El documento advierte que tomar fotos o videos de alguien sin su permiso o grabar conversaciones secretas es ilegal según el Código Penal español. Se pueden enfrentar cargos de revelación de secretos, con penas de prisión de 1 a 4 años y multas. Si se difunden esas imágenes o grabaciones secretas a terceros, las penas pueden ser de 2 a 5 años de prisión.