El documento presenta opiniones a favor y en contra de una propuesta para procesar a menos consumidores de drogas y generar un marco legal que indique que la tenencia para uso personal no es un delito. A favor, Victoria Donda y Aníbal Fernández argumentan que la mayoría de los procesados son jóvenes pobres y se debe permitir la tenencia para uso personal. En contra, Federico Pinedo y Ricardo López Murphy opinan que esto no aborda las causas del problema y podría fomentar el consumo y acceso a drogas.