El documento critica al gobierno socialista por el colapso del sistema de justicia en España, con más de 3 millones de casos pendientes y recortes presupuestarios. También critica al candidato socialista Rubalcaba por proponer ahora medidas que había rechazado antes como gobierno, como el impuesto sobre el patrimonio. Argumenta que este impuesto solo recaudaría 500 millones, lo que apenas cubriría los intereses de la deuda que el propio gobierno socialista ha aumentado.