Desde el 10 de junio y hasta el próximo día 27, se celebra en Ginebra la 26ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En el marco de dicha sesión, una red internacional de movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos está planteando un conjunto de propuestas urgentes y necesarias para garantizar que el cumplimiento de los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales. Uno de los momentos clave de esta sesión del Consejo, será el momento en que se analice la adopción de una resolución para establecer un instrumento legal obligatorio para hacer cumplir las normas en relación a los derechos humanos y las corporaciones transnacionales. Se debatirá sobre la instauración de mecanismos eficaces para el seguimiento y evaluación de los impactos generados por las grandes corporaciones; la necesidad de propuestas alternativas concretas para controlar las prácticas de las compañías multinacionales.

1. Semana de Movilización, ¡Paremos el crimen corporativo y la
impunidad!
Manifiesto
Desde el 10 de junio y hasta el próximo día 27, se celebra en Ginebra
la 26ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En el
marco de dicha sesión, una red internacional de movimientos sociales
y organizaciones de derechos humanos está planteando un conjunto
de propuestas urgentes y necesarias para garantizar que el
cumplimiento de los derechos humanos por parte de las empresas
transnacionales.
Uno de los momentos clave de esta sesión del Consejo, será el
momento en que se analice la adopción de una resolución para
establecer un instrumento legal obligatorio para hacer cumplir las
normas en relación a los derechos humanos y las corporaciones
transnacionales. Se debatirá sobre la instauración de mecanismos
eficaces para el seguimiento y evaluación de los impactos generados
por las grandes corporaciones; la necesidad de propuestas
alternativas concretas para controlar las prácticas de las compañías
multinacionales.
En el contexto de este debate, diferentes movimientos sociales, redes
y organizaciones sociales que han venido demandando normas
obligatorias para las multinacionales en derechos humanos han
conformado la coalición y han organizado la Semana de Movilización:
¡Paremos el crimen corporativo y la impunidad!
(http://www.stopcorporateimpunity.org/wp-
content/uploads/2014/06/geneva_call_flyerES-1.pdf)
Súmate a la movilización:

2. - Firmando la Declaración Conjunta: Llamado a un instrumento
internacional sobre derechos humanos, empresas
transnacionales y otras empresas comerciales pinchar en este
enlace:
http://www.treatymovement.com/sign-on
- Colaborando para hacer que la Semana de Movilización sea
trending topic el día 23 de junio a las 11 a través de tu
adhesión en: https://www.thunderclap.it/es/projects/12729-stop-
tncs-power-impunity.
- Escribiendo propuestas de tweets y recopilando información
aquí: titanpad.com/StopTNCimpunity
La sistemática violación de los derechos humanos por parte de las
multinacionales se constata con ejemplos como: el desastre de 2013
en Rana Plaza (Bangladesh) donde se hacinaban varias subcontratas
de grandes corporaciones del textil y cuyo derrumbe tuvo 1.132
víctimas mortales (en su mayoría mujeres); la masacre de 2012 de
Marikana donde fueron asesinados 34 mineros en Sudáfrica; la
creciente destrucción causada por Shell en la región de Ogoni y por
Chevron en la Amazonia ecuatoriana, así como las violaciones de los
derechos humanos relacionadas con la mina de carbón en Cerrejon,
Colombia. Ante esta realidad es urgente actuar con medidas efectivas
para controlar a las transnacionales.
El objetivo de movilización no es sólo presionar al Consejo de
Derechos Humanos sobre la necesidad de adoptar estas normas de
control sino también dar a conocer la «arquitectura de la impunidad»
que, a nivel social y global, ha estado protegiendo las operaciones de
las transnacionales y perjudicando el cumplimiento de los derechos
humanos durante décadas. El blindaje que protege los derechos
comerciales de las grandes empresas se basa en: los acuerdos de
libre comercio e inversiones; los tribunales de arbitraje como el CIADI
del Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio; el largo
historial de ajustes estructurales impuestos por el FMI, ahora
aplicados en Europa por la Troika; las políticas del Tratado de
competitividad y una infinidad de tratados bilaterales como NAFTA,
FTA EU-Colombia, TTIP, TPP y TISA, entre otros.
Frente a la intensificación y proliferación de las graves violaciones de
los derechos humanos y los crímenes ecológicos cometidos por las
transnacionales, las comunidades afectadas y los movimientos
sociales exigen el acceso a la justicia y a un fin definitivo del sistema
de impunidad que prevalece para estas compañías.
Ecologistas en Acción
Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG)

3. Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con
Dignidad
Col·lectiu RETS
Ingeniería sin Fronteras
Redes y entidades convocantes de la Semana de Movilización
Alianza del Tratado, Campaña para desmantelar el poder Corporativo
y poner fin a la impunidad, ESCR-net, Amigos de la Tierra
Internacional (FOEI), Marcha Mundial de las Mujeres, FIAN
Internacional, Transnational Institute(TNI), Ecologistas en Acción,
Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), Observatorio de
Multinacionales en América Latina (OMAL), Col·lectiu RETS
(Catalunya), Franciscanos Internacional, Grupo de Trabajo sobre
Inversiones en las Américas, Plataforma Interamericana de Derechos
Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), Oidhaco (Oficina
Internacional de Derechos Humanos — Acción Colombia), E Alyansa
Tigil Mina (ATM-Filipinas), SENTRO (Filipinas), Polaris Institute
(Canadá), Institute for Policy Studies (IPS-EUA), Global Economy
Project, Altenative Information & Development Center (AIDC-South
Africa), Social Movements for an Alternative Asia(SMAA), CADTM
(Comité pour l’Annulation du Tiers Monde), WoMin (Women in Mining-
South Africa), Centre for Trade and Policy Development (Zambia),
Tax Justice Network – Africa (Kenya), Jubileo Sur-Asia Pacific,
Movimiento sobre Deuda y Desarrollo, Alyansa Tigil Mina (ATM-
Filipinas), ATTAC-Japon, Migrant Forum Asia, Plataforma
Transnacional de Migrantes, Plataforma Filipina de Migrantes en
Europa, Focus on the Global South, EU-ASEAN FTA Campaign
Network.
Organizaciones y movimientos suizos
Comité du Forum Social Lémanique, ATTAC Suiza, et solidaritéS,
Coordination Climat Justice Sociale, CETIM, L’Autre Syndicat,
UNITERRE
Organizaciones movilizadas para que corporaciones sean
obligadas a respetar normas de DDHH
00:00|15:09
Descargar: MP3 (8.7 MB)
No es tan lejana la posibilidad de que el Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas (ONU) cree un grupo

4. intergubernamental de trabajo a fin de establecer normas
vinculantes para las empresas transnacionales en materia de
derechos humanos y mecanismos para su aplicación
obligatoria. Cientos de organizaciones sociales están
presionando para que eso se concrete en la vigésimo sexta
sesión del Consejo, que va del 10 al 27 de junio en Ginebra,
Suiza.
Numerosas agrupaciones realizarán en ese marco una semana de
movilizaciones en esa ciudad y en localidades de diversas partes del
mundo, para denunciar a las empresas transnacionales y su
“arquitectura” de la impunidad. Una delegación de activistas
ambientales de la federación Amigos de la Tierra Internacional llegará
hasta Ginebra para sumarse a las acciones.
El coordinador del área de trabajo de Justicia Económica de REDES –
Amigos de la Tierra Uruguay, Alberto Villarreal, aclaró a Radio Mundo
Real que la idea de obligar a las empresas a cumplir normas de
derechos humanos tiene su primer antecedente en 1973 en Chile. Fue
de la mano del entonces presidente Salvador Allende, asesinado en
septiembre de ese año por la Dictadura Militar que dirigió Augusto
Pinochet.
Luego organizaciones de diversas partes del mundo han trabajado
por años para frenar el poder corporativo y obligar a las empresas al
cumplimiento de normas legales y obligatorias sobre derechos
humanos. Siguiendo la explicación de Villarreal, en 2011 el Consejo
de Derechos Humanos de ONU aprobó una serie de directrices sobre
el comportamiento de las empresas en materia de derechos
humanos, pero voluntarias, sin carácter vinculante. “Las empresas no
tienen ninguna obligación de respetarlas”.
El año pasado Ecuador, con el apoyo especial de Sudáfrica, y un
conjunto de unos 85 países, volvieron a plantear el tema en el seno
del Consejo de derechos humanos y la propuesta “está tomando
cuerpo”, aseguró Villarreal en la entrevista que nos cedió.
En las sesiones de marzo del Consejo de Derechos Humanos de ONU
“conformamos lo que llamamos la Alianza para el Tratado, una
alianza informal de organizaciones”, entre las que está, sólo por
nombrar algunas, Amigos de la Tierra Internacional, FIAN
Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos. A
ellos se han sumado además más de 500 organizaciones sociales y
unas 200 personas de todos los continentes que han firmado la
declaración de los grupos convocantes para presionar al Consejo en el
marco de ONU (ver:http://www.treatymovement.com/declaracion/).
Varias de las organizaciones que están trabajando en este nuevo
impulso son parte desde 2012 de una campaña mundial para

5. “Desmantelar el poder de las corporaciones”
(ver: http://www.stopcorporateimpunity.org/?lang=es).
El 26 de junio Amigos de la Tierra Internacional presentará un
informe que da cuenta de más de 100 violaciones de los derechos
humanos de defensores del medio ambiente en diversas partes del
mundo. El documento se titula “Defendemos el medioambiente,
defendemos los derechos humanos” (disponible sólo en inglés por
ahora en: www.foei.org/resources/publications/publications-by-
subject/human-rights-defenders-publications/we-defend-the-
environment-we-defend-human-rights/). Villarreal aseguró que ONU
ha identificado públicamente el “problema creciente de las violaciones
a los derechos humanos de los defensores ambientales”.
Para el integrante de REDES – Amigos de la Tierra Uruguay, la gran
motivación es “ponerle freno a los atropellos de las transnacionales”,
que no sólo atentan contra comunidades y el medio ambiente, sino
también contra el “Estado de Derecho, la democracia en su sentido
más amplio”. Argumentó que gracias a los Tratados de Protección de
Inversiones, entre otros instrumentos, las corporaciones han podido
acudir a instancias de arbitrio internacional dominadas por el poder
económico, inclusive para demandar a Estados por sus políticas en
defensa de la salud pública. Villarreal citó el caso de la tabacalera
Philip Morris contra el Estado uruguayo, al que enjuició por sus
políticas anti tabaco en el país. El caso se está llevando adelante en la
órbita del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a
Inversiones (CIADI, órgano controlado por el Banco Mundial). “Los
Estados se encuentran indefensos, incluso cohibidos en su capacidad
y obligación de proteger los derechos humanos de su población”. La
demanda de Philip Morris busca impedir una legislación “a favor de la
salud de los uruguayos”, protestó el activista.
Para Villarreal es fundamental frenar ya el poder que han adquirido
las corporaciones transnacionales, que ya no sólo “dominan al mundo
económicamente, sino también políticamente e inclusive ahora a
través de la ley”.
Imagen: http://www.treatymovement.com/
(CC) 2014 Radio Mundo Real 10 años
Lucia Ortiz
Coordinación Internacional Programa Justicia Económica Resistencia
al Neoliberalismo /
International Program Coordination Economic Justice Resisting
Neoliberalism
Amigos de la Tierra Internacional / Friends of the Earth International

6. Ginebra:La agricultura campesina reclama sus derechos para
alimentar al planeta!
Publicado el Miércoles, 18 Junio 2014 22:46
(Ginebra) Del 11 al 13 de junio, una delagación de La Vía
Campesina estuvo presente en la 26ava s
sesión del Consejo de
Derechos Humanos en Ginebra para continuar con el trabajo de lobby
y cabildeo para la redacci,ón de una Declaración Internacional de los
Derechos de Campesinas y Campesinos y otras personas trabajadoras
del medio rural.
Antecedentes
Esta declaración emana del movimiento internacional La Vía
Campesina que trabaja sobre este tema desde hace más de 10 años.
La Vía Campesina es un movimiento que está compuesto por más de
160 organizaciones campesinas a través de 70 países y que busca
entre otros identificar las discriminaciones que sufren las personas
que trabajan en las zonas rurales (mujeres y hombres campesinos,
obreros agrícolas, nómadas, pescadores, pueblos indígenas, sin
tierra...) y a determinar, con el apoyo de organizaciones como FIAN
Internacional y CETIM los derechos específicos ligados a este grupo
de personas.
Después de muchos estudios llevados a cabo por el Comité Asesor
del Consejo de Derechos Humanos, dicho Consejo aprobó un estudio
final en marzo 2012 y votó en septiembre 2012 por una resolución
que tiene como objetivo la puesta en marcha de un Grupo de Trabajo
Intergubernamental de composición abierta, encargado de redactar
una Declaración sobre la base del proyecto presentado en el estudio
del Comité Asesor. En julio del 2013 este Grupo de Trabajo sostuvo
su primera sesión.
Durante la presente 26ava
sesión del Consejo de Derechos
Humanos, los Estados miembros deberán votar o consensuar una
segunda resolución que pide renovar el mandato del Grupo
Intergubernamental de Trabajo a fin de continuar con la redacción de
esa declaración sobre la base de las recomendaciones y conclusiones
de la primera sesión de trabajo y sobre futuras consultaciones con los
estados y otros actores entre junio y noviembre del 2014.
Un lobby fuerte

7. La Vía Campesina ha trabajado fervientemente para la continuación
de este proceso, concédiendole una gran importancia dentro de su
agenda. Durante la primera semana de sesiones del Consejo se han
hecho presentes tres lideres campesinos: Ibrahim Coulibaly (CNOP-
Mali), Geneviève Savigny (Confédération Paysanne-Francia) y Diego
Monton (Cloc-Argentina). Estas tres personas han participado a un
"Evento paralelo" organizado por Bolivia y Filipinas sobre "Derechos
Campesinos y el Año Internacional de la Agricultura Familiar" que ha
contado con la intervención de las embajadoras de estos respectivos
países. El panel ha sido completado con un mensaje en video del Sr.
José Graziano da Silva, Director de la FAO y por el Sr. Christophe
Golay de la Academia de Derechos Internacional Humanitario y de
Derechos Huanos en Ginebra.
La delegación de La Vía Campesina también ha participado en una
conferencia pública en Ginebra, y ha tenido la oportunidad de
encontrar numerosas delegaciones de los diferentes países en Africa,
Latinoamérica y Europa.
Europa en la línea de mira
Desde el 16 de junio, una delegación más numerosa proveniente de
Europa complementará los trabajos de esta primera delegación. La
Coordinadora Europea de La Vía Campesina, estará representada a
través de las organizaciones: SOC y COAG de España, La
Confederation Paysanne de Francia, CNA de Portugal, AIAB de Italia,
MAP de Bélgica, Uniterre de Suiza y ABL de Alemania. Las
organizaciones campesinas de la región europea han estado
trabajando intensamente desde hace algunos meses, reallizando una
fuerte campaña de lobby en los respectivos países, pidiendo a los
gobiernos un apoyo a la próxima resolución que será discutida en la
actual sesión del Consejo. Hasta el momento, los países europeos se
han mostrado reticentes a este proceso. Entre el 16 y el 18 de junio
se realizarán diferentes eventos, entre ellos una acción simbólica que
se llevará a cabo en la Place des Nations , el 17 de junio a las 11h30
junto con una conferencia de prensa.
--
Via-info-es@viacampesina.org
http://viacampesina.org/Via-info-es/

8. Domingo, 15 de junio de 2014
Empresas transnacionales y derechos humanos
Principios rectores
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la sesión de
junio de 2011, definió los Principios Rectores sobre Empresas
y Derechos Humanos, destinados a orientar las actividades de
multinacionales sobre esa cuestión.
Por Jorge Carpio *
Sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El próximo 23 de junio se celebra en Ginebra la 26ª sesión del
Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, del que forma
parte Argentina, donde se va a resolver si se decide o no abocarse a
la elaboración de un tratado internacional para normar las actividades
de las empresas transnacionales y su responsabilidad con los
derechos humanos. La importancia de esta decisión se pone de
manifiesto en el papel que esas empresas desempeñan en la
organización y el funcionamiento de la economía y la sociedad en el
plano internacional y en los distintos países donde operan, en muchos
casos superando el poder de los Estados.
La dimensión de ese poder se hizo más evidente en los últimos años,
con la crisis en los países desarrollados, inicialmente en los Estados
Unidos y posteriormente en Europa, donde las corporaciones
financieras lograron subordinar las decisiones de los gobiernos a la
defensa de sus intereses, imponiendo “políticas de salvataje” en
desmedro de los intereses de la gran mayoría de la población de esos
países.
La preocupación de algunos gobiernos, sumada a la presión del
movimiento de la sociedad civil internacional, motivó la adopción por
el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la sesión de junio de

9. 2011, de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos
Humanos, destinados a orientar las actividades de las empresas en la
protección y respeto a los derechos humanos.
Más allá de sus limitaciones, la adopción de los principios constituyó
un avance importante en la construcción de una democracia global
porque permitió que los Estados reconozcan formalmente que las
empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos
humanos. Sin embargo, las que parecen no haber registrado el
avance son las propias transnacionales, muchas de las cuales siguen
actuando con total displicencia e impunidad en los países donde
operan, atentando contra los derechos de las poblaciones y el
ambiente, como son especialmente los casos de las empresas de
actividades extractivas. A contramano de las expectativas que
generaron los Principios Rectores, los conflictos sociales y la
criminalización de las protestas relacionadas con inversiones de las
grandes empresas transnacionales van en aumento, en tanto se niega
el acceso a la justicia y a la reparación a las comunidades y a los
ciudadanos de muchos países afectados por las actividades de estas
empresas.
Esta situación, al igual que las experiencias con las Directrices de la
OCDE o del Pacto Global impulsado por la ONU, demuestran
claramente la insuficiencia de este tipo de “compromisos voluntarios”
para impedir un record dramático de impactos negativos sobre los
derechos humanos por las grandes transnacionales.
Las movilizaciones de la sociedad en los países afectados y la acción
de algunos gobiernos cuestionaron seriamente en el seno del consejo
la capacidad de los principios para lograr la protección y respeto a los
derechos humanos que se pretendía conseguir y reclamar
mecanismos vinculantes para controlar a las empresas. En esa misma
dirección, en la 24ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la
ONU un grupo de 85 países, en una declaración conjunta, señaló que
los Principios Rectores son “sólo una respuesta parcial”, enfatizando
“la necesidad de avanzar hacia un marco jurídicamente vinculante
que regule el trabajo de las empresas transnacionales”.
Con la base de estos antecedentes, en la próxima reunión del
Consejo de Derechos Humanos, la última semana de junio, se va a
decidir si se inicia un proceso de mejora de las Normas ONU que
avance en establecer un tratado internacional vinculante, que
garantice y afirme la aplicabilidad de las obligaciones de derechos
humanos en las operaciones de las empresas transnacionales.
El objetivo de esta iniciativa de la ONU es fortalecer el derecho
internacional para hacer jurídicamente responsables a las

10. corporaciones que violan los derechos humanos, así como para
proporcionar justicia y reparación a los pueblos y personas afectados.
En ese marco, un conjunto de organizaciones sociales argentinas se
dirigieron formalmente al canciller Timerman solicitando información
sobre la posición de la delegación argentina en la sesión del consejo.
Nuestro país ocupa un lugar estratégico en el consejo y puede
desempeñar un papel gravitante en las decisiones que se adopten. Se
espera que la delegación brinde un activo apoyo a la propuesta
presentada por Ecuador y otros países de iniciar la elaboración del
tratado internacional que “establezca la responsabilidad legal de las
empresas por los actos u omisiones que violen los derechos
humanos” y “que garantice la rendición de cuentas y los mecanismos
de reparación de las víctimas de abusos de las empresas y que cree
un organismo supranacional que supervise la aplicación del tratado”.
Esta postura sería interdependiente de la necesidad de fortalecer los
marcos nacionales y regionales existentes, especialmente en la
Unasur, porque permitiría hacer frente a la naturaleza transnacional
de las violaciones de los derechos humanos relacionadas con las
empresas, además de abordar la necesidad urgente de garantizar
acceso a la reparación para las víctimas
* Director del Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los
Derechos Humanos FOCO.