1. Racialización de la inseguridad
La importancia de lo que se está discutiendo y desarrollando en Francia
Las propuestas del Gobierno de Sarkozy, planteadas el 21, el 28 y el 30 de julio, y que afectan
directamente a Roms de nacionalidad rumana y búlgara, a nómadas o itinerantes y a hijos y nietos
de extranjeros nacidos en Francia que han adquirido la nacionalidad francesa al llegar a la mayoría
de edad, tienen una importancia que trasciendo, y con mucho, la política interna francesa.
En primer lugar, el presidente Sarkozy y su Gobierno han hecho suyos partes del programa del
partido más importante de la extrema derecha francesa, el Frente Nacional, tanto en lo que hace a
las expulsiones de personas extranjeras, roms, o gitanos, o tsiganes de nacionalidad rumana y
búlgara en este caso, como a la pérdida de nacionalidad por sanción. Si esas propuestas salen
adelante, con las correspondientes modificaciones del código civil, será una victoria de la extrema
derecha, que verá plenamente legitimadas sus ideas y propuestas.
Y ello, aunque la extrema derecha siga criticando al Gobierno porque no es del todo consecuente,
porque no recoge la totalidad de lo que proponen. De todas formas, como decía el pasado 31 de
julio Marine Le Pen, “el jefe del estado aceptaba las tesis que su partido había defendido desde
hace treinta años” A su vez, le invitaba a ser consecuente con lo anunciado sobre la seguridad,
“restableciendo la expulsión efectiva y definitiva de los delincuentes extranjeros”. Para Marine Le
Pen, “las palabras del presidente de la República, aunque son producto de una nueva gesticulación
estival, tienen el mérito de confirmar oficialmente el carácter criminoso de ciertas inmigraciones,
verdad por la cual el Frente Nacional ha sido perseguido en las últimas tres décadas”. En
consecuencia, Marine Le Pen “pide al presidente que saque todas las consecuencias de sus
declaraciones, restableciendo la expulsión sistemática, efectiva y definitiva de los delincuentes
extranjeros, que declare una moratoria inmediata en materia de inmigración y que reforme
profundamente el código de nacionalidad”.
Desde hace cierto tiempo, en más de una ocasión, diferentes personas vienen criticando en Francia
lo que denominan una “lepenización de los espíritus”. Se empieza por banalizar las propuestas de la
extrema derecha, por decir y repetir esa idea imbécil de que la extrema derecha plantea temas y
problemas justos, a los que da respuestas injustas. Y se acaba por recoger lo que dicen en su
programa electoral, aunque algo suavizado en las formas.
Una legitimación de este tipo en Francia va a reforzar, inevitablemente, las propuestas de las
organizaciones de extrema derecha en el conjunto de Europa. Y va a facilitar que las organizaciones
y partidos de derecha democrática las adopten en otras países de la Unión Europea.
La cuestión de la pérdida o privación de la nacionalidad por sanción y del aumento de las
dificultades para la adquisición.
Es una de las propuestas importantes hechas por Sarkozy en su discurso de 30 de julio en Grenoble
− La pérdida o privación de la nacionalidad por sanción, a las personas que la han
adquirido siendo hijos de extranjeros nacidos en Francia al cumplir la mayoría de edad.
La Constitución francesa en vigor, la de la cuarta República, no prevé, no dice nada sobre la pérdida
o privación de la nacionalidad francesa a una persona que la haya adquirido por residencia. Su
artículo 1 dice que todos los franceses son iguales ante la ley. No establece distinción alguna entre
francés de origen y francés por adquisición. A efectos de la Constitución son iguales.
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2. La Constitución española de 1978, por ejemplo, si prevé la pérdida de la nacionalidad española.
Dice que la nacionalidad española se puede adquirir y se puede perder.
Tanto la legislación francesa como la legislación española concretan las pérdidas o privaciones de la
nacionalidad en sus respectivos códigos civiles. Los motivos de pérdida o privación de la
nacionalidad son muy parecidos en uno y otro código civil: no uso y renuncia en el caso de la
pérdida; sanción por comisión de delitos muy graves contra el Estado.
Lo que propone Sarkozy es ampliar los casos de privación de la nacionalidad por sanción. En su
discurso del 30 de julio adelantaba un caso: perderían la nacionalidad francesa aquellas personas
que habiéndola adquirido, cometiesen un delito grave contra un agente de la autoridad. El discurso
del 30 de julio se pronunció en Grenoble, donde quince días antes un joven de 27 años, Karin
Boudouda, de origen magrebí, nacido en Francia y que había adquirido la nacionalidad francesa, fue
abatido por la policía en un tiroteo después de un intento de atraco en un casino. Por tanto, en lo que
Sarkozy dijo, entraba el caso de Karin Boudouda, que además de participar en el atraco disparó
contra la policía. De todas formas, la propuesta genérica del presidente hay que concretarla.
En los días posteriores, diversos miembros del Gobierno hicieron declaraciones en las que
proponían más motivos de privación de la nacionalidad. En este momento hay presentadas tres
propuestas, correspondientes a tres ministerios: Justicia, Interior e Inmigración. En esas tres
propuestas presentadas hasta ahora se añadirían dos nuevos motivos de privación de la nacionalidad
adquirida: atentar contra la vida de una autoridad pública (policías, jueces, fiscales) y practicar la
poligamia y sacar beneficio de ella. En este segundo caso se está utilizando como referencia un caso
real, el de un hombre de origen argelino, que parece ser es polígamo, una de cuyas esposas va
ataviada con velo integral y fue detenida por conducir con niqab. Parece ser que este hombre se
beneficiaba de las prestaciones familiares de sus diversas esposas.
Ampliar los casos de pérdida de la nacionalidad por sanción, más allá de los típicos de traición,
deserción, espionaje a favor de otro estado, atentado terrorista, fragiliza la situación jurídica de las
personas que la han adquirido, habitualmente por residencia. Crea una situación de nacionales de
primera división y nacionales de segunda división. Banaliza los motivos de la pérdida o privación.
En la historia de Francia supondría un cambio importante, pues los motivos de privación por
sanción se mantienen en sus términos desde hace mucho tiempo, por lo menos desde la tercera
República. Podría chocar con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dicen que a
nadie se le puede privar de tener una nacionalidad, pues podría darse el caso de que al adquirir la
nacionalidad francesa, esa persona tuvo que optar y renunciar a la suya de origen. En la conciencia
de una parte de la población supondría un baldón para Francia, considerada la tierra del los
Derechos Humanos, el modelo por antonomasia del derecho de suelo, de igualdad en la ciudadanía.
Aunque todo esto tenga una dosis bastante grande de mito, tanto en lo que hace a los derechos
humanos, como al derecho de suelo, y en lo del carácter de ciudadanía universal independiente del
origen, tiene su cierto peso, sobre todo en ese mundo un tanto difuso del prestigio de la República
en el mundo, del modelo de país.
Este de la pérdida de la nacionalidad puede ser, visto desde aquí, un problema más interno de
Francia. Allí tiene mucha importancia, pues afecta a esas cuestiones simbólicas de la República, al
modelo francés de ciudadanía.
En cuanto al aumento de las dificultades para la adquisición de la nacionalidad, habrá que esperar a
que lo concreten más.
De todas formas, haciendo la comparación con la legislación española, nos encontramos con que
aquí funciona el concepto de “buena conducta ciudadana”, es decir que, si una persona extranjera
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3. que quiere adquirir la nacionalidad por residencia no ha tenido “una buena conducta ciudadana” se
le deniega la adquisición. Es uno de esos conceptos que se denominan indefinidos, que requiere ser
aplicado caso por caso, y contra el que, obviamente, cabe recurrir. Es un concepto que va más lejos
que el de tener penales o no. Por lo que veo en la prensa francesa, es posible que la cosa vaya por
introducir un concepto de este tipo, que obligue a analizar cada petición y la historia de la persona
que quiere adquirir la nacionalidad.
Las expulsiones de roms, o gitanos o tsiganes a Rumanía y Bulgaria
Hay varios problemas implicados:
1 El carácter colectivo de las expulsiones. La normativa europea prohíbe las expulsiones
colectivas. Los Estados suelen intentar salvar este escollo diciendo que son expulsiones individuales
que se juntan en un momento determinado.
Aquí también se ha utilizado ese argumento en más de una ocasión. Acordaros de la expulsión de
los 110, a principios del primer gobierno de Aznar, cuando Mayor Oreja era ministro del interior.
Aznar dijo entonces aquello de “había un problema y se ha resuelto”, y los 110 fueron expulsados a
África, a Nigeria, drogados con haloperidol y atados con cinta de embalar a los asientos del avión
en el que fueron transportados. Allí también se dijo que no era una expulsión colectiva, sino
expulsiones individuales que se juntaban en un avión. Ya se sabe que los y las africanas son muy
comunitarios, y les gusta viajar todos juntos, en alegre biribilketa.
Bueno, pues ahora es lo mismo, pero utilizado el argumento por las autoridades francesas, aunque
sea muy curioso que las familias vayan juntas, incluidos los niños y niñas pequeñas, después de
adoptar decisiones “individuales”.
En cuanto al procedimiento, si aceptan el retorno “voluntario” se les abona 300 euros a los adultos y
100 euros a los niños y niñas. Para evitar que puedan utilizar en más de una ocasión este sistema, se
les abre una ficha antropométrica. Se construye, por tanto, un fichero especial de personas.
2 Se expulsa o retorna a su país de origen a ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea.
Las personas ciudadanas de cualquiera de los veintisiete estados de la Unión tiene derecho a la libre
circulación y a la libertad de establecimiento. En el caso de Rumanía y Bulgaria, su incorporación a
la Unión se produjo en el año 2007. Desde esa fecha sus ciudadanos y ciudadanas tenían la
posibilidad de desplazarse a otro país de la Unión sin necesidad de solicitar visado, siendo
documentos válidos para viajar el documento nacional de identidad o el pasaporte. Ahora bien, una
cosa es desplazarse y otra establecerse. Para establecerse, cada estado se acogió a un sistema de
moratoria. En el caso del Estado español la moratoria acabó el 31 de diciembre de 2008 y, por tanto,
las personas procedentes de Rumanía o Bulgaria, a partir del 1 de enero de 2009 podían establecerse
en España sin solicitar una autorización de residencia o de residencia y trabajo. A partir de esa
fecha, lo mismo que las personas procedentes de Francia, de Bélgica, de Holanda, de Alemania etc,
si quieren establecerse en España tienen que pedir un Certificado de Registro, que se expende y
renueva cada cinco años.
Francia se acogió a una moratoria más larga. Hasta el año 2012, si quieren establecerse, tienen que
solicitar una autorización de residencia y trabajo. Si no la solicitan en el plazo de tres meses desde
la entrada en el país, o si no se les concede, su estancia es irregular y, legalmente, pueden ser
retornados. Allí funcionan con un sistema parecido al catálogo de actividades de difícil cobertura, lo
que suelen llamar la lista de las 150 actividades en las que pueden recibir ofertas de empleo. Parece
posible que la moratoria se alargue hasta el año 2014.
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4. ¿Se están produciendo retornos o expulsiones, y además esas expulsiones tienen un carácter
colectivo?
Para expulsar del país a una persona procedente de la Unión Europea se ha tenido que producir una
alteración grave del orden público. Caso contrario no tendría que haber expulsión. Es lo que ha
entendido el Juzgado Administrativo de Lille, que ha paralizado varios procedimientos.
Otro problema es la eficacia de la medida. Al haber libertad para desplazarse, quien ha sido
retornado puede volver a Francia cuando considere oportuno hacerlo, y no se le puede prohibir la
entrada. Le podrán impedir cobrar dos veces las cantidades establecidas para el retorno
“voluntario”, pero no que entre, viaje por Francia e intente encontrar un trabajo en ese país
3 La población rom o tsigane de Rumanía y de Bulgaria no es nómada. Es una población
sedentaria desde hace mucho tiempo, y lo sigue siendo hoy a pesar de la crisis, la discriminación y
la segregación que sufren en sus países de origen. Su sedentarización ha pasado por muchas etapas,
la más cercana las disposiciones que adoptaron los países comunistas del Este de Europa en el año
1958 para convertirlos en obreros industriales y en obreros agrícolas. El problema es que esa
conversión en obreros no fue acompañada de una lucha consecuente contra la discriminación, la
segregación espacial, la xenofobia y el racismo del que eran víctimas. La caída del muro de Berlín
en el año 1989, las transformaciones políticas posteriores, la grave crisis que padecieron todos esos
países al desmantelar parte de sus industrias obsoletas, etc han hecho el resto.
Por tanto, lo que sale de Rumanía y de Bulgaria hacia otros países de Europa, aunque sean roms, no
son nómadas. Son trabajadores y trabajadoras que en sus propios países sufren las consecuencias de
la discriminación, la segregación espacial, la xenofobia y el racismo. De ahí el cabreo monumental
de las organizaciones roms de Bulgaria, por ejemplo, pues a partir del trato que les está dispensando
Francia, prevén un endurecimiento de la situación en su propio país.
4 Francia propone limitar la libertad de desplazarse en el interior de la Unión Europea.
Francia ha sido criticada por el Consejo de Europa, especialmente por La Comisión Europea contra
el Racismo y la Intolerancia. Pero el Gobierno francés se ha defendido, ha acudido a una reunión a
explicar sus razones y le han pedido más información.
Lo que está en juego es muy importante, pues la propuesta de fondo de Francia es que hay que
limitar la libertad de desplazarse. Obviamente, esa limitación de desplazamiento se aplicaría, en la
práctica, a las franjas de población más desfavorecidas. Es difícil saber que saldrá de este pulso,
pero me da la impresión de que nada bueno.
5 Lo que ocurre en Francia se añade a lo ocurrido en Italia. Aunque las situaciones son
diferentes, lo que ocurre en un sitio refuerza y da argumentos al otro. Berlusconi tiene una imagen
muy degradada fuera de Italia pero, al final, otro gran país de la Unión Europea aplica medidas muy
parecidas. En Italia la Liga Norte, partido abiertamente xenófobo de base cristiana, forma parte del
Gobierno. El ministro del interior, Maroni, es militante de ese partido. En Francia la UMP, el
partido del gobierno, hace suyos partes del programa del Frente Nacional. Al final, por un
procedimiento o por otro, el populismo xenófobo sale reforzado.
6 Aquí, ningún político con mando en plaza, es decir, ningún político que gobierna, ha
gobernado o puede gobernar (PSOE, PP, CiU, PNV) dice esta boca es mía. Y ello es muy
significativo. Y lo mismo ocurre con los alcaldes. Nadie se pringa. Los medios de comunicación si
han tomado postura, más crítica o más comprensible con las medidas puestas en marcha por el
gobierno francés, pero el tipo de político que señalo más arriba no dice nada. Algunos de ellos
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5. porque en el fondo están muy o bastante de acuerdo con lo que dice y hace Sarkozy. Otros, por
miedo o por prudencia, no vaya a ser que en el futuro me toque algo parecido.
Si cogemos el discurso del Sarkozy del 30 de julio en Grenoble, lo que en él dice sobre la
integración y los valores franceses, y lo que hace un año y pico decía Odón Elorza sobre la
heterogeneidad y los valores hablando de los menores extranjeros no acompañados, el que una parte
de la población tiene otros valores que facilitan la delincuencia, se parecen como dos gotas de agua.
Sarkozy dice que la política de inmigración, y dentro de ella la integración, de los últimos cincuenta
años ha fracasado en Francia. Antes fue un éxito, en los últimos cincuenta años ha sido un fracaso.
¿A qué población afecta fundamentalmente el fracaso? A la procedente del Magreb y del África
Subsahariana. ¿Por qué se ha fracasado? Porque no han asimilado los valores franceses. No sienten
nada por Francia, no se sienten orgullosos de ser franceses, no la quieren. La no asimilación de esos
valores franceses les hace más proclives a practicar la delincuencia y sobre todo un tipo de
delincuencia, la que no respeta las personas y a su vida. Esa población inmigrada tiene que ser
recontrolada, no se puede dejar que acceda a la nacionalidad de cualquier manera y hay que poner
en marcha mecanismos por los que esa nacionalidad se les pueda quitar.
Las ideas expresadas por Sarkozy sobre el tema de los valores, que es uno de los elementos que
permite hacer la ligazón entre delincuencia e inmigración, no solo son compartidas por algunos
políticos, son también expresadas por mandos de la ertzaintza. En Radio Euskadi suelen hacer unos
reportajes en los que cogen opiniones de varias personas, se supone que especialistas en un tema, y
van haciendo un puzle con diferentes recortes de sus declaraciones. Oí el sábado uno sobre
delincuencia, y alucinaba. Al final, no se hablaba de delincuencia en Euskadi, sino de inmigración y
delincuencia. Y salía todo el lío de los valores, porque los vascos si delinquimos, pero de otra
manera, con respeto por la vida de las personas, pero es que esos otros no y además van armados. Y
hay que ser claros, hay que detenerlos, que cumplan el castigo que les corresponda y que luego sean
expulsados. Aplicación de la doble pena y la doble sanción. Cosa que, en el caso de Francia, fue
eliminada por Sarkozy, pero que aquí los especialistas policiales la piden sin ningún tapujo. En
Francia la pide el Frente Nacional. Es una de esas cosas en las que le dice a Sarkozy que sea
consecuente.
Y lo mismo sobre los campamentos. ¿Os acordáis de Arrasate, los problemas que tuvimos hace unos
cuantos años con el empadronamiento de dos familias gitanas portuguesas? En Francia, la ley
obliga a los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes a habilitar unos espacios dotados con
servicios mínimos de luz y agua donde puedan establecerse las personas nómadas, las encuadradas
en la categoría jurídico administrativa de “gens du voyage”. Actualmente el 42% de los
ayuntamientos tienen habilitados esos espacios. No lo han hecho el 58%, la mayoría. En Arrasate
les propusimos una medida de este tipo, pero, como os podréis imaginar, rápidamente salió lo del
“efecto llamada” y, obviamente, lo descartaron de inmediato. Algo antes de lo de Arrasate hubo el
problema de los gitanos que acampaban en las orillas del Oria, entre Lasarte y Donostia. ¿Qué
propusieron los ediles del ayuntamiento de Donostia? Desmantelar el campamento y que se
largasen a donde quisiesen, pero lejos de aquí.
Las encuestas francesas van mostrando una pérdida de apoyos a las medidas adoptadas por el
Gobierno. Al principio, los apoyos rondaban el 80%. A final de agosto han bajado al 48% a favor y
42% en contra. Sigue siendo una cifra alta. Y lo que no despega es la popularidad del presidente,
que está en lo más bajo de su mandato, en el 32% de aceptación.
Seguiremos los acontecimientos.
Donostia,
Agustín.
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