1. DECLARACIÓN FINAL
De la Campaña Global para Desmantelar el poder de las
transnacionales y poner fin a su impunidad
En el marco de la
Campaña de Movilización para detener los crímenes y la
impunidad corporativa
(abajo versión en inglés)
Los movimientos sociales exigen que aquello/as afectado/as por las
violaciones de Derechos Humanos y por crímenes ecológicos
cometidos por las transnacionales tengan acceso a la justicia!
Julio 2014 - Las violaciones pasadas y presentes de los Derechos
Humanos, cometidas por las empresas transnacionales (ETNs),
demandan una acción radical y urgente. Tragedias tales como el
desastre del Rana Plaza que mató en 2013 en Bangladesh a 1,132
trabajadores de la industria textil (mayoritariamente mujeres); o la
masacre de 34 mineros en Marikana en 2012 (Sudáfrica); la
destrucción ocasionada durante décadas por Shell en el Territorio
Ogoni (Nigeria) y por Chevron en la Amazonía ecuatoriana; se
encuentran entre innumerables ejemplos que evidencian la necesidad
urgente de acceso a justicia y compensación a las víctimas.
El 26 de junio de 2014, el Consejo de las Naciones Unidas sobre
Derechos Humanos (CDH) adoptó una resolución estableciendo un
grupo de trabajo intergubernamental cuyo mandato consiste en
elaborar el borrador de un instrumento legalmente vinculante para
obligar a las Empresas Transnacionales a respetar los Derechos
Humanos. Tras un intenso debate, veinte Estados-Miembro del
Consejo, representando a una población de 3,800 millones de
personas, votaron a favor de esta resolución histórica. Lo/as
defensore/as de los Derechos Humanos, y las comunidades afectadas
por las transnacionales, conjuntamente con diferentes movimientos
sociales y redes y campañas, tuvieron un papel clave en esta victoria
histórica.

2. A la luz de intentos anteriores de establecer un régimen vinculante en
términos de los Derechos Humanos para las transnacionales, el
proceso intergubernamental necesario para la elaboración de un
tratado de gran alcance, sobre empresas y Derechos Humanos, será
sin lugar a dudas intenso y conllevará de forma inevitable
confrontaciones con el poder corporativo. Se trata de una batalla que
los movimientos sociales, lo/as defensore/as de los Derechos
Humanos y las comunidades afectadas se han comprometido a ganar.
La Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo –
una red de movimientos sociales y organizaciones, campañas y
comunidades afectadas – tiene la determinación de fortalecer la
movilización en aras de un amplio y continuo contra-poder, que podrá
influir en el alcance, el contenido y la aplicabilidad del Tratado
Intergubernamental.
Los movimientos sociales, redes y organizaciones de la Campaña
Global para Desmantelar el Poder Corporativo y poner fin a su
Impunidad, están construyendo de forma colectiva un Tratado
Internacional de los Pueblos[1], que contenga una visión
alternativa de la ley y la justicia, construida desde abajo, desde el
Pueblo. El Tratado Internacional de los Pueblos sitúa a las personas
en tanto que protagonistas y actores políticos que deben encontrarse
al origen de las leyes y normas de un sistema político, económico y
legal, destinado a desafiar al marco actual que asegura
extraordinarios privilegios e impunidad a las empresas
transnacionales. El Tratado Internacional de los Pueblos constituye,
ante todo, un documento político y un proceso que surge de la
necesidad de enfrentar a la arquitectura de la impunidad, cuya
existencia implica con urgencia normas legales vinculantes que
puedan poner fin a los abusos y a la impunidad de las
transnacionales. A pesar de que el término “Tratado”, de acuerdo con
la definición legal estricta, se refiere a un documento firmado por
Estados, de acuerdo con nuestra perspectiva, más allá de los Estados,
los Pueblos pueden hacer leyes: defendemos la noción de una ley
internacional “desde abajo”.
Desde este marco radical y subversivo, tenemos la determinación de
superar la falta de imaginación y de voluntad política de aquellos que
afirman que un Tratado vinculante para las transnacionales es
imposible. El Tratado de los Pueblos, que representa una visión
política desde abajo, complementa el instrumento vinculante
intergubernamental que se negociará en el proceso dentro del CDH.
La Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo celebra
las posibilidades que se abren a partir de la aprobación de la
resolución, que permite avanzar de un modelo dominante de códigos
voluntarios y no-vinculantes para las transnacionales, hacia un
régimen legal y genuino que permita acceder a la justicia, a las

3. víctimas de las violaciones de Derechos Humanos por parte de las
transnacionales.
Es desde esta perspectiva de resistencias y luchas contra el poder
corporativo, que se organizó la Semana de Movilización para detener
los crímenes y la impunidad corporativa (Ginebra, 23 al 27 de junio),
conjuntamente con movimientos sociales, redes y organizaciones de
la sociedad civil, en el marco de la Alianza del Tratado. Se
organizaron diferentes actividades en la semana de la Sesión 26 del
CDH, justo cuando el Consejo había programado la discusión y el voto
para decidir si se lanzaba el proceso para crear un instrumento
vinculante aplicable a las transnacionales, desde la perspectiva de los
Derechos Humanos. La Semana de Movilización implicó un momento
de convergencia importante para los movimientos sociales y las
organizaciones de la sociedad civil, que realizaron un esfuerzo
colectivo para avanzar hacia un sistema más efectivo y profundo que
permita defender a los Derechos Humanos ante las violaciones por
parte de las transnacionales, particularmente en lo que atañe a los
derechos de aquello/as afectado/as por crímenes ambientales u otras
violaciones de los Derechos Humanos cometidas por empresas
transnacionales.
El objetivo de la Semana de Movilización no consistía únicamente en
presionar al CDH en torno a una regulación vinculante para las
transnacionales, sino también en exponer la “Arquitectura política y
económica global de la impunidad”, que ha protegido las operaciones
de las transnacionales, a expensas de los Derechos Humanos durante
décadas. La vigencia de dicho régimen político, económico y legal ha
sido posible mediante los siguientes mecanismos: Acuerdos de
Protección de las Inversiones; el arbitraje mediante Mecanismos de
Resolución de Controversias entre Estados e Inversores (ISDS) en
espacios como el CIADI (Banco Mundial); la Organización Mundial del
Comercio, que también dispone de un mecanismo de resolución de
este tipo de controversias; los planes de ajuste estructural impuestos
por el Fondo Monetario Internacional, que han sido replicados en
Europa por la Troika y las Políticas del Pacto de Competitividad; los
Tratados multilaterales y bilaterales de libre comercio, tales como el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Tratado
de Libre Comercio UE – Colombia, el Tratado Trasatlántico de
Comercio e Inversiones (TTIP), el Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TPP), y Acuerdo sobre el Comercio Internacional de
Servicios (TISA), entre otros.
La Semana de Movilización combinó de forma efectiva estrategias
internas y externas, en Ginebra y en diferentes capitales estatales,
mediante un sostenido trabajo de cabildeo. Entre las actividades se
destacó la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos; el
lanzamiento por parte de la Campaña, del documento base del

4. Tratado de los Pueblos, así como del Proceso Global de Consulta;
algunos “Eventos Paralelos” dentro de las Naciones Unidas;
frecuentes reuniones de cabildeo con las delegaciones de los Estados
miembro; una Conferencia de Prensa, una Conferencia sobre
Derechos Humanos, Sistemas alimentarios sostenibles y Obligaciones
Extraterritoriales (ETOs); así como una movilización al exterior de las
Naciones Unidas, que incluyó una visita guiada de los lugares clave
de las corporaciones en Ginebra o de entidades afines, tales como la
OMC.
La Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo co-
organizó en Ginebra una Audiencia del Tribunal Permanente de los
Pueblos (TPP) el lunes 23 de junio. Allí, representantes de
comunidades afectadas testificaron sobre los impactos desastrosos de
décadas de contaminación petrolera por parte de Chevron en la
Amazonía Ecuatoriana[2], y de Royal Dutch Shell en Nigeria. Otros
casos expusieron cómo los Derechos Humanos han sido
sistemáticamente violados por Coca-Cola Company en Colombia; por
la empresa de aguas israelí Mekorot en Palestina[3]; y por la
española Hidralia en Guatemala. Se sentó en el banquillo también a la
industria minera, mediante casos como el de la canadiense Pacific
Rim Mining/Oceana Gold Corporation, en El Salvador, y la británica
Lonmin en África del Sur. El caso de la anglo-suiza Glencore Xstrata
fue juzgado como emblemático, de por la extensión de los daños,
mediante los testimonios de comunidades afectadas por la empresa
en Perú, Colombia, Zambia, República Democrática del Congo y
Filipinas. Así, se demostró cómo opera esta empresa, en todo el
planeta, en total impunidad. En todos los casos presentados, se
evidenció de forma transversal la falta sistemática de acceso a la
justicia por parte de las víctimas de intimidaciones, persecución,
asesinato y destrucción ambiental.
La Audiencia del TPP se situó en continuidad con tres sesiones previas
organizadas por la Red Bi-regional Enlazando Alternativas, que ha ido
juzgando 46 casos de violación de Derechos Humanos en América
Latina, cometidos por transnacionales europeas. Tal y como las
audiencias que le precedieron, la de Ginebra puso en evidencia las
acciones de las transnacionales, la complicidad de los gobiernos en
las violaciones, así como la existencia de un régimen dominante
global legal, económico y político que asegura la impunidad de las
transnacionales. La Audiencia de Ginebra se vinculó también con
otros procesos como las sesiones del Tribunal Permanente de los
Pueblos en México y Canadá, la preparación de un próximo TPP en
África del Sur, así como de uno vinculado con las maquiladoras en
Asia, además de un Tribunal sobre los Derechos de la Naturaleza, que
se organiza en paralelo a la COP 20 en Perú (diciembre de 2014).

5. Estos procesos políticos, liderados por movimientos sociales,
demuestran que la batalla por un marco jurídico alternativo se
articula con un instrumento mucho más amplio y fundamental en la
lucha por la abolición del régimen corporativo; en el establecimiento
de la Soberanía de los Pueblos y la reivindicación de los Bienes
Comunes, así como el rescate de lo público, capturado por los
intereses corporativos.
Pongamos fin a la arquitectura de la impunidad de las
transnacionales!
Desmantelemos el poder y el régimen corporativo!
[1] El documento base del Tratado Internacional de los Pueblos, así
como una Consulta Global asociada a éste, fueron lanzados durante
la Semana de Movilización
[2] El caso de Chevron en Ecuador es emblemático de la necesidad
de un tratado vinculante. Después de 20 años de litigio marcado por
las disputas sobre jurisdicción, las 30.000 personas afectadas por la
empresa ganaron un caso contra Chevron en la Corte Suprema de
Ecuador. Sin embargo, la empresa se niega a pagar la indemnización
ordenada por la corte en una demostración absoluta de falta de
respeto por el sistema jurídico ecuatoriano.
[3] En el contexto de los bombardeos del territorio palestino, el
"apartheid del agua" impuesto sobre el pueblo palestino por parte del
Estado de Israel y su empresa transnacional de servicios de agua
Mekorot es otra evidencia de los crímenes contra la humanidad por el
Estado de Israel. La Campaña Mundial expresa su solidaridad con el
pueblo palestino y su lucha contra la ocupación militar, la escalada de
la violencia contra civiles inocentes y las empresas transnacionales
que se benefician de estos procesos.

6. FINAL STATEMENT
From the Global Campaign Dismantle Corporate Power and
Stop Impunity
Regarding the
WEEK OF MOBILIZATION TO STOP CORPORATE CRIMES AND
IMPUNITY
Social movements demand access to justice for those affected by
human rights violations and ecological crimes committed by
corporations!
July 2014 - The ongoing and past violations of human rights by
Transnational Corporations (TNCs) urgently demand radical action.
Tragedies like the 2013 Rana Plaza disaster in Bangladesh that killed
1,132 factory (mostly women) workers, the 2012 Marikana massacre
of 34 miners in South Africa, the destruction caused by Shell in
Nigeria’s Ogoniland and the decades-long devastation caused by
Chevron in the Ecuadorean Amazon – along with countless others –
are evidence of the immediate necessity for access to justice and
remedy for victims.
On June 26th
, 2014, the United Nations Human Rights Council
(UNHRC) adopted a resolution establishing an intergovernmental
working group with the mandate of drafting a legally binding
instrument to enforce human rights obligations on Transnational
Corporations. After intense debate, a majority of twenty member
states of the UNHRC, representing a population of 3.8 billion people,
voted in favour of this historic resolution. Human rights defenders
and communities affected by TNCs along with social movements and
campaign networks played a key role in achieving this important
historic victory.
Considering previous attempts to establish a legally binding human
rights regime for TNCs, the intergovernmental process to develop a

7. broad-ranging treaty on business and human rights will be intense
and inevitably lead to confrontations with corporate power. Despite
these considerable hurdles, social movements, human rights
defenders and affected communities are engaged to win this
battle. The Global Campaign to Dismantle Corporate Power – a
network of social movements, organizations, campaigns and affected
communities – is determined to strengthen the mobilization of a
broad and sustained counter-power that will ensure that the scope,
content and applicability of such an intergovernmental Treaty
responds to the needs of victims.
The social movements, networks and organizations from the Global
Campaign to Dismantle Corporate Power and Stop Impunity are
collectively building an International Peoples’ Treaty that affirms
an alternative vision of law and justice coming from the
PEOPLE.[1] The International Peoples’ Treaty places the people as the
paramount subjects, political actors and source of the laws and norms
of a political, economic and legal system that challenges the current
framework of extraordinary privileges and impunity enjoyed by TNCs.
The International Peoples’ Treaty is above all a political document and
process that emerges from the need to fight against the existing
architecture of impunity and the urgent demands for a binding legal
norm in order to stop corporate abuses. Even though the term
“Treaty,” legally refers to a document signed by states, our vision is
that the people, beyond states, can make law: we defend the notion
of international law “from below.”
It is from within this radical and subversive framework that the will
and determination emerges to overcome the lack of imagination and
political will of those saying that a binding Treaty on TNCs is
impossible. While The Peoples Treaty represents a political vision
from below, it is complimentary to the intergovernmental binding
instrument set to be negotiated by the UNHRC inter-governmental
process. The Global Campaign to Dismantle Corporate Power
welcomes the possibilities opened by the resolution to move away
from the dominant model of voluntary and non-binding rules for TNCs
towards a genuine legal regime that will provide access to justice for
victims of corporate violations of human rights.
Building on this context of resistances and struggles against
corporate power, The Week of Mobilization to Stop Corporate
Crimes and Impunity (Geneva, June 23-27) was organized by a
coalition of social movements, networks and civil society
organizations known as the Treaty Alliance. Events took place during
the last week of the 26th session of the UNHRC, when the Council
was scheduled to discuss and vote on whether or not to launch a
process to create a binding human rights instrument for TNCs. The
Week of Mobilization represented an important moment for social

8. movements and civil society organizations to converge and work
collectively for a stronger and more effective system to defend
human rights from corporate violations, and the rights of those
affected by environmental crimes.
The goal of this Week of Mobilization was not only to pressure the
UNHRC on the issue of binding regulations for TNCs but also to
expose the global political and economic ‘Architecture of Impunity’
that for decades has been protecting the operations of TNCs at the
expense of human rights. This political, economic and legal regime is
made possible through the following mechanisms: Investment
Agreements; Investor to State Dispute Settlement (ISDS) provisions
and arbitration tribunals such as World Bank’s ICSID; the World
Trade Organization dispute settlement mechanism; the International
Monetary Fund’s imposed structural adjustment programs which are
now being replicated in Europe by the Troika & Competitiveness Pact
policies; multi-lateral and bi-lateral Free Trade Agreements (FTAs)
such as the North America Free Trade Agreement (NAFTA), FTA EU-
Colombia, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP),
Transpacific Partnership (TPP) and the Trade in Services Agreement
(TISA), among others.
The Week of Mobilization combined effective strategies in Geneva
outside and inside the UN, with sustained advocacy work in national
capitals. The activities included a hearing of the Permanent People’s
Tribunal; the launch of the Campaign’s Peoples Treaty base document
and a Global Consultation process; a number of Side Events within
the UN; frequent advocacy meetings with member state delegations;
a Press Conference; a Conference on Human rights compliant and
sustainable food systems & Extraterritorial Obligations (ETOs); and a
mobilization outside of the UN followed by a tour of corporate
hotspots in Geneva, including the WTO.
The Global Campaign to Dismantle Corporate Power co-organized
the Geneva Hearing of the Permanent Peoples’ Tribunal on
Monday June 23rd
where representatives from affected communities
testified on the disastrous impacts of corporate activities, such as the
decades-long oil pollution by Chevron in the Ecuadorean
Amazon[2] and by Royal Dutch Shell in Nigeria. Other cases exposed
how human rights have been systematically violated also by the
Coca-Cola Company in Colombia; by Israel’s water services company
Mekorot in Palestine;[3] and by the Spanish Hydro dam company
Hidralia in Guatemala. The mining industry was also on trial through
the cases involving the Canadian company Pacific Rim Mining/Oceana
Gold Corporation, in El Salvador, and the United Kingdom based
Lonmin Corporation in South Africa. The case of Anglo-Swiss Glencore
was emblematic of the global reach of a single mining company, and
testimony from communities affected by Glencore in Peru, Colombia,

9. Zambia, the Democratic Republic of Congo and the Philippines
provided a clear example of how TNCs can violate human rights
worldwide with complete impunity. Cutting across all of the cases
presented during the hearing was a systematic lack of access to
justice for the victims of intimidation, persecution, murder and
environmental destruction.
This PPT hearing was a continuation of the three previous sessions
organized by the bi-regional network Enlazando Alternativas to judge
46 cases of human rights violations committed by European TNCs in
Latin America. Like its predecessors, the Geneva hearing put a
spotlight on the actions of TNCs, the complicity of governments in
ongoing violations and how the dominant global legal, economic and
political regime allows TNCs to act with impunity. The hearing in
Geneva is also linked to other processes, such as the PPTs in Mexico
and Canada, the preparation for a Session on TNCs violations in
Southern Africa, another regarding the retail industry in Asia, as well
as the one about the Rights of Nature organized to run parallel to
COP20 in Peru in December 2014.
These political processes, led by social movements, affirm that the
battle for an alternative juridical framework is a much broader and
fundamental struggle to abolish the hegemonic corporate regime of
domination, and to establish peoples’ sovereignty over the commons
and reclaim public interest from corporate capture.
Stop the architecture of corporate impunity!
Dismantle the regime of corporate power!
[1] The International Peoples’ Treaty base document and a Global
Consultation process was launched during the Week of Mobilization.
[2] The case of Chevron in Ecuador is emblematic of the need for a
binding treaty. After 20 years of litigation marked by disputes over
jurisdiction, the 30,000 people affected by the company won a case
against Chevron in Ecuador’s Supreme Court. However, the company
refuses to pay the court ordered compensation in absolute disrespect
of the Ecuadorean juridical system.
[3] In the context of the bombing of Palestine territory, the “water
apartheid” imposed upon the Palestinian people by the State of Israel

10. and its water services transnational corporation Mekorot is yet
another evidence of Israeli state’s crimes against humanity. The
Global Campaign expresses its solidarity with the people of Palestine
and their struggle against the military occupation, the escalation of
violence against innocent civilians and the transnational corporations
that profit from these.