Módulo 2 completo

CURSO DE EXPERTO PROFESIONAL EN DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PRIVADA

MÓDULO SEGUNDO: DEONTOLOGÍA PROFESIONAL Y PROTECCIÓN
DE DATOS.

(Material didáctico)

Dra. Josefina García García-Cervigón
Profesora Asociada (Departamento de Derecho Penal y Criminología; Universidad
Nacional de Educación a Distancia-Madrid); Académica Correspondiente de la Real Academia
de Jurisprudencia y Legislación de Madrid.

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PRESENTACIÓN

Este módulo pretende ofrecer un conocimiento básico sobre deontología
profesional en el ámbito de la seguridad privada y la protección de datos
aplicada también al ámbito de la seguridad privada.
El módulo se completa con una Webgrafía donde se citan algunas páginas
que dan acceso a los textos legislativos que guardan relación con este módulo.
Además en la plataforma Alf del curso se han colgado textos legislativos y
artículos doctrinales sobre la materia que servirán de documentación básica
para el estudiante junto con esta breve guía didáctica.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Una vez finalizado el estudio de este módulo, los estudiantes:
- Conocerán detalladamente la legislación y conceptos generales sobre
deontología profesional y protección de datos aplicada a la seguridad privada.
- Obtendrán las orientaciones necesarias para profundizar en aquellos
aspectos generales de la seguridad que más le interesen, según el caso
particular.

ORIENTACIONES DE ESTUDIO

El material didáctico del Módulo II tiene un contenido normativo y doctrinal.
Para ello el alumno ha de estudiar la documentación indicada específicamente
en cada epígrafe de este material Didáctico. Además se citan los artículos de
las leyes y demás normativa como orientación para el alumno a la hora de
localizar la materia objeto de estudio. Es importante leer las Exposiciones de
Motivos de los textos normativos que a continuación se mencionan y
estudiar el contenido de los siguientes artículos:

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A.- Deontología Profesional:

Se ha de estudiar el contenido normativo de Ley de Seguridad
Privada de 30-7-1992 (SOLAMENTE arts. 1, 21, 23, 24 y 25).

Leer el Capítulo II del Reglamento de Seguridad Privada de 9-11-1994
(arts. 66 a 110) . Se ha de estudiar SOLAMENTE el contenido de los arts.
67, 95 a 99, inclusive, y arts. 151 a 153, inclusive, del Reglamento de
Seguridad Privada.

Se ha de estudiar el contenido normativo de la Orden INT/318/2011,
de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada (SOLAMENTE arts.
31 a 35, inclusive)

Además es necesario estudiar el material doctrinal colgado en
Documentos en la Plataforma Alf que se indica en los epígrafes 1.1. y 1.2.
relativos a la deontología profesional y deontología profesional de la seguridad
privada.

B.- Protección de Datos de Carácter Personal:

Se ha de leer todo el texto de:
- Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de
Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de
vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras.
- Instrucción 1/1996, de 1 de marzo, de la Agencia de Protección de
Datos, sobre ficheros automatizados establecidos con la finalidad de controlar
el acceso a los edificios.
− Instrucción 2/1996, de1 de marzo, de la Agencia de Protección de Datos,
sobre ficheros automatizados establecidos con la finalidad de controlar el acceo
a los casinos y salas de bingo.

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Se ha de leer la Exposición de Motivos de:
− Real Decreto 596/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el
reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de
agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos.

Se ha de estudiar el contenido de los siguientes artículos:
− Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal: artículos 1 a 12 inclusive, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 25,
33 a 35 inclusive, 37, 39, 41 y 42.

Además es necesario estudiar los epígrafes desarrollados en este material
didáctico correspondientes a protección de datos.

El módulo se completa con ejercicios de autoevaluación que ayudarán al
estudiante a fijar conceptos. Son preguntas cuya realización sirve de ayuda al
estudiante en el estudio del módulo. No se evaluarán para superar el Módulo
II (no hay calificación de estas preguntas) NO HAY QUE ENVIAR LAS
PREGUNTAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ALF.

CONTENIDOS

I.- DEONTOLOGÍA PROFESIONAL.
1.1. Concepto de deontología profesional.
1.2.- Deontología del personal de seguridad privada.
1.3. Normativa aplicada a la deontología profesional en el ámbito de la
seguridad privada.

II.- PROTECCIÓN DE DATOS APLICADA A LA SEGURIDAD PRIVADA

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2.1. Protección de datos
2.1.1. Protección de datos sobre ficheros automatizados establecidos con la
finalidad de controlar el acceso a edificios públicos, a casinos y a salas de
bingo
2.1.2. Utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
lugares públicos
2.1.3. Protección de datos de carácter personal
2.1.3. Tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de
cámaras o videocámaras

III.- ANEXOS
3.1. Bibliografía Básica.
3.2. Glosario
3.3. Ejercicios de autoevaluación.

I.- DEONTOLOGÍA PROFESIONAL.

1.1. Concepto de deontología profesional.

El desarrollo de este epígrafe se encuentra colgado en Documentos en la
Plataforma ALf en el archivo correspondiente a deontología profesional.
Estudiar esta documentación.

1.2. Deontología del personal de seguridad privada.

Este epígrafe está colgado en la Plataforma Alf en Documentos en el
archivo de deontología de seguridad privada. Estudiar esta documentación.

1.3. Normativa aplicada a la deontología profesional en el ámbito de
la seguridad privada.

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Este epígrafe ha de estudiarse a través de la normativa relativa a la
seguridad privada colgada en Legislación en la Plataforma Alf (cuyos links
también se incluyen en la bibliografía básica de esta guía) siguiendo las
directrices indicadas en “Orientaciones de estudio”. La bibliografía y legislación
recoge normativa de interés para la seguridad y que puede tener relación con
la deontología profesional pero sólo ha de leerse y estudiarse la normativa
indicada en el epígrafe “Orientaciones de Estudio” que se encuentra al principio
de esta Guía según los criterios allí establecidos.

El estudio de estos artículos se justifica porque el incumplimiento de los
deberes y funciones establecidos por la legislación para el personal de
seguridad, en general, y los directores, en particular, supone vulnerar los
principios básicos de la ética y la deontología profesional que ha de regir esta
profesión al igual que otras muchas.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define deontología como
“ciencia o tratado de los deberes”. Y la ética en dos de sus acepciones se
define como “parte de la filosofía que trata la moral y las obligaciones del
hombre” y “conjunto de normas morales que rigen la conducta humana”.
Siguiendo estas definiciones y relacionándolo con la normativa sobre
seguridad privada se ha de concluir que las normas que guardan relación con
la deontología profesional del personal de seguridad privada son aquellas
normas relativas a los deberes y obligaciones que la legislación establece de
cumplimiento obligado para este personal pues su incumplimiento supondrá
incurrir en falta muy grave, grave o leve con la correspondiente sanción
establecida en esas normas.
Indudablemente el incumplimiento implica una falta de ética por parte de
la persona que lo realiza al no seguir esas pautas mínimas de conducta
establecidas para el ejercicio de su profesión.
Al no existir un Código Deontológico propio del personal de seguridad
privada, se deduce que el incumplimiento de los deberes, obligaciones y
funciones establecidos en la norma supone la carencia de esa deontología

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mínima que se exige a cualquier profesional del sector. Por ello, las causas en
las que se incurre en sanción muy grave, grave o leve supone la vulneración de
ese código deontológico que ha de regir la profesión del personal de seguridad,
en general, y de los Directores, en particular.
Los principios, deberes, obligaciones y sanciones se regulan en:
- Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada: art. 1 (principios),
artículos 23 a 25 (infracciones).
- Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Seguridad Privada en el Título II “Personal de seguridad”,
Capítulo II “Funciones, deberes y responsabilidades”: arts. 66 a 110 (se destaca
el art. 67 sobre los principios de actuación); si bien, al ser éste un Curso en
Dirección de Seguridad Privada, del Capítulo II son muy importantes los
artículos relativos a Jefes de Seguridad (arts. 95 a 99 sobre las funciones).
También es muy importante el Título V “Régimen sancionador”, Capítulo I,
Sección 2ª “Personal de seguridad privada”, arts. 151 a 153 (infracciones).
- Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad
privada: Título III “Ejercicio de las funciones del personal de seguridad privada”,
Capítulo I “principios de actuación”, art. 31 y Capítulo II “Colaboración con la
seguridad pública”, arts. 32 a 35 inclusive.

II.- PROTECCIÓN DE DATOS APLICADA AL ÁMBITO DE LA
SEGURIDAD PRIVADA.

2.1. Protección de datos
La protección de datos tiene una gran relevancia en el mundo actual. De
hecho, se ha creado una amplia pero específica normativa sobre esta materia.
No cabe duda que el personal de seguridad y, más concretamente, el
Director de Seguridad tiene acceso a unos datos sensibles en el ejercicio de
sus funciones. De ahí la necesidad de analizar la normativa española sobre
protección de datos en sus diferentes .ámbitos.

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2.1.1. Protección de datos sobre ficheros automatizados establecidos
con la finalidad de controlar el acceso a edificios públicos, a casinos y a
salas de bingo.

A.- Control de acceso a edificios:
La Instrucción 1/1996, de 1 de marzo, de la Agencia de Protección de
el acceso a los edificios, es la normativa a seguir en el ámbito de la protección
de datos en el control de acceso a edificios públicos.
La Instrucción consta de seis normas y una final para regular la materia:
los datos de carácter personal tratados de forma automatizada recabados por
los servicios de seguridad con el fin de controlar el acceso a edificios públicos y
privados, así como establecimientos, espectáculos, certámenes y
convenciones.
En este sentido se considera dato personal cualquier información que
concierna a personas físicas identificadas o identificables, incluyendo en esa
información el sonido y la imagen. El responsable del fichero es la persona
física o jurídica por cuya cuenta se realice el servicio de seguridad o preste
tales servicios asumiendo la obligación de la inscripción del fichero en el
Registro General de Protección de Datos y la adopción de medidas técnicas
para la seguridad de los datos.
Los datos recogidos son exclusivamente para el control de acceso al
edificio y no podrán ser utilizados para otros fines ni cedidos salvo, en este
último caso, si hay consentimiento del afectado. Los datos podrán ser
destruidos al mes de ser recabados.

B.- Control de acceso a casinos y salas de bingo:
La Instrucción 2/1996, de 1 de marzo, de la Agencia de Protección de
el acceso a los casinos y salas de bingo, es la normativa a seguir en el ámbito
de la protección de datos en el control de acceso por las sociedades
explotadoras de casinos de juego o por cualquier empresa titular de una sala

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de bingo.
La Instrucción consta de seis normas y una final para regular la materia:
los datos de carácter personal tratados de forma automatizada recabados por
los servicios de seguridad con el fin de controlar el acceso a casinos de juego o
salsa de bingo.
En este sentido se considera dato personal cualquier información que
concierna a personas físicas identificadas o identificables, incluyendo en esa
información el sonido y la imagen. El responsable del fichero es la sociedad
explotadora del casino de juego o la empresa titular de la sala de bingo que
deberá inscribir el fichero en el Registro General de Protección de Datos y
adoptar las medidas técnicas para la seguridad de los datos.
No pueden recogerse más datos personales que los estrictamente
necesarios para el control de acceso quedando limitados a los que aparecen en
el documento de identificación exigido en la entrada. No podrán utilizarse para
fines diferentes y pueden ser destruidos en el plazo de seis meses desde el
último acceso.

2.1.2. Utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad en lugares públicos.

La utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en lugares públicos se regula a través de:
La L.O. 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de
videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Real Decreto
596/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y
ejecución de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la
utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
lugares públicos.
La prevención de actos delictivos, la protección de las personas y la
conservación y custodia de bienes que se encuentren en peligro lleva a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a emplear medios técnicos, sobre todo
cuando las actuaciones perseguidas suceden en espacios abiertos al público.

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Con estos medios, concretamente con el uso de sistemas de grabación de
imágenes y sonidos y su posterior tratamiento, se incrementa el nivel de
protección de los bienes y libertades de las personas.
De ahí que se proceda a regular su uso para introducir las garantías
necesarias en el ejercicio de los derechos y libertades constitucionales para no
ser perturbados por un exceso de celo en la defensa de la seguridad pública.
Se prevé la instalación fija de videocámaras y el uso de videocámaras
móviles con autorización del órgano designado al efecto (Delegado del
Gobierno) salvo en caso de urgencia o en las que sea imposible obtener a
tiempo la autorización, en cuyo caso se comunicará su uso a la autoridad
policial y a la Comisión cuya presidencia corresponde al Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente.
La resolución que acuerde la autorización será motivada y referida al lugar
público concreto objeto de observación por las videocámaras conteniendo las
limitaciones y las condiciones de uso necesarias.
La autorización de videocámaras seguirá los criterios de asegurar la
protección de los edificios e instalaciones públicas y sus accesos, salvaguardar
las instalaciones útiles para la defensa nacional, constatar infracciones a la
seguridad ciudadana y prevenir la causación de daños a las personas y bienes.
Los principios de utilización de videocámaras se rigen por el principio de
proporcionalidad en sus aspectos de idoneidad e intervención mínima (art. 6 de
la Ley).

2.1.3. Protección de datos de carácter personal.

En el ámbito de la protección de datos es importante el tema de la
protección de datos de carácter personal.
Por dato de carácter personal se entiende cualquier información
concerniente a personas físicas identificadas o identificables.
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal garantiza y protege, en lo relativo a datos personales, las
libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas y

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especialmente de su honor e intimidad personal y familiar. La ley se aplica a los
datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga
susceptibles de tratamiento (la definición de tratamiento se recoge en el art. 3
de la L.O. 15/1999) y a toda modalidad de uso posterior de los mismos por
parte de los sectores público y privado.
El ámbito de aplicación se regula en el art. 2 de la mencionada Ley.
La protección de los datos se lleva a cabo siguiendo una serie de
principios (arts. 4 a 12 de la Ley): calidad de datos, derecho de información en
la recogida de datos, consentimiento del afectado, seguridad de los datos,
deber de secreto, comunicación de datos, existencia de datos especialmente
protegidos y datos relativos a la salud.
En relación al curso también es destacable el tema de los ficheros creados
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art.2 de la Ley) pues estarán sujetos
a esta normativa aquellos ficheros que contengan datos personales creados
con fines administrativos, siendo objeto de registro permanente. Los datos
recogidos con fines policiales sin consentimiento de las personas afectadas se
limitan a supuestos necesarios para la prevención de un peligro real para la
seguridad pública o la represión de infracciones penales. Los datos
especialmente protegidos se realizan en los casos exclusivamente necesarios
para los fines de una investigación concreta. Los datos personales registrados
con fines policiales se cancelarán cuando no sean necesarios para las
averiguaciones que motivaron su almacenamiento.
Se completa la Ley, entre otras materias, con la regulación de los ficheros
de titularidad pública y privada, el movimiento internacional de datos, la
Agencia de Protección de Datos y las infracciones y sanciones.

2.1.4. Tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a
través de cámaras o videocámaras.

- La Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de
vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras es la normativa

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aplicable en relación a los datos personales con finalidad de vigilancia por
cámaras o videocámaras.
El incremento de las instalaciones de estos sistemas ha creado dudas en
lo relativo a su tratamiento, de ahí esta normativa.
Como establece la Exposición de Motivos de la mencionada Instrucción, la
seguridad y la vigilancia no son elementos incompatibles con el derecho
fundamental a la protección de la imagen como dato personal por lo que se ha
de respetar la normativa sobre protección de datos.
El hecho de que las imágenes a través de cámaras o videocámaras sea
un método un tanto ‘agresivo’ para la intimidad hace necesario la aplicación de
medios menos intrusivos para prevenir interferencias en los derechos y
libertades fundamentales; de ahí, que el uso de estos medios no deba
realizarse inicialmente y haya de ser proporcional al fin perseguido. Se ha de
considerar el juicio de proporcionalidad para saber si un medio resulta intrusivo.
Y para ver este juicio se observa el cumplimiento de tres condiciones: si la
medida es susceptible de conseguir el fin propuesto, si es necesaria y si es
equilibrada.
La Instrucción de 2006 se aplica al tratamiento de datos personales de
imágenes de persona físicas identificadas o identificables, con fines de
vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras debiendo colocar
los responsables un distintivo en aquellas zonas video-vigiladas, siendo
cancelados los datos al mes de su captación.
Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la norma los datos
personales grabados con finalidad doméstica y el tratamiento de imágenes
cuando se utilizan para el ejercicio de sus funciones por parte de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.
- El Real Decreto 596/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de
agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad en lugares públicos desarrolla la Ley Orgánica 4/1997
antes mencionada. Además la Disposición Adicional única regula el régimen
aplicable a las videocámaras para la vigilancia, control y disciplina del tráfico

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que se realizará con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/1997 antes
mencionada. Aunque hay alguna variante relativa a la materia específica a la
que se refiere: la resolución que ordene la instalación y uso de los dispositivos
fijos de captación y reproducción han de identificar genéricamente las vías
públicas o los tramos de aquéllas cuya imagen sea susceptible de ser captada,
las medidas que garanticen la disponibilidad, confidencialidad e integridad de
las grabaciones o registros obtenidos, el órgano encargado de la custodia y
resolución de las solicitudes de acceso y cancelación. La vigencia de la
resolución es indefinida mientras no cambien las circunstancias que la
motivaron.
La utilización de las videocámaras contempladas en esta disposición por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para fines distintos de los previstos se
regirán por la Ley Orgánica 4/1997.

III.- ANEXO

4.1. Bibliografía básica.

LEGISLACIÓN RELACIONADA CON DEONTOLOGÍA PROFESIONAL.

1.- L.O. 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
(versión actualizada)

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?c=3&item=1986/
06859

2.- L.O. 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana (versión actualizada).

04252
13

3.- L.O. 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada (versión
actualizada).

18489
4.- Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el
reglamento de Seguridad privada.

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1995-
608

5.- L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el Código
Penal (versión actualizada).

25444

6.- Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad
privada.

http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/18/pdfs/BOE-A-2011-3172.pdf

LEGISLACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS.

7.- Instrucción 1/1996, de 1 de marzo, de la Agencia de Protección de
el acceso a edificios.

5697

14

8.- Instrucción 2/1996, de 1 de marzo, de la Agencia de Protección de
el acceso a casinos y salas de bingo.

5698

9.- L.O. 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de
videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos.

17574

10.- RD 596/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo y ejecución de la L.O. 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la
utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
lugares públicos.

17574

11.- L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (versión actualizada).

23750

12.- Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de
vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras.


15

21648

4.2 Glosario de términos.

Ningún término ofrece dificultad de comprensión desde el punto de vista
jurídico.

4.3. Ejercicios de autoevaluación.

Conteste a las siguientes preguntas en un espacio máximo de diez líneas.
Las preguntas NO computarán en la calificación final del Módulo II. NO
HAY QUE ENVIAR LAS PREGUNTAS.

a.- Concepto de deontología profesional.
b.- La protección de datos de carácter personal.

16

LEY 23/1992, DE 30 DE JULIO, DE SEGURIDAD PRIVADA (BOE núm. 186, de 4 de agosto) , en
su redacción dada por el:
• DECRETO-LEY 2/1999, DE 29 DE ENERO (BOE núm. 26, de 30 de enero).
• LEY 14/2000, DE 29 DE DICIEMBRE (BOE núm. 313, de 30 de Diciembre).
• REAL DECRETO-LEY 8/2007, DE 14 DE SEPTIEMBRE (BOE núm. 225, de 19 de
septiembre).
• LEY 25/2009 (BOE núm 308, de 23 de diciembre)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Uno.

La seguridad representa uno de los pilares básicos de la convivencia y, por tanto, su garantía
constituye una actividad esencial a la existencia misma del Estado moderno que, en tal condición,
se ejerce en régimen de monopolio por el poder público. Sin embargo, progresivamente se ha ido
extendiendo por todas las sociedades de nuestro entorno la realización de actividades de
seguridad por otras instancias sociales o agentes privados, llegando a adquirir en las últimas
décadas un auge hasta ahora desconocido. De aquí que países como Bélgica, Francia, el Reino
Unido o Italia hayan aprobado recientemente leyes de nueva planta o modificado su anterior
legislación para integrar funcionalmente la seguridad privada en el monopolio de la seguridad que
corresponde al Estado.

En este marco se inscribe la presente Ley, en su consideración de los servicios privados de
seguridad como servicios complementarios y subordinados respecto a los de la seguridad pública.
A partir de ahí se establece un conjunto de controles e intervenciones administrativas que
condicionan el ejercicio de las actividades de seguridad por los particulares. Lo que se busca con
estas normas es articular las facultades que puedan tener los ciudadanos de crear o utilizar los
servicios privados de seguridad con las razones profundas sobre las que se asienta el servicio
público de la seguridad.

El desarrollo de la seguridad privada que se ha producido en nuestro país, a partir de la primera
regulación de este tipo de prestaciones de servicios, en 1974, obliga a revisar el tratamiento legal
para permitir un control eficaz del elevado número de empresas del sector y de los actuales
vigilantes jurados de seguridad, cuya existencia no puede ser cuestionada, toda vez que se trata
de un medio de prevención del delito y contribuye, por tanto, al mantenimiento de la seguridad
pública. Además debe tenerse en cuenta que la presencia de vigilantes en controles de acceso y
seguridad interior no suele tener una trascendencia externa que perjudique el quehacer de los
Cuerpos de Seguridad, porque están llamados a actuar como elementos colaboradores en tareas
que difícilmente podrían cubrir por sí solos.

El análisis del sector y de sus circunstancias ponen de relieve que paralelamente a su crecimiento
han aparecido numerosos problemas, tales como el intrusismo, la falta de normas de
homologación de productos, deficiente formación de los vigilantes, irregularidades en su
funcionamiento y comisión de numerosas infracciones, así como la ausencia sobrevenida de
requisitos esenciales.

La proyección de la Administración del Estado sobre la prestación de servicios de seguridad por
empresas privadas y sobre su personal se basa en el hecho de que los servicios que prestan
forman parte del núcleo esencial de la competencia exclusiva en materia de seguridad pública
atribuida al Estado por el artículo 149.1.29 de la Constitución, y en la misión que, según el artículo
104 del propio texto fundamental, incumbe a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la
dependencia del Gobierno, de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la
seguridad ciudadana.

Ello significa que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han de estar permanentemente
presentes en el desarrollo de las actividades privadas de seguridad, conociendo la información

1

trascendente para la seguridad pública que en las mismas se genera y actuando con protagonismo
indiscutible, siempre que tales actividades detectan el acaecimiento de hechos delictivos graves,
perseguibles de oficio.

La defensa de la seguridad no puede ser ocasión de agresiones, coacciones, desconocimiento de
derechos o invasión de las esferas jurídicas y patrimoniales de otras personas. Y ésta es una de
las razones que justifican la intensa intervención en la organización y desarrollo de las actividades
de las empresas privadas de seguridad, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, que tienen la misión constitucional de proteger los derechos fundamentales de todos los
ciudadanos y garantizar su seguridad.

Ante un panorama como el descrito se hacía necesario realizar un esfuerzo clarificador que,
estudiando todos los hechos que giran en torno a la seguridad privada, permitiese hacer una
diagnosis de su situación, a partir de la cual se buscasen las soluciones adecuadas para ordenar
un sector que sigue en alza y que, además, pretende acceder a nuevas áreas de actividad dentro
de la seguridad.

Dos.

La normativa vigente, integrada principalmente por disposiciones sobre empresas privadas y
vigilantes de seguridad, es de inspiración preconstitucional, aunque algunas de sus formulaciones
actuales obedezcan a reelaboraciones promulgadas con posterioridad a la publicación de la
Constitución Española de 1978.

Una de las críticas más abiertamente expresadas, y generalmente coincidentes, se refiere no tanto
a la deficiencia de las normas como a su enorme dispersión y a su falta de estructura unitaria y
sistemática, lo que produce, claro está, lagunas o desfases propios de una legislación que
envejece y que ha sido superada por la rápida evolución del sector.

Ello ha dado lugar al surgimiento de actividades prohibidas, o no prohibidas estrictamente, pero
carentes de cobertura legal suficiente, cuyo tratamiento jurídico con rango legal necesario es
urgente.

Tres.

Aparte de los aspectos relativos a la formación profesional del personal de seguridad privada, se
considera necesario incorporar al ordenamiento jurídico, a través de la Ley primero, y
posteriormente por medio del correspondiente Reglamento, las previsiones demandadas por la
evolución que se ha operado en el sector de la seguridad privada.

1. El depósito y almacenamiento de fondos por las empresas de seguridad, no previsto en las
normas vigentes, ha surgido como un hecho y una necesidad derivados, de forma natural y
automática, del transporte de fondos, determinante de la concentración de éstos en las
dependencias de las empresas de seguridad, lo que exige su previsión normativa y su regulación.

Por su parte, el transporte aéreo de fondos, aunque no está excluido expresamente de la
legislación vigente, carece prácticamente de regulación específica en la actualidad y se considera
necesaria su previsión, principalmente cuando están implicados en las necesidades de fondos
territorios insulares o zonas de difícil acceso por razones geográficas.

2. La prestación sin armas del servicio propio de los vigilantes de seguridad constituye una
modalidad que ha nacido a la vida al calor de los Convenios laborales del sector, a través de la
figura del denominado Guarda de Seguridad, revelándose al propio tiempo que en la mayoría de
los casos resultaba innecesaria y desproporcionada la realización de tales actividades con armas,
de donde sólo se autorizará el uso de las mismas cuando lo exijan las concretas circunstancias.

2

3. La existencia en nuestro país de los servicios de protección personal es una realidad que no
cabe desconocer. Estos servicios son prestados, en la mayoría de los casos, por vigilantes al
servicio de algunas empresas de seguridad inscritas y, en otros casos, por personal propio de las
entidades a las que pertenece el protegido.

La atribución a las empresas de seguridad de la posibilidad de realizar servicios de protección
personal supondría la normalización y adecuación de este tipo de actividades a una normativa
concreta que vendría a llenar el vacío legal existente, ante una situación real pero no prevista
jurídicamente, debiéndose establecer fuertes mecanismos de control por parte de la
Administración, como respecto de los servicios en sí mismos y del personal encargado de
prestarlos.

4. El ámbito predominantemente rural en el que desenvuelven sus funciones los guardas
particulares del campo hace que, si bien no tienen sentido ni la especificidad de determinadas
normas ni lo anacrónico de algunos aspectos de su regulación, deben mantenerse ciertas notas
características de su régimen jurídico que requieren especialidades respecto del establecido para
los vigilantes de seguridad.

En consecuencia, la regulación de los guardas particulares del campo, que ha sobrevivido casi
ciento cincuenta años y que contiene elementos que responden a necesidades históricas y
geográficas concretas, debe ser adaptada a las exigencias actuales en el ámbito de la Ley de
Seguridad Privada, teniendo en cuenta su identidad sustancial.

5. Respecto a la profesión de detective privado, de ya larga tradición en España y en general en
los países occidentales, se detectan múltiples problemas, entre los cuales los más importantes son
los de insuficiencia de la normativa vigente, de determinación de controles o intervenciones de la
Administración y de sistemática legislativa, que plantea la alternativa de su incorporación a las
disposiciones sobre seguridad privada o de mantenimiento de la autonomía del bloque normativo.

La insuficiencia de rango normativo resulta evidente, si se tiene en cuenta que una Orden del
Ministerio del Interior de 20 de enero de 1981 regula los requisitos y condiciones de ejercicio de la
profesión; el sistema de intervención o control de la Administración del Estado en la organización,
puesta en marcha y funcionamiento de las agencias privadas de investigación; e inclusive el
régimen sancionador aplicable a los titulares de las agencias y al personal vinculado a las mismas,
lo que ha llevado al Tribunal Constitucional a declarar nulo el artículo 12 de dicha Orden en la
Sentencia 61/1990, de 29 de marzo.

La posible incorporación de la regulación de los detectives a una Ley de Seguridad Privada ha sido
objeto de estudios y deliberaciones. Como ya se ha indicado, su especificidad es evidente. Sin
embargo, hay que tener en cuenta razones de urgencia en resolver los problemas normativos de la
profesión, de los que devienen otros, también graves, por derivación, como el del intrusismo. Pero,
sobre todo, no hay nada que impida aprovechar la oportunidad de la tramitación de una Ley de
Seguridad Privada, para intentar solucionar tales problemas, si se tiene en cuenta que también en
este sector se produce el hecho sustancial de que el ámbito de actuación es parcialmente común
con el de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, lo que permite y aconseja que sean, asimismo,
idénticos los mecanismos de coordinación subordinada y de intervención de los servicios policiales.

6. Por último, es, desde luego, urgente y necesaria la dotación del rango normativo suficiente al
desarrollo del régimen sancionador aplicable a la materia, que, en la legislación actualmente
vigente y siguiendo mentalidades y pautas preconstitucionales, apenas tiene apoyo en normas con
rango de Ley y se encuentra contenido, prácticamente en su totalidad, en Reales Decretos y en
Ordenes ministeriales. Precisamente porque el régimen sancionador se considera la clave de arco
para garantizar el cumplimiento de las finalidades del ordenamiento global de la seguridad privada,
resulta imprescindible incorporar dicho régimen a una disposición con rango adecuado, en la que
se tipifiquen todas las infracciones posibles, se determinen las sanciones a imponer y se diseñe el
procedimiento sancionador, con especificación de las autoridades competentes para aplicar las

3

distintas sanciones. Para que la Administración realice un control eficaz de cuantas actividades
sean reguladas, resulta fundamental abordar, a la hora de elaborar una nueva disposición, la parte
sancionadora al objeto de garantizar adecuadamente la seguridad de personas y bienes.

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. (Real Decreto-Ley 8/2007)

1. Esta Ley tiene por objeto regular la prestación por personas, físicas o jurídicas, privadas de
servicios de vigilancia y seguridad de personas o de bienes, que tendrán la consideración de
actividades complementarias y subordinadas respecto a las de seguridad pública.

2. A los efectos de esta Ley, únicamente pueden realizar actividades de seguridad privada y
prestar servicios de esta naturaleza las empresas de seguridad y el personal de seguridad privada,
que estará integrado por los vigilantes de seguridad, los vigilantes de explosivos, los jefes de
seguridad, los directores de seguridad, los escoltas privados, los guardas particulares del campo,
los guardas de caza y los detectives privados.

3. Las actividades y servicios de seguridad privada se prestarán con absoluto respeto a la
Constitución y con sujeción a lo dispuesto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. El
personal de seguridad privada se atendrá en sus actuaciones a los principios de integridad y
dignidad; protección y trato correcto a las personas, evitando abusos, arbitrariedades y violencias y
actuando con congruencia y proporcionalidad en la utilización de sus facultades y de los medios
disponibles.

4. Las empresas y el personal de seguridad privada tendrán obligación especial de auxiliar a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, de prestarles su colaboración y
de seguir sus instrucciones en relación con las personas, los bienes, establecimientos o vehículos
de cuya protección, vigilancia o custodia estuvieren encargados.

Artículo 2.

1. Corresponde el ejercicio de las competencias administrativas necesarias para el cumplimiento
de lo dispuesto en la presente Ley al Ministerio del Interior y a los Gobernadores Civiles.

2. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
corresponde al Cuerpo Nacional de Policía el control de las entidades, servicios o actuaciones y
del personal y medios en materia de seguridad privada, vigilancia e investigación.

3. A los efectos indicados en el apartado anterior, habrá de facilitarse a los miembros del Cuerpo
Nacional de Policía, que en cada caso sean competentes, la información contenida en los Libros-
Registros prevenidos en los supuestos y en la forma que reglamentariamente se determinen.

4. Asimismo, las empresas de seguridad y los detectives privados presentarán cada año un informe
sobre sus actividades al Ministerio del Interior, que dará cuenta a las Cortes Generales del
funcionamiento del sector. Dicho informe habrá de contener relación de los contratos de prestación
de los servicios de seguridad celebrados con terceros, con indicación de la persona con quien se
contrató y de la naturaleza del servicio contratado, incluyéndose igualmente los demás aspectos
relacionados con la seguridad pública, en el tiempo y en la forma que reglamentariamente se
determinen.

Artículo 3.

1. Las empresas y el personal de seguridad privada no podrán intervenir, mientras estén ejerciendo
las funciones que les son propias, en la celebración de reuniones y manifestaciones ni en el

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desarrollo de conflictos políticos o laborales, sin perjuicio de mantener la seguridad que tuvieren
encomendada de las personas y de los bienes.

2. Tampoco podrán ejercer ningún tipo de controles sobre opiniones políticas, sindicales o
religiosas, o sobre la expresión de tales opiniones, ni crear o mantener bancos de datos con tal
objeto.

3. Tendrán prohibido comunicar a terceros cualquier información que conozcan en el ejercicio de
sus funciones sobre sus clientes, personas relacionadas con éstos, así como los bienes y efectos
que custodien.

Artículo 4.

1. Para garantizar la seguridad, solamente se podrán utilizar las medidas reglamentadas y los
medios materiales y técnicos homologados, de manera que se garantice su eficacia y se evite que
produzcan daños o molestias a terceros.

2. El Ministerio del Interior determinará las características y finalidades de dichos medios
materiales y técnicos, que podrán ser modificadas o anuladas cuando varíen las condiciones o
circunstancias que determinaron su aprobación.

CAPÍTULO II : EMPRESAS DE SEGURIDAD

Artículo 5.

1. Con sujeción a lo dispuesto en la presente Ley y en las normas reglamentarias que la
desarrollen, las empresas de seguridad únicamente podrán prestar o desarrollar los siguiente
servicios y actividades:

a) Vigilancia y protección de bienes, establecimientos, espectáculos, certámenes o
convenciones.
b) Protección de personas determinadas, previa la autorización correspondiente.
c) Depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes, títulos-valores y
demás objetos que, por su valor económico y expectativas que generen, o por su
peligrosidad, puedan requerir protección especial, sin perjuicio de las actividades propias
de las entidades financieras.
d) Transporte y distribución de los objetos a que se refiere el apartado anterior a través de
los distintos medios, realizándolos, en su caso, mediante vehículos cuyas características
serán determinadas por el Ministerio del Interior, de forma que no puedan confundirse con
los de las Fuerzas Armadas ni con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
e) Instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad, de
conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional sexta. (Ley 25/2009)
f) Explotación de centrales para la recepción, verificación y transmisión de las señales de
alarmas y su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como prestación de
servicios de respuesta cuya realización no sea de la competencia de dichas Fuerzas y
Cuerpos.
g) Planificación y asesoramiento de las actividades de seguridad contempladas en esta
Ley.

2. Las empresas de seguridad deberán garantizar la formación y actualización profesional de su
personal de seguridad. Podrán crear centros de formación y actualización para el personal de
empresas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.

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3. En ningún caso las empresas de seguridad podrán realizar las funciones de información e
investigación propias de los detectives privados.

Artículo 6.

1. Los contratos de prestación de los distintos servicios de seguridad deberán en todo caso
consignarse por escrito, con arreglo a modelo oficial, y comunicarse al Ministerio del Interior, con
una antelación mínima de tres días a la iniciación de tales servicios.

2. No obstante, la prestación del servicio de escoltas personales sólo podrá realizarse previa
autorización expresa del Ministerio del Interior, que se concederá individualizada y
excepcionalmente en los casos en que concurran especiales circunstancias y condicionada a la
forma de prestación del servicio.

3. El Ministro del Interior prohibirá la prestación de los servicios de seguridad privada o la utilización
de determinados medios materiales o técnicos cuando pudieran causar daños o perjuicios a
terceros o poner en peligro la seguridad ciudadana.


1. La prestación de servicios de seguridad privada a que se refiere el artículo 5 de esta Ley se
llevará a cabo por empresas de seguridad, que podrán revestir la forma de persona física o de
persona jurídica.

2. Para la prestación de los servicios y actividades de seguridad privada contemplados en esta ley,
las empresas de seguridad deberán obtener la oportuna autorización administrativa por el
procedimiento que se determine reglamentariamente, a cuyo efecto deberán reunir los siguientes
requisitos:

a) Tener por objeto social exclusivo todos o alguno de los servicios o actividades
contemplados en el artículo 5.
b) Tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte
en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
c) Contar con los medios humanos, de formación, financieros, materiales y técnicos que se
determinen reglamentariamente. En particular, cuando se presten servicios para los que se
precise el uso de armas, habrán de adoptarse las medidas que garanticen su adecuada
custodia, utilización y funcionamiento, en la forma que se determine.
d) Suscribir un contrato de seguro de responsabilidad civil o constituir otras garantías
financieras en la cuantía y con las condiciones que se determinen reglamentariamente.
e) Constituir la fianza que se determine reglamentariamente a disposición de las
autoridades españolas para atender a las responsabilidades que se deriven del
funcionamiento de la empresa por infracciones a la normativa de seguridad privada.

3. A los efectos previstos en las letras d) y e) del apartado 2, se tendrán en cuenta los requisitos ya
exigidos en el Estado miembro de origen en lo referente a la suscripción del contrato de seguro de
responsabilidad civil u otras garantías financieras, así como en lo relativo a la constitución de
fianzas.

4. Las empresas de seguridad, tanto si son personas físicas como jurídicas, autorizadas para la
prestación de servicios de seguridad privada con arreglo a la normativa de cualquiera de los
Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio

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Económico Europeo, habrán de inscribirse en el Registro de Empresas de Seguridad que se lleva
en el Ministerio del Interior, a cuyo efecto deberán acreditar su condición de empresas de
seguridad y el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley, en la forma que se
determine reglamentariamente.

5. La pérdida de alguno de los requisitos indicados producirá la cancelación de la inscripción, que
será acordada por el Ministro del Interior, en resolución motivada dictada con audiencia del
interesado.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, a las empresas de seguridad que
tengan por objeto exclusivo la instalación o mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de
seguridad, así como el asesoramiento y planificación de actividades de seguridad, se las podrá
eximir del cumplimiento de alguno de los requisitos incluidos en este artículo, cuando así se
determine reglamentariamente.

Artículo 8.

Los administradores y directores de las empresas de seguridad, que figurarán en el Registro a que
se refiere el apartado 1 del artículo anterior, deberán:

a) Ser personas físicas residentes en el territorio de alguno de los Estados miembros de la Unión
Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Real Decreto-
Ley 2/1999).
b) Carecer de antecedentes penales.
c) No haber sido sancionados en los dos o cuatro años anteriores por infracción grave o muy
grave, respectivamente, en materia de seguridad.
d) No haber sido separados del servicio en las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, ni haber ejercido funciones de control de las entidades, servicios o actuaciones de
seguridad, vigilancia o investigación privadas, ni de su personal o medios, como miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los dos años anteriores.


1. Cuando las empresas de seguridad revistan la forma de persona jurídica, deberán reunir los
requisitos establecidos en la legislación mercantil.

2. Las empresas a las que se refiere el apartado anterior estarán obligadas a comunicar al
Ministerio del Interior todo cambio que se produzca en la titularidad de las acciones o
participaciones y los que afectan a su capital social, dentro de los quince días siguientes a su
modificación.

3. Asimismo, en igual plazo, deberán comunicar cualquier modificación de sus Estatutos y toda
variación que sobrevenga en la composición personal de los órganos de administración y dirección
de las empresas.

CAPÍTULO III : PERSONAL DE SEGURIDAD

Sección 1ª. Disposiciones comunes


1. Para el ejercicio de las funciones de seguridad privada, el personal al que se refiere el artículo 1,
apartado 2, de esta ley, habrá de obtener previamente la correspondiente habilitación del Ministerio

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del Interior, con el carácter de autorización administrativa, en expediente que se instruirá a
instancia del propio interesado.

2. Para la obtención de la habilitación indicada en el apartado anterior, los aspirantes habrán de
reunir los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de un
Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
b) Ser mayor de edad y no haber alcanzado, en su caso, la edad que se determine
reglamentariamente.
c) Poseer la aptitud física y la capacidad psíquica necesarias para el ejercicio de las
funciones.
d) Superar las pruebas oportunas que acrediten los conocimientos y la capacidad
necesarios para el ejercicio de sus funciones.
e) Carecer de antecedentes penales.
f) No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores por infracción grave o muy
grave, respectivamente, en materia de seguridad privada.
g) No haber sido separado del servicio en las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, ni haber ejercido funciones de control en las entidades, servicios o actuaciones
de seguridad, vigilancia o investigación privadas, ni de su personal o medios, como
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los dos años anteriores.
h) No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, del secreto de las
comunicaciones o de otros derechos fundamentales, en los cinco años anteriores a la
solicitud.

3. Los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo, cuya habilitación o cualificación profesional haya sido
obtenida en alguno de dichos Estados para el desempeño de las funciones de seguridad privada
en el mismo, podrán desempeñar actividades o prestar servicios de seguridad privada en España,
siempre que, previa comprobación del Ministerio del Interior, se acredite que cumplen los
siguientes requisitos:

a) Poseer alguna titulación, habilitación o certificación expedida por las autoridades
competentes de cualquier Estado miembro o de Estado parte en el Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo, que les autorice para el ejercicio de funciones de seguridad
privada en el mismo.
b) Acreditar los conocimientos, formación y aptitudes equivalentes a los exigidos en
España para el ejercicio de las profesiones relacionadas con la seguridad privada.
c) Tener conocimientos de lengua castellana suficientes para el normal desempeño de las
funciones de seguridad privada.
d) Los previstos en las letras b, e, f, g y h, del apartado 2 de este artículo.

4. La carencia o insuficiencia de conocimientos o aptitudes necesarios para el ejercicio de las
actividades de seguridad privada en España de los nacionales de Estados miembros de la Unión
Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, podrá suplirse
por aplicación de las medidas compensatorias previstas en la normativa vigente sobre
reconocimiento de cualificaciones profesionales.

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5. La pérdida de alguno de los requisitos indicados producirá la cancelación de la habilitación, que
será acordada por el Ministro del Interior, en resolución motivada dictada con audiencia del
interesado.

6. La inactividad del personal de seguridad por tiempo superior a dos años exigirá su sometimiento
a nuevas pruebas para poder desempeñar las funciones que le son propias.

Sección 2ª. Vigilantes de seguridad

Artículo 11.

1. Los vigilantes de seguridad sólo podrán desempeñar las siguientes funciones:

a) Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección
de las personas que puedan encontrarse en los mismos.
b) Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles determinados,
sin que en ningún caso puedan retener la documentación personal.
c) Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su
protección.
d) Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad a los delincuentes en relación con el objeto de su protección, así como los
instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, no pudiendo proceder al interrogatorio de
aquellos.
e) Efectuar la protección del almacenamiento, recuento, clasificación y transporte de
dinero, valores y objetos valiosos.
f) Llevar a cabo, en relación con el funcionamiento de centrales de alarma, la prestación de
servicios de respuesta de las alarmas que se produzcan, cuya realización no corresponda
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

2. Para la función de protección del almacenamiento, manipulación y transporte de explosivos u
otros objetos o sustancias que reglamentariamente de determinen, será preciso haber obtenido
una habilitación especial.

Artículo 12.

1. Tales funciones únicamente podrán ser desarrolladas por los vigilantes integrados en empresas
de seguridad, vistiendo el uniforme y ostentando el distintivo del cargo que sean preceptivos, que
serán aprobados por el Ministerio del Interior y que no podrán confundirse con los de las Fuerzas
Armadas ni con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

2. Los vigilantes, dentro de la entidad o empresa donde presten sus servicios, se dedicarán
exclusivamente a la función de seguridad propia de su cargo, no pudiendo simultanear la misma
con otras misiones.

Artículo 13.

Salvo la función de protección del transporte de dinero, valores, bienes u objetos, los vigilantes de
seguridad ejercerán sus funciones exclusivamente en el interior de los edificios o de las
propiedades de cuya vigilancia estuvieran encargados, sin que tales funciones se puedan
desarrollar en las vías públicas ni en aquellas que, no teniendo tal condición, sean de uso común.

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No obstante, cuando se trate de polígonos industriales o urbanizaciones aisladas, podrán
implantarse servicios de vigilancia y protección en la forma que expresamente se autorice.

Artículo 14.

1. Los vigilantes de seguridad, previo el otorgamiento de las correspondientes licencias, sólo
desarrollarán con armas de fuego las funciones indicadas en el artículo 11, en los supuestos que
reglamentariamente se determinen, entre los que se comprenderán, además del de protección del
almacenamiento, recuento, clasificación y transporte de dinero, valores y objetos valiosos, los de
vigilancia y protección de fábricas y depósitos o transporte de armas y explosivos, de industrias o
establecimientos peligrosos que se encuentren en despoblado y aquellos otros de análoga
significación.

2. Las armas adecuadas para realizar los servicios de seguridad, cuya categoría se determinará
reglamentariamente, sólo se podrán portar estando de servicio.

Artículo 15.

Los vigilantes que desempeñen sus funciones en establecimientos o instalaciones en los que el
servicio de seguridad se haya impuesto obligatoriamente, habrán de atenerse, en el ejercicio de
sus legítimos derechos laborales y sindicales, a lo que respecto de las empresas encargadas de
servicios públicos disponga la legislación vigente.

Sección 3ª. Jefes de seguridad

Artículo 16.

Cuando el número de vigilantes de seguridad, la complejidad organizativa o técnica, u otras
circunstancias que se determinarán reglamentariamente, lo hagan necesario, las funciones de
aquellos se desempeñarán a las órdenes directas de un jefe de seguridad, que será responsable
del funcionamiento de los vigilantes y de los sistemas de seguridad, así como de la organización y
ejecución de los servicios y de la observancia de la normativa aplicable.

Sección 4ª. Escoltas privados

Artículo 17.

1. Son funciones de los escoltas privados, con carácter exclusivo y excluyente, el
acompañamiento, defensa y protección de personas determinadas, que no tengan la condición de
autoridades públicas, impidiendo que sean objeto de agresiones o actos delictivos.

2. Para el cumplimiento de las indicadas funciones serán aplicables a los escoltas privados los
preceptos de la Sección 2.ª de este Capítulo y las demás normas concordantes de la presente Ley,
relativas a vigilantes de seguridad, salvo la referente a la uniformidad.

3. Asimismo, les será de aplicación para el ejercicio de sus funciones lo dispuesto sobre tenencia
de armas en el artículo 14 de esta Ley.

Sección 5ª. Guardas particulares del campo

Artículo 18.

Los guardas particulares del campo, que ejercerán funciones de vigilancia y protección de la
propiedad rural, se atendrán al régimen establecido en esta Ley para los vigilantes de seguridad,
con las especialidades siguientes:

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a) No podrán desempeñar la función de protección del almacenamiento, manipulación y transporte
de dinero, valores y objetos valiosos.
b) Podrán desarrollar las restantes funciones, sin estar integrados en empresas de seguridad.
c) La instrucción y tramitación de los expedientes relativos a su habilitación corresponderá
efectuarlas a las unidades competentes de la Guardia Civil.
d) El Ministro del Interior determinará, en su caso, el arma adecuada para la prestación de cada
clase de servicio.

Sección 6ª. Detectives privados

Artículo 19.

1. Los detectives privados, a solicitud de personas físicas o jurídicas, se encargarán:

a) De obtener y aportar información y pruebas sobre conductas o hechos privados.
b) De la investigación de delitos perseguibles sólo a instancia de parte por encargo de los
legitimados en el proceso penal.
c) De la vigilancia en ferias, hoteles, exposiciones o ámbitos análogos.

2. Salvo lo dispuesto en el párrafo c) del apartado anterior, no podrán prestar servicios propios de
las empresas de seguridad ni ejercer funciones atribuidas al personal a que se refieren las
Secciones anteriores del presente Capítulo.

3. Tampoco podrán realizar investigaciones sobre delitos perseguibles de oficio, debiendo
denunciar inmediatamente ante la autoridad competente cualquier hecho de esta naturaleza que
llegara a su conocimiento y poniendo a su disposición toda la información y los instrumentos que
pudieran haber obtenido.

4. En ningún caso podrán utilizar para sus investigaciones medios materiales o técnicos que
atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen o al
secreto de las comunicaciones.

Artículo 20.

Además de lo dispuesto en el artículo 10 de esta Ley, no podrán obtener la habilitación necesaria
para el ejercicio de las funciones de detective privado los funcionarios de cualquiera de las
Administraciones Públicas en activo en el momento de la solicitud o durante los dos años
anteriores a la misma.

CAPÍTULO IV: RÉGIMEN SANCIONADOR

Sección 1ª. Infracciones

Artículo 21.

1. Las infracciones de las normas contenidas en la presente Ley podrán ser leves, graves y muy
graves.

2. Las infracciones leves prescribirán a los dos meses; las graves, al año, y las muy graves, a los
dos años.

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El plazo de prescripción se contará desde la fecha en que la infracción hubiera sido cometida. En
las infracciones derivadas de una actividad continuada la fecha inicial del cómputo será la de la
finalización de la actividad o la del último acto en que la infracción se consume.

La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del
procedimiento sancionador, volviendo a correr el plazo si el expediente permaneciera paralizado
durante seis meses por causa no imputable a aquellos contra quienes se dirija.

Artículo 22.

Las empresas de seguridad podrán incurrir en las siguientes infracciones:

1. Infracciones muy graves:

a) La prestación de servicios de seguridad a terceros, careciendo de la habilitación
necesaria.
b) La realización de actividades prohibidas en el artículo 3 de la presente Ley sobre
conflictos políticos o laborales, control de opiniones, recogida de datos personales o
información a terceras personas sobre clientes o su personal, en el caso de que no sean
constitutivas de delito.
c) La instalación de medios materiales o técnicos no homologados que sean susceptibles
de causar grave daño a las personas o a los intereses generales.
d) La negativa a facilitar, cuando proceda, la información contenida en los Libros-Registros
reglamentarios.
e) El incumplimiento de las previsiones normativas sobre adquisición y uso de armas, así
como sobre disponibilidad de armeros y custodia de aquéllas, particularmente la tenencia
de armas por el personal a su servicio fuera de los casos permitidos por esta Ley.
f) La realización de servicios de seguridad con armas fuera de lo dispuesto en la presente
Ley.
g) La negativa a prestar auxilio o colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
la investigación y persecución de actos delictivos, en el descubrimiento y detención de los
delincuentes o en la realización de las funciones inspectoras o de control que les
correspondan.
h) La comisión de una tercera infracción grave en el período de un año.

2. Infracciones graves:

a) La instalación de medios materiales o técnicos no homologados, cuando la
homologación sea preceptiva.
b) La realización de servicios de transportes con vehículos que no reúnan las
características reglamentarias.
c) La realización de funciones que excedan de la habilitación obtenida por la empresa de
seguridad o por el personal a su servicio, o fuera del lugar o del ámbito territorial
correspondiente, así como la retención de la documentación personal.
d) La realización de los servicios de seguridad sin formalizar o sin comunicar al Ministerio
del Interior la celebración de los correspondientes contratos.
e) La utilización en el ejercicio de funciones de seguridad de personas que carezcan de
cualesquiera de los requisitos necesarios.

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f) El abandono o la omisión injustificados del servicio por parte de los vigilantes de
seguridad dentro de la jornada laboral establecida.
g) La falta de presentación al Ministerio del Interior del informe de actividades en la forma y
plazo prevenidos.
h) No transmitir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las señales de alarma
que se registren en las centrales privadas, transmitir las señales con retraso injustificado o
comunicar falsas incidencias, por negligencia, deficiente funcionamiento o falta de
verificación previa.
i) La comisión de una tercera infracción leve en el período de un año.

3. Infracciones leves:

a) La actuación del personal de seguridad sin la debida uniformidad o los medios que
reglamentariamente sean exigibles.
b) En general, el incumplimiento de los trámites, condiciones o formalidades establecidos
por la presente Ley o por las normas que la desarrollen, siempre que no constituya
infracción grave o muy grave.

Artículo 23.

El personal que desempeñe funciones de seguridad privada podrá incurrir en las siguientes
infracciones:

1. Infracciones muy graves:

a) La prestación de servicios de seguridad a terceros por parte del personal no integrado
en empresas de seguridad, careciendo de la habilitación necesaria.
b) El incumplimiento de las previsiones contenidas en esta Ley sobre tenencia de armas
fuera del servicio y sobre su utilización.
c) La falta de reserva debida sobre las investigaciones que realicen los detectives privados
o la utilización de medios materiales o técnicos que atenten contra el derecho al honor, a la
intimidad personal o familiar, a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones.
d) La condena mediante sentencia firme por un delito doloso cometido en el ejercicio de
sus funciones.
e) La negativa a prestar auxilio o colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
cuando sea procedente, en la investigación y persecución de actos delictivos, en el
descubrimiento y detención de los delincuentes o en la realización de las funciones
inspectoras o de control que les correspondan.
f) La comisión de una tercera infracción grave en el período de un año.

2. Infracciones graves:

a) La realización de funciones o servicios que excedan de la habilitación obtenida.
b) El ejercicio abusivo de sus funciones en relación con los ciudadanos.
c) No impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, prácticas abusivas, arbitrarias o
discriminatorias que entrañen violencia física o moral.
d) La falta de respeto al honor o a la dignidad de las personas.

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e) La realización de actividades prohibidas en el artículo 3 de la presente Ley sobre
conflictos políticos y laborales, control de opiniones o comunicación de información a
terceros sobre sus clientes, personas relacionadas con ellos, o sobre los bienes y efectos
que custodien.
f) El ejercicio de los derechos sindicales o laborales al margen de lo dispuesto al respecto
para los servicios públicos, en los supuestos a que se refiere el artículo 15 de la presente
Ley.
g) La falta de presentación al Ministerio del Interior del informe de actividades de los
detectives privados en la forma y plazo prevenidos.
h) La realización de investigaciones sobre delitos perseguibles de oficio o la falta de
denuncia a la autoridad competente de los delitos que conozcan los detectives privados en
el ejercicio de sus funciones.
i) La comisión de una tercera infracción leve en el período de un año.

3. Infracciones leves:

a) La actuación sin la debida uniformidad o medios, que reglamentariamente sean
exigibles, por parte del personal no integrado en empresas de seguridad.
b) El trato incorrecto o desconsiderado con los ciudadanos.
c) En general, el incumplimiento de los trámites, condiciones o formalidades establecidos
por la presente Ley o por las normas que la desarrollen, siempre que no constituya
infracción grave o muy grave.

Artículo 24.

1. Será considerada infracción grave, a los efectos de esta Ley, la utilización de aparatos de
alarmas u otros dispositivos de seguridad no homologados. Sin embargo, se reputará infracción
muy grave la utilización de tales dispositivos cuando fueran susceptibles de causar grave daño a
las personas o a los intereses generales.

2. La utilización de aparatos o dispositivos de seguridad sin ajustarse a las normas que los regulen,
o su funcionamiento con daños o molestias para terceros, será considerada infracción leve.

3. Tendrá la consideración de infracción grave la contratación o utilización de empresas carentes
de la habilitación específica necesaria para el desarrollo de los servicios de seguridad privada, a
sabiendas de que no reúnen los requisitos legales al efecto.

Tendrá la consideración de infracción leve la contratación o utilización de personal de seguridad,
en las mismas circunstancias.

Artículo 25.

Las reglamentaciones de las materias comprendidas en el ámbito de la presente Ley podrán
determinar los cuadros específicos de infracciones leves, graves y muy graves en que se concreten
los tipos que se contienen en los artículos anteriores.

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Sección 2ª. Sanciones

Artículo 26.

Las autoridades competentes para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley podrán
imponer, por la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 22 y de acuerdo con lo
establecido, en su caso, en las reglamentaciones específicas, las siguientes sanciones:

1. Por la comisión de infracciones muy graves:

a) Multas de 30.050,62 a 601.012,10 euros.
b) Cancelación de la inscripción.

2. Por la comisión de infracciones graves:

a) Multa de 300,52 a 30.050,61 euros.
b) Suspensión temporal de la autorización, por un plazo no superior a un año.

3. Por la comisión de infracciones leves:

a) Apercibimiento.
b) Multas de hasta 300,51 euros.

Artículo 27.


1. Por la comisión de infracciones muy graves:

a) Multas de 500.001 hasta 5.000.000 de pesetas.
b) Retirada definitiva de la habilitación, permiso o licencia.

2. Por la comisión de infracciones graves:

a) Multas de 50.001 hasta 500.000 pesetas.
b) Suspensión temporal de la habilitación, permiso o licencia, por un plazo no superior a un
año.

3. Por la comisión de infracciones leves:

a) Apercibimiento.
b) Multas de hasta 50.000 pesetas.

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Artículo 28.


a) Por infracciones muy graves, multas de 500.001 hasta 25.000.000 de pesetas.
b) Por infracciones graves, multas de 50.001 hasta 500.000 pesetas.
c) Por infracciones leves, multas de hasta 50.000 pesetas.

Artículo 29.

El material prohibido, no homologado o indebidamente utilizado en servicios de seguridad privada
será decomisado y se procederá a su destrucción si no fuera de lícito comercio, o a su enajenación
en otro caso, quedando en depósito la cantidad que se obtuviera para hacer frente a las
responsabilidades administrativas o de otro orden en que se haya podido incurrir.

Artículo 30.

1. En el ámbito de la Administración del Estado, la potestad sancionadora prevista en la presente
Ley corresponderá:

a) Al Ministro del Interior, para imponer las sanciones de cancelación de la inscripción y
retirada definitiva de la habilitación, permiso o licencia.
b) Al Director de la Seguridad del Estado, para imponer las restantes sanciones por
infracciones muy graves.
c) Al Director General de la Policía, para imponer las sanciones por infracciones graves.
d) A los Gobernadores Civiles para imponer las sanciones por infracciones leves.

2. Contra las resoluciones sancionadoras se podrán interponer los recursos previstos en la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Artículo 31.

1. Para la graduación de las sanciones, cuando no estén señaladas individualizadamente en los
Reglamentos, las autoridades competentes tendrán en cuenta la gravedad y trascendencia del
hecho, el posible perjuicio para el interés público, la situación de riesgo creada o mantenida, para
personas o bienes, la reincidencia, en su caso, y el volumen de actividad de la empresa de
seguridad contra quien se dicte la resolución sancionadora o la capacidad económica del infractor.

2. Cuando la comisión de las infracciones graves o muy graves hubieren generado beneficios
económicos para los autores de las mismas, las multas podrán incrementarse hasta el duplo de
dichas ganancias.

Artículo 32.

1. Las sanciones impuestas en aplicación de la presente Ley por infracciones leves, graves o muy
graves prescribirán respectivamente al año, dos años y cuatro años.

2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea firme
la resolución por la que se impone la sanción, si ésta no se hubiese comenzado a ejecutar, o

16

desde que se quebrantase el cumplimiento de la misma, si hubiese comenzado, y se interrumpirá
desde que se comience o se reanude la ejecución o cumplimiento.

Sección 3ª. Procedimiento

Artículo 33.

No podrá imponerse ninguna sanción, por las infracciones tipificadas en esta Ley, sino en virtud de
procedimiento instruido por las Unidades orgánicas correspondientes, conforme a las normas
contenidas en los artículos 133, 134, 136 y 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo. La
sanción de infracciones leves podrá acordarse en procedimiento abreviado, con audiencia del
interesado.

Artículo 34.

Toda persona que tuviere conocimiento de irregularidades cometidas por empresas o personal de
seguridad privada en el desarrollo de sus actividades, podrá denunciar aquéllas ante el Ministerio
del Interior o los Gobernadores Civiles, a efectos de posible ejercicio de las competencias
sancionadoras que les atribuye la presente Ley.

Artículo 35.

1. Iniciado el expediente, el órgano que haya ordenado su incoación podrá adoptar las medidas
cautelares necesarias, para garantizar la adecuada instrucción del procedimiento, así como para
evitar la continuación de la infracción o asegurar el pago de la sanción, en el caso de que ésta
fuese pecuniaria, y el cumplimiento de la misma en los demás supuestos.

2. Dichas medidas, que deberán ser congruentes con la naturaleza de la presunta infracción y
proporcionadas a la gravedad de la misma, podrán consistir en:

a) La ocupación o precinto de vehículos, armas, material o equipo prohibido, no
homologado o que resulte peligroso o perjudicial, así como de los instrumentos y efectos
de la infracción.
b) La retirada preventiva de las habilitaciones, permisos o licencias.
c) La suspensión administrativa de la habilitación del personal de seguridad privada y, en
su caso, de la tramitación necesaria para el otorgamiento de aquélla, mientras dure la
instrucción de expedientes por infracciones graves o muy graves en materia de seguridad.
También podrán ser suspendidas las indicadas habilitación y tramitación, hasta tanto
finalice el proceso por delitos contra dicho personal.

3. Excepcionalmente, en supuestos de grave riesgo o peligro inminente para personas o bienes,
las medidas previstas en el apartado a) del número anterior, podrán ser adoptadas inmediatamente
por los agentes de la autoridad; si bien, para su mantenimiento, habrán de ser ratificadas por la
autoridad competente, en el plazo máximo de setenta y dos horas.

4. Cuando los Gobernadores Civiles acordaran la medida cautelar de retirada preventiva de las
habilitaciones, permisos o licencias, o de suspensión administrativa de la habilitación o de la
tramitación para otorgarla al personal de seguridad, deberán elevar los particulares pertinentes a la
autoridad competente, para su ratificación, debiendo éste resolver en el plazo de siete días.

5. Las medidas cautelares previstas en los apartados 2 b) y 2 c) del presente artículo no podrán
tener una duración superior a un año.

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CAPÍTULO V : EJECUCIÓN

Artículo 36.

1. Las sanciones impuestas en las materias objeto de la presente Ley serán ejecutivas desde que
la resolución adquiera firmeza en la vía administrativa.

2. Cuando la sanción sea de naturaleza pecuniaria y no se halle previsto plazo para satisfacerla, la
autoridad que la impuso lo señalará, sin que pueda ser inferior a quince ni superior a treinta días
hábiles; pudiendo acordarse el fraccionamiento del pago.

3. En los casos de suspensión temporal, cancelación de inscripciones, retirada de documentación y
clausura o cierre de establecimientos o empresas, la autoridad sancionadora señalará un plazo de
ejecución suficiente, que no podrá ser inferior a quince días ni superior a los dos meses, oyendo al
sancionado y a los terceros que pudieran resultar directamente afectados.

Artículo 37.

1. Para la ejecución forzosa de las sanciones, se seguirá el procedimiento previsto en el Capítulo V
del Título IV de la Ley de Procedimiento Administrativo.

2. En el caso de las multas, si éstas no fueren satisfechas en el plazo fijado en la resolución, una
vez firme ésta, se seguirá el procedimiento ejecutivo previsto en el Reglamento General de
Recaudación.

Artículo 38.

La resolución de los expedientes sancionadores por infracciones graves y muy graves podrá ser
hecha pública, en virtud de acuerdo de las autoridades competentes, en los términos que
reglamentariamente se determinen.

Artículo 39.

Para lograr el cumplimiento de las resoluciones adoptadas en ejecución de lo dispuesto en la
presente Ley, las autoridades competentes, relacionadas en el artículo 30, podrán imponer multas
coercitivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

La cuantía de estas multas no excederá de 50.000 pesetas, pero podrá aumentarse sucesivamente
en el 50 por 100 de la cantidad anterior en casos de reiteración del incumplimiento.

Disposición adicional primera.

1. Las empresas de seguridad reguladas en la presente Ley, tendrán la consideración de sector
con regulación específica en materia de derecho de establecimiento.

2. La autorización de inversiones de capital extranjero en empresas de seguridad exigirá en todo
caso informe previo del Ministerio del Interior.

3. Las limitaciones establecidas en la presente disposición no serán de aplicación a las personas
físicas nacionales de los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea ni a las
sociedades constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro y cuya sede
social, administración central o centro de actividad principal se encuentre dentro de la Comunidad.

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Disposición adicional segunda.

1. Con sujeción a las normas que determine el Gobierno, la formación, actualización y
adiestramiento del personal de seguridad privada se llevarán a cabo por profesores acreditados y
en centros de formación, que deberán reunir requisitos de ubicación y acondicionamiento,
especialmente en cuanto se refiere a los espacios para el aprendizaje, práctica y
perfeccionamiento en la utilización de armas de fuego y sistemas de seguridad.

2. Sin perjuicio de las licencias o autorizaciones, autonómicas o municipales, que puedan ser
exigibles para entrar en funcionamiento, los centros de formación requerirán autorización de
apertura del Ministerio del Interior, que realizará actividades inspectoras de la organización y
funcionamiento de los centros.

3. No podrán ser titulares ni desempeñar funciones de dirección ni de administración de centros de
formación del personal de seguridad privada los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
que hayan ejercido en los mismos funciones de control de las entidades, servicios o actuaciones, o
del personal o medios en materia de seguridad, vigilancia o investigación privadas en los dos años
anteriores.

Disposición adicional tercera.

Quedan fuera del ámbito de aplicación de la presente Ley las actividades de custodia del estado de
instalaciones y bienes o de control de accesos realizadas en el interior de inmuebles por personal
distinto del de seguridad privada y directamente contratado por los titulares de los mismos.

Este personal en ningún caso podrá portar ni usar armas, ni utilizar distintivos o uniformes que
puedan confundirse con los previstos en esta Ley para el personal de seguridad privada.

Disposición adicional cuarta.

1. Las Comunidades Autónomas con competencias para la protección de personas y bienes y para
el mantenimiento del orden público, con arreglo a lo dispuesto en los correspondientes Estatutos y,
en su caso, con lo previsto en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, podrán desarrollar las
facultades de autorización, inspección y sanción de las empresas de seguridad que tengan su
domicilio social en la propia Comunidad Autónoma y el ámbito de actuación limitado a la misma.

2. A efectos de información, el ejercicio de tales atribuciones será comunicado a la Junta de
Seguridad.

3. También les corresponderá la denuncia, y puesta en conocimiento de las autoridades
competentes, de las infracciones cometidas por las empresas de seguridad que no se encuentren
incluidas en el párrafo primero de esta disposición.

Disposición adicional quinta.

" La Secretaría de Estado para la Seguridad del Ministerio del Interior podrá autorizar la prestación
de funciones de acompañamiento, defensa y protección, por parte de los escoltas privados, de
personas que tengan la condición de autoridades públicas, cuando las circunstancias así lo
recomienden." ( Ley 14/2000).

«Disposición adicional sexta. Exclusión de las empresas relacionadas con equipos técnicos
de seguridad.

Los prestadores de servicios o las filiales de las empresas de seguridad privada que
vendan, entreguen, instalen o mantengan equipos técnicos de seguridad, siempre que no
incluyan la prestación de servicios de conexión con centrales de alarma, quedan excluidos

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de la legislación de seguridad privada siempre y cuando no se dediquen a ninguno de los
otros fines definidos en el artículo 5, sin perjuicio de otras legislaciones específicas que
pudieran resultarles de aplicación. (Ley 25/2009)

Disposición transitoria primera.

Las empresas de seguridad inscritas, las medidas de seguridad adoptadas y el material o equipo
en uso con anterioridad a la promulgación de la presente Ley, de acuerdo con la normativa
anterior, pero que no cumplan, total o parcialmente, los requisitos o exigencias establecidos en
esta Ley y en las normas que la desarrollen, deberán adaptarse a tales requisitos y exigencias,
dentro de un plazo de un año, que se contará:

a) Respecto a los requisitos nuevos de las empresas que requieran concreción reglamentaria,
desde la fecha de promulgación de las correspondientes disposiciones de desarrollo.
b) En cuanto a las medidas adoptadas, desde la promulgación de las normas que las reglamenten.
c) En cuanto al material o equipo que se encuentre en uso, desde que recaigan y se comuniquen
las correspondientes resoluciones de homologación, cuando sea necesarias.
d) Respecto a las materias no comprendidas en los apartados anteriores, desde la promulgación
de la presente Ley.

Disposición transitoria segunda.

1. Los vigilantes jurados de seguridad, los guardas jurados de explosivos y los guardas particulares
jurados del campo que, en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, reúnan las condiciones
exigibles para la prestación de los correspondientes servicios con arreglo a la normativa anterior,
podrán seguir desempeñando las funciones para las que estuviesen documentados, sin necesidad
de obtener la habilitación regulada en el artículo 10 de esta Ley.

2. Los vigilantes jurados de seguridad y los guardas jurados de explosivos que, en la fecha de
promulgación de la presente Ley, se encuentren contratados directamente por las empresas o
entidades en que realicen sus funciones de vigilancia, podrán continuar desempeñando dichas
funciones sin estar integrados en empresas de seguridad durante un plazo de dos años desde
dicha fecha, a partir del cual habrán de atenerse necesariamente a lo dispuesto al respecto en el
artículo 12 de esta Ley.

Disposición transitoria tercera.

Una vez transcurrido el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de las disposiciones de
desarrollo reglamentario relativas a la habilitación para el ejercicio de la profesión de vigilante de
seguridad, el personal que, bajo las denominaciones de guardas de seguridad, controladores u
otras de análoga significación, hubiera venido desempañando con anterioridad a dicha
promulgación funciones de vigilancia y controles en el interior de inmuebles no podrá realizar
ninguna de las funciones enumeradas en el artículo 11 sin haber obtenido previamente la
habilitación regulada en el artículo 10 de la presente Ley.

Disposición transitoria cuarta.

Los detectives privados y los auxiliares de los mismos que, en la fecha de promulgación de la
presente Ley, se encuentren acreditados como tales con arreglo a la legislación anterior y los
investigadores o informadores que acrediten oficialmente el ejercicio profesional durante dos años
con anterioridad a dicha fecha, podrán seguir desarrollando las mismas actividades hasta que
transcurra un año desde la promulgación de las disposiciones de desarrollo reglamentario relativas
a la habilitación para el ejercicio de la profesión de detective privado. A partir de dicho plazo, para

20

poder ejercer las actividades previstas en el artículo 19.1 de la presente Ley, habrán de convalidar
u obtener la habilitación necesaria con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley y en las indicadas
disposiciones de desarrollo reglamentario.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el
presente Ley.

Disposición final primera.

El Gobierno dictará las normas reglamentarias que sean precisas para el desarrollo y ejecución de
lo dispuesto en la presente Ley, y concretamente para determinar:

a) Los requisitos y características que han de reunir las empresas y entidades objeto de regulación.
b) Las condiciones que deben cumplirse en la prestación de servicios y realización de actividades
de seguridad privada.
c) Las características que han de reunir los medios técnicos y materiales utilizados a tal fin.
d) Las funciones, deberes y responsabilidades del personal de seguridad privada, así como la
cualificación y funciones del jefe de seguridad.
e) El régimen de habilitación de dicho personal.
f) Los órganos del Ministerio del Interior competentes, en cada caso, para el desempeño de las
distintas funciones.

Disposición final segunda.

Se faculta, asimismo, al Gobierno para actualizar la cuantía de las multas, de acuerdo con las
variaciones del índice de precios al consumo.

21

LEY 1/1992, DE 21 DE FEBRERO

EXPOSICION DE MOTIVOS
La protección de la seguridad ciudadana y el ejercicio de
las libertades públicas constituyen un binomio inseparable,
y ambos conceptos son requisitos básicos de la convivencia
en una sociedad democrática.
La Constitución, por otra parte, establece una atribución
genérica de competencia al Estado en materia de seguridad
pública (artículo 149.1.29) y, específicamente, atribuye a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia
del Gobierno, la tarea de proteger el libre ejercicio de los
derechos y libertades y de garantizar la seguridad
ciudadana (artículo 104.1), afectando en su regulación al
ejercicio de algunos derechos fundamentales, como el
derecho a la libertad, a la libre circulación por el territorio
nacional y a entrar y salir libremente de. España o al
derecho de reunión.
Desde la promulgación de la Constitución, en un proceso
ininterrumpido, las Cortes Generales han tratado de
mantener un positivo equilibrio entre libertad y seguridad,
habilitando a las autoridades correspondientes para el
cumplimiento de sus deberes constitucionales en materia
de seguridad, mediante la aprobación de Leyes Orgánicas
generales como la de 1 de junio de 1981, de los estados de
alarma, excepción y sitio; la de 1 de julio de 1985. sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España, o la de
13 de marzo de 1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Asimismo, se han aprobado Leyes especiales, como la de
15 de julio de 1983, reguladora del derecho de reunión; la
de 21 de enero de 1985, sobre Protección Civil, o la de 25
de julio de 1989, de Bases sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial; incluyéndose,
asimismo, medidas de prevención de la violencia en los
espectáculos deportivos mediante la Ley 10/1990, de 15 de
octubre, del Deporte, que dedica a la materia su Título IX.

Para completar, sin embargo, las facultades o potestades
de las autoridades actualizadas y adecuadas a la
Constitución, y con la finalidad de proteger la seguridad
ciudadana, se considera necesario establecer el ámbito de
responsabilidad de las autoridades administrativas en
materias como la fabricación, comercio, tenencia y uso de
armas y explosivos; concentraciones públicas en
espectáculos; documentación personal de nacionales y
extranjeros en España; así como regular ciertas actividades
de especial interés y responsabilidad para las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.
La consideración de fenómenos colectivos que implican la
aparición de amenazas, coacciones o acciones violentas,
con graves repercusiones en el funcionamiento de los
servicios públicos y en la vida ciudadana determina, a su
vez, la necesidad de un tratamiento adecuado a la
naturaleza de dichos fenómenos y adaptado a las
exigencias constitucionales.
Con todo ello, viene a completarse, la derogación formal
de la Ley de Orden Público, tan emblemática del régimen
político anterior y que ha caído prácticamente en desuso,
con independencia de que en varios aspectos de su
articulado haya sido expresamente derogada.
En el Capítulo II de la nueva Ley, se regulan las
actividades relacionadas con armas y explosivos,
habilitando la intervención del Estado en todo el proceso de
producción y venta, así como en la tenencia y uso de los
mismos, reconociendo el alcance restrictivo de las
autorizaciones administrativas para ello, regulando la
prohibición de ciertas armas, municiones y explosivos
especialmente peligrosos y considerando como sector con
regulación específica en materia de establecimiento la
fabricación, comercio o distribución de armas o explosivos.
Se disponen, asimismo, las finalidades a que tenderán
las medidas de policía que deberá dictar el Gobierno en
materia de espectáculos públicos y actividades recreativas,
dejando a salvo las competencias que, en este punto,
tienen reconocidas las Comunidades Autónomas mediante
sus correspondientes Estatutos.

Se establece, también, el derecho y el deber de obtener
el Documento Nacional de Identidad a partir de los catorce
años, que tendrá por sí solo suficiente valor para acreditar
la identidad de los ciudadanos, garantizando en todo caso
el respeto al derecho a la intimidad de la persona, sin que
los datos que en el mismo figuren puedan ser relativos a
raza, religión, opinión, ideología, afiliación política o
sindical, o creencias. Se regula la expedición del pasaporte
o documento que lo sustituya, y se establece, por otra
parte, el deber de identificación de los extranjeros que se
hallen en España, sin que puedan ser privados de esta
documentación, salvo en los mismos supuestos previstos
para el Documento Nacional de Identidad.
Finalmente, se habilita al Gobierno para llevar a cabo la
regulación de ciertas actuaciones de registro documental e
información de actividades cada vez de mayor relevancia
para la seguridad ciudadana, entre las que se comprende la
circulación de embarcaciones de alta velocidad, así como el
deber de determinadas entidades o establecimientos, que
generen riesgos directos para terceros o sean
especialmente vulnerables, de adoptar las medidas de
seguridad que fueren precisas.
En el Capítulo III se habilita para realizar actuaciones
dirigidas al mantenimiento y al restablecimiento de la
seguridad ciudadana, particularmente en supuestos de
desórdenes colectivos o de inseguridad pública graves.
Quedan, así, facultadas las autoridades para el cierre de
locales o establecimientos y para la evacuación de
inmuebles en situaciones de emergencia o en circunstancias
que lo hagan imprescindible, así como para la suspensión
de los espectáculos, desalojo de locales y cierre provisional
de establecimientos cuando en los mismos tuvieran lugar
graves alteraciones del orden. Se prevé la limitación o
restricción de la circulación o permanencia en vías o lugares
públicos en supuestos de alteración del orden o la
seguridad ciudadana. Se posibilita el establecimiento de
controles en las vías, lugares o establecimientos públicos,
con el fin de descubrir y detener a los partícipes en un
hecho delictivo y de aprehender los instrumentos, efectos o
pruebas del mismo.

Se regulan las condiciones en que los agentes de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siempre que ello fuese
necesario para el ejercicio de las funciones de protección de
la seguridad que les corresponden, podrán requerir la
identificación de las personas. Si no pudieran identificarse
por cualquier medio, podrán ser instadas a acudir a una
dependencia policial próxima a los solos efectos de la
identificación. No se altera, pues, el régimen vigente del
instituto de la detención, que sólo podrá seguir
produciéndose cuando se trate de un sospechoso de haber
cometido un delito y no por la imposibilidad de
identificación, Lo que se prevén son supuestos de
resistencia o negativa infundada a la identificación, que
tendrían las consecuencias que para tales infracciones
derivan del Código Penal vigente.
Se regulan, asimismo, las condiciones y términos en que,
conforme a lo permitido por la Constitución y las leyes,
podrá prescindirse del mandamiento judicial para penetrar
en domicilios, en lo que se refiere a las tareas de
persecución de fenómenos delictivos tan preocupantes para
la seguridad de los ciudadanos como son los relacionados
con el narcotráfico.
El Capítulo IV establece un régimen sancionador que
permite el cumplimiento de las finalidades de la Ley y de
las correspondientes garantías constitucionales. Tipifica las
infracciones contra la seguridad ciudadana, haciendo la
graduación entre infracciones muy graves, infracciones
graves e infracciones leves; comprendiéndose
específicamente entre las infracciones graves el consumo
en lugares públicos y la tenencia ilícita de drogas tóxicas o
sustancias estupefacientes, las cuales podrán ser
sancionadas, además, con la suspensión del permiso de
conducir de vehículos de motor hasta tres meses, y con la
retirada de permisos o licencias de armas. Atendiendo al fin
resocializador y no exclusivamente retributivo de la
sanción, se regula en la presente Ley para estos supuestos,
la posibilidad de suspensión de las sanciones en los casos
en los que el infractor se someta a un tratamiento de
deshabituación en un centro o servicio debidamente
acreditado. Asimismo, este Capítulo IV determina las

sanciones que cabe imponer y las autoridades competentes
para ello, estableciendo un procedimiento sancionador con
las debidas garantías. Por otra parte, se dispone la
obligación del Ministerio Fiscal de remitir testimonio de las
sentencias absolutorias o autos de sobreseimiento y
archivo, cuando los hechos no sean constitutivos de
infracción penal, si pudieran constituir infracción
administrativa de las previstas en esta Ley,
Por último, la presente Ley, en virtud de lo dispuesto en
la disposición adicional, en las disposiciones finales primera
y segunda, así como en los artículos 2 y concordantes, es
claramente respetuosa con el sistema competencial que se
desprende de la Constitución, tal como es definido por los
artículos 104 y 149.1.29, por la Ley Orgánica 2/1986, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y por los Estatutos de
Autonomías de las Comunidades con competencias en esta
materia. Asimismo, las autoridades locales seguirán
ejerciendo las facultades que les corresponden, de acuerdo
con la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la
legislación de Régimen Local, espectáculos públicos y
actividades clasificadas.
Se estima que así puede facilitarse y orientarse la tarea
de proteger un ámbito de seguridad y convivencia en el que
sea posible el ejercicio de derechos y libertades, mediante
la eliminación de la violencia en las relaciones sociales y la
remoción de los obstáculos que se opongan a la plenitud de
dichas libertades y derechos, todo lo cual entraña una de
las principales razones de ser de las autoridades a que se
refiere la presente Ley y de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad a sus órdenes.

CAPITULO I
Disposiciones
Generales

Artículo 1.
1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos
149.1.29 y 104 de la Constitución corresponde al Gobierno,

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