Este decreto establece la política pública de utilizar software libre en las entidades de la administración pública central ecuatoriana con el fin de alcanzar soberanía tecnológica y ahorro de recursos. Solo se permite usar software propietario cuando no exista una solución de software libre o cuando esté en riesgo la seguridad nacional o el proyecto informático se encuentre en un punto sin retorno. La Subsecretaría de Informática deberá realizar el control y seguimiento de la implementación de este decreto.