Este documento propone que luego de que un juez tome una decisión en un juicio, los litigantes deben pagar los gastos del proceso judicial, incluyendo los gastos profesionales y cualquier otro costo procesal. Se sugiere cobrar intereses sobre los gastos no pagados a tasas entre el 1.5% y 3.0% para asegurar que todas las partes queden satisfechas con el proceso judicial.