El documento analiza el derecho a la recreación laboral en el sector privado de Guatemala. Explica que originalmente solo ciertas empresas estaban obligadas a pagar un impuesto para financiar este derecho para sus empleados. Sin embargo, argumenta que este enfoque discrimina contra los trabajadores de organizaciones no lucrativas y viola principios laborales. Propone que todos los empleadores privados deben pagar el impuesto independientemente de su naturaleza, para garantizar que todos los trabajadores tengan acceso a este derecho social.