 1923 para atender los pedidos de las Fuerzas Aéreas. En
(8) Con el Plan Eléctrico Nacional aprobado por el Gobierno en 1953, se comenzaron los proyectos de las centrales
térmicas en la zona de Andalucía, de Cádiz (1957), Málaga (1958) y Almería (1958).
(9) Como es sabido, Juan Antonio Suanzes fue el fundador y primer presidente del INI, cargo que desempeñó hasta
octubre de 1963.
(10) Para una información más detallada sobre la historia de CASA, puede consultarse Martínez Ruiz (1994, pp. 131-141).
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1924 instaló la factoría de Getafe para la fabricación de motores y aviones, y en 1926 la de
Puntales de Cádiz especializada en la construcción de hidroaviones. De 1923 a 1935 siguió un
proceso de expansión continuado, hasta fabricar el 90 por 100 del material aeronáutico fabricado
en España. Finalizada la Guerra Civil se proyectó una nueva factoría en Sevilla en 1939, con el
fin de dedicarla a la fabricación de aviones bimotores de bombardeo, firmándose un contrato de
adquisición de los aparatos con el Ministerio del Aire. La intervención del INI fue inducida por
la imposibilidad de la empresa de sacar adelante sus planes, al no contar con los recursos
financieros que permitiesen ampliar los talleres y la capacidad de producción en un corto plazo,
como eran los deseos del Ministerio11. A partir de 1954 la empresa diversificó sus actuaciones,
asumiendo la empresa funciones de mecanización de piezas para clientes ajenos a la empresa
(Seat y Motovespa). La factoría de Sevilla trabajó para la empresa de maquinaría agrícola SACA
y la factoría de Cádiz colaboró con BAZÁN en las tareas de modernización de la armada española.
En el sector de la construcción naval, la presencia de la empresa pública en Andalucía,
tiene lugar a través de la participación del INI en dos empresas: Astilleros de Cádiz, S.A.
(ASCASA) y la Empresa Nacional Bazán. La constitución de esta última estaba prevista desde
1942, cuando una Ley del 11 de Mayo ordenó la creación de una empresa que se hiciera cargo
de las instalaciones y tareas asumidas por el Consejo Ordenador de las Construcciones
Navales y Militares, creado en 1939, con el objetivo de ejecutar los programas navales y obras
complementarias que se realizasen en bases y factorías navales militares. Para ello el Consejo
Ordenador traspasaría todos sus elementos industriales, más la Fábrica de Artillería de La
Carraca (Cádiz). Finalmente, en 1947, una vez finalizada la II Guerra Mundial, nació la E.N.
BAZAN12 que recibió del Consejo Ordenador las instalaciones y elementos integrantes de las
factorías de El Ferrol, Cartagena y La Carraca.
ASCASA nació en 1952 como una operación de salvamento del INI, siendo la primera
que habría de hacer el Instituto en este sector. La justificación de la intervención del INI en
este caso fue la de hacerse cargo de los astilleros que pertenecían a la Comunidad de Bienes
Echevarrieta y Larrinaga, por imposibilidad material de que el propietario continuase su explotación. El objeto social de la empresa era la construcción de buques, reparaciones navales,
construcción y reparación de material ferroviario, de tracción y móvil y construcciones metálicas diversas. Dentro del plan de ordenación del sector, ASCASA fue integrada en Astilleros
Españoles,S.A. (AESA), al constituirse esta sociedad en 1969. El origen de AESA se enmarca
dentro de la política de reestructuración, surgiendo de la fusión de dos empresas privadas, la
Compañía Euskalduna de Construcción y Reparación de Buques, S.A., y la Sociedad Española
de Construcción Naval, con una pública, Astilleros de Cádiz, S.A13. El INI tomó el 50 por 100
del capital de la nueva sociedad y el resto se lo repartieron los propietarios de los astilleros
privados, tres bancos nacionales y la CECA. La nueva sociedad disponía de cinco factorías,
dos de cuales estaban situadas en Andalucía, en Sevilla y Puerto Real.
(11) INI (1960, pp. 351-358).
(12) Para una información más detallada sobre la creación de la E.N. Bazán de Construcciones Navales Militares, puede
consultarse Martínez Ruiz (1994, pp. 154-164).
(13) Sobre la creación de Aesa, Schwartz y González (1978, p. 133).
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La Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, S.A., se creó en 1959 con
el fin primordial de desarrollar los programas de fabricación de armamento y municiones para
la formación de las reservas previstas en los planes de defensa nacional. La sociedad surgió
porque se consideraba que diversas circunstancias (administrativas, técnicas y financieras)
habían impedido el normal funcionamiento de los establecimientos fabriles militares. Se consideró necesario que fuese una sola empresa la encargada de producir material de defensa y
que las fábricas militares existentes fuesen paulatinamente cedidas a la nueva empresa. Así
pues, en 1960 fue traspasada la Fábrica de Armas de Oviedo y al siguiente año se cedieron
las de La Coruña, Toledo, Palencia, Granada, Trubia, Sevilla, Murcia, Pirotecnia Militar de
Sevilla, Valladolid y La Marañosa de Santa Bárbara14.
El sector público también intervino en la industria transformadora de Andalucía a través
de la empresa gaditana Construcciones Fype, S.A.(FYPESA), que estaba especializada en la
fabricación de herramientas, aunque la intervención del sector público en ésta, respondió más
a objetivos militares que económicos. Con capital privado, se instaló en 1943 en Puerto Real,
pero su desenvolvimiento se vio en todo momento dificultado por los continuos cortes de
suministro eléctrico, la escasez de materias primas y la escasa capitalización de la empresa. En
1944, el INI suscribió una participación mayoritaria para controlar la sociedad15, convirtiéndose
en 1947 en suministradora de la E.N. BAZAN. Finalmente la empresa se liquidaría en 1971.
Durante la era Suanzes (1941-1963), el INI también desplegó una intensa actividad en
las industrias químicas, y más concretamente en los subsectores de fertilizantes, celulosas y
fibras textiles. En Andalucía se produjeron algunas actuaciones relevantes, concretamente en
el caso de las celulosas, con la creación de dos centros fabriles: uno para la producción de
celulosa papelera de madera de eucalipto, en la provincia de Huelva (Empresa Nacional de
Celulosas de Huelva, S.A.),y otro en Motril (Empresa Nacional de Celulosas de Motril,
S.A.),para la producción de celulosa y papel a partir de bagazo de la caña de azúcar. Ambas
empresas se constituyeron en 1957 con capital íntegramente suscrito por el INI, al igual que
la E. N. de Celulosas de Pontevedra, que comenzarían su actividad productiva en 1963. Los
objetivos perseguidos con la creación de estos centros fabriles eran tres: a) el aprovechamiento de los recursos naturales no explotados de Galicia y el suroeste de Andalucía, así como los
residuos de la caña de azúcar; b) la creación de focos de desarrollo industrial en zonas
deprimidas o de bajo nivel de industrialización, y c) la disminución de la dependencia exterior
en el abastecimiento de pastas papeleras16.
La factoría de Motril en la provincia de Granada, como hemos señalado anteriormente,
se creó en un principio con el objetivo de obtener celulosa y papel a partir de bagazo de la
caña de azúcar, intento que tuvo que abandonar, ya que constituyó un rotundo fracaso. En
1968 se constituyó la Empresa Nacional de Celulosas (ENCE) a partir de la fusión de las tres
empresas nacionales titulares de los centros fabriles antes mencionados. En 1983 ENCE y
(14) INI (1960, pp. 101-102).
(15) Véase Martín Aceña y Comín (1991, pp. 231-232).
(16) INI (1960, pp. 70-71).
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Sarrio, Compañía Papelera de Leiza, S.A., constituyeron al 50 por 100 Papelera del Mediterráneo, S.A (PAMESA) a la cual ENCE aportó su factoría de Motril. Posteriormente, la totalidad
de las acciones de PAMESA pasaron a ser propiedad de ENCE que en 1986 vendió en su
totalidad a Torras Hostench, S.A., empresa privada de la competencia, productora de pastas
y papeles. Por tanto en la actualidad la presencia de ENCE en la región queda reducida al
centro fabril de Huelva.
La presencia de la empresa pública en Andalucía, también se manifiesta en el sector de
la alimentación, a través de la empresa Industrias Gaditanas del Frío Industrial, S.A. (IGFISA), que
fue creada en 1949, para la iniciación del Plan de Red Frigorífica Nacional. El frigorífico se ubicó
en el puerto comercial de Cádiz, siendo el fin de la compañía el tratamiento frigorífico e industrialización de la pesca de la zona suratlántica. Las instalaciones frigoríficas (planta de congelación de pescado, almacén frigorífico de congelación de pescados y carnes, y fábrica de hielo) de
IGFISA terminaron de construirse en 1953, y su puesta en funcionamiento y la consiguiente
explotación comercial comenzaron en 1954. En 1981 fue transferida e integrada en ENDIASA.
En el sector textil andaluz, la presencia del sector público empresarial se manifiesta con
la intervención del INI en la industria textil malagueña en 1957, con la creación de Industrias
Textiles del Guadalhorce, S.A. (INTELHORCE). La intervención del Instituto se produjo a raíz
de que quedase declarado desierto un concurso convocado en 1952 para instalar en Málaga
una fábrica de hilados de algodón. La iniciativa trataba no sólo de contribuir a incrementar la
capacidad de la industria textil nacional, sino también a paliar problemas sociales (desempleo
y subempleo) en la provincia y en especial en su capital. Como la iniciativa privada no
concurrió, el Gobierno encomendó al INI la fundación de una sociedad que se ocupara de
instalar una fábrica dedicada a la manufactura de fibras textiles de algodón y de rayón. El INI
constituyó INTELHORCE en 1957, con un capital íntegramente suscrito por el propio organismo, pues ninguna empresa privada quiso entrar en el negocio17. La empresa nació como un
proyecto propio del modelo autárquico de industria integral. El proyecto contemplaba las
cuatro fases industriales de preparación de la fibra e hilatura de algodón, tejeduría, acabados
y confección. Modelo de integración vertical, que sin embargo, había muerto en Europa, donde
las fábricas tendían a especializarse horizontalmente y a evitar concentraciones fabriles. La
sociedad sobrevivió con resultados adversos dentro del Grupo hasta que fue enajenada en
1972, con el firme compromiso de mantener el empleo. Sin embargo, esta fue de nuevo
renacionalizada por Patrimonio del Estado en 1980 y vendida al Grupo Orefici en 1985. En
1990 fue nuevamente nacionalizada por el Grupo Patrimonio, que tras invertir 52.000 millones
de pesetas en el reflotamiento de la empresa, presentó suspensión de pagos en octubre de
199418. Durante más de treinta años, una docena de las mejores cabezas empresariales, sindicales y políticas de España han tratado de darle una solución a la empresa, sin conseguirlo.
(17) INI (1960, pp. 81-82).
(18) En 1996 se constituyó la empresa Hilaturas y Tejidos de Málaga, S.A. (HITEMASA), formada tras el cierre de
INTELHORCE y con la mayoría de capital (51 por 100) aportado por los antiguos trabajadores de esa factoría. Durante
1996, el Instituto de Fomento de Andalucía entró en el capital de HITEMASA, con una participación del 47 por 100,
dentro de su línea de apoyo en la búsqueda de soluciones para empresas que atraviesan periodos de crisis.
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A pesar de que el INI no fue concebido como un instrumento de política regional, sin
embargo, sus responsables siempre fueron conscientes de la incidencia que sus empresas
tenían en las comarcas y regiones donde se ubicaban. El objetivo de desarrollo regional se
incorporaría al Instituto a raíz de la aprobación del III Plan de Desarrollo Económico para el
período 1972-1975. Se procedió a la constitución de sociedades especiales con el fin de
alcanzar un desarrollo regional armónico. Las empresas de desarrollo regional (SODIs) se
concebían como sociedades públicas mercantiles de promoción industrial, por vía de la participación accionarial minoritaria y temporal, con el cometido de fomentar el desarrollo regional mediante la financiación a medio y largo plazo de proyectos industriales.
En 1977 se constituyó la Sociedad de Desarrollo Industrial de Andalucía (SODIAN). Las
SODIs participaron en numerosas empresas, muchas veces de dudosa viabilidad económica,
y en el fomento de proyectos de gran envergadura, que superaban con mucho sus recursos
y, que además, no se complementaban con la política industrial general. Una vez constituida
la Comunidad Autónoma andaluza y tras las primeras elecciones, se diseñó el Plan Extraordinario de Inversiones (PEI) para 1983, en una situación económica para Andalucía definida
como grave. En este contexto, se creó en 1983, la Sociedad Para la Promoción Económica de
Andalucía (SOPREA), ante la negativa de la Administración Central de transferir las competencias de SODIAN a la Junta de Andalucía. SOPREA se convertirá en el instrumento ejecutor de
la política económica de la Junta de Andalucía y germen de la empresa pública regional
(Ortega 2002, pp.274-276). En Andalucía, SODIAN ha participado en una cincuentena de
empresas, normalmente de pequeña o mediana dimensión y sin excluir actividades no industriales. La mayoría de las participaciones no superan el 20 por 100 del capital social y ha sido
frecuente la participación conjunta con su accionista SOPREA. La dimensión de las empresas
y el escaso volumen de recursos comprometido por el INI en esta misión, no ha facilitado que
esta actuación regional haya tenido unos efectos apreciables en el conjunto de la industria
andaluza.
Con la intensificación de la crisis industrial desde 1977-1978, la presión política de las
autoridades locales y regionales llevó a que las SODIs se dedicaran al salvamento de empresas, con el objetivo de mantener el empleo y frenar la desindustrialización, desvirtuando sus
fines originales y deteriorando su cartera de participaciones así como sus recursos. Su participación indiscriminada en demasiadas empresas, su colaboración en costosos proyectos y
sus actuaciones como hospital de empresas locales, llevaron a éstas a una profunda crisis a
principios de los ochenta, que hizo ineludible el replanteamiento de su papel y funciones19.
Ya en la década de los ochenta, tiene lugar el nacimiento de Prerreducidos Integrados
del Suroeste de España, S.A. (PRESUR), en cumplimiento de un encargo del Gobierno, que
en octubre de 1981 ordenó al INI que creara una empresa con el fin de desarrollar un complejo
integral que aprovechara el mineral de hierro del sudoeste de España. Esencialmente, lo que
se pretendía era generar empleo en la zona para paliar problemas de carácter social. El INI
(19) Véase el trabajo de Panizo y Ramírez (1988).
CUADERNOS DE CC.EE. y EE., Nº 44-45, 2003, pp. 11-33
19

11. MARIA ANGELES ORTEGA ALMÓN
LA EMPRESA PÚBLICA ESTATAL EN ANDALUCÍA
tomó el 14 por 100 del capital y el resto lo suscribieron un total de once sociedades, entre
las que se encontraban SODIEX y SODIAN20. La empresa pasaría a engrosar el grupo de la
minería deficitaria del Instituto. Los centros de trabajo se ubicaron en Badajoz (Fregenal, Jerez
de los Caballeros) y otro en Andalucía, en Cala (Huelva).
En el período de autarquía queda configurada prácticamente la presencia del INI en
Andalucía (véase cuadro 1), cuyas actividades, como ya se ha puesto de manifiesto, están
vinculadas principalmente a la industria de transformación (construcción naval, aeronáutica y
defensa) y a la minería, y con la excepción, de la desafortunada intervención en la industria
textil. Otra nota característica, es que las empresas se concentran en las provincias de Cádiz,
Huelva y Sevilla, principales núcleos industriales de la región, siendo en 1980 Cádiz, la
provincia andaluza con mayores niveles de concentración de inmovilizado y empleo del INI.
CUADRO 1
FORMACIÓN DEL GRUPO INI EN ANDALUCÍA (1942-1981)
Empresas
Año
Sector
Provincia
E N. Adaro
1942
Minería
Construcciones Aeronáuticas, S.A.
1943
Transformación
Construcciones Fype, S.A.(1)
1943
Transformación
Cádiz
Minas de Almagrera
1945
Minería
Huelva
E.N. Bazán
1947
Transformación
Cádiz
IGFISA (ENDIASA) (2)
1949
Alimentación
Cádiz
ASCASA (AESA) (2)
1952
Transformación
Sevilla, Cádiz
E.N. Celulosas de Huelva
1957
Química
Huelva
E.N. Celulosas de Motril(1)
1957
Química
Granada
Intelhorce (1)
1957
Textil
Granada, Málaga
E.N. Santa Bárbara
1959
Transformación
Granada, Sevilla
Encasur (ENDESA) (2)
1961
Minería
Córdoba
E.N. de Electricidad de Córdoba
1961
Electricidad
Córdoba
SODIAN
1977
Servicios Empresari.
Sevilla
PRESUR
1981
Minería
Huelva
Cádiz, Sevilla
Nota: (1) Fype se liquidó en 1971; Intelhorce se privatizó en 1972 aunque se nacionalizó en 1980 por Patrimonio del
Estado y el centro de ENCE en Motril se vendió en 1986 al Grupo Torras Hostench.
(2) En 1969 Ascasa se integró en Astilleros Españoles, S.A. (AESA); en 1981 Igfysa fue integrada en ENDIASA, y en
1983 Encasur se integró en ENDESA.
Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias de las empresas
(20) Grupo INI, Memoria 1981, p. 505.
20
CUADERNOS DE CC.EE. y EE., Nº 44-45, 2003, pp. 11-33

12. MARIA ANGELES ORTEGA ALMÓN
LA EMPRESA PÚBLICA ESTATAL EN ANDALUCÍA
A pesar de la clara presencia en Andalucía de las empresas del INI en el sector de la
minería y en el sector de la transformación, sin embargo, como puede comprobarse en el
cuadro 2, el peso que representaban estos dos sectores en términos de empleo en 1980 en
Andalucía (5,79 por 100 y 15,56 por 100, respectivamente) era muy reducido con respecto al
total de las regiones españolas, si se tiene en cuenta lo que Andalucía viene a representar en
el conjunto del país en términos de superficie, población o producción. En el sector de la
minería, aunque Andalucía ocupaba el tercer lugar por regiones en número de empleados por
el INI en este sector, sin embargo, queda muy lejos de Asturias que empleaba casi la mitad
de los trabajadores del Instituto en el mismo. En el sector de la transformación, sí ocupaba
el segundo lugar en cuanto al peso del empleo por detrás de Cataluña. En cuanto al resto de
los sectores, la presencia apenas es significativa (véase cuadro 2).
CUADRO 2
DISTRIBUCIÓN REGIONAL Y SECTORIAL DEL EMPLEO DEL INI EN 1980 (%)
Comunidad
Autónoma
Galicia
Asturias
Cantabria
País Vasco
Navarra
La Rioja
Aragón
Cataluña
Valencia
Castilla-La Mancha
Castilla-León
Madrid
Extremadura
Murcia
Andalucía
Baleares
Canarias
No regional
Totales
Energía
y Miner.
5,22
50,05
0,08
0,75
4,00
0,09
5,29
9,78
0,57
0,42
2,66
5,32
0,13
0,33
5,79
3,98
3,93
1,69
100,0
Ind.
Ind.
Cabecera Transformación
6,32
14,29
57,07
2,39
0,23
2,92
0,17
12,72
0,40
1,85
0,01
–
0,03
0,38
4,75
26,71
13,94
1,26
7,41
0,99
0,91
2,62
3,96
14,63
–
–
3,29
3,29
0,91
15,56
–
0,02
–
0,32
0,68
0,14
100,0
100,0
Transp. Servicios Alimenaéreo y
tación
marítimo
2,78
11,93
4,88
0,38
0,97
2,16
0,32
6,27
0,12
1,06
9,38
0,96
0,07
0,02
0,06
–
1,01
0,04
0,21
4,59
7,25
5,77
22,51
7,24
2,46
1,07
1,05
0,27
0,30
0,09
0,31
6,00
68,93
21,89
47,56
0,05
10,77
0,56
0,22
–
0,37
4,72
7,30
7,69
5,90
0,08
0,99
6,97
1,68
9,18
0,14
–
3,63
100,0
100,0
100,0
Total
9,81
0,57
1,66
6,79
1,73
0,04
1,50
17,07
3,47
1,90
2,16
17,27
0,25
2,31
9,76
1,32
1,85
0,63
0,00
Fuentes: INI (1981)
CUADERNOS DE CC.EE. y EE., Nº 44-45, 2003, pp. 11-33
21

13. LA EMPRESA PÚBLICA ESTATAL EN ANDALUCÍA
MARIA ANGELES ORTEGA ALMÓN
El empleo total en Andalucía de empresas del INI, sólo representaba en 1980, un 9,76
por 100 del total del empleo de las empresas del INI, y el inmovilizado en Andalucía de
empresas del INI, en ese mismo año, fue de sólo un 5,2 por 100 del inmovilizado total, lo que
pone de manifiesto la débil presencia de estas empresas en la región. Como se aprecia en el
mismo cuadro, el mayor empleo del INI se encuentra en las dos regiones más industrializadas
(Cataluña y Madrid).
1.3. El Sector Público Empresarial de la Administración Central del
Estado en Andalucía en la década de los ochenta
A lo largo de la década de los ochenta, la configuración del INI en Andalucía sufrió
escasas modificaciones al no instalarse nuevas empresas (exceptuando PRESUR que se creó
en 1981) y al no afectarle la tímida política de privatizaciones iniciada por el gobierno socialista en 1984. Sólo en 1986, como se ha señalado anteriormente, se vendió el centro de
Celulosa instalado en Motril (PAMESA) a la empresa de la competencia, Torras Hostench, S.A,
y en 1989, se llevó a cabo la privatización de la Empresa Nacional de Fertilizantes (ENFERSA),
que poseía uno de sus once centros de trabajo en Sevilla, a la empresa ERCROS (propiedad
del Grupo Torras, controlado por KIO).
Con respecto a las empresas públicas dependientes de Patrimonio del Estado, éstas
fueron aumentando su presencia en Andalucía a lo largo de la década de los ochenta de
igual forma que en el resto del país, sobre todo en actividades de servicios (TELEFÓNICA
y ARGENTARIA), en sintonía con la terciarización de la economía española. Según los
datos ofrecidos por la Junta de Andalucía (véase cuadro 3), el empleo del Grupo Patrimonio en Andalucía, en el año 1982, ascendía a 14.783 trabajadores, lo que representaba,
el 15,73 por 100 del total nacional. Las empresas del Grupo que tenían ubicados centros
de trabajo en la región, en ese mismo año, eran TELEFÓNICA, INTELHORCE, HYTASA y
TABACALERA. Las privatizaciones recientes de TELEFÓNICA, Corporación Bancaria de
España y TABACALERA han reducido notablemente el peso en términos de empleo de las
empresas del Grupo Patrimonio en Andalucía, ya que sólo estas tres representaban, en
1991, más del 66 por 100 del empleo del Grupo en la región. Con anterioridad, habían
sido privatizadas las dos empresas textiles andaluzas más significativas, INTELHORCE e
HYTASA (en 1990).
22
CUADERNOS DE CC.EE. y EE., Nº 44-45, 2003, pp. 11-33

14. CUADERNOS DE CC.EE. y EE., Nº 44-45, 2003, pp. 11-33
C
E
N
T
R
A
L
A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
C
R
E
G
I
O
N
A
L
E
S
T
A
T
A
L
PATRIMONIO
INH
INI
AGENTES
Telefónica, Intelhorce, Hytasa, Tabacalera
Eniepsa, EMP, Butano, Campsa
SODIAN
Endesa, Eneco, Pucarsa, Ensidesa, Reinos, Minar de Hierro,
Encasur, Adaro, Bazán, Casa, Santa Bárbara, Delta, La Maquinista, San Carlos, Endasa, Ifasa, La Lactaria, Andaluza,
Acuasur, Igfisa, Manuel Aznarte, Secoinsa, Enosa, Enasa,
Seat, SKF, Enfersa, Semagrera, Ibeña, Aviaco, Trasatlántica,
Ence, Pamesa, Auxini, Entusa, Marsans, Artesanía, Grupo
Alvarez, Textil, Tarauna, Iversilva.
EMPRESAS
-1982: a) Inversión: 25.024 mill. (15,5% del total nacional). Mayor
inversión en Telefónica
-1983:
a) Inversión: 4325 mill.- Mayor inversión: Eniepsa
b) Empleo: 2.108 personas- Mayor empleo: Campsa
-Creación 1977.
- Actuaciones: a) Participación en capital, con limitaciones (545% del capital y tiempo inferior 10 años).
b)Préstamos y avales a empresas participadas y c) Servicios a
empresas.
- Actuaciones concentradas: Córdoba (41% empresas) y Sevilla
(55% del empleo).
- 1982: 1.136 mill. (809 en préstamos y 327 participación en capital).
- 1980: 5,8 por 100 del inmovilizado total y 9,75 por del empleo.
-Andalucía: especializada en industria transformadora (Química y
Naval).
- Concentración en Cádiz de los mayores niveles de inmovilizado
y empleo.
- En 1983, Andalucía absorbió un 19,9 por 100 de la inversión
total (la tendencia en una proporción menor).
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
CUADRO 3
EL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL EN ANDALUCÍA (1982)
MARIA ANGELES ORTEGA ALMÓN
LA EMPRESA PÚBLICA ESTATAL EN ANDALUCÍA
23

15. LA EMPRESA PÚBLICA ESTATAL EN ANDALUCÍA
MARIA ANGELES ORTEGA ALMÓN
2. CONFIGURACIÓN ACTUAL DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL DE LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN ANDALUCÍA
Desde finales de los años ochenta se está asistiendo a un proceso de reducción de
la incidencia del sector público español en la actividad empresarial que se ha concentrado en la paulatina liberalización de sectores fuertemente intervenidos, en la venta total o
parcial de empresas públicas y en reorganizaciones institucionales del sector público
empresarial. Han desaparecido holdings como el Instituto Nacional de Industria (INI) y el
Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH), se han creado grupos nuevos como la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y la Agencia Industrial del Estado, para
más tarde adscribirse en un único grupo económico autosuficiente (SEPI). Tras ganar el
Partido Popular las elecciones de marzo de 1996, se aprobó por el Consejo de Ministros
de 28 de junio de 1996 el Programa de Modernización del Sector Público Empresarial del
Estado. En dicho acuerdo se señalaba que el Estado debería dejar de ser el impulsor
directo de la actividad empresarial a través de la empresa pública. Una muestra de la
forma en que este proceso se ha concretado ha sido la intensificación del proceso de
privatizaciones, a partir de 1997, reduciéndose considerablemente el peso del sector
público empresarial en la economía española y afectando a las empresas de mayor tamaño y rentabilidad, entre otras. En sólo los dos primeros años del nuevo gobierno se
vendieron empresas públicas por valor de cuatro billones de pesetas, duplicándose los
ingresos obtenidos en los diez años de privatizaciones del Partido Socialista. Los ingresos obtenidos por privatizaciones en 1997 y 1998 ascendieron al 2,7 por 100 y 2,8 por
100 del PIB, respectivamente21.
Con la intensificación del proceso de privatizaciones de los últimos años se ha reducido
notablemente el peso del sector público en la economía andaluza, sobre todo, en lo que
respecta a las empresas dependientes de Patrimonio del Estado.
2.1. La presencia de la Dirección General de Patrimonio del Estado en
Andalucía en la década de los noventa y situación actual
En 1996 se crea la Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales (SEPPA) con la
finalidad de integrar determinadas empresas del Grupo Patrimonio para proceder a su
privatización. En mayo de 2001 se acordó la integración de la SEPPA en SEPI, al mismo
tiempo que determinadas sociedades dependientes hasta ese momento de la Dirección General
de Patrimonio del Estado22 , llevándose a cabo la disolución definitiva de SEPPA en julio de
ese mismo año.
(21) Para un mayor detalle del proceso de privatizaciones en España, puede consultarse Ortega (2002) y Ortega y
Sánchez (2002).
(22) Se incorporan a la SEPI nueve sociedades de la Dirección General de Patrimonio: Agencia EFE, Alimentos y
Aceites, Compañía Española de Tabaco en Rama, Transmediterránea, Empresa para la Gestión de Residuos Industriales, Empresa Nacional de Autopistas, Expasa, Minas de Almadén y Arrayanes y Sociedad Estatal de Participaciones
Patrimoniales.
24
CUADERNOS DE CC.EE. y EE., Nº 44-45, 2003, pp. 11-33

16. MARIA ANGELES ORTEGA ALMÓN
LA EMPRESA PÚBLICA ESTATAL EN ANDALUCÍA
Las empresas que pertenecieron al Grupo Patrimonio y que han tenido una mayor
presencia en Andalucía están relacionadas con el sector primario y el sector servicios,
adedeuna serie de empresas instrumentales que representan un peso muy reducido en
términos de empleo y que están vinculadas directamente con la celebración en Sevilla de
la Exposición Universal de 1992, en la que el Grupo Patrimonio participó a través de la
Sociedad Estatal Expo 92 y Cartuja 93. Una vez concluida la Exposición Universal, la
Sociedad Estatal de Gestión de Activos,S.A. (AGESA), asumió todas las funciones procedentes de las Sociedades Estatales creadas con motivo de los actos conmemorativos celebrados
en España en 1992.
Con respecto a las empresas del sector primario en Andalucía, destaca por su importancia en términos de empleo la Empresa de Transformación Agraria, S.A.(TRAGSA), cuya
actividad principal es la ejecución de obras de infraestructura agraria, así como su actuación
en el campo de la asistencia técnica de carácter agrario, prestando servicios técnicos forestales
y agropecuarios y realizando entre otras actividades el registro oleícola español. Le sigue en
importancia Explotaciones Agrícolas Andaluzas, S.A.(EXPASA)23, siendo el objetivo principal
de ésta, la producción y comercialización de productos agrícolas y ganaderos. La importancia
de las actividades agrícolas es coherente con el mayor peso relativo del sector primario en
Andalucía tanto en términos de empleo como de valor añadido respecto al conjunto nacional.
Relacionada con el sector primario, aunque se trata de una empresa financiera, se creó en
1988, la S.A. Estatal de Caución Agraria (SAECA), con el objetivo de prestar avales y fianzas
para operaciones de financiación de pequeños y medianos agricultores y ganaderos y del
sector pesquero. Otra empresa del Grupo Patrimonio relacionada con el sector primario, aunque es propiamente una empresa de servicios, es la empresa Alimentos y Aceites, S.A., cuya
actividad principal es la gestión de activos públicos en el sector de aceites vegetales y otros
productos agroalimentarios.
(23) EXPASA es la sociedad resultante de la absorción por ésta de las sociedades Alcoholes Núñez, S.A.; Viñedos
Españoles, S.A.; Diago, S.A.; Mopa, S.A. y Aquaterra, S.A., procedentes todas ellas de la antigua División Agrícola de
RUMASA que por Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de enero de 1987 quedaron adscritas a la cartera del Estado,
constituyéndose la empresa, en 1988.
CUADERNOS DE CC.EE. y EE., Nº 44-45, 2003, pp. 11-33
25

17. MARIA ANGELES ORTEGA ALMÓN
LA EMPRESA PÚBLICA ESTATAL EN ANDALUCÍA
CUADRO 4
EMPRESAS DEL GRUPO PATRIMONIO EN ANDALUCÍA (1991)
Empresas/sector de actividad
Agricultura, Ganadería
Tragsa
Alimentos y aceites (*)
Saeca
Expasa (*) (privatización parcial 2001)
Industria Extractiva
Minas de Almadén (*)
Industria Manufacturera
Tabacalera, S.A.(Privatizada 1998)
MTT
Comercio
Mercasa
Hosteleria
Paradores de Turismo
Transp., Almacenam. Y Comunicación
Telefónica S.A. (Privatizada 1997)
Transmediterránea S.A. (*) (privat. 2002)
Sociedades de Estiba
Aldeasa (Privatizada 1997)
Intermediación financiera
Corporación Banc.de España(privat. 1998)
Activ. Inmobil; Servicios Empresa.
S.G.V.
Secegsa
Agesa
Cartuja 93
Otros Servicios
Agencia EFE (*)
Emgrisa
Núm. Trabaj.
3.401
2.837
103
87
374
43
43
2.535
1.785
750
13
13
908
908
10.088
8.929
583
499
77
1.863
1.863
109
4
1
72
32
23
23
–
18.983
TOTAL
% Empresa/Grupo
37,6
–
–
–
–
7,5
7,5
20,0
–
–
0,8
0,8
20,9
20,9
10,7
–
–
–
–
9,9
9,9
35,2
–
–
–
–
1,31
1,31
–
14,8
(*) Empresas traspasadas por Consejo de Ministros de 25 de mayo de 2001 a la SEPI
Fuente: Ferraro García, F. (1996, pág. 50) y elaboración propia.
26
CUADERNOS DE CC.EE. y EE., Nº 44-45, 2003, pp. 11-33

18. MARIA ANGELES ORTEGA ALMÓN
LA EMPRESA PÚBLICA ESTATAL EN ANDALUCÍA
En lo que respecta a las empresas públicas de servicios en Andalucía, su ubicación en
nuestra región no responde en la mayoría de los casos a factores especiales de localización, sino
que desarrollan actividades que se extienden por todo el país (comunicaciones, hostelería –Paradores Nacionales–), con la excepción de las empresas financieras y de servicios anteriormente
expuestas y que están relacionadas directamente con el sector primario.
Como puede comprobarse en los cuadros núm. 4 y 5, en el año 1991, del total de
empleados del sector público empresarial en Andalucía (32.225 trabajadores), el Grupo Patrimonio era el que mayor peso tenía con casi el 58,9 por 100 del empleo del sector público
empresarial en la región. Dentro del Grupo Patrimonio destacaban tres empresas: TABACALERA24, TELEFÓNICA y Corporación Bancaria. En conjunto sumaban más de la mitad del total
del empleo del Grupo Patrimonio en nuestra región (66,3 por 100), que son los únicos datos
regionalizables de los que se dispone. El elevado número de trabajadores en el caso de
TELEFÓNICA y Corporación Bancaria, no constituye un hecho diferencial con respecto a otras
regiones españolas, ya que se trata de empresas de servicios muy vinculadas al volumen de
población. Sin embargo, las recientes privatizaciones (TELEFÓNICA, TABACALERA, Corporación Bancaria de España y ALDEASA) han modificado de forma sustancial la presencia del
Grupo Patrimonio en Andalucía, ya que precisamente, las empresas privatizadas son las que
mayor peso tienen en términos de empleo, exceptuando la privatización de ALDEASA, cuyo
peso apenas es significativo.
Como se ha señalado anteriormente, el Consejo de Ministros celebrado el 25 de mayo
de 2001 aprobó el traspaso de nueve empresas del Grupo Patrimonio a la SEPI, con el objetivo
manifiesto de mejorar su gestión, y en algunos casos, prepararlas para su posterior
privatización. Las empresas traspasadas con presencia en Andalucía fueron: Alimentos y Aceites, EXPASA, Minas de Almadén, TRANSMEDITERRÁNEA y la Agencia EFE. La primera de las
empresas que se ha privatizado es Explotaciones Agrícolas Andaluzas, S.A. (EXPASA)25. El
sistema utilizado ha sido la subasta con carácter universal de diez de las dieciocho fincas
rústicas propiedad de la empresa. Las dieciocho fincas rústicas están situadas en Andalucía,
Castilla - La Mancha, La Rioja y Madrid, cada una de las cuales constituye una unidad de
negocio independiente, sumando en conjunto más de 6.500 Has (Pampillón 2002, p. 129).
En julio de 2002 se privatizaron mediante venta directa las empresas COOSUR (89,365
por 100) y OLCESA (100 por 100), dedicadas al refinado y envasado de aceite de oliva y
girasol, siendo el comprador el Consorcio Jaén Oliva, integrado este último por Aceites del
Sur (80 por 100), Caja Rural de Jaén (10 por 100) y Jaén Cooperativas (10 por 100). SOPREA
mantiene el 1,4 por 100 del capital social de la empresa COOSUR.
La compañía TRANSMEDITERRANEA fue privatizada también en julio de 2002 mediante
una OPA del adjudicatario. La SEPI seleccionó la oferta del consorcio liderado por Acciona
(24) En Andalucía están ubicadas tres, de las trece factorías que TABACALERA tiene en España, localizadas en Sevilla,
Málaga y Cádiz. Esta última es el centro de elaboración más importante que la compañía tiene en España.
(25) El Gobierno intentó privatizarla en septiembre de 1999, pero la reacción de los sindicatos provocó su paralización.
CUADERNOS DE CC.EE. y EE., Nº 44-45, 2003, pp. 11-33
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19. LA EMPRESA PÚBLICA ESTATAL EN ANDALUCÍA
MARIA ANGELES ORTEGA ALMÓN
(55por 100), como participante mayoritario, del que también formaban parte como socios
minoritarios, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (15 por 100), el Grupo Matutes (12 por
100), el Grupo Aznar (10 por 100) y el Grupo Armas (8 por 100).
2.2. Las empresas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en Andalucía
Las recientes privatizaciones realizadas por el Gobierno del Partido Popular, han afectado en menor medida a las empresas del desaparecido INI ubicadas en Andalucía, siendo las
más afectadas las que pasaron en su día a depender del también extinguido grupo TENEO.
Esto es debido lógicamente, al elevado peso que representan en Andalucía en términos de
empleo, la localización en la región de las empresas pertenecientes al antiguo INI que tenían
dificultades para subsistir sin auxilio público y que pasaron a depender de la también desaparecida Agencia Industrial del Estado (división naval, militar y siderúrgica y minera), y que se
ha visto afectada en menor medida por el reciente proceso de privatizaciones.
Las empresas que han sido recientemente privatizadas de la actual SEPI y que poseen
centros de trabajo en Andalucía son las siguientes:
• En enero de 1997 se privatizó la sociedad onubense Minas de Almagrera mediante
la venta negociada de sus activos a la multinacional irlandesa Navan Resources.
• En 1997 se procedió a la privatización total de la empresa AUXINI (cuya área de
negocio es la construcción), también mediante una venta negociada de activos, a la
misma empresa (OCP Construcciones, S.A.) que había adquirido el 40 por 100 del
capital social en la privatización parcial de la misma que tuvo lugar en 1995. De los
cinco centros de trabajo que posee dicha empresa en España, un centro está localizado en Sevilla, así como, de las doce delegaciones comerciales repartidas por todo
el territorio nacional, una está ubicada en Sevilla y otra en Málaga.
• Corporación Siderúrgica Integral (CSI), que pasó a denominarse antes de su
privatización total, ACERALIA, posee centros de trabajo en Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla26. Su privatización también se llevó a cabo a lo largo de 1997 en varias
fases, combinándose la venta negociada de activos con la oferta pública de venta de
acciones (OPV).
• Aunque en 1997 se llevó a cabo la privatización total de INESPAl, mediante la venta
negociada de activos a la multinacional estadounidense Alcoa, esta no se quiso
hacer cargo del único centro de trabajo de la empresa en Andalucía, localizado en
Linares (Jaén).
• En 1998 se completa la privatización total de ENDESA y por lo tanto de su filial en
la industria extractiva en Andalucía ENCASUR, empresa caracterizada por el elevado
peso en número de empleados públicos en el total de la industria extractiva andaluza.
(26) El total de centros de trabajo localizados en el territorio nacional ascienden a veinte y uno.
28
CUADERNOS DE CC.EE. y EE., Nº 44-45, 2003, pp. 11-33

20. MARIA ANGELES ORTEGA ALMÓN
LA EMPRESA PÚBLICA ESTATAL EN ANDALUCÍA
• A lo largo de 1997 y 1998, dentro de las negociaciones para la formación de una
sociedad anónima a partir del Consorcio Airbus, los socios de CASA (BAE, ASM
y DASA) manifestaron su interés a la SEPI por participar en el proceso de
privatización de CASA. La empresa CASA tiene ubicados en Andalucía tres centros
de trabajo, localizados en Cádiz (Puntales y Puerto Real) y dos en Sevilla (San
Pablo y Tablada), lo que representa aproximadamente el 36 por 100 de la plantilla
total de la empresa.
En diciembre de 1999, se firmó la integración de CASA, DASA y Aeroespatiale en la
Empresa Europea Aeroespacial y de Defensa (EADS).En julio de 2000 se procedió a la salida
en bolsa de EADS mediante ampliación de capital, alcanzando la siguiente composición
accionarial: Sogepa (15 por 100), Lagardère (11,10 por 100), Bancos franceses (3,90 por 100),
DCX (30 por 100), SEPI (5,42 por 100) y Bolsa (34,58 por 100).
Recientemente, en el 2001, se han privatizado tres empresas públicas estatales con
presencia en la región: el Grupo IBERIA, la E. N. SANTA BARBARA y la empresa de celulosa
ENCE:
• La primera fase de privatización de IBERIA se produjo en el año 2000, en el que
se adjudicó un 10 por 100 del capital a socios industriales (British Airways y
American Airlines) y un 30 por 100 a socios institucionales (Caja Madrid, BBVA,
Logista, Ahorro Corporación y El Corte Inglés). La privatización total de la compañía se completó en mayo de 2001 con la OPV del 52 por 100 de la compañía
aérea.
• La privatización de ENCE se realizó en dos etapas. En una primera etapa, en 1995,
se privatizó mediante una OPV institucional, el 49 por 100 del capital de la empresa. En una segunda etapa, a lo largo de 2001, se constituyó un núcleo de
accionistas estables por un porcentaje del 25 por 100 del capital menos una
acción y el resto, del 26 por 100 del capital, mediante una OPV dirigida a inversores
institucionales.
• El Grupo ENSB (constituida por la sociedad dominante, E. N. Santa Bárbara de
Industrias Militares, S.A., y por diversas participadas, entre las que destaca Santa
Bárbara Blindados, S.A.) fue privatizada mediante venta directa a la compañía norteamericana General Dynamics, una de las empresas líder en el sector del armamento
a nivel internacional.
En la actualidad, la configuración de la SEPI en Andalucía ha quedado reducida principalmente a los siguientes sectores de actividad:
a) En el caso de las industrias extractivas, la empresa PRESUR, que estaba enmarcada
en la minería deficitaria de la antigua Agencia Industrial del Estado.
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LA EMPRESA PÚBLICA ESTATAL EN ANDALUCÍA
CUADRO 5
EMPRESAS DEL GRUPO INI EN ANDALUCÍA EN 1991
Empresas/Sectores de actividad
Núm. Trabaj.
INI
Energía, elec., gas y agua
161
Endesa (privatizada 1998)
161
Industrias Extractivas
1.484
Encasur (privatizada 1998)
892
Presur
165
Grupo Almagrera (privatizada 1997)
427
Ind. Transf. Metales y mecánica precis.
9.724
C.S.I. (Privatizada 1997)
59
Grupo Inespal (privatizada 1997)*
84
Santa Bárbara (privatizada 2001)
632
Grupo Indra (privatizada 1999)
53
E.N. Bazán
1.786
CASA (integración grupo europeo. Priv.2001)
3.383
Grupo AESA
3.727
Otras industrias manufactureras
419
ENCE (privatizada 2001)
419
Construcción
141
Grupo Auxini (privatizada 1997)
141
Comercio
8
Artespaña (liquidada)
8
Transporte
1.271
C.T.E.
16
Grupo Transporte Aéreo (privatizado 2001)
1.255
Servicios Empresariales
34
SODIAN
10
ADARO (liquidada)
4
INI Medioambiente
2
T.G.I.
4
INITEC (privatizada 1999)
14
TOTAL
13.242
Empleo % % sector
empleo INI
Andaluc
2,7
2,4
75,6
70,2
73,6
30,4
8,9
22,9
0,3
1,5
16,7
1,1
20,9
37,6
45,9
2,7
28,6
97,4
2,4
24,3
65,8
50,8
43,7
25,8
9,8
0,0
6,9
0,0
7,6
4,4
1,3
–
100,0
1,6
4,3
3,6
1,4
12,9
–
–
–
–
–
–
Fuente: Ferraro García (1996, pág. 48) y elaboración propia.
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b) Otro grupo, es el integrado por las empresas pertenecientes a la división naval
(AESA) y actividades relacionadas con la defensa (BAZÁN), y que estuvieron adscritas a la desaparecida Agencia Industrial del Estado, que además de caracterizarse por
sus cuantiosas pérdidas, lo hacen por la importancia que representan en términos de
empleo para la economía andaluza y su capacidad de generar efectos inducidos
sobre otros sectores de la región. En diciembre de 2000 la SEPI crea IZAR, fruto de
la fusión de AESA y BAZÁN. IZAR se ha convertido en la empresa española líder del
sector de la construcción naval civil y militar. Por su dimensión (11.000 trabajadores) y cifra de negocio ocupa el segundo puesto en Europa y el noveno en el mundo
entre las empresas de la construcción naval.
c) Por último, un grupo de empresas que representan un peso insignificante en términos de empleo y que están asociadas a servicios financieros.
El grupo de empresas públicas estatales industriales empleaba a 10.500 trabajadores al
final del año 1996, lo que representaba el 4,5 por 100 del empleo industrial andaluz27. La
contribución más importante de las empresas públicas en la economía andaluza es en términos de empleo, una región caracterizada precisamente por su alto nivel de desempleo.
Ferraro (1996, págs 51-60) ha analizado los efectos inducidos de las empresas públicas
industriales más significativas de la región aplicando los multiplicadores de la tabla inputoutput de Andalucía para 1990. Los resultados ponen de manifiesto, que de las empresas
públicas analizadas, los efectos de éstas sobre el valor añadido bruto regional no son muy
intensos, al igual que no generan efectos de arrastre muy significativos, al no ser las actividades que desempeñan estratégicas para el crecimiento de la economía andaluza. Sin embargo, los resultados de los multiplicadores de empleo, sí manifiestan que cualquier reducción
de la actividad de éstas, puede afectar de forma significativa al empleo regional, destacando
sobre todo la rama de Construcción y reparación naval y Otros equipos de transporte.
3.CONCLUSIONES
El recorrido por la historia de las empresas de la Administración Central ubicadas en
la región, nos pone de manifiesto que son muy escasas las empresas que disponiendo de
cierta autonomía (con menores restricciones de localización), se hayan instalado en Andalucía.
Las razones que han justificado su localización en la región son principalmente: la vinculación
de éstas con los recursos naturales de la región, ya sea con su propia explotación (hierro,
cobre o carbón), o bien, su disponibilidad para utilizarlos en el proceso productivo (madera
o algodón); salvamento de empresas privadas en crisis (Minas de Oro de Rodalquilar,
ENCASUR, CASA, Astilleros de Cádiz o Minas de Almagrera); para mantener empleos, rentas
y paliar problemas de carácter social (PRESUR o INTELHORCE); objetivos militares (SANTA
(27) Junta de Andalucía (1998, p. 299).
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BÁRBARA, FYPESA o BAZÁN); reducir la dependencia exterior (ENCE) o la vinculación de éstas
con el sector primario o servicios (TRAGSA, SAECA, EXPASA, ALIMENTOS Y ACEITES, S.A.,
TABACALERA o TELEFÓNICA, entre otras). Destaca la ausencia de empresas públicas estatales
en sectores dinámicos y tecnificados como telecomunicaciones, bienes de equipo o electrónica,
entre otros. En una región históricamente de atraso relativo como la andaluza, la presencia de
la empresa pública estatal no ha estado motivada por razones de equilibrio regional, sino que
ha obedecido, como hemos señalado en líneas anteriores, a estrategias sectoriales o al salvamento de empresas en crisis. Otra de las características del sector público empresarial estatal en
Andalucía ha sido su concentración en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla, principales
núcleos industriales de la región, además de, la escasa importancia directa e inducida (excepto
CASA) que estas empresas tienen en la economía andaluza, aunque el empleo que generan no
es despreciable en una región caracterizada, precisamente, con una de las tasas de desempleo
más elevadas de Europa. El actual programa de privatizaciones que se deriva del Programa de
Modernización del Sector Público Empresarial del Estado y la existencia de un marco normativo
en el ámbito europeo que limita la concesión de ayudas públicas a las empresas que operan en
el mercado único puede ocasionar efectos traumáticos de carácter social en la región.
El papel de las administraciones públicas debe limitarse a prever el futuro y a facilitar
la rápida adaptación de las empresas a dicho futuro. Y dicho papel debe prescindir de las
ayudas públicas dado que constituyen un elemento distorsionador de la competencia. O, en
el caso de que las ayudas sean necesarias, deben subordinarse a lo previsto en el Tratado de
Roma. Es urgente y necesario la colaboración entre la Administración Central, responsable de
éstas, y la Junta de Andalucía, para que realicen conjuntamente un análisis caso por caso de
la situación de todas las empresas estatales ubicadas en Andalucía, de manera que en las
empresas en que sea preciso se tomen las medidas necesarias para preparar el cambio de
propiedad. Así, en algunos casos será necesario disminuir previamente la dependencia estructural respecto a las ayudas públicas y desarrollar planes de saneamiento que aseguren la futura
viabilidad privada de la empresa, considerando asimismo las implicaciones y costes económicos, sociales y sobre el empleo.
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