Álvarez-Cascos requiere al PP documentación sobre las empresas contratadas para las campañas electorales de 2003 y 2004, citadas en un informe policial filtrado, y certifique quiénes dirigían dichas campañas. Considera que la filtración e informe, y el silencio del PP, constituyen una injerencia en las elecciones autonómicas asturianas del 25 de marzo. Se reserva acciones legales para defender la verdad y el proceso electoral.