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Nótese que el control administrativo en la transmisión de los derechos mineros está justificado no yapor la cualidad deman...
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Derechos mineros riotinto.sentencia supremo

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Derechos mineros riotinto.sentencia supremo

  1. 1. Roj: STS 2658/2013Id Cendoj: 28079130032013100142Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo ContenciosoSede: MadridSección: 3Nº de Recurso: 4189/2009Nº de Resolución:Procedimiento: RECURSO CASACIÓNPonente: MARIA ISABEL PERELLO DOMENECHTipo de Resolución: SentenciaSENTENCIAEn la Villa de Madrid, a veinticuatro de Mayo de dos mil trece.VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo elrecurso de Casación número 4189/2009, interpuesto por la entidad MANTENIMIENTO ENGENERAL DEL SUR, MANTESUR ANDEVALO SL (MSA), representada por la Procuradora DªMaría Rodríguez Puyol, contra la sentencia de fecha 24 de noviembre de 2008 dictada por laSección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia deAndalucía, con sede en Sevilla, en el recurso número 153/05 . Se han personado como parterecurrida el Letrado de la JUNTA DE ANDALUCIA en la representación que ostenta, y el ProcuradorD. Luciano Roch Nadal en representación de D. Persona 1 Y TRABAJADORES Y ACCIONISTASDE MINAS DE RIOTINTO (MRTSA).ANTECEDENTES DE HECHOPRIMERO.- El procedimiento contencioso-administrativo número 153/05, seguido ante la SecciónPrimera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de de Justicia deAndalucía, con sede en Sevilla, se interpuso por la entidad Mantesur Andévalo SA, contra laresolución del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía de fecha 18 deenero de 2005, que resolvía el recurso de alzada, confirmando la anterior resolución de 17 denoviembre de 2004 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas que denegaba laautorización para la transmisión de los derechos mineros sobre las Minas de Riotinto.SEGUNDO.- La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superiorde Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, dictó Sentencia de fecha 24 de noviembre de 2008 ,cuya parte dispositiva acuerda:<< FALLAMOS: Que debemos desestimar el recurso interpuesto por Mantesur Andévalo SArepresentada por la Procuradora Sra. Abaurrea Aya y defendida por el Letrado Sr. TemnbouryRedondo contra Resolución de 18 de enero de 2005 del Excmo.Sr. Consejero de Innovación,Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía por ser con forme al ordenamiento Jurídico. Nohacemos pronunciamiento sobre costas. >>Contra la referida sentencia, la entidad recurrente preparo recurso de casación que la SecciónPrimera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,con sede en Sevilla, tuvo por preparado, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al TribunalSupremo, previo emplazamiento de los litigantes.TERCERO.- Emplazadas las partes, la entidad Mantenimiento en General del Sur, MantesurAndevalo SL (MSA) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, presento escritode 15 de julio de 2009 de interposición del recurso de casación al amparo de los siguientes motivos:I Vulneración de los arts.42 y 43 de la ley 30/1992 .II Vulneración del art. 62.1.a) LRJAPC.III Error en la interpretación de los arts. 33 y 132.2 de la CE y error en la interpretación de laDisposición Transitoria Segunda de la Ley de Minas .Terminando por suplicar dicte sentencia "por la que, declarando haber lugar al mismo, revoque laSentencia impugnada y:
  2. 2. 1) Revoque las resoluciones recurridas declarando la nulidad de pleno derecho de las mismas y,subsidiariamente, su anulabilidad por los motivos expuestos en el cuerpo de este escrito.2) Declare el derecho de la entidad MANTENIMIENTO EN GENERAL DEL SUR, MANTESURANDEVALO SL a explotar todos los derechos mineros inherentes a adquisición efectuada en virtudde escritura de compraventa de 3 de junio de 2004, otorgada ante el Notario de Sevilla Sr. JiménezRodríguez, con número 2.383 de orden de su protocolo, y en particular a la finca NUM000 por seresta de su propiedad tanto en suelo como en el subsuelo.3) Al amparo del art.31.2 de la LJCA , condene a la Junta de Andalucía a indemnizar a mipatrocinada por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de las resoluciones recurridaspor medio del presente procedimiento.4) Condene a la Junta de Andalucía a las cosas de la primera instancia y de esta casación".CUARTO.- Admitido el recurso de casación, la representación procesal de la Junta de Andalucíaformuló escrito de oposición al recurso en el que solicitaba la inadmisión del recurso y, en otro caso,la desestimación.Asimismo, los Trabajadores y Accionistas de Minas de Riotinto, solicitó la desestimación del recursode casación y confirme la sentencia recurrida con expresa imposición en costas.QUINTO.- Quedando las actuaciones pendientes de señalamiento, se señaló para votación y fallo eldía 21 de mayo de 2013, fecha en que ha tenido lugar.Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala.FUNDAMENTOS DE DERECHOPRIMERO.- La entidad «Mantesur Andévalo, S.L.» combate ante esta Sala la Sentencia del TribunalSuperior de Andalucía que desestimó el recurso contra la resolución de la Administración de laComunidad Autónoma relativa a la transmisión de los derechos sobre las minas de Riotinto.La pretensión deducida por la citada recurrente trae causa de la solicitud que dirigió el 23 de julio de2004 a la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía con una doblefinalidad: obtener la autorización de la transmisión de las concesiones administrativas mineras queafectaban a un total de doce fincas registrales, y la «toma en conocimiento» por la Administraciónde la transmisión de la propiedad del subsuelo de la finca número NUM000 del Registro de laPropiedad Valverde del Camino, donde se ubican originariamente las minas. El motivo por el cual lasolicitante sustraía de la autorización esta última finca era su particular régimen jurídico: en vez defundarse su aprovechamiento minero en la concesión administrativa, lo hacía en el título depropiedad del suelo y del subsuelo de las minas de Riotinto adquirido por compra a la NaciónEspañola el 17 de diciembre de 1873.Por resolución de 17 de noviembre de 2004, confirmada en alzada el 18 de enero de 2005, lamencionada Dirección General rechazó la solicitud por incumplir la interesada los requisitosestablecidos en la legislación de minas para la transmisión de derechos mineros, en concreto elrequisito contemplado en el artículo 123 del Reglamento General para el Régimen de la Minería ,aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto. Asimismo denegó la «toma de razón» de latransmisión del derecho de explotación de la finca registral NUM000 , puesto que debía someterse alos mismos preceptos legales en virtud de la disposición transitoria segunda de la Ley 22/1973, de21 de julio, de Minas .La demanda que dedujo «Mantesur Andévalo» ante el Tribunal de instancia se fundamentó en tresargumentos:- la concesión de la solicitud, en lo relativo a la finca NUM000 , por silencio administrativo;- la falta de motivación de la primera de tales resoluciones.- la exención de la citada finca de las condiciones que establece la Ley de Minas para latransmisión de los derechos mineros.Sobre el primero, declaró la Sentencia recurrida:
  3. 3. << Ciertamente la demandante niega la condición de bien de dominio público de la finca nºNUM000, por lo que no estaría afectada por la limitación del silencio que establece el artículo 43.2.2de la ley de procedimiento. Sin embargo, ha de decirse que, precisamente si es dominio público ono, es una cuestión que se halla sujeta a debate, por lo que parece más razonable entender que elsilencio ha de tener, en este caso, alcance negativo, ya que lo contrario sería partir, de inicio, de quela finca -o, mejor, los yacimientos que en la misma se hallan- es de dominio particular, y, comodecimos está en cuestión, entre otros, ese extremo. Digamos ya que aunque la propiedad delterreno en que se encuentra la mina de la finca referida sea particular, no puede obviarse, por lo queveremos más adelante, el artículo 2 de la ley de minas cuando dispone que todos los yacimientosde origen natural y demás recursos geológicos existentes en el territorio nacional, mar territorial yplataforma continental, son bienes de dominio público. Precisamente la cuestión discutida se centra,en gran parte, en el carácter de dominio público o privado de la finca NUM000 en cuanto a losyacimientos existentes en la mina.>>Seguidamente, la Sala de instancia centró el debate en «determinar si la propiedad que ostenta eldemandante sobre la tan referida finca NUM000 es un derecho que puede ejercer sin limitaciónalguna, en una interpretación literal de su título de adquisición, que trae causa como sabemos de lacompraventa del siglo XIX o, como sostiene la demandada, hay que entender que le son aplicablestambién a esa finca las prescripciones de legislación vigente, en concreto el artículo 97 de la ley deminas en cuanto exige la autorización de la transmisión de los derechos mineros».Tras reproducir la doctrina sobre limitaciones del derecho de propiedad contenida en las Sentenciasdel Tribunal Constitucional 37/1987, de 26 de marzo , y 112/2006, de 5 de abril , la Sala declaró:<< La cita, inevitablemente extensa, nos permite situar el asunto en sus justos límites. Y nos permiteconcluir que "el estatuto jurídico de la propiedad", de las explotaciones mineras, conforme a ladoctrina del T.C., lo ha establecido el legislador en la actualidad sobre la base del carácter dedominio público de todos los yacimientos, ( art. 2 de la ley 22/1973 ) con independencia de quiénsea el propietario del terreno sobre el que aquellas se asientan.Y es que el legislador, dentro de sus potestades para delimitar el contenido del derecho depropiedad lo ha querido así. Esta decisión soberana, ni desnaturaliza ni transforma el derecho depropiedad del actor sino que actualiza su contenido -al amparo de la citada doctrina constitucionalhaciendo posible el cumplimiento de la función social que, en una visión dinámica y no estática delderecho, es absolutamente necesaria.En fin, se respeta completamente el derecho de propiedad del actor cuando se le exige la previaautorización de la transmisión de sus derechos mineros. En definitiva pues, entender, comopretende el actor que su propiedad solo está sometida a las limitaciones que establece el títulocontractual del que trae causa, no es conforme a derecho, y como vinos más arriba, si siquiera loera de acuerdo con la legislación del siglo XIX.[...] Y si esto es así, desde la perspectiva de aquellas leyes decimonónicas y de la actualConstitución, también lo es con el justo entendimiento de la actual ley de minas. La disposicióntransitoria segunda de la ley dispone que "Las minas adquiridas por cualquier título legal queoriginariamente no haya sido el de concesión minera otorgada con arreglo a la legislación vigente ensu momento, se regularán conforme a lo establecido en esta Ley, sin perjuicio de los derechos que,por constar expresamente en tales títulos, deban considerarse subsistentes, como inseparables dela naturaleza contractual o legal de los mismos. El incumplimiento de los preceptos de esta Ley queles afectaran o de las condiciones impuestas en el título originario de adquisición dará lugar, segúnlos casos, a la caducidad del derecho a la explotación o a la expropiación forzosa de dichas minas."Si, como pretende el actor, por el momento en que adquirió su causante él no está sometido a lasexigencias de la ley actual, carece de sentido el mandato contenido en la transitoria segunda quehemos resaltado en negrillas.El actor viene a concluir que realmente sus derechos son subsistentes como "inseparables de sutítulo contractual", según dispone la misma transitoria. Sin embargo, esto no puede entenderse así,a la vista de la doctrina del Tribunal Constitucional. La propiedad que adquirió tiene un estatutojurídico delimitado, conforme a la Constitución, por el legislador. El contenido esencial de lapropiedad del actor se respeta -sin que por tanto haya lugar a que entre en juego la expropiación- yla regulación legal que se hace en la ley de minas no desfigura ni transforma su propiedad sino que
  4. 4. por obvias razones de seguridad, viabilidad económica y otras -como el cumplimiento de la funciónsocial de la propiedad-, puede decirse que se establece la necesidad de autorización de transmisiónde derechos mineros, así como toda una batería de normas que permiten a la administración unaactividad de autorización e inspectora bien necesaria como demuestran recientes y lamentablesejemplos padecidos en nuestra Comunidad autónoma.No se olvide tampoco que las normas han de ser interpretadas atendiendo a la realidad social deltiempo en que se aplican ( art. 3 C.C .). Y estamos en el siglo XXI. El derecho del actor ha sidosuficientemente respetado y no vulnerado al aplicársele la ley de 1973, vigente en la materia, todoello dentro del marco constitucional.Corolario de cuanto se lleva dicho es que los yacimientos son de dominio público, aunque se hallenen fincas privadas, (art. 2 ley de minas) y como dijimos al principio, no cabe en el caso silenciopositivo al verse afectadas facultades que afectan al dominio público.>>SEGUNDO.- El recurso de casación se erige sobre tres motivos, que deben entenderse acogidos alapartado d) del artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción , y se corresponden con los fundamentosde la demanda.Debe adelantarse que el primero de tales motivos se sustenta en la vulneración de los artículos42 y 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las AdministracionesPúblicas y del Procedimiento Administrativo Común (en lo sucesivo, LRJAP-PAC). Razona larecurrente que debió considerarse positivo el sentido del silencio sobre la enajenación de losderechos de la finca registral NUM000, pues no suponía la transferencia de facultades relativas aldominio público, ya que el subsuelo de dicho inmueble no goza de tal condición, sino de propiedadprivada.En el segundo motivo se denuncia la vulneración del artículo 62.1.a) de la LRJAP -PAC, a causa dela falta de motivación del acto administrativo, cuestión sobre la que no se pronunció la Sala.El último motivo se basa en el error en la interpretación de los artículos 33 y 132.2 de la ConstituciónEspañola y de la disposición transitoria segunda de la Ley de Minas . Se alega al amparo de estemotivo que los límites a la propiedad de la recurrente que apreció la Sentencia impugnada no estánreconocidos por la legislación posterior al título de dominio que ostenta, a diferencia de lo queocurre en los supuestos que examina la Sala y en los que concurre una norma legal que limita elderecho de propiedad. Asimismo, la disposición transitoria citada admite la subsistencia de losderechos inseparables a los títulos de adquisición distintos de la concesión administrativa, entre losque hallan en este caso los de propiedad, posesión y dominio y explotación a perpetuidad del suelo,el subsuelo, los yacimientos minerales y las «aguas, terrenos, montes, fábricas, casas, edificios ydemás cosas anejas». Finaliza afirmando que, hasta el momento, la Administración andaluza nuncahabía exigido para la transmisión de las minas de Riotinto el cumplimiento de los artículos 97 de laLey de Minas y 123 de su Reglamento.Por su lado, el Letrado de la Junta de Andalucía, además de las causas de inadmisibilidad de dosconcretos motivos, aduce la general de falta de legitimación sobrevenida de la recurrente portransmisión del objeto litigioso ( artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).TERCERO.- La referida causa de inadmisibilidad debe rechazarse.Sostiene la Administración recurrida que, en fecha 2 de julio de 2007, «Mantesur Andévalo»transfirió a la entidad «Emed Tartesus, S.L.», por aportación social, la unidad industrial a que secontrae el proceso.Por esta razón, careciendo ya de la cualidad de propietaria de la mina, carece de interés legítimo yninguna ventaja ni perjuicio puede reportarle el resultado final del litigio.No obstante, este planteamiento parece contradecir la tesis de la Administración recurrida sobre lanecesidad insoslayable de autorización para transmitir las explotaciones mineras. De extraer de estatesis sus últimas consecuencias, supondría la invalidez del título en que ahora fundamenta la causade inadmisibilidad, es decir, el de adquisición por «Emed Tartesus».
  5. 5. Pero, es más, según indica expresamente la recurrida, la última sociedad citada solicitó autorizaciónde la transmisión a su favor, la cual fue asimismo denegada. Es incoherente mantener la invalidezde la transmisión para sustentar la desestimación de la pretensión de fondo y alegar lo contrario afin de despojar a la entidad recurrente de todo interés en el litigio.Con independencia de la actitud procesal de la Administración autonómica, no puede negarse elinterés de «Mantesur Arévalo» en el resultado del proceso. De él depende la plena efectividad deltítulo adquisitivo de la mina y, por tanto, su posterior aportación a aquella sociedad. Sin perjuicio delas consecuencias civiles de tales operaciones, cuya autonomía de la transferencia del derecho deaprovechamiento minero reconoce el artículo 101 de la Ley de Minas , la consecuencia de estelitigio incide necesariamente y de forma decisiva en los derechos en cuyo ejercicio se produjo dichaúltima enajenación, con la consiguiente repercusión en la esfera de los intereses actuales de laenajenante.CUARTO.- En lo que respecta al primer motivo de casación, ya se han adelantado las líneasesenciales de su planteamiento. En él se reiteran sustancialmente las alegaciones de la primerainstancia, a las que expresamente se remite la impugnante «por razones de economía procesal»,olvidando que la casación, como recurso extraordinario, no tiene por objeto reproducir el debate dela primera instancia, sino revisar, con arreglo a motivos tasados, la aplicación del Derecho, por loque es imprescindible articular la impugnación sobre lacrítica de la sentencia recurrida.En cualquier caso, el motivo no puede prosperar.La solicitud sobre la que habría de recaer la eventual estimación por silencio, presentada el 23 dejulio de 2004, estaba encaminada a lograr la autorización para la transmisión de determinadasconcesiones administrativas y la «toma en conocimiento» de la transmisión de una explotación depropiedad particular. Los términos de la solicitud a la Dirección General eran estos: «Autoricen latransmisión de las concesiones sujetas a la ley de 1973, incluidas en el Anexo III, y tomeconocimiento, a los efectos oportunos, de la transferencia de la titularidad de la propiedad delsubsuelo del municipio de Minas de Riotinto y de los derechos de explotación inherentes a dichapropiedad según el título de la misma».La solicitud afectaba, por tanto, al dominio público minero. Puesto que la eventual estimaciónimplicaría el reconocimiento de facultades inherentes al demanio minero, concurre la excepción alsentido positivo del silencio que prevé el artículo 43.1 de la LRJAP -PAC.La intervención administrativa en materia de minas está destinada, entre otras funciones, a laprotección del dominio público del que forman parte los recursos geológicos ( artículo 2.1 de la Leyde Minas ), y en este ámbito se enmarca la solicitud que formuló la actual recurrente aunque negaratal condición del subsuelo de una de las fincas. Precisamente, la cualidad de dominio público oprivado de los recursos de la finca NUM000 era la principal cuestión suscitada por «MantesurAndévalo» en vía administrativa, por lo que el acto presunto necesariamente habría de afectar afacultades relativas al dominio público minero, aunque fuera para sustraerlas de su especial régimenjurídico.Por otro lado, la referencia a la finca NUM000 que hacía la petición antes transcrita no estabadirigida a obtener la concesión o el reconocimiento de ningún derecho, sino simplemente acomunicar a la Administración el hecho de la transmisión. Entonces difícilmente el silencio positivopodría haber alcanzado a detraer tal acto transmisivo del régimen establecido en la legislación deminas. Fue en el escrito de la interesada de 20 de septiembre del mismo año 2004, en respuesta alrequerimiento de subsanación emitido el anterior 12 de agosto, cuando ya se expresó con la debidaclaridad la pretensión: «Que esa Delegación Provincial conozca, alos efectos oportunos, la transferencia de la titularidad de la propiedad del subsuelo de Minas deRiotinto, y de los derechos de explotación inherentes a dicha propiedad según el título de la misma,no cabiendo al respecto autorización o negativa alguna según lo previsto en nuestro ordenamientovigente » (la cursiva es nuestra).QUINTO.- La falta de motivación del acto administrativo merece igual decisión desestimatoria.En primer término debemos destacar que, contra lo afirmado por la Administración recurrida, estemotivo de casación no está dirigido a combatir la falta de exhaustividad de la Sentencia, que habríade haberse encauzado a través del apartado c) del artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción . El
  6. 6. recurrente articula el recurso sobre la infracción, se supone que por inaplicación, del artículo 62.1 dela LRJAP -PAC, que relaciona con los artículos 43.1 y 54 de la misma Ley , el último de los cualesrecoge el requisito de motivación de los actos administrativos. La pretensión casacional recae, portanto, sobre la defectuosa aplicación del Derecho material o error in iudicando y no en un mero errorin procedendo .Acerca del requisito que aquí se considera omitido nos hemos pronunciado en muchas ocasiones,afirmando que se traduce en la exigencia de que los actos administrativos contengan una referenciaprecisa y concreta de los hechos y de los fundamentos de derecho que para el órganoadministrativo que dicta la resolución han sido relevantes, suficiente para que el administradoconozca la razón fáctica y jurídica de la decisión administrativa, posibilitando el control jurisdiccionalpor los Tribunales ( Sentencias de 8 de octubre de 2010, RCA 5/2008 , 15 de noviembre de 2011,RC 71/2010 , y 20 de septiembre de 2012, RC 5959/2010 , por citar algunas de las muchísimas queacogen esta doctrina).En el presente caso, la lectura de la resolución de la Dirección General de Energía, Industria yMinas permite conocer las razones en que se basó el rechazo de la instancia de la recurrente. Enprimer lugar se dice que el proyecto presentado por la solicitante carece del contenido mínimonecesario exigido por los artículos 68 de la Ley de Minas y 89 y 123 del Reglamento. Segundo; sereproduce la disposición transitoria segunda de la mencionada Ley para justificar que los derechossobre la finca registral NUM000 deben someterse a lo establecido en dicha normativa.Aunque no se reprodujeran en la resolución los dos informes a que se alude en los antecedentes,no hay duda de que la sociedad interesada apreció perfectamente las razones en que se basaba elacto resolutorio y pudo construir adecuadamente su impugnación, como prueba la fundamentaciónque empleó en el recurso de alzada y la demanda que luego artículo ante la jurisdicción. Así pues,el acto administrativo satisfizo suficientemente la exigencia de motivación.SEXTO.- El tercero y último motivo de casación suscita el problema que ha venido planteando larecurrente sobre el singular régimen jurídico de las minas de Riotinto, que, como hemos adelantado,se fundamenta en el contrato de compraventa del suelo y del subsuelo celebrado en el año 1873.Previamente a su examen hemos de desechar la causa de inadmisibilidad por defectuosapreparación que alega la Administración andaluza. El juicio de relevancia cuya falta achaca alescrito de preparación encuentra su razón de ser en que «el artículo 86.4 de la Ley Jurisdiccionalcondiciona la recurribilidad de las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia quesean susceptibles de casación a que el recurso se fundamente en infracción de normas de derechoestatal o comunitario europeo, que sea relevante y determinante del fallo recurrido, siendo estecondicionamiento, en cuanto afecta a la impugnabilidad de la sentencia, el que determina que en elartículo 89.2 [...] se exija al recurrente justificar en el trámite inicial del procedimiento impugnatorio,esto es, en el escrito de preparación del recurso, que la infracción de las normas jurídicas hábiles,que en su día podrán hacerse valer como fundamento del recurso de casación, ha sido relevante ydeterminante de la sentencia» (Sentencia de 17 de julio de 2012, RC 702/2011 ).En este caso, y haciendo abstracción del acierto de la recurrente al denunciar las infraccionesnormativas que se anuncian en el escrito de preparación, este identifica perfectamente lospreceptos estatales que considera infringidos y explica con la necesaria claridad por qué, a su juicio,tales infracciones han determinado el fallo que se impugna, prevención bastante para cumplir lafinalidad que cumple tal exigencia procesal.Pues bien, en cuanto a la cuestión de fondo que suscita el motivo de casación, el título que esgrimela recurrente es producto de la actividad desamortizadora que se desarrolló durante la segundamitad del siglo XIX y dio lugar a la transmisión de la propiedad de ciertas minas por el Estado. Sinduda, la inclusión como objeto de venta del suelo y del subsuelo de la finca de las minas de Riotinto,tal como figura en el contrato de compraventa de 17 diciembre de 1873 y en la Ley autorizatoria dela enajenación de 25 de junio de 1870, revelaba el propósito de transmitir lo que hoy constituiríadominio público. El artículo 71 de la antigua Ley de Minas de 19 de julio de 1944 , que luego hareproducido la disposición adicional segunda de la hoy vigente Ley de 1973, estuvo destinado aregular el régimen jurídico de las minas adquiridas al amparo de aquel procedimiento.
  7. 7. Ahora bien, sus términos son equívocos, pues primero establece: «Las minas adquiridas porcualquier título legal que originariamente no haya sido el de concesión minera otorgada con arregloa la legislación vigente en su momento, se regularán conforme a lo establecido en esta Ley», con loque parece extender el régimen concesional a todas las explotaciones, pero añade: «sin perjuicio delos derechos que, por constar expresamente en tales títulos, deben considerarse subsistentes,como inseparables de la naturaleza contractual o legal de los mismos», con lo que dejaindeterminado nuevamente el contenido del derecho de los titulares de estos aprovechamientossingulares.Sin embargo, el objeto de la presente sentencia no es el de dilucidar cuál es el exacto contenido delos títulos mineros procedentes de la desamortización, pues ello no es imprescindible en estesupuesto para resolver sobre la sujeción de la transmisión de las explotaciones al control de laAdministración en el sentido previsto en los Títulos IX de la Ley de Minas y del Reglamento. Nodebemos omitir que, en este supuesto, la causa en que se fundamentó la denegación de laautorización obedeció al incumplimiento del requisito del artículo 123.3.b ), precepto reglamentarioque impone la acreditación de la solvencia técnica y económica del adquirente mediante lapresentación de los documentos a que se refieren los arts. 68 de la Ley y 89 del Reglamento, estoes, «el proyecto de aprovechamiento del recurso o recursos de que se trate, proyecto quecomprenderá el programa de trabajos, el presupuesto de las inversiones a realizar y el estudioeconómico de su financiación, con las garantías que se ofrezcan sobre su viabilidad» (artículo 68),es decir, «Memoria sobre el sistema de explotación, esquema de la infraestructura, programa detrabajo, presupuesto de las inversiones a realizar y estudio económico de su rentabilidad, y fuentesde financiación, con las garantías que se ofrezcan sobre su viabilidad. Se incluirán, en su caso, losproyectos correspondientes a las instalaciones de concentración o de beneficio de los minerales.Todo ello deberá ser suscrito por titulado de minas conforme a su competencia» (artículo 89,apartado c).Pues bien, esta Sala considera que, con independencia de la cuestión relativa a la propiedaddel subsuelo de las minas de Riotinto, cuestión sobre la que no nos pronunciamos, ni en unsentido ni en otro, el innegable interés público que late en la regulación minera justificasuficientemente la intervención administrativa en los términos exigidos por el actoadministrativo objeto de recurso.En primer lugar, nuestro ordenamiento jurídico es unánime en cuanto al sometimiento de losrecursos minerales a la normativa especial. No en vano así se pronuncian los artículos 350 y 427del Código Civil , el artículo 1 de la Ley de Minas de 1973 y de su predecesora, e incluso el primerartículo del Decreto de 29 de diciembre de 1869, de bases generales para la nueva legislación deminas, en vigor cuando se constituyó el título del que trae causa la actual recurrente.Estas normas deben adicionarse con la controvertida disposición adicional segunda de la Leyactual.Pese a la dificultad de su interpretación, no es defendible que permita sustraer de su regulación porla simple razón de carecer de condición demanial recursos como los aquí controvertidos.El Derecho de Minas no puede gravitar sobre la titularidad pública o privada de losaprovechamientos. Es evidente que existen otras actividades económicas que, sin afectar arecursos de titularidad pública, demandan la regulación y la intervención administrativa en suejercicio. Por ello, no hay razón para restringir el ámbito de aplicación de la normativa minera sólo alas explotaciones sustentadas en concesiones administrativas.Por otra parte, aceptado el control administrativo de la actividad minera, resulta arbitrario admitirloen algunos aspectos y rechazarlo en lo que se refiere al ejercicio del derecho de disposición por sustitulares. Desde la perspectiva de la recurrente, favorable a la subsistencia de minas de propiedadprivada, tanto su explotación como su enajenación del aprovechamiento pueden concebirse comomanifestaciones o facultades inherentes del derecho de dominio, y la propia recurrente indica queasumió el cumplimiento de las prescripciones relativas a la ordenación de la explotación de losminerales mediante la presentación del plan de labores. La existencia de un título dominical sobrelas minas no confiere la potestad de elegir las normas aplicables, lo que supondría autorizar laconstitución de un régimen jurídico a capricho del interesado. A salvo de las específicasdisposiciones que atañen al instituto concesional, no hay motivo para eludir el resto de la normativade minas, adaptándolo en lo que sea necesario a cada caso concreto.
  8. 8. Nótese que el control administrativo en la transmisión de los derechos mineros está justificado no yapor la cualidad demanial de los recursos, sino por el interés general que preside el ejercicio de esaconcreta actividad económica, interés extensamente desarrollado en los preámbulos de lassucesivas leyes que han regulado la materia. Los preceptos de la Ley de Minas cuya aplicación secombate están destinados a garantizar que el adquirente posee las condiciones precisas para elcorrecto desarrollo de la actividad, asunto sobre el que concurre un evidente interés público. Losprecedentes administrativos que invoca la recurrente, en absoluto vinculantes para la Sala, noparecen ser tan diáfanos como se sostiene, pues revelan la intervención de la Administración en lasanteriores transmisiones de la explotación.SÉPTIMO .- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de laJurisdicción Contencioso- Administrativa, procede imponer las costas procesales del presenterecurso a la parte recurrente.A tenor del apartado tercero de dicho artículo 139, la imposición de las costas podrá ser "a latotalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima". La Sala considera procedente en estesupuesto limitar la cantidad que, por todos los conceptos enumerados en el artículo 241.1 de la Leyde Enjuiciamiento Civil , ha de satisfacer a la parte contraria la condenada al pago de las costas,hasta una cifra máxima de dos mil euros.Por todo ello, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del puebloespañol, nos concede la Constitución.FALLAMOSPrimero. - NO HA LUGAR al recurso de casación 4189/2009, interpuesto por la Procuradora de losTribunales Doña María Rodríguez Puyol, en nombre y representación de MANTENIMIENTO ENGENERAL DEL SUR, MANTESUR ANDÉVALO, S.L., contra la Sentencia de 24 de noviembre de2008 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superiorde Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, en el recurso contencioso-administrativo núm. 153/2005 .Segundo .- Imponemos a la recurrente en casación las costas causadas en este recurso con lalimitación indicada en los precedentes fundamentos.Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial enla publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lopronunciamos, mandamos y firmamos .-Pedro Jose Yague Gil.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.-Jose ManuelBandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricado.-PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por laMagistrada Ponente Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala enaudiencia pública de lo que, como Secretaria, certifico.

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