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1. é
Reactivará Sección 22 sus movilizaciones en Oaxaca;
se acabo el puente de fin de año
Giovanna Martínez
La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) advirtió que a partir de los
primeros días de enero, reactivará sus movilizaciones en Oaxaca ante la nula respuesta del gobierno estatal a
demandas educativas.

2. El dirigente de la gremial, Eloy López Hernández, en
entrevista colectiva, detalló que el gobierno de Alejandro
Murat, se comprometió a que antes de que concluya el mes
de diciembre se darían respuestas a sus demandas.
Por lo que mediante asamblea se determinarán las acciones a implementarse ante la nula respuesta; detalló que
en el tema de las incidencias han contabilizado más de 8 mil casos desde el 2014.
Además, explicó que hacen falta más de 2 mil profesores para cubrir los espacios en los 11 niveles educativos
en toda la entidad.
“Habíamos llegado al acuerdo de que paulatinamente habría
que llevarse el restablecimiento entre la Sección 22 con el
IEEPO, pero no ha sido posible por que las personas que
puso el gobernador no tienen facultades de carácter
resolutivo”, dijo en dirigente de la CNTE.
El 9 de enero será la fecha para que la gremial se reúna y decida el rumbo de cada una de las actividades de
protesta, aseguró el lider de la Sección 22.
En tanto, Eloy López aseguró que la gremial acompañará a los familiares de las víctimas del 19 de Junio del
2016, por lo que en una reunión con la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca, ratificaron la denuncia
sobre los hechos que dejó 8 personas sin vida y 150 heridos, suceso que inició por la protesta de la Sección 22
contra la reforma educativa, así como por la detención de sus dirigentes de ese entonces, Rubén Núñez Ginez y
Francisco Villalobos Ricárdez.
Dos muertos deja conflicto agrario en Oaxaca
Redacción
Un enfrentamiento entre pobladores de San Miguel y San Pedro Cajonos, se registró este miércoles dejando
como saldo dos muertos y varios heridos, así como personas retenidas.
El reporte preliminar emitido por la Fiscalía General del Estado indica que los hechos ocurrieron en la
población de Las Calaveras, cerca de la comunidad de Valle Grande pertenecientes al distrito de Villa Alta.
Mediante una llamada anónima se alertó a los cuerpos de seguridad que han sido trasladados a la zona de
conflicto.

3. En el enfrentamiento dos personas han perdido la vida por impactos de arma de fuego, mismas que responden a
los nombres de Daniel Bautista Cruz de 24 años y Pablo Santiago González de 31 años, originarios de San
Pedro Cajonos.
Se presume que los cuerpos fueron trasladados al palacio municipal. El enfrentamiento se derivó de un
problema limítrofe entre ambos municipios.
En tanto, se indica que existen personas retenidas en la Comunidad de San Miguel Cajonos, mismas que son
identificadas como Abraham Luna Martínez, presidente municipal electo; Juliver Martínez Ramos, secretario
municipal electo; Pablo Robles, regidor electo; Epifanio Melendez y Romeo Ruiz; además, se ha identificado a
uno de los lesionados que responde al nombre de Wilfrido Martinez Robles.
Mediante vía telefónica por parte de la autoridad Municipal de San Pedro Cajonos, aseguró que hay dos
personas sin vida y siete retenidos, quienes fueron emboscados por pobladores de San Miguel Cajonos, asi
mismo hay dos habitantes de San Miguel lesionados por arma blanca (machete) quienes fueron trasladados a
Tlacolula para su atención médica.
Lento, el proceso de reconstrucción de Oaxaca: PRD
MARIO JIMENEZ
LEYVA
El gobierno no ha informado, a la fecha, cuál es el avance de la reconstrucción en el Istmo
Alondra Olivera
El gobierno del Estado no ha informado, a la fecha, cuál es el avance de la reconstrucción en el Istmo de
Tehuantepec y otras zonas del interior del estado afectadas por fenómenos naturales, tampoco del recurso que
han recibido y que gastaron en este proceso, sostuvo Horacio Antonio Mendoza, vicecoordinador de la fracción
del Partido de la Revolución Democrático (PRD) en el Congreso local.
Para el perredista, a más de tres meses de ocurrida la tragedia en Oaxaca con el terremoto del pasado 7 de
septiembre, los avances para normalizar la vida en el Istmo son lentos; mientras que no hay claridad sobre la
inversión que se está empleando para ello.
Por eso, mencionó, la decisión de frenar la solicitud enviada por el gobierno estatal para la ampliación de la
deuda pública por otros 300 millones de pesos más, dado que de los mil 200 millones de pesos que se
solicitaron como deuda pública y autorizados se desconoce si se han gastado o no y en qué.
“Hay un presupuesto que se autorizó como endeudamiento, lo que se necesita es saber en qué y si ya se esta
gastando, porque el reglamento de disciplina financiera establece que cada tres meses se tiene que estar
informado no solo al Congreso sino a la Auditoria Superior del Estado el manejo de los recursos para
verificador si se puede autorizar una ampliación de la deuda”.

4. ¿Y la ayuda?
Según mencionó, no se conoce cuánto es el recurso empleado por el Fondo Nacional de Desastres Naturales, del
préstamo solicitado, aportaciones del extranjero y de la sociedad civil.

5. Ahora bien, agregó, solo se conoce del proceso de reconstrucción en el Istmo, pero de las comunidades
afectados con los otros dos sismos del 19 y 23 de septiembre, aunado a las que sufrieron daños a causa de las
lluvias no se ha informado casi nada.
Antonio Mendoza indicó que para este caso debe de conformarse una Contraloría Ciudadana, con gente probada
y honorable que pueden dar cuenta de los recursos que han entrado al Estado y los que se han invertido para
atender las zonas devastadas por los fenómenos naturales.
“Primero tiene que decirnos (gobierno) en qué se está haciendo, no puede decir que requiere más cuando ni
siquiera ha ejercido el primer préstamo solicitado”.
Además, mencionó que con el préstamo se eleva la deuda a más de lo que se manejó con el ex mandatario
estatal.
También, añadió que es necesario el levantamiento de un nuevo censo, toda vez que el que levantó la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano tiene errores y no considera a todos los afectados.
Dijo que se basan sólo en el primer sismo y no considera los daños por los otros sismos de 19 y 23 de
septiembre, así como los causados por las lluvias.
Gasolinazo en Oaxaca; 5 pesos más por cada tanque
Citlalli Luciana
Llenar el tanque de gasolina del vehículo familiar es cinco pesos más caro de lo que representaba hacerlo en
noviembre, pues tan sólo en los primeros 26 días de la liberación en el costo del combustible, el alza acumulada
ha sido entre los 11 y 15 centavos por litro.
Mientras que en noviembre de 2017 llenar el tanque de 43 litros requería de un gasto de 691 pesos, hoy en día
requiere de 696.6 pesos.
Los últimos costos de la gasolina antes de la liberación se ubicaron en 16.07 para magna y 17.76 para premium.
Para este 26 de diciembre la gasolina se ubicó en 16.22 en el caso de magna y de 17.87 en premium en el caso
de la gasolinera ubicada en Belisario Domínguez.
Los costos no son iguales en todas las gasolineras. Las variaciones son de 1 y 2 centavos de acuerdo con
Gasoapp, aplicación oficial de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que te permite ubicar a nivel nacional
la gasolinera más cercana y más barata.
Para el caso de Oaxaca, la app indica que el precio de la gasolina es más caro en la Estación de Servicio Altos
del Pacífico SA de CV, ubicada en Boulevard José Murat Casab 202, pero no muestra los costos del producto.
En el caso de la gasolinera ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec el costo de la magna es de 16.16 pesos y
en premium 17.78 pesos.

6. En la ubicada en Avenida Independencia 1000 en magna 16.22 y 17.89 en premium; en Carretera Internacional
1802, servicio Bautista 16.21 magna y 17.87 premium; en Prolongación Calzada de la República 300 16.21
Magna y 17.85 Premium.
En el caso de la gasolinera ubicada en Avenida San Isidro 160 Fosil Plus 16.24 magna y 17.94 premium; en
Avenida Monte Albán 136 magna 16.15 y premium 17.86 pesos, y en Periférico sin número Servicio Caste
16.24 magna premium 17.90.
Desde el pasado 30 de noviembre, los precios de la gasolina fueron liberados en todo el país, por lo que ya no
son establecidos por las autoridades.
En enero de 2017 el litro de gasolina era de 15.91 en Magna, 17.68 Premium y 16.99 para el Diésel en el caso
de la capital y su zona metropolitana; mientras que en la zona más cara del estado que comprende 20
municipios de Oaxaca se ubicó en 17.87 pesos para la Premium, 16.10 para la Magna y 17.17 pesos.
Nueva Fiscalía anti tortura de Oaxaca, a crearse en
90 días
MARIO JIMENEZ LEYVA
Delito de tortura tendrá una fiscalía especializada
Luis Ignacio
La Fiscalía General del Estado en un plazo de 90 días deberá crear y operar una Fiscalía Especializada para la
Investigación del Delito de Tortura, que tendrá por objetivos iniciar y desarrollar la investigación y persecución
de hechos delictivos relacionados con los delitos previstos en la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el Estado de Oaxaca.
De acuerdo con la nueva ley, la fiscalía especializada contarán con ministerios públicos, policías, servicios
periciales y técnicos especializados; y estarán dotadas de los recursos humanos, financieros y materiales que se
requieran para su efectiva operación. Además las autoridades estatales y municipales deben garantizar el acceso
de la fiscalía especializada a los registros de detenciones.
Establece asimismo que la Fiscalía General del Estado capacitará permanentemente a su personal en materia de
planeación, desarrollo y técnicas de investigación criminal, uso adecuado, legal, proporcional, razonable y
gradual de la fuerza, así como en derechos humanos.
Para ser integrante y permanecer en las fiscalía especializada encargada de la investigación y persecución del
delito de tortura será necesario cumplir con los siguientes requisitos: tener acreditados los requisitos de ingreso
y permanencia de la institución respectiva, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública; tener el perfil que establezca la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y la
Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, respectivamente;y aprobar los cursos de
capacitación y de actualización que establezca la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y la
Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, según corresponda.

7. Añade que eara ingresar al servicio en la fiscalía especializada, los aspirantes asumirán el compromiso de
sujetarse en cualquier tiempo de su servicio a la realización de exámenes de control de confianza cuando sean
requeridos, mismos que deberá acreditar para continuar en el servicio.
La fiscalía tendrá en el ámbito de su competencia, las obligaciones y facultades siguientes: iniciar y desarrollar
la investigación y persecución de hechos delictivos relacionados con los delitos previstos en la ley; requerir a
las instancias del sector público competentes, y del sector privado en los casos que disponga la Ley General de
Víctimas, a que se le brinde atención médica, psicológica y jurídica a las personas víctimas de las conductas
previstas en esta ley; requerir la participación de las autoridades en materia de atención a víctimas, en términos
de las disposiciones aplicables; y ejecutar, el protocolo homologado, así como los protocolos de actuación y
para la investigación previstos en la ley de la materia.
Primera denuncia formal ante PGR por Nochixtlán en
Oaxaca
Familiares de tres personas asesinadas el 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, presentaron
su primera diligencia y denuncia formal ante la Procuraduría General de la República (PGR) en…
Por Sayra Cruz
Familiares de tres personas asesinadas el 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, presentaron su primera diligencia y
denuncia formal ante la Procuraduría General de la República (PGR) en las oficinas de la Defensoría de los Derechos Humanos
del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
El Comité de Víctimas (Covic), así como la Sección 22 del magisterio oaxaqueño, acompañaron a los deudos de Yalid Jiménez,
a Sergio Luna, papá de Óscar Luna y a Rutilia Santiago, madre de Óscar Nicolás ante los representantes del ministerio público
federal.
En carácter de ofendido, llegaron las personas para este primer proceso que se da, después de un año y seis meses del
enfrentamiento entre los pobladores de Nochixtlán, la Sección 22 y elementos de las policías federal y estatal.
Santiago Ambrosio Santiago, presidente del Covic, informó que después de este paso, representantes de la DDHPO acudieron a
las oficinas de la delegación de la PGR donde les entregarían 21 carpetas de investigación y la fecha para ratificar la denuncia.
Aun quedan pendientes las dirigencia pues se trata de 150 heridos, así como familiares de 8 personas que perdieron la vida en
este suceso que inició por la protesta de la Sección 22 contra la reforma educativa, así como por la detención de sus dirigentes
de ese entonces, Rubén Núñez Ginez y Francisco Villalobos Ricárdez.

8. Reconoció que la escena de los hechos ya esta alterada, no obstante, continuarán con los procesos de denuncia para que se
finquen responsabilidades contra los responsables de estos hechos.
Mencionó que no acudieron a las instalaciones de la PGR por el temor a ser intimidados o que puedan ser obligados a declarar
en contra de sus versiones.
Después de esta ratificación, vendrán las de los demás agredidos para que den paso a la visita en Nochixtlán donde sucedió el
enfrentamiento el 19 de junio de 2016.
Los afectados no han recibido contención psicológica, tampoco han recibido seguimiento por lo que han pasado pese a que fue
un compromiso del gobierno federal.
Sigue la violencia política contra síndica de Pinotepa, Oaxaca
Yareli Cariño fue acusada de azuzar a los policías municipales
Por Sayra Cruz
Yareli Cariño, síndica procuradora de Pinotepa Nacional, acusó que sigue siendo acusada y hostigada por el
presidente de ese municipio y regidores perredistas, en medio de una violencia política que padeció durante un
año.
A raíz de un paro de labores que mantuvieron 120 policías municipales, mismos que demandaron el pago de su
aguinaldo, ella fue acusada de azuzar a los uniformados.
“Me están señalando de ser la autora intelectual de ese movimiento, de llamar a los policías, pero ellos
únicamente estuvieron en su derecho de exigir lo que por ley les corresponde”, indicó.
Durante la semana pasada, los elementos de seguridad pública de ese municipio decidieron parar actividades
por falta de uniformes y el pago de aguinaldo correspondiente a los 45 días.
Durante la protesta, al director de la Policía Municipal, Eustaquio Mendoza Castro, le fueron decomisadas
armas y municiones de parte de elementos del Ejército Mexicano y la comisaría quedó bajo el resguardo de los
elementos de la Policía Estatal.
El director junto con el subdirector, Arquímides Melo García; el comisionado, Luciano Teodoro Méndez Cruz y
el presidente municipal, Guillermo García Cajero, son quienes han estado tras la violencia política contra Yareli
Cariño por obstaculizar sus funciones como síndica procuradora.
“Aunque la violencia política sigue, también estoy luchando por mis derechos políticos aunque no esté
ejerciendo al cien por ciento mis funciones, los derechos de las mujeres se deben visibilizar”, expresó.

9. En Oaxaca con transparencia opaca, un año de información
errónea e inútil
Administración, Infraestructuras, Turismo, Economía, Gobierno son secretarías incapaces de
enfrentar el reto de la transparencia
Por Alonso Pérez Avendaño
Parte I de III
Transparencia opaca, lenta, peligrosa y costosa es la que tiene Oaxaca. Por un lado, más del 70 por ciento de las dependencias
del Gobierno del Estado incumple sus obligaciones para dar a los oaxaqueños acceso a la información pública; por otra parte, el
Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) gasta el 80 por ciento de sus recursos en sueldos, entre ellos los 82 mil 279
pesos mensuales que gana cada uno de sus tres comisionados, integrantes de la alta burocracia estatal. En medio quedan los
ciudadanos, que ven en riesgo sus datos personales al momento de indagar el actuar gubernamental.
A la par que organizaciones nacionales han señalado las deficiencias del sistema de transparencia del estado, funcionarios de
unidades de transparencia de la actual administración revelaron que como una estrategia del gobierno de Gabino Cué, la
Consejería Jurídica vigilaba de cerca las solicitudes presentadas por periodistas y organizaciones de la sociedad civil, generando
un registro fotográfico de personas que eran llamadas a las dependencias oficiales para entregarles la información solicitada.
Durante la actual administración, aunque la Consejería ha dejado de dictar la línea para responder a dichas solicitudes, muchas
de las prácticas se mantienen en las secretarías estatales.
DEPENDENCIAS REPROBADAS
En agosto pasado, el IAIP reportó en los Resultados preliminares de la verificación diagnóstica 2017 de los sujetos obligados el
grave incumplimiento en cuanto a la información que por ley deben publicar en su página de internet. Del total de los entes que
dependen del Poder Ejecutivo estatal (110) eligió a 38, de los cuales el 77.7 por ciento obtuvo calificaciones menores a 60 de
100 puntos posibles.
Además de casos como el de Comunicación Social, que obtuvo el índice de transparencia más bajo con solo el 2.42 por ciento
de sus obligaciones cumplidas, cuatro de las principales secretarías de la administración estatal se encuentran entre las más
opacas: Administración, a cargo de Javier Villacaña Jiménez; Turismo, cuyo titular es Juan Carlos Rivera; Infraestructuras,
dirigida por Fabián Herrera; y Gobierno, con Héctor Mafud Mafud como secretario. Estas cuatro dependencias obtuvieron
puntajes menores a 28 puntos y pese al plazo de 20 días que les dieron para subsanar las fallas, éstas se mantienen.
A estas secretarías el IAIP les señaló que la información presentada a través de la plataforma Oaxaca Transparente “no es
exacta, tiene errores y es incompleta, lo que impide que cualquier persona pueda consultarla, examinarla y utilizarla”. Asimismo
les solicitó que la información fuera publicada en su página de internet, orden que después de cinco meses no han acatado.

10. También se encuentran con un índice bajo de cumplimiento las secretarías de Desarrollo Social (35.67 por ciento); de Economía
(33.41 por ciento); de Cultura (26.82 por ciento) y de Asuntos Indígenas (23.80 por ciento). La dirección de Notarías tiene un
índice de 22.71 por ciento, la Consejería Jurídica 33.3 por ciento.
Tienen menos de 60 puntos dependencias como la Jefatura de la Gubernatura (55.57), el IEEPO (52.70), Caminos y Aeropistas
de Oaxaca (51.08), la secretaría de Desarrollo Agropecuario (50.26), la Fiscalía estatal (49.44), Vialidad y Transporte (43.25).
¿CUÁNTO GANA UN SECRETARIO?
Para subsanar algunas de estas observaciones, el Gobierno del Estado utiliza la página transparencia.oaxaca.gob.mx en la cual
alguna información se mantiene oculta y otra induce al error. Al revisar los salarios de los secretarios del gabinete, por ejemplo,
se encuentra que las percepciones netas de los titulares de Turismo y Gobierno son de 34 mil 718.20 pesos mensuales, no
obstante se carece de información sobre bonos mensuales, semestrales, sistemas de compensación, comisiones, dietas o
estímulos en virtud de que “algunas de ellas se otorgan a través de convenios celebrados entre el sindicato de trabajadores y la
Secretaría de Administración”.
Administración, por su parte, ha ocultado la información correspondiente a salarios y compensaciones que debería estar en la
plataforma del gobierno estatal.
Funcionarios de las unidades de transparencia han advertido que esta situación generará distorsiones al momento de revisar la
situación patrimonial de los servidores públicos, pues los bienes reportados desde el inicio de su función rebasarán el monto de
ingresos exhibido por la administración estatal.
De acuerdo con el artículo 70 la Ley de Transparencia del Gobierno del Estado de Oaxaca, un sujeto obligado debe publicar
información sobre 48 rubros, desde aspectos elementales de su operación, como el marco normativo, las leyes y reglamentos
que los rigen, sus metas y objetivos, directorio, hasta aspectos de sus finanzas como la remuneración bruta y neta de todos los
servidores públicos, gastos de representación y viáticos, número total de plazas y del personal de base y confianza,
contrataciones por honorarios.
También deben incluir información de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, las condiciones generales de
trabajo, información curricular, listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, información financiera
sobre el presupuesto asignado, entre otros rubros.
FALLAS Y ACIERTOS
La opacidad en rubros vitales de la administración pública de Oaxaca ha sido documentada también por el Instituto Mexicano
de la Competitividad, que en el Índice de Información presupuestal 2017 coloca a la entidad como la número 18 por sus niveles
de transparencia.
Aunque su porcentaje de cumplimiento es alto, del 82.8/100, los rubros que mantiene en la opacidad resultan altamente
relevantes.
Entre otra información ausente se encuentra el número de plazas con que cuenta la administración estatal, así como el tabulador
de sueldos de mandos medios y superiores.
En el rubro de deuda pública, aunque la entidad aparece con aciertos importantes como exhibir el monto del ejercicio fiscal que
se destinará al pago de créditos contratados, así como la garantía que emplea para ello, las tasas de interés y el saldo, existe una
falla que resulta más grave: carece de información que permita conocer en qué se utilizaron los recursos provenientes de esa
deuda.
Declaran en emergencia a 52 municipios de
Oaxaca por heladas
La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria por
las heladas severas del 9 al 12 de diciembre.

11. A partir de la declaratoria, las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades de la población
afectada. (Tomada de @CEPCO_GobOax)
NOTIMEX27/12/2017 12:25 PM
Ciudad de México
La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió una
Declaratoria de Emergencia para 52 municipios de Oaxaca que fueron afectados por las heladas severas
del 9 al 12 de diciembre.
En un comunicado, la Segob detalló que con esta acción se activan los recursos del Fondo para la
Atención de Emergencias (Fonden) para Asunción Cacalotepec, Asunción Nochixtlán, Mixistlán de la
Reforma, San Andrés Sinaxtla, San Andrés Solaga, y San Andrés Yaá.
También para San Baltazar Yatzachi el Bajo, San Bartolo Soyaltepec, San Bartolomé Zoogocho, San
Cristóbal Lachirioag, San Francisco Cajonos, San Ildefonso Villa Alta, San José del Peñasco, San Juan
Juquila Mixes, y San Juan Juquila Vijanos.
De igual forma los municipios de San Juan Sayultepec, San Juan Tabaá, San Juan Teposcolula, San
Juan Yaeé, San Juan Yucuita, San Lucas Camotlán, San Mateo Cajonos, San Mateo Peñasco, San
Melchor Betaza, San Pablo Yaganiza, San Pedro Cajonos, San Pedro Teozacoalco, San Pedro
Topiltepec, San Pedro y San Pablo Ayutla.
Así como para San Vicente Nuñú, Santa María Chachoápam, Santa María Nduayaco, Santa María
Tataltepec, Santa María Tepantlali, Santa María Tlahuitoltepec, Santa María Yalina, Santiago Apoala,
Santiago Camotlán, Santiago Ixcuintepec, Santiago Lalopa, y Santiago Laxopa.
Además de Santiago Tillo, Santiago Yolomécatl, Santiago Zoochila, Santo Domingo Roayaga, Santo
Domingo Tepuxtepec, Santo Domingo Tonaltepec, Santo Domingo Yanhuitlán, Santiago Nejapilla, Santo
Domingo Xagacía, Tamazulápam del Espíritu Santo y Villa Hidalgo.
A partir de esta declaratoria, solicitada por el gobierno estatal, las autoridades contarán con recursos
para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.
La dependencia federal también dio a conocer que terminó la emergencia en los municipios de Galeana e
Iturbide, Nuevo León, por la presencia de helada severa ocurrida del 8 al 10 de diciembre.
Ello, toda vez que la situación anormal generada por ese fenómeno natural disminuyó a niveles
aceptables y la capacidad de respuesta del gobierno estatal se ha reforzado con los apoyos
proporcionados por el Gobierno de la República, brindando así una oportuna atención a la población ante
los efectos de la emergencia.
En otro comunicado, recordó que los productos autorizados por esa declaratoria para dichos municipios
fueron despensas, láminas tipo "B", cobertores "A" y colchonetas.
Desaparece bañista en Playa Zicatela de Puerto Escondido
Redacción EL PIÑERO
Oaxaca, México.- En las últimas horas, cuerpos de rescate se activaron en emergencia luego de que
se reportara la desaparición de un bañista en aguas del mar de Puerto Escondido.
Fue la tarde-noche de este miércoles cuando autoridades y cuerpos de rescate fueron alertados
sobre la desaparición de una persona en la playa Zicatela de esa zona turística de la región de la
Costa.
Ante lo descrito, diversos salvavidas así como personal de la Marina también tomaron
conocimiento del caso y se avocaron al auxilio. No obstante, debido a la oscuridad, solicitaban
reflectores para reforzar la búsqueda.
Hasta las 19:45 horas no se tenían respuestas favorables. Sin embargo, las autoridades indicaron
que extenderían la búsqueda durante esta noche para localizar al infortunado.

12. Entre 2014 y 2016, más pobreza en 5 estados
Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Campeche, los afectados.
FERNANDO DAMIÁN28/12/2017 04:46 AM
México
El porcentaje de la población en situación de pobreza aumentó de 2014 a 2016 en cinco de las 32
entidades federativas: Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Campeche.
Según las respuestas del presidente Enrique Peña Nieto a las preguntas hechas por la Cámara de
Diputados como parte del análisis del quinto Informe de gobierno, los otros 26 estados y Ciudad de
México registraron una reducción de la incidencia de pobreza.
Con base en las mediciones del Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la
pobreza en Veracruz se extendió de 58.0 a 62.2 por ciento de su población; en Oaxaca, de 66.8 a 70.4;
en Tabasco, de 49.6 a 50.9; en Chiapas, de 76.2 a 77.1, y en Campeche, de 43.6 a 43.8.
En contraste, Sinaloa logró la mayor reducción de ese indicador, al pasar de 39.4 a 30.8 por ciento de su
población en situación de pobreza en solo dos años.
Le siguen Baja California Sur, con una disminución de la incidencia de pobreza de 30.3 a 22.1 por ciento;
Durango, de 43.5 a 36.0; Quintana Roo, de 35.9 a 28.8; Aguascalientes, de 34.8 a 28.2, y Baja California,
de 28.6 a 22.2.
El Ejecutivo detalló a los diputados la relación de las entidades con mayor porcentaje de su población en
pobreza extrema. Destacan Chiapas con 28.1 por ciento; Oaxaca, con 26.9; Guerrero, con 23 por ciento,
Veracruz, 16.4, y Tabasco, 11.8.
En contraste, Baja California registra la menor proporción poblacional en pobreza extrema, con 1.1 por
ciento, mientras Baja California Sur alcanza 1.6; Coahuila, 1.7; CdMx, 1.8, y Jalisco, 1.8.
A pregunta del grupo parlamentario del PRI sobre los resultados del combate a la pobreza en las
diversas entidades, Peña Nieto sostuvo que, como parte de la Estrategia Nacional de Inclusión, el
gobierno fortaleció su coordinación con estados y municipios para abatir las carencias sociales.
Aseguró que, de 2014 a 2016, 1.9 millones de personas superaron la condición de pobreza y 2.1 millones
más dejaron atrás la pobreza extrema.
“Es la primera vez desde que se mide la pobreza con la metodología multidimensional definida por el
Coneval, que ambas categorías de pobreza se reducen al mismo tiempo”, subrayó.
Según el mandatario, 6.2 millones de mexicanos se incorporaron a los servicios de salud entre 2012 y
2016, mientras 3.4 millones más tienen seguridad social, 2.8 millones más accedieron a una alimentación
“sana, variada y suficiente”; 1.3 millones más superaron el rezago educativo, 1.2 millones más
alcanzaron servicios básicos en sus viviendas y 1.1 millones más disponen de más calidad y espacios en
sus casas.
Como resultado de las acciones de política social, indicó el Presidente, “la población considerada no
pobre y no vulnerable, es decir, las personas con un ingreso mayor a la línea de bienestar y que ejercen
los derechos definidos en la Ley General de Desarrollo Social, se incrementó en 3.2 millones de
personas”.
SUMAN 77% LOS BENEFICIADOS CON TARJETAS DEL FONDEN
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) contabiliza un avance de 77.63 por
ciento, en promedio, en el número de beneficiarios que ya han recibido su tarjeta para la reconstrucción
de viviendas en Chiapas, CdMx, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y
Veracruz, entidades afectadas por los sismos de 7, 19 y 23 de septiembre pasados.
De acuerdo con los reportes que realizan cada una de las delegaciones estatales de la Sedatu, las
entidades que registran un mayor avance en la entrega de las tarjetas con recursos del Fondo de
Desastres Naturales (Fonden) son Estado de México, con 95 por ciento; Oaxaca, con 89 por ciento;
Morelos, con 88 por ciento, y Chiapas, con 75 por ciento. En tanto, CdMx, Guerrero y Puebla oscilan en
50 por ciento.
A la fecha, tras los sismos de septiembre, la Sedatu reporta que, como parte del censo realizado en las
nueve entidades afectadas, suman 172 mil 91 viviendas afectadas, de las cuales 111 mil 693 tienen daño
parcial y 60 mil 398 daño total.
Con información de Yanira Franco/México.

13. Con Zonas Económicas Especiales en
Oaxaca y Yucatán se legaliza el saqueo,
dicen líderes indígenas
Por Dulce Olvera

14. Las costas de Salina Cruz, en Oaxaca, y Progreso, en Yucatán,
fueron declaradas Zonas Económicas Especiales, y polos de atracción de
inversiones extranjeras. El Presidente Enrique Peña Nieto prometió
generar miles de empleos bien remunerados a estas regiones sureñas
rezagadas históricamente.
No obstante, experiencias pasadas no apuntan hacia el desarrollo local sino
al despojo de tierras para imponer proyectos energéticos, alertó la
Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del
Territorio.
Ezer May May, habitante del pueblo mágico Izamal, en Mérida, recordó
que en la década de los 80 arribaron maquiladoras luego de que el
Gobierno estatal ofreció terrenos y mano de obra barata por lo que los
ejidatarios malbarataron sus terrenos en la zona costera, que son de gran
plusvalía para las exportadoras. Teme que la historia se repita y, además,
que el puerto de Progreso sea un nuevo Cancún, donde primero explotó el
dinero y luego la violencia.
ADEMÁS
Murat ya anunció el “canal de Panamá mexicano” pero no dijo
nada de consulta indígena
Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).– El Presidente Enrique Peña Nieto
declaró a los puertos Salina Cruz, Oaxaca, y Progreso, Yucatán, como Zonas Económicas
Especiales (ZEE). Mediante facilidades fiscales y regulatorias para las empresas se espera
una inversión en siete zonas por 700 mil millones de pesos en los próximos 10 o 15 años,
pero las comunidades indígenas aseguran que esto legitima el despojo de sus tierras sin
que implique un desarrollo para ellos porque los empleos generados son para foráneos
capacitados.
En Salina Cruz y regiones aledañas se han instalados más de 20 parques eólicos sin
consultar de manera previa e informada a sus habitantes. En Progreso, zona urbana de la
costa yucateca, en septiembre llegaron los primeros aerogeneradores al puerto para que la
compañía Vive Energía establezca el parque eólico Dzilan Bravo a pesar de que, dijo el
maya Pedro Regalado, llevan tiempo luchando contra “esta avalancha” de proyectos
eólicos y fotovoltáicos que entran “con engaños y apoyo del Gobierno estatal” para
devastar grandes hectáreas de terreno.

15. La Articulación de Energía Renovable de Yucatán tiene el registro de que en los últimos
cuatro años esa península ha atraído 16 proyectos tanto eólicos como solares, en su
mayoría de capital extranjero.
“Esto va a traer desarrollo, generación de empleos, oportunidades”, dijo Peña Nieto el
lunes pasado en Oaxaca. “Las empresas que aquí habrán de instalarse, aprovechando esos
incentivos que genera el ser Zonas Económicas Especiales, van a crear empleos
calificados”.
El 28 de septiembre de este año, Coatzacoalcos (Veracruz), Lázaro Cárdenas
(Michoacán) y Puerto Chiapas (Chiapas) también fueron declaradas ZEE. El titular de la
Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, Gerardo
Gutiérrez Candiani, calcula que en las siete se generen inversiones en un principio por 6
mil 800 millones de dólares que representarían la creación de casi 20 mil empleos. En 10
años serían 115 mil empleos formales.
El objetivo de establecer las zonas en regiones “rezagadas”, de acuerdo con el Gobierno
federal, es crear un entorno que propicie la productividad en diez estados a través de la
construcción de infraestructura de comunicaciones, transporte y tecnología.
ADEMÁS
Las Zonas Económicas Especiales de Peña quitan poder a
municipios y se lo pasan a privados, alertan
En marzo pasado, SinEmbargo documentó que para diseñar las ZEE, el Banco Nacional
de Obras y Servicios Públicos (Banobras) contrató en 2016 a un grupo de consultoras
privadas vinculadas con empresas beneficiadas por la Reforma Energética.
Una es Evercore, fundada como Protego por el ex Secretario de Hacienda de Carlos
Salinas, Pedro Aspe, e inversionista de Diavaz Offshore, empresa que en 2015 ganó un
contrato para explotar un campo petrolero en Tamaulipas y otro en Chiapas. La otra
consultora es ADhoc, de Aarón Dychter Poltolarek, ex subsecretario de Transportes en
los sexenios de Ernesto Zedillo Ponce de León y de Vicente Fox Quesada, y también
integrante del Consejo de Administración de IEnova, que actualmente opera más de 500
kilómetros de gasoductos en el país.

16. EL DESPOJO LEGITIMADO
El puerto de Salina Cruz, ubicado en Oaxaca. Foto: Cuartoscuro.
La Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio
(APOYO) ha advertido que la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales legitima el
arrebato de su viento, mar y tierra comunal al establecer que sea el Gobierno y empresas
quienes establezcan el costo de sus tierras; el artículo 9 y 10 los obliga a subsidiar a
empresas privadas con su presupuesto municipal y riquezas naturales; y elimina su
capacidad de decisión democrática mediante una consulta.
En el Istmo de Tehuantepec, por sus fuertes vientos, se han establecido más de 20
parques eólicos en más de 70 mil hectáreas, pero la mayoría no han consultado a las
comunidades, como lo exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).
Nashielli Valencia Nuñez, miembro de APOYO y habitante de Ixtepec, afirmó que ellos
viven de la pesca y agricultura por lo que no quieren ni necesitan “sus dádivas [por la
renta de tierras]”.
Pero, perder la tierra “es perder nuestra forma de vida”, lamentó.
“Encima, agentes privados de las empresas determinarán el precio a las tierras, y los
municipios serán quienes las subsidien con su infraestructura”, acusó.
El campesino Jesús Orozco, de Juchitán, contó que tuvo que rentar otro pedazo de tierra
para que sobrevivieran sus animales de ganado ante la presencia de los aerogeneradores.
Los empresarios mandan a exterminar a los que levantan la voz”, denunció.
En Unión Hidalgo, la firma Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex) instaló el Proyecto
Eólico Piedra Larga, que provee de energía a Grupo Bimbo. La empresa, subsidiaria de la
española Renovalia Energy, incumplió con los acuerdos establecidos con la comunidad

17. zapoteca por lo que demandaron ante el Tribunal Agrario la nulidad del contrato. Pero
sigue operando.
En el mismo municipio oaxaqueño, las empresas Eléctrica del Valle de México, Gamesa
y Eólica Unión buscan instalar tres proyectos eólicos y una subestación de
almacenamiento de energía, sin antes haber consultado a los propietarios.
PROGRESO, EL SEGUNDO CANCÚN
El puerto de Progreso, en la costa de Yucatán. Foto: Cuartoscuro.
En solo cuatro años la península de Yucatán se ha vuelto un polo de atracción para
grandes proyectos energéticos.
Ezer May May, del pueblo mágico Izamal, documentó que en Yucatán están en proceso
16 proyectos, entre eólicos y solares, de más de 20 empresas. Basado en la experiencia de
la década de los 80 cuando se establecieron maquiladoras de capital extranjero, advirtió
que la ZEE declarada en Progreso obligará a los campesinos a malbaratar sus tierras y los
empleos serán para gente foránea.
“Lo que sucedió con las maquiladoras temo que pase con esa Zona Económica Especial
que acaba de declararse en Progreso. Con las maquilas el gobierno del estado pedía
inversión al ofrecer terrenos baratos y obra de mano barata para que tuvieran más
ganancias. A eso van, al aprovechamiento de las condiciones desfavorables para que las
empresas le saquen más provecho a lo que inviertan a costa de que los ejidatarios o
campesinos entren en negociación para abaratar sus terrenos en la zona costera, que son
de gran plusvalía para las exportadoras”, afirmó.
Aunque la inversión generará empleos, dijo, no soluciona los problemas de ingreso de los
locatarios y no permitirá un desarrollo local. “Al no haber gente calificada, los que
ocupan los buenos puestos de estas empresas llegan a ser de fuera”, explicó.
May May expuso que el puerto de Progreso ha sido de entrada y salida de comercio
internacional, por lo que se ha urbanizado aunque tiene un sector abandonado dedicado a
la pesca y agricultura. A sus alrededores hay muchas comunidades mayas con rezago y

18. sus habitantes migran todos los días hacia allá en búsqueda de trabajo. Con la declaración
de ZEE prevé que Progreso, donde se impulsará el turismo y el sector servicios, será un
nuevo Cancún donde el boom económico pase a uno de violencia.
“Ha habido intentos de resistencia a los parques eólicos, pero ha sido poco efectivo”,
concluyó.
Pedro Regalado, integrante de la Articulación Social de Energía Renovable de Mérida,
aseguró en entrevista que esta decisión se tomó sin el conocimiento ni consentimiento de
la comunidad maya, la cual durante el anuncio estaba en efervescencia política tras el
destape del candidato priista a la gubernatura, Mauricio Sahuí, ligado a Ivonne Ortega.
“El tema de las ZEE es una de las ofensas más que tenemos que soportar”, dijo.
Por la mañana, César Jáuregui informó que Wilbert Jasiel Vega fue detenido y liberado
Chocan versiones del gobierno de Chihuahua sobre presunto tercer
implicado en caso Breach
Horas después, comunicado oficial sostiene que el supuesto chofer nunca fue arrestado
En imágenes obtenidas de cámaras cercanas a la casa de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada, se puede observar al
supuesto halcón Wilbert Jasiel Vega, caminando y conduciendo el Malibú gris utilizado para vigilar a la periodista y para transportar al asesino
de la comunicadoraFoto La Jornada Baja California
RUBÉN VILLALPANDO Y JESÚS ESTRADA
Corresponsales
Chihuahua, Chih.
Wilbert Jasiel Vega Villa, un supuesto tercer presunto implicado en el asesinato de Miroslava Breach
Velducea, señalado de colaborar como halcón y conductor del vehículo en el que se trasladó el autor material
del crimen de la periodista, Ramón Andrés Zavala Corral, fue detenido días después del homicidio y rindió
declaración, pero fue puesto en libertad, debido a que no se tenían pruebas suficientes en su contra; ahora,
nueve meses después, es señalado por la autoridad como prófugo de la justicia.
Se había tenido contacto con esta persona, pero no se le habían podido acreditar elementos constitutivos del
delito; hoy la carpeta de investigación muestra que él y algunas personas se han sustraído de la acción de la
justicia al estar siendo requeridos, y en este sentido, se les busca y en su momento serán aprehendidos, informó
ayer por la mañana el secretario general de Gobierno estatal, César Jáuregui Robles.

19. Sin embargo, por la noche, el gobierno de Chihuahua, encabezado por el panista Javier Corral Jurado,
emitió un comunicado en el que desmintió a su propio funcionario, al asegurar que “quien fuera identificado
como conductor del vehículo que transportó al asesino material de la periodista nunca fue detenido, ni ha sido
testigo protegido, ni declaró ante el Ministerio Público.
“La Fiscalía General del Estado (FGE) aclara que la información es falsa y que se ha dado un sesgo de
manipulación en una nota que busca demeritar el éxito de la investigación en torno de los responsables del
asesinato de Miroslava Breach, crimen al que está vinculado Jasiel Vega Villa, prófugo de la justicia.
Sobre el tema, el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, hizo declaraciones que
respondieron a una pregunta que dio como un hecho cierto lo que evidentemente era información falsa,
concluyó.
Ayer, durante la audiencia de vinculación a proceso contra Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry, jefe de la
organización delictiva Los Salazar, acusado de planear el asesinato de la corresponsal de La Jornada en
Chihuahua, se informó que ese sujeto estaba acompañado de Wilbert Jasiel Vega Villa, este sujeto fue
identificado inicialmente por las autoridades como conductor del vehículo Malibú color gris, placas ELH8406,
en el que Ramón Andrés Zavala Corral se trasladó hasta el domicilio de Miroslava, para asesinarla afuera de su
vivienda, el pasado 23 de marzo, y en el que también huyó.
Se señaló también a Wilbert Jasiel Vega Villa de fungir como halcón en las inmediaciones del domicilio de
la periodista, y según informes de la FGE después del asesinato de la comunicadora habría escapado al
municipio serrano de Chínipas.
Luego de que en la audiencia de vinculación de proceso contra El Larry,el Ministerio Público (MP)
involucró a Vega Villa como copartícipe del homicidio y de que circuló en redes la versión de que era testigo
protegido, el secretario General de gobierno, César Jáuregui Robles, informó: Vega Villa, señalado como el
conductor del automóvil en el que se trasladó el asesino de Breach Velducea, fue detenido en marzo y rindió
declaración días después del crimen, pero en su momento no se tenían pruebas suficientes y fue puesto en
libertad, por lo que hoy es prófugo de la justicia y no un testigo protegido como se menciona.
Indicó que pese a que hay más personas involucradas en el asesinato de la corresponsal de La
Jornada, ninguna está por encima de Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry, a quien el martes un juez le impuso
un año de prisión preventiva como medida cautelar.
El Ministerio Público, dijo, señaló como coautores materiales a Ramón Andrés Zavala Corral, quien accionó
el arma contra Miroslava Breach y a Wilbert Jasiel Vega Villa, como conductor del vehículo utilizado para
llegar a la casa de la reportera y luego huir. El pasado 22 de diciembre se dio a conocer que Zavala Corral fue
asesinado en Álamos, Sonora.
El secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, mencionó queno porque políticos hayan sido
señalados por Breach Velducea, quiere decir que estén involucrados en el caso.
Sobre el posible involucramiento de políticos locales exhibidos por la periodista en sus reportajes
sobrenarcopolítica en Chihuahua, el funcionario puntualizó que eso no es elemento suficiente para adjudicarles
una responsabilidad penal.
“El tener ovarios”le costó la vida aMiroslava
MP revela amenazas para que la periodista no publicara información;cártel advirtió a comunicadora que si
volvía a la Sierra iba a ser asesinada

20. ARCHIVO. EL UNIVERSAL
Luis Fierro / Corresponsal
Estados@eluniversal.com.mx
“Yo sí tengo ovarios, por eso firmo mis notas. Lo que ellos no tienen a mí me sobra y el silencio es
complicidad”, de esa manera respondió la periodista Miroslava Breach ante una amenaza de funcionarios
públicos para que revelara sus fuentes y dejara de publicar información relacionada al crimen organizado y sus
nexos con políticos. Así lo expuso el Ministerio Público al presentar la transcripción de una llamada telefónica
durante la audiencia de Vinculación de Juan Carlos Moreno Ochoa, alias El Larry, presunto orquestador del
homicidio de la comunicadora.
La conversación se realizó entre Breach y quien ahora funge como testigo protegido identificado como Casio,
quien se comunicó con la periodista de parte del ex alcalde de Chínipas, Hugo Amed Schultz Alcaraz. En ella, le
pidió a la comunicadora que le dijera de qué manera obtuvo la información de que el candidato a presidente
municipal de esa demarcación por el PRI, Juan Miguel Salazar Ochoa, es sobrino del líder del Cártel de Los
Salazar, Adán Zalazar Zamorano, que a su vez trabaja para el Cártel de Sinaloa.
El Ministerio Público, al parecer por descuido, durante la audiencia se refirió a Casio como Alfredo, lo cual
coincide con versiones extraoficiales que indican que se trataría del vocero del Partido Acción Nacional (PAN)
local, Alfredo Piñera. También se reveló la declaración de otro testigo protegido identificado como Mila, quién
señaló que meses antes de su asesinato se le hizo llegar a Miroslava Breach un mensaje de parte de Carlos
Arturo Quintana, alías El 80, en ese momento máximo líder criminal en la sierra de Chihuahua del Cártel de
Juárez, en el que se le advertía que si la periodista volvía a viajar a esa región sería privada de la vida. Cabe
recordar que un reportaje de Breach evidenció que en Namiquipa la candidata del tricolor a la alcaldía en2016,
Silvia Mariscal Estrada, era la suegra de dicho jefe de la mafia.
Tras la nota informativa el partido retiró la postulación, al igual que lo hizo en Chínipas con la de Salazar
Ochoa. Una de las evidencias que presentó el MP al juez fue un estudio de caligrafía de una cartulina que fue
colocada junto al cadáver de Miroslava el día de su homicidio, en la cual se plasmó que el crimen fue ordenado
por El 80, y se advertía que el “siguiente” era el gobernador panista Javier Corral. Ese análisis demostró que el
texto fue escrito por Jaziel Vega Villa, quien, según las investigaciones, condujo el auto en el que se trasladó el
asesino material de la reportera.
La audiencia se celebró en la Ciudad Judicial sin la presencia del imputado, ya que este permanece en el
hospital del Cereso, debido a las lesiones que sufrió al saltar de un segundo piso intentando escapar de la
policía cuando fue detenido. Sin embargo, la sesión fue suspendida y será reunadada hasta el día de hoy, por
lo que al cierre de esta edición se desconoce si El Larry será vinculado a proceso. El Ministerio Público cuenta
con 33 declaraciones de testigos protegidos, identificados, entre otros, como Aries, Buda, Hugo, Casio,
Ataulfo, Mila, Pancho, Parcero, Venancio, Silver, Fernanda H, Kevin, T, 01, L, GC, Juanjo, Monje, Asia, Alejandra
E, Jaguar, Señor Palco, Rubí, Chiquilín, Bby, Kuina, Estrella, Boby. Además tiene 18 testimonios de fuentes
identificadas, quienes aportaron información diversa que vincula a Ramón Andrés Zavala Corral, asesinado la
semana pasada en Sonora, como el homicida material; Juan Carlos Moreno Ochoa, alias El Larry, como quien
coordinó y supervisó el crimen;y Jaziel Vega Villa como chofer de Zavala y “halcón” al momento del ataque.
Presionaron a Miroslava a revelar
fuentes, dicen en audiencia de 'El Larry'
El vocero del Comité Estatal del PAN en Chihuahua pidió a Miroslava Breach que le revelara las fuentes de una
nota, a petición del exalcalde de Chinipas, quien dijo estar amenazado por el cártel que domina la región.
Samuel García | Corresponsal

21. CHIHUAHUA.- Durante la audiencia de vinculación a proceso de Juan Carlos Moreno Ochoa alias El
Larry, acusado de orquestar y participar en el homicidio de la periodista Miroslava Breach, se dijo que la
corresponsal de La Jornada fue presionada a que revelara sus fuentes.
El Ministerio Público explicó que el vocero del Comité Estatal del PAN en Chihuahua, Alfredo Piñera,
pidió a Breach que le revelará las fuentes de una información en la que evidenció que narcotraficantes
colocaban a los jefes de las policías municipales en poblados de la sierra.
Piñera dijo a las autoridades que la solicitud a la periodista, la hizo a petición del exalcalde de Chinipas (de
donde Breach era originaria), Hugo Amed Shcultz, bajo el pretexto de que había sido amenazado por el
cártel que domina en la región; posteriormente el propio exedil advirtió a la reportera que “no pisara la
sierra”.
En la audiencia, el presunto autor intelectual del homicidio no estuvo presente por las lesiones ocasionadas
durante su captura en la madrugada del pasado 25 de diciembre.
Todavía el Ministerio Público continúa con la exposición de sus averiguaciones al juez de Control, Jorge
Napoleón Raya Valdéz, por lo que no ha definido si le vinculará o no a proceso.
La también columnista del diario Norte de Juárez fue asesinada el pasado 23 de marzo.
En México se concentra 1.2% de esa población, señala
Afrodescendientes en AL luchan por sus derechos, señala la Cepal
JESSICA XANTOMILA
La negación de la ciudadanía y el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales
ha sido, y es un asunto de lucha constante de las personas y comunidades afrodescendientes en América Latina.
El informe Situación de las personas afrodescendientes en América Latina y desafíos de las políticas para
garantías de sus derechos de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) refiere que
México cuenta con un millón 348 mil 38 afrodescendientes. Esta cifra representa 1.2 por ciento de su población.
De acuerdo con el informe, se concentran en tres entidades: estado de México, Veracruz y Guerrero 58 por
ciento de los mexicanos afrodescendientes.
En América Latina, Brasil es el país con mayor cantidad de personas afrodescendientes representando más
de la mitad de su población: 97 millones 171 mil 614; a éste le sigue Cuba, con 34 por ciento, que suman poco
más de 4 millones, y con una proporción menor Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá, en donde
representan entre 7 y 10 por ciento de su población.

22. El informe advierte que las tasas de pobreza y pobreza extrema de los afrodescendientes en 2014 eran más
elevadas que las del resto de la población. Esta situación está relacionada con las características de la inserción
ocupacional y los bajos ingresos que perciben en el mercado de trabajo.
Acerca de las condiciones de habitabilidad de las viviendas, los censos revelan que en la mayor parte de los
países es más alto el porcentaje de las personas afrodescedientes que viven hacinadas. Las desigualdades son
notorias en Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador y Uruguay, donde residen en promedio más de cinco personas
por dormitorio. Lo mismo sucede con el acceso a servicios básicos de agua potable y saneamiento.
Algunos países en la región cuentan con planes generales de desarrollo para la población afrodescendiente;
no obstante, otros carecen de ella. En México, los programas Oportunidades, primero, y después Prospera,
aunque destinan recursos para todos los sectores, para el afro no existe.
La Cepal expone que las mujeres afrodescendientes son víctimas de múltiples formas de violencia, donde el
factor racial se hace evidente en los países de la región. A esto se suma la violencia contra los jóvenes
afrodescendientes como otro punto de alta preocupación, lo cual se expresa en la prevalencia de fallecimientos
por causas relativas a ésta.
Sin embargo, si bien existen evidencias cuantitativas sobre las situaciones antes mencionadas, la
información sobre la violencia que sufren los afrodescendientes es muy limitada, expone el organismo
latinoamericano.
Capacitados, 548 mil profesores el año pasado; se alista 21 cursos
nuevos
DE LA REDACCIÓN
La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que en 2017 logró capacitar a 548 mil 107 docentes como
parte de la Estrategia Nacional de Formación Continua, impulsada con la reforma educativa. Agregó que al
menos 440 mil profesores se inscribieron de forma voluntaria en los seminarios y talleres.
Sin embargo, con la aprobación de las modificaciones constitucionales en el sector, todo maestro que desee
un incremento salarial deberá cumplir con un proceso de evaluación, que implica la realización de cursos
determinados por la dependencia.
En un comunicado, la secretaría detalló que en 2018 se elaborarán cursos específicos para cada una de las
principales figuras de educación básica, pues destacó que actualmente los talleres a disposición de los
profesores sonautogestivos y autoadministrables y se ofrecen en tres modalidades: en línea, formato descargable
y versión impresa.
En la primera mitad del año próximo, agregó, se dará especial énfasis a la capacitación de los docentes de
educación básica en la implementación de los nuevos programas de estudio, Aprendizajes Clave para la
Educación Integral, que entrarán en vigor en el ciclo escolar 2018-2019.
Para tal efecto, las direcciones generales de Formación Continua, de Desarrollo Curricular y de Televisión
Educativa trabajan en la elaboración de 21 cursos en línea, que estarán por concluirse este diciembre.
La convocatoria para la inscripción a los cursos se publicará en la última semana de enero de 2018.
Al PRI no le basta militarizar… ahora quiere censurar
POR JESUSA CERVANTES , 27 DICIEMBRE, 2017REPORTAJE ESPECIAL
Mientras se esperaba la Ley de Seguridad Interior, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados coló una
polémica reforma al Código Civil dentro de un paquete de dictámenes que no se discutieron y a los cuales no se
les dio lectura, pero los diputados de todos los partidos aprobaron cuanto les presentaron. Y aunque el PRI
sostiene que no se trata de una “ley mordaza”, el especialista Jaime Cárdenas indica que esa reforma, igual
que la Ley de Seguridad Interior, pretende inhibir la crítica y la protesta, sobre todo de los ciudadanos que
utilizan las redes sociales.

23. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En la vorágine legislativa y en medio de una larga espera por la minuta de
la Ley de Seguridad Interior, la Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Civil Federal que, según sus
detractores, pretenden inhibir a líderes de opinión y, sobre todo, frenar la protesta social convocada a través de
las redes sociales.
El partido que presentó la iniciativa, el PRI, niega que ésta implique cualquier limitación a la libertad de
expresión. Y aunque no votaron los 499 diputados, respaldaron esa propuesta los siete partidos representados en
el Congreso de la Unión.
La noche del 14 de diciembre, con la asistencia de 387 diputados, el pleno de San Lázaro aprobó sin discusión
ni lectura 80 dictámenes al vapor. Uno de ello, aparentemente inofensivo, versó sobre la inclusión de los
“medios electrónicos” a la hora de aplicar sanciones “por daño moral”.
Desde 2007 el daño moral dejó de ser un “delito”, es decir que no se sanciona penalmente, sino que es un
“ilícito” y se sanciona con medidas económicas si así lo determina un juez.
Actualmente se establece que quien “comunique” un “hecho cierto o falso” que pueda causar “deshonra,
descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio de alguien”, puede ser sancionado. Sin embargo, el artículo no
especificaba los medios con los que se podía incurrir en “daño moral”.
Gracias a 387 diputados de todos los partidos, puede sancionarse un hecho “cierto o falso” que se comunique “a
través de cualquier medio tradicional o electrónico”, es decir, incluso en las redes sociales.
Las redes sociales, el objetivo
Jaime Cárdenas Gracia, abogado, especialista en derecho constitucional, integrante del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, exconsejero electoral del entonces Instituto Federal Electoral y exdipu-
tado federal por el PRD, alerta sobre el peligro que implican “los pequeños cambios” a un artículo que desde
hace una década tipifica el “daño moral” como un hecho no penal.
Aclara que la iniciativa priista no está dirigida a los periodistas, sino a la población en general, a aquella que
recurre a las redes sociales para manifestarse, protestar y convocar a movimientos sociales, por ejemplo. Añade
que esos cambios deben leerse en el marco del proceso electoral:
“Esto no va dirigido a los periodistas, a los medios de comunicación, pues ese artículo ya existe desde hace
años. De lo que se trata es de acotar la participación ciudadana que se expresa y convoca vía redes sociales; está
dirigido a los líderes de opinión para que inhiban su activa participación en redes.”
Cárdenas Gracia considera que la inclusión de los medios electrónicos se debe leer “junto con la Ley de
Seguridad Interior” y con los recientes cambios en el Instituto Nacional Electoral, donde se colocó a una
persona cercana al candidato priista José Antonio Meade Kuribreña en una posición clave, como es la Unidad
de Fiscalización.
Con la inclusión de los medios electrónicos en el daño moral, sostiene, se completa el círculo para impedir
cualquier tipo de protesta convocada en las redes sociales “ante un posible fraude electoral”.
De acuerdo con la última encuesta del Instituto Nacional de Geografía e Informática (Inegi) sobre el uso de
internet y redes sociales en el país, que se dio a conocer en marzo de 2017, 59.5% de la población (65.5
millones de personas) utiliza internet.
Para diciembre de 2016, según el mismo estudio, 60.6 millones de mexicanos contaban con teléfono inteligente
y 75.8% de ese total lo usaban para interactuar en las redes sociales.
Además, se comprobó que los jóvenes entre 18 y 34 años son quienes más recurren al internet, en tanto que las
personas de entre 35 y 59 años incrementaron el uso de esas tecnologías.
Precisamente Cárdenas Gracia indica que los cambios, impuestos en un “albazo legislativo” –pues la iniciativa
se presentó sin discusión ni lectura de lo que trataba la modificación y en el cierre del periodo legislativo,
cuando los legisladores estaban atentos a la llegada de la minuta de la Ley de Seguridad Interior– se dirigen a la
ciudadanía que recurre a las redes sociales.

24. Por eso señala que la Ley de Seguridad Interior, los cambios en el INE y la modificación al Código Civil,
realizados paralelamente, conforman “un escenario adverso al proceso electoral mismo”.
Explica: Por un lado tienes en la fiscalización de los recursos de los partidos a un funcionario cercano al
candidato del régimen; por otro, una ley que en su artículo 8 dice que no se empleará al Ejército en contra de las
manifestaciones “que se consideren constitucionales”; y los cambios al Código Civil cierran el círculo “para
limitar la protesta asocial, la crítica en redes sociales y las convocatorias a manifestarse en contra del régimen”.
La mordaza oculta
La tarde del jueves 14, la Cámara de Diputados esperaba que llegara la minuta de la Ley de Seguridad Interior
procedente del Senado. Para ello, como en la mayoría de los cierres de periodos ordinarios, los legisladores
habían decidido aprovechar el tiempo “sacando” las decenas de dictámenes que no habían procesado.
La Junta de Coordinación Política, donde el PRI y sus aliados Panal y PVEM hacen mayoría, acordó votar en
paquete los dictámenes. Es decir, se mencionaba un dictamen y de inmediato, sin someterlo a discusión o
explicación de sus alcances, se sometía a votación. Enseguida se procedía igual con el siguiente dictamen.
Los cambios, que incluyen a “los medios electrónicos” como vías para causar “daño moral” a quien difunda un
“hecho cierto o falso”, fueron votados por todos los partidos. Al momento de la aprobación había 387
legisladores: 179 del PRI, 82 del PAN, 30 del PRD, 28 del PVEM, 38 de Morena, 15 de MC, ocho del Panal,
seis del PES y un diputado independiente. Ninguno de los presentes votó o pidió la palabra para hablar en
contra. De ahí que los cambios salieron “por unanimidad”.
Las modificaciones fueron propuestas el jueves 7 al pleno por el diputado priista Pablo Elizondo García, de
Nuevo León. El mismo día se envió la iniciativa a la Comisión de Justicia, que también preside el PRI. Ahí,
Morena se abstuvo de votar y el resto de los partidos respaldó la reforma. Dos sesiones después, se sometió a la
votación del pleno en medio de decenas de dictámenes.
Ante las críticas publicadas en algunos medios y los señalamientos de que la libertad de expresión se veía
amenazada, César Camacho Quiroz, coordinador del PRI en San Lázaro, ofreció entrevistas en diversos
noticiarios de radio. El miércoles 20 aclaró que el artículo no es nuevo y que el daño moral por comunicar “un
hecho cierto o falso” que cause deshonra, descrédito o perjuicio tiene muchos años en el código.
¿Entonces para qué hacer cambios, si el artículo ya estaba en la ley?, se le preguntó a Camacho Quiroz, ya que
él sostuvo que “sólo se amplía a los medios electrónicos”.
El coordinador de la banca priista rechazó que se pretenda coartar la libertad de expresión e incluso aseguró:
“Queda a buen recaudo la libertad de expresión de las personas. Hoy son los memes, los medios electrónicos,
los que tienen preponderancia, pero desde antiguo las caricaturas, pícaras, son parte de nuestra vida cotidiana”.
Aclaró que el respeto a la libertad de expresión se resguarda con el artículo 1916 bis del Código Civil Federal,
“que consagra el derecho de opinar, criticar, el derecho de expresión, en los términos de la Constitución; de
modo que especialmente el periodismo o las redes sociales deben quedar tranquilas porque su trabajo está a
buen recaudo”.
No obstante, para Cárdenas Gracia “el artículo bis se contradice, pero lo peor es que ambos articulados, el 1916
y el 1916 bis, quedan a interpretación del juez ante quien se turna la denuncia por daño moral, lo que no
garantiza que se resguarde la libertad de expresión”.
Recuerda, por ejemplo, la denuncia por daño moral que la viuda del expresidente José López Portillo presentó
contra la periodista Isabel Arvide: “En su defensa, la periodista invocó el artículo 1916 bis, el cual dice: ‘no
estará obligado a la reparación del daño moral quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión e
información, en los términos y con las limitaciones de los artículos 6º y 7º de la Constitución’”.
Pero el juez no lo quiso reconocer y ella fue sancionada con una multa, recuerda Cárdenas. Entonces, enfatiza,
sí se atenta contra la libertad de expresión al quedar a interpretación del juez, pese a que el priista Camacho
Quiroz sostenga que “hay que hacer una interpretación completa del precepto”.

25. El jurista reitera que se coarta la libertad de expresión, se puede limitar el uso de las redes sociales e inhibir a
los líderes de opinión imponiéndoles multas que pueden ser millonarias.
Camacho Quiroz dijo que, en todo caso, si hay que asumir una responsabilidad sobre los cambios, lo debe hacer
la Cámara de Diputados: “Al final nos hacemos cargo políticamente todos los grupos parlamentarios de su
contenido”, porque todos votaron a favor: la reforma fue aprobada por unanimidad.
Arturo Santana Alfaro, vicepresidente de la Mesa Directiva y diputado del PRD, aclara: “No todos los diputados
del PRD votamos a favor. Yo no lo hice, y sí creo que es un atentado contra la libertad de expresión”.
Advierte que “aún no se consuma el atentado”, pues todavía tiene que ser revisado y aprobado por el Senado,
que ahora se encuentra en receso.
“Hay una extralimitación legislativa –continúa–. El día que se aprobó, todos estábamos metidos en el tema de la
Ley de Seguridad Interior y no se le puso la debida atención, pero aún tenemos la instancia del Senado para
corregir esta pifia legislativa”, dice Santana Alfaro, que efectivamente no figura como votante en favor en los
reportes de la cámara.
Para él, la aprobación de esa reforma en un proceso electoral tan competido “es preocupante y trataremos de
echarla abajo”.
“Creo que esta ley puede ser impugnada ante la Suprema Corte, ya que transgrede principios fundamentales del
derecho mexicano, como el derecho a la libertad de expresión. Yo hago un llamado a todos los medios de
comunicación para que se opongan y se manifiesten en contra de esta reforma”, puntualizó el legislador
perredista.
En el dictamen de la Comisión de Justicia se planteó que los cambios al Código Civil eran necesarios para
sancionar a quienes incurren en daño moral con “actos de discriminación” y “ciberbullying”, pero eso nunca se
explicó en el pleno.
En ese documento se dice que el proponente “consideró necesario incluir dentro de la fracción I del artículo
1916 del Código Civil Federal una definición más amplia, como lo es la utilización de medios de comunicación
tradicionales y electrónicos, ya que dichos medios en la actualidad son utilizados como una herramienta más de
uso para poder realizar actos de discriminación o afectación hacia la víctima”.
Este reportaje se publicó el 24 de diciembre de 2017 en la edición 2147 de la revista Proceso.
Ejército acatará el fallo de la SCJN sobre la Ley de Seguridad Interior:
Cienfuegos
POR LA REDACCIÓN , 27 DICIEMBRE, 2017NACIONAL
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena),
Salvador Cienfuegos Zepeda, aseguró que el Ejército acatará el fallo de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) en torno a la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior que
regula el actuar tanto del Ejército como de la Marina.
De acuerdo con E-Consulta, durante la graduación de elementos de la Escuela Militar de Aplicación de las
Armas y Servicios (EMAAYS) en Puebla, Cienfuegos dio “la bienvenida” a la polémica ley, aunque aclaró que
esperará el resolutivo del máximo tribunal del país.
“Los militares le damos la bienvenida a la aprobación de esta ley y agradecemos el esfuerzo del Congreso para
otorgar esta ley que hemos estado solicitando. Estaremos atentos a las determinaciones que haga la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y como siempre ha sido, acataremos lo que se decida”, dijo.

26. Tras la aprobación de la Ley de Seguridad Interior por el Congreso de la Unión, el presidente Enrique Peña
Nieto promulgó la norma el pasado 21 de diciembre, para que la SCJN sea quien decida sobre la
constitucionalidad de su aprobación.
Esta regulación legislativa faculta a las fuerzas castrenses del Ejército y la Marina para intervenir en acciones de
combate a la delincuencia, que actualmente solo son responsabilidad de las fuerzas de seguridad pública, sin
embargo, la indefinición de límites trajo consigo una serie de protestas en contra de la sociedad civil.
Ley de Seguridad no beneficia a
ciudadanos, al Ejército, ni a la Policía:
CNDH ante promulgación
De acuerdo con la CNDH, la Ley de Seguridad Interior “posibilita que se vulneren derechos y
libertades básicas reconocidas en favor de los mexicanos", además de que no implica beneficio para
las personas, para elementos de las Fuerzas Armadas ni para policías.
Ley de Seguridad Interior “posibilita que se vulneren derechos y libertades de mexicanos", señala
CNDH.Cuartoscuro
Redacción Animal Político
FONDEA el periodismo independiente
Por la ambigüedad de su redacción, que podría provocar y promover la intervención de las Fuerzas Armadas en
“cualquier actividad, en tanto la misma sea calificada de riesgo a la Seguridad Interior”, y porque esta
“contraviene principios reconocidos Constitucionalmente”, la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) se pronunció contra entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior y anunció que
promoverá acciones para prevenir que se vulneren derechos humanos.
De acuerdo con la CNDH, la Ley, promulgada por el presidente Enrique Peña el pasado 21 de diciembre, “posibilita que
se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos, que se afecte el equilibrio
constitucionalmente establecido entre las entidades, instituciones, órganos del Estado y poderes, así como el que se
apliquen condiciones de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana”.
En opinión de la Comisión, la ambigüedad y generalidad de su redacción hace que en términos de su artículo 2,
la Ley pueda aplicarse y promover la participación de Fuerzas Armadas en actividades clasificadas como de
amenaza o riesgo a la seguridad nacional, “sin que existan parámetros para determinar objetivamente cuándo se
afecta el desarrollo del país, el orden constitucional, el Estado de Derecho o la gobernabilidad democrática”.

27. Además, expresó, esta norma contraviene principios reconocidos Constitucional y legalmente en materia de
transparencia, acceso a la información y protección de las víctimas, pues en su artículo 9 promueve la reserva de
información vinculada a su aplicación, y en el artículo 21 impone a organismos como la CNDH proporcionar
información sobre los casos de posibles violaciones a derechos humanos que indagan.
“Sin parámetros objetivos que la acoten y, por ende, con interpretaciones altamente discrecionales, puede darse
el supuesto de que, aun cuando este Organismo investigue violaciones a derechos humanos cometidas por
miembros de las Fuerzas Armadas u otras autoridades federales, se vea obligada a entregar los expedientes
respectivos a las propias instancias que investiga, violentándose los derechos de las víctimas y propiciando que
en estos actos no exista verdad, justicia y reparación”, acusó la Comisión.
Lee: Detenciones militares y espionaje, lo que está en juego con la Ley de Seguridad Interior.
En opinión de la Comisión, la Ley de Seguridad Interior no implica un beneficio inmediato para las personas, ni
favorece a los elementos de las Fuerzas Armadas o policías, “por el contrario, abre una ventana para que, al
amparo de la ambigüedad, la opacidad y la falta de una debida y oportuna rendición de cuentas, se legitime una
mayor intervención estatal en la esfera de garantías y libertades de las personas”.
De acuerdo con la CNDH, aunque el presidente Peña señaló que no emitirá una declaratoria de Protección de
Seguridad Interior, en tanto no se resuelvan las controversias y acciones de inconstitucionalidad de la Ley por
parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), su aplicación no depende exclusivamente o está
determinada por la emisión de declaratorias.
Por ello, anunció que continuarán promoviendo acciones conducentes para prevenir que se violente el orden
constitucional vigente y se vulneren los derechos humanos de los mexicanos, y expresó su confianza en que la
SCJN decida sobre la Ley atendiendo a su obligación como “garante máximo de la constitucionalidad en
México”.
Ley “es inconstitucional”: #SeguridadSinGuerra
El rechazo a la Ley de Seguridad Interior de la CNDH se suma al de organizaciones sociales, colectivos y
académicos que han expresado que, a su criterio, el contenido de la ley “es inconsitucional”.
Te puede interesar: Las 14 razones de la ONU para rechazar la Ley de Seguridad Interior.
En un comunicado, el Colectivo #SeguridadSinGuerra, conformado por más de 250 organizaciones de la
Sociedad Civil y más de 100 personas, acusó que con la promulgación de la ley el presidente Peña Nieto cerró
“un lamentable ciclo de imposición, opacidad, simulación y alejamiento con la sociedad civil”, desdeñando el
diálogo que él mismo solicitó.
“Si el Presidente tiene dudas acerca de constitucionalidad de la ley, lo responsable habría sido hacer las
observaciones pertinentes al Poder Legislativo, como lo marca la Constitución, y no promulgar una ley
peligrosa y que considera de dudosa constitucionalidad”, señaló el colectivo #SeguridadSinGuerra.
“Hoy es un día muy triste para la nación, pero sus ciudadanos estaremos a la altura del reto que implica
construir un Estado de derecho a pesar de un gobierno que desprecia a la Constitución y socava a sus
instituciones”, agregaron.
Por su parte, Enrique Peña señaló que, hasta que el máximo tribunal no decida sobre su constitucionalidad, no
emitirá ninguna declaratoria de seguridad interior.
“Soy consciente de que este ordenamiento, que habré de promulgar esta tarde, es especialmente sensible, para la
vida pública del país. Por eso no emitiré declaratoria de protección de seguridad interior en los términos de esta
ley, hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad”.
Peña Nieto mencionó que, aunque no emitirá alguna declaratoria de protección prevista en la ley, “ello no
significa que dejará de haber intervención de la Federación en materia de seguridad pública, en auxilio de los
estados que hoy lo necesitan”.

28. Este Gobierno ha dado a Televisa y TV
Azteca10 mil 692.6 millones en
publicidad… y sólo hasta 2016
Por Daniela Barragán
De entre todos los medios de comunicación, el Gobierno federal prefiere la
televisión y de entre las opciones, prefiere a Televisa y TV Azteca. Esas dos
televisoras han sido las más beneficiadas de las campañas de comunicación
social de la administración de Enrique Peña Nieto en el periodo 2013-2016,
de acuerdo con cifras de Fundar.
Y mientras las dependencias federales quieren estar en los canales de las
dos grandes televisoras, este sexenio, para ellas, ha significado el declive y
la crisis y se vieron obligadas a reformarse internamente para poder
innovar sus contenidos y recuperar televidentes.
Según los lineamientos de las campañas de comunicación social de la
Secretaría de Gobernación, cada dependencia debe seleccionar los medios a
los que va a pagar por difundir su campaña por su penetración y cobertura,
por ejemplo. De cumplirse con esa regla, se tendría que concluir que esas
empresas son las que siguen a la cabeza de las preferencias en la gente.
El dinero sin control enferma la relación prensa-Estado y daña
la democracia, dicen observadores
Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).- Si se ingresa al Portal de
Obligaciones de Transparencia (POT) y se buscan los contratos que se le han dado
a Televisa, se puede encontrar uno de 187 millones de pesos del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), uno de 26 millones 724 mil 137 pesos para hablar sobre el nuevo
Modelo Educativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) o 25 millones que pagó la

29. Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para difundir una campaña de atención a
mexicanos en el extranjero.
Ocurrirá lo mismo si se exploran los contratos con TV Azteca: uno de 12 millones de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para difundir sus logros o de 17
millones 250 mil pesos que pagó el ISSSTE por la transmisión de 78 spots de 20
segundos.
Pero durante la administración de Enrique Peña Nieto –de 2013 a 2016– esas dos
televisoras han recibido en total 10 mil 692 millones 560 mil pesos a cambio de difundir
su publicidad.
En 2013 se les pagaron 2 mil 061 millones; en 2014, 2 mil 722 millones; en 2015, 2 mil
761 millones y en 2016, 3 mil 148 millones 280 mil pesos, de acuerdo con cifras de la
organización Fundar. Es decir, entre el primer año de gestión de Peña Nieto y hasta el año
pasado creció mil 087 millones de pesos la inversión en publicidad en los gigantes
televisivos, es decir un 52.7 por ciento.
El informe más reciente elaborado por esa organización, es directo en este sentido: de
2013 a 2016, los proveedores que más recibieron dinero para publicidad fueron Grupo
Televisa, con el 17 por ciento total del presupuesto gastado en ese periodo que asciende a
37 mil 725 millones. A TV Azteca le ha tocado el 9.8 por ciento.
De la distribución del gasto en publicidad oficial en general, el Gobierno invierte más en
televisión que en cualquier otro medio: en 2013 se ejerció el 35.5 por ciento del gasto en
televisión y en 2016, el 37.8 por ciento. En radio, para cada uno de los cuatro primeros
años de esta administración se destinó alrededor del 20 por ciento de la publicidad y los
medios impresos alcanzaron el 17 por ciento para cada año.
Enrique Peña Nieto, Presidente de la República; Jose Antonio Meade, precandidato del PRI a la Presidencia; Ricardo Salinas
Pliego, presidente del Consejo de Grupo Salinas durante el evento conmemorativo a los 15 años de Banco Azteca, celebrado en
Campo Marte. Foto: Cuartoscuro

30. En Cine e Internet es donde menos se gasta; van de 0.5 por ciento y 2 por ciento y 5 por
ciento y 7 por ciento, respectivamente.
“Uno de los principios básicos establecidos por la Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, [señala que] para la
adecuada distribución de los recursos en publicidad oficial ésta no debe ser discrecional,
en otros términos, debe responder a criterios claros y transparentes, para que no favorezca
a los políticos ni a los medios de comunicación. A pesar de esta máxima, las cifras
reflejan que el gasto en esta primera mitad de la administración de Enrique Peña Nieto se
concentra en un grupo muy limitado de proveedores”, se explica en el informe de Fundar.
En los últimos cuatro años, solo seis proveedores recibieron el 38.8 por ciento (14 mil
073 millones de pesos) del gasto total en publicidad oficial.
La preferencia puede verse por año: en 2013, ambas televisoras concentraron el 25.2 por
ciento del presupuesto; en 2014 el 24.1 por ciento; en 2015 el 27.7 por ciento y en 2016,
el 29.4 por ciento.
“Estas cifras sólo contemplan al gasto exclusivo en televisión –no engloban el dinero que
estos grupos han podido recibir a través de sus otras empresas de medios impresos, radio,
internet y “otro” tipo de medios–. La concentración del gasto incurre en Televisa y TV
Azteca, de entre 78 proveedores de televisión”, agrega el informe.
Esas cantidades de dinero se pueden resumir, si acaso, en 210 contratos, como fue el caso
de Televisa en 2016.
En lo que respecta a 2017, de acuerdo con las bases de datos de comunicación social de la
Secretaría de la Función Pública (SFP), las dependencias federales han gastado de enero a
agosto, mil 932 millones 558 mil 689 pesos. Esto es, 4 millones 557 mil 921 pesos
gastados cada día de 2017 o 189 mil 913 pesos cada hora de este año.
Las dependencias federales realizaron gastos de publicidad durante los primeros tres
meses por 12 millones 550 mil 051 pesos. Para abril, la cantidad ascendió a los 83
millones 925 mil 795 pesos.
Para mayo, la cifra ya era de 279 millones 524 mil pesos, pero fue en junio que dio el
brinco a los mil 010 millones 240 mil 328 pesos, para julio creció a mil 428 millones 323
mil pesos.
Al corte de agosto, el último mes disponible al momento, la cifra ya estaba en mil 932
millones 558 mil 689 pesos.
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El Gobierno tiene comprada la línea editorial de una gran parte
de la prensa en México, dice NYT
POR OTRO LADO, LA CRISIS
Para Televisa y TV Azteca, la administración de Peña Nieto no se ha traducido en
bonanza pura, luego de la ininterrumpida que vivieron ambas en años atrás.

31. Especialistas han señalado dos causas: las exigencias de las audiencias y la relación de
estas dos empresas con Peña Nieto, el presidente con los peores índices de popularidad.
No fue coincidencia que las crisis de Televisa y TV Azteca y del PRI–y la magnitud de
éstas– se hayan desarrollado en el mismo periodo y demostró que el modelo por el que
apostaron durante décadas no dio para más. Esa codependencia hizo crisis en sus
estructuras.
Fue en 2015, con el resultado de los estados financieros que reporta en la Bolsa Mexicana
de Valores (BMV), cuando se supo que la abundancia había terminado. Para entonces
esas dos empresas poseían el 94 por ciento de las estaciones concesionadas y acaparaban
el 99 por ciento de los ingresos de publicidad.
Ambas compañías previeron una etapa complicada derivada de los cambios en el marco
regulatorio, por más competencia, la reducción de contratos de publicidad –las ventas
locales de publicidad cayeron 5.4 por ciento al cierre de 2014– y la imposibilidad de
poder pagar su deuda.
Peña y Televisa, una historia añeja. Foto: Cuartoscuro
Pero en medio de todo, vino un premio. De acuerdo con una investigación publicada
por SinEmbargo, Televisa fue una de las empresas que logró la condonación de un
crédito fiscal que ascendía a 3 mil 334 millones de pesos. La empresa de Emilio
Azcárraga Jean pagó sólo el 10 por ciento del adeudo; es decir, dejó de pagar 2 mil 990
millones de pesos.
La multa venía desde 2005 cuando reportó una cifra menor de utilidades y las justificó
con la adquisición de las pérdidas de la empresa Comtelvi que adquirió ese año, con lo
que disminuyó el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

32. En lo que respecta a TV Azteca, ese 2015 de pérdidas económicas, los números
presentados por la televisora del Ajusco ante la Bolsa eran rojos: en el segundo trimestre
había perdido 630 millones de pesos netos y una de muchas causas era mayores gastos
contra menores ingresos. Además, los anunciantes, gastaron más en plataformas digitales
que en señales de televisión.
Pero finalmente, un alivio llegó del Gobierno federal y el SAT le condonó 13 millones
280 mil pesos a su filial Azteca Novelas de multas por no pagar impuestos ese año en el
que tuvo que darle la cara a uno de sus episodios más entramados.
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En un sexenio con ríos de dinero para prensa, el Gobierno no
pudo ni comunicar, dicen especialistas
El Estado mexicano y la prensa
Por Jorge Javier Romero Vadillo
La relación con la prensa se consolidó con base en incentivos institucionales e intercambios mutuamente provechosos, aunque
no escritos. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro

33. Benito Juárez es, en más de un sentido, el fundador del Estado mexicano; no solo porque
fue él quien encabezó a la coalición que finalmente controló todo el territorio nacional,
sino, sobre todo, por haber inaugurado la forma de articulación entre las reglas formales e
informales que ha sido característica del entramado institucional mexicano. Juárez se hizo
con el poder como defensor de la Constitución liberal de 1857, pero solo gobernó,
durante los 14 años en que se ostentó como presidente de la República, ya fuera real o
meramente virtual, algo así como 180 días sin algún tipo de poder de emergencia que le
permitía gobernar por encima de la constitución, y esos días no fueron continuos. Fue él
quien institucionalizó el fraude electoral y también fue el Benemérito quien inició la
peculiar forma de control de la prensa que acabó arraigándose en el país.
La libertad de prensa era uno de los principios básicos de la ideología liberal en nombre
de la cual Juárez había hecho la guerra y, finalmente, se había hecho con el poder
efectivo. Su legitimidad simbólica abrevaba de su lealtad a la Constitución de 1857, por
lo que no le convenía ejercer el poder de manera abiertamente dictatorial. Sin embargo, la
prensa libre era una monserga, pue constantemente criticaba sus excesos: sus intentos por
modificar la Constitución con un método –el referéndum– inconstitucional o su reiterada
utilización del fraude electoral para hacerse con diputados y gobernadores leales. Pero
como no hubiera sido muy liberal cerrar a los periódicos díscolos, buscó un antídoto
contra la prensa oposicionista: la prensa subvencionada.
Su sucesor, que era lerdo tan solo por su apellido, continuó la estrategia inaugurada por el
prócer, con lo que durante su gobierno fueron favorecidos con recursos públicos los
periódicos adictos, mientras que se marchitaban en la inopia los recalcitrantes, en un país
donde la población letrada era minúscula. Con todo, la proverbial racanería de Lerdo
llevó a que al final de su mandato la mayoría de los periódicos lo convirtieran en blanco
de sus ataques y a que contribuyeran a la causa porfirista.
Porfirio Díaz, demasiado buen político para ignorar la eficacia del método, aumentó
considerablemente las subvenciones a los periódicos oficiosos y favoreció con empleos y
oportunidades a los escritores adictos, al paso que organizaba el vacío oficial en torno a
los disidentes. La aparición de la prensa industrial, en 1896 con El Imparcial –
contradictorio nombre para un diario abiertamente gobiernista– marco el punto de
madurez de un arreglo que acabaría por crear una trayectoria institucional que ha
sobrevivido a la Revolución, primero, y al surgimiento de la pluralidad política en
tiempos más recientes: recursos y premios a los devotos, hostigamiento y vacío a los
críticos, que subsistían en un estado permanente de semiclandestinidad.
Madero quiso revivir a la Constitución de 1857, convertida en mera ficción aceptada por
el régimen del caudillo. Así, eliminó las subvenciones a la prensa y dejó plena libertad a
los críticos. Pagó caro su ingenuidad, pues fueron los periódicos enardecidos por la
sequía de recursos públicos para su subsistencia los principales promotores de la
demolición de su gobierno.
Carranza había aprendido la lección, así que en cuanto se consolidó en el poder promovió
la creación de un periódico adicto: El Universal,que sin duda ha sido consecuente en su
línea editorial durante sus 101 años de vida, como alardeaba en su editorial del martes 26
de diciembre, pues siempre ha sido un periódico al servicio del gobierno en turno, lo que
le ha redituado a sus propietarios y a sus directivos pingües beneficios. Y aunque

34. surgieron periódicos críticos y opositores durante los primeros años del nuevo régimen,
gradualmente los mecanismos de domesticación ensayados durante el porfiriato se fueron
perfeccionando con el tiempo.
Fue Lázaro Cárdenas quien creó el instrumento más efectivo para obtener la disciplina de
los periódicos: el monopolio estatal de la producción e importación del papel. No se
trataba del ejercicio de una censura abierta, pues las críticas al gobierno subsistían en
diarios comoExcélsior o Novedades, de orientación católica y empresarial, pero
comenzaron a tener límites claros, que los propios directivos establecían. Cárdenas
también convirtió a El Nacional, primero vocero del Partido Nacional Revolucionario, en
el periódico del gobierno, mientras que la CTM creó El Popular, también dedicado a la
exaltación cardenista y, desde luego, financiado con recursos públicos.
Ya en la época clásica del régimen, a partir del pacto de 1946, a pesar de que hubo
periódicos con diferentes orientaciones ideológicas –El Popular, hasta 1961, y El Día, a
partir de 1962, a la izquierda;Novedades o Excélsior y, sobre todo desde 1965, El
Heraldo, como voceros de la derecha católica y empresarial– la relación de
subordinación política con el régimen se mantuvo y los límites a la crítica eran precisos:
no se cuestionaba ni al presidente ni al ejército.
La relación con la prensa se consolidó con base en incentivos institucionales e
intercambios mutuamente provechosos, aunque no escritos. A pesar de las características
autoritarias del régimen, la censura abierta generalmente no era necesaria. La naturaleza
del vínculo, durante la época de la prensa oficialista, se definió por una complicidad
estable que permitía a unos hacer como que informan a cambio de distintas formas de
subvención estatal: el costo del proteccionismo se reflejaba en las dificultades de la
prensa para desarrollar su independencia económica.
Junto a la reciprocidad no escrita, la opacidad de la relación también provenía de la falta
de definición de las normas que fijaban los límites entre la esfera del poder y la de la
prensa. La falta de claridad en el marco legal–normativo facilitaba la disuasión cuando la
negociación fallaba. La discrecionalidad con la que se manejaba la publicidad estatal, o la
amenaza con sanciones fiscales, eran la clave para lograr la docilidad. La política
discrecional de subsidios ocultos por medio de la publicidad oficial fue el instrumento de
presión privilegiado para una prensa generalmente flaca en tirajes en un país donde nadie
lee.
¿Qué cambió de todo esto con la pluralidad democrática? Obviamente, nada.

35. NYT y la prensa oficialista:Grupo
Imagen, La Razón,Excélsior…
Por Martín Moreno
+ Gobierno de Peña y la censura financiada
+ “No te pago para criticarme”
A esas vocerías oficialistas, a esa penosa conducta periodística, se refiere The New York Times. Foto: Presidencia/Cuartoscuro
El reportaje de The New York Times – bajo el cabezal: “Con su enorme presupuesto de
publicidad, el gobierno mexicano controla los medios de comunicación”-, desnuda y
exhibe dos asuntos vergonzantes: la manera como el gobierno de Peña Nieto controla y
censura la información en México, y la complicidad otorgada por algunos (subrayo
algunos) dueños de medios, directivos y periodistas – no todos, por fortuna-, que forman
parte de esa alianza y que censuran temas incómodos o contrarios hacia el gobierno,
reprimiendo a periodistas críticos y alquilando su pluma no sólo para defender al PRI,
sino también, para atacar a sus opositores.
La prensa vendida, pues.
Esa prensa oficialista beneficiada que incluye, de acuerdo al revelador reportaje de Azam
Ahmed en NYT, una inversión por…¡2 mil millones de dólares durante el gobierno de
Enrique Peña Nieto, destinado a publicidad en medios! El despilfarro más alto en la
historia. Y Ahmed retoma y actualiza un viejo lema del gobierno hacia los medios: “No
te pago para criticarme”.
Obligado, leer el reportaje de NYT.

36. Y obligado para periodistas mexicanos, también, contribuir a denunciar la censura
mediática que impera en México. ¿Cómo? Exhibiendo algunos casos concretos de cómo
opera, de manera interna, esa censura en medios para favorecer a gobiernos y a políticos,
la forma como se justifica, y cómo se amenaza inclusive a diarios críticos que no aceptan
condiciones de priistas en su línea editorial, con nombres y apellidos.
En esta columna, algunos casos:
GRUPO IMAGEN. Mensajes vía Whats App enviados a sus conductores de televisión y
radio para ordenarles qué temas deben ser censurados en sus noticieros. Fueron emitidos
por Jorge Basurto, asistente del director de Noticias y Contenidos de Grupo Imagen
Multimedia (GIMM), Ignacio Anaya Cooley, en octubre pasado, y entregados a esta
columna:
“Hola, nos ayudan con estos temas que nos están encargando por favor….
“No subamos cosas negativas sobre Graco, Gali y Raúl Cervantes por favor. El tema de
Gamboa y el helicóptero no nos vamos a subir.
“También nos piden que no nos subamos a este tema por favor…(y anexa una
información publicada en SinEmbargoMX el 17 de octubre, bajo el título “Secta
llamada NXIVM marca a mujeres con hierros calientes; en México, hijo de Salinas es
miembro).
Así opera la censura de temas en Grupo Imagen.
“Juntos somos libres”, es su eslogan.
*****
LA RAZÓN. Un columnista se reunió con un alto directivo del diario La Razón de
México. Al abordar el tema de la línea editorial, lo primero que se le dijo, fue:
-Para que seamos claros: este periódico sobrevive gracias a que el ochenta por ciento de
su publicidad es del gobierno federal, y un quince por ciento más proviene del gobierno
del Estado de México. ¿Estamos?
Nada qué agregar.
*****
EXCÉLSIOR. Tamaulipas ardía. El crimen organizado mandaba y masacraba. Gobiernos
ausentes. La población civil era asesinada.
Como columnista de Excélsior, escribí del tema Tamaulipas de frente, sustentado, en
mis Archivos del poder. Lorena Rivera, editora de opinión, me avisó que la columna no
se publicaría “por órdenes del ingeniero Rivera (Ernesto Rivera, director del periódico)”.
Al término de una comida colectiva, platiqué con Pascal Beltrán del Río, director
editorial de Excélsior:

37. Lo de Tamaulipas es muy grave, Pascal. La situación está cada vez peor. Pero en el diario no quieren que
se escriba de ello. ¿Puedes hablar tú con ellos, y hacerles entender la gravedad del conflicto?
Yo lo veo, no te preocupes-, respondió Beltrán del Río.
Jamás hubo respuesta. El tema siguió censurado en Excélsior.
Con el tiempo, Pascal Beltrán del Río mostró otro rostro de la censura en el periodismo
mexicano: mediante su columna “Chalchihuapan, los hechos”, del 24 de julio de 2014, se
convirtió en portavoz del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, al abordar el
conflicto en San Bernardino Chalchihuapan, donde resultó muerto el niño José Luis
Tehuatlie por proyectiles usados por policías poblanos, según dictaminó finalmente la
CNDH.
Pascal – según reveló el periodista poblano Arturo Rueda-, utilizó “datos de una
presentación elaborada por el gobierno morenovallista para deslindarse de los hechos
sangrientos ocurridos en Chalchihuapan y los presentó como una `investigación propia`
en su columna “Bitácora del Director”. (A mayor detalle, ver el libro El
Derrumbe. Martín Moreno. Capítulo “Los aliados de Peña Nieto”. Pags.130, 131,
132,133, 134 y 135).
A esas vocerías oficialistas, a esa penosa conducta periodística, se refiere The New York
Times cuando cita, en el reportaje de Azam Ahmed:
“Algunos secretarios de prensa del gobierno, les exigen abiertamente una cobertura
positiva antes de firmar un contrato publicitario.
“El resultado es un panorama mediático en el que los funcionarios federales y estatales
dictan las noticias de forma rutinaria, exigiéndole a los medios qué es lo que deberían y
lo que no deberían informar…”
En el reportaje de NYT, se cita textual:
“Tanto La Jornada como Grupo Imagen, empresa matriz de Excélsior, no respondieron a
las repetidas solicitudes de entrevistas para este trabajo”.
*****
“La mayoría de los medios mexicanos han dependido de la publicidad pública durante
tanto tiempo que no sobrevivirían sin los aportes del gobierno, lo que otorga a los
funcionarios una gran influencia para presionar sobre la cobertura de ciertas noticias y
dejar a un lado otras informaciones…”, es otro pasaje del reportaje aparecido en NYT.
¿A qué se refiere el diario neoyorkino?
Damos otro ejemplo incluido, igualmente, en mi libro El Derrumbe(Pg.121):
-Les voy a romper la madre…
Así amenazó Luis Videgaray, brazo derecho de Enrique Peña Nieto, el amigo más
cercano al presidente, el secretario de Hacienda, a directivos del periódico Reforma, un

38. diario crítico hacia el poder político, incluido, por supuesto, el grupo hoy gobernante en
México.
-Pues esta plática terminará antes de lo previsto-, fue la respuesta a Videgaray.
Tras la amenaza, Grupo Reforma puso un tope al ingreso de publicidad gubernamental en
sus páginas, como medida precautoria, tras la fuerte advertencia del alto funcionario del
gobierno peñista.
Así se maneja el Grupo Toluca.
Así se maneja Videgaray, el principal aliado del Presidente Peña Nieto.
*****
El PRI, desde siempre, ha utilizado el dinero público para pagar publicidad en medios,
comprando así a dueños, directivos, editores y periodistas carentes de ética, ejercer la
censura y controlar la información. No es nuevo.
Sin embargo, el enquistamiento del PRI más corrupto, nocivo y antidemocrático: el
mexiquense, terminó por conformar la censura en una política de Estado.
Ni más ni menos.
ABRAZO DE AÑO NUEVO. Aunque los signos son más que preocupantes, a los
lectores de esta columna y a mis compañeros en SinEmbargoMX, les deseo un 2018
próspero y saludable.
TW: @_martinmoreno
FB / Martín Moreno
El dinero sin control enferma la relación prensa-
Estado y daña la democracia, dicen observadores
Por Daniela Barragán
El tema de la publicidad oficial está, otra vez, sobre la mesa. Desde años, algunos
medios nacionales han dado cobertura a la práctica discrecional y parcial que se
ha repetido en los gobiernos federales y estatales. El dispendio en ese rubro crece
y los lineamientos a la publicidad oficial que rigen a todas las administraciones
públicas –a cargo de la Segob y que podrían tirar buena parte de los anuncios
oficiales por los que se pagan millones cada día– son ignorados.

39. El problema, insisten periodistas, expertos y activistas en defensa de la
libertad de expresión, no es la publicidad oficialper se, sino su uso como
propaganda política con cargo al erario público y que se vuelve autoritario
con la prensa. El reportaje del diario The New York Times, señalaron,
impulsó otra vez el debate sobre el uso de esos millones de los mexicanos
que son entregados a privados, y el Gobierno mexicano, hasta el momento,
permanece mudo.
“La Secretaría de Gobernación mantiene el silencio porque sabe que es una
discusión perdida. Dicha dependencia ya no debería controlar los recursos
de la publicidad gubernamental ni mucho menos vigilar los contenidos en
medios impresos y electrónicos. Es indispensable hacer una reforma de las
atribuciones gubernamentales en este ámbito”, planteó Gabriel Sosa Plata,
experto y académico.
El Gobierno tiene comprada la línea editorial de una gran parte
de la prensa en México, dice NYT
Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).– En septiembre de 2016, la Secretaría
de Gobernación (Segob) difundía un comercial que era acompañado por un logotipo con
las iniciales del nombre de su titular Miguel Ángel Osorio Chong, y que giraba en torno a
su imagen y sus labores públicas.
Mediante una solicitud de información, SinEmbargo pidió a la Segob el monto y el
objetivo de la campaña que se desplegó. La respuesta oficial fue que esa campaña no
había significado algún gasto extra, ya que formó parte del plan anual de comunicación
social.
El video podría ser uno más de los tantos en los que se resalta la imagen de un
funcionario con dinero público, pero en este caso la Segob es la dependencia a la que le
corresponde formular, regular y conducir la política de comunicación social del Gobierno
federal y las relaciones con los medios masivos de información, así como orientar,
autorizar, coordinar, supervisar y evaluar los programas de comunicación social de las
dependencias del Sector Público Federal.
Además, es también la institución que debe autorizar los recursos destinados a
comunicación social.
Hoy el tema del uso de los millones de pesos empleados en publicidad por parte de los
gobiernos está, de nuevo, en la mesa luego de la publicación del reportaje“Using Billions
in Government Cash, Mexico Controls News Media” en The New York Times. La
reacción inmediata vino de los medios ahí señalados, pero hasta el momento, la Segob no
se ha pronunciado al respecto.
Para periodistas, académicos y activistas, el trabajo periodístico exhibió a una clase
política mexicana que no ha entendido muy bien la manera en cómo funciona la
democracia y evidencia un retroceso político que tiende al autoritarismo.
Aunque por otro lado, señalaron, luce una victoria que beneficia a esa misma clase, pues
puso de relieve que hay un Estado que ha logrado mantener quieta a la figura que debería
cuestionarle todos sus movimientos: los medios de comunicación.