Un comerciante de armas fabricaba bombas de racimo que vendía a su gobierno. Cuando el país prohibió esas bombas al firmar un tratado internacional, el comerciante demandó al gobierno. Luego ese comerciante fue nombrado Ministro de Defensa en España y ahora pagará una indemnización de 40 millones de euros a su antigua empresa por la prohibición de las bombas de racimo.