1. Miguel Ernesto Pompa Corella
Diputado Federal
Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, martes 17 de agosto de 2010.
Sr. Guillermo Núñez López,
Presente.
Apreciable señor Núñez López:
A la argucia de sus afirmaciones publicadas hoy en Dossier Político le
es proporcional un desparpajo de escaso rigor en la observación y el análisis,
natural de primerizos, sobre la grave problemática nacional derivada de los
conflictos mineros en el país. Este nuevo cuño conseguiría extrañar a quienes
eventualmente conozcan su trabajo. O por lo menos puede hacerles levantar la
ceja.
Lejos de intentar reconvenir sus particulares opiniones sobre los
agravios laborales en México, le conmino a revisar el documento Indicadores de
Desarrollo Humano y Género, publicado por la Oficina México del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ahí verá que Cananea, particularmente,
ocupó en el año 2005 el mayor índice de desarrollo humano en Sonora,
superando incluso el de su ciudad capital Hermosillo. Como indicador social y
estadístico, sabrá usted que este catálogo está compuesto por tres parámetros:
vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno. Estos beneficios
sociales no surgieron por una generosidad desprendida. Fueron la vigencia del
Estado de Derecho en las relaciones laborales, la interlocución de los actores
políticos y sociales de la minería en Cananea y el legado de la Huelga de 1906
los factores que otorgaron a los trabajadores mineros su condición de
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persistencia, tenacidad y lucha por sus derechos. Estos componentes son sin
duda resultado de una cultura política democrática necesaria en los desafíos
que plantea el movimiento obrero en México.
Coincido absolutamente con usted cuando afirma que “los conflictos
por las propiedades mineras se estarán resolviendo en los tribunales de justicia
y en armonía en Arizona, no así en Sonora”. Me causa asombro, sin embargo,
que en su razonamiento no sólo no mencione la parcial actuación de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el conflicto en Cananea con su
clausura de canales de interlocución con la clase trabajadora, sino que parezca,
por omisión, que está usted subrepticiamente protegiendo a esa dependencia
federal. Baste para aportar un elemento importantísimo a su parcial
razonamiento: los visos de una mesa de negociación y construcción de
acuerdos para destrabar el conflicto en Cananea están surgiendo en la
Secretaría de Gobernación y no en la que corresponde al ministerio del trabajo,
la STPS. Una pena para quien suponga que los conflictos laborales se dirimen
solamente en instancias judiciales.
El dato puede parecer ocioso, señor Núñez, pero no es así: la validez y
la vigencia del antecedente de la escasa mediación está en la propuesta
permanente que los diputados integrantes de la Comisión Especial de
Seguimiento a la Problemática surgida por los Conflictos Mineros en el País,
que me honro presidir en la Cámara de Diputados, ha hecho saber,
presencialmente, tanto al subsecretario de esa dependencia, Roberto Gil Zuarth
como al propio secretario, Francisco Blake Mora y en su oportunidad, a
Fernando Gómez-Mont Urueta, siempre el mismo cometido: llamar a las partes
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a la negociación y al acuerdo. Le invito a que demuestre que es insulso
presentarle documentos sobre el tema y, al contrario, a conocer de primera
mano de las acciones que hemos propuesto en acuerdo los compañeros que
integramos la comisión especial mencionada. Usted indique lugar y hora, yo
personalmente con gusto dialogaré con usted.
Le pido respetuosamente admita una corrección a su artículo titulado
“Cananea y Rosemont”: cuando los mineros terminan un contrato, sea colectivo
o individual, no dejan de pertenecer “automáticamente” --como usted afirma-- a
la central obrera que prefieran, cualquiera que sea de su elección. Para que
ilustre sobre el tema, señor Núñez, es necesario reconocer en las bases de la
libertad sindical un aspecto crucial que es el debate en las mesas de la vida
obrera nacional hoy en día. Para quienes no son abogados o no conocen de
derecho, el tema puede parecer arduo y es, sin embargo, uno de los referentes
obligados para identificar el denuesto con el que hoy el Ejecutivo Federal se
refiere a los trabajadores agremiados todos, no sólo a los mineros. Lo saben los
obreros y los trabajadores; quizá algunos articulistas no.
Es más que pertinente señalarle que tanto en mis encuentros y
contacto permanente con líderes de la Sección 65 del sindicato minero como
con sus representantes nacionales, he insistido en el interés de la comisión
especial y en tanto, de mis compañeros diputados, de defender los derechos
laborales de los trabajadores. En ningún momento hemos requerido que se
retiren órdenes de aprehensión contra líder sindical alguno y hemos dejado en
claro que estamos atentos a derechos inalienables de bienestar, en tanto que
son trabajadores, en este panorama de depreciación del trabajo colectivo para
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beneficiar la de suplidores de servicios sin garantías sociales, problema que se
cierne entre otros empleados, sobre los mineros. Espero coincida usted en que
el “outsourcing” menoscaba derechos; le invito a dialogar sobre este tema, que
es amplio, y en el que es necesario encontrar coincidencias en la sociedad
mexicana.
Sus afirmaciones provienen de fuentes difusas, inciertas y generales.
O específicas, según las quiera comprender: en los resultados del Cómputo
Distrital de la elección de diputados federales por el principio de mayoría
relativa, en Nogales, un total 54 mil 123 votantes me honraron al elegirme
representante por esa ciudad fronteriza. Otro tanto lo hizo en el municipio de
Cananea, comprendido en el II Distrito Federal Electoral, que también
represento por el principio de mayoría absoluta. El voto corporativo en México
probó ya hace varios procesos electorales su desuso ante las penurias políticas
nacionales, agravadas en los últimos dos lustros. Así, no comprendo a qué se
refiere con aquello de perder por segunda ocasión.
El primero en tiempo es primero en derecho, reza un principio general
de jurisprudencia. Los criterios y las medidas que propuse al Pleno de la
Cámara de Diputados para que una comisión de diputados atendiéramos con
pertinencia los problemas mineros en el país, el de Cananea entre otros, fueron
valorados y votados a favor. Es estrafalario, por decir lo menos, que el estatuto
de la Comisión Especial de Seguimiento a la Problemática surgida por los
Conflictos Mineros en el País se debe a la influencia de ex gobernadores, de
líderes gremiales o de otros actores políticos. Pedirle que cite la fuente de su
afirmación sería solicitarle que declare los indignos intereses que usted, en lo
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personal y sin fundamento alguno, defiende y persigue. Bienvenido si desea
hacerlo.
Luego de que quedaran atrapados dos trabajadores mineros en un
socavón en Múzquiz por la escasa pertinencia de las autoridades laborales, es
de suponer que el carácter de mi trabajo como presidente de la referida
comisión especial llame la atención de agencias nacionales e internacionales
de información, así como de columnistas y articulistas locales y nacionales.
También es de suponer que existen plumas y articulistas que se estén a
motivos por encargo que les llevan a ignorar los derechos fundamentales de los
trabajadores y la historia del movimiento obrero nacional. Y en muchos casos,
señor Núñez, les lleva a ignorar la respuesta de los movimientos obreros
locales y su memoria: ante eso ya nadie se extraña.
Le ofrezco de primera mano toda la información que hemos compartido
con diplomáticos del gobierno canadiense encabezados por la distinguida
Ministra Consejera Comercial de la Embajada de Canadá en México, señora
Paula Caldwell St-Onge, quien gentilmente compartió el ánimo de los
legisladores de su país por mejorar la contribución del sector minero al
desarrollo sostenible en países en desarrollo y de trabajo en las consecuencias
sociales, económicas y en aspectos medioambientales que se pretende
cumplan cuando operan en países en desarrollo, como el nuestro, a través de
la iniciativa C300 que constituye un elaborado ejemplo de legislación minera
internacional que estoy seguro compartirá en interés y para su erudición.
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Subyace en la metáfora “el fin de las disputas mineras en el país se
logrará con el reciclaje de las mafias mineras priistas” --que usted me atribuye—
un desatino evidente. Un breve recuento: los trabajadores mineros no están
haciendo más que defender su fuente de trabajo, como lo haría cualquier
ciudadano. Ellos estarán al tanto de sus propias providencias en las que ni
como legislador ni como vecino me atribuyo el derecho de intervenir.
Le saludo respetuosamente no sin antes felicitarle por su interés en el
tema minero.
De usted,
LIC. MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA,
Presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Problemática surgida
por los Conflictos Mineros en el País
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