El documento critica la falta de implementación efectiva de la Ley de Dependencia en España. Señala la confusión causada por los diferentes criterios de las comunidades autónomas, la falta de financiamiento adecuado, y los largos retrasos en la valoración de grados de dependencia que a menudo llegan tarde. También critica que los partidos políticos usan la ley para ganar votos en lugar de ayudar a los afectados.