Este documento resume la legislación española relevante para los fraudes y estafas en Internet, incluyendo el Código Penal y leyes de propiedad intelectual, protección de datos, telecomunicaciones y firma electrónica. Explica que la función legislativa es clave para establecer un marco jurídico que tipifique actividades ilegales y guíe a las fuerzas de seguridad. También plantea preguntas sobre la necesidad de regular la red de forma centralizada y adaptar las leyes a nuevos delitos digitales.