El documento discute la crisis ambiental causada por la sequía en Casanare, Colombia y las responsabilidades de las compañías petroleras, el gobierno y las políticas de desarrollo económico. Señala que las políticas priorizan la extracción de petróleo sobre la protección del agua. También critica que el Ministerio de Medio Ambiente otorgue licencias ambientales sin una evaluación adecuada de los impactos, beneficiando así a las empresas. Finalmente, sugiere que detrás de las leyes de gobernanza del agua existe el objetivo
1. CASANARE EN EL DEVENIR DEL DESARROLLO ECONÓMICO
¿Hasta que punto llegara nuestra insensatez?...
Basta con decir que no habrá tal punto, porque después de las guerras,
conflictos, muerte, enfermedad, y violencia por no decir más, en las que ha
estado inmerso el mundo, aun hoy no hemos aprendido la lección; ¿Cuál?
EL FIN NO JUSTIFICA LOS MEDIOS.
Sin enfocarnos en ámbitos internacionales; Casanare es hoy el epicentro de la
noticia, a causa dela crisis ambiental que se viven en este momento, por la fuerte
sequía en Paz de Ariporo, tragedia que ha ocasionado la muerte de miles de
animales; sin embargo es tragedia solo para unos, ya que como lo menciona Luz
Helena Sarmiento,ministra de Medio Ambiente, para (Semana.com) la muerte de
miles de chigüiros (entre otros) “No fue la tragedia que los medios presentaron en
Casanare, hay un millón de chigüiros [...] solo se murieron 6.000″.
Es el momento de preguntarnos, ¿prima el bien general sobre el particular? ¿Se
considera entonces, que por estar en vía de desarrollo, en medio de un proceso
de globalización, el papel primordial lo debe tener el petróleo, sobre el agua, un
“bien común” como nos lo plantea la gobernanza del agua?
Efectivamente esto es lo que sucede,el bien primordial es el petróleo y no el
agua, puesto que la realización de proyectos de exploración extracción y
explotación petrolera, se hacen necesarios para la economía y progreso del país,
en consecuencia compañías como Pacific Rubiales, Geo Park, Cecolsa,
Ecopetrol, Petrominerales, Parex y New Granadanos presentan que estos
proyectos no pueden ser detenidos, y que al contrario de generar consecuencias
ambientales en este departamento, están generando beneficios; así lo menciona
Alejandro Martínez, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, que
congrega a las empresas que explotan el crudo en Casanare, “No estamos
generando los problemas de falta de agua. Lo que hemos hecho es solidarizarnos
con la región y ofrecer la ayuda que nos pidieron”, explicó para Semana.com.
Sin lugar a dudas esto resulta lógico para quienes se benefician de la extracción
de los recursos naturales, y de esta forma nos presentan tranquilamente, porque el
fin justifica los medios.
Sin embargo la pregunta de muchos es ¿Cuál es el control sobre las decisiones
que se toman, al entregar licencias ambientales? O con Luz Helena
Sarmiento,ministra de Medio Ambiente quien fue la responsable de entregar las
2. licencias a las petroleras que están generando la tragedia ambiental en
Colombia.
Pues bien, la crisis es tan grande que nadie quiere asumir responsabilidades, Luz
Helena Sarmiento la ministra de medio ambiente culpa a la Corporación
Autónoma Regional de la Orinoquia, la comunidad culpa a las petroleras, y las
petroleras a ganaderos y agricultores, y como es costumbre en nuestro país, el
gobierno, quien no ha dado un alto a las compañías petroleras, no quiere
aceptar su responsabilidad, ni perder los beneficios que estas le otorgan, por lo
que culpa al cambio climático, y como no hacerlo cuando Martínez responde
ante las acusaciones así, “Le corresponde a las autoridades ver qué hacen con
eso y nosotros como petroleros miraremos si nos vinculamos o no, cuando
necesiten nuestra ayuda.”(Semana.com)
En consecuencia, y olvidándonos de las compañías petroleras como eje central
del problema, la causa nace en las políticas de desarrollo económico del país, en
donde su protagonista es El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, quien se encarga del manejo medioambiental en Colombia a nivel
nacional. Debido a que estas políticas priman sobre su misión y objetivo en la
protección del ambiente; lo que ha ocasionado que el ministeriodirija sus tareas a
la expedición rápida de licencias ambientales donde no se hace la debida
evaluación del impacto ambiental de los proyectos, lo que genera que no haya
una clara estrategia para compensarlos, mitigarlos o minimizarlos, lo que a su vez
beneficia a las empresas responsables.
Es decir se evidencia una tendencia a flexibilizar los procesos de licenciamiento,
disminuyendo las actividades y requisitos necesarios para evaluar mejor los
proyectos.
No obstante, no olvidemos la ley de la gobernanza, que resulta muy pertinente al
mayor problema de esta tragedia, la sequía. Sin embargo, esta ley que se
desarrolla bajo la interacción de sistemas políticos, sociales, económicos y
medioambientales, que trabajan en pro de regular el desarrollo y gestión de los
recursos hídricos y la provisión de servicios de agua a diferentes niveles de la
sociedad, está siendo disfrazada bajo un objetivo oculto que es la privatización
del preciado líquido que efectivamente, es presentado como un bien común,
que por ser necesaria e indispensable para la vida nos atañe a todos y no puede
ser acaparada, ni privatizada, por nadie.