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en la Guerra Federal, ha podido percibirse tanto odio
desbordado, tantas pasiones manifestadas en tan breve
tiempo. La Guerra Federal tenía tras sí treinta años de
guerra de independencia más treinta años de anarquía,
mientras aquí están represados los sentimientos de
treinta años de democracia, como bien ha sido dicho
por muchos parlamentarios que han intervenido en las
dos Cámaras, llena de engaños y de frustraciones.“
(Senador José Marsicoberte, Nueva Generación
Democrática).
“El Caracazo es consecuencia de la dolencia económi-
ca y social “que el fracaso de los dos gobiernos que han
conducido la gestión en Venezuela en los últimos 30
años ha originado. Han gobernado mal, han adminis-
trado mal y para buscarle remedio a la causa que ha ori-
ginado esos males se está promoviendo en Venezuela
un movimiento”, (Diputado Álvaro Silva Calderón,
Movimiento Electoral del Pueblo).
TELÓN
Aquel 10 de marzo de 1989, después de tantos criterios en pug-
na, el Secretario del Congreso leyó la proposición del adeco
Carlos Canache Mata sobre la suspensión de las Garantías
Constitucionales. El presidente del Parlamento preguntó: “los
señores parlamentarios que estén de acuerdo con la proposición
del diputado Carlos Canache Mata se servirán de indicarlo con
la señal de costumbre”...
	
(Pausa)
Aprobada por amplia mayoría…Así alzó la mano a favor de la
impunidad el mayor por ciento de quienes legislaban en la IV.
Introducción
El Caracazo:
heridas en la memoria
Muerte, dolor y sangre. Sangre, dolor y muerte. Heridas en la
memoria de los venezolanos que padecieron las escenas de la
masacre que el gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993)
no pudo silenciar.
La bomba de tiempo con marca neoliberal inoculada por el an-
terior presidente, Jaime Lusinchi (1984-1989), explotó en la
cancha de Carlos Andrés, quien permitió que la policía asesi-
nara a diestra y siniestra para reprimir a quemarropa la rebelión
popular.
Por los diarios de la época circulaban titulares alusivos a la ten-
sa situación que atravesaban los venezolanos en 1989, cuando
se desinflaban sus bolsillos ante una inflación en bebidas y ali-
mentos del 102, 9 %, por ejemplo.
En 1986, frente a las duras pruebas económicas, la adminis-
tración de Lusinchi adoptó un plan para refinanciar la deuda e
impedir la fuga de capitales.
Sin embargo, la caída de los precios del petróleo pronto demos-
tró la ineficacia de esas propuestas y el agotamiento estructural
de un modelo que disparó a niveles exponenciales la inflación y
la deuda externa, mientras hizo descender hasta el subsuelo las
reservas internacionales en divisas.
El paquetazo de medidas adoptadas a principios de febrero de
1989 por Carlos Andrés Pérez supuso, entre otros perjuicios
para el pueblo, el incremento en un 100% del precio de la ga-
solina y el alza de las tarifas de los servicios de luz, agua y
teléfono.
Para el 80% de venezolanos excluidos, a la altura del 27 de
febrero de 1989 no había otra opción que rebelarse. El llamado
Caracazo culminó a principios de marzo con un saldo de miles
de muertos, aunque las cifras oficiales indicaran menos de 300.
En el Congreso de la época se debatía sobre la pertinencia o no
de suspender las garantías constitucionales, mientras las fuer-
zas policías allanaban casas con total impunidad.
Adiós a las Garantías
Constitucionales
El 28 de febrero se publicaba en Gaceta Oficial el Decreto 49,
que suspendía en toda Venezuela las garantías establecidas en
los ordinales 1, 2, 6 y 10 del artículo 60 y en los artículos 62,
64, 66, 71 y 115 de la Constitución.
Tal documento fue firmado por Carlos Andrés Pérez, refren-
dado por su Consejo de Ministros y legitimado también por el
Congreso de la época. Frente a los ojos de la Historia, se pre-
tendía cubrir con un velo de legalidad la masacre y el caos, tal
como advirtieron algunos congresistas:
“Mientras estuvo la suspensión de las Garantías en es-
tos diez días, fueron muchos los venezolanos -hasta
niños, ancianos, trabajadores- que fueron fusilados
por el solo hecho de no acatar una orden a alguno de
los cuerpos policiales en la calle” (…) Pero la Consti-
tución no dice que los derechos de suspensión de Ga-
rantías les dan la facultad a algún soldado, policía o
Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención
(DISIP) para que les disparen una ráfaga a un estu-
diante que se negó a detenerse cuando le dijeron que se
detuviera.” (Diputado Orlando Fernández, MAS).
	
“Queremos y exigimos de igual manera al Gobierno
Nacional el respeto por la vida. Ninguna circunstancia,
por emergente que ella sea puede privarnos de ese de-
recho al respeto de la vida. Si bien es cierto que existe
la emergencia, esta puede ser conducida de manera ra-
cional para que la emergencia no se convierta en más
violencia”. (Diputado Moisés Moleiro, MIR).
“No puedo y me niego a pensar que en este Congreso
de gente que se da golpes de pecho de democráticos,
que por el hecho de que están suspendidas las Ga-
rantías, se puede avalar el derecho a que el Gobier-
no asesine y torture como lo hicieron en estos diez
días de suspensión de Garantías (…) La bancada del
Gobierno (Acción Democrática) es escuálida, insufi-
ciente y ni siquiera convincente para hacer saber al
Congreso las razones del porqué se debe mantener
la suspensión de las Garantías. (Diputado Orlando
Fernández, MAS).	
AD Y COPEI:
“EL PACTO DE PUNTO MUERTO”	
El Partido de Acción Democrática, que representaba al gobier-
no de Carlos Andrés Pérez en el Parlamento, tuvo el respaldo
de COPEI en la propuesta de suspender las garantías constitu-
cionales. Los principales actores del Pacto de Punto Muerto, en
tiempos de crisis, se articulaban como la maquinaria de un reloj:
“COPEI cumple con su deber patriótico de que el país
sienta que los partidos bases del sistema asumen la
responsabilidad de garantizarles esa paz y esa segu-
ridad. Esta emergencia nos obliga a asumir la respon-
sabilidad de darle al país la legislación que mantenga
claro, evidente, las formas y las maneras como nuestro
estado de derecho debe funcionar en estado de emer-
gencia o de suspensión de Garantías”. (Senador Hi-
liarón Cardozo, COPEI).
Verdad al desnudo 	
La verdad fue puesta al desnudo por algunas voces a lo interno
del Congreso, mientras la administración de Carlos Andrés Pé-
rez intentaba tapar los crímenes con un dedo. 	
“El Partido Comunista ha rechazado el bandolerismo
que se ha entronizado en las altas esferas del Gobier-
no; el bandolerismo que permitió pagarle a la banca
acreedora más de 75 mil millones dólares en menos
de diez años; el bandolerismo que institucionalizó el
despilfarro y la corrupción. Llamo al Congreso de la
República a visitar los centros de reclusión de gente
detenida después del 27 y 28 de febrero…” (Diputado
Trino Meleán, Partido Comunista).	
“En mi estado (Lara) no ocurre nada que no sea el
rechazo del pueblo a las medidas económicas, que no
sea el hambre que crearán las medidas económicas
en los sectores populares, que no sea esa represión
que se ejerció por parte del Gobierno violando nor-
mas y derechos constitucionales durante el tiempo
de suspensión de las Garantías (…) Niños, ancianos,
mujeres en sus propios apartamentos, en las puertas
de sus casas, fueron asesinados no por las balas de
los pillos ni de los que asaltaron los comercios ni de
las turbas; murieron de las balas de los cuerpos re-
presivos del Estado, abusando de que las Garantías
Constitucionales estaban suspendidas.” (Diputado
Orlando Fernández, MAS).
“…El lunes 27 de febrero en el Hos-
pital Municipal “Doctor Ricardo
Baquero González hubo 207 ingresa-
dos, de los cuales 90 eran heridos de
bala. El martes 28, después de la sus-
pensión de las Garantías, los in-
gresados fueron 307, de los cuales
252 eran heridos de bala. Un total
de ingresos en los siguientes días
en este hospital de 879 personas
heridas y 583 de ellas heridas de
bala, 40 de esos ingresos fueron
cadáveres, 7 de ellos no identifi-
cados.” (Diputado Andrés Ve-
lasquez, Causa R).
“La revista “News Week” habla de más de 300 muer-
tos y una cifra superior a los 1 500 heridos de los cua-
les el Gobierno ha dicho que sólo hay dos oficiales
del Ejército y un policía muertos y 40 heridos dentro
de las filas de los funcionarios, con lo cual todos nos
preguntamos: ¿ese volumen de muertos dentro de la
población civil es demostrativo de la proporción que
nos han querido hacer ver de francotiradores en las
calles?” (Gastón Guisantes, Partido Opinión Nacio-
nal, OPINA).	  
“Era necesario que en ese entonces Venezuela se sintie-
ra protegida y liderizada “por los políticos que supues-
tamente representan la democracia, y es por ello que
he felicitado a COPEI y mantengo mi posición de que
se suspendan las Garantías hasta tanto Venezuela no se
sienta segura de que tiene el rumbo de la democracia
en sus manos otra vez.” (Diputada Rhona Ottolina,
Movimiento de Integridad Nacional).
		
30 AÑOS DE DEMOCRACIA, ¿Y QUÉ?
Supuestamente, durante tres décadas copeyanos y adecos ha-
bían inyectado democracia, pero así sólo lograron ensanchar el
abismo entre ricos y pobres con recetas neoliberales que lleva-
ron al estallido popular.
“Un pueblo burlado, engañado, condenado a treinta
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“Lo sucedido en Venezuela a partir
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El Caracazo: heridas en la memoria y debates en el Congreso

  • 1. en la Guerra Federal, ha podido percibirse tanto odio desbordado, tantas pasiones manifestadas en tan breve tiempo. La Guerra Federal tenía tras sí treinta años de guerra de independencia más treinta años de anarquía, mientras aquí están represados los sentimientos de treinta años de democracia, como bien ha sido dicho por muchos parlamentarios que han intervenido en las dos Cámaras, llena de engaños y de frustraciones.“ (Senador José Marsicoberte, Nueva Generación Democrática). “El Caracazo es consecuencia de la dolencia económi- ca y social “que el fracaso de los dos gobiernos que han conducido la gestión en Venezuela en los últimos 30 años ha originado. Han gobernado mal, han adminis- trado mal y para buscarle remedio a la causa que ha ori- ginado esos males se está promoviendo en Venezuela un movimiento”, (Diputado Álvaro Silva Calderón, Movimiento Electoral del Pueblo). TELÓN Aquel 10 de marzo de 1989, después de tantos criterios en pug- na, el Secretario del Congreso leyó la proposición del adeco Carlos Canache Mata sobre la suspensión de las Garantías Constitucionales. El presidente del Parlamento preguntó: “los señores parlamentarios que estén de acuerdo con la proposición del diputado Carlos Canache Mata se servirán de indicarlo con la señal de costumbre”... (Pausa) Aprobada por amplia mayoría…Así alzó la mano a favor de la impunidad el mayor por ciento de quienes legislaban en la IV.
  • 2. Introducción El Caracazo: heridas en la memoria Muerte, dolor y sangre. Sangre, dolor y muerte. Heridas en la memoria de los venezolanos que padecieron las escenas de la masacre que el gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) no pudo silenciar. La bomba de tiempo con marca neoliberal inoculada por el an- terior presidente, Jaime Lusinchi (1984-1989), explotó en la cancha de Carlos Andrés, quien permitió que la policía asesi- nara a diestra y siniestra para reprimir a quemarropa la rebelión popular. Por los diarios de la época circulaban titulares alusivos a la ten- sa situación que atravesaban los venezolanos en 1989, cuando se desinflaban sus bolsillos ante una inflación en bebidas y ali- mentos del 102, 9 %, por ejemplo. En 1986, frente a las duras pruebas económicas, la adminis- tración de Lusinchi adoptó un plan para refinanciar la deuda e impedir la fuga de capitales. Sin embargo, la caída de los precios del petróleo pronto demos- tró la ineficacia de esas propuestas y el agotamiento estructural de un modelo que disparó a niveles exponenciales la inflación y la deuda externa, mientras hizo descender hasta el subsuelo las reservas internacionales en divisas. El paquetazo de medidas adoptadas a principios de febrero de 1989 por Carlos Andrés Pérez supuso, entre otros perjuicios para el pueblo, el incremento en un 100% del precio de la ga- solina y el alza de las tarifas de los servicios de luz, agua y teléfono. Para el 80% de venezolanos excluidos, a la altura del 27 de febrero de 1989 no había otra opción que rebelarse. El llamado Caracazo culminó a principios de marzo con un saldo de miles de muertos, aunque las cifras oficiales indicaran menos de 300. En el Congreso de la época se debatía sobre la pertinencia o no de suspender las garantías constitucionales, mientras las fuer- zas policías allanaban casas con total impunidad. Adiós a las Garantías Constitucionales El 28 de febrero se publicaba en Gaceta Oficial el Decreto 49, que suspendía en toda Venezuela las garantías establecidas en los ordinales 1, 2, 6 y 10 del artículo 60 y en los artículos 62, 64, 66, 71 y 115 de la Constitución. Tal documento fue firmado por Carlos Andrés Pérez, refren- dado por su Consejo de Ministros y legitimado también por el Congreso de la época. Frente a los ojos de la Historia, se pre- tendía cubrir con un velo de legalidad la masacre y el caos, tal como advirtieron algunos congresistas: “Mientras estuvo la suspensión de las Garantías en es- tos diez días, fueron muchos los venezolanos -hasta niños, ancianos, trabajadores- que fueron fusilados por el solo hecho de no acatar una orden a alguno de los cuerpos policiales en la calle” (…) Pero la Consti- tución no dice que los derechos de suspensión de Ga- rantías les dan la facultad a algún soldado, policía o Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) para que les disparen una ráfaga a un estu- diante que se negó a detenerse cuando le dijeron que se detuviera.” (Diputado Orlando Fernández, MAS). “Queremos y exigimos de igual manera al Gobierno Nacional el respeto por la vida. Ninguna circunstancia, por emergente que ella sea puede privarnos de ese de- recho al respeto de la vida. Si bien es cierto que existe la emergencia, esta puede ser conducida de manera ra- cional para que la emergencia no se convierta en más violencia”. (Diputado Moisés Moleiro, MIR). “No puedo y me niego a pensar que en este Congreso de gente que se da golpes de pecho de democráticos, que por el hecho de que están suspendidas las Ga- rantías, se puede avalar el derecho a que el Gobier- no asesine y torture como lo hicieron en estos diez días de suspensión de Garantías (…) La bancada del Gobierno (Acción Democrática) es escuálida, insufi- ciente y ni siquiera convincente para hacer saber al Congreso las razones del porqué se debe mantener la suspensión de las Garantías. (Diputado Orlando Fernández, MAS). AD Y COPEI: “EL PACTO DE PUNTO MUERTO” El Partido de Acción Democrática, que representaba al gobier- no de Carlos Andrés Pérez en el Parlamento, tuvo el respaldo de COPEI en la propuesta de suspender las garantías constitu- cionales. Los principales actores del Pacto de Punto Muerto, en tiempos de crisis, se articulaban como la maquinaria de un reloj: “COPEI cumple con su deber patriótico de que el país sienta que los partidos bases del sistema asumen la responsabilidad de garantizarles esa paz y esa segu- ridad. Esta emergencia nos obliga a asumir la respon- sabilidad de darle al país la legislación que mantenga claro, evidente, las formas y las maneras como nuestro estado de derecho debe funcionar en estado de emer- gencia o de suspensión de Garantías”. (Senador Hi- liarón Cardozo, COPEI). Verdad al desnudo La verdad fue puesta al desnudo por algunas voces a lo interno del Congreso, mientras la administración de Carlos Andrés Pé- rez intentaba tapar los crímenes con un dedo. “El Partido Comunista ha rechazado el bandolerismo que se ha entronizado en las altas esferas del Gobier- no; el bandolerismo que permitió pagarle a la banca acreedora más de 75 mil millones dólares en menos de diez años; el bandolerismo que institucionalizó el despilfarro y la corrupción. Llamo al Congreso de la República a visitar los centros de reclusión de gente detenida después del 27 y 28 de febrero…” (Diputado Trino Meleán, Partido Comunista). “En mi estado (Lara) no ocurre nada que no sea el rechazo del pueblo a las medidas económicas, que no sea el hambre que crearán las medidas económicas en los sectores populares, que no sea esa represión que se ejerció por parte del Gobierno violando nor- mas y derechos constitucionales durante el tiempo de suspensión de las Garantías (…) Niños, ancianos, mujeres en sus propios apartamentos, en las puertas de sus casas, fueron asesinados no por las balas de los pillos ni de los que asaltaron los comercios ni de las turbas; murieron de las balas de los cuerpos re- presivos del Estado, abusando de que las Garantías Constitucionales estaban suspendidas.” (Diputado Orlando Fernández, MAS). “…El lunes 27 de febrero en el Hos- pital Municipal “Doctor Ricardo Baquero González hubo 207 ingresa- dos, de los cuales 90 eran heridos de bala. El martes 28, después de la sus- pensión de las Garantías, los in- gresados fueron 307, de los cuales 252 eran heridos de bala. Un total de ingresos en los siguientes días en este hospital de 879 personas heridas y 583 de ellas heridas de bala, 40 de esos ingresos fueron cadáveres, 7 de ellos no identifi- cados.” (Diputado Andrés Ve- lasquez, Causa R). “La revista “News Week” habla de más de 300 muer- tos y una cifra superior a los 1 500 heridos de los cua- les el Gobierno ha dicho que sólo hay dos oficiales del Ejército y un policía muertos y 40 heridos dentro de las filas de los funcionarios, con lo cual todos nos preguntamos: ¿ese volumen de muertos dentro de la población civil es demostrativo de la proporción que nos han querido hacer ver de francotiradores en las calles?” (Gastón Guisantes, Partido Opinión Nacio- nal, OPINA).   “Era necesario que en ese entonces Venezuela se sintie- ra protegida y liderizada “por los políticos que supues- tamente representan la democracia, y es por ello que he felicitado a COPEI y mantengo mi posición de que se suspendan las Garantías hasta tanto Venezuela no se sienta segura de que tiene el rumbo de la democracia en sus manos otra vez.” (Diputada Rhona Ottolina, Movimiento de Integridad Nacional). 30 AÑOS DE DEMOCRACIA, ¿Y QUÉ? Supuestamente, durante tres décadas copeyanos y adecos ha- bían inyectado democracia, pero así sólo lograron ensanchar el abismo entre ricos y pobres con recetas neoliberales que lleva- ron al estallido popular. “Un pueblo burlado, engañado, condenado a treinta años, que ha oído promesas de todo tipo que le han sido incumplidas, se lanzó desesperado al saqueo, a las protestas, a dejar constancia -ya que nadie oía- de que quería hacerse escuchar. En estos 30 años (y eso lo admiten los parlamentarios tanto de COPEI como de AD), no han hecho otra cosa que ensanchar el abismo entre los ricos y los pobres.” (Orlando Fernández, MAS). “Lo sucedido en Venezuela a partir del 27 de febrero fue muy grave, cien horas que transformaron muchos sue- ños (…) porque salvando la profundi- dad de los historiadores, yo me atre- vería a asegurar que no ha ocurrido nunca en nuestra historia, ni siquiera