El documento critica la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de anular una orden judicial que prohibía a una banda de carteristas bosnias el acceso al metro de Madrid. Argumenta que esta decisión permite que el grupo continúe cometiendo delitos sin consecuencias y pone en riesgo a los pasajeros del metro. También sugiere que el sistema judicial español a menudo falla en proteger a los ciudadanos inocentes y castigar a los delincuentes.