El documento discute la orden de demolición del castillo de Benasque emitida por la reina Isabel II en 1858, en respuesta a la cual el pueblo argumenta sobre su importancia histórica y económica. A través de cartas, los regidores de Benasque defienden la necesidad de conservar el castillo, citando sus beneficios estratégicos en los Pirineos. El documento también menciona investigaciones sobre las dimensiones del castillo y la creación de una maqueta basada en planos antiguos.