Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 1 de marzo de 2005


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del Hospital de quot;Txagorritxuquot; y pendiente de intervención quirúrgica para quitar placa e
injerto óseo.

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se desprende que en ese período del 13 de enero al 8 de julio de 2003 ha sido atendido
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Sentencia Del Tsjpv De 1 De Marzo De 2005

  1. 1. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 1 de marzo de 2005 Declarada la competencia del Servicio Vasco de Salud para extender partes de alta y baja médica, aunque las mutuas emitan otros en contra La mutua, cuyo recurso ha sido desestimado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, alega que en el periodo de incapacidad temporal controvertido no se ha dado al demandante asistencia sanitaria, requisito exigible para la situación legal de incapacidad temporal. El trabajador, sobre cuya incapacidad temporal se discute, sufrió un accidente de trabajo, con fractura de tobillo, pasando a situación de incapacidad temporal declarada por la mutua, que a su vez le concedió el alta. No obstante, el trabajador fue dado de baja nuevamente por el Servicio Vasco de Salud por el mismo diagnóstico, emitiendo la mutua un nuevo informe de alta al entender que no procedía la baja otorgada por la sanidad pública. La mutua alega que la competencia para extender los partes de alta y baja médica por accidente de trabajo corresponde a los médicos de las mutuas, no al Servicio Vasco de Salud. El recurso se desestima, dado que no puede impedirse que los servicios médicos de la sanidad pública emitan partes de baja por enfermedad común si el trabajador se halla incapacitado para su trabajo y precisa asistencia sanitaria, aun cuando se trate de contingencias asumidas por una mutua patronal y ésta haya emitido un parte de alta previo. ANTECEDENTES DE HECHO Primero.—La única instancia del proceso en curso se inició por Demanda y terminó por Sentencia, cuya relación de Hechos Probados, es la siguiente: 1.º) quot;El trabajador D. Tomás, nacido el día 27 de marzo de 1982, con n.º de afiliación al RGSS..., es de profesión habitual Mozo de Almacén. 2.º) El día 22 de agosto de 2002; mientras prestaba servicios por cuenta de la empresa quot;Lozano Transportes, S.A.quot; que aseguraba los riesgos profesionales con la MATEP quot;Asepeyoquot;, sufrió un accidente de trabajo diagnosticado de quot;fractura bimaleolar de tobillo derechoquot;. 3.º) El trabajador inició proceso de IT de 22/08/02 y tras ser tratado quirúrgicamente con osteosíntesis y rehabilitación, fue dado de alta por mejoría con secuelas por la Mutua accionante el 01/01/2003. 4.º) Tras reincorporarse al trabajo, el Sr. Tomás causó nueva baja el 13/01/03 emitida por el médico de atención primaria con diagnóstico quot;fractura de tobilloquot; (L73/824)quot;, siendo remitido a los servicios de traumatología de quot;Osakidetzaquot;. Con fecha 08/07/2003 la Mutua emitió nuevo parte de alta. 5.º) El trabajador ha sido dado nuevamente de baja por su médico general con fecha 18/08/03 y diagnóstico quot;fractura tobillo (L73/824)quot;, siendo controlado por el Dr. Pablo
  2. 2. del Hospital de quot;Txagorritxuquot; y pendiente de intervención quirúrgica para quitar placa e injerto óseo. 6.º) La Mutua quot;Asepeyoquot; inició expediente administrativo con propuesta de lesiones permanentes no invalidantes, recayendo resolución del INSS de 16/04/03, previo Informe de Valoración Médica de 07/04/03 y dictamen-propuesta del EVI de 14/04/03, denegando la prestación de lesiones permanentes no invalidantes por no ser las lesiones susceptibles de determinación objetiva o previsiblemente definitivas. Formulada reclamación previa, fue desestimada por nueva resolución del INSS de 23/07/03. 7.º) Iniciado expediente de determinación de contingencia del período de IT iniciado el 13/01/03, se dictó resolución del INSS de 17/06/03 previo Informe de Valoración Médica de 07/04/03 y dictamen- propuesta del EVI de 04/06/03, declarando que el citado proceso debe ser atribuido a accidente de trabajo, siendo responsable de las prestaciones que pudieran corresponder, la Mutua quot;Asepeyoquot;. Formulada reclamación previa fue desestimada por nueva resolución expresa del INSS de 29/08/03quot;. Segundo.—La Parte Dispositiva de la Sentencia de Instancia dice: quot;Que DESESTIMANDO la demanda formulada por ASEPEYO, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL N.º 151, frente a D. Tomás , EMPRESA LOZANO TRANSPORTES, S.A., INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, debo absolver y absuelvo a los citados demandados de las pretensiones deducidas en su contraquot;. Tercero.—Frente a dicha Resolución se interpuso el Recurso de Suplicación anteriormente reseñado, que fue impugnado por DON Tomás y conjuntamente por las Entidades INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (quot;I.N.S.S.quot;) y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (quot;T.G.S.S.quot;), respectivamente. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero.—Impugna la parte recurrente la Sentencia de instancia con base, en primer lugar, en el motivo previsto en el artículo 191.b) de la Ley de Procedimiento Laboral, esto es, solicitando la revisión del relato de Hechos Probados contenido en aquélla. Sabido es que el legislador ha configurado el proceso laboral como un proceso al que es consustancial la regla de la única instancia, lo que significa la inexistencia del doble grado de jurisdicción, pese a la expresión contenida en la Base 31.1 de la Ley de Bases 7/1989, y construyendo el Recurso de Suplicación como un recurso extraordinario, que no constituye una segunda instancia, y que participa de una cierta naturaleza casacional (Sentencia del Tribunal Constitucional 3/1983, de 25 de enero). Ello significa que este recurso puede interponerse sólo para la denuncia de determinados motivos tasados y expresados en el precitado artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, entre los que se encuentra el de la revisión de los Hechos Probados. De ahí que el Tribunal no pueda examinar ni modificar la relación fáctica de la Sentencia de instancia si ésta no ha sido impugnada por el recurrente, precisamente a través de este motivo, que exige, para su estimación:
  3. 3. a) Que se haya padecido error en la apreciación de los medios de prueba obrantes en el proceso, tanto positivo, esto es, consistente en que el Magistrado declare probados hechos contrarios a los que se desprenden de los medios probatorios; como negativo, es decir, que se hayan negado u omitido hechos que se desprenden de las pruebas; b) Que el error sea evidente; c) Que los errores denunciados tengan trascendencia en el Fallo, de modo que si la rectificación de los hechos no determina variación en el pronunciamiento, el Recurso no puede estimarse, aunque el error sea cierto; d) Que el recurrente no se limite a expresar qué hechos impugna, sino que debe concretar qué versión debe ser recogida, precisando cómo debiera quedar redactado el hecho, ofreciendo un texto alternativo; y, e) Que el error se evidencie mediante las pruebas documental o pericial obrantes en autos, concretamente citadas por el recurrente, excluyendo todos los demás medios de prueba, salvo que una norma atribuya a algún elemento probatorio un determinado efecto vinculante de la convicción del Juez, en cuyo caso, la infracción de dicha norma habría de ser denunciada. En cuanto a los documentos que pueden servir de base para el éxito de este motivo del Recurso, ha de señalarse que no basta cualquiera de ellos, sino que se exige como la Jurisprudencia ha resaltado que los alegados tengan quot;concluyente poder de convicciónquot; o quot;decisivo valor probatorioquot; y gocen de fuerza suficiente para poner de manifiesto al Tribunal el error del Magistrado de instancia, sin dejar resquicio alguno a la duda. Respecto a la prueba pericial, cuando en el proceso se ha emitido un único Dictamen, el Magistrado lo aprecia libremente (artículo 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), pero aquél puede servir de base para el Recurso de Suplicación cuando el Juzgador lo desconoció o ignoró su existencia, y lo mismo puede predicarse del caso en que, habiéndose emitido varios Dictámenes, todos ellos lo hayan sido en el mismo sentido. En el presente caso, pretende la Mutua recurrente se revise el relato de Hechos Probados de la Sentencia de instancia, concretamente para modificar el hecho tercero, en el sentido de introducir la valoración hecha en Urgencias del Hospital de Txagorritxu el día 9 de enero de 2003 y las conclusiones de su Perito Dr. José Augusto en cuanto al tiempo óptimo para la consolidación de la fractura bimaleolar, que sería de 100 días. Pretensión que no va a ser estimada, ya que, en cuanto a la valoración hecha en Urgencias el 9 de enero de 2003, en la misma se dice que no es urgente, pero se remite a RX y a consulta posterior del Dr. Mauricio consta que fue dado de baja por IT con posterioridad el día 13 de enero, tras la valoración de sus dolencias al margen del servicio de Urgencias; en cuanto al tiempo óptimo de curación, no deja de ser lo que su denominación indica, un tiempo óptimo de referencia, no aplicable sistemáticamente en todos los casos, debiendo estarse a la concreta evolución de cada fractura en cada concreto paciente, como adecuadamente razona el juzgador de instancia. La Mutua también ha pretendido revisar el cuarto hecho probado, para modificar el mismo en el sentido de añadir que durante el período de IT iniciado el 13 de enero de 2003, el demandante no recibió asistencia sanitaria de la Seguridad Social, lo que basa en los documentos obrantes a los folios 206 a 217 de los autos. Dichos documentos consisten en informes de Osakidetza acerca de la asistencia proporcionada al actor. De los mismos
  4. 4. se desprende que en ese período del 13 de enero al 8 de julio de 2003 ha sido atendido doce veces por la dolencia del tobillo, constando que ha realizado ejercicios diversos y que se le ha sometido a exploración radiológica en varias ocasiones. No consta, desde luego, en el resumen remitido por Osakidetza, si el actor ha sido objeto de concreto tratamiento medicamentoso, pero ello parece desprenderse de la receta de quot;Nolotil y un protector gástricoquot; que consta en una de las visitas, a lo que debe añadirse esa realización de ejercicios a los que otra visita médica se refiere. Ello supone que el demandante ha estado sometido a asistencia sanitaria de la Seguridad Social que ha tratado su dolor medicamentosamente y le ha prescrito la realización de ejercicios de rehabilitación, ha de entenderse. De ahí que este motivo del recursotambién sea desestimado. Segundo.—El artículo 191.c) de la Ley de Procedimiento Laboral recoge, como otro motivo para la interposición del Recurso de Suplicación, el examen de las infracciones de normas sustantivas o de la Jurisprudencia, debiendo entenderse el término quot;normaquot; en sentido amplio, esto es, como toda norma jurídica general que traiga su origen en autoridad legítima dentro del Estado (incluyendo la costumbre acreditada, las normas convencionales y, naturalmente, los Tratados Internacionales ratificados y publicados en el Boletín Oficial del Estado). Debe matizarse, por otra parte, la referencia legal a las quot;normas sustantivasquot;, en el sentido de que existen supuestos en los que la norma procesal determina el Fallo de la Sentencia de instancia, sin que pueda alegarse su infracción por la vía de la letra a) del ya precitado artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, lo que ocurre en los casos de cosa juzgada, incongruencia, contradicción en el Fallo y error de derecho en la apreciación de la prueba. Ha de remarcarse también que la infracción ha de cometerse en el Fallo de la Sentencia, lo que significa que la Suplicación no se da contra las argumentaciones empleadas en su Fundamentación, sino contra la Parte Dispositiva que, al entender del recurrente, ha sido dictada infringiendo determinadas normas sustantivas, que deben ser citadas, por lo que no cabe admitir la alegación genérica de una norma, sino que debe citarse el concreto precepto vulnerado, de manera que si el derecho subjetivo contrariado se recoge en norma distinta de la alegada, la Sala no podrá entrar en su examen, cuyo objeto queda limitado al estudio y resolución de los temas planteados. Tercero.—Con amparo en el precitado artículo 191.c) de la Ley de Procedimiento Laboral, impugna la Mutua recurrente la Sentencia de instancia, alegando la infracción del artículo 128 LGSS en relación con el artículo 131 del mismo texto legal y de la jurisprudencia concordante. Se alega por la Mutua recurrente que en el período de IT controvertido no se ha dado al demandante asistencia sanitaria, por lo que no concurre este requisito exigible para la situación legal de incapacidad temporal, a cuyos efectos cita algunas sentencias de esta misma Sala. Recordemos ahora los hechos declarados probados, cuyo tenor no se ha alterado, pese a la pretensión de la Mutua en tal sentido: el trabajador Sr. Tomás es Mozo de Almacén y sufrió el 22 de agosto de 2002 un accidente de trabajo con fractura bimaleolar de tobillo derecho, pasando a situación de IT dada por la Mutua y siendo tratado quirúrgicamente con osteosíntesis y también mediante rehabilitación y siendo dado de alta por mejoría con secuelas el 1 de enero de 2003; el trabajador se reincorporó al trabajo, pero fue dado de baja por IT por los servicios médicos de Osakidetza el 13 de enero de 2003, por el diagnóstico de fractura de tobillo; el 8 de julio de 2003 la Mutua emitió nuevo parte de alta; el 16 de abril de 2003 el INSS emitió resolución denegando la prestación de LPNI
  5. 5. propuesta por la Mutua por no ser definitivas las secuelas; el 18 de agosto de 2003 Osakidetza emitió nuevo parte de baja por el mismo diagnóstico, hallándose pendiente de intervención quirúrgica para quitar placa e injerto óseo; el INSS ha declarado que la IT iniciada el 13 de enero de 2003 se deriva de accidente de trabajo, lo que ha sido impugnado por la Mutua en la demanda origen de la presente litis. En cuanto al fondo del asunto, el artículo 128.1.a) LGSS prevé que quot;tendrán la consideración de situaciones determinantes de incapacidad temporal: a) las debidas a enfermedad común o profesional y a accidente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo...quot;. Dos son, por tanto, los requisitos para que concurra tal situación de IT: la incapacidad para trabajar y la necesidad de asistencia sanitaria, resultando que en este caso la Mutua recurrente entiende que no ha concurrido el requisito de la asistencia sanitaria en el proceso de IT iniciado por el trabajador el 13 de enero de 2003. También sabemos que la Mutua había dado de alta al trabajador doce días antes por entender que padecía secuelas definitivas y haber propuesto el reconocimiento de LPNI, lo que después no se ha confirmado, puesto que el INSS ha declarado que las lesiones no son definitivas resolución de 16 de abril de 2003. Pues bien, a la concreta alegación que la Mutua hace en este motivo de su recurso se ha de responder que se ha acreditado que durante este período de IT iniciado el día 13-1-03 el trabajador ha recibido asistencia sanitaria dada por Osakidetza, que es quien emitió el correspondiente parte de baja, hecho cuya acreditación viene dada por los documentos obrantes en los autos, a los cuales ya se ha hecho referencia más arriba, lo que también viene admitido como tal por la instancia. En efecto, consta haberse recibido tratamiento medicamentoso, haber realizado ejercicios y haberse sometido a pruebas de radiodiagnóstico. Por tanto, concurren todos los elementos o requisitos que conforman la situación de IT, ya que, de un lado, las secuelas no eran definitivas y, de otro, se prestó la asistencia sanitaria que los servicios de la sanidad pública entendieron necesaria, lo que impide que se pueda estimar esta denuncia de infracción jurídica. Cuarto.—Denuncia también la Mutua la infracción de lo dispuesto en el artículo 1.6 RD 575/1997, de 18 de abril, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de la prestación económica por incapacidad temporal, así como de la jurisprudencia. Se alega que la competencia para extender los partes de alta y baja médica por accidente de trabajo corresponde a los servicios médicos de las Mutuas que cubren tal contingencia, algo para lo que no es competente Osakidetza, haciendo alusión a una sentencia de esta Sala de 30 de enero de 2001. La sentencia que se cita parte, desde luego, como no podía ser de otra forma, de esa previsión normativa invocada, pero también manifiesta que ha de estarse a las pruebas practicadas en orden a conocer si concurre o no la situación de incapacidad temporal.Esto es, no podría impedirse que los servicios médicos de la sanidad pública emitan partes de baja por enfermedad común si el trabajador se halla incapacitado para su trabajo y precisa asistencia sanitaria, aun cuando se trate de lesiones derivadas de una contingencia asumida por una Mutua Patronal, cuando ésta ha emitido ya un parte de alta previo. Por otra parte, ha de añadirse que esta Sala viene resolviendo con gran frecuencia litigios como el que ahora nos ocupa, en el que se trata de dirimir la contingencia a la que
  6. 6. realmente ha de ser atribuida una determinada situación de IT declarada por el servicio de Osakidetza por unas dolencias de las que el trabajador ha sido dado de alta por la Mutua correspondiente en una inmediatamente previa situación de IT derivada de accidente de trabajo. La Sala no ha continuado considerando la incompetencia de los servicios sanitarios públicos para la emisión de estos partes de IT, aun cuando se reputen posteriormente debidos a accidente de trabajo del que responde una Mutua y aun cuando ello fuese conocido por Osakidetza, razón por la cual este motivo del recurso ha de ser desestimado, en relación con lo ya resuelto en el anterior motivo. Quinto.—Procede condenar en costas a la Mutua recurrente, por no gozar del beneficio de justicia gratuita (art. 233-1 LPL), costas en las que se incluirán los honorarios del Letrado de la parte demandante, que ha impugnado el recurso, lo que se fija en 300 euros. FALLAMOS Que desestimamos el Recurso de Suplicación interpuesto por la MUTUA quot;ASEPEYOquot;, frente a la Sentencia de 14 de abril de 2004 del Juzgado de lo Social n.º 3 de Gasteiz, en autos n.º 546/03, confirmando la misma en su integridad. Se condena en costas a la Mutua recurrente, incluyendo los honorarios del letrado de la parte impugnante del recurso, que se fijan en 300 euros.

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