El documento presenta la objeción de España a una declaración unilateral realizada por Singapur al adherirse al Convenio Internacional contra la toma de rehenes de 1979. España considera que la declaración de Singapur constituye una reserva incompatible con el objeto y fin del convenio, ya que es difícil precisar el alcance de la aceptación de Singapur de las obligaciones establecidas. Por lo tanto, España objeta formalmente la reserva de Singapur ante las Naciones Unidas.