1. Reforma a la Ley 30: <br />Por qué sí, por qué no<br />Gobierno y rectores chocan en torno a varias propuestas de la reforma a la educación superior. Estos son cuatro de los puntos que más generan polémica. <br />La propuesta del Gobierno para reformar la ley de Educación Superior (Ley 30 de 1992) causó malestar y deja inquietudes en la comunidad universitaria. Y aunque todos coinciden en que es hora de reformar la norma, existen posiciones del Gobierno y el sector universitario que chocan y motivan, con y sin fundamentos, lamentables y costosos disturbios como los vistos esta semana en varias instituciones públicas. <br />Han pasado 18 años desde que se expidió la Ley 30 de 1992 y el sector ha cambiado sustancialmente. Para ese entonces, no existía el Viceministerio de Educación Superior, el ICFES no era un instituto dedicado a la evaluación de la educación y el ICETEX no era un banco de segundo piso, por mencionar algunos cambios. Aunque la reforma se venía preparando desde la administración pasada, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación y los rectores de las universidades, la que presentó hace algunas semanas el presidente Juan Manuel Santos es más amplia y con propuestas polémicas. Semana.com seleccionó cuatro de los temas más polémicos de esta iniciativa de 144 artículos. 1. La empresa privada podrá invertir en las universidades públicas Para el presidente Juan Manuel Santos, si la educación pública quiere ser competitiva y de buena calidad no puede negarse a la posibilidad de tener fuentes de inversión privada. “Esta propuesta no significa de ninguna manera privatizar la educación pública, ni va a implicar mayores costos para los estudiantes”. El Gobierno advirtió que los recursos son limitados, por eso, aliarse con la empresa privada es una alternativa. “Hoy un empresario contrata servicios con la universidad, pero queremos que no solo contrate, sino que invierta capital para desarrollar proyectos específicos, que se meta la mano al bolsillo y genere innovación con las universidades (...) que pongan la plata, vendan servicios, desarrollen conocimiento y ojalá ganen bastante”, explicó la ministra de Educación, María Fernanda Campo. Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional, no ve clara la propuesta. “El ingreso del dinero del sector privado para investigación no es una novedad. Las universidades trabajamos con la empresa desde hace 40 o 50 años. Hay comités universidad-empresa-Estado en todas las regiones del país”, dice. Según los rectores una empresa invierte si puede obtener rendimientos o beneficios. La pregunta para las universidades es: ¿qué tanto ese interés privado puede chocar con la misión y con la verdadera función de las universidades? 2. Más plata para la universidad pública El Gobierno propone aumentar recursos para las universidades públicas en un 1 por ciento adicional al IPC en el 2012, un 2 por ciento en el 2013 y un 3 por ciento entre el 2014 y el 2019. Sin embargo, para las universidades, no es suficiente para sobrevivir con el número de alumnos que tienen y tendrán en el futuro.La molestia de las universidades públicas está en que el proyecto de ley no incluyó el reconocimiento y el reembolso del dinero que invirtieron en los últimos 13 años para aumentar la cobertura y mejorar la calidad. En ese tiempo “nuestro presupuesto se ha mantenido fijo con el Índice de Precios al Consumidor (...) En el año 2009 se hizo una adición de 70.000 millones de pesos, que es muy poco para el sistema de 32 universidades públicas con 600.000 estudiantes. Ese dinero no se ha terminado de pagar y es la única adición que han hecho en ese tiempo”, aseguró el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman. 3. Se crearán universidades con ánimo de lucro Es una figura que no existe en el país, incluso paras las universidades privadas, cuyas ganancias deben ser reinvertidas en la institución. Con la propuesta del Gobierno se abre esta puerta que genera inquietudes entre las instituciones públicas y privadas, por el riesgo de que se ponga en peligro la calidad de la formación superior. Según el gobierno, Brasil recurrió a este modelo que le permitió el aumento de la cobertura. “En 12 años pasaron de 1’800.000 estudiantes a casi 6’000.000, teniendo un 75 por ciento de instituciones con ánimo de lucro”, resaltó el presidente Santos. Para el rector de la Universidad Nacional el tema debe ir más allá de las cifras. “El fin social de la empresa es el lucro. Ha funcionado en países como Brasil, pero hay que ver los dos lados. No son universidades verdaderas; funcionan en forma muy eficiente dando el mínimo posible logrando cobrar el máximo posible, como buena empresa. En Brasil tuvieron un impacto fuerte en cobertura, pero nulo en calidad”. Agrega Wasserman que si se plantea crear este modelo, tiene que ser muy equilibrado, como también ocurrió en Brasil. “Hay que fortalecer a las universidades públicas, las que realmente hacen la calidad, dan el impulso y lideran el desarrollo del país”. 4. Autonomía universitaria Es tal vez el tema que más preocupa al sector. Para el Gobierno el proyecto fortalece el aseguramiento de la calidad, la acreditación y la evaluación de la educación superior. Pero para los rectores, el Ministerio de Educación tendría más poder para vigilar y sancionar, lo que algunos ven como una lesión enorme a la autonomía universitaria. “Es peligroso para la democracia que se le entregue tanto poder a un organismo ejecutivo, sin controles por parte de los órganos judiciales. La propuesta le da una fuerte capacidad sancionatoria al Ministerio, pero hay que tener cuidado porque realmente puede llevar a abusos”, afirma el rector de la universidad Jorge Tadeo Lozano y presidente de ASCUN, José Fernando Isaza.<br />http://www.semana.com/nacion/Seccion-online/3.aspx<br />Reforma educativa: ¿oportunidad o frustración?<br />Por: Myriam Jimeno/Isaac Dyner *<br />Necesitamos una educación superior de mayor calidad y más incluyente. Si queremos una sociedad más desarrollada y sin las alarmantes desigualdades sociales de hoy, el camino es la educación.<br />Este puede ser un gran acuerdo básico. ¿Cómo se sitúa el proyecto de ley que regula “el servicio público de la educación superior” frente a esa visión de futuro? Lo que le interesa a Colombia es lograr que mucho más del 40% de los jóvenes tenga acceso a la educación superior de calidad. Es decir, dejar atrás lo que Mauricio García llamó recientemente el apartheid educativo que impide reducir la brecha entre ricos y pobres.<br />La propuesta de ley define la educación como un servicio público con función social, que puede ser ofrecido —como ha sido la historia en el país— por entes públicos o privados. El proyecto exige condiciones que mejoren la calidad (registro calificado, evaluación de programas e instituciones, etc.) y mayor información e indicadores sobre el funcionamiento de las instituciones. Es decir, transparencia y rendición de cuentas, hábito incipiente que despierta ansiedad y no pocas resistencias. ¿Será una forma de lesionar la autonomía universitaria o de inmiscuirse en las universidades privadas, o es el ejercicio necesario para jalonar el sistema hacia mejores prácticas? Control y vigilancia son tan necesarios como libertad y autonomía; en su adecuado balance descansa la bondad del proyecto. En este caso, el proyecto es impreciso sobre lo que se le exige a las instituciones, pues los indicadores son demasiado genéricos. Por ejemplo, no se define cómo se establecen pesos relativos entre el aumento de cupos y la producción en investigación o a la formación de los docentes.<br />Crea, además, grandes intermediaciones para la asignación de nuevos recursos del Estado. Esta intermediación es muy perjudicial para la educación pública porque condiciona recursos adicionales a mecanismos por convenir, bien sea por el propio Ministerio o por entidades en proceso de consolidación como el Sistema de Universidades Públicas, u organismos colegiados sin adecuada capacidad de gestión como el Consejo Nacional de Educación (CESU). Es decir, se deja un margen demasiado amplio de mediaciones en las tres formas propuestas para la distribución de recursos adicionales para las universidades públicas.<br />Por ejemplo, si una universidad pública crea nuevos grupos de investigación, publica y patenta más, no recibe necesariamente más recursos, sino que tiene que presentarse a convocatorias reguladas por Colciencias. Lo grave es que sin recursos adicionales se empobrecerán y asfixiarán las mejores universidades públicas, cuyos indicadores las colocan a la cabeza en el país.<br />Los recursos adicionales diseñados por crecimiento del PIB y por desempeño institucional en aumento de la cobertura, investigación, productividad y formación docente y por el desempeño en los tres años anteriores son un esfuerzo considerable del Estado, si bien insuficiente. Pero sería una debilidad enorme dejar la distribución de apreciables recursos sujetos a conocidas prácticas de presión o sin la suficiente claridad para premiar a las que más avancen y a las mejores.<br />Si el Gobierno hace un esfuerzo por diseñar mecanismos que mejoren y hagan más diáfana la gestión en educación, si desea aplicarlos tanto a públicas como a privadas, lo que sería un gran paso, ¿por qué dejar indefinida la distribución de recursos entre las instituciones públicas según criterios tan vagos como “su grado de complejidad”, o con base en indicadores genéricos sin peso relativo y en manos de mecanismos sin transparencia? ¿Cómo y quién los definirá? ¿Qué implicaciones tendrá el riesgo de lesionar las universidades públicas del país que más progresan?<br />El proyecto define como meta ofrecer mejores oportunidades a mayor cantidad de jóvenes de menores recursos y que permanezcan en el sistema; los medios para lograrlo son inversión estatal, eventuales recursos privados, regulación e incentivos de buena gestión. ¿Por qué dejar abierta la posibilidad de prácticas indeseables y no diseñar un modelo de asignación directa de recursos, sujeto a indicadores de inclusión y calidad? Podríamos en otro artículo esbozar sus elementos centrales, con ánimo de contribuir a que esta oportunidad no quede en otra frustración.<br /> * Profesores Universidad Nacional de Colombia<br />http://www.elespectador.com/impreso/vivir/articulo-261378-reforma-educativa-oportunidad-o-frustracion<br />