La petición solicita una investigación sobre los procedimientos administrativos iniciados contra la empresa AFINSA en España, que vendía sellos a inversores. Las autoridades españolas incautaron AFINSA en 2006 por un presunto esquema piramidal fraudulento, causando pérdidas a los inversores. Sin embargo, la legislación de la UE sobre servicios de inversión no se aplicaba a AFINSA porque no estaba autorizada como empresa de inversión y los sellos no son instrumentos financieros. Cualquier reclamación por daños debe ser resuelta a nivel nacional