La informacion mas completa de Mexico, Oaxaca y la Costa chica. Alistan licitación para la autopista a la Costa de Oaxaca. Exige Conagua remoción inmediata de basura del Atoyac al Ayuntamiento de Oaxaca.

1. Alistan licitación para la autopista a la Costa de Oaxaca
MARIO JIMENEZ LEYVA
La próxima semana se hará un nuevo concurso para licitar esta obra, prometida para concluirse
por varios gobiernos anteriores... y nada.
César A.
Los trabajos para la carretera a la Costa iniciaron hace casi diez año, pero la próxima semana se hará un nuevo
concurso para licitar la obra que el gobierno proyecta concluir en 18 meses, confirmó el titular de la Secretaría
de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra), Fabián Herrera Villagómez.
Con esta nueva inversión para infraestructura carretera en Oaxaca, el costo de construcción de este tramo se
triplicaría en comparación con el presupuesto inicial que era de 2 mil 500 millones de pesos.

2. Herrera Villagómez confirmó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) está a cargo del
concurso y es la encargada de las negociaciones con ICA, constructora que dejó botada la obra.
Ingenieros Civiles Asociados (ICA) reclamó a SCT la reposición de mil 800 millones de pesos de finiquito por
la inversión para la construcción de la súper carretera a la Costa, como condición para devolver la concesión por
25 años.
Sin embargo, el finiquito asciende a 350 millones de pesos de acuerdo con las obras realizadas hasta el
momento y que registran un avance del 52 por ciento, según ha reportado la SCT.
Ante ello, Sinfra dijo que ignora el avance en el proceso de pago de finiquito, que es uno de los principales
factores que han frenado la reactivación de los trabajos.
Oaxaca y su nuevo basurero: el río Atoyac
ROMÁN
CARLOS VELASCO
Se estima que en el municipio de Oaxaca de Juárez se generan en promedio 700 a mil toneladas
diarias de basura
Nadia Altamirano Díaz
Las pláticas que se mantienen con representantes de quienes viven en la zona aledaña al basurero de la Villa de
Zaachila, es el argumento que el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez utiliza para justificar la acumulación de
500 toneladas de basura en el margen del río Atoyac, en la zona aledaña a la Central de Abasto.
Sin embargo, a decir del representante de la agencia municipal Vicente Guerrero, en la Villa de Zaachila, Rey
Francisco Valencia, desde el miércoles pasado que acudió el gobernador Alejandro Murat para acordar reabrir
el acceso al basurero, no se ha concretado la reunión que solicitaron con el presidente del municipio de Oaxaca
de Juárez, José Hernández Fraguas, con quien necesitan establecer garantías de que ninguna organización sirva
de intermediaria.
Si bien el coordinador de Servicios Municipales del Ayuntamiento, José Álvarez, aseguró que los desechos se
retirarían en unas horas, para la integrante de Solidaridad Internacional Kanda (Sikanda) A. C., Bárbara
Lazcano Torres, el problema de la basura va más allá de su disposición final.
“Genera preocupación en torno a la salud de las personas, que ahora se suma a una problemática de
contaminación ya existente en el Río Atoyac y que tendría que atenderse con una política ambiental integral que
responda a la complejidad del tema de la basura”, afirma en entrevista la vocera de Sikanda.

3. Para ella, el problema de la basura inicia desde que se genera; no termina en la disposición final y se hace más
visible cuando por algún conflicto el servicio la recolección se interrumpe. Que se deposite en la banqueta y
desaparezca “como por arte de magia” es una costumbre que resta visibilidad al manejo de los desechos.
Cifras sucias
Se estima que en el municipio de Oaxaca de Juárez, el de mayor concentración de personas, se generan en
promedio 700 a mil toneladas diarias de basura, pero la cantidad se duplica en épocas de fiestas como La
Guelaguetza.
La mayoría de esos desechos terminan en el basurero de la Villa de Zaachila, donde desde 2009 Sikanda decidió
trabajar con la comunidad de pepenadores que enfrentan la discriminación de trabajar con lo que el resto
desecha y que afecta a 15 mil personas que viven alrededor del basurero, tanto por el impacto ambiental como
social.
En su opinión, que de manera temporal o definitiva la basura que genera el municipio de Oaxaca de Juárez se
deposite en el Río Atoyac demuestra la carencia de visión integral en la política ambiental y la falta de un
compromiso de ambas partes, autoridades y ciudadanía.
Exige Conagua remoción inmediata de basura del
Atoyac al Ayuntamiento de Oaxaca
ROMÁN CARLOS VELASCO
La basura es una fuente potencial de contaminación de las aguas debido al escurrimiento de
lixiviados
Citlalli Luciana
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) exigió al Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez la remoción inmediata
de la basura depositada en más de cien metros del margen izquierdo del río Atoyac, la cual fue colocada ahí
desde hace poco más de 10 días.
El organismo de cuenca Pacífico Sur de la Conagua advirtió que la basura es una fuente potencial de
contaminación de las aguas debido al escurrimiento de lixiviados generados por los desechos urbanos.
El director de administración del agua, Noel Espinosa Hernández advirtió que de no acatarse la medida en el
menor tiempo posible, el ayuntamiento capitalino sería sujeto a una sanción económica que iría de los mil 500 a
los 20 mil salarios mínimos vigentes para la Ciudad de México.

4. La zona federal en su margen derecho e izquierdo se encuentra concesionada a Oaxaca de Juárez bajo el título
05OAX135024/20EAOC07 y comprende el tramo que va desde el puente Valerio Trujano hasta el puente
Profirio Díaz.
De acuerdo con el título de concesión, la autoridad municipal “esta obligada a custodiar y resguardar la zona
federal antes citada con el propósito de que no sea invadida, rellenada o contaminada”.
Sin embargo, durante la verificación desarrollada por los inspectores adscritos a la Dirección de Administración
del Agua del Organismo de Cuenca Pacífico Sur de la Conagua, corroboraron que a la altura del mercado de la
madera en la Central de Abasto fue depositado un montículo de basura en una longitud de 175 metros por 4
metros de ancho y dos de altura.
De la misma manera comprobaron que lo anterior fue realizado por personal del ayuntamiento de Oaxaca de
Juárez, pues de esa manera se identificaron las personas en el lugar.
La Conagua determinó que una vez concluida la remoción de la basura del suelo contaminado, deberá dar aviso
por escrito a la Conagua para efectos de la correspondiente verificación.
Diez días de basura
El 3 de julio, habitantes de la agencia municipal Vicente Guerrero perteneciente a la Villa de Zaachila cerraron
el acceso al tiradero municipal en donde la capital y 22 municipios conurbados desechan sus residuos sólidos
urbanos. El cierre del lugar devino de un enfrentamiento con integrante de la organización 14 de junio.
Ante la contingencia, el ayuntamiento capitalino habilitó como “módulo de transferencia” provisional el margen
izquierdo del río Atoyac desde el pasado 10 de julio. Este jueves, al cumplirse diez días, la basura continúa en el
mismo punto.
Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), abrió un acta circunstanciada contra
Oaxaca de Juárez por el mismo hecho.
Echan al FP14 de Junio de la Vicente Guerrero;
vuelva la calma
MARIO JIMENEZ LEYVA
Habitantes de la agencia Vicente Guerrero y otras 33 colonias están dispuestos a no permitir el
regreso de los integrantes del Frente 14 de Junio que encabeza el aún prófugo Francisco
Martínez "Panchomugres".
Nadia Altamirano D{iaz
Jue, 07/20/2017 - 07:56
Los habitantes de predios aledaños al basurero en la Villa de Zaachila consideran que la inacción de las
autoridades es la razón por la que el Frente Popular 14 de Junio tomó el control e incurrió en diversas
actividades ilícitas, que incluían robos callejeros o en casas, agresiones sexuales, secuestros por lapsos cortos o
hasta fijar el precio de un kilogramo de tortilla y el suministro en pipas de agua.

5. En la Colonia Renacimiento, la más cercana al basurero, la calma ha regresado paulatinamente. Encontrar un
solo policía, municipal o estatal en esa zona oriente de la Villa de Zaachila, es imposible, pero vecinos de
colonias aledañas al tiradero municipal llegaron a contabilizar hasta 20 patrullas el miércoles pasado por la
visita del gobernador Alejandro Murat, patrullas que fueron disminuyendo con los días hasta que hace cinco
días no había una sola vigilando.
Ahora esa ausencia la subsanan con la vigilancia ciudadana: ojos alertas a caras ajenas o de quienes pueden
identificar como los delincuentes que asaltaban de día o de noche. En la entrada principal que comunica al
basurero, cerca de la carretera 175, aún hay costales con tierra que se utilizaron como barricadas para impedir el
paso.
Metros más adelante, las piedras de gran tamaño que tenían el mismo fin, no se han retirado del todo. Esa es la
única calle con pavimento, el resto es de tierra que se vuelve lodosa con la lluvia. Las casas las hay de material,
de lámina o simplemente con lo que se pueda. No hay un solo mototaxi y el único servicio de transporte público
lo brindan taxis colectivos.
Poco a poco la calma está volviendo a la agencia Vicente Guerrero y 33
colonias que antes eran víctimas de las acciones delincuenciales de los
integrantes del FP14 de Junio. FOTO: Mario Jiménez
En el dispensario médico de las oficinas de la Colonia Renacimiento, hay movimiento. Hace 20 días esa
tranquilidad no era posible. Estar en la cancha de al lado, en la calle o intentar cruzar el relleno sanitario,
implicaba ser asaltado o ser carnada para un secuestro o una agresión sexual.
“El gobierno nunca nos hizo caso. Se pusieron denuncias tras denuncias y nunca llegaron a agarrar a los
delincuentes. Hay muchísimas, unas 200 o 300 de personas que se armaron de valor, pero hay miles de personas
que fueron asaltadas”, relata el presidente de la Colonia Renacimiento, Valentino Sarmiento.
LA RAÍZ DEL MIEDO
En la pendiente más alta de un montículo de tierra que esconde toneladas de basura acumuladas casi por 30
años, Jerónimo López López, quien casi empezó su actividad con el funcionamiento del basurero, recuerda que
hace seis años, en una parte de las 17 hectáreas que posee ahí el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez llegaron
unos paracaidistas. De nada sirvió el señalamiento a las autoridades. Poco a poco la delincuencia trastocó su
rutina y llevó a los vecinos al hartazgo.
Lo insostenible de la situación les llevó el domingo 2 de julio a tomar la decisión, en asamblea, de bloquear el
basurero municipal al lunes siguiente, pero integrantes del Frente Popular 14 de junio ya lo sabían y poco
después de las 6:00 de la mañana los agredieron a balazos; en su huida quemaron sus propias casas, relata el
presidente de la colonia Renacimiento.
"Te atracaban y te quitaban todo. Aquí los mototaxis se tuvieron que ir. Entraron en 2010 y llegaron a haber una
infinidad, incluso había mototaxis robados que traían de otros lugares. Era una organización de delincuentes que
querían el control de todo de esto”, asegura a manera de síntesis del hartazgo que superó el miedo. Mantener
bloqueado el tiradero municipal por diez días, montar un cerco de seguridad vecinal que incluyó interrumpir el
tránsito en la carretera federal 175, fue la única medida que encontraron para que el gobierno volteara a
mirarles.

6. A fuerza de exigencias las 33 colonias y la agencia Vicente Guerrero que conforman el cinturón de viviendas
cercanas al basurero de la Villa de Zaachila se apropian nuevamente de su tranquilidad. La emergencia del
problema ha pasado, dejaron de tener los reflectores y han vuelto a la normalidad, ser invisibles para las
autoridades que no han procurado servicios básicos como el drenaje o el agua, lo único que tienen es luz
eléctrica porque el alumbrado público es otro de tantos derechos que se les ha negado.
Reconocen a sindicato
“independiente” de maestros
El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (SITEM) sección
Oaxaca fue reconocido oficialmente al otorgarles la toma de nota este miércoles.
En la entidad, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tiene dos
secciones, la 22 que es afín a la disidente Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE), y la 59, que surgió en 2006 y en 10 años no ha podido incrementar su
membresía.
El SITEM es una escisión de la Sección 59 que organizó Humberto Alcalá Betanzos, quien ha
dirigido las dos secciones anteriores y que ahora dirige este nuevo sindicato.
Este miércoles, el SITEM conformó su Comité Ejecutivo, expedido por el Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje, para el periodo comprendido del 20 de mayo de 2017 al 19 de mayo
de 2021.
Durante la presentación de la toma de nota, el dirigente declaró que esta agrupación sindical
plantea un cambio de estrategia respecto de la solicitud en la atención de las demandas de
índole educativo, y que su desenvolvimiento será en el marco de la legalidad, en la ruta de
la generación y desarrollo de un proceso educativo de calidad dirigido hacia los alumnos de
Oaxaca.
Luego de la toma de nota, esperan ser atendidos por el Instituto Estatal de Educación
Pública de Oaxaca (IEEPO) en un plazo no mayor a quince días, para continuar con los
procedimientos establecidos.

7. En el Istmo bloquean carretera para exigir obras
Por Rusvel Rasgado
Luis Nicolás, dirigente de la organización, aseguró que la alcaldesa les ha negado la mesa de
diálogo y no atiende las demandas de solicitud de obras sociales en colonias y agencias del
municipio.
JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAX.
Militantes de la Organización Acción Libertario de los Pueblos del Istmo (ALPI) bloquearon este miércoles
la carretera federal Transístmica en el tramo Juchitán – Tehuantepec, para exigir obras en colonias
populares de Juchitán y en la agencia de La Ventosa.
El bloqueo se instaló a la altura del Instituto Metropolitano de Ciencias Aplicadas (IMECA) para solicitar
una mesa de diálogo con la presidenta municipal, Gloria Sánchez López.
Luis Nicolás, dirigente de la organización, aseguró que la alcaldesa les ha negado la mesa de diálogo y no
atiende las demandas de solicitud de obras sociales en colonias y agencias del municipio.
Indicó que en reiteradas ocasiones buscaron poder ser escuchados por la autoridad municipal, para que se
les atendieras sus demandas de obras en las colonias de esta
Indicó que han solicitado a la presidenta municipal, realizar obras de pavimentación, así como
electrificación y agua potable en dos colonias de la agencia municipal de La Ventosa, en la colonia La
Amistad y “Beza Yaga” en el municipio.
Luis Nicolás señaló que la organización ha solicitado dialogar con la autoridad municipal, pero ante la nula
atención, decidieron bloquear la carretera.
Al momento en que arribaron los militantes de la organización ALPI a la carretera, un grupo de
mototaxistas intentó desalojarlos, argumentando que trataban de sacar provecho de otro bloqueo por parte
de campesinos en el entronque con el Canal 33. Después de unos minutos de confrontación, los
mototaxistas se alejaron.
Luis Nicolás dijo que también exigen al gobierno estatal atender las solicitudes de la organización, como la
aplicación de proyectos productivos y el reconocimiento de sus unidades de mototaxis que ya circulan en la
ciudad.

8. En paro, hospital de Putla por falta de medicamentos
20 JULIO, 2017 DESPERTAROAX
Igabe
Personal médico y de diferentes áreas administrativas del Hospital General 30 Camas de Putla Villa de
Guerrero inició con un paro indefinido de labores al referir que no cuentan con materiales ni medicamentos
para atender a las personas que se dan cita al nosocomio.
A través de diferentes pancartas las cuales han pegado en el edificio, dieron a conocer parte de la situación
precaria en la que se encuentran y de las que han pedido la atención a las autoridades de los Servicios de
Salud de Oaxaca (SSO), quienes refieren que han hecho caso omiso a las necesidades que son para
beneficio de los derechohabientes.
“Ante la falta de atención, se ha iniciado un paro indefinido de labores, pedimos atención al hospital que ha
sido olvidado por años y las carencias cada vez son más, lo cual dificulta la atención que se da ya que no es
suficiente sólo el esfuerzo de los trabajadores”, señaló.
Entre las carencias refieren que son medicamentos de las cuales no tienen ni los de cuadro básico para la
atención, así como material de curación entre ellos gasas, alcohol, guantes para cirugía y suero, por
mencionar algunos.
Asimismo, han dado a conocer que también requieren de maquinaria para lavandería como son las
lavadoras y secadoras para mantener la higiene de sabanas de las cuales usan los pacientes, ya que de caso
contrario esto podría generar otro problema de salud o infecciones.
Cabe mencionar que las demandas por la falta de atención continúan a más de cuatro meses que nombraron
por segunda ocasión a Mario Félix Pacheco como delegado en el estado del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Secretaría de Salud, aunque las necesidades han sido añejas en dicho nosocomio.
Con anterioridad, los trabajadores han tomado también el nosocomio para denunciar la carencia de
personal, equipo médico y por daños en la infraestructura por la antigüedad del inmueble.
Derivado a las necesidades que existen, centros médicos de las diferentes regiones de la Mixteca también
han manifestado las carencias, por lo que tampoco descartan el que puedan ir a paro de brazos caídos.

9. Estados reprobados, sin fiscal ni
magistrados: así arrancó el Sistema
Nacional Anticorrupción
Chihuahua y Veracruz son los únicos estados que no tienen propuestas para diseñar sus sistemas
locales anticorrupción; además, Chihuahua es la única entidad que permanece sin una reforma
constitucional.
El 27 de mayo de 2015, se publicó la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional
Anticorrupción.Cuartoscuro
Redacción Animal Político
FONDEA el periodismo independiente
El Sistema Nacional Anticorrupción arrancó sin pies ni cabeza. El plazo para que los estados reformaran sus
Constituciones y crearan una ley estatal anticorrupción se cumplió el pasado 18 de julio; sin embargo, dos entidades no
cumplieron, mientras que otras ocho lo hicieron pero con deficiencias. Además, falta el nombramiento de un fiscal
nacional y de los magistrados.
En ese contexto, este 19 de julio, el Sistema Nacional Anticorrupción inició operaciones, luego de que las
entidades y los legisladores federales no cumplieron con los plazos, a pesar de que tuvieron más de un año para
hacer las modificaciones correspondientes.
A continuación, Animal Político te presenta las fallas con las que arranca el Sistema Nacional
Anticorrupción.
Los retrasos en Chihuahua y Veracruz
Chihuahua y Veracruz son los dos únicos estados en los que ni siquiera tienen propuestas para diseñar sus
sistemas locales anticorrupción, de acuerdo con el #SemáforoAnticorrupción, elaborado por el Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO), Transparencia Mexicana y por la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex).
Además, ocho entidades diseñaron una ley del sistema local anticorrupción regular, indica el reporte, que coloca
a Baja California, Durango, la Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, San Luis Potosí y Zacatecas
en esta categoría.

10. En el caso de Tlaxcala, el informe de las organizaciones establece que cuenta con una iniciativa de ley
satisfactoria y saben que el Congreso del estado ya sesionó, pero aún no hay información oficial sobre la
aprobación.
Mientras que en Baja California y Jalisco ya tienen una ley aprobada el día 18 de julio; sin embargo, no se ha
revisado el dictamen.
En este panorama, el IMCO, la Coparmex y Transparencia Mexicana indican que 29 entidades ya cuentan con
una ley del sistema local anticorrupción, de las cuales 21 son satisfactorias.
En este contexto, la secretaria de la Función Pública (SFP), Arely Gómez, dijo que “debe ser prioridad para los
congresos locales finalizar la etapa de aprobación de los marcos normativos de los Sistemas Locales
Anticorrupción, en todas las entidades federativas que aún no lo han hecho, con el propósito de dar un paso
decisivo para prevenir y combatir la corrupción en todo el país”.
Las observaciones anticorrupción para la CDMX
Al dar a conocer las preocupaciones generales por las leyes de los sistemas locales anticorrupción, las
organizaciones hicieron tres señalamientos para las autoridades de la Ciudad de México:
1. La Asamblea Legislativa es la que lleva a cabo el nombramiento del Secretario Técnico, sin respetar el modelo de
la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Además, se eliminaron los requisitos de no formar
parte de un partido político o haber desempeñado cargo de elección popular en 4 años.
2. En la ley se identifica a una Comisión de Selección, pero no se especifica que debe estar compuesta por
ciudadanos o algún otro de los requisitos considerados por el modelo del SNA.
3. Se agregaron 2 miembros adicionales al Comité Coordinador: el Órgano de Control Interno del Congreso y el
Consejo de Evaluación.
¿Cómo van las reformas constitucionales?
Además de ser una de las dos entidades en las que ni siquiera hay propuestas para diseñar sus sistemas locales
anticorrupción, Chihuahua es el único estado que permanece sin una reforma constitucional, aunque tiene
una iniciativa de reforma constitucional satisfactoria, indica el #SemáforoAnticorrupción.

11. Además, Baja California tiene una reforma deficiente mientras que la Ciudad de México, Durango, el
Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Sinaloa, Tabasco y Zacatecas cuentan con una “reforma
constitucional regular”.
“La reforma de Baja California es deficiente principalmente por la conformación de su Comité de Participación
Ciudadana que es de 15 miembros, de los cuales 11 forman parte del Comité Coordinador.
“En Tabasco, a pesar de tener una reforma constitucional regular, preocupa que no se establece la obligación
explícita de presentar declaración patrimonial y de intereses”, alerta el #SemáforoAnticorrupción.
¿Cuáles son los otros pendientes?
El pasado 4 de julio, Animal Político publicó que senadores del PAN, PRD y PT rechazaron un periodo
extraordinario de sesiones para designar al fiscal y magistrados del Sistema Nacional Anticorrupción
(SNA).
El periodo extraordinario fue rechazado, luego de que, por tercer año consecutivo, los senadores evadieron
nombrar al fiscal anticorrupción, único miembro faltante del Comité Coordinador del SNA.
Luis Manuel Pérez de Acha, miembro del Comité Ciudadano del SNA, dijo que existe una falta de voluntad
política. “Si la reforma constitucional que creó la Fiscalía Anticorrupción tiene más de tres años, éste es un
plazo más que suficiente para haber hecho la designación, para que los partidos políticos se pusieran de
acuerdo”, dijo.
El pasado 5 de julio, los integrantes de la comisión seleccionadora del Comité de Participación Ciudadana
(CPC) señalaron que, a cuatro meses de que entró en funciones ese cuerpo colegiado, éste no ha recibido
un peso de presupuesto para operar.

12. Hay que tener fe en la PGR en proceso contra Javier Duarte: Osorio Chong
POR LA REDACCIÓN , 19 JULIO, 2017NACIONAL
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Hay que tener fe” en la Procuraduría General de la República (PGR),
sostuvo Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación federal, respecto a la participación de
los fiscales de la dependencia en la primera audiencia de Javier Duarte en México, realizada el lunes
pasado.
Durante esa sesión hubo versiones que los fiscales de la PGR titubearon en sus participaciones contra el
exmandatario, incluso se mencionó que sólo pudieron explicar, con datos, la salida de 38.5 millones de pesos,
pese a que las autoridades mexicanas le imputan el presunto lavado de más de 438 millones de pesos.
Pese a ello, Osorio Chong confió en el trabajo “de años” de hombres y mujeres en la PGR, y consideró que este
proceso se debe “vigilar, cuidar y llevar”.
Al término de la firma de un convenio con la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC),
el funcionario atajó: “Hay que tener fe en la institución, en el trabajo que van a realizar y esperar a que el
proceso siga y derivado de ello, el juez o la jueza que le toque este tema y otros, puedan resolver conforme a la
ley”.
Además, aseguró que la ley no es un asunto de fe, sino de norma, y se pronunció por dar seguimiento al tema,
pues dijo que es “tan importante para la sociedad mexicana”.
“Para el gobierno, la PGR habrá de tomar todas las acciones y entregar cuentas a la sociedad, hay que darle
tiempo. No debe de haber impunidad en ningún caso, absolutamente. Va iniciando, hay que dejar que todo esto
siga”, soltó.

13. Astillero
Hermanos: tengamos fe
MAO, PGR y Javidú
A una semana del socavón
INE, ¿renovar consejeros?
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
El secretario de Gorbenación, Miguel Ángel Osorio Chong, ayer durante la firma de un convenio de prevención social de la violencia y la
delincuencia entre esa dependencia y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC)Foto Carlos Ramos Mamahua
El ministro oficiante del Sacro Rito de Bucareli, Miguel Ángel Osorio Chong (MAO), pidió ayer a la feligresía,
escamada por la aparición de nefastos signos en el proceso contra el presunto pecador extremo,
Javier N (también mencionado en las escrituras, judiciales, como Javier Duarte de Ochoa), que tengan fe. Es
decir, que se tenga confianza en los buenos hombres de la Procuraduría General de la República (y de la
Secretaría de Hacienda, que también participa en el ayuno jurídico en favor del veracruzano). Fe, que, según el
Diccionario de la Real Academia Española, en su primera acepción, es definida así: En la religión católica,
primera de las tres virtudes teologales, asentimiento a la revelación de Dios, propuesta por la Iglesia.

14. Mala, llegando a pésima, ha de ser la realidad de una institución, la PGR, que teóricamente es la encargada
de investigar y perseguir los delitos del orden federal, cuando, en lugar del estricto apego a la ley y el riguroso
cumplimiento de los procedimientos adecuados, se invoca la fe como único asidero posible para enfrentar las
fundadas acusaciones y sospechas de que esa procuraduría, y el gobierno federal en sus áreas conexas (con Los
Pinos como centro de decisiones), están cometiendo tales y tantas pifias que pareciera que están programadas
para favorecer a su presunto adversario, un exgobernador tildado de ladrón y delincuente en general, en un trote
judicial intencionalmente fofo, complicitario con el acusado.
El propio MAO, en otra de sus facetas, había reconocido en otra parte de su alocución de ayer que la ley no
es un asunto de fe; es un asunto de norma que hay que prepararse para dar seguimiento a este tema tan
importante para la sociedad mexicana. Entonces, la PGR habrá de tomar todas las acciones y entregar cuentas a
la propia sociedad. Dejando a un lado la sintaxis del secretario 8ng, sabidamente ingobernable, queda de
manifiesto que el delicado tema de la siembra de errores en favor del imputado N de Ochoa es de tan difícil
abordaje declarativo que el susodicho secretario se ha encomendado a la Santa Chimoltrufia: como dijo una
cosa (que le tuvieran fe a la PGR del amigo de Peña Nieto, Raúl Cervantes Andrade), dijo otra (que la ley no es
un asunto de fe). O, a lo mejor, tal vez sí y tal vez no (esta columna se suma, alborozada, al contradictorio estilo
discursivo MAO); lo que los mexicanos deben tener es fe, pero en la próxima fe de erratas: “Usted disculpe,
doctorJavidú” (claro, luego que pasen los comicios presidenciales del año próximo, pues liberar antes
a N Duarte de Ochoa, o colocarlo en la antesala de una salida, sería desastroso en términos electorales.
Presencia y, luego, ausencia, con la ayuda de Presidencia).
Ayer se cumplió una semana de la tragedia que dejó dos muertos en un socavón del libramiento de
Cuernavaca, denominado Paso Exprés. En este lapso se han acumulado evidencias gráficas y técnicas de la
irresponsabilidad criminal de constructores privados y de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), con enorme tufo a corrupción sistemática, en cuanto a esa y otras vías federales de
comunicación.
Hasta ahora, el saldo burocrático más relevante ha sido el despido del director del centro de la SCT, José
Luis Alarcón, un directivo y propietario de una cadena de escuelas de idiomas, a quien las relaciones amistosas
llevaron a ocupar un cargo en que el presupuesto público es enfilado aplicadamente a negocios particulares que
benefician a esos funcionarios y a sus jefes políticos. Alarcón fue propuesto a la SCT por el gobernador de
Morelos, Graco Ramírez, y, además, tiene productivas conexiones con personajes del entorno del secretario de
gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
A pesar de todo, el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, se mantiene en su puesto, organizando estudios,
peritajes y dictámenes (en 15 días habrá algunos resultados técnicos). Intocable en cuanto ha sido una pieza
fundamental en el engranaje oscuro del grupo político al que pertenece, Ruiz Esparza apuesta al paso del
tiempo, a la prevista disminución del enojo social y al auxiliar revuelo de novedades corruptas (en turno, la de
Duarte de Ochoa). Mientras tanto, los negocios siguen adelante, con la vista puesta en la contribución sectorial a
las campañas priístas de 2018.
Entre las propuestas de Estados Unidos para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
está la de establecer fórmulas que impidan a México tomar decisiones por sí mismo sobre políticas cambiarias.
Al respecto, Angelina Mejía entrevistó para el portal Don Dinero a especialistas que alertaron acerca del riesgo
que significaría ceder a esas pretensiones. Alfredo Coutiño, director de Moody’s Analytics para América Latina
señaló que, de aprobarse dicha intención de Washington, México dejaría que la política monetaria dependa de
las decisiones de intervención de la Reserva Federal de Estados Unidos(http://goo.gl/i6ETw9).
De cara a unas elecciones federales que se prevén muy reñidas, la élite decisoria del Instituto Nacional
Electoral parece no sólo débil e impreparada sino, sobre todo, fuertemente tocada por la percepción de que su
actuar es faccioso, manipulado y torpe. Los consejeros electorales, con una que otra excepción, actúan
abiertamente como representantes ejecutivos de los grupos políticos que les colocaron en tan jugosos cargos.
Ante esas circunstancias, se ha alzado la voz de políticos de oposición, en un abanico que va de Andrés
Manuel López Obrador a Emilio Álvarez Icaza, pasando por Cuauhtémoc Cárdenas, que consideran
imprescindible la renovación de ese cuadro de consejeros electorales. De otra manera, desde ahora estarán
instaladas las reticencias y la desconfianza, que no alcanzan solamente al consejero presidente, Lorenzo
Córdova Vianello.
Y, mientras Miguel Ángel Mancera se la pasa más en giras de proselitismo (ayer, en Chihuahua),
repartiendo bienes de la CDMX (patrullas, por ejemplo), como si en la demarcación que gobierna no hicieran
tanta falta, ¡hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
Fax: 5605-2099 •juliohdz@jornada.com.mx

15. El socavón, la estrategia fallida
Estrictamente Personal
RAYMUNDO RIVA PALACIO
La premisa fue clara tras el análisis de las consecuencias del socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca,
donde murieron dos personas: “si no se contiene de manera correcta este suceso, pondrá en tela de juicio
proyectos como el tren México-Toluca y el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”. La
discusión, dentro del equipo de estrategia de Los Pinos, urgía una serie de acciones para controlar los daños
derivados de esa tragedia que contemplaba la renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes,
Gerardo Ruiz Esparza y, en una acción de poder, que el presidente Enrique Peña Nieto no se la aceptara

16. porque él “no es el responsable directo”. El objetivo de la estrategia era que la responsabilidad se
contuviera en el delegado de la dependencia en Morelos y en las constructoras, para, de esa forma,
convertir a la secretaría de victimario a víctima. ¿Qué sucedió? La estrategia no funcionó. Fracasó antes de
nacer.
Una copia del documento para el control de daños y el manejo de crisis, elaborada por los estrategas
presidenciales, refleja lo que sucedió en las primeras 48 horas de la tragedia la semana pasada: una crítica
generalizada en los medios de comunicación por la pasividad mostrada por las autoridades, y las primeras
declaraciones equívocas del secretario Ruiz Esparza, que sugerían que el gobierno quería eludir su
responsabilidad. En el centro del primer diagnóstico de impacto que realizaron está el secretario, a quien
observaron en un papel declarativo lleno de contradicciones y con un “bajo nivel argumentativo”, que
generó más confusión y dio margen a que se pensara que se estaba protegiendo a la empresa constructora
hispano-mexicana Aldesa.
La recomendación de los estrategas era que la empresa constructora, el supervisor y el realizador del
proyecto ejecutivo de obra debían hacerse responsables de la tragedia, y que no recayera en la SCT el papel
de victimario. La realidad ha sido un deslinde generalizado de responsabilidades, donde nadie tuvo culpa
alguna de nada. Aldesa, que ha enviado un equipo de ejecutivos a México para controlar el daño y manejar
la crisis que enfrenta, rechazó el cuestionamiento sobre la integridad de la empresa. Epccor, la otra empresa
que colaboró con Aldesa en la construcción del Paso Exprés, culpó al gobierno de Morelos por falta de
mantenimiento y limpieza del drenaje.
La falta de control sobre los declarantes y la ausencia de un secretario firme, que pudiera unificar una
respuesta y homologar el mensaje, contribuyó al desorden comunicativo y a la crisis que no se detiene. La
declaración del vocero de Epccor molestó a las autoridades de Morelos, que se agravó cuando Ruiz Esparza
dijo que al delegado de la SCT en el estado lo había recomendado el gobernador Graco Ramírez. La
respuesta fue fulminante y abrió nuevos flancos al gobierno federal. Ramírez dijo no haber conocido jamás
al delegado –al anterior, agregó, pidió que lo removieran por corrupto–, y comentó que al representante de
la SCT lo había nombrado la Secretaría de Gobernación.
El documento retomó la información aportada por Ruiz Esparza a la prensa, de que la tragedia había sido
causada por una fuga de agua en un drenaje, consecuencia de lluvias atípicas en la zona. “La atipicidad de
las lluvias en el centro del país es una variable fácilmente comprobable”, indicaron los estrategas. Roberto
Ramírez, director de Conagua, dijo una semana antes que si bien se estaban registrando lluvias atípicas en
el centro del país, en el promedio del año había llovido menos en 2017 que en 2016. En la zona del
socavón, empero, la lluvia fue de 54.4 milímetros, cuatro milímetros más que el promedio histórico.
La atipicidad de las lluvias y la responsabilidad sobre las constructoras que se sugería como “la narrativa
gubernamental”, quedó hecha trizas antes de que comenzara a aplicarse. Ruiz Esparza no ha logrado que
los ejecutivos de Aldesa ofrezcan una rueda de prensa, como se pide en el documento, para responder los
cuestionamientos técnicos. Tampoco se preparó un análisis del suelo (mecánica de suelos) donde se realizó
la obra “para atender cualquier otro riesgo y prevenirlo”, que, de acuerdo con Óscar Callejo, subsecretario
de Infraestructura de la SCT, fue responsabilidad única de la dependencia, con lo que deslindó una vez más
a las constructoras.
Ruiz Esparza y su equipo demolieron la estrategia. Primero dijeron que no había peligro y que el subsuelo
de la obra en el área del socavón estaba firme y estable. Después tuvieron que limitar el flujo por el Paso y
más adelante suspenderlo. A los habitantes de la zona, a quienes no habían volteado a ver salvo para
asegurar que estaban seguros, tuvieron que desalojarlos a medianoche ante los riesgos de más víctimas. Los
estrategas plantearon que se debía mantener en confidencialidad los montos del apoyo a las familias, pero
el secretario declaró que se les daría un millón de pesos por “el mal rato que pasaron”, que fue una
declaración que volvió a incendiar a la opinión pública por la insensibilidad -es lo menos que se puede
decir- del comentario.
“Mediáticamente, Gerardo Ruiz Esparza ha resultado y será señalado como el principal responsable. En
materia de opinión pública, el asunto es altamente complejo y de alta densidad por la percepción de
corrupción e incompetencia contra la actual administración y su ambicioso programa de infraestructura”,
iniciaron los estrategas su documento. La estrategia pretendía evitar que las percepciones se convirtieran en
la historia oficial de la tragedia. Lo que no anticiparon es que el fracaso del plan contribuirá a hacer
realidad lo que querían impedir.
Twitter: @rivapa

17. Estampas de la realidad
Por Darío Ramírez
Algunos dirían que no está en todo el sistema la enfermedad, pero basta ver un día de estampas de nuestra realidad. Fotos:
Cuartoscuro
Los problemas que enfrentamos como país son gravísimos y variados. Las instituciones
que buscan darle forma y orden al Estado están cooptadas (o secuestradas) por intereses
que no van en concordancia con el interés general de la sociedad. De esta manera, nuestro
andamiaje institucional se ve debilitado ante una realidad desastrosa que avasalla
sistemáticamente a cada ciudadano/a. Nuestro sistema de Estado está dañado de
gravedad.
Si recordamos a Durkheim y su teoría del funcionalismo estructuralista en la que señala
cómo una construcción teórica que ve a la sociedad como un sistema complejo, cuyas
partes trabajan juntas para promover la solidaridad y estabilidad del mismo Estado, o
bien, como decía Herbert Spencer, quien presenta estos sectores de la sociedad como
“órganos” que trabajan para el buen funcionamiento del “cuerpo”, como un todo. Bueno,
nuestros órganos y sistemas lejos de proveer el buen funcionamiento del todo están
siendo la vía para el continuo debilitamiento de la intención de mejor y cambio en
nuestro país.
Algunos dirían que no está en todo el sistema la enfermedad, pero basta ver un día de
estampas de nuestra realidad:
INE que está en su peor momento
Estamos ante unas elecciones (2018) sumamente reñidas y transcendentales para la
historia y desarrollo de nuestro país. El árbitro electoral está enfermo. El órgano electoral
está lejos de poder dar certidumbre y confianza para que la sociedad se dirija con ánimos
para emitir su sufragio el próximo año. Voces conocedoras avisaban que la elección del
Estado de México era un entrenamiento para lo que será la elección presidencial del
próximo año. El día martes el Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó las quejas sobre
irregularidades en el gasto de las campañas del Edomex. Al respecto, algunos concejeros
como Benito Nacif descalificaron los alegatos arguyendo que “eran cosas normales en
una elección”. Luego se hizo público que el fiscalizador de las campañas había sido

18. subordinado de Alfredo del Mazo (PRI). El rechazo a la evidencia y su capacidad de
sanción de la elección coloca en el peor de los mundos al INE de cara a la elección.
Aquello que se había ganado con la transición democrática se ha ido perdiendo
lentamente porque a la clase política le incomoda un árbitro imparcial. Entonces, lo que
debería ser una pieza fundamental para garantizar la democracia en nuestro país, ha sido
cooptada por las voluntades de los partidos políticos y ha desembocado a que los partidos
vuelven a tener impunidad y negociaciones políticas en las narices de los consejeros
electorales del INE. Y todo eso ya desembocó en que el 42 por ciento de los mexicanos
no confía en las autoridades electorales y más de la mitad de los jóvenes no se identifican
con ningún partido político y que el 49.61 por ciento está convencido de que los políticos
no se preocupan por ellos.
El socavón de Ruiz Esparza
Gerardo Ruiz Esparza ha sido un alfil de la corrupción de Enrique Peña Nieto. Es un
funcionario que a lo largo del sexenio ha coleccionado flagrantes actos de presunta
corrupción (el presunta es irónica). Su gran acierto es pertenecer al círculo cercano de
Peña. Desde las llamadas con OHL en las que dibujaba la estrategia contra Infraiber hasta
la más reciente que es el socavón del Paso Exprés de Cuernavaca en la que murieron dos
personas por la negligencia de otro órgano de nuestro sistema. El inepto funcionario
otorgó una indemnización de un millón de pesos a las víctimas del socavón y fulminó el
caso diciendo que “era por el mal rato que pasó la familia”. El socavón en una obra recién
estrenada, que costó más que lo presupuestado, que lo hizo una empresa que ha sido
ampliamente beneficiada por la administración federal es solamente un caso más del
socavón de la corrupción que padecemos día con día y hace que las familias más pobres
dediquen el 33 por ciento de su ingreso a pagar la corrupción. Es decir, en nuestro
sistema sí hay una relación entre el dinero robado, desviado en el paso exprés y la
ausencia de una distribución del gasto más igualitaria entre la población.
La pifia de la PGR y Javier Duarte
El villano favorito pisó suelo mexicano. Esposado y con cara menos sonriente, Javier
Duarte, quien cargará con todos los muertos del sexenio, fue enviado al Reclusorio Norte.
En la que debería haber sido la audiencia más fácil la Procuraduría General de la
República, hizo el ridículo. Y no es una interpretación, sino las crónicas así lo relatan. La
PGR les había dicho a los medios de comunicación que podía imputar a Duarte el lavado
de más de 438 millones de pesos provenientes de recursos públicos. Sin embargo, la pifia
de Ricardo Cervantes consistió en que solo pudo explicar con datos la desviación de 38
millones de pesos que salieron de la Secretaría de Educación de Veracruz. “Los números
no cuadran, eso está claro”, fue lo que concluyó el juez de control ante la ineficacia que
había expuesto a la PGR. Inclusive, las inconsistencias en los señalamientos de la PGR
arribaron al punto en que el juez les comentó a los fiscales que sus datos eran
“incongruentes” y que las cifras contradecían con lo que la misma PGR había exhibido
anteriormente. La pregunta obligada es si ¿fue error de preparación y novatez de los
fiscales o claramente la PGR no quiere ganar? Difícil tragarse la idea que el error es
humano. Pero la procuración de justicia sigue siendo parte fundamental del entramado de
impunidad y corrupción que vive libremente en nuestro sistema.

19. La corrupción es el acuerdo
Por Jorge Javier Romero Vadillo
La corrupción en México no es un problema de la moral de ciertas personas retorcidas que detentan el poder. Foto: Especial.
El escándalo en torno al regreso de Javier Duarte a México, para enfrentar los cargos que
le imputa la Procuraduría General de la República, y los obstáculos que ha enfrentado la
puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción muestran nuevamente que el tema
central que debe enfrentar este país para salir de su estancamiento y su inequidad es el
carácter depredador del Estado mexicano.
La corrupción en México no es un problema de la moral de ciertas personas retorcidas
que detentan el poder; tampoco se resolverá con la llegada del salvador de la patria,
hombre de honradez a toda prueba capaz de meter en cintura a los desviados, conduzca a
su arrepentimiento y encaminen los asuntos de la nación por la ruta del bien. No bastaría
con la llegada de Juan Derecho (si se me permite la nostalgia provocada por la muerte de
Héctor Lechuga). La redención del salvador sería posible si se tratara de un fenómeno de
moral personal; para infortunio nuestro, no es así. La corrupción en México es un asunto
institucional: está en el entramado de reglas del juego arraigado en el poder político y en
la relación de este con la sociedad.
El Estado mexicano ha estado controlado, desde su origen, por coaliciones estrechas de
intereses que se han ido reajustando y ampliando en pactos de elites sucesivos. En 1929,
se establecieron las reglas para competir por las parcelas de poder sin recurrir a la
violencia; en 1938 se pactó la inclusión de las dirigencias corporativas capaces de
controlar a los movimientos de masas emergentes; en 1946 se consolidó la integración de
las redes de intermediación clientelista y se pactaron reglas para la venta de protecciones
particulares a los empresarios. El lubricante del acuerdo fue la apropiación privada de
rentas estatales. El Estado como organización ejercía su dominio nacional sin
contestación relevante gracias a la tolerancia sistémica con la apropiación privada de la
autoridad y los recursos públicos.
Las sucesivas ampliaciones de la coalición de poder se dieron con base en la expansión
del reparto de rentas. El pacto de 1946 se rompió cuando el Estado abusó de su capacidad

20. de manipular los derechos de propiedad y expropió a algunos de sus antes protegidos,
debido a la quiebra que enfrentaba por financiar el reparto clientelista con deuda externa.
Cuando se cerró la llave del financiamiento auspiciado por la bonanza petrolera, se
restringió sustancialmente la capacidad de comprar aquiescencia con parcelas
burocráticas de control de rentas. Entonces se desgajó el monopolio y comenzó una
conflictiva competencia electoral por el poder local entre los gajos desprendidos del
antaño sólido tronco del PRI.
El siguiente pacto de elites, el de 1996, estableció nuevos mecanismos de competencia
por el control del botín estatal, basados en el voto, pero no modificó en nada el sistema
clientelista de botín sobre el que se ha construido la organización estatal. El reparto de
empleo público entre las huestes partidistas, la venta de protecciones particulares y la
negociación de la desobediencia se mantuvieron intactos como los mecanismos de
apropiación privada de rentas públicas y como las formas de relación del Estado con la
sociedad.
Uno de los mecanismos de apropiación patrimonial de lo público, el reparto de empleo
entre las clientelas leales y disciplinadas, ha tenido un efecto catastrófico en el sistema de
incentivos de la sociedad mexicana, pues parte de la impronta que reciben los jóvenes
mexicanos es que en este país vale más tener conocidos que conocimientos; de ahí la falta
de entusiasmo por el saber y las habilidades técnicas que muestran durante su formación:
saben que no importa si saben o no; lo relevante es tener el requisito del título. Por su
parte, la mayoría de las universidades públicas tiene requisitos laxos de aprobación
porque no existe una demanda de calidad por parte del principal empleador de sus
egresados: la burocracia.
De ahí, también, la ineptitud de una burocracia donde lo que se premia es la lealtad y la
disciplina al jefe político correspondiente, a quien se le debe el empleo en última
instancia, pues los puestos públicos se reparten en cascada a través de pirámides
clientelares. Y también de ahí su falta de neutralidad a la hora de aplicar las políticas, la
manipulación partidista de los derechos y la venalidad evidente de las decisiones
públicas, pues en la cúspide de la pirámide de clientelas se encuentra el mandamás
electivo, cabecilla de la banda depredadora ya sea del municipio, del estado o del
gobierno federal, quien con mucha probabilidad concibe las rentas estatales como su
renta privada, como extensión de su patrimonio, del cual puede disponer como mejor le
plazca para mejorar su peculio.
Cada preboste local, para ser ungido por el voto popular, requiere de cantidades ingentes
de recursos para repartir entre sus potenciales clientes, en un ritual de república romana,
qué implica a recurso públicos legales encauzados a través de los partidos políticos, a los
donativos bien declarados, recursos grises desviados de los gobiernos aliados y de
donaciones ocultas, sesgos notables en los programas sociales y dinero negro proveniente
del lavado de activos y otras actividades ilegales. La inversión de recursos que se hace
durante las campañas es una clara prueba de lo redituable de la captura de una posición
gubernamental con disposición de rentas y capacidad de administrar la aplicación de la
ley, de promover obra pública y de vender protecciones particulares.
La falta de autonomía de la administración respecto al control político es la causa
principal tanto de su falta de habilidades técnicas –pues el empleo se obtiene por lealtad,

21. no por méritos demostrados en un concurso abierto– como de su nula neutralidad. El caso
de las fiscalías es conspicuo: no son capaces de armar casos viables ante los jueces
porque no son un cuerpo profesional reclutado a través de concursos de méritos serios y
no son neutrales frente al poder, por lo que litigan no a favor del interés público, sino del
interés particular de su red política. Estos fiscales son incapaces de enfrentar temas como
la entrada ingente de recursos ilícitos a las campañas electorales o de encausar con rigor a
un corrupto caído de su entramado de lealtad.
La reforma estatal indispensable, la que puede poner coto a la depredación, implica la
salida de la política de la administración pública, de la seguridad y de la justicia. Para ello
es indispensable la profesionalización del servicio público con mecanismos de
reclutamiento técnico, con una carrera basada en el mérito y con criterios de permanencia
no sustentados en la lealtad clientelista.
Y también es urgente derribar el sistema de protecciones electorales que impide la
entrada a aquellos que no cuentan con redes de reparto clientelista. Mientras subsistan las
absurdas reglas de registro de partidos que obligan a la movilización en asambleas
multitudinarias y otorgan de entrada tajadas de reparto de recursos, la política no será
plenamente un asunto de la ciudadanía, sino de una oligarquía de intereses particulares
sin competencia.
7 claves del Sistema Nacional Anticorrupción
Para la libertad por Alfredo Lecona
Foto: Isaac Esquivel/ Cuartoscuro
Julio 20, 2017 7:19 am
Por Alfredo Lecona
Venció el plazo1
. El martes 18 de julio fue el último día para que las legislaturas de los estados
adecuaran sus normas correspondientes para armonizarlas con el Sistema Nacional
Anticorrupción (SNA).

22. Es el anhelo: contar con instituciones robustas, legislación adecuada y funcionarios independientes
para combatir la corrupción e impunidad que de acuerdo con el estudioMéxico: Anatomía de la
Corrupción de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y el Instituto Mexicano para
la Competitividad (IMCO), llega a costarnos entre el 9 y el 10 por ciento del PIB.
En los últimos meses, a raíz de los escándalos de corrupción de los gobernadores que saquearon sus
estados, ha quedado claro que los costos de la corrupción trascienden lo económico. Las
violaciones a los derechos humanos generados por la corrupción política e institucional, impactan
directamente en la educación, salud, seguridad y vida de las personas. La tolerancia a la corrupción
se ha vuelto más estrecha en la sociedad y a pesar de lo que se ha construido para combatirla, las
resistencias de la clase política siguen minando el camino a la construcción de un Estado
Democrático de Derecho.
Para muestra un ejemplo: En el informe sobre la Cuenta Pública de 2015, la Auditoría Superior de
la Federación, reporta que la Gendarmería Nacional se le destinaron 2 mil 842 millones de pesos
para la realización de 10 mil operativos de disuasión, reacción, contención y restablecimiento del
orden público. De esos 10 mil operativos, la Gendarmería solo acreditó la implementación de 75, el
0.8 por ciento.
Hoy, que se dice que ha entrado en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción, es importante hacer
una alto en el camino y revisar con qué tanto vigor llegamos a la línea de salida y los antecedentes
que dieron paso a una gran oportunidad de cambio.
1. #Ley3de3
La #ley3de3, proveniente de la iniciativa ciudadana más respaldada en la historia del país, buscó
obligar a los funcionarios a publicar sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal, es decir,
a transparentar sus bienes, sus relaciones y negocios en el sector privado y el pago de sus
impuestos; además de crear sanciones más efectivas contra la corrupción de quienes viven del
erario. En verdad, la #Ley3de3 (Ley General de Responsabilidades Administrativas) solo fue una
de tres leyes que se aprobaron (y cuatro más que se crearon) para dar vida al SNA.
2. ¿Qué es el Sistema Nacional Anticorrupción?
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es el conjunto de instituciones, leyes y funcionarios
que deben interactuar entre sí, para investigar, sancionar los actos de corrupción y proponer
cambios legales para hacerlo cada vez mejor. El SNA funciona a través de un Comité
Coordinador en el que hay 7 sillas ocupadas por: el Presidente del INAI (que debe garantizar la
transparencia y acceso a la información) el Auditor Superior de la Federación (que revisa el
gasto público de todo el país), La Secretaria de la Función Pública (que vigila a los funcionarios
federales), El Fiscal Anticorrupción (que investiga y persigue delitos de corrupción),
el Presidente del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa (que juzga las irregularidades en
la administración pública), un representante del Consejo de la Judicatura Federal (que evalúa el
desempeño de todos los jueces y magistrados federales) y la Presidenta del Comité de
Participación Ciudadana (un nuevo órgano compuesto por 5 ciudadanas y ciudadanos
independientes y apartidistas que vigila el funcionamiento del Sistema).
3. Ciudadanos vigilando a funcionarios
El Comité de Participación Ciudadana (CPC) es uno de los mayores logros del SNA. Además de
que preside al Comité Coordinador, sus integrantes fueron elegidos por unaComisión de
Selección integrada por 9 ciudadanas y ciudadanos de trayectoria académica que nunca han
militado en partidos políticos. Sin embargo, hasta hoy, el Comité de Participación Ciudadana no ha
recibido recursos y no tienen un lugar fijo para sesionar. Los ciudadanos electos por ciudadanos
han estado trabajando en los lugares que les facilitan las organizaciones civiles.
Por si fuera poco, en las últimas semanas, el CPC estuvo bajo un ataque traducido en primeras
planas calumniosas de El Universal y en las declaraciones del Presidente del Senado, Pablo
Escudero, que acusaron opacidad y la existencia de “cuotas y cuates” en el proceso de selección. En
respuesta la Comisión de Selección publicó el Libro Blanco del proceso de designación del CPC ,
un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas único en el país que debiera ser ejemplo para

23. las designaciones que (esas sí) en opacidad, se hacen en el Congreso de la Unión y en los congresos
estatales.
4. Comité Coordinador en tiempos de un #GobiernoEspía.
El pasado 3 de julio, el Comité Coordinador del se negó a solicitar información al Presidente sobre
el malware Pegasus, el poderoso programa de espionaje que tiene la PGR y otras instituciones de
seguridad, usado para espiar a políticos de oposición, activistas, defensores de derechos humanos,
periodistas y a un menor de edad.
Por increíble que parezca, se rechazó la simple solicitud de información, sobre un tema que
involucra la posible corrupción de funcionarios públicos, traducida en el uso indebido de una
herramienta adquirida con recursos públicos. Lo anterior solo puede explicarse a partir del
entendimiento de quienes están sentados en las sillas del Comité Coordinador.
Cuatro de las siete instituciones que conforman el órgano de gobierno del SNA, están ocupadas por
funcionarios cercanos al Presidente: La silla del Fiscal Anticorrupción la ocupa el Procurador
Raúl cervantes, porque el Senado no ha designado a un fiscal, desde 2014. El representante del
Consejo de la Judicatura es Alfonso Pérez Daza, quien fue Fiscal de Delitos Electorales del
Estado de México cuando Peña Nieto era gobernador. LaSecretaria de la Función Pública es
Arely Gómez (quien en su gestión al frente de la PGR permitió el uso de Pegasus a su jefe de
oficina, funcionario sin facultades de vigilancia de comunicaciones privadas). El Presidente
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es Carlos Chaurand, exsenador del PRI
y cuota del mismo partido en la designación de magistrados de ese Tribunal.
Quien propuso la solicitud a Peña Nieto, fue la representante del Comité Ciudadano del Sistema y
salvo ella, todos los miembros del Comité Coordinador (menos el Procurador, quien no asistió a la
sesión) votaron en contra.
Si alguien duda que los espacios ocupados por amigas y amigos del presidente no afectarían las
decisiones del Comité Coordinador, lo sucedido en este caso debe ser una señal de alerta.
5. Fiscal Anticorrupción
Aunque la falta de designación del Fiscal Anticorrupción ha sido lo más referido como el gran
pendiente del Sistema Nacional Anticorrupción, organizaciones de la sociedad civil que forman el
colectivo #FiscalíaQueSirva, han expuesto que lo más importante no es su designación, sino toda
la transformación de la PGR, pues el presupuesto para la fiscalía y la aprobación de sus ministerios
públicos, dependerían del Procurador General de la República, quien a su vez depende del
Presidente. Además, el nombramiento del Fiscal Anticorrupción lleva atorado más de dos años en
el Senado y solo duraría en su encargo hasta el 18 de noviembre de 2018. Quienes han
presionado para que se designe a uno, han dicho que sin él no se pueden hacer investigaciones
acuciosas sobre hechos de corrupción; sin embargo, en los últimos meses se han girado órdenes de
aprehensión contra exgobernadores acusados de corrupción y varios de sus funcionarios; algunas –
como en el caso de Roberto Borge- han sucedido en momentos políticamente oportunos para el
gobierno federal y el PRI. Por eso es importante que pese a la presión, se centre la atención en un
diseño que de verdadera autonomía a la Fiscalía General de la República y que su titular no sea el
amigo del presidente.
6. ¿Y los estados?
Como se ha mencionado, cada estado de la República tuvo que implementar sus Sistemas Locales
Anticorrupción, siguiendo el modelo del SNA, antes del 18 de julio. El plazo llegó sin que
Chihuahua, Coahuila, Tlaxcala y Veracruz adecuaran su legislación al modelo nacional.
Pero muchas de las entidades que sí “cumplieron”, tampoco lo hicieron adecuadamente, colocando
todo tipo de trabas y excesos para controlar nombramientos desde Congresos controlados por los
gobernadores, poniendo más sillas de las 7 que debieran tener los Comités Coordinadores de los
Sistemas Locales o atando la autonomía de sus Fiscales Anticorrupción desde la ley.
La actualización más completa sobre el cumplimiento de los estados en la implementación de sus
Sistemas Locales Anticorrupción, es la presentada por Opciona en la plataformaSNA Honesto.

24. 7. Vamos por Más
Tal y como lo declararon decenas de organizaciones, el pasado 17 de julio, no hay duda de que el
SNA está despertando y despertando resistencias. A través de cuatro puntos y bajo la
declaración #VamosPorMás, el colectivo propuso fortalecer al naciente SNA a partir de la
discusión a fondo y una reforma constitucional que resulte en una Fiscalía General autónoma,
independiente, eficaz y con controles democráticos adecuados; nombramientos apegados a mejores
prácticas de quienes han de operar los sistemas anticorrupción a nivel federal y local; recursos
suficientes que aseguren la independencia y funcionamiento de los Comités de Participación
Ciudadana de los estados y en el nacional; y reformas legislativas que, entre otras, incluyen las
Leyes de Adquisiciones y Obra Pública, las relativas a las finanzas de los partidos y el fuero de
funcionarios, legisladores y gobernadores.
A pesar de las resistencias y pendientes, el SNA es la oportunidad más importante que ha surgido
en décadas para el combate institucional contra la corrupción y la impunidad. Defenderlo significa
denucniar los ataques, exigir transparencia en los nombramientos de funcionarios y nombrar las
resistencias. Es eso o la simulación.
1 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, artículo Segundo Transitorio: “Dentro del
año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión y las
Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias,
deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de
conformidad con lo previsto en el presente Decreto”.
Amenazan de muerte a Pedro Canché y a
otros periodistas en Quintana Roo
Los periodistas Pedro Canché y Amir Ibraham, directores de portales de noticias en Quintana Roo,
denunciaron que las amenazas provienen de grupos políticos.
El periodista maya Pedro Canché, durante una plática con Animal Político el pasado 1 de junio, en la sede de
Artículo 19. //Foto: Manuel Ureste.Manu Ureste
Redacción Animal Político
FONDEA el periodismo independiente

25. Los periodistas Lydia Cacho, Pedro Canché y Amir Ibraham fueron amenazados por supuestas
integrantes del crimen organizado, que colocaron mantas con un mensaje de muerte contra ellos, en Cancún,
Quintana Roo.
Una de las mantas fue colocada en una secundaria de la avenida Chichén Itzá, y la otra en una reja de
una clínica del Seguro Social.
Pedro Canché, quien es director de un portal de noticias que lleva su mismo nombre, señaló como responsable de las
amenazas a grupos políticos vinculados al exgobernador Félix González Canto.
“En realidad no provienen del narco sino de estos actores políticos que se han unido para infundir miedo y
terror al escaso periodismo crítico que se realiza en Quintana Roo”, denunció en su portal de noticias Pedro
Canché.
Amir Ibraham, director del portal ElQuintanaRoo.mx , informó que desde el pasado 9 de julio presentó una
denuncia contra el empresario Carlos Mimenza, ante la Fiscalía de Quintana Roo, y la Procuraduría General de
la República, ya que, le llegaban textos vía WhatsApp y llamadas telefónicas amenazantes, que provenían del
celular del empresario.
El portal de noticias de Amir Ibraham ha publicado notas donde crítica la propuesta del empresario Carlos
Mimenza, quien desde el pasado 27 de junio integró un frente de autodefensas en el estado.
“La incógnita es si en realidad se trata de un grupo de la delincuencia organizada o algún grupo político que
utilizando tácticas delincuenciales pretende coartar la libertad de expresión y amenazar a los periodistas”,
cuestionó en su portal de noticias Amir Ibraham.
El pasado 27 de abril, el Gobierno de Quintana Roo, junto con la Fiscalía estatal y el gobierno municipal de
Felipe Carrillo Puerto, ofrecieron una disculpa pública al periodista Pedro Canché, quien fue encarcelado
injustamente, por dar cobertura a un problema de abastecimiento de agua para la comunidad indígena maya.
Durante la administración del exgobernador Roberto Borge, fue encarcelado por casi dos años.
Canché explicó que desde hace días ha sido acosado por distintos funcionarios del gobierno municipal de Felipe
Carrillo Puerto.
“Gente enviada por estos grupos al evento que di cobertura en Felipe Carrillo Puerto, ‘Platícale al gobernador’,
donde pude entrevistar a 7 funcionarios, empezaron a fotografiarme y difundir en redes insultos hacia mi
persona. Luego observaron que me acerqué a saludar al señor Amir Ibrahim por el tema de escoltas que le
otorgó el Mecanismo de Protección a Periodistas que trae a raíz de las amenazas del señor Carlos Mimenza”,
relató el periodista.

26. ¿Qué sigue de la auditoría a la nómina docente?
MEXICANOS PRIMERO
Por Pablo Velázquez*
Esta semana el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, anunció en el marco de la Conferencia
Nacional de Gobernadores, los resultados de una auditoría a la nómina magisterial federalizada llevada a
cabo en coordinación con la SEP y los estados.
A raíz de las reformas al marco legal para la educación en 2013, el gobierno federal se allegó de
herramientas que le proporcionaron mayor información sobre la operación de las escuelas como, en este
caso, la nómina docente pagada con recursos federalizados.
Sin embargo, los números a nivel nacional nos señalan que las irregularidades conocidas y evidenciadas
por la ciudadanía desde hace décadas persisten, aunque en menor medida.
El primer punto a destacar es la burocracia administrativa pagada con recursos que, en teoría, están
dedicados al salario de maestros y directivos. La SEP señala que existen 14 mil 00 plazas (plazas, no
personas) docentes y directivas en funciones administrativas.
El problema no es nuevo: a partir de la descentralización en 1992 y el incremento en la demanda del
servicio educativo, las plazas de administrativos transferidos a los estados resultaron insuficientes –
según las autoridades estatales – y por tanto, a los estados les resultó fácil asignar a tareas administrativas a
los maestros. Situación no ilegal, pero irregular a la vista: pagamos a gente para que sean maestros, pero
realizan otro trabajo.
El número identificado por este ejercicio de auditoría de la SEP, sin embargo, resulta bajo ante la evidencia
de otras fuentes: tan sólo el año pasado la Auditoría Superior de la Federación señaló que existían al menos
44,220 personas en esta condición y nuestros análisis realizados con información de la nómina del primer
trimestre de 2017 muestran 33 mil plazas en esta situación.
Este problema en particular debe ser abordado con bisturí. Reubicar a estas personas a las escuelas – la
solución más propuesta – puede resultar dañino en dos vías: por un lado, podríamos demandar a personas
que hace décadas no son maestros a enseñar en el aula sin formación previa al mismo tiempo
que desplumamos oficinas administrativas (algunas de las cuales sí necesitan personal
operativo) de elementos para seguir funcionando. Ojo: es una irregularidad y se debe corregir, pero debe
hacerse bien para evitar otro tipo de problemas en el futuro.

27. La auditoría de la SEP señala otras irregularidades que tampoco son nuevas: 17 mil 262 plazas de
comisionados y licencias, 1,361 plazas cuyos titulares ya causaron baja pero se siguen pagando y 10,553
plazas que nadie sabe qué hacen. Estos números pueden sonar desalentadores pero bien vale la
pena recordar como era en el pasado.
En 2009, la nómina magisterial era el Triángulo de las Bermudas: no sabíamos quién cobraba, cuánto y la
razón. Después de muchos esfuerzos de la sociedad civil y de instancias como la Auditoría Superior
de la Federación, hoy conocemos quiénes son pagados de la nómina magisterial federal así como sus
conceptos de pago. Esta situación favoreció que el gasto irregular haya disminuido 84% entre 2009 y 2015.
Todavía falta información, pero la exigencia no la vamos a disminuir. Por ello, hacemos un llamado a los
gobiernos estatales a que repliquen estos ejercicios de auditoría en sus nóminas locales, se transparenten y
ordenen sus procesos administrativos, y se apliquen sanciones a los responsables.
Las nóminas estatales siguen siendo una oscura neblina donde se replican sin supervisión las viejas
prácticas que identificamos a nivel federal. Asimismo, el llamado es a la propia SEP para que: 1)
sistematice estos ejercicios y publique sus resultados y; 2) transparente la nómina magisterial de la Ciudad
de México. Es tiempo de que el
buen juez empiece por su casa.
Hemos avanzado sí, pero la brega no termina. Un peso malgastado representa mucho en este país tan
necesitado de oportunidades.
*El autor es investigador en Mexicanos Primero
Twitter: @PGVelazquez
La ONG presenta amparo en tribunales y queja ante la CNDH
Greenpeace pide al gobierno registro de plaguicidas de uso regular en
México
FERNANDO CAMACHO SERVÍN
La organización ambientalista Greenpeace presentó un amparo en tribunales y una queja ante la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que el gobierno del país haga un registro de los plaguicidas
que se utilizan de forma común en México –sobre todo los altamente tóxicos– y que los retire paulatinamente
del mercado, para evitar que la salud de las personas y otros seres vivos continúe siendo dañada.
María Colín, asesora legal de campañas de Greenpeace México, señaló que la petición de amparo está
basada en el hecho de que hay una mala gestión de los plaguicidas en el país, lo cual implica una violación a los
derechos humanos a un medio ambiente sano y a la salud, entre otros.
Según estudios realizados por el colectivo ecologista, en México se utilizan más de 180 sustancias
consideradas altamente peligrosas, a tal grado que incluso están prohibidas en otros países o regiones.
Por ello, enfatizó Colín, el primer paso debe ser que el gobierno tenga una definición clara de qué se debe
considerar una sustancia peligrosa, para después retirarlas de forma progresiva, de común acuerdo con las
empresas químicas que las fabrican.
Por otro lado, el amparo y la queja ante la CNDH también buscan modificar las leyes en la materia que
actualmente le niegan a las organizaciones ambientalistas el carácter de legítimo interesado para pedir la
catalogación de los plaguicidas y su retiro paulatino.
Otro punto fundamental de la demanda de Greenpeace es que se emita la norma mediante la cual se
determinarán los límites máximos de residuos de plaguicidas en los alimentos, la cual ha permanecido en
lacongeladora de la Cámara de Diputados durante varios años.

28. Si la siguen demorando, quiere decir que no es la prioridad para ellos. Sin embargo, para nosotros, como
consumidores, sí, porque lo que recibimos en la mesa es un montón de alimentos con residuos de plaguicidas,
de los que no sabemos ni las cantidades ni los tipos de sustancias, y es un coctel de tóxicos que consumimos
cotidianamente, subrayó la abogada.
Por su parte, Sandra Laso, campañista de agricultura y alimentación de Greenpeace México, recordó que en
estudios hechos por la organización en Sinaloa, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, fueron detectados 16 de
los 30 plaguicidas más tóxicos y peligrosos, algunos de ellos en cuerpos de agua utilizados para riego.
Estas sustancias –que incluso figuran en los catálogos de la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios– perjudican directamente a las abejas, que son los polinizadores naturales de diversas
especies de plantas, pero también afectan a otras animales y pueden significar un riesgo para que los humanos
desarrollen enfermedades graves, como el cáncer.
Bitcoin, ¿buena opción
de inversión en las finanzas personales?
Mis Finanzas
ALBERTO TOVAR
Si hubieras comprado mil dólares en bitcoins hace cinco años tendrías hoy cerca de 260 mil. ¿Esto lo
convierte en una buena inversión? Definitivamente ha tenido un desarrollo que pocos se imaginaban.
Veamos en qué nos meteríamos al atesorar esta moneda virtual.
1.- En la pasada entrega de este espacio abordé la evolución del dinero para comprender cómo pasó del
trueque hasta llegar a las criptomonedas en donde se encuentra esta opción.
El nacimiento fue en 2008 y la inventó un programador anónimo bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto.
Para hacerla parecer al patrón oro, su emisión depende de una minería de datos, mediante una red de
computadoras cuyo desafío es resolver un problema matemático muy complejo y la primera persona que lo
haga consigue bitcoins. Aunque cualquiera puede ser minero, los procesos son tan enmarañados que sólo
equipos sofisticados tienen la posibilidad de lograrlo.
2.- Las transacciones están guardadas en un libro contable público llamado 'Blockchain'. Con el sistema de
bloques es prácticamente imposible que un hacker haga un mal uso y la idea básica es que los movimientos
sean irrepetibles.

29. 3.- El valor de los bitcoins es determinado por su oferta y demanda, lo cual explica el alza tan abrupta, pues
hay una escasez por su metodología de emisión y un gran apetito de los inversionistas por la creciente
aceptación como moneda de cambio en internet.
4.- Así como se ha presentado un aumento en su cotización, ha mostrado caídas pronunciadas en algunas
etapas. Por ejemplo, de junio a la fecha ha perdido cerca de 30 por ciento.
5.- Este mundo de criptomonedas apenas comienza y han surgido otras muchas opciones como son:
Ethereum, Ripple, Litecoin, Ethernum Classic, Dash o NEM.
6.- Creo que en el ámbito de las finanzas personales es conveniente irse acostumbrando a esta nueva forma
de hacer transacciones, porque el comercio a través de web cada vez será mayor; sin embargo, su formato
se presta a una extrema especulación, por lo cual no puede considerarse una alternativa patrimonial.
La sugerencia es que si piensas entrar a especular con criptomonedas, dispongas de un recurso que tiene esa
finalidad en particular y el riesgo de perder no signifique un desbalance grave en la economía familiar.
El tema da para más y seguiremos abordándolo en la próxima entrega.
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