1. El negocio de la salud
Por Rafael Ballén
OPINIÓNLa salud en Colombia tiene en su corazón y en su cerebro varios tumores cancerosos,
cuya patología se halla en la lucha de intereses que genera todo negocio mercantil.
Lunes 20 Febrero 2012
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La salud en Colombia tiene en su corazón y en su cerebro varios tumores cancerosos, cuya patología se halla
en la lucha de intereses que genera todo negocio mercantil. La Constitución Política prescribe (art. 49) toda
una serie de declaraciones, que de cumplirse harían de nuestra salud el servicio más eficiente y solidario del
planeta. En primer lugar, la atención a la salud es un servicio público a cargo del Estado; en segundo lugar, se
le garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la
salud; y, en tercer lugar, al Estado corresponde organizar, dirigir y reglamentar la prestación del servicio de
salud a todos los habitantes, conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Pero la
Constitución también agrega en este apartado dos cosas más: por una parte, el deber de establecer las
políticas para la prestación de los servicios de salud por entidades privadas; y por la otra, la obligación de
ejercer vigilancia y control.
Con la expedición de la ley 100 de 1993 se desfiguraron por completo los principios constitucionales, pues
hizo del servicio público de salud el más prosaico y mundano de los negocios, entregándose como cualquier
mercancía a los particulares. De ahí se derivan todos sus vicios y dolencias, que son innumerables. Con la
creación de las EPS se estableció la intermediación financiera entre el Estado que provee los recursos y el
paciente. Existe un Plan Obligatorio de Salud –POS–, en el que se incluyen los medicamentos que deben
estar al alcance de los pacientes, pero este ha desatado una guerra entre los laboratorios, en la que el campo
de batalla somos los usuarios o clientes del negocio. Supuestamente las partes legitimadas en la discusión del
POS son: los laboratorios, los pacientes y el Estado. Pero yendo a la realidad, todo queda en manos de los
monopolios, porque las asociaciones de usuarios no tienen ninguna independencia, pues son las propias
multinacionales de las drogas las que sostienen a esas asociaciones, mediante donaciones. Y, los organismos
del Estado que deben hacer la lista del POS están infiltrados por los laboratorios. Por eso, hay mensajes
como este: “Estimado Philippe, lo convenido”. Lo convenido es aquello que se negoció con quien redacta el
decreto, o le habla al oído a quien lo redacta.
Y, de la infinita lista de llagas que carcomen la salud, el especio sólo permite mencionar dos más. Afiliar al
sistema a una empleada del servicio doméstico o a un trabajador independiente se ha convertido un calvario:
debe recurrirse a tres o más organismos, ubicados, en el caso de Bogotá, en distintos lugares de la ciudad,
porque el negocio es tan rentable que alcanza para que haya una distribución amigable entre sus dueños:

2. salud, riesgos profesionales, pensión y cesantías. Cuando existía el Seguro Social, todo se hacía en este
organismo, sin tanta traba y dificultad. La otra dolencia es la ética médica. El sistema quebrantó el juramento
de Hipócrates, porque el profesional de la medicina ya no está al servicio de sus pacientes sino de las EPS y
–otra vez– de los laboratorios. Esto trae consecuencias nefastas para el paciente: el médico carece del tiempo
suficiente para atenderlo, y como no recibe un salario digno, tiene que completar sus ingresos enviando al
paciente a que compre medicamentos distribuidos exclusivamente por determinado laboratorio. En suma, el
Estado ha privatizado la salud, y ha sido ineficaz en la ejecución de sus deberes constitucionales de vigilancia
y control. No de otra manera se explica el robo del dinero de la salud por los intermediarios financieros, los
administradores del negocio, y, los grupos paramilitares, en los departamentos y municipios.