La Procuraduría General de la Nación destituyó a la senadora Piedad Córdoba de su cargo y la inhabilitó por 18 años debido a pruebas encontradas en los computadores del guerrillero Raúl Reyes que mostraban que Córdoba había instruido y solicitado a las FARC que suministraran pruebas de vida de los secuestrados para favorecer a otros gobiernos.