DE NORMAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ACTUALIZADO SEPT-2018

COLEGIO DE
ARQUITECTOS DEL PERÚ
REGIÓN LA LIBERTAD
COMPENDIO
DE NORMAS DE
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
ACTUALIZADO SEPT-2018
RECOPILADO POR:
 Arq. Carranza Sandoval Augusto
COLABORADORES:
 Arguedas Castillo Alejandra
 Mendoza Floreano Franklin
CURSO DE CAPACITACIÓN
PROFESIONAL EN NORMAS DE
HABILITACIONES URBANAS Y
EDIFICACIONES 2018

ANTECEDENTES NORMATIVOS DE LAS LEYES DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
LEY N° 26878
Ley General de Habilitaciones Urbanas
1997
LEY N° 27135
Ley que
modifica el
Art. 3 de la Ley
N° 26878
LEY N° 27157
Ley de regularización de edificaciones, del
procedimiento para la declaratoria de
fábrica y del régimen de unidades
inmobiliarias de propiedad exclusiva y de
propiedad común
1999
2001
LEY N° 27444
Ley del Procedimiento
Administrativo General
2006
Ley N° 29060
Ley del Silencio
Administrativo
TUO LEY N°27157
Decreto Supremo N° 035-2006-VIVIENDA
LEY N° 29090
Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones
2007
REGLAMENTOS DE LA LEY N° 29090
D.S. 024-2008-VIVIENDA -Reglamento de Licencias de
habilitación urbana y licencia de edificación
D.S. 025-2008-VIVIENDA -Reglamento de revisores
urbanos
D.S. 026-2008-VIVIENDA -Reglamento de verificación
administrativa y técnica
2008
Ley Nº 29476
Ley que complementa y modifica la ley nº 29090
2009
REGLAMENTOS DE LA LEY N° 29476
urbanos
2010
2016
DECRETO
LEGISLATIVO N° 1272
Deroga la Ley N° 29060
LEY N° 30494
Ley que modifica la ley 29090, ley de regulación de
habilitaciones urbanas y de edificaciones
2016
2017
TUO LEY N° 27444
DS N°006-2017-JUS
TUO LEY N° 29090
DS N°006-2017-VIVIENDA
2017
urbanos
DL N° 1452
que modifica la Ley
N° 27444
LEY N° 30830
LEY QUE MODIFICA LA LEY 27157 2018

ÍNDICE GENERAL
 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27157, LEY DE REGULARIZACIÓN DE
EDIFICACIONES, DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA DE FÁBRICA Y
DEL RÉGIMEN DE UNIDADES INMOBILIARIAS DE PROPIEDAD EXCLUSIVA Y DE
PROPIEDAD COMÚN
Texto normativo aprobado mediante Decreto Supremo N° 035-2006-VIVIENDA de
fecha 08 de noviembre de 2006.
 LEY N° 30830, LEY QUE MODIFICA LA LEY 27157, LEY DE REGULARIZACIÓN DE
EDIFICACIONES, DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA DE FÁBRICA Y
DEL RÉGIMEN DE UNIDADES INMOBILIARIAS DE PROPIEDAD EXCLUSIVA Y DE
PROPIEDAD COMÚN
Texto normativo publicado el 27 de julio de 2018.
 DECRETO LEGISLATIVO N° 1426, QUE MODIFICA LA LEY N° 29090, LEY DE
REGULACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES
Texto normativo aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1426 de fecha 16 de
Septiembre de 2018.
 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 29090, LEY DE REGULACIÓN DE
HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES
fecha 28 de febrero de 2017.
 REGLAMENTO DE LICENCIAS DE HABILITACIÓN URBANA Y LICENCIAS DE
EDIFICACIÓN
fecha 15 de mayo de 2017.
 REGLAMENTO DE REVISORES URBANOS
fecha 18 de agosto de 2017.
 REGLAMENTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA
fecha 25 de enero de 2017.
 DECRETO LEGISLATIVO N° 1452, QUE MODIFICA LA LEY N° 27444, LEY DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL
Septiembre de 2018.
 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444 -LEY DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO GENERAL
Texto normativo aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS de fecha
20 de marzo de 2017.
 LEY DE PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS
diciembre de 2016.

 DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA DIVERSAS MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA
noviembre de 2016.
 REGLAMENTO DE INSCRIPCIONES DEL REGISTRO DE PREDIOS
Texto normativo aprobado mediante Resolución del Superintendente Nacional de
los Registros Públicos Nº 097–2013–SUNARP–SN, de fecha 03 de mayo de 2013.

 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27157, LEY
DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES, DEL
PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA DE
FÁBRICA Y DEL RÉGIMEN DE UNIDADES
INMOBILIARIAS DE PROPIEDAD EXCLUSIVA Y DE
PROPIEDAD COMÚN
fecha 08 de noviembre de 2006.
ANTECEDENTES:
 DS N° 011-2005-VIVIENDA
Decreto supremo que modifica el Reglamento de la ley Nº 27157, Ley de Regularización de
Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria De Fábrica y del Régimen de Unidades
Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, dado el 02 de mayo del 2005.
 DS N° 008-2000-MTC
Decreto supremo que aprueba el Reglamento de la ley Nº 27157, Ley de Regularización de
Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria De Fábrica y del Régimen de Unidades
Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, publicado el 17 de febrero del
2000.
 Ley N° 27157
Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria De Fábrica y
del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común,
publicada el 20 de julio de 1999.

NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, miércoles 8 de noviembre de 2006 332351
Nº 047-2001-MTC/15.03, respecto a la Descripción de
Red para el servicio portador local otorgado en concesión
mediante Resolución Ministerial Nº 037-2001-MTC/15.03;
Que, mediante Informe Nº 309-2006-MTC/17.01.
ssp, la Dirección de Concesiones y Autorizaciones de
Telecomunicaciones de la Dirección General de Gestión
de Telecomunicaciones opina que procede modificar el
contrato de concesión, aprobado por Resolución Ministerial
Nº 037-2001-MTC/15.03 y modificado por Resolución
Ministerial Nº 162-2002-MTC/15.03, en lo referente a
la modificación del área de concesión, incluyendo a los
distritos de Piura y Castilla, de la provincia de Piura, al
distrito de Paita, de la provincia de Paita, del departamento
de Piura, y al distrito de Pisco, de la provincia de Pisco, del
departamento de Ica; y, excluyendo del área de concesión
al distrito de Ica, de la provincia y departamento de Ica.
Asimismo, corresponde aprobar la Adenda al contrato de
concesión en virtud a la mencionada modificación del área
de concesión, que implica la modificación del Plan Mínimo
de Expansión y la inclusión del Plan de Cobertura para el
área ampliada, haciendo referencia en el contrato a tales
planes;
De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por
Decreto Supremo Nº 013-93-TCC; el Texto Único Ordenado
del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo Nº 027-2004-MTC; el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto
Supremo Nº 041-2002-MTC; y,
Con la opinión favorable del Director General de
Gestión de Telecomunicaciones y de la Viceministra de
Comunicaciones;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Modificar el área de concesión para
la prestación del servicio portador local otorgada por
Resolución Ministerial Nº 037-2001-MTC/15.03 y
modificada por Resolución Ministerial Nº 169-2002-
MTC/15.03 a la empresa IMPSAT PERÚ S.A., incluyendo
a los distritos de Piura y Castilla, de la provincia de Piura, al
distrito de Paita, de la provincia de Paita, del departamento
de Piura y al distrito de Pisco, de la provincia de Pisco, del
departamento de Ica; y, excluyendo del área de concesión
al distrito de Ica, de la provincia y departamento de Ica;
conforme se detalla en el Anexo 1 que forma parte de la
Adenda a aprobarse con la presente resolución, el cual
reemplaza al Anexo 1 aprobado mediante Resolución
Ministerial Nº 037-2001-MTC/15.03 y modificado por
Resolución Ministerial Nº 169-2002-MTC/15.03.
Artículo 2º.- Aprobar el Plan de Cobertura
correspondiente al área ampliada a que se refiere el artículo
precedente, conforme al Anexo 2 que forma parte de la
Adenda a aprobarse con la presente Resolución, el cual
reemplaza al Anexo 2 del contrato de concesión aprobado
por Resolución Ministerial Nº 037-2001-MTC/15.03 y
modificado por Resolución Viceministerial Nº 251-2002-
MTC/15.03.
Artículo 3º.- Aprobar la Adenda mediante la cual se
formaliza la modificación del literal d) del numeral 3.04
de la cláusula tercera, el numeral 6.02 de la cláusula
sexta y se sustituyen los Anexos 1 y 2 del contrato de
concesión, aprobado por la Resolución Ministerial Nº 037-
2001-MTC/15.03 y modificado por Resolución Ministerial
Nº 169-2002-MTC/15.03 y Resolución Viceministerial
Nº 251-2002-MTC/15.03; autorizándose al Director
General de Gestión de Telecomunicaciones a suscribir la
Adenda en representación del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, así como, en caso cualquiera de las
partes lo solicite, a firmar la elevación a Escritura Pública
de las Adendas que se suscriban al mismo.
Artículo 4º.- La presente resolución quedará sin
efecto de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones emita el acto
administrativo correspondiente, si la Adenda no es
suscrita por la empresa IMPSAT PERÚ S.A. en el plazo
máximo de sesenta (60) días hábiles computados a
partir de su publicación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones
4803-1
VIVIENDA
Aprueban el Texto Único Ordenado del
Reglamento de la Ley N° 27157, Ley
de Regularización de Edificaciones,
del Procedimiento para la Declaratoria
de Fábrica y del Régimen de Unidades
Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y
de Propiedad Común
DECRETO SUPREMO
Nº 035-2006-VIVIENDA
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 27157, Ley de Regularización de
Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria
de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de
Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, establece
los procedimientos del saneamiento de la titulación y
de unidades inmobiliarias en las que coexisten bienes
de propiedad exclusiva y de propiedad común, tales
como departamentos en edificios, quintas, casas en
copropiedad, centros y galerías comerciales o campos
feriales, otras unidades inmobiliarias con bienes comunes
y construcciones de inmuebles de propiedad exclusiva, así
como el procedimiento para la tramitación de la declaratoria
de fábrica y el régimen de unidades inmobiliarias que
comprenden bienes de propiedad exclusiva y de propiedad
común;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2000-MTC,
se aprobó el Reglamento de la Ley N° 27157, el mismo
que ha sido modificado por los Decretos Supremos
N° 011 y N° 013-2005-VIVIENDA, N° 003-2006-VIVIENDA
y N° 032-2006-VIVIENDA, con la finalidad de cumplir
a cabalidad con los principios de celeridad, eficacia y
simplificación administrativa;
Que, el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 011-
2005-VIVIENDA, establece que el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, en el término de cuarenta
y cinco días contados a partir de la fecha de su entrada
en vigencia, publicará el Texto Único Ordenado del
Reglamento de la Ley Nº 27157, Ley de Regularización
de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria
de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de
Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común;
De conformidad con lo establecido en el numeral 8)
del Artículo 118º de la Constitución Política del Perú, y
la Ley N° 27792 - Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;
DECRETA:
Artículo 1º.- Aprobación del Texto Único Ordenado
del Reglamento de la Ley N° 27157
Apruébase el Texto Único Ordenado del Reglamento de
la Ley N° 27157, Ley de Regularización de Edificaciones,
del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y
del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad
Exclusiva y de Propiedad Común, el mismo que consta
de cuatro (4) Secciones, con ciento cincuenta y siete
(157) artículos diecisiete (17) Disposiciones Transitorias y
dos (2) Disposiciones Finales, cuyo texto forma parte del
presente Decreto Supremo.
Artículo 2º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días
del mes de noviembre del año dos mil seis.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
HERNÁN GARRIDO-LECCA MONTAÑEZ
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, miércoles 8 de noviembre de 2006332352
TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES,
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA
DE FÁBRICA Y DEL RÉGIMEN DE UNIDADES
INMOBILIARIAS DE PROPIEDAD EXCLUSIVA
Y DE PROPIEDAD COMÚN
SECCIÓN PRELIMINAR
Artículo 1º.- Ámbito de aplicación
El presente Reglamento es único y su aplicación es
obligatoriaanivelnacionalparalasedificacioneslevantadas
en predios urbanos. Comprende la Regularización de
Edificaciones, la Licencia de Obra, Declaratoria de
Fábrica y el Régimen de Propiedad Exclusiva y Propiedad
Común.
Artículo 2º.- Términos
2.1. Abreviaturas
En adelante y para los efectos de este Reglamento, se
entenderá por:
- Ley:
La Ley Nº 27157 de Regularización de Edificaciones,
Exclusiva y de Propiedad Común.
- Reglamento:
El presente Reglamento de la Ley.
- CAP:
El Colegio de Arquitectos del Perú.
- CIP:
El Colegio de Ingenieros del Perú.
- FOR:
El Formulario Registral establecido por la Ley.
- FUO:
El Formulario Único Oficial establecido por la Ley.
- FOM:
El Formulario Oficial Múltiple.
- SUNARP:
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
- RP
Registro de Predios
2.2 Definiciones
Para los efectos de este Reglamento se considera
como:
- Área techada:
El área encerrada por el perímetro de la proyección de
los techos con cualquier tipo de cobertura, sobre el plano
del piso. Incluye los muros, los aleros y los espacios con
dobles o mayores alturas, y excluye la proyección de vigas,
cornisas, jardineras y otros elementos arquitectónicos
elevados que no constituyen techos.
- Área libre:
En el primer piso, el área resultante de la diferencia
entre el área del terreno y el área techada de ese piso de
la edificación. En los pisos superiores, la resultante de la
diferencia entre el área ocupada y el área techada del piso
correspondiente. Los porcentajes que fijan los parámetros
edificatorios están referidos al área libre del primer piso.
- Área ocupada:
El área total del piso correspondiente, que incluye
áreas techadas y libres, cercos, etc.
- Casco habitable:
La edificación que cuenta con estructuras, muros, falsos
pisos y/o contrapisos, techos, instalaciones sanitarias
y eléctricas, aparatos sanitarios, puertas y ventanas
exteriores, puerta de baño, y acabados exteriores con
excepción de pintura.
- Documento de fecha cierta:
Es el documento privado que adquiere idoneidad para
acreditar con certeza la fecha de realización del acto o
contrato contenido en él. En este sentido, son documentos
de fecha cierta los siguientes:
a) Documentos privados con firmas legalizadas.
b) Documentos privados reconocidos judicialmente.
c) Documentos privados que han sido materia de cotejo
pericial conforme, respecto de la firma del otorgante.
d) Escrituras imperfectas otorgadas ante Juez de Paz.
e) Minutas presentadas al despacho notarial, con
la respectiva constancia de su ingreso expedida por el
Notario que conserva el archivo.
- Edificaciones:
Las estructuras arquitectónicas que requieren cumplir
condiciones mínimas de habitabilidad para albergar
a las personas en el desarrollo de cualquiera de sus
actividades.
- Obra por autoconstrucción:
La modalidad de obra progresiva y planificada, que se
ejecuta directamente bajo responsabilidad del propietario
con supervisión técnica del delegado de la Comisión
Técnica Supervisora de Obra.
- Obra por encargo:
La modalidad de obra que se ejecuta bajo la
responsabilidad profesional y dirección técnica de un
arquitecto o ingeniero civil colegiado, contratado para tal
fin por el propietario.
- Parámetros urbanísticos y edificatorios:
Las disposiciones que determinan la normativa
urbanística y los índices edificatorios regulados por los
respectivos planes urbanos o proyectos urbanísticos
integrales. La normativa urbanística está referida a
la clasificación del territorio urbano y de las áreas de
actuación urbanística, a la zonificación, a los índices
de usos compatibles y a las densidades; mientras que
los índices edificatorios están referidos al coeficiente
de edificación, las alturas, el porcentaje mínimo de área
libre, los retiros y el índice de estacionamiento, entre
otros.
- Predeclaratoria de fábrica:
La anotación preventiva, en el Registro Público
respectivo, de un proyecto de declaratoria de fábrica
elaborada a partir de los planos de obra y especificaciones
técnicas que cuentan con aprobación municipal.
- Saneamiento de Titulación:
Es el trámite destinado a obtener la titulación o
acreditación de la propiedad del terreno sobre el que se
levanta la edificación a regularizar, a fin de hacerla idónea
para su acceso al registro. Comprende los trámites de
declaración de prescripción adquisitiva de dominio o de
formación de títulos supletorios.
- Supervisión de obra:
El asesoramiento técnico profesional y de control de
obra efectuado por el delegado de la Comisión Técnica
Supervisora de Obra para asegurar la calidad y seguridad
técnica de la edificación, así como su formalidad legal.
- Verificador Responsable:
El arquitecto o ingeniero civil colegiado, inscrito en el
Índice de Verificadores a cargo del Registro de Predios,
quien bajo su responsabilidad profesional, organiza
y tramita el expediente de regularización, constata
la existencia y características de la edificación, el
cumplimiento de las normas y parámetros urbanísticos y
edificatorios, y confirma que los planos que se adjuntan al
expediente corresponden a la realidad física del terreno y
la edificación.
2.3 Precisiones
Precísese el significado de los siguientes términos
definidos por la Ley:
- Copropiedad:
Es el efecto legal derivado de la concurrencia de dos o
más personas en los derechos de propiedad de una misma
cosa, mueble o inmueble.

NORMAS LEGALES
El Peruano
- Casas en copropiedad:
Unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva que
conforman un conjunto de viviendas unifamiliares que
incluye bienes de propiedad común, como áreas recreativas
o de otra índole, y servicios comunes.
- Casas en quinta:
conforman un conjunto continuo de viviendas unifamiliares
construido sobre un terreno urbanizado, que cuenta, por lo
menos, con un pasaje de acceso desde la vía pública en
calidad de bien común.
- Departamentos en edificio:
Unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva para
uso residencial, comercial, industrial o mixto, ubicadas en
una edificación de más de un piso que cuenta con bienes
y servicios comunes.
- Otras unidades inmobiliarias con bienes
comunes:
Unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva,
susceptibles de independización, edificadas sobre un
terreno de propiedad común.
- Tiendas en centros y galerías comerciales o
campos feriales:
conforman una edificación de uno o más pisos para
uso exclusivamente comercial que cuenta con bienes o
servicios comunes.
- Unidades Inmobiliarias:
Son los terrenos sin edificar, las edificaciones, los aires
o las secciones de cualquiera de ellos que sean factibles
de independizar, y cuyos derechos sean susceptibles de
inscripción en el Registro Público respectivo.
- Licencia de Obra:
Es la licencia de construcción señalada en el inciso b)
del Art. 28º de la Ley, respecto de la cual trata el Título I de
la Sección Segunda de este Reglamento.
- Certificado de Finalización de Obra y de
Zonificación:
Es el documento exigido por el Art. 31º de la Ley.
Es otorgado por la municipalidad y certifica que la obra
finalizada cumple con los parámetros urbanísticos
y edificatorios vigentes, y que los planos de obra
(arquitectura) del proyecto aprobado o los de replanteo, en
su caso, corresponden a la realidad física de la obra.
- Declaratoria de fábrica:
Es el reconocimiento legal de la existencia de cualquier
tipo de obra sujeta a este Reglamento. Se realiza mediante
unadeclaracióndelpropietario,quecumplelasformalidades
y trámites establecidos por la Ley. Se formaliza a través del
FUO o por escritura pública, según sea el caso.
Obras Menores:
Toda obra que no altere los elementos estructurales de
la edificación original ni modifique su uso, en la medida que
cumpla con los parámetros urbanísticos y edificatorios; y
cuya área no exceda, en total, de 30 m2 de intervención;
o, en el caso de las no mensurables, cuyo valor de obra no
sea mayor de seis (6) UIT.
SECCIÓN PRIMERA
(Título I de la Ley Nº 27157)
REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES
TÍTULO I
NORMAS GENERALES
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
Artículo 3º.- Objeto y vigencia
La presente sección norma el trámite de regularización
de las edificaciones construidas o demolidas antes del
21 de julio de 1999, sin contar con la respectiva licencia
y/o conformidad de obra, o que carezcan, en su caso,
de declaratoria de fábrica, reglamento interno y/o la
correspondiente independización.
Artículo 4º.- Regularización
Es el trámite destinado a obtener el reconocimiento
legal e inscripción de las edificaciones existentes sobre:
a) Predios urbanos
b) Terrenos que cuenten con proyecto aprobado de
habilitación urbana con construcción simultánea
c) Predios ubicados en zonas urbanas consolidadas
que se encuentren como urbanos en la Municipalidad
correspondiente e inscritos como rústicos en el Registro
de predios
Comprende, de ser el caso, el trámite de saneamiento
de titulación y su inscripción, así como la inscripción
del reglamento interno, la junta de propietarios y la
independización de unidades de propiedad exclusiva.
Se realiza a través de la declaración contenida en
el FOR, suscrita por el propietario, autorizada por el
Verificador Responsable y certificada por el notario.
CAPÍTULO II
El NOTARIO
Artículo 5º.- Función notarial
El notario cumple las siguientes funciones:
a) Comprueba, bajo responsabilidad, la validez legal
de los títulos o documentos de fecha cierta que sustentan
los derechos, actos o contratos objeto de inscripción.
b) Tramita los asuntos no contenciosos de saneamiento
de titulación previstos en este Reglamento, sujetándose al
procedimiento respectivo.
c) Certifica que se ha cumplido con las publicaciones
correspondientes a fin de garantizar la adecuada publicidad
del trámite.
d) Notifica a los colindantes, al titular registral o a
terceros que pudiesen tener derecho o pretensión, respecto
de la propiedad del terreno o de la edificación, para que
puedan ejercer su derecho de oposición si fuera el caso.
e) Certifica la identidad del propietario o de su
representante, legalizando la firma de éste en el FOR y
otros documentos anexos.
f) Certifica la identidad del o los verificadores, constata
la vigencia de su registro y legaliza su firma en el FOR, los
planos y el Informe Técnico de Verificación.
g) Tramita ante el Registro correspondiente, la
inscripción de los derechos, actos o contratos objeto de
regularización.
h) Devuelve al interesado, una vez concluido el trámite,
una copia completa del FOR y documentos anexos, con
las constancias de inscripción respectivas.
i) Comunica a la municipalidad correspondiente la
regularización tramitada, remitiendo copia del FOR y
documentos anexos para los efectos tributarios y de
catastro urbano consiguientes.
Artículo 6º.- Competencia Notarial
Es competente conocer el trámite de regularización,
por parte del notario del distrito notarial donde se ubica
la edificación objeto de regularización. Para los casos
de saneamiento de titulación regulados en el Capítulo IV
del Título II de la presente Sección, el notario debe ser
abogado.
CAPÍTULO III
El VERIFICADOR
Artículo 7º.- Calidad y clases de verificador
7.1 Ejercerá la labor de verificador, el arquitecto o
ingeniero colegiado, que cumpla con inscribirse como tal
ante el Registro de Predios. Tendrá la calidad de privado
o público.
Es privado, cuando ejerce su función como
profesional independiente en forma personal y directa.
Es público, cuando ejerce su función como consultor,
empleado o contratista de algún organismo público
que, por mandato de la Ley, intervenga en el trámite de
regularización.
7.2 De acuerdo con sus funciones, tendrá la clase de
Verificador Responsable y/o Verificador Ad Hoc.
7.3 Cualquier persona que desee comprobar los
datos de un verificador, podrá solicitarlos en el Registro
a cuyo cargo se encuentre el Índice de Verificadores
correspondiente.

NORMAS LEGALES
El Peruano
Artículo 8º.- Verificador Responsable
ElVerificadorResponsabledeltrámitederegularización,
debe ser arquitecto o ingeniero civil colegiado. Podrá ser
público o privado y se inscribirá en el Índice de Verificadores
que la SUNARP o el RPU implementarán de ser el caso.
Para dicha inscripción el profesional que desee ejercer
como Verificador Responsable, presentará al Registro
ante el cual solicite su inscripción, copia certificada de su
título profesional emitida por la universidad que lo otorgó;
Certificado de Habilitación Profesional del CAP o del
CIP, según corresponda; el comprobante de pago de los
derechos de inscripción, y el registro de su firma, sellos,
domicilio, datos de identidad personal, y compromiso de
veracidad, a través del formato que, para el efecto, aprueba
este reglamento.
El Registro, una vez cumplido el trámite, le otorgará
una Credencial de Verificador Responsable que lo autoriza
a ejercer su función dentro del ámbito de su competencia.
Artículo 9º.- Funciones del Verificador Res-
ponsable
9.1 El Verificador Responsable del trámite de
regularización organiza la documentación que se
acompaña al FOR y, bajo su responsabilidad, emite el
Informe Técnico de Verificación y declara que los planos
que se adjuntan corresponden a la realidad física existente,
dejando constancia de las observaciones que formula.
9.2 Cuando la naturaleza de la edificación en proceso
de regularización lo requiera, el Verificador Responsable
comunicará a la entidad rectora correspondiente que se
requiere de un Informe Técnico de Verificación Ad Hoc, y
cancelará los derechos que esta verificación especializada
requiera, con base en las tarifas que se señalen para el
efecto en la resolución ministerial a la que se refiere la
Tercera Disposición Transitoria del presente Reglamento.
Las constancias del cumplimiento de este trámite y de su
pago, se anotarán en el formulario del Informe Técnico de
verificación.
Artículo 10º.- Verificador Ad Hoc y su Informe
10.1 El Verificador Ad hoc ejerce su función como
especialista y representante de cualquiera de las entidades
llamadas por ley para la protección del patrimonio
monumental, arqueológico, natural y a la seguridad, entre
otras. Necesariamente actúa en calidad de verificador
público.
10.2 Emite informe, en nombre y representación
de la entidad que lo autoriza, sujetándose a las normas
que, para tal efecto, ella establezca respecto de las
edificaciones sometidas al ámbito de control de la misma.
Dicho informe, con las observaciones sobre los aspectos
técnicos de su competencia, se extenderá en el formato
de Informe Técnico de Verificación Ad Hoc que se aprueba
con este Reglamento
10.3 El Informe Técnico de Verificación Ad Hoc se
presenta directamente al Registro correspondiente,
dentro de los sesenta (60) días hábiles posteriores a la
comunicación efectuada por el Verificador Responsable
según el numeral 9.2 de este Reglamento.
10.4 En los casos que las edificaciones en proceso
de regularización se encuentren comprendidas en más
de uno de los supuestos señalados en el numeral 11.1
de este Reglamento, intervendrán tantos verificadores ad
hoc como sean necesarios. Cada uno emitirá su propio
informe y responderá por la verificación especializada que
efectúa.
10.5 Dicho Informe no constituye requisito previo para
la inscripción de los derechos, contratos o actos a los que
se contrae el proceso de regularización y, de contener
observaciones, éstas se registrarán como carga conforme
a lo normado en el Art. 32º del presente Reglamento, en
cuanto sea aplicable.
Artículo 11º.- Registro y acreditación del Verificador
Ad Hoc
11.1 Las entidades rectoras que podrán acreditar
Verificadores Ad Hoc son: el Instituto Nacional de Cultura
(INC), para la preservación y conservación del patrimonio
cultural monumental y arqueológico; el Instituto Nacional
de Recursos Naturales (INRENA), para los efectos de
la preservación y conservación de las áreas naturales
protegidas; el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios
del Perú (CGBVP) y el Instituto Nacional de Defensa Civil
(INDECI), para cautelar la seguridad de edificaciones de
más de cinco pisos, los centros y galerías comerciales, los
campos feriales, los establecimientos de hospedaje, los
edificios de concentración masiva de público; y el Ministerio
de Defensa en las zonas de frontera y otras sometidas a su
competencia conforme a ley.
No requerirán pronunciamiento del Cuerpo General
de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) y el Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI) las edificaciones de
vivienda de seis pisos en las cuales el quinto y sexto piso
constituyan unidades inmobiliarias tipo dúplex siempre que
la circulación común sea sólo hasta el quinto piso.
11.2 Estas entidades, convocarán públicamente a
los arquitectos e ingenieros colegiados que cuenten con
especialidad y/o experiencia suficiente para ejercer como
Verificadores Ad Hoc en las materias de su competencia,
los registrarán en un padrón y gestionarán su inscripción en
el Índice de Verificadores a cargo del Registro de Predios.
11.3 Las entidades mencionadas en el numeral 11.1
designarán al Verificador Ad Hoc, en cada caso, cuando
sea requerido, respetando el turno de las comunicaciones
y en estricto orden de inscripción en su padrón.
Artículo 12º.- Contenido del Informe Técnico de
Verificación
El Verificador Responsable emite el Informe Técnico
de Verificación, según el formato que se aprueba
conjuntamente con el presente Reglamento, que contiene
la constatación de:
- La ubicación del terreno.
- El área, linderos y medidas perimétricas del terreno.
- El cumplimiento de los parámetros urbanísticos y
edificatorios aplicables al predio.
- Las características arquitectónicas, estructurales y de
las instalaciones.
- De ser el caso, la identificación de las secciones de
propiedad exclusiva y sus áreas.
Artículo 13º.- Observaciones
13.1 Cuando el Verificador Responsable constata la
existencia de discrepancias, entre el área real del terreno,
sus linderos y/o medidas perimétricas, con los que figuran
en la partida registral del predio; así como transgresiones a
la normativa urbanística o de edificación, las hará constar en
el Informe Técnico de Verificación como observaciones.
13.2 Tratándose de densidad neta y de coeficiente de
edificación, formulará observación solamente en los casos
en que los índices reales indicados en el Informe Técnico de
Verificación excedan, en más de 25%, los reglamentarios.
En el caso del área libre, sólo observará si ella es inferior
en más del 25% del porcentaje reglamentario.
13.3 Cuando el VerificadorAd Hoc constata la existencia
de transgresiones a las normas de protección del patrimonio
monumental, arqueológico, natural y/o de seguridad, entre
otras, las hará constar como observaciones en su Informe,
precisando su naturaleza y efectos.
Artículo 14º.- Responsabilidad de los verificadores
Todo verificador responde por la veracidad del informe
que emite, así como de la correspondencia entre los
planos y la realidad física del predio. Sin embargo, no es
responsable del proceso constructivo ni de la estabilidad
estructural de la edificación que regulariza.
Artículo 15º.- Sanciones
Si se comprobara una falta atribuible a un verificador,
se le podrá imponer las siguientes sanciones:
a) Suspensión temporal no menor de quince (15) días,
ni mayor de seis (6) meses, cuando la falta es leve.
b) Cancelación de su registro de verificador si la falta
es grave, o a la tercera suspensión por falta leve.
c) Inhabilitación temporal o definitiva para el ejercicio
profesional, que será dispuesta por el Juez a denuncia del
propietario, del colegio profesional al que pertenece, de
la municipalidad y/o del Registro ante el que se cometió
el hecho, cuando la falta implique comisión de delito; sin
perjuicio de las sanciones previstas por ley.
Artículo 16º.- Faltas leves
Constituyen faltas leves, las siguientes:
a) Ejercer funciones de verificador fuera del ámbito que
le corresponde.

NORMAS LEGALES
El Peruano
b) Omitir en el Informe Técnico de Verificación las
observaciones subsanables.
c) Incurrir en error involuntario respecto de los datos
que consigna en el FOR o en sus informes.
d) Incumplir los procedimientos estipulados en el
presente Reglamento.
Artículo 17º.- Faltas graves
Constituyen faltas graves:
a) Proporcionar intencionalmente datos falsos o
presentar documentación fraguada.
b) Omitir en el Informe de Verificación las observaciones
no subsanables.
c) Ejercer intencionalmente como verificador si ha sido
suspendido o cancelado su registro de verificador.
Artículo 18º.- Aplicación de sanciones
Tratándose de los verificadores inscritos en el Índice a
cargo del Registro de Predios, es competente, en primera
instancia, para aplicar las sanciones previstas en los
incisos a) y b) del artículo 15º, el Jefe de la Oficina Registral
correspondiente, y en segunda instancia el Directorio.
Las sanciones a los verificadores inscritos en el
Registro de Predios, se regirán por sus propias normas.
TÍTULO II
TRÁMITE DE REGULARIZACIÓN
CAPÍTULO I
ACUERDO DE REGULARIZACION
Artículo 19º.- Acuerdo de Inicio de Regularización
El acuerdo para iniciar el trámite de regularización,
establecido en el artículo 6º de la Ley, se aplica para
todas las edificaciones en las que coexistan bienes de
propiedad exclusiva y bienes o servicios de propiedad
común. Se adopta, con el voto conforme de la mayoría
de todos los propietarios, en la reunión convocada para
dicho efecto. Dicha reunión, será convocada notarialmente
por cualquiera de los propietarios, precisando el lugar, la
fecha y la hora de la reunión, el nombre del solicitante y
la agenda a tratar, con mención expresa del trámite de
regularización a iniciar.
Entre la convocatoria y la fecha de reunión, debe haber
un período mínimo de cinco (5) y máximo de diez (10) días
hábiles.
Artículo 20º.- Contenido del acta
El desarrollo de la reunión y sus acuerdos constarán en
un acta simple que se redactará en ese mismo acto y será
firmada por cada uno de los asistentes a la reunión, en la
que se expresará obligatoriamente:
a) La aprobación del inicio del procedimiento de
regularización.
b) La determinación de la opción del régimen interno,
al que se sujetará la edificación dentro de las opciones
previstas por el Art. 127º de este Reglamento, o por el Art.
13º de la Ley en su caso.
c) La aprobación del cuadro de porcentajes de
participación en la propiedad de los bienes comunes, o
la indicación expresa de la aplicación de la presunción de
igualdad de participaciones establecida en la Ley.
d) La aprobación de los gastos irrogados por la
convocatoria, que serán reembolsados a quienes lo
sufragaron. Estos gastos serán distribuidos entre todas
las secciones, proporcionalmente al porcentaje de
participación de cada una de ellas en los bienes comunes,
salvo acuerdo distinto.
e) Si la Junta lo acuerda, podrá hacerse constar
el nombramiento del o de los representantes de los
propietarios que contratarán los servicios del Verificador
Responsable, y que, además, firmarán el FOR y
documentos correspondientes. En caso contrario, el trámite
deberá realizarlo todos los propietarios en conjunto.
f) Cualquier otro acuerdo celebrado.
g) Las oposiciones, precisiones o reservas que
cualquier propietario desee hacer constar en el acta.
Artículo 21º.- Publicidad y efectos de los acuerdos
21.1 Si los acuerdos fueran adoptados con el voto
conforme de todos los propietarios de la edificación, se
podrá iniciar el trámite de regularización sin necesidad de
requisito adicional alguno.
21.2 Si alguno de los acuerdos es asumido por mayoría,
el acta de la reunión deberá ser comunicada a quienes no
asistieron, de la siguiente forma:
- Copias del acta deberán ser fijadas en los lugares
más visibles de la edificación, por lo menos durante tres
días consecutivos.
- Un extracto del acta, deberá ser publicado, por una
vez, en el diario oficial “El Peruano” y en el diario de mayor
circulación del lugar donde se ubica el predio, con la
indicación expresa del cuadro de participación porcentual
en los bienes comunes.
Artículo 22º.- Oposición a los acuerdos y su
tramitación.
22.1 Cualquier propietario que se considere agraviado
por alguno de los acuerdos de la Junta de Propietarios, podrá
plantear oposición a través del procedimiento sumarísimo
previsto en el Art. 546º del Código Procesal Civil, ante el Juez
de Paz Letrado del lugar donde se ubica el inmueble.
El plazo para interponer la demanda es de quince (15)
días hábiles contados a partir de la última publicación del
acuerdo de regularización.
22.2 La interposición de la oposición no interrumpe el
trámite de regularización. Sin embargo, el Juez, a petición de
parte, podrá disponer como medida cautelar la suspensión del
mencionadotrámite,siconsideraverosímilelderechoinvocado
por el opositor y necesario dictar dicha medida.
Artículo 23º.- Validez del acuerdo y sus efectos
El acuerdo válidamente adoptado, tendrá carácter
vinculante para todos los propietarios de las secciones
de la edificación, aún cuando no hayan participado en la
reunión.
CAPÍTULO II
REQUISITOS DEL EXPEDIENTE DE REGULARI-
ZACIÓN
Artículo 24º.- Formulario Registral (FOR)
El FOR, es aprobado por la SUNARP o el RPU, y
constituyetítuloregistral,cuandoestádebidamentellenado,
firmado y acompañado de la documentación que sustenta
el derecho, acto o contrato que se desea registrar.
Artículo 25º.- Documentos que se adjuntan al FOR
Los documentos que se acompañarán al FOR, son:
a) Copia literal de dominio o documento público,
o privado de fecha cierta, donde conste el derecho de
propiedad del solicitante; o la solicitud de saneamiento de
titulación, de ser el caso.
b) Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios,
expedido por la municipalidad respectiva, según lo establecido
en el Art. 63º del presente Reglamento. Si la Municipalidad,
dentro del plazo previsto por este Reglamento, no emite el
Certificado, se prescindirá de este documento y el Verificador
Responsable indicará, en su Informe de Verificación, bajo su
responsabilidad, los parámetros urbanísticos y edificatorios
reglamentarios que corresponden a la edificación.
c) Plano de localización y ubicación conforme a las
características señaladas en el inciso d) del numeral 64.2
de este Reglamento, debiendo indicarse, en forma precisa,
los linderos y medidas perimétricas del terreno. De tratarse
de un terreno de perímetro irregular o de dimensiones
reducidas, se desarrollará, en el mismo plano o en uno
anexo, la poligonal a una escala mayor que permita la
perfecta lectura de las medidas perimétricas.
d) Planos de plantas de arquitectura (planos de
distribución) por pisos, a la menor escala que permita su
perfecta lectura, con los nombres de todos los ambientes
exteriores e interiores (inclusive los secundarios como
closets, despensa, depósitos, piscinas, canchas, etc.),
concordados con la memoria descriptiva del FOR.
e) Informe Técnico de Verificación, de ser el caso, con
las constancias de haber solicitado la Verificación Ad Hoc
correspondiente.
Los planos y el Informe Técnico de Verificación deberán
estar firmados y sellados por el o los verificadores.
Artículo 26º.- Documentos adicionales para
edificaciones de propiedad exclusiva y común
Para el trámite de la regularización de departamentos
en edificio, casas en quinta, casas en copropiedad,

NORMAS LEGALES
El Peruano
centros comerciales o campos feriales, u otras unidades
inmobiliarias con bienes comunes, se adjuntará al FOR,
además de los documentos señalados en el artículo
precedente, los siguientes:
a) Copia legalizada del acta del acuerdo de inicio
de regularización a que se refiere el Art. 19º de este
Reglamento.
b) Plano de independización con indicación de las
áreas, linderos y medidas perimétricas de las secciones de
propiedad exclusiva y de los bienes de propiedad común, a
la menor escala que permita su perfecta lectura.
c) El Reglamento Interno, adecuado al Régimen de
Propiedad Exclusiva y Común establecido en la Sección
Tercera de este Reglamento.
Artículo 27º.- Requisitos para remodelación,
ampliación, modificación o reparación
Para la regularización de las declaratorias de fábrica
correspondientes a edificaciones derivadas de obras de
remodelación, ampliación, modificación o reparación, se
presentarán los documentos exigidos en los artículos 25º y
26º del presente Reglamento. En estos casos, los planos
de arquitectura a que se refiere el inciso d) del artículo 25º,
se desdoblarán en dos: uno correspondiente a la fábrica
inscrita, en el que se indicarán los elementos a eliminados,
y el otro, a la ampliación, la modificación o la remodelación
efectuada, según sea el caso.
Artículo 28º.- Requisitos para la Regularización de
Demolición.
Para regularizar la demolición, se adjuntarán los
siguientes documentos:
a) Copia literal de dominio
b) Plano de localización y ubicación, según lo señalado
en el inciso d) del numeral 77.1 de este Reglamento, con
indicación de la fábrica demolida.
c) Plano de Planta a escala 1/75, en el que se delineará
las zonas de la fábrica demolidas, en el caso de demolición
parcial.
d) Informe Técnico de Verificación y, de ser el caso,
como anexo, el informe especializado del Verificador Ad
Hoc.
Cuando se regularice una edificación que ha
reemplazado total o parcialmente a otra preexistente que
se encuentra registrada, el Verificador Responsable hará
constar en su Informe Técnico de Verificación la demolición
de la fábrica precedente. En estos casos, el registrador
inscribirá la demolición y luego extenderá el asiento de
inscripción de la declaratoria de fábrica de la edificación
nueva si fuese el caso.
CAPÍTULO III
REGULARIZACIÓN SIN SANEAMIENTO DE
TITULACIÓN
Artículo 29º.- Presentación del FOR
El FOR, acompañado de la documentación
correspondiente, es presentado por el Verificador
Responsable ante el notario competente, quien procederá
al examen de la identidad de los intervinientes en el
proceso de regularización y a la legalización de sus firmas
en los documentos señalados. Asimismo, constatará la
habilitación del Verificador Responsable.
Artículo 30º.- Comprobación de la Titulación
El notario examinará la documentación presentada,
realizando las comprobaciones que estime pertinentes
para su verificación. De encontrarla conforme, declarará
que los títulos presentados reúnen las condiciones legales
necesarias para dar mérito a la inscripción correspondiente,
firmando y sellando el FOR. En caso contrario rechazará
el trámite.
Artículo 31º.- Presentación del expediente al
registro
Declarada la conformidad señalada en el
artículo precedente, el notario presentará al registro
correspondiente, en original y dos copias, el expediente de
regularización, a efectos de la inscripción del acto o actos
respectivos.
Una vez inscritos los actos indicados, las dos copias del
expediente, con la constancia de su inscripción respectiva,
serán devueltas al notario, quien entregará al solicitante
una copia y remitirá la otra a la municipalidad distrital
correspondiente para los fines señalados en el inciso i) del
Art. 5º del presente Reglamento.
Artículo 32º.- Inscripción cuando el Informe Técnico
de Verificación contiene observaciones
En los casos en que el Informe Técnico de Verificación
contenga observaciones, de conformidad con lo dispuesto
en el Art. 13º de este Reglamento, dichas observaciones
no impiden la inscripción de la declaratoria de fábrica en
vía de regularización; pero podrán ser inscritas por el
registrador como una carga del inmueble en la partida
registral del predio.
El propietario del inmueble inscrito con observaciones,
estará obligado a subsanarlas antes de ejecutar cualquier
tipo de obra en la edificación.
Artículo 33º.- Discrepancias en áreas y/o linderos
33.1 Cuando la observación en el informe técnico se
refiera a la existencia de discrepancia entre el área real
del terreno, sus medidas perimétricas y/o linderos, con los
que figuran en la partida registral del predio, el registrador
inscribirá la declaratoria de fábrica, siempre que el área
real del terreno no sea mayor de la que figura en el
Registro. Asimismo, inscribirá como carga la discrepancia
existente.
33.2 Si el área del terreno es superior al área registrada
y no existe superposición de áreas, podrá solicitarse la
anotación preventiva de la fábrica, la misma que tendrá
una vigencia de un año prorrogable por un año más.
Artículo 34º.- Cancelación de las cargas
34.1 El propietario que subsane las observaciones
inscritas como cargas, presentará, para la cancelación
de éstas, un nuevo Informe Técnico de Verificación que
acredite la subsanación, con firmas legalizadas por notario.
A este informe se adjuntarán los planos replanteados, si
fuera necesario.
34.2 Cuando la cancelación de la carga determine la
modificación del contenido del asiento de inscripción de la
declaratoria de fábrica, el registrador procederá a extender
el asiento modificatorio respectivo.
34.3 Las cargas referentes a las discrepancias de
áreas, linderos y/o medidas perimétricas, se cancelan de
acuerdo con el procedimiento legal correspondiente.
CAPÍTULO IV
REGULARIZACIÓN CON SANEAMIENTO DE
TITULACIÓN
Artículo 35º.- Saneamiento de titulación
Siduranteeltrámitederegularizacióndeunaedificación,
se advierte la necesidad de iniciar un procedimiento de
saneamiento de titulación, vía prescripción adquisitiva
de dominio o formación de título supletorio, el notario, a
petición del interesado, iniciará el asunto no contencioso
de competencia notarial, regulado en los artículos 39º a
43º de este Reglamento.
Artículo 36º.- Prescripción adquisitiva de dominio
Procede tramitar notarialmente la prescripción
adquisitiva de dominio, cuando el interesado acredita
posesión continua, pacífica y pública del inmueble por más
de diez (10) años, esté o no registrado el predio.
El notario solicitará al registro respectivo, la anotación
preventiva de la petición de prescripción adquisitiva, si el
predio está registrado.
Artículo 37º.- Formación de títulos supletorios
Procede tramitar notarialmente la formación de títulos
supletorios de dominio, cuando el propietario carece de
títulos que acrediten su derecho, siempre que la edificación
objeto de regularización esté levantada sobre un terreno
no inscrito. El solicitante debe acreditar, por lo menos,
cinco (5) años de posesión.
Procede también tramitar notarialmente la formación
de títulos supletorios, cuando el título o títulos de propiedad
del solicitante, no tiene(n) la antigüedad exigida por el Art.
2018º del Código Civil. En este caso, no será necesario
que el solicitante acredite los cinco años de posesión a que
se refiere el párrafo precedente.
Artículo 38º.- Normas de procedimiento
La prescripción adquisitiva de dominio o la formación de
títulos supletorios a que se refieren los artículos 21º y 22º de

NORMAS LEGALES
El Peruano
la Ley, se tramitan por la vía de los asuntos no contenciosos
de competencia notarial, conforme al procedimiento
previsto en este Reglamento y, supletoriamente, por las
normas contenidas por el Código Procesal Civil.
Artículo 39º.- Inicio del proceso
El proceso se inicia con una petición escrita del
interesado, autorizada por abogado, la cual deberá
contener cuando menos:
a) La indicación precisa de la fecha y forma de
adquisición, así como del tiempo de posesión.
b) Nombre y dirección del titular registral, de ser el
caso.
c) Nombre y dirección de su inmediato transferente, de
los anteriores a éste o de sus respectivos sucesores, en el
caso de formación de títulos supletorios.
d) Nombre y dirección de los propietarios u ocupantes
de los predios colindantes.
e) Certificación municipal o administrativa de la persona
que figura en sus registros como propietaria o poseedora
del bien.
f) Copia literal de dominio del predio si está inscrito, y/o
certificado de búsqueda catastral, de ser el caso.
g) El ofrecimiento de declaración de no menos de tres
ni más de seis testigos mayores de veinticinco (25) años de
edad, preferentemente vecinos u ocupantes de los inmuebles
colindantes del predio cuyo saneamiento de titulación se
solicita.
h) Las demás pruebas que el interesado considere
necesarias.
Artículo 40º.- Emplazamiento
El notario notificará necesariamente:
a) A la persona o personas de quien el solicitante afirma
que deriva el derecho invocado.
b) Al titular registral del terreno y/o de la edificación.
c) A los propietarios u ocupantes de los predios
colindantes y a todas las personas indicadas por el
interesado en su solicitud.
Las notificaciones se regirán supletoriamente por las
normas establecidas para ellas en el Código Procesal
Civil.
Sin perjuicio de las notificaciones antes indicadas,
el notario fijará carteles en los lugares más visibles de
la edificación cuyo saneamiento se solicita. Asimismo,
dispondrá que se efectúe una publicación que contenga el
extracto de la solicitud de saneamiento, por tres (3) días,
con intervalos de tres días hábiles entre cada una de ellas,
en el diario oficial “El Peruano” y en el de mayor circulación
del lugar donde se ubica el inmueble.
Artículo 41º.- Substanciación del procedimiento
41.1 El notario se constituirá en el inmueble objeto
de saneamiento, extendiendo un acta de presencia en
la que hará constar la descripción y características del
inmueble, la posesión pacífica y pública ejercida por el
solicitante, y el dicho o manifestación de los ocupantes
de los predios colindantes, así como la declaración de
los testigos ofrecidos, mediante actas notariales de
presencia.
41.2 Transcurridos treinta (30) días hábiles, desde la
fecha de la última publicación, sin que se hubiera interpuesto
oposición, el notario levantará un acta donde hará constar
la evaluación de las pruebas y los actuados, y declarará la
prescripción adquisitiva de dominio a favor del solicitante o
dispondrá la formación de títulos supletorios, según sea el
caso.
41.3 El acta notarial y todos sus antecedentes,
serán incorporados al Registro Notarial de Asuntos no
Contenciosos, del cual se podrá expedir todos los traslados
instrumentales previstos por la ley del notariado.
Artículo 42º.- Finalización
El acta notarial que declara la prescripción adquisitiva
de dominio, o dispone el otorgamiento de títulos supletorios,
es título suficiente para la inscripción de la propiedad en
el registro respectivo y para la cancelación del asiento
registral a favor del antiguo dueño de ser el caso.
Copia certificada de dicha acta se adjuntará al FOR,
a efectos de que el notario la presente al Registro, de
conformidad a lo previsto en el Art. 31º del presente
Reglamento.
Artículo 43º.- La Oposición
43.1 Hasta el momento de emitirse el acta notarial
que ponga fin al procedimiento, cualquier persona podrá
formular oposición a la declaración de propiedad por
prescripción adquisitiva de dominio o a la formación de
títulos supletorios en trámite.
Esta oposición debe formularse por escrito ante el
notario, quien suspenderá el trámite en el estado en que se
encuentre y remitirá lo actuado al Juzgado Especializado
en lo Civil de turno de la jurisdicción donde se ubica el
inmueble, dentro del tercer día hábil de presentada la
oposición.
43.2 El Juez, una vez recibido el expediente concederá
un plazo judicial, común para ambas partes, para la
adecuación del expediente a las exigencias del trámite
judicial, tanto de la demanda como de la contestación, y
proseguirá el trámite conforme a su procedimiento.
43.3 Una vez concluido el proceso judicial y agotadas
todas las instancias, el juez notificará al notario con la
resolución que pone fin al proceso, para que éste prosiga
según el sentido de la misma.
SECCIÓN SEGUNDA
(Título II de la Ley Nº 27157)
LICENCIA DE OBRA Y DECLARATORIA DE
FÁBRICA
TÍTULO INICIAL
Artículo 44º.- Objeto y vigencia
La presente Sección del Reglamento norma el
procedimiento para la Declaratoria de Fábrica de cualquier
edificación iniciada después del 20 de julio de 1999. Dicho
procedimiento se inicia con la Licencia de Obra y finaliza
con la inscripción de la referida Declaratoria de Fábrica en
el Registro de Predios.
Artículo 45º.- Formularios Oficiales
45.1 El Formulario Único Oficial (FUO), es el documento
a través del cual se formalizan los procedimientos de
Licencia de Obra y Declaratoria de Fábrica regulados
por este Reglamento. Está constituido por las siguientes
partes y sus anexos:
- FUO-Parte1: Licencia de Obra
Anexo A: Datos de Condóminos - Personas Naturales
Anexo B: Datos de Condóminos - Personas Jurídicas
Anexo C: Predeclaratoria de Fábrica
Anexo D: Autoliquidación de Derechos de Obra
- FUO-Parte2: Declaratoria de Fábrica
45.2 El Formulario Oficial de Uso Múltiple (FOM),
es el documento que se usará para solicitar Certificado
de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, Licencia de
Obra para Cercado, Certificado de Finalización de Obra
y de Zonificación y ampliación de plazo de ejecución de
obra; para informar sobre trabajos de refacción, presentar
anteproyecto arquitectónico en consulta o planos
modificados durante el proceso de la obra, comunicar el
cambio de profesional responsable de la obra; así como
para cualquier otro trámite derivado de las disposiciones
de este Reglamento en que no sea aplicable el FUO.
45.3 El FUO y el FOM serán de uso obligatorio en
todas las municipalidades de la República, las que podrán
distribuirlos al público por un valor que no supere su costo
de impresión.
De no existir o de haberse agotado los formularios
impresos, las municipalidades aceptarán la presentación
de fotocopias legibles, sobre las cuales se llenará la
información y se estamparán las firmas correspondientes.
Queda terminantemente prohibido el uso de formularios
distintos al FUO y al FOM para todos los trámites de
licencias de obra y declaratoria de fábrica; así como alterar
o modificar la forma o contenido de los formularios oficiales.
Éstos sólo podrán ser modificados mediante resolución
ministerial del Ministerio de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción.
45.4 Las municipalidades entregarán obligatoriamente
a los interesados, adjunto al FUO, una fotocopia del cuadro
de Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones vigente que
corresponda, debidamente actualizado con los índices que
emite el INEI.

NORMAS LEGALES
El Peruano
Artículo 46º.- Opciones de trámite
Las opciones señaladas en el Art. 28º de la Ley son:
- Opción a:
El propietario, al iniciar el trámite de licencia,
comunicará a la Municipalidad la fecha de inicio de la
obra comprometiéndose, mediante carta simple, que ella
se efectuará de conformidad con los planos adjuntos y
que el proyecto cumple con los parámetros urbanísticos y
edificatorios y las normas vigentes sobre la materia. Entre
la fecha de inicio del trámite y la fecha declarada para el
inicio de la obra debe mediar no menos de veinte (20) días
hábiles, a efecto de que la Municipalidad cumpla con el
proceso de revisión y calificación del proyecto.
Si dentro del plazo señalado la Municipalidad
desaprueba el proyecto presentado, el propietario
no podrá iniciar la obra hasta obtener la aprobación
correspondiente.
Esta opción obligará al propietario a ejecutar la obra
de conformidad con los planos y especificaciones de su
proyecto, sin modificaciones y con supervisión de obra por
parte de la Comisión Técnica Supervisora.
Esta opción no es de aplicación en los casos
de inmuebles ubicados en zonas monumentales y
centros históricos; debiendo seguir, en dichos casos, el
procedimiento de la opción b).
- Opción b:
El propietario solicitará la licencia y, una vez obtenida
ésta, comunicará por escrito, a la municipalidad, la fecha
de inicio de la obra.
En esta opción la supervisión de obra será facultativa,
salvo para la modalidad de autoconstrucción en la cual
será obligatoria.
La Municipalidad tendrá un plazo de veinte (20) días
hábiles para pronunciarse sobre la solicitud presentada,
con excepción de los casos de ampliación de plazo para la
calificación, expresamente contemplados en el artículo 70º
de este Reglamento.
Artículo 47º.- Condiciones para la autoconstrucción
La modalidad de obra por autoconstrucción será
permitida exclusivamente para uso residencial y sus
respectivos índices de usos compatibles, con una altura
máxima de tres (3) pisos, al interior de terrenos con áreas
no mayores que el lote normativo correspondiente a la
zonificación vigente, con una tolerancia en exceso del
25%.
Esta modalidad se aplicará a cualquier tipo de obra de
edificación señalado en elArt. 51º del presente Reglamento
y estará condicionada obligatoriamente a la supervisión
de obra que efectuará la Comisión Técnica Supervisora
de Obra y a los trámites dispuestos en el Art. 79º de este
Reglamento.
No se podrá ejecutar obras por autoconstrucción,
en ningún caso, cuando se trate de bienes culturales
inmuebles debidamente declarados. Toda intervención
en esta categoría de inmuebles deberá ejecutarse
previa aprobación del proyecto por la Comisión Técnica
Calificadora de Proyectos.
Artículo 48º.- Plano de zonificación
El plano de zonificación a que se refiere el inciso a)
del Art. 28º de la Ley, estará incluido en el Esquema de
Localización que forma parte del Plano de Localización y
Ubicación según lo señalado en el inciso d) del numeral
64.2 de este Reglamento. En este esquema se graficarán
las zonificaciones vigentes correspondientes a la manzana
donde se ubica el inmueble, así como a las manzanas
circundantes.
En caso de no existir zonificación vigente, se aplicará
lo dispuesto en el último párrafo del numeral 63.2 del
Artículo 49º.- Funciones del abogado
De conformidad con el Art. 34º de la Ley, el
abogado deberá examinar la suficiencia de los títulos
del predio para el trámite respectivo. De no encontrar
conforme la titulación, hará saber al interesado cuál es
el defecto y lo instruirá respecto de la forma en que
debe subsanarla.
TÍTULO I
LICENCIA DE OBRA
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
Artículo 50º.- Definición
La Licencia de Obra es la autorización otorgada por la
municipalidad, en el ámbito de su jurisdicción, para iniciar
cualquier tipo de obra de edificación señalado en este
Título, que deberán obtener obligatoriamente todos los
propietarios de terrenos que:
a) Constituyan predios urbanos.
b) Cuenten con proyecto aprobado de habilitación
urbana con construcción simultánea.
c) Constituyan predios ubicados en zonas urbanas
consolidadas que se encuentren como urbanos en la
Municipalidad correspondiente e inscritos como rústicos
en el Registro de Predios.
Artículo 51º.- Tipos de obra de edificación
Existen los siguientes tipos de obra:
a) Edificación nueva:
Obra que se ejecuta, totalmente o por etapas, sobre
un terreno baldío, cumpliendo las condiciones mínimas de
habitabilidad establecidas en las normas de edificación
vigentes.
b) Remodelación:
Obra que se ejecuta para modificar la distribución de
los ambientes con el fin de adecuarlos a nuevas funciones
o incorporar mejoras sustanciales, dentro de la edificación
existente sin modificar el área techada.
c) Ampliación:
Obra que incrementa el área techada de una edificación
existente, sin alterar su tipología y armonía estilística
original.
d) Refacción:
Trabajos que consisten en el mejoramiento y/o
la renovación de las instalaciones, equipamiento y/o
elementos constructivos sin alterar el uso, el área techada
total, ni los elementos estructurales de la edificación
existente.
e) Acondicionamiento:
Trabajos de adecuación de ambientes de una
edificación existente, a las necesidades del usuario,
mediante elementos removibles, como tabiquería, falsos
cielorrasos, ejecución de acabados e instalaciones.
f) Puesta en valor:
Obra que comprende, separada o conjuntamente,
trabajos de restauración, recuperación, rehabilitación,
protección, reforzamiento y mejoramiento de una
edificación con valor histórico monumental calificado.
g) Cercado:
Obra que comprende exclusivamente la construcción
de muros perimétricos en un terreno y vanos de acceso
cuando lo permita la Municipalidad.
h) Demolición:
Obra que elimina planificadamente una edificación, en
forma total o parcial, para ejecutar una nueva o cumplir
alguna disposición emanada de la autoridad competente.
i) Obras Menores:
Toda obra que no altere los elementos estructurales de
la edificación original, en la medida que cumpla con los
parámetros urbanísticos y edificatorios; y cuya área no
exceda, en total, de 30 m2 de intervención; o, en el caso
de las no mensurables, cuyo valor de obra no sea mayor
de seis (6) UIT.
No podrán considerarse obras menores aquellas que
alteren las fachadas o volúmenes de inmuebles ubicados
en Zonas Monumentales y/o bienes culturales inmuebles
previamente declarados.
Artículo 52º.- Excepciones
No requieren de licencia de obra, los trabajos de
acondicionamiento o de refacción, siempre que no se trate
de un inmueble con valor histórico monumental calificado.

NORMAS LEGALES
El Peruano
Para ejecutar los trabajos de acondicionamiento o de
refacción, los propietarios, mediante el FOM, deberán
comunicar su inicio a la municipalidad correspondiente,
adjuntando una breve descripción de los trabajos a
realizar.
Estos trabajos estarán sujetos a control urbano.
Artículo 53º.- Edificaciones del sector público
nacional
Las edificaciones del sector público nacional requerirán
licencia de obra.
En el caso de las edificaciones de alcance nacional
vinculadas a la Defensa y Seguridad Nacional, Orden
Interno, FuerzasArmadas y de la Policía Nacional, incluidos
los que corresponden al Sistema Penitenciario Nacional,
se considerará otorgada la licencia de obra en forma
automática, a la sola presentación, ante la Municipalidad
respectiva, del plano de ubicación y perimétrico, así como
una descripción general del proyecto. El monto del derecho
de tramitación, no podrá ser mayor a una (1) Unidad
Impositiva Tributaria, debiendo determinarse y aprobarse
de conformidad con lo estipulado por los artículos 44º y 45º
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.
Artículo54º.-Sujeciónalosparámetrosurbanísticos
y edificatorios
LaLicenciadeObraseotorgaráenestrictocumplimiento
de los parámetros urbanísticos y edificatorios vigentes.
Competerá a la dependencia municipal correspondiente
determinarlos cuando los planes urbanos o proyectos
urbanísticos integrales no los hayan establecido.
Artículo 55º.- Vigencia de la Licencia de Obra
La vigencia de la Licencia de Obra se sujetará a lo
siguiente:
55.1 El plazo de vigencia de la Licencia de Obra será
de treinta y seis (36) meses. Este plazo podrá ser ampliado
por una sola vez, a simple solicitud del propietario, por el
término de doce (12) meses adicionales, sin requerirse
nuevo pago y respetándose los parámetros urbanísticos y
edificatorios con los que fue otorgada.
La ampliación del plazo será solicitada, por el
propietario o el responsable de obra, antes de la caducidad
de la licencia, mediante el FOM.
55.2 De producirse la caducidad de la licencia, el
propietario podrá revalidarla, con los plazos establecidos en
el numeral 55.1, abonando los derechos correspondientes
al saldo de obra por ejecutar.
55.3 En el caso de proyectos a ser ejecutados por
etapas, se podrá solicitar Licencia de Obra por cada etapa,
en base a un proyecto integral cuya aprobación tendrá una
vigencia de diez.
Artículo 56º.- Valor de la obra
El valor de la obra se obtendrá de la siguiente forma:
a) Para edificación nueva o ampliación, con base
en los Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones para
Costa, Sierra y Selva, según corresponda, actualizados
mensualmente de acuerdo con los índices aprobados por
el INEI, cuya fotocopia entregarán las municipalidades
tal como se establece en el numeral 45.4 de este
Reglamento.
b) Para remodelación, modificación, reparación,
puesta en valor y cercado, con base y en proporción
a los Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones para
Costa, Sierra y Selva, según corresponda, actualizados
mensualmente de acuerdo con los índices aprobados
por el INEI, solo en casos que no sea posible establecer
una proporción con estos valores se presentará un
presupuesto de obra con valores unitarios tomados
de una revista especializada, adjuntando copia de la
páginas de este documento.
c) Para demolición, con base en los Valores Unitarios
indicados en el inciso a), actualizados, aplicando el
máximo de las depreciaciones por antigüedad y estado de
conservación.
CAPÍTULO II
COMISIÓN TECNICA
Artículo 57º.- Clases de Comisión Técnica
La Comisión Técnica que se conforma en cada
municipalidad será:
a) Comisión Técnica Calificadora de Proyectos.
b) Comisión Técnica Supervisora de Obra.
Artículo 58º.- Comisión Técnica Calificadora de
Proyectos
58.1 La Comisión Técnica Calificadora de Proyectos
cumplirá las siguientes funciones:
a) Revisar y calificar los anteproyectos y proyectos
de todo tipo de obra, que se sometan a su consideración,
de conformidad con los parámetros urbanísticos y/o
edificatorios, y las normas de edificación vigentes.
b) Absolver las consultas que formulen los interesados
sobre aspectos de carácter técnico y normativo, referentes
exclusivamente a los alcances de los parámetros
urbanísticos y/o edificatorios y normas de edificación
vigentes.
c) Resolver cualquier vacío que pudiese existir
respecto a los parámetros urbanísticos y/o edificatorios, y
las normas de edificación vigentes.
d) Fundamentar sus dictámenes cuando observe o
desapruebe un anteproyecto o proyecto.
e) Resolver, en primera instancia, los recursos de
reconsideración en un plazo máximo de cinco (5) días
hábiles de presentado el respectivo recurso.
58.2 La Comisión Técnica Calificadora de Proyectos de
las municipalidades provinciales, además de lo señalado
en el inciso anterior, cumplirá las siguientes funciones:
a) Absolver las consultas sobre la aplicación de planes
urbanos vigentes o proyectos urbanísticos integrales.
b) Resolver, en segunda y última instancia, los recursos
de apelación en un plazo máximo de diez (10) días hábiles
desde la fecha de recepción del expediente los recursos
de apelación sobre aspectos técnicos sometidos a la
comisión.
58.3 En todas las Municipalidades provinciales, así
como en las distritales en que sea posible, la composición
de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos será la
siguiente:
a) El funcionario que será designado por la
Municipalidad correspondiente, arquitecto o ingeniero civil
colegiado, con experiencia municipal en obras privadas,
quien la presidirá.
b) Dos delegados calificadores que serán designados
por la filial correspondiente del CAP, uno de los cuales
deberá acreditar estudios o experiencia en planeamiento
urbano.
c) Tres delegados calificadores que serán designados
por la filial correspondiente del CIP, especialistas en
estructuras, instalaciones sanitarias e instalaciones
eléctricas.
d) Delegados ad hoc que serán incorporados en los
casos previstos en el numeral 62.1 de este Reglamento.
58.4 Las Municipalidades podrán conformar más
de una Comisión Técnica Calificadora de Proyectos, en
función de la demanda de Proyectos, fijando el turno en
que alternarán.
58.5 Los delegados calificadores atenderán los
expedientes, en estricto orden de ingreso, dando preferencia a
los que reingresen por subsanación de observaciones.
58.6 Las Comisiones Técnicas Calificadoras de
Proyectos son órganos colegiados, cuyo funcionamiento se
regula por losArtículos 95º al 102º de la Ley Nº 27444 - “Ley
del Procedimiento Administrativo General”, así como por
el Reglamento de las Comisiones Técnicas Calificadoras
de Proyectos aprobado por Resolución Viceministerial Nº
003-2000-MTC/15.04 y su modificatoria por la Resolución
Viceministerial Nº 008-2005-VIVIENDA/VMVU.
Artículo 59º.- Comisión Técnica Supervisora de
Obra
59.1LaComisiónTécnicaSupervisoradeObrarealizará
la supervisión técnica de obra, cuando corresponda, de
conformidad con este Reglamento.
59.2 En todas las municipalidades, la Comisión
Supervisora de Obra se conformará como sigue:
- El funcionario que será designado por la municipalidad
correspondiente, arquitecto o ingeniero civil colegiado, con

NORMAS LEGALES
El Peruano
experiencia en ejecución o supervisión de obras, quien la
presidirá.
- Delegados supervisores, arquitectos e ingenieros
civiles colegiados, con experiencia en ejecución o
supervisión de obras, que serán designados, en
proporciones iguales, por las filiales del CAP y del CIP.
59.3 La municipalidad determinará el número de
delegados supervisores que sea necesario, en función de
la demanda de licencias de obra y solicitará su designación
a las filiales de los colegios profesionales.
59.4 Los delegados supervisores del CAP y del CIP
supervisarán las obras por estricto orden de aprobación
de las licencias o del inicio de la obra de acuerdo con un
rol que se definirá de mutuo acuerdo o por sorteo.
59.5 El Supervisor verificará que la obra se ejecute
de acuerdo al proyecto aprobado, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 92º y 93º del presente
Reglamento. Si de esta supervisión se desprendiera
alguna trasgresión que deba ser rectificada por el
responsable de obra, el Supervisor la hará constar
en el Informe de Supervisión correspondiente. Las
observaciones serán comunicadas a la dependencia de
control urbano, que será responsable de velar por su
acatamiento.
Artículo 60º.- Conformación mínima
60.1 En las municipalidades distritales en que no sea
posible conformar la Comisión Técnica de acuerdo con el
numeral 58.3, se podrá reducir el número de miembros
de la misma según la disponibilidad de profesionales
colegiados, debiendo quedar constituida, como mínimo,
por tres (3) miembros: el funcionario municipal designado,
profesional o no, quien la presidirá, un delegado del CAP y
un delegado del CIP. En este caso, los delegados ejercerán
tanto la función de calificación de proyectos como la de
supervisión de obra.
60.2 En las municipalidades distritales en que no sea
posible la designación de delegados del CAP y del CIP para
conformar la Comisión Técnica, el funcionario municipal
designado la constituirá con la participación de delegados
de la Comisión Técnica de la municipalidad provincial o
distrital más cercana, la que designará entre sus miembros
a los que deban cumplir las funciones de calificación de
proyectos y supervisión de obra.
Artículo 61º.- Selección y acreditación de los
delegados del CAP y del CIP
Cada colegio profesional seleccionará a sus delegados
mediante concurso interno y los acreditará ante la Comisión
Técnica correspondiente con credenciales emitidas por
sus filiales, en las que deberá consignarse su calidad
(calificador o supervisor; titular o alterno), su especialidad
y el tiempo en que ejercerá el cargo.
Artículo 62º.- Delegados Ad Hoc
62.1 Para la calificación en los casos que, por mandato
de la ley o características especiales del proyecto, se
requiera la opinión de entidades rectoras; el Presidente
de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos podrá
citar, mediante comunicación escrita, delegados ad
hoc, acreditados conforme a lo dispuesto en la Quinta
Disposición Transitoria del presente Reglamento.
62.2 Las entidades rectoras que podrán acreditar
delegados ad hoc son: el Instituto Nacional de Cultura
(INC), para la preservación y conservación del patrimonio
cultural monumental y arqueológico; el Instituto Nacional
de Recursos Naturales (INRENA), para los efectos de
la preservación y conservación de las áreas naturales
protegidas; el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios
del Perú (CGBVP) y el Instituto Nacional de Defensa Civil
(INDECI), para cautelar la seguridad de las edificaciones
de más de cinco pisos, centros y galerías comerciales,
campos feriales, establecimientos de hospedaje, edificios
de concentración masiva de público; y el Ministerio de
Defensa en las zonas de frontera y otras sometidas a su
competencia conforme a ley.
No requerirán pronunciamiento del Cuerpo General
de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) y el Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI), las edificaciones de
vivienda de seis pisos, en las cuales el quinto y sexto
piso constituyan unidades inmobiliarias tipo dúplex,
siempre que la circulación común sea sólo hasta el
quinto piso.
62.3 Los delegados ad hoc participarán con los mismos
derechos y obligaciones de los demás integrantes de la
Comisión.
Los dictámenes emitidos por los delegados ad hoc,
dentro de las sesiones de la Comisión Técnica Calificadora
de Proyectos, constituyen un certificado de conformidad
de la entidad rectora a la que representan.
Artículo 63º.- Certificado de Parámetros
Urbanísticos y Edificatorios
63.1 El propietario, antes de presentar el anteproyecto
en consulta o de iniciar la tramitación de la Licencia de Obra,
según sea el caso, deberá obtener de la Municipalidad
respectiva, el Certificado de Parámetros Urbanísticos
y Edificatorios. Toda persona estará facultada a recabar
dicho certificado referido a cualquier inmueble.
Para el efecto se presentará:
a) FOM debidamente llenado y firmado por el interesado
y Hoja de Trámite correspondiente.
b) Comprobante de pago del derecho de trámite
correspondiente, cancelado.
63.2 El Certificado de Parámetros Urbanísticos y
Edificatorios contendrá la siguiente información:
- Área Territorial u otra establecida.
- Área de Actuación Urbanística u otra establecida.
- Zonificación.
- Usos permisibles y compatibles.
- Densidad neta máxima.
- Área de lote normativo.
- Coeficientes máximos y mínimos de edificación.
- Porcentaje mínimo de área libre.
- Alturas máxima y mínima permisibles.
- Retiros.
- Alineamiento de fachada.
- Índice de espacios de estacionamiento.
- Otros particulares.
- Fecha de emisión y término de su vigencia.
Si alguno de los parámetros no estuviese oficialmente
determinado, por los planes urbanos o proyectos
urbanísticos integrales, la Oficina de Desarrollo Urbano
de la Municipalidad correspondiente, conforme a sus
competencias, deberá fijarlo para el caso específico.
Edificatorios se expedirá con arreglo a la zonificación
vigente aprobada mediante Ordenanza de la Municipalidad
Provincial correspondiente.
63.4 Si el Certificado de Parámetros Urbanísticos
y Edificatorios hiciera referencia a normas específicas,
expedidas por las Municipalidades, deberá entregarse
adjunto al Certificado copias fotostáticas de dichas normas
y/o la información digitalizada, sin que ello signifique un
costo adicional para los interesados.
63.5 El Certificado tiene plena validez jurídica y otorga
derechos al interesado respecto a los índices y parámetros
contenidos en el mismo. El certificado será emitido por la
dependencia municipal competente en el plazo de dos (2)
días hábiles, contados desde la recepción de la solicitud,
bajo responsabilidad. Tendrá una vigencia de dieciocho (18)
meses.
63.6 Para facilitar el conocimiento de los parámetros
urbanísticos y edificatorios deberá exhibirse el Plano de
Zonificación actualizado del distrito, en un lugar accesible
al público en general, así como las resoluciones, normas
e información de carácter técnico que permitan conocer
dichos parámetros.
63.7 Las obras de remodelación, sin cambio de uso,
se regirán por los parámetros urbanísticos y edificatorios
con los que se aprobó el proyecto original; y/o con los
que sustentaron la inscripción de su declaratoria de
fábrica, vía regularización, en el Registro de Predios.
63.8 Para proyectos calificados como “Habilitaciones
Urbanas con Construcción Simultánea de Viviendas”
y para todo proyecto que, abarcando lotes contiguos o
manzanas completas de Habilitaciones Urbanas con lotes
independizados, se plantee en base a módulos típicos de
vivienda; se exigirá un (1) solo Certificado de Parámetros
Urbanísticos y Edificatorios, para cada solicitud de Licencia
de Construcción, especificándose las unidades prediales a
que se refiere.

NORMAS LEGALES
El Peruano
CAPÍTULO III
TRÁMITE DEL ANTEPROYECTO EN CONSULTA
Artículo 64º.- Requisitos y contenido del
expediente
64.1 El propietario o el arquitecto proyectista presentará
a la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos,
opcionalmente, el anteproyecto arquitectónico en consulta.
Este trámite se realizará en un plazo de cinco (5) días
hábiles.
64.2 El expediente contendrá:
a) FOM, debidamente llenado y firmado por el
arquitecto proyectista o el propietario y Hoja de Trámite
correspondiente según formulario aprobado por este
Reglamento.
b) Comprobante de pago del derecho de revisión.
c)CertificadodeParámetrosUrbanísticosyEdificatorios
vigente.
d) Plano de Localización y Ubicación según el modelo
optativo aprobado por este Reglamento, u otro distinto con
las siguientes especificaciones obligatorias:
- Plano de ubicación a escala 1/500, en el que se
graficará el terreno con todas sus medidas perimétricas; la
manzana donde está ubicado; los frentes de las manzanas
circundantes; las vías públicas con el detalle de calzadas,
bermas, aceras, jardines de aislamiento, etc.; la distancia
del inmueble a la esquina con la vía pública transversal más
cercana; el uso de los inmuebles colindantes; los retiros
debidamente acotados; así como el Norte Magnético.
Se indicará el nombre de la urbanización, manzana,
lote, vías públicas y otras referencias particulares.
El área techada en primer piso se graficará con
un achurado a 45º en relación con alguna de las líneas
principales del perímetro de la edificación; el área techada
del segundo piso con un achurado adicional perpendicular
al anterior, y las áreas techadas de los demás pisos
superiores con otro achurado adicional a 45º en relación
con los anteriores.
- Esquema de Localización referido a vías principales
o lugares públicos notables, en el que se graficarán las
zonificaciones vigentes correspondientes a la manzana
donde se ubica el inmueble, así como a las manzanas
circundantes.
- Cuadro de áreas (techada por pisos y techada total,
área libre referida al primer piso y área total del terreno). De
tratarse de una ampliación o remodelación, el cuadro de áreas
deberá contener tres columnas: la primera con las áreas de
la edificación existente, la segunda con las de la ampliación
y la tercera con las totales, a las que estarán referidos el
porcentaje mínimo de área libre y el coeficiente de edificación.
Si el proyecto incluyera demoliciones parciales, se agregará
una cuarta columna con las áreas respectivas.
- Cuadro Comparativo, donde se confrontarán los
índices urbanísticos y edificatorios, proporcionados por el
Certificado de Parámetros, con los índices resultantes del
proyecto.
e) Planos de arquitectura: plantas, cortes y elevaciones,
al nivel de anteproyecto con medidas acotadas, a escala
conveniente que permita su perfecta lectura. La planta del
primer piso deberá contener cotas de nivel en los puntos
notables de la poligonal del terreno y curvas de nivel en
el caso de terrenos con pendientes mayores del 6%. En
esta misma planta, se deberá graficar la vereda pública,
los grifos, postes, árboles y otros elementos que puedan
existir en el frente del terreno, así como el perfil del frente
de las edificaciones colindantes hasta 1.50m a cada lado
del inmueble.
En las elevaciones deberá acotarse las alturas de los
inmuebles colindantes.
Opcionalmente, se podrán presentar los planos
de arquitectura a nivel de obra, que, de ser aprobados,
formarán parte del expediente de Licencia de Obra en su
oportunidad.
f) Fotografías a color: las que sean indispensables
para mostrar la relación del inmueble con la volumetría
de los inmuebles vecinos (tomadas frontalmente desde la
acera opuesta) y la relación con el entorno urbano (vistas
longitudinales de la sección de la vía pública).
g) Memoria justificativa, exigible para todo tipo de obra
respecto a edificaciones de más de cuatro (4) pisos; para
las obras de menor altura que sobrepasen los 1,000 m2 de
área techada total, y para las que se proyecten en áreas
de Reglamentación Especial, áreas Monumentales, áreas
Protegidas o zonas y urbanizaciones sometidas a normas
especiales, cuyos proyectos requieren de un mayor análisis.
Contendrá, cuando menos, una explicación sucinta de las
características funcionales, formales, tecnológico-ambientales,
constructivas y de adecuación al entorno urbano. La memoria
estará firmada y sellada por el arquitecto proyectista.
h) En caso de una solución novedosa que, a criterio
del proyectista o de la Comisión Técnica Calificadora de
Proyectos, merezca un especial análisis, se presentará
asimismo dicha memoria como condición previa a la
calificación.
i) Estudio de impacto ambiental, cuando las normas
vigentes lo requieran.
j) Cuando las normas vigentes lo requieran deberá
incluirse, en el expediente, las autorizaciones de los
sectores y/o entidades correspondientes.
Artículo 65º.- Número de copias y formalidad de los
planos
Los planos y los documentos exigidos para el trámite
se presentarán en un sólo ejemplar.
Todos los planos deberán estar firmados por el
propietario, y firmados y sellados por el arquitecto
proyectista, quien deberá adjuntar el Certificado de
Habilitación Profesional del CAP.
Los membretes de los planos cumplirán con los
requisitos señalados en el numeral 80.3 del presente
Reglamento.
Artículo 66º.- Presentación del expediente
El funcionario municipal a cargo de la mesa de partes,
recibirá el expediente, previa constatación de que está
conformado con todos los requisitos para su presentación,
haciéndolo constar en la Hoja de Trámite respectiva. Con
el ingreso del expediente en mesa de partes se iniciará el
cómputo del plazo de diez (10) días hábiles fijado como plazo
ordinario por este Reglamento para resolver la consulta del
anteproyecto.
De no estar completo el expediente por falta de alguno
de los documentos exigidos, el funcionario de mesa de
partes lo hará constar en el cargo que firme. El interesado
tendrá dos (2) días hábiles para completar el expediente,
reiniciándose el plazo con el ingreso del documento
faltante. Si no cumpliera con la subsanación, el expediente
se tendrá por no presentado, debiendo devolverse al
interesado por mesa de partes, bajo cargo.
Artículo 67º.- Precalificación
Inmediatamente ingresado el expediente será elevado al
Presidente de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos,
quien lo someterá al proceso de precalificación; el cual será
efectuado por el personal de la Oficina a su cargo, bajo
su responsabilidad, en un plazo no mayor de tres (3) días
hábiles.
En este proceso se verificará el cuadro de áreas
presentado por el proyectista, el cumplimiento de los
parámetros urbanísticos y edificatorios y se determinará si
el expediente requiere de la intervención de algún delegado
ad hoc en razón de la naturaleza del proyecto, de lo que se
deberá dejar expresa constancia en el FOM.
Artículo 68º.- Dictamen de calificación
68.1 La Comisión Técnica Calificadora de Proyectos
emitirá su dictamen en un plazo máximo de siete (7) días
hábiles, bajo responsabilidad de su Presidente, salvo el
caso previsto en el Art. 70º de este Reglamento.
68.2 La Comisión emitirá la calificación correspondiente
evaluando necesariamente la opinión de los delegados ad
hoc presentes en la sesión de calificación si fuese el caso bajo
sanción de nulidad; salvo que éstos no hayan sido acreditados
o no hayan asistido cuando fueron requeridos por el Presidente
de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos.
68.3 El Dictamen de la Comisión Técnica Calificadora
de Proyectos se emitirá por mayoría en alguno de los
siguientes términos:
a) Aprobado:
Anteproyecto que cumple con las normas urbanísticas
y de edificación vigentes.
b) Aprobado con Observaciones:
Anteproyecto que incumple alguna norma urbanística
y/o de edificación vigentes, cuya subsanación no implica
modificaciones sustanciales.

NORMAS LEGALES
El Peruano
Entiéndase por “modificación sustancial” al cambio que
se realice, en los planos del anteproyecto, alterando la
distribución de los ambientes que lo conforman.
c) Desaprobado:
Anteproyecto que incumple alguna norma urbanística
y/o de edificación vigente, cuya subsanación implica
necesariamente modificaciones sustanciales.
Los dictámenes aprobado con Observaciones
o Desaprobado obligarán a la Comisión a justificar,
sucintamente, su calificación; debiendo consignar la norma
transgredida y señalando el articulado pertinente.
68.4 Al reingresar un expediente, con la subsanación de
observaciones, la Comisión Calificadora no podrá efectuar
observaciones adicionales a las inicialmente formuladas ni
sobrelasáreasdelanteproyectoquenohayansidomodificadas
respecto a la presentación original, bajo responsabilidad.
Artículo 69º.- Votación para la calificación del
anteproyecto o proyecto de arquitectura
Votan exclusivamente los delegados del CAP y los
delegados ad hoc cuando estos deban intervenir. Sólo en
caso de que no se logre mayoría, el acuerdo se tomará
con el voto dirimente del presidente de la Comisión. Los
delegados que formulen las observaciones deberán
fundamentar su voto.
Artículo 70º.- Ampliación de plazo para la
calificación
En los casos de anteproyectos de notable significación
cultural o previsible impacto socio-ambiental, o de gran
escala, cuya calificación requiera de un mayor tiempo de
análisis, la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos
podrá disponer, en resolución motivada, una ampliación del
plazo de calificación por una sola vez y por un término que
no será mayor de diez (10) días hábiles. Esta resolución se
anotará en el libro de actas de la Comisión.
Artículo 71º.- Registro del dictamen
Las actas donde se registran obligatoriamente los
dictámenes y su justificación, se asentarán mediante
el formulario de Acta de Calificación aprobado por este
Reglamento y estarán obligatoriamente firmadas por todos
los delegados presentes y el Presidente. Los delegados
tendrán derecho a hacer constar sus observaciones o
salvedades. Dichos documentos serán pegados en un
Libro de Actas que, debidamente legalizado, deberá
mantener en su poder el Presidente de la Comisión.
Los dictámenes se expresarán en los planos mediante
sello, firmas y números de registro profesional de los
delegados que los calificaron. Los planos serán devueltos,
bajo cargo, por la municipalidad al interesado, quien deberá
incluirlos posteriormente en el expediente de Licencia de
Obra. En caso de existir observaciones, se anexará el
pliego correspondiente.
Artículo 72º.- Vigencia de la aprobación
El dictamen Aprobado o Aprobado con Observaciones
tendrá un plazo de vigencia de dieciocho (18) meses.
Artículo 73º.- Subsanación
73.1 El anteproyecto con calificación de Aprobado con
Observaciones o Desaprobado podrá ser subsanado por el
interesado dentro de un plazo de quince (15) días hábiles,
presentando nuevos planos en los que conste la superación
de las observaciones de la calificación. La presentación de
nuevos planos renovará el plazo de calificación.
EnelcasodelanteproyectoconcalificacióndeAprobado
con Observaciones, podrá optarse por subsanarlas a la
presentación del proyecto.
73.2 El pago de derechos de trámite permite al
interesado la revisión del anteproyecto hasta en dos
oportunidades, siempre que se cumpla con el plazo
señalado en el numeral 73.1, luego de lo cual deberá
efectuar nuevo pago.
CAPÍTULO IV
TRÁMITE DE LA LICENCIA DE OBRA
Artículo 74º.- Obligatoriedad de la calificación del
proyecto
74.1 La aprobación del proyecto será requisito
indispensable para obtener una licencia de obra. Esta
aprobación tendrá un procedimiento único y común a
cualquiera de las dos opciones de trámite previstas en el
Art. 46º de este Reglamento.
74.2 En ambos casos el interesado deberá conformar
y presentar un expediente que cumpla con las exigencias
establecidas por el presente Reglamento, según el tipo de
obra, el cual será analizado y calificado por la Comisión
Técnica Calificadora de Proyectos.
74.3 La aprobación del proyecto se produce, de modo
expreso, mediante dictamen emitido por la Comisión
Técnica Calificadora de Proyectos; o, de modo tácito, por
silencio administrativo positivo, al vencerse el plazo de
veinte (20) días hábiles, y de sus ampliaciones cuando
proceda, con el que cuenta la Municipalidad para notificar
el dictamen de calificación, excepto en los casos de
inmuebles que se ubiquen en zonas monumentales o que
estén declarados como patrimonio monumental.
Artículo 75º.- Licencia de Obra para Edificación
Nueva
75.1 Para obtener Licencia de Obra para Edificación
Nueva, el expediente contendrá:
a) FUO-Parte1, por triplicado y Hoja de Trámite
correspondiente.
b) Copia literal de dominio o copia del título de
propiedad.
En el caso de terreno con proyecto de habilitación
urbana aprobado, se presentará, adicionalmente un
documento suscrito por el urbanizador y el propietario,
dejando constancia de que el terreno corresponde al
lote incluido en el plano de lotización replanteado y, por
lo tanto, declarando que la edificación proyectada se
ejecutará dentro de los límites de propiedad y asumiendo
las responsabilidades correspondientes.
c) Comprobante de pago del derecho de revisión,
cancelado.
d)CertificadodeParámetrosUrbanísticosyEdificatorios
vigente.
e) Plano de localización y ubicación según lo indicado
en el inciso d) del numeral 64.2 de este Reglamento.
f) Planos de arquitectura: plantas, cortes y elevaciones,
a nivel de plano de obra, con ejes de trazo y replanteo,
debidamente acotados, a escala no menor de 1/75. La
planta del primer piso deberá contener cotas de nivel en
los puntos notables de la poligonal del terreno y curvas
de nivel en el caso de terrenos con pendientes mayores
del 6%, así como el perfil del frente de las edificaciones
colindantes hasta 1.50 m. a cada lado del inmueble. En las
elevaciones deberán acotarse las alturas de los inmuebles
vecinos. De existir escaleras, su desarrollo deberá aparecer
en los cortes. Se incluirá las especificaciones de los vanos,
ya sea en las plantas o en un cuadro de vanos.
Detratarsedeproyectosdegranmagnitud,losplanosde
obra podrán ser fraccionados, en cuyo caso se presentará,
además, un plano de conjunto a escala conveniente, con la
codificación de los planos fraccionados. Podrá aceptarse
la escala 1/100, siempre y cuando se lean perfectamente
los planos.
De contar el interesado con Anteproyecto Aprobado,
incluirá los planos sellados correspondientes. Si éstos
hubiesen sido desarrollados a nivel de plano de obra,
sustituirán a los indicados en el párrafo anterior.
g) Planos de estructuras: cimentación, indicando
la capacidad portante del terreno, los ejes del trazo, la
ubicaciónydimensionesdelasjuntasdeseparaciónsísmica
y/o de construcción; elementos estructurales de apoyo:
muros portantes, columnas o pórticos, placas, vigas; planos
de techo; elementos estructurales especiales: escaleras,
cisternas, silos, tanques elevados, etc.; especificaciones
técnicas, incluyendo el coeficiente de carga del terreno.
Los planos de cimentación y de techos serán presentados
a las mismas escalas de los planos de arquitectura, y los
demás a escalas que permitan su perfecta comprensión.
Se deberá presentar estudio de suelos cuando lo solicite la
Comisión Técnica Calificadora de Proyectos.
h) Planos de instalaciones sanitarias: plantas con
indicación de redes de distribución y aparatos sanitarios;
cortes con indicación de montantes cuando se trate de
edificaciones de varios niveles; planos de conjunto cuando
sea necesario; detalles de servicios higiénicos, silos,
cisternas, tanques elevados, etc.; nomenclatura de los
elementos señalados en los planos; y especificaciones
técnicas. Las plantas y planos de conjunto serán
presentados a las mismas escalas de los planos de

NORMAS LEGALES
El Peruano
arquitectura, y los detalles a escalas que permitan su
perfecta comprensión.
i) Planos de instalaciones eléctricas, mecánicas,
electromecánicas y especiales: plantas con las salidas
de alumbrado, interruptores, tomacorrientes, fuerza,
comunicaciones, circuitos y demás elementos de los
sistemas previstos; planos de conjunto cuando sea
necesario; detalles de pozo de tierra, montantes etc.;
diagramaunifilardetableros;nomenclaturadeloselementos
señalados en los planos; y especificaciones técnicas.
Las plantas y planos de conjunto serán presentados a
las mismas escalas de los planos de arquitectura, y los
detalles a escalas que permitan su perfecta comprensión.
j) Fotografías a color, según lo indicado en el inciso f)
del numeral 64.2 del presente Reglamento.
k) Memoria justificativa, indicada en el inciso g) del
numeral 64.2 de este Reglamento, de ser el caso.
l) Estudio de impacto ambiental, cuando las normas
vigentes así lo requieran.
No se requerirá la presentación de los planos y
documentos señalados en los incisos d), j), k) y l) de
este artículo en caso de estar vigente la aprobación del
anteproyecto arquitectónico en consulta y de estar incluidos
en el expediente correspondiente.
75.2 La Licencia de Obra para Edificación Nueva
se tramitará bajo los procedimientos y condiciones
establecidos en los artículos 80º al 91º del presente
Reglamento.
75.3 Toda solicitud de obra para edificación nueva en
proyectos calificados como “Habilitaciones Urbanas de
Construcción Simultánea de Vivienda” y para todo proyecto
que abarcando lotes contiguos o manzanas completas
de Habilitaciones Urbanas con lotes independizados, se
plantee en base a módulos típicos de vivienda, se tramitará
en un solo expediente administrativo, especificándose las
unidades prediales a que se refiere; generando un único
derecho de trámite cuyo monto será determinado de
acuerdo al costo que su tramitación demande.
Artículo 76º.- Licencia de Obra para Remodelación,
Ampliación, Modificación, Reparación o Puesta en
Valor
76.1 Para obtener Licencia de Obra para Remodelación,
Ampliación, Modificación, Reparación o Puesta en Valor,
el expediente se conformará con los requisitos señalados
en el Art. 75º de este Reglamento, debiendo tenerse en
cuenta, además, lo siguiente:
a) Se adjuntará copia literal de dominio, donde conste
la declaratoria de fábrica si está inscrita, o la Conformidad
de Obra o la Licencia de Obra o de Construcción de la
edificación existente en el caso de no constar en el asiento
de inscripción correspondiente.
b)Paraloscasosderemodelación,modificación,reparación
o puesta en valor, se presentará el presupuesto de obra al nivel
de subpartidas, con costos unitarios de mercado publicados en
medios especializados, indicando la fuente. El monto de obra
sobre el cual se calcularán los derechos, corresponderá al
valor de la obra calculado según elArt. 56º, multiplicado por un
factor de reajuste de 0.4. Dicho monto de obra se consignará
en el FUO-Parte1.
c) Se presentarán planos de planta de arquitectura
diferenciados:
- Levantamiento de la fábrica existente, graficándose
con achurado a 45º los elementos a eliminar.
- Fábrica resultante, graficándose con achurado a 45º,
perpendicular al anterior, los elementos a edificar.
Para las obras de puesta en valor, se deberá graficar en
los planos los elementos arquitectónicos con valor histórico
monumental propios de la edificación, identificándolos
claramente y diferenciándose aquellos que serán objeto de
restauración, reconstrucción o conservación, en su caso.
Sólo en el caso que sea posible una perfecta lectura,
se podrá presentar un solo plano.
d) Los planos de estructuras se presentarán
obligatoriamente en los casos de remodelación, ampliación
o reparación, y cuando la Comisión Técnica Calificadora
de Proyectos lo estime necesario en los demás tipos de
obra. En cualquier caso, se diferenciarán claramente los
elementos estructurales existentes, los que se eliminarán
y los nuevos, y se detallarán adecuadamente los
empalmes.
e) Los planos de instalaciones se presentarán cuando
la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos lo estime
necesario, en cuyo caso:
- Se diferenciarán claramente los puntos y salidas
existentes, los que se eliminarán y los nuevos, detallando
adecuadamente los empalmes.
- Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo
en cuenta la ampliación de cargas de electricidad y de
dotación de agua, y se presentarán las constancias de
factibilidad de servicios correspondientes cuando lo solicite
la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos.
f) Para las obras de Puesta en Valor será obligatoria
la presentación de una memoria justificativa, en la que el
restaurador demuestre el cumplimiento de las exigencias
técnicas y legales requeridas por ley para este tipo de
obra.
g) En caso de intervenciones en inmuebles con
unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y bienes de
propiedad común, se requerirá la autorización de la junta
de propietarios.
76.2 La Licencia de Obra para Remodelación,
Ampliación, Modificación, Reparación o Puesta en Valor
se tramitará bajo los procedimientos y condiciones
establecidos en los artículos 80º al 91º del presente
Reglamento.
Artículo 77º.- Licencia y/o Autorización para obras
de Cercado y Obras Menores
La Licencia de Obra de Cercado se refiere
exclusivamente a terrenos baldíos.
77.1 Para la obtención de la Licencia de Obra de
Cercos Frontales o Perimétricos no se requiere de
aprobación por parte de la Comisión Técnica Calificadora
de Proyectos y el trámite se cumple exclusivamente ante la
oficina municipal encargada de licencias de obra.
Para obtenerla se presentará lo siguiente:
a) FOM por duplicado, debidamente llenado y firmado
por el propietario, y Hoja de Trámite correspondiente.
propiedad.
c) Comprobante de pago, por el derecho municipal
correspondiente.
d) Plano de localización y ubicación simple, según
lo indicado en el inciso d) del numeral 64.2 del presente
Reglamento, excluyendo los Cuadros Comparativo y de
Áreas, y adjuntando la elevación del cerco frontal propuesto
de ser el caso.
e) Carta de Seguridad de Obra suscrita por Arquitecto
o Ingeniero Civil.
77.2 Para la obtención de la Licencia o autorización
para Obras Menores, consistente en lo señalado en
el inciso i) del Artículo 51º del presente Reglamento, se
deberá presentar lo siguiente:
a) FUO por triplicado, debidamente llenado y firmado
por el propietario, y Hoja de Trámite correspondiente.
propiedad.
c) Pago por derecho de trámite.
d) Memoria Descriptiva, conteniendo el detalle de
la obra a realizar, indicando fecha de inicio y plazo de
ejecución, así como el monto estimado o el presupuesto
de obra.
e) Plano de ubicación, con el detalle de la ampliación (de
ser el caso), Cuadros Comparativo y de Áreas, adjuntando
los planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones),
firmados por el propietario y el proyectista o profesional
responsable de la obra, sea arquitecto o ingeniero.
f) Carta de Seguridad de Obra suscrita por Arquitecto
o Ingeniero Civil Colegiado adjuntando el Certificado de
Habilidad Profesional.
g) En caso de tratarse de un inmueble comprendido
en el Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad
Exclusiva y de Propiedad Común, se deberá adjuntar la
autorización de la Junta de Propietarios, cuando las obras
afecten áreas de dominio común o la apariencia externa
del predio.
77.3 Si la obra no comprende la ampliación del
área techada: se tendrá por otorgada automáticamente,

NORMAS LEGALES
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la autorización de obra menor, a la presentación de la
documentación establecida en el numeral 77.2 del presente
Reglamento. Si la obra comprende la ampliación del
área techada: la documentación presentada será revisada
por el funcionario municipal para evaluación; el cual, en
caso de cumplir con la normativa vigente, expedirá la
Resolución correspondiente en el FOM, en un plazo no
mayor de cinco (5) días útiles, bajo responsabilidad.
Artículo 78º.- Licencia de Obra para Demolición
78.1 Para obtener Licencia de Obra para Demolición
se presentará lo siguiente:
a) FUO-Parte1, debidamente llenado y la Hoja de
Trámite correspondiente.
b) Copia literal de dominio o, en el caso de no constar
en el registro la edificación a demoler, Conformidad
de Obra, o Licencia de Construcción o de Obra, con el
dictamen del abogado conforme lo señalado en el Art. 49º
de este Reglamento.
c) Comprobante de pago del derecho municipal
correspondiente, cancelado.
d) Plano de localización y ubicación según lo señalado
en el inciso d) del numeral 77.1 de este Reglamento, con
indicación de la fábrica a demoler.
e) Plano de planta a escala 1/75, acotado adecuadamente,
en el que se delineará las zonas de la fábrica a demoler, así
como del perfil y alturas de los inmuebles vecinos cercanos a
las zonas de la edificación a demoler, hasta una distancia de
1.50m de los límites de propiedad.
f) En el caso de uso de explosivos, autorizaciones
de las autoridades competentes (DISCAMEC, Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas y Defensa Civil);
seguro contra todo riesgo para terceros y copia (cargo) de
carta a los propietarios y ocupantes de las edificaciones
colindantes, comunicándoles las fechas y horas en que se
efectuarán las detonaciones.
78.2 La Licencia de Obra para Demolición se tramitará
bajo los procedimientos y condiciones establecidos en los
artículos 80º al 91º del presente Reglamento, en lo que
fuera aplicable.
Artículo 79º.- Licencia de Obra para Autocons-
trucción
Para obtener Licencia de Obra, los propietarios
que adopten la modalidad de autoconstrucción en las
condiciones fijadas por el Art. 47º de este Reglamento,
podrán optar por hacerlo:
a) Con presentación de planos:
En este caso el propietario conformará y tramitará
su expediente según lo previsto en el Art. 75º de este
Reglamento.
b) Sin presentación de planos:
Cuando el área techada total sea menor de 90 m2, el
propietario no estará obligado a presentar planos de obra, los
que le serán proporcionados por la municipalidad en la forma
prevista en el numeral 92.3 de este Reglamento. Para ello,
la municipalidad deberá mantener un Banco de Proyectos,
aprobados y adecuados a la localidad, que se constituirá con
el apoyo del CAP y del CIP, instituciones con las que deberá
suscribir un convenio conjunto para el efecto.
En este caso, sólo presentará lo siguiente:
- FUO-Parte1 firmado exclusivamente por el propietario
y el abogado y Hoja de Trámite correspondiente.
- Listado de los ambientes que pretenda construir,
firmado por el propietario.
- Documentos indicados en los incisos b) y c) del
numeral 75.1 del presente Reglamento.
En este caso, para la obtención de la Licencia de Obra,
no se requiere la aprobación por parte de la Comisión Técnica
Calificadora de Proyectos, salvo que el delegado supervisor lo
considere necesario. El trámite se cumple exclusivamente ante
la oficina municipal encargada de licencias de obra, la que, al
concederla, comunica a la Comisión Supervisora de Obra para
que cumpla su función.
Artículo 80º.- Formalidades
80.1 El FUO-Parte1 deberá estar firmado por el
propietario, el abogado y el profesional responsable
de obra, quien deberá ser arquitecto o ingeniero civil
colegiado, salvo en los casos de autoconstrucción en que
el responsable de obra será el propietario.
80.2 Todos los planos deberán estar firmados y
sellados por el profesional responsable del proyecto
correspondiente, y firmados por el propietario. Los
profesionales proyectistas y responsable de obra deberán
adjuntar los Certificados de Habilitación Profesional
correspondientes.
La eventual sustitución del profesional responsable de
la obra deberá comunicarse, a través del Formulario Oficial
de Uso Múltiple (FOM) establecido en el Numeral 45.2 de
este Reglamento, adjuntando el Certificado de Habilitación
Profesional del nuevo responsable. El profesional sustituido
deberá comunicar el hecho a la Municipalidad.
80.3 Los membretes de los planos deberán contener,
por lo menos, la siguiente información: nombres del
propietario y del profesional responsable del plano;
especialidad y número de colegiación del profesional; tipo
de obra y nombres detallados de proyecto y plano; escala,
fecha y numeración del plano referida al número total de
planos del proyecto correspondiente. Para la numeración
de los planos, se usarán los siguientes prefijos: U para el
plano de ubicación, A para arquitectura, E para estructuras,
IS para instalaciones sanitarias, IE para instalaciones
eléctricas y otros que permitan identificar la especialidad
correspondiente, a criterio del proyectista.
Artículo 81º.- Ejemplares de planos y documentos
Los planos y los documentos exigidos para el trámite
de Licencia de Obra, que acompañan al FUO o al FOM,
se presentarán en un sólo ejemplar. El juego de planos,
debidamente sellado, al concluir el trámite, será conservado
por la municipalidad como parte del expediente.
Artículo 82º.- Presentación del expediente de
Licencia de Obra
82.1 El funcionario a cargo de la mesa de partes, recibirá
el expediente de Licencia de Obra, previa constatación
de que está conformado con todos los requisitos para su
presentación, haciéndolo constar en la Hoja de Trámite.
Con el ingreso del expediente en mesa de partes se
iniciará el término de veinte (20) días hábiles fijado en el
inciso a) del Art. 28º de la Ley, como plazo ordinario para la
culminación de este trámite.
82.2 De no estar completo el expediente por falta de
alguno de los documentos exigidos, el funcionario de
mesa de partes lo hará constar en el cargo que firme.
El interesado tendrá dos (2) días hábiles para completar
el expediente, reiniciándose el plazo con el ingreso del
documento faltante. Si no cumpliera con la subsanación, el
expediente se tendrá por no presentado y se devolverá al
interesado por mesa de partes, bajo cargo.
Artículo 83º.- Calificación del proyecto
Para la calificación del proyecto por parte de la
Comisión Técnica Calificadora de Proyectos, se seguirá
un procedimiento igual al establecido para el anteproyecto
en los artículos 67º al 72º de este Reglamento, salvo lo
siguiente:
a) Se dejará expresa constancia de haberse convocado
a los delegados ad hoc, si la intervención de estos fuese
necesaria, en el FUO-Parte1.
b) El plazo máximo para que la Comisión Técnica
Calificadora de Proyectos emita su dictamen, será de doce
(12) días hábiles, excepto el caso previsto en el Art. 70º del
c) Los planos sellados y firmados por los delegados,
se guardarán en custodia en la municipalidad como parte
del expediente.
Artículo 84º.- Notificación del dictamen y sus
efectos
84.1 El Presidente de la Comisión notificará al
interesado, mediante cédula, el contenido del dictamen.
Con esta notificación concluirá el término del plazo señalado
en el inciso b) del Art. 83º del presente Reglamento.
84.2 En caso de que el dictamen fuera de Desaprobado,
no se podrá iniciar la obra hasta haber cumplido con
subsanar el proyecto mediante la reformulación del
mismo.
84.3 Si el dictamen fuera de Aprobado o Aprobado
con Observaciones, se podrá iniciar la obra conforme a lo

NORMAS LEGALES
El Peruano
comunicado en la presentación del expediente, debiendo
subsanar las observaciones, de ser el caso, conforme al
trámite previsto por el inciso b) del numeral 96.1 de este
Reglamento.
Artículo 85º.- Resolución de Licencia de Obra y
Numeración
85.1 El Presidente de la Comisión Técnica Calificadora
de Proyectos, en su calidad de funcionario municipal,
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la emisión
del dictamen aprobatorio, emitirá la resolución definitiva de
Licencia de Obra.
85.2 Simultáneamente y de oficio se asignará la
numeración, que corresponda a la edificación y/o a sus
partes susceptibles de numerar, lo cual se anotará en la
parte pertinente del FUO-Parte1 en forma provisional; esta
numeración será definitiva de acuerdo a la certificación de
finalización de obra que la ratificará o rectificará si fuese
el caso.
85.3 Ambas anotaciones se validarán con sello y firma
del Presidente de la Comisión Técnica Calificadora de
Proyectos.
85.4 El funcionario responsable deberá poner la
Resolución de Licencia de Obra en conocimiento de la
dependencia municipal encargada del control urbano,
y de la Comisión Técnica Supervisora de Obra cuando
corresponda, para que ambas inicien las acciones que les
compete respecto de la ejecución de la obra.
Artículo 86º.- Liquidación de los derechos
municipales de obra
La oficina encargada del trámite de licencias de obra, de
oficio, procederá a efectuar la liquidación de los derechos
municipales de obra; la que se debe efectuar dentro de
tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad.
Una vez efectuada la liquidación, el interesado
pagará los derechos en tesorería y presentará, a la
oficina antes mencionada, copia del comprobante de
pago cancelado, con lo que concluirá el trámite de
Licencia de Obra.
Artículo 87º.- Autenticación de copias de planos
Una vez concluido el trámite de Licencia de Obra, el
interesado presentará obligatoriamente un juego completo
de copias de los planos finalmente aprobados para su
autenticación, incluyendo el de localización y ubicación,
para el fin indicado en el Art. 88º del presente Reglamento.
La autenticación de este juego de copias no devengará
costo alguno para el interesado, quien podrá solicitar,
además, la autenticación de otras copias que requiera
para trámites ante las empresas de servicios, archivo u
otros fines de su interés.
Estos planos serán confrontados con los que obran
en el expediente y, de corresponder, serán autenticados
por el Presidente de la Comisión en su calidad de
funcionario municipal, reproduciendo el sello del dictamen
correspondiente.
Artículo 88º.- Entrega de la Licencia de Obra
Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la
presentación a que se refiere el artículo anterior, la
municipalidad entregará al interesado, bajo cargo, dos
copias autenticadas del FUO-Parte1 debidamente sellado
y autorizado por el funcionario municipal responsable,
conjuntamente con las copias certificadas de los planos
presentados.
La copia del FUO-Parte1 y los planos de obra,
autenticados, constituirán la Licencia de Obra que deberá
permanecer obligatoriamente en la obra.
Artículo 89º.- Inicio de obra en la opción del inciso
a) del Art. 28º de la Ley
89.1 Cuando el propietario haya optado por el trámite
previsto por el inciso a) del Art. 28º de la Ley (Opción a
señalada en el Art. 46º del presente Reglamento), y
transcurrieran más de veinte (20) días hábiles, sin que
la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos emita el
dictamen del proyecto presentado, contará con Licencia de
Obra por silencio administrativo positivo y podrá dar inicio
a su obra en la fecha previamente comunicada. La obra
iniciada de esta forma, no podrá ser paralizada por falta de
Licencia de Obra.
89.2 En este caso deberá pagar los derechos
municipales de obra mediante el procedimiento de pago
previsto en el numeral 90.3 de este Reglamento. El cargo
de su solicitud inicial y el recibo de pago constituirán la
licencia que lo ampara.
89.3 La Licencia de Obra y su ampliación son
inscribibles en la Partida correspondiente del Registro de
Predios.
El asiento se cancelará por caducidad de la Licencia
de Obra o de su ampliatoria y por la inscripción de la
Declaratoria de Fábrica.
Artículo 90º.- Inicio de obra en la opción del inciso
b) del Art. 28º de la Ley
90.1 El interesado que haya escogido la opción prevista
por el inciso b) del Art. 28º de la Ley (Opción b señalada
en el Art. 46º de este Reglamento), una vez obtenida la
Licencia de Obra, deberá comunicar por carta simple a la
oficina responsable del trámite de licencias de obra de la
municipalidad, la fecha de inicio de la obra, para facilitar
el programa de control urbano y de supervisión de obra,
si fuera el caso.
90.2 El interesado que cuente con un anteproyecto
aprobado podrá obtener una Licencia de Obra automática
que le permita iniciar la obra al presentar el expediente
para su aprobación, si presenta una declaración jurada de
los proyectistas y del profesional responsable de obra, en
el sentido de que el proyecto de arquitectura no presenta
cambios con respecto al anteproyecto aprobado, que los
proyectos de ingeniería cumplen con la reglamentación
vigente y que la obra se ejecutará de conformidad con
dichos proyectos.
El interesado que no haya efectuado el trámite de
aprobación de anteproyecto en consulta, podrá obtener
una Licencia Provisional, por treinta (30) días hábiles,
que le permita iniciar la obra al presentar el expediente
para su aprobación, si presenta una declaración jurada de
los proyectistas y profesional responsable de obra, en el
sentido de que los proyectos cumplen con la reglamentación
vigente y que la obra se ejecutará de conformidad con los
mismos.
Para obtener cualquiera de las licencias antes
mencionadas, es requisito indispensable pagar por
adelantado los derechos de Licencia de Obra.
90.3 El pago adelantado de los derechos municipales
se realizará en la tesorería de la municipalidad a la sola
presentación del Anexo D del FUO-Parte1, debidamente
llenado con la autoliquidación correspondiente.
La tesorería, emitirá el recibo por el monto de la
autoliquidación y hará constar el pago en el recuadro
correspondiente del Anexo D del FUO-Parte1, bajo firma
y sello, sin necesidad de autorización previa de ningún
tipo, por tratarse de un pago a cuenta sujeto a posterior
liquidación.
90.4 El propietario que se acoja a una licencia
automática o provisional, deberá comunicar la fecha de
inicio de la obra a la dependencia municipal encargada de
la tramitación de licencias, entregando dos ejemplares del
Anexo D del FUO-Parte1 sellado por la tesorería.
La licencia en estos casos, está conformada
provisionalmente por un ejemplar del Anexo B sellado por
la tesorería y con su cargo de presentación.
90.5 El funcionario responsable, al recibir el aviso,
deberá ponerlo en conocimiento de la Comisión Técnica
Supervisora de Obra y de la dependencia municipal
encargada del control urbano, para que ambas inicien las
acciones que les compete.
90.6 La obra iniciada de esta forma no podrá ser
paralizada por falta de Licencia de Obra, sino con orden
municipal basada en dictamen de la Comisión Técnica
Calificadora de Proyectos que desapruebe el proyecto
presentado.
Artículo 91º.- Impulso de trámite y responsabilidad
El cumplimiento de los plazos y trámites señalados
en este Capítulo, será de responsabilidad del funcionario
municipal presidente de la Comisión Técnica Calificadora
de Proyectos, quien deberá impulsar el trámite con
diligencia.
Dicho funcionario impondrá las sanciones que
las normas vigentes le permiten, cuando compruebe
incumplimiento o negligencia por parte del personal a
su cargo. En caso de constatar negligencia y/o faltas
atribuibles a un delegado, lo informará a la entidad o
colegio profesional que lo acredita, solicitando que se le
imponga la sanción correspondiente.

NORMAS LEGALES
El Peruano
TÍTULO II
EJECUCIÓN DE OBRA
Artículo 92º.- Supervisión de obra
92.1 La Comisión Técnica Supervisora de Obra, a
través de sus delegados, deberá cumplir el programa
de supervisión en todas las obras cuyos propietarios
se acojan a la opción “a” mencionada en el Art. 46º del
presente Reglamento, o que se ejecuten bajo la modalidad
de autoconstrucción.
92.2 La supervisión se cumplirá de acuerdo con la
metodología y criterios técnicos determinados por el
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo a través del
Reglamento de las Comisiones Técnicas Supervisoras
de Obras, aprobado por Resolución Viceministerial
Nº 003-2000-MTC/15.04 y su modificatoria la Resolución
Viceministerial Nº 008-2005-VIVIENDA/VMVU
Los informes respectivos se efectuarán en el formulario
de Informe Técnico de Supervisión de Obra que se aprueba
por este Reglamento y en la Cartilla de Supervisión de Obra
(CARSO) aprobada por la misma Resolución señalada.
92.3 Cuando la licencia de obra haya sido solicitada sin
planos, el delegado supervisor deberá sugerir al propietario, en
base al listado de ambientes presentado por éste, el proyecto
que más se adecue a sus necesidades, entre los existentes en
el Banco de Proyectos de la Municipalidad. Una vez elegido el
proyecto, los planos del mismo serán adecuados al terreno,
cuidando que cumpla con las normas de edificación vigentes,
especialmente con las de seguridad.
Estos planos, firmados y sellados por el Delegado
Supervisor, se incorporan al expediente presentado para
la licencia de obra y constituyen los planos del proyecto.
92.4 Cuando se trate de obras que se realicen en
bienes culturales inmuebles, participará el delegado ad
hoc del Instituto Nacional de Cultura.
Artículo 93º.- Oportunidad de la supervisión
93.1 La supervisión se hará cuando menos en tres
oportunidades:
a) En el proceso de cimentación, para revisar el trazo y
replanteo, el tipo de suelo y el anclaje de las estructuras al
inicio del vaciado, así como verificar los retiros señalados
en los planos.
b) Durante la ejecución de los muros, para revisar los
elementos estructurales y las instalaciones. En caso de
estructuras de concreto armado, antes del vaciado.
c) Durante la ejecución de los techos, para revisar las
estructuras y las instalaciones. En caso de estructuras de
concreto armado, antes del vaciado de cada techo.
93.2 El propietario, deberá comunicar obligatoriamente
a la municipalidad, mediante carta simple, con cinco (5)
días hábiles de anticipación a cada una de las etapas antes
indicadas, para facilitar la supervisión. Si no lo hiciera será
pasible de multa.
Si el Supervisor no se hiciera presente dentro del
plazo de diez (10) días naturales contados a partir de la
comunicación del propietario, éste podrá continuar la obra
prescindiendo de la visita de supervisión correspondiente.
93.3Lasvisitasdesupervisiónenobrasdedosomáspisos,
se programarán de acuerdo con su naturaleza y, a propuesta
del supervisor designado, se establecerá un cronograma de
supervisión, que podrá considerar, de ser necesario, mayor
número de visitas, y que deberá ser acatado y cumplido por
el propietario en las mismas condiciones de obligatoriedad
señalada en el inciso anterior.
Artículo 94º.- Control urbano
Las municipalidades ejercerán la función de control
urbano de conformidad con la reglamentación específica.
Artículo 95º.- Variaciones del proyecto aprobado
95.1 Las variaciones que no impliquen aumento del
área techada o de la densidad neta, ni cambio de uso,
podrán ser regularizadas en el trámite de finalización de
obra previsto en el Art. 102º de este Reglamento.
95.2 De requerirse variaciones que impliquen, cambio
de uso, mayor densidad, aumento del área techada
o modificación de estructuras en el proyecto de obra
aprobado, el propietario deberá solicitar la aprobación
previa a su ejecución en obra, la que se tramitará mediante
el FOM, acompañado de los planos modificados para que
la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos emita un
nuevo dictamen, en un plazo máximo de cinco (5) días
hábiles desde su presentación.
95.3 Todas las variaciones, cualquiera que sea el caso,
deberán incluirse en el plano de replanteo requerido para
la finalización de la obra.
95.4 No proceden las variaciones a los planos y las
especificaciones técnicas correspondientes a los Bienes
Culturales Inmuebles.
Artículo 96º.- Causales de paralización de obra y
demolición
96.1 Las obras, que cuenten con Licencia de Obra
debidamente tramitada, no podrán ser paralizadas, sino
por la existencia de alguna de las causas siguientes:
a) Proyecto de Obra Desaprobado
Cuando el proyecto de una obra iniciada bajo una licencia
automática o provisional al amparo de la opción b) del Art. 28º
de la Ley, reciba un dictamen de Desaprobado por parte de la
Comisión Técnica Calificadora de Proyectos, la municipalidad
notificará al propietario con el dictamen y una orden simultánea
de paralizar la obra en forma inmediata. Esta diligencia se
cumplirá dentro de los diez (10) días naturales siguientes a la
emisión del dictamen por parte de la Comisión.
La interposición de recursos de impugnación contra
el dictamen, no autoriza al propietario a reiniciar la obra,
sino hasta haber conseguido una resolución expresa que
lo autorice a continuar.
b) Proyecto Aprobado con Observaciones
Cuando la obra, en cualquiera de las opciones, tenga
un proyecto aprobado con observaciones, el propietario
de la obra deberá subsanar en la obra y/o en el plano del
proyecto, según el estado de avance, las observaciones
formuladas a su proyecto dentro de un plazo no mayor
de quince (15) días hábiles desde la notificación con el
dictamen, sin necesidad de paralizar la obra.
Si, transcurrido este plazo, no se subsanaran las
observaciones, la municipalidad dispondrá la paralización
de la obra bajo apercibimiento de demolición. Subsanada
o levantada la observación, la obra podrá continuar.
c) Incumplimiento de las observaciones de la
Supervisión
Cuando el propietario o responsable de obra no
subsane las observaciones formuladas por el supervisor,
la dependencia de control urbano dispondrá la paralización
de la obra bajo apercibimiento de demolición. Subsanada
o levantada la observación, la obra podrá continuar.
d) Variaciones
Si el supervisor de obra o la dependencia de control
urbano detectaran variaciones en la edificación con
respecto a los planos aprobados, se notificará al propietario
para que las regularice en un plazo no mayor de quince
(15) días hábiles, contados a partir de la notificación.
Si, transcurrido este plazo, no se hubiesen regularizado
las variaciones, la municipalidad dispondrá la paralización
de la obra bajo apercibimiento de demolición. Regularizada
la variación, la obra podrá continuar.
Si la variación en la edificación implica la trasgresión
de las normas urbanísticas y/o de edificación vigentes, la
municipalidad dispondrá la inmediata paralización de la
obra y/o la demolición de la parte irregular de la misma.
96.2 Si algún propietario desobedeciera las
disposiciones de paralización de la obra y/o demolición, la
municipalidad podrá hacer cumplir este mandato mediante
el proceso coactivo correspondiente, con el auxilio de la
fuerza pública.
TÍTULO III
DECLARATORIA DE FÁBRICA
CAPÍTULO I
PRE-DECLARATORIA DE FÁBRICA
Artículo 97º.- Anotación preventiva
El propietario que cuente con Licencia de Obra
aprobada, podrá solicitar la anotación preventiva de la

NORMAS LEGALES
El Peruano
declaratoria de fábrica a que se refiere el Art. 30º de la Ley,
en el Registro correspondiente.
Artículo 98º.- Procedimiento
98.1 Se deberá presentar a la municipalidad el Anexo
C del FUO-Parte1, debidamente firmado por el propietario
y el responsable de obra o proyectista. El notario público
legalizará las firmas.
98.2 La municipalidad verificará que los datos
consignados en la memoria descriptiva concuerden con
el proyecto aprobado y devolverá al propietario el Anexo
C debidamente sellado y firmado, con el registro de la
resolución correspondiente, y de la numeración asignada
a la edificación y a sus partes susceptibles de numerar.
También entregará al propietario una copia autenticada del
FUO-Parte1.
98.3 El ejemplar del Anexo C, devuelto por la
municipalidad, y la copia autenticada del FUO-Parte1,
constituirán el título registral que da mérito a la anotación
preventiva de la declaratoria de fábrica en la Oficina
Registral correspondiente.
En caso de que la pre-declaratoria, se refiera a un
inmueble que posea secciones de propiedad exclusiva
y/o bienes o servicios comunes, será necesario anotar,
además, el reglamento interno correspondiente.
Artículo 99º.- Vigencia de la anotación
La anotación preventiva a la que se refiere el Art. 97º
de este Reglamento, tendrá una vigencia de un (1) año
y podrá ser renovada antes de su vencimiento, por igual
plazo, tantas veces como sea necesario mientras esté
vigente la Licencia de Obra y no sea posible la inscripción
de la declaratoria definitiva, previo pago de los derechos
registrales correspondientes.
Artículo 100º.- Pre-Independización
Estando vigente la anotación de la pre-declaratoria
de fábrica, se podrá anotar el pre-reglamento interno y
pre-independizar las unidades inmobiliarias proyectadas
como de dominio exclusivo, así como extender, respecto
de éstas, asientos de compraventa, sesión de derechos
u otros análogos permitidos por Ley en calidad de
anotaciones preventivas.
CAPÍTULO II
FINALIZACIÓN DE OBRA
Artículo 101º.- Obra finalizada
Para efecto del presente Reglamento se considerará
que la obra ha finalizado cuando la edificación tiene un
avance de ejecución a nivel de casco habitable o cuando la
demolición haya sido concluida, si fuera el caso.
Artículo 102º.- Certificado de Finalización de Obra
y de Zonificación
102.1 El propietario, una vez finalizada la obra y antes
de iniciar la tramitación de la declaratoria de fábrica, deberá
obtener de la dependencia municipal correspondiente,
el Certificado de Finalización de Obra y de Zonificación
establecido en el Art. 31º de la Ley.
102.2 En el caso de haberse ejecutado la obra de
conformidad con la Licencia de Obra, sin ninguna variación en
relación con los proyectos aprobados, el propietario presentará
una declaración manifestando ese hecho y, de ser el caso,
el comprobante de pago del aporte al SERPAR, cancelado.
La dependencia municipal extenderá automáticamente el
Certificado de Finalización de Obra y de Zonificación.
102.3 En el caso de haberse introducido variaciones,
se deberá presentar:
a) FOM debidamente llenado y firmado por el
interesado, y Hoja de Trámite correspondiente.
b) Comprobantes de pago de los derechos de revisión
de planos de replanteo y de inspección correspondientes,
cancelados.
c) Comprobante de pago, cancelado, del aporte al
SERPAR, de ser el caso.
d) Planos de replanteo: un juego de copias de los
planos de ubicación y de replanteo de arquitectura (plantas,
cortes y elevaciones) con las mismas especificaciones de
los planos del proyecto aprobado. Estos planos deberán
estar firmados por el responsable de obra y por el
propietario, y, al concluir el trámite serán conservados por
la municipalidad como parte del expediente.
102.4 La municipalidad confrontará los planos de
replanteo con los proyectos aprobados que obran en
el expediente, y con la realidad física de la obra. De
comprobar que coinciden y que se ha cumplido con los
parámetros urbanísticos y edificatorios vigentes, emitirá el
Certificado de Finalización de Obra y de Zonificación. Este
trámite se cumplirá en un plazo máximo de diez (10) días
hábiles desde la fecha de presentación de la solicitud, bajo
responsabilidad del funcionario municipal competente.
102.5 De advertirse variaciones no autorizadas, que
impliquen cambio de uso, mayor densidad, aumento de
áreas techadas o modificaciones de estructuras, se exigirá
al interesado que efectúe el trámite de regularización
previsto en el Capítulo IV de este Título, presentando
además los planos de estructuras modificados, de ser el
caso.
102.6 En las obras sujetas a supervisión, la inspección
de finalización de obra se cumple con la última visita de
supervisión.
102.7 Al entregar el Certificado correspondiente, la
municipalidad entregará al interesado una Hoja de Datos
Estadísticos, para ser llenada por el propietario o el
responsable de obra
Artículo 103º.- Liquidación de derechos adiciona-
les
Si en la inspección de finalización de obra se constatara
un área mayor de construcción que la aprobada, incluida en
los planos de replanteo y que cumple con los parámetros
urbanísticos y edificatorios vigentes, la municipalidad
efectuará la liquidación de los derechos adicionales de
licencia de obra que corresponda, debiendo el interesado
pagarlos como requisito previo para recibir el Certificado
de Finalización de Obra y de Zonificación. En este caso no
se aplicarán multas, moras o intereses.
Artículo 104º.- Observaciones
104.1 De constatar la municipalidad que los planos
de los proyectos aprobados que obran en el expediente,
o los de replanteo, de ser el caso, no coinciden con la
realidad física de la obra, comunicará al propietario las
observaciones correspondientes en un plazo de diez (10)
días hábiles.
104.2Elpropietariodeberásubsanarlasobservacionesantes
del término de vigencia de la Licencia de Obra correspondiente.
Realizadas las correcciones, solicitará a la municipalidad que
efectúe la nueva inspección. La municipalidad, en un plazo de
cinco (5) días hábiles de presentada esa solicitud, emitirá el
Certificado de Finalización de Obra y de Zonificación, previa
constatación de la subsanación.
104.3 De vencer la licencia sin que se hubiesen
subsanado las observaciones efectuadas, o de existir
transgresiones a las normas ambientales, urbanísticas
y de edificación vigentes o estructuras que no cumplan
con los requisitos mínimos de estabilidad y seguridad, se
aplicarán las sanciones correspondientes según ley o lo
establecido en el Título VI de esta Sección del Reglamento,
sin perjuicio de la obligación de corregir la obra e incluso
de efectuar las demoliciones que fuesen necesarias.
Artículo 105º.- Declaratoria de fábrica
105.1 Obtenido el Certificado de Finalización de Obra
y de Zonificación, el propietario podrá proseguir el trámite
por medio del FUO-Parte2, para obtener finalmente la
inscripción de la declaratoria de fábrica.
105.2 Para el efecto, presentará a la municipalidad los
siguientes documentos:
a) FUO-Parte2 por triplicado, debidamente llenado y
firmado por el propietario y el profesional responsable de
obra o constatador, arquitecto o ingeniero civil colegiado.
b) Copia simple del certificado literal de dominio en
caso de no haberse presentado con el FUO-Parte1.
c) Certificado de Finalización de Obra y de
Zonificación.
d) Planos de localización y ubicación, y de plantas de
arquitectura (distribución) de cada piso, iguales a los del
proyecto que obra en el expediente, o a los de replanteo de
ser el caso. Se presentarán dos copias de cada uno.
e) Hoja de Datos Estadísticos, debidamente llenada.
105.3 El funcionario municipal competente, dentro
de los tres (3) días hábiles de la presentación de los
documentos indicados y bajo responsabilidad, sellará

NORMAS LEGALES
El Peruano
y firmará el FUO-Parte2 dando conformidad al trámite.
Luego, lo integrará con el FUO-Parte1, que se conserva en
el expediente de Licencia de Obra y, finalmente, devolverá
al propietario dos ejemplares completos del FUO, con las
copias autenticadas de los planos que éste acompañó al
FUO-Parte2, para que inicie el trámite de la inscripción
de la Declaratoria de Fábrica, en el Registro Público
correspondiente.
CAPÍTULO III
INSCRIPCIÓN
Artículo 106º.- Título suficiente
El FUO completo, sellado y firmado por el funcionario
municipal, acompañado de los planos de localización y
ubicación, y de arquitectura (distribución), tendrá calidad
de instrumento público y constituirá título suficiente para
solicitar la inscripción de la declaratoria de fábrica ante el
Registro correspondiente.
Cuando la declaratoria de fábrica se refiera a inmuebles
constituidos por bienes de propiedad exclusiva y de
propiedad común o servicios comunes, deberá adjuntarse
el respectivo reglamento interno y la nominación del
presidente y/o de la primera directiva de la junta de
propietarios, así como la independización, de ser el caso,
con los planos correspondientes.
Artículo 107º.- Declaratoria de fábrica por escritura
pública
Cuando el propietario, al amparo de lo dispuesto por
el Art. 35º de la Ley, opte por realizar su declaratoria de
fábrica mediante escritura pública, para la inscripción
respectiva, deberá presentar adjunto al parte notarial
correspondiente, el FUO completo debidamente tramitado
incluyendo sus anexos.
CAPÍTULO IV
REGULARIZACIÓN DE OBRAS SIN LICENCIA
Artículo 108º.- Edificaciones irregulares y
sanciones
Toda obra iniciada después del 20 de julio de 1999,
sin haber cumplido con el trámite de licencia de obra,
deberá ser paralizada por la municipalidad respectiva, la
que otorgará un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles
para iniciar el proceso de regularización de su licencia de
obra bajo apercibimiento de demolición de la edificación
ejecutada, si no se cumpliera con esta exigencia. En
este caso la obra se podrá reiniciar sólo cuando se
haya obtenido la licencia correspondiente. Esto no es
de aplicación a las edificaciones del Sector Público por
cuanto no requerían de licencia de Obra. Esto no es de
aplicación a las edificaciones del Sector Público por cuanto
no requerirán de Licencia de Obra.
La regularización de las edificaciones a partir de la
fecha de vigencia de la Ley (21.07.1999), ejecutadas sin
la correspondiente Licencia de Obra, se sujetará a los
procedimientos establecidos en el presente Capítulo. A
este efecto, el propietario deberá pagar la multa señalada
en el Art. 36º de la Ley, equivalente al 10% del valor
declarado de obra, así como los derechos de Licencia de
Obra. Estos pagos se efectúan mediante la autoliquidación
contenida en el Anexo D del FUO-Parte1.
Artículo 109º.- Requisitos del expediente para
Licencia de Obra en Vía de Regularización
El propietario conformará un expediente de
regularización, que contendrá:
a) FUO completo, por triplicado, debidamente llenado
y firmado por el propietario, el abogado y el arquitecto o
ingeniero civil colegiado, quien actuará como constatador,
y Hoja de Trámite correspondiente.
b) Copia simple del certificado literal de dominio, con
el dictamen legal del abogado conforme lo dispuesto en el
Art. 49º de este Reglamento.
c) Comprobante de pago de derechos del trámite de
revisión y de la multa señalada en el artículo 36º de la Ley,
debidamente cancelado, y copia del Anexo D con el que
efectuó la autoliquidación.
d)CertificadodeParámetrosUrbanísticosyEdificatorios
vigente.
e) Plano de localización y ubicación según lo indicado
en el inciso d) del numeral 64.2 del presente Reglamento.
f) Planos de arquitectura según lo indicado en el inciso
e) del numeral 64.2 de este Reglamento.
g) Fotografías a color, según lo indicado en el inciso f)
del numeral 64.2 de este Reglamento.
h) Memoria justificativa, según lo indicado en el inciso
g) del numeral 64.2 de este Reglamento, cuando sea
necesario.
Artículo 110º.- Presentación y trámite del
expediente
El expediente de regularización se tramitará, conforme
al procedimiento previsto para Licencia de Obra en el
presente Reglamento, en cuanto le fuera aplicable, salvo
lo señalado en los artículos 111º al 114º.
En el caso que se desee tramitar licencia para ejecutar
una obra de cualquier tipo, vinculada a una edificación
existente que requiera de regularización de conformidad
con este Capítulo, ambos trámites se podrán efectuar
simultáneamente. En este caso, la Comisión Técnica
Calificadora se pronunciará en un solo dictamen.
Artículo 111º.- Calificación del expediente
La Comisión Técnica Calificadora de Proyectos tendrá
sólo dos opciones para emitir su dictamen: Aprobado o
Desaprobado.
La Comisión justificará su decisión de dictaminar
Desaprobado, indicando las medidas correctivas que
deban aplicarse.
Artículo 112º.- Adecuación de la edificación con
dictamen Desaprobado
El dictamen Desaprobado implicará la adecuación de
la edificación mediante la corrección de las deficiencias.
Para ello deberá gestionar, paralelamente, una Licencia
de Obra para ampliación, modificación, remodelación y/o
demolición, según el tipo de obra que corresponda, con los
procedimientos previstos en el Capítulo IV del Título I de
esta Sección del Reglamento, con la salvedad de que, en
este caso, se aplicará el FOM y se presentarán los planos
con el dictamen Desaprobado de la Comisión Técnica
Calificadora de Proyectos, en sustitución de la declaratoria
de fábrica exigida.
Artículo 113º.- Subsanación
Una vez concluidas las obras de adecuación y
obtenido el Certificado de Finalización de Obra y
de Zonificación, así como los planos autenticados
correspondientes, se presentarán en el trámite de
regularización, acompañando a los nuevos planos
corregidos de la edificación a regularizar. Con estos
documentos, el expediente retornará a la Comisión
Técnica Calificadora de Proyectos, la que de considerar
superada la observación que motivó el rechazo de la
regularización, emitirá dictamen de Aprobado. De no
haberse corregido todas las observaciones, se procederá
según el Art. 104º de este Reglamento.
Artículo 114º.- Liquidación de los derechos
municipales y numeración
Simultáneamente y de oficio, se procederá a practicar
una liquidación de la multa, de los derechos municipales de
licencia de obra y de numeración, con sus correspondientes
moras e intereses, señalándose el reintegro que, por estos
conceptos, corresponda. Esta liquidación será notificada al
interesado para su pago.
Artículo 115º.- Inscripción en el Registro Público
correspondiente
La inscripción en el Registro Público correspondiente
se efectuará según el Capítulo III del presente Título.
TÍTULO IV
RECURSOS DE IMPUGNACIÓN
Artículo 116º.- Procedencia
Procedenelrecursodereconsideraciónyeldeapelación
respecto de los aspectos técnicos y administrativos de los
procedimientos de consultas, licencias de obra, supervisión
de obra y control urbano, los que podrán ser interpuestos
por el propietario, los proyectistas o el responsable de
obra, según sea el caso.
En caso de que las impugnaciones sean sobre
aspectos técnicos del dictamen de la Comisión Técnica
Calificadora de Proyectos, se presentará adjunto al recurso
correspondiente una memoria justificativa de los criterios o
apreciaciones que sustenten el recurso. Su conocimiento
y resolución corresponderán, a las instancias técnicas
señaladas en el artículo siguiente.

NORMAS LEGALES
El Peruano
Artículo 117º.- Instancias técnicas
Las instancias, en cuanto a asuntos técnicos, son las
siguientes:
a) En primera instancia
La Comisión Técnica Calificadora de Proyectos que
emitió el dictamen o la Comisión Técnica Supervisora de
Obra, en su caso.
b) En segunda y última instancia:
La Comisión Técnica Calificadora de Proyectos o la
Comisión Técnica Supervisora de Obra de la municipalidad
provincial, a la que corresponde el distrito. Si se tratara de
una Comisión de municipalidad provincial, una Comisión
diferente a la que vio el expediente en primera instancia, y,
si no la hubiera, el concejo provincial con el apoyo técnico
de delegados especialmente designados por el CAP y del
CIP, según sea el caso.
Artículo 118º.- Plazos
118.1Elplazoparainterponerlosrecursosimpugnativos
será de diez (10) días hábiles, contados a partir de la
notificación del acto o resolución objeto de impugnación.
118.2 Los recursos impugnativos, cuando se refieran
a asuntos administrativos, serán resueltos por los
funcionarios llamados por ley, en un plazo no mayor de
quince (15) días hábiles.
118.3 Cuando se refieran a asuntos técnicos, serán
resueltos en las instancias indicadas en el artículo anterior,
en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles.
TÍTULO V
DERECHOS DE TRÁMITE DE LICENCIA DE OBRA
Artículo 119º.- Derechos exigibles
Las municipalidades sólo podrán cobrar derechos por
los siguientes conceptos:
a) Revisión y calificación de anteproyectos y
proyectos.
b) Licencia de obra.
c) Control y/ o supervisión de obra.
d) Deterioro de pistas y veredas.
e) Regularización de declaratoria de fábrica
f) Emisión de certificados.
g) Autenticación de planos.
h) Numeración de los predios.
Artículo 120º.- Derechos por servicios de
delegados
Los derechos por los servicios profesionales de
calificación o supervisión, de los delegados ante las
Comisiones Técnicas, serán fijados por el Ministerio de
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción,
mediante resolución ministerial, teniendo en cuenta lo
siguiente:
a) Los derechos por revisión y calificación de
anteproyecto en consulta, proyecto de obra y variación de
proyecto aprobado, que corresponden a los servicios de
los delegados del CAP y del CIP ante la Comisión Técnica
Calificadora de Proyectos, se fijarán en función de la
dimensión del proyecto y su complejidad, preferentemente
referido a un porcentaje de la UIT, para efecto de su
actualización.
De los derechos a los que se refiere el presente inciso,
corresponderá:
- En el caso del Anteproyecto en Consulta, el 100%
al CAP.
- En el caso de los proyectos de obra y variación de
proyecto aprobado: el 50% al CAP y el 50% al CIP.
b) Los derechos por los servicios de los delegados del
CAP y del CIP ante la Comisión Técnica Supervisora de
Obra, se fijarán mediante la misma resolución ministerial,
en función de la labor profesional que demanda la
supervisión.
Los derechos a los que se refiere este inciso
corresponderán, en cada caso, al colegio profesional cuyo
delegado ejerza la supervisión.
c) Los derechos que correspondan a los servicios de
los delegados ad hoc, serán transferidos íntegramente a
cada entidad involucrada.
Al determinarse el monto de los derechos que
corresponden a los servicios prestados por delegados del
CAP o del CIP, deberá adicionarse el pago del Impuesto
General a las Ventas que grava estos servicios
Artículo 121º.- Validez del pago de derechos por
calificación de proyectos
El pago de derechos será válido para dos calificaciones
en cada una de las especialidades. De requerirse una
tercera calificación será necesario efectuar un nuevo pago
de derechos teniendo en consideración que:
a) El pago de derechos de calificación de anteproyectos
en consulta es único y en consecuencia se deberá pagar
el 100% al CAP.
b) El pago de los derechos de calificación de proyecto
de obra corresponde a las especialidades de Arquitectura
y de Ingeniería en porcentajes del 50% para el CAP y el
50% para el CIP. El nuevo pago se hará por el 50% del
derecho si se requiere de una sola especialidad y por el
100% si se requiere de las dos.
Artículo 122º.- Pago de los servicios de los colegios
profesionales y otras entidades
Los derechos por revisión de anteproyectos y proyectos
que corresponden a los colegios profesionales, y otras
entidades que acrediten delegados ante las Comisiones
Técnicas, serán depositados directamente por los
interesados en las cuentas corrientes que para tal efecto
cumplan con señalar las citadas instituciones.
Los números de las cuentas antes indicadas serán de
conocimiento de las Municipalidades, las cuales deberán
proporcionarlos a los interesados en la oportunidad
requerida.
Por excepción, los derechos que corresponden a
los Delegados Ad-hoc de las Entidades Rectoras se
depositarán por los interesados en una cuenta especial
de las municipalidades a que abonará directamente a los
Delegados, comunicando a los Entidades Rectoras.
Una vez realizados los depósitos, los interesados
deberán cumplir con anexar al expediente copia de la
constancia de depósito respectiva.
TÍTULO VI
SANCIONES
Artículo 123º.- Faltas
Se consideran faltas contra las normas contenidas en
el presente Reglamento
a) Del funcionario municipal responsable, cuando
no emite el Certificado de Parámetros Urbanísticos y
Edificatorios dentro del plazo establecido por el numeral
63.3 del presente Reglamento.
b) Del funcionario municipal que preside la Comisión
Técnica Calificadora de Proyectos, cuando por su
negligencia esa Comisión no emite los dictámenes
correspondientes dentro de los plazos previstos por el
presente Reglamento. Se considera falta grave cuando,
por efecto de esta negligencia se opera el silencio positivo
administrativo respecto de una Licencia de Obra.
c) Del Supervisor, cuando sin motivo justificado, no
cumple con la visita programada a una obra a su cargo. La
reincidencia por tres veces consecutivas o discontinuas,
constituye falta grave.
d) Del profesional responsable de obra o del propietario,
cuando incumple con remitir las comunicaciones dispuestas
por este Reglamento. Esta falta se sanciona con multa
que impondrá la municipalidad conforme a sus normas y
reglamento.
Artículo 124º.- Alcances
Las sanciones derivadas de las infracciones, faltas
o violaciones a las normas contenidas en la Ley y este
Reglamento, alcanzan a los propietarios, proyectistas,
responsables de obra, delegados de los colegios
profesionales, delegados ad hoc de las entidades
normativas, funcionarios y empleados municipales.
Son aplicadas por los funcionarios municipales
responsables de la tramitación de las Licencias de Obra
y Control Urbano, respectivamente, de acuerdo con los
reglamentos municipales vigentes.
Cada entidad que interviene en el proceso de Licencia
de Obra, declaratoria de fábrica o regularización deberá
supervisar y controlar el desempeño de sus funcionarios,
empleados, consultores y/o delegados, y aplicará las
sanciones que sus normas y reglamentos prevén en

NORMAS LEGALES
El Peruano
caso de incumplimiento de las funciones, deberes y
responsabilidades que la Ley o este reglamento les
atribuye, sin perjuicio de las sanciones penales o civiles
que pudiese aplicarse al responsable si la falta lo amerita.
Quien se considere afectado por la conducta funcional
de alguna de las personas mencionadas en el párrafo
anterior podrá recurrir a la entidad correspondiente, a
mérito de denunciar este hecho.
SECCIÓN TERCERA
(Título III de la Ley Nº 27157)
RÉGIMEN DE PROPIEDAD EXCLUSIVA Y COMÚN
TÍTULO I
NORMAS GENERALES
Artículo 125º.- Objeto y Alcances
La presente sección norma el régimen legal al que
deberán someterse las unidades inmobiliarias en las que
coexistan secciones de propiedad exclusiva y bienes y/o
servicios comunes.
Su aplicación es obligatoria cuando las secciones
que la conforman pertenezcan a dos o más propietarios y
optativa cuando pertenezcan a uno solo.
Artículo 126º.- Unidades inmobiliarias reguladas
por este Reglamento
Las unidades inmobiliarias que comprenden bienes de
propiedad exclusiva y de propiedad común, reguladas por
el presente Reglamento, son:
a) Edificios de departamentos de uso residencial,
comercial, industrial o mixto.
b) Quintas.
c) Casas en copropiedad.
d) Centros y galerías comerciales o campos feriales.
e) Otras unidades inmobiliarias con bienes comunes.
Artículo 127º.- Opción de régimen
Al momento de solicitar la inscripción del Reglamento
Interno, el o los propietarios de las secciones exclusivas
deberán optar entre los regímenes siguientes:
a) Propiedad Exclusiva y Propiedad Común.
b) Independización y Copropiedad.
Ambos regímenes podrán coexistir en una misma
unidad inmobiliaria, por bloques o sectores.
TÍTULO II
RÉGIMEN DE INDEPENDIZACIÓN Y COPRO-
PIEDAD
Artículo 128º.- Concepto
El régimen de Independización y Copropiedad supone la
existencia de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva
susceptibles de ser independizadas y bienes de uso común,
sujetas al régimen de copropiedad regulado en el Código Civil.
Lasunidadesinmobiliariasdepropiedadexclusivacomprenden
necesariamente el terreno que ocupa cada una.
Sólo se puede optar por este régimen en el caso de
las Unidades Inmobiliarias mencionadas en los incisos
b), c), d) y e) del Art. 126º de este Reglamento, siempre
que estén conformadas por secciones de un solo piso
o que, de contar con más de un piso, pertenezcan a un
mismo propietario y los pisos superiores se proyecten
verticalmente sobre el terreno de propiedad exclusiva de
la sección.
Esta opción debe constar en el FUO.
TÍTULO III
REGIMEN DE PROPIEDAD EXCLUSIVA Y
PROPIEDAD COMÚN
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
Artículo 129º.- Concepto
Es el régimen jurídico que supone la existencia de
una edificación o conjunto de edificaciones integradas
por secciones inmobiliarias de dominio exclusivo,
pertenecientes a distintos propietarios, y bienes y servicios
de dominio común. Cuentan con un Reglamento Interno y
una Junta de Propietarios.
Artículo 130º.- Participación en la propiedad de los
bienes comunes
La participación en los bienes comunes, es un derecho
accesorio a cada unidad o sección de uso exclusivo
y corresponde ejercerlo al propietario de la misma. El
porcentaje es determinado en el Reglamento Interno, y
se establecerá atendiendo a criterios razonables, como el
área ocupada de las secciones exclusivas, la ubicación de
éstas, los usos a los que están destinadas, etc.
Artículo 131º.- Usos
Las secciones de propiedad exclusiva podrán
destinarse a cualquier uso permitido por las normas
vigentes, salvo las limitaciones que se establezcan en el
Reglamento Interno.
Artículo 132º.- Transferencia
La transferencia de la sección inmobiliaria de propiedad
exclusiva incluye todos los bienes que la conforman,
la participación en los bienes de propiedad común y los
derechos de uso, tránsito o servidumbres que la afecten,
los que son inseparables de la misma.
Artículo 133º.- Ejecución de Obras, acumulación,
subdivisión o independización de secciones de
propiedad exclusiva
Los propietarios podrán realizar cualquier tipo de obra
dentro de las secciones de propiedad exclusiva, así como
acumularlas, subdividirlas o independizarlas, siempre que
no contravengan las normas vigentes, no perjudiquen las
condiciones de seguridad y funcionamiento de la edificación
y no afecten los derechos de los demás propietarios o de
terceros.
Tratándose de ejecución de obras, deberán obtener
previamente la Licencia de Obra de la municipalidad
correspondiente y comunicar oportunamente su fecha
de inicio a la Junta de Propietarios. Si la obra alterase la
volumetría, el estilo arquitectónico o el aspecto exterior
de la sección donde se ejecuta, o del inmueble matriz, el
propietario deberá obtener previamente la aprobación de la
Junta de Propietarios. En estos casos, el propietario de la
sección que desee ejecutar la obra deberá proporcionar a la
Junta de Propietarios, toda la información y documentación
técnica, legal y administrativa relacionada con ella, que
sea necesaria para facilitar una decisión adecuada.
CAPÍTULO II
BIENES, SERVICIOS Y GASTOS COMUNES
Artículo 134º.- Bienes comunes intransferibles
Son bienes comunes intransferibles, salvo pacto en
contrario establecido en el Reglamento Interno:
a) El terreno sobre el que está construida la
edificación que tiene dos o más secciones de propiedad
exclusiva, salvo que sobre él se constituya derecho de
superficie.
b) Los cimientos, sobrecimientos, columnas, muros
exteriores, techos y demás elementos estructurales
esenciales para la estabilidad de la edificación, siempre
que sirvan a dos o más secciones.
c) Los pasajes, pasadizos, escaleras, porterías, áreas
destinadas a la instalación de equipos y en general, vías y
áreas de circulación común.
d) Los ascensores y montacargas, salvo los propios de
una sección de propiedad exclusiva.
e) Los sistemas de instalaciones para agua, desagüe,
electricidad, eliminación de basura y otros servicios que no
estén destinados a una sección en particular.
f) Los patios, pozos de luz, ductos de ventilación
o de instalaciones, salvo los propios de una sección de
propiedad exclusiva.
g) Los estacionamientos exigidos reglamentariamente.
h)Aquellos que se señalen como tales en el Reglamento
Interno.
Artículo 135º.- Actos de disposición de bienes
comunes
La transferencia, gravamen, cesión en uso o la
celebración de cualquier otro acto o contrato que importe
disposición o limitación de uso de los bienes comunes
susceptibles de ser transferidos, deberá ser autorizada
por la Junta de Propietarios mediante acuerdo adoptado
con el voto conforme de cuando menos las dos terceras
partes de los propietarios de las secciones de propiedad
exclusiva.

NORMAS LEGALES
El Peruano
Dicha autorización será otorgada, siempre que los
actos mencionados en el primer párrafo no contravengan
los parámetros urbanísticos y edificatorios, y las normas
de edificación vigentes, ni se perjudique las condiciones
de seguridad y funcionalidad de la edificación, ni se afecte
los derechos de las secciones de propiedad exclusiva o
de terceros.
Artículo 136º.- Obras en bienes comunes
Las obras que se ejecuten en bienes comunes,
requieren autorización expresa de la Junta de Propietarios,
adoptado por mayoría simple si están destinadas a su
conservación o mantenimiento, y por mayoría calificada si
están destinadas a algún fin que implique la modificación
o limitación de su uso. Estas obras deberán obtener,
obligatoriamente, Licencia de Obra antes de su ejecución.
Artículo 137º.- Servicios comunes
Son servicios comunes, entre otros:
a) La limpieza, conservación y mantenimiento de las
áreas y ambientes comunes, instalaciones sanitarias y
eléctricas de uso común, y en general de cualquier otro
elemento de los bienes comunes. Esto incluye la reparación
y/o reposición de los bienes o de sus partes.
b) La administración de la edificación
c) La guardianía, la jardinería y portería.
d) Los servicios de vigilancia y seguridad de la
edificación en conjunto.
e) La eliminación de basura.
f) Los servicios de publicidad.
g) La administración de las playas de estacionamiento.
h) Los demás que acuerde la Junta de Propietarios.
Los servicios señalados en el inciso a) son obligatorios
para todas las edificaciones sujetas a las disposiciones
de este título. Los demás servicios, una vez establecidos
por acuerdo de la Junta de Propietarios, también son
obligatorios.
Artículo 138º.- Gastos comunes
Son gastos comunes, entre otros:
a) Todos los ocasionados por el mantenimiento de los
servicios comunes indicados en el artículo anterior, cargas,
responsabilidades y, en general, cualquier gasto que no
sea susceptible de individualización.
b) Cualquier otro extraordinario acordado por la Junta
de Propietarios.
El pago de los gastos comunes, se efectuará de acuerdo
con los porcentajes establecidos en el Reglamento Interno,
teniendo en cuenta criterios de uso, espacio ocupado,
demanda de servicios, el número de personas que ocupan
las secciones, la ubicación o accesibilidad de las mismas,
etc., porcentajes que no son necesariamente iguales a los
de participación en el dominio de los bienes comunes.
TÍTULO IV
DERECHOS, OBLIGACIONES Y PARTICIPACIÓN
DE LOS POSEEDORES DE LAS SECCIONES DE
PROPIEDAD EXCLUSIVA
Artículo 139º.- Poseedores
Para efectos del presente Reglamento, se considera
poseedores u ocupantes de las secciones de propiedad
exclusiva, a las personas naturales o jurídicas que ejerzan
la posesión, o el uso de las unidades inmobiliarias de
propiedad exclusiva de una edificación, en calidad de
propietarios, arrendatarios, o bajo cualquier otro título que
los faculte a ejercer la posesión indicada.
Los derechos y obligaciones de los propietarios de las
seccionesdepropiedadexclusiva,seregulanenelReglamento
Interno, y los que corresponden a los arrendatarios u otros
poseedores se regulan en el presente título, en cuanto se
refiere a la administración, uso y disfrute de esas unidades
inmobiliarias y de los bienes o servicios comunes.
Artículo 140º.- Derechos de los arrendatarios u
otros poseedores
Son derechos de los arrendatarios u otros
poseedores:
a) Ejercer el uso y disfrute exclusivo sobre su sección,
sujeto únicamente a las limitaciones que les imponga su
contrato, o el Reglamento Interno.
b) Efectuar cualquier acondicionamiento o instalación
interna que le convenga, en forma independiente a los
demás poseedores, dentro del espacio ocupado por
su sección, siempre que cuente con autorización del
propietario
c) Ejercer el uso y disfrute de los bienes y servicios
comunes, sin más limitación que el uso y disfrute legítimo
de los demás poseedores sobre dichos bienes y servicios.
d) Reclamar ante la Administración o Junta de
Propietarios cuando el mantenimiento o prestación de los
servicios comunes no sean los adecuados.
e) Participar con voz en las reuniones de la Junta en
los asuntos relativos a los servicios y gastos comunes, de
acuerdo a lo que establezca el Reglamento Interno.
f) Reclamar ante la Junta de Propietarios o la
Administración, respecto de las acciones de otros
ocupantes de secciones exclusivas que perjudiquen sus
intereses o violen el Reglamento Interno.
g) Reclamar ante las autoridades competentes frente a
las acciones o decisiones de la Junta de Propietarios que
lesionen sus derechos o violen el Reglamento Interno o las
normas vigentes.
h) Ejercer los demás derechos que les otorgue la Ley o
el Reglamento Interno.
Artículo 141º.- Obligaciones de los arrendatarios y
otros poseedores
Son obligaciones de los arrendatarios y otros
poseedores, las siguientes:
a) Destinar la sección de propiedad exclusiva que
conduce al uso genérico y/o compatible que corresponda
a la naturaleza de la edificación, salvo las limitaciones
impuestas en el Reglamento Interno
b) No ejecutar, en el área ocupada por su sección, obra o
instalación alguna que afecte el dominio común o la apariencia
externa del predio, sin contar con la previa y expresa
autorización del propietario y de la Junta de Propietarios, y con
la Licencia de Obra cuando corresponda.
c) No afectar la seguridad o las condiciones de
habitabilidad de la edificación en su conjunto.
d) No perturbar la tranquilidad y normal convivencia de
los demás ocupantes y vecinos, ni atentar contra la moral
y las buenas costumbres.
e) Asumir la responsabilidad por los daños y perjuicios
que cause a las demás secciones o a los bienes comunes
sea por acción, omisión o negligencia.
f) No ejecutar, en el área ocupada por los bienes
comunes, obra o instalación alguna, sin la aprobación
previa de la Junta de Propietarios.
g) No afectar, perturbar u ocupar permanentemente
las áreas destinadas a la circulación, esparcimiento o
cualquier otro uso común.
h) Respetar los lugares, horarios y sistemas para la
evacuación de la basura, así como otras disposiciones
referentes al buen mantenimiento exterior de su
sección de propiedad exclusiva y áreas comunes, que
fije la administración, la Junta de Propietarios y/o la
municipalidad.
i) Acatar las disposiciones y acuerdos de la Junta de
Propietarios.
j) Pagar puntualmente las cuotas destinadas a atender
los gastos comunes cuando le corresponda según
su contrato. En este caso el propietario se constituye
legalmente como responsable solidario del poseedor no
propietario frente a la Junta.
Artículo 142º.- Porcentajes de participación de los
propietarios y su reajuste
Los porcentajes de participación de los propietarios
en el dominio de los bienes comunes, se fijarán en el
Reglamento Interno.
En caso de producirse variaciones en el área de
las unidades inmobiliarias de uso exclusivo, podrán
recomponerse los porcentajes en la forma que esté prevista
en dicho Reglamento o, en su defecto, por acuerdo de la
Junta de Propietarios.
En caso de acumulación, división o independización,
la recomposición de los porcentajes de participación
se hará sumando o distribuyendo los porcentajes que
correspondían a las unidades originales en la misma
forma y proporción en que éstas fueron acumuladas,
subdivididas o independizadas, según sea el caso. En
estos supuestos, el interesado solicitará a la Junta de
Propietarios que proceda a la modificación del Reglamento
Interno asumiendo los gastos que ésta demande.

NORMAS LEGALES
El Peruano
Artículo 143º.- Habilitación de los propietarios
El propietario que ha cumplido con todas sus
obligaciones de pago respecto de los gastos, servicios y
mantenimiento comunes en la edificación, está habilitado
para ejercer todos los derechos que le corresponden.
Está inhabilitado cuando incumple con pagar tres (3) o
más cuotas ordinarias, o una (1) extraordinaria al momento
de la convocatoria. Sin embargo, podrá asistir a la Junta de
Propietarios, con voz pero sin voto, y no se lo considerará
para determinar el quórum. Queda rehabilitado cuando
cumple con pagar sus adeudos.
Artículo 144º.- Incumplimiento en el pago de las
cuotas
El incumplimiento o retraso en el pago de las cuotas
para gastos comunes, ordinarias o extraordinarias,
dará lugar a las acciones de cobro permitidas por este
Reglamento y la ley. El hecho de que una sección se
encuentre o permanezca desocupada independientemente
del tiempo de desocupación, no exime a su propietario
del cumplimiento de estas obligaciones, salvo pacto en
contrario.
TÍTULO V
JUNTA DE PROPIETARIOS
Artículo 145º.- Constitución de la Junta de
Propietarios
La Junta de Propietarios está constituida por todos los
propietarios de las secciones de Propiedad Exclusiva de la
edificación y tiene la representación conjunta de éstos.
La Junta de Propietarios, se constituye plenamente al
otorgamiento del Reglamento Interno, el cual contendrá
obligatoriamente la nominación del Presidente si existiera
pluralidad de propietarios al momento de registrar el
Reglamento. Su inscripción se efectúa en el Registro
de Propiedad Inmueble, en la partida registral del predio
matriz o en la que corresponde a los bienes comunes.
La renuncia de uno o más propietarios no impedirá
la constitución de la Junta y su admisión en el seno de
ésta siempre estará expedita. Esta renuncia no libera al
propietario de las obligaciones comunes ni del cumplimiento
de los acuerdos de la Junta. Si sólo quedará un propietario
hábil, este asumirá las funciones de la Junta, en todo
cuanto le sea aplicable.
La Junta de Propietarios estará presidida por uno de
sus miembros que tendrá la calidad de Presidente, quien
ejercerá la representación legal de la misma, asumiendo
las funciones y responsabilidades que este reglamento
señala. El reglamento interno podrá disponer la constitución
de una Directiva cuando lo estime conveniente, señalando
su composición y funciones.
Artículo 146º.- Convocatoria
Salvo disposición distinta del Reglamento Interno, la
Junta de Propietarios deberá ser convocada a sesión por
el Presidente, con una anticipación no menor de cinco
(5) días naturales, mediante aviso contenido en carta,
esquela, facsímil, correo electrónico o cualquier otro medio
que permita dejar constancia de su entrega o recepción, y
carteles publicados en las vitrinas o pizarras que al efecto
debe mantener la administración en uno o varios sitios
visibles de la edificación. Los avisos y carteles contendrán
la indicación del día, hora y lugar de la reunión y las
materias a tratarse.
Si la sesión debidamente convocada no se celebrara
en la fecha prevista, la Junta deberá ser nuevamente
convocada en la misma forma dentro de los tres (3) días
naturales desde la fecha de la sesión no celebrada.
Las sesiones de la Junta de Propietarios, se celebrarán
necesariamente en el predio.
Artículo 147º.- Representación de los propietarios
o poseedores en la Junta
Los propietarios o poseedores podrán hacerse
representarporotraspersonasantelaJuntadePropietarios,
de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interno. La
representación debe conferirse por escrito y con carácter
especial para cada sesión, salvo que se trate de poder
otorgado por escritura pública.
Artículo 148º.- Acuerdos por mayoría calificada
Salvo disposición distinta del Reglamento Interno,
se considera mayoría calificada al voto conforme
de cuando menos los propietarios de secciones de
propiedad exclusiva que representen los dos tercios de
las participaciones de los bienes comunes, incluyendo los
porcentajes de quienes renunciaron a la Junta. Cuando
se trate de decisiones de venta, gravamen, cesión en uso
o afectación permanente de los bienes, áreas o servicios
comunes, sólo podrán votar los propietarios hábiles de las
secciones o sus representantes en nombre de ellos, aún
cuando no integren la Junta de Propietarios.
Las sesiones de las Juntas de Propietarios y los
acuerdos adoptados en ellas, deberán constar en el Libro
de Actas legalizado conforme a Ley.
Los acuerdos que autoricen la transferencia de
propiedad de bienes comunes deberán ser notificados
a los propietarios de secciones que no concurrieron a la
Junta, aún cuando hubieran renunciado a ella, mediante
carta notarial dirigida al domicilio designado por ellos
ante la Junta. En estos casos, los propietarios podrán
manifestar su discrepancia con el acuerdo, en el plazo de
veinte (20) días hábiles. Esta discrepancia se entiende
sólo como salvedad. De no hacerlo quedarán vinculados
a dicho acuerdo.
La notificación antes mencionada, se entenderá
realizadayseráválidasiemprequeseefectúeeneldomicilio
designado por el propietario ante la Administración.
En caso que la notificación antes mencionada sea
devuelta por el notario porque el domicilio señalado por
el propietario fuere desconocido o carezca del mismo en
el lugar de la edificación, el Presidente, la Directiva o la
Administración, según sea el caso, deberá publicar un aviso
en el diario oficial El Peruano, en el cual se consignará
el acuerdo adoptado por la Junta de propietarios, en las
mismas condiciones que en la notificación notarial. Si
transcurrido el plazo de veinte (20) días hábiles desde
el día hábil siguiente de la publicación, el propietario con
domicilio desconocido no manifestara por conducto notarial
su discrepancia, se entenderá vinculado al acuerdo.
Artículo 149º.- Contenido y forma del acta.
En el acta de cada sesión, deberá indicarse el lugar,
fecha y hora en que esta se realizó; la relación de los
propietariosconcurrentes,conindicacióndesusporcentajes
de participación en los bienes de dominio común; el
nombre de las personas que actuaron como presidente y
secretario de la junta; los puntos de la agenda; la forma
y resultado de las votaciones y los acuerdos adoptados.
Será firmada por el Presidente y el Secretario designado,
o por los miembros de la directiva si la hubiera, y por todos
los participantes en la Junta. El Reglamento interno podrá
contener reglas que faciliten la suscripción del acta.
Artículo 150º.- El Presidente de la Junta de
Propietarios
De conformidad con el Art. 48º de la Ley, la Junta de
PropietarioselegiráunPresidente,quegozarádelasfacultades
generales y especiales de representación señaladas en
los artículos 74º y 75º del Código Procesal Civil; quien, para
ejercer dicha representación procesal, requerirá solo de copia
certificada por notario del acta de la sesión de la Junta de
Propietarios en la que conste dicho nombramiento.
TÍTULO VI
ADMINISTRACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Artículo 151º.- El Administrador General
Toda edificación sujeta al presente reglamento, deberá
contar con un Administrador General, quien velará por el
adecuado funcionamiento y conservación de los bienes y
servicios comunes. La designación será efectuada por la
Junta de Propietarios y podrá recaer en:
a) El presidente de la Junta.
b) Cualquiera de los poseedores de las secciones de
propiedad exclusiva, propietario o no.
c) Cualquier persona natural o jurídica especialmente
contratada para tal función.
Artículo 152º.- Funciones
El Administrador General cumplirá las siguientes
funciones:
a)Velarporeladecuadomanejodelosbienesyservicios
comunes, su mantenimiento, limpieza, y preservación.
b) Cobrar las cuotas de los gastos comunes.
c) Cuidar que los pagos de los servicios comunes
estén al día.
d) Llevar las cuentas de la administración y/o los libros
contables cuando estos sean exigibles por ley.

NORMAS LEGALES
El Peruano
e) Realizar, previo aviso, visitas periódicas a las
secciones de propiedad exclusiva, con el objeto de verificar
que no se realicen acciones contrarias a las establecidas
en el Reglamento Interno o que afecten los servicios
comunes.
f) Elaborar y proponer el presupuesto anual de
ingresos y gastos ante la Junta de Propietarios, para su
aprobación.
g) Llevar los libros de actas al día, asumiendo las
funciones de Secretario de la Junta.
h) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Junta de
Propietarios y ejercer todas las funciones que la Junta o el
Reglamento Interno le asignen.
i) Las demás que establezca el Reglamento Interno.
TÍTULO VII
REGLAMENTO INTERNO
Artículo 153º.- Contenido
El Reglamento Interno deberá contener,
obligatoriamente, lo siguiente:
a) La determinación de la unidad inmobiliaria matriz
y la relación de las secciones de propiedad exclusiva,
señalando sus áreas, numeración y el uso al que deberá
estar destinada cada una de ellas (vivienda, comercio,
industria, oficina, estacionamiento u otros; así como de los
bienes comunes que la conforman, precisando, de ser el
caso, los que se califiquen como intransferibles,
b) Los derechos y obligaciones de los propietarios.
c) Las limitaciones y disposiciones que se acuerden
sobre los usos y destinos de los bienes comunes, y sobre
el uso de las secciones de propiedad exclusiva.
d) Los reglamentos especiales referidos a obras, usos,
propaganda u otros, de ser el caso.
e) La relación de los servicios comunes.
f) Los porcentajes de participación que corresponden a
cada propietario en los bienes comunes, de acuerdo con
el criterio adoptado por los propietarios o por el propietario
promotor.
g) Los porcentajes de participación que corresponden
a cada propietario en los gastos comunes, los cuales serán
iguales a los de participación en la propiedad de los bienes
comunes, salvo que se adopte un criterio distinto.
h) El régimen de la Junta de Propietarios, sus órganos
de administración y las facultades, responsabilidades y
atribuciones que se les confiere.
i) Todo lo relativo a las sesiones ordinarias y
extraordinarias, quórum, votaciones, acuerdos, funciones
y demás, de la Junta de Propietarios
j) Cualquier otro acuerdo o pacto lícito que sus
otorgantes deseen incluir.
Artículo 154º.- Pluralidad de Reglamentos Internos
De producirse la delimitación en sectores o bloques,
cada uno de ellos podrá contar con su Reglamento
Interno propio. La conformación, funciones, mecanismos
de coordinación entre Juntas de Propietarios y demás
aspectos concernientes a la edificación en su conjunto,
serán fijados en un Reglamento Interno General común
para todos los bloques o secciones.
Artículo 155º.- Opción de Reglamento Interno
Los propietarios podrán optar por asumir el “Modelo
de Reglamento Interno” que será aprobado por el
Viceministerio de Vivienda y Construcción.
TÍTULO VIII
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Artículo 156º.- Vías
Las vías para resolver cualquier controversia que se
pudiese suscitar en casos específicos relacionados con el
presente Reglamento son:
a) La conciliación extrajudicial, obligatoria en
cualquier caso, como trámite previo al inicio del proceso
administrativo, judicial o arbitral.
b) El proceso judicial o arbitral que corresponda,
cuando se trate de otros derechos, a condición de haber
cumplido con ofrecer la conciliación extrajudicial previa.
Artículo 157º.- Proceso ejecutivo por mora en el
pago de las cuotas
En el caso que los propietarios incurran en mora por
tres (3) meses consecutivos en el pago de las cuotas
ordinarias o extraordinarias, el Presidente de la Junta de
propietarios, podrá interponer demanda de cobro por la
vía ejecutiva, sin necesidad de la conciliación previa, al
amparo de lo dispuesto por el Art. 50º de la Ley.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Constitución de Comisiones Técnicas
Todas las municipalidades, salvo las señaladas en el
numeral 60.2 del presente Reglamento, deberán organizar
sus dependencias y constituir las Comisiones Técnicas
correspondientes en un plazo que no exceda de treinta (30)
días naturales desde la publicación de este Reglamento.
Los actuales delegados del CAP y del CIP, integrarán las
nuevas Comisiones Técnicas Calificadoras de Proyectos,
hasta el término de su acreditación.
Segunda.- Reglamentos de Comisiones Técnicas y
Cartilla de Supervisión
El Viceministerio de Vivienda y Construcción del Ministerio
de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, en
un plazo de treinta (30) días hábiles a partir de la publicación de
estanorma,emitiráunreglamentoquereguleelfuncionamiento
de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos y de la
Comisión Técnica Supervisora de Obra. Asimismo, elaborará
y aprobará, en el mismo plazo, una Cartilla de Supervisión de
Obra, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 92.2 de
este Reglamento.
Tercera.- Fijación de derechos por servicios de
delegados
El Ministerio de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción, en un plazo de treinta (30) días
hábiles a partir de la publicación del presente Reglamento,
fijará, mediante resolución ministerial, los derechos por
los servicios de los delegados del CAP y del CIP ante
las Comisiones Técnicas Calificadora de Proyectos y
Supervisora de Obra, así como de las entidades normativas
que deben acreditar verificadores y delegados ad hoc, de
conformidad con lo previsto en los numerales 9.2 y 62.3,
respectivamente, del presente Reglamento.
Cuarta.- Padrones de verificadores ad hoc y
delegados ad hoc
Cada una de las entidades rectoras mencionadas en el
numeral 11.1 de este Reglamento, en un plazo no mayor
de treinta (30) días hábiles desde la publicación del mismo,
deberá abrir el padrón de consultores especializados
referido en el numeral 11.2, señalando previamente los
requisitos con que se deberá cumplir la inscripción de los
arquitectos e ingenieros colegiados que deseen hacerlo.
El trámite para la inscripción en el padrón no deberá
exceder, en ningún caso, los siete (7) días hábiles desde la
presentación de los documentos por el interesado.
Los profesionales inscritos en el padrón tendrán
la condición de Verificador Ad Hoc y, entre ellos, la
entidad podrá escoger, de considerarlo conveniente, a
sus delegados ad hoc ante las Comisiones Técnicas
Calificadoras de Proyectos.
Quinta.- Acreditación de delegados ad hoc
Las entidades rectoras señaladas en el numeral 62.3 de
este Reglamento, dentro de un plazo no mayor de sesenta
(60) días hábiles a partir de su publicación, deberán
acreditar ante las municipalidades a los funcionarios,
empleados y/o consultores que actuarán como delegados
ad hoc de conformidad con lo previsto en el numeral 62.1
de este Reglamento.
Los funcionarios públicos que no faciliten la designación
y acreditación de dichos delegados, son responsables
personal y directamente de Incumplimiento de Funciones y
Responsabilidades. La Contraloría General de la República
supervisará el cumplimiento de esta norma.
Sexta.- Indice de Verificadores
La SUNARP y el RPU implementará, en un plazo de
treinta (30) días hábiles desde la publicación del presente
Reglamento, el índice de Verificadores a que se contrae el
Art. 8º del presente Reglamento.
Sétima.- Adecuación de los FOR
La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
y el Registro Predial Urbano adecuarán sus Formularios
Registrales a lo normado en el presente Reglamento, si
fuera necesario, en un plazo máximo de treinta (30) días
hábiles a partir de su publicación.

NORMAS LEGALES
El Peruano
Octava.- Expedientes de Licencia de Construcción
en trámite
Los trámites de Licencia de Construcción que se hayan
iniciado antes de la vigencia del presente Reglamento, se
concluirán conforme a las normas bajo cuya vigencia se
iniciaron.
Novena.- Declaratoria de fábrica de obras con
Licencia de Construcción
Las declaratorias de fábrica de obras que se hayan
iniciado con Licencia de Construcción, se adecuarán al
trámite previsto en el Título III de la Sección Segunda
de este Reglamento al momento de su finalización,
oportunidad en que se deberá presentar, adicionalmente
a los documentos requeridos, el FUO-Parte1 debidamente
llenado y firmado,
Décima.- Declaratoria de fábrica de edificaciones
con Conformidad de Obra
Los propietarios de edificaciones que cuenten con
conformidad de obra, podrán extender su declaratoria
de fábrica mediante escritura pública, en cuyo caso
acompañarán al parte notarial, para su inscripción, un
plano de localización y ubicación según lo dispuesto en el
inciso d) del artículo 77.1, así como el plano arquitectónico
de plantas ( plano de distribución).
Decimoprimera.- Declaratorias de fábrica al amparo
de la Ley Nº 26389 (Ley de Declaración o Constatación
de Fábrica)
Los propietarios que iniciaron el trámite de declaratoria
de fábrica al amparo de la Ley Nº 26389 que, a la fecha,
aún no han concluido su tramitación, se adecuarán al
presente Reglamento como sigue:
a) Los que estén en trámite en las municipalidades
sin haber obtenido la visación correspondiente, deberán
reiniciar el trámite con los formularios y procedimientos de
este Reglamento.
b) Los que hayan obtenido la visación de la
municipalidad, podrán solicitar la inscripción en el Registro
Público correspondiente, sin necesidad de obtener la
visación de ESSALUD.
c) Las oficinas de ESSALUD, bajo responsabilidad del
funcionario a cargo del trámite de regularización, deberán
devolver a los interesados los formularios y documentos
adjuntos que conforman los expedientes de regularización,
para que procedan a solicitar la inscripción en el Registro
Público correspondiente. Este trámite deberá cumplirse
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha
de la solicitud del interesado para la devolución de los
formularios y sus documentos acompañados.
d) Los propietarios que adeuden los derechos que
corresponden a ESSALUD, acotados por esa entidad de
conformidad con la Ley Nº 26389, tendrán un plazo de
doce (12) meses para abonarlos sin recargos, multas,
moras ni intereses.
Decimosegunda.- Adecuación de Reglamento
Interno
La adecuación del Reglamento Interno a que se refiere
la tercera disposición final de la ley, podrá efectuarse
mediante escritura pública o documento privado con
firma legalizada que contenga el otorgado por la Junta
de Propietarios o el Modelo de Reglamento Interno, que
aprobará el Viceministerio de Vivienda y Construcción en
un plazo no mayor de 30 días hábiles desde la publicación
del presente Reglamento.
Decimotercera.- Liquidación de los derechos
pendientes
Las Municipalidades deberán elaborar la liquidación
de todos los adeudos que tengan con los colegios
profesionales, y con otras entidades que acrediten
delegados ante las Comisiones Técnicas, por concepto
de pago por derechos de revisión de anteproyectos y
proyectos.
Dicha liquidación deberá ser pagada al contado o en
cuotas mensuales, las cuales no podrán ser programadas
más allá del año fiscal 2,005.
Decimocuarta.- Áreas de actuación urbanística
Son las áreas con características homogéneas, definidas
en el Plan Urbano sobre terrenos rústicos o urbanizados, con
el fin de que sean intervenidas para promover en ellas su
mejor uso. Constituyen la estructura básica de la propuesta
de Ordenamiento Territorial Urbano, y permiten la aplicación
de políticas urbanas diferenciadas. En ellas se identifican
escenarios urbanos diferenciados y por lo tanto, diversos tipos
de intervenciones a ejecutar al interior de sus áreas.
Su delimitación deberá considerar las áreas
establecidas en el marco territorial.
Decimoquinta.- Control estadístico
El control estadístico de las edificaciones es de
responsabilidad de las municipalidades, para cuyo efecto,
éstas entregaran al interesado, conjuntamente con el
Certificado de Finalización de Obra y de Zonificación, la
Hoja de Datos Estadísticos a la que se contrae el inciso e)
del numeral 105.2.
La Dirección General de Vivienda y Construcción del
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y
Construcción, indicará, mediante resolución, el contenido
de la Hoja de Datos Estadísticos.
Decimosexta.- Regularización de edificaciones
Los propietarios de edificaciones que hayan sido
construidas sin licencia de construcción y/o en terrenos
sin habilitación urbana, hasta el 31 de diciembre del 2003,
podrán regularizar su situación, sin pago de multas ni
otras sanciones, hasta el 31 de diciembre del 2005, en
aplicación de la Ley Nº 28437. Esto no es de aplicación
a las edificaciones del Sector Público por cuanto no
requerían de licencia de Obra.
Decimosétima.- Habilitación Urbana de Oficio
Las Municipalidades Provinciales en el ámbito del
Cercado y las Distritales en su jurisdicción, identificarán los
predios ubicados en zonas urbanas consolidadas, que se
encuentren como urbanos en la Municipalidad e inscritos
como rústicos en el Registro de Predios, declarándolos
habilitados de oficio mediante Resolución de Alcaldía,
disponiendo la inscripción registral del cambio de uso de
rústico a urbano, acto este que será gestionado por el
propietario.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Aprobación de formularios y otros
documentos
ConelpresenteReglamento,seapruebanlossiguientes
formularios y otros documentos que lo integran:
a) Formulario único Oficial (FUO), cuyas partes y
anexos se indican el numeral 45.1 de este Reglamento.
b) Otros formularios:
- Formulario Oficial Múltiple (FOM) señalado en el
numeral 45.2 del presente Reglamento.
- Hoja de Trámite para Licencia de Obra y otros trámites
municipales.
- Acta de Calificación de la Comisión Técnica
Calificadora de Proyectos.
- Informe Técnico de Supervisión de Obra.
- Inscripción en el Índice de Verificadores de la
SUNARP.
- Informe Técnico de Verificación.
- Informe Técnico de Verificación Ad Hoc.
Están especialmente autorizados a reproducir los
formularios que se aprueban con el presente Reglamento,
el CAP y el CIP, para distribuirlos entre sus asociados y el
público en general.
Segunda.- Aplicación supletoria de la Ley Nº
26662 (Ley de Competencia Notarial en Asuntos no
Contenciosos)
Para el trámite de saneamiento de titulación previsto
en este Reglamento, se aplica supletoriamente La Ley de
Competencia Notarial en Asuntos no Contenciosos, y las
normas del Código Procesal Civil.
(*) Ver Anexos en el diario oficial El Peruano de la
fecha.

 LEY N° 30830, LEY QUE MODIFICA LA LEY N°21157
LEY DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES, DEL
PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA DE
FÁBRICA Y DEL RÉGIMEN DE UNIDADES
INMOBILIARIAS DE PROPIEDAD EXCLUSIVA Y DE
PROPIEDAD COMÚN
Texto normativo publicado el 27 de julio de 2018.
ANTECEDENTES:
 Ley N° 27157
Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria De Fábrica y
del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común,
publicada el 20 de julio de 1999.

4 NORMAS LEGALES Viernes 27 de julio de 2018 / El Peruano
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO DE LA REPUBLICA
LEY Nº 30830
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE MODIFICA LA LEY 27157,
LEY DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES,
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA
DE FÁBRICA Y DEL RÉGIMEN DE UNIDADES
INMOBILIARIAS DE PROPIEDAD EXCLUSIVA Y
DE PROPIEDAD COMÚN
Artículo único. Modificación del artículo 3 de la
Ley 27157, Ley de Regularización de Edificaciones,
Exclusiva y de Propiedad Común
Modifícase el artículo 3 de la Ley 27157, Ley de
Regularización de Edificaciones, del Procedimiento
para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de
Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de
Propiedad Común, en los siguientes términos:
“Artículo 3.- De la regularización
Los propietarios de edificaciones ejecutadas hasta el
31 de diciembre de 2016, que hayan sido construidas
sin licencia de construcción, conformidad de obra
o que no cuenten con declaratoria de fábrica,
independización y/o reglamento interno, de ser el
caso, podrán sanear su situación de acuerdo al
procedimiento establecido en la presente ley”.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
ÚNICA. Procedencia de la regularización
Los propietarios de predios que se hayan acogido con
anterioridad al procedimiento de regularización dispuesto
por el artículo 3 respecto a edificaciones terminadas al 20 de
julio de 1999 o dentro del plazo establecido por la disposición
complementaria décimo cuarta de la Ley 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades modificada por la Ley 28437;
y en los que se hayan efectuado nuevas edificaciones,
ampliaciones, demoliciones o remodelaciones en el mismo
predio con posterioridad a dicha fecha, pueden acogerse a
lo dispuesto en la presente ley.
DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA. Improcedencia de la regularización
No puede aplicarse el procedimiento de regularización
establecido en la presente ley para las edificaciones
levantadas en zonas arqueológicas, zonas de protección
ecológica, zonas de riesgo para la salud e integridad física,
riberas de ríos, lagos o mares, así como en edificaciones en
las que resulte evidente la contravención a los elementos
básicos de seguridad, lo cual ponga en riesgo la vida humana.
SEGUNDA. Adecuación del reglamento
En el plazo de 30 días contados desde la entrada en
vigencia de la presente ley, el Poder Ejecutivo adecúa el
Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley 27157,
Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento
para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de
Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de
Propiedad Común, aprobado por el Decreto Supremo
035-2006-VIVIENDA.
Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.
En Lima, a los cinco días del mes de julio de dos mil
dieciocho.
LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República
MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del
Congreso de la República
MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
D.A.Nº009-2018-A/MLV.- Disponenelembanderamiento
general de viviendas, locales comerciales e instituciones
públicas y privadas del distrito 95
MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS
D.A. Nº 07-2018-MDLO.- Prorrogan vigencia de
Ordenanza que otorgó Beneficios para el Pago de las
Deudas Tributarias y Multas Administrativas en el distrito
96
MUNICIPALIDAD DE
SAN JUAN DE LURIGANCHO
OrdenanzaNº377.- Establecen Tasa por Estacionamiento
Vehicular Temporal en el distrito de San Juan de Lurigancho
96
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO
D.A. Nº 14-2018-MSS.- Disponen que Gerencia de
Desarrollo Urbano ejecute diagnóstico y proponga zona
de transición entre predios que cuentan con Zonificación
RDB y Zonificación RDMB en las Urbanizaciones San Jorge,
parte de la Urbanización Huertos de San Antonio, Colinas
de Monterrico, Pampas de Santa Teresa y Casuarinas Baja
99
PROVINCIAS
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DEL CALLAO
D.A. Nº 12-2018-MPC-AL.- Prorrogan vigencia de la
Ordenanza Nº 025-2017, que aprueba la Campaña de
Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones
Ejecutadas sin licencia 100
SEPARATA ESPECIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Res. Nº 144-2018/SDC-INDECOPI.- Confirman
Resolución 011-2016/CDB-INDECOPI emitida por la
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras
Comerciales No Arancelarias, que dispuso aplicar derechos
compensatorios definitivos sobre las importaciones de
biodiésel puro originario de la República Argentina
Res. Nº 145-2018/SDC-INDECOPI.- Confirman
Resolución 189-2016/CDB-INDECOPI emitida por la
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras
Comerciales No Arancelarias, que dispuso aplicar derechos
antidumping definitivos sobre las importaciones de
biodiésel puro originario de la República Argentina

5NORMAS LEGALESViernes 27 de julio de 2018El Peruano /
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiséis
días del mes de julio del año dos mil dieciocho.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CéSAR VILLANUEVA ARéVALO
Presidente del Consejo de Ministros
1674956-1
LEY Nº 30831
POR CUANTO:
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
LEY QUE MODIFICA LA LEY 29664, LEY QUE
CREA EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES (SINAGERD) CON LA
FINALIDAD DE INCORPORAR UN PLAZO PARA
LA PRESENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE
GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LOS
PLANES QUE LO CONFORMAN
Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente ley tiene por objeto fortalecer el
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
(SINAGERD), a fin de garantizar la acción permanente
y el cumplimiento de la gestión prospectiva, correctiva y
reactiva de riesgos de desastres.
Artículo 2. Modificación del artículo 19 de la Ley
29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres (SINAGERD)
Modifícase el artículo 19 de la Ley 29664, Ley que crea
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
(SINAGERD):
“Artículo 19. Instrumentos del Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD)
Los instrumentos del SINAGERD que deben ser
establecidos son:
a. El Plan Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres, que integra los procesos
de estimación, prevención y reducción del
riesgo de desastres, preparación, respuesta
y rehabilitación, y reconstrucción, tiene por
objeto establecer las líneas estratégicas, los
objetivos, las acciones, procesos y protocolos
de carácter plurianual necesarios para
concretar lo establecido en la presente ley. En
el diseño del plan, se consideran los programas
presupuestales estratégicos vinculados a
la Gestión del Riesgo de Desastres y otros
programas que estuvieran relacionados con el
objetivo del plan, en el marco del presupuesto
por resultado.
ElPlanNacionalsirvedemarcoparalaelaboración
de los planes específicos por cada proceso y
tipo de desastre que deben ser desarrollados
anualmente por las entidades públicas en todos
los niveles de gobierno. Los planes específicos se
aprueban como máximo en el mes de agosto de
cada año.
[…]”.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
ÚNICA. Adecuación del Reglamento
El Poder Ejecutivo en un plazo no mayor de treinta
días adecuará el Reglamento de la Ley 29664, Ley
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres (SINAGERD).
Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.
En Lima, a los cinco días del mes de julio de dos mil
dieciocho.
LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República
MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiséis
días del mes de julio del año dos mil dieciocho.
CéSAR VILLANUEVA ARéVALO
1674956-2
LEY Nº 30832
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
LEY QUE MODIFICA ARTÍCULOS
DE LA LEY 28036, LEY DE PROMOCIÓN
Y DESARROLLO DEL DEPORTE, PARA
POTENCIALIZAR EL TALENTO DEPORTIVO
Y ASEGURAR LA INTEGRACIÓN DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN
EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE
Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente ley tiene por objeto modificar los artículos
5, 6, 8, 9, 10, 11, 21, 26, 45, 47, 48, 56, 63, 71, 73, 82,
86 y 95 de la Ley 28036, Ley de Promoción y Desarrollo
del Deporte, e incorporar los artículos 19-A, 48-A, 48-B,
48-C y 71-A en la Ley 28036 para potencializar el talento
deportivo y asegurar la integración de las personas con
discapacidad en el Sistema Nacional del Deporte.
Artículo 2. Modificación de los artículos 5, 6, 8, 9,
10, 11, 21, 26, 45, 47, 48, 56, 63, 71, 73, 82, 86 y 95 de la
Ley 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte
Modifícanse los artículos 5, 6, 8, 9, 10, 11, 21, 26, 45,
47, 48, 56, 63, 71, 73, 82, 86 y 95 de la Ley 28036, Ley
de Promoción y Desarrollo del Deporte, en los términos
siguientes:
“Artículo 5.- Fines
Son fines de la presente ley los siguientes:
[...]
12. Promover la captación de talentos deportivos.
Artículo 6.- Sistema Deportivo Nacional (Sisden)
El Sistema Deportivo Nacional (Sisden) es el conjunto

DECRETO LEGISLATIVO N° 1426, QUE MODIFICA
LA LEY N° 29090, LEY DE REGULACIÓN DE
HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES
Septiembre de 2018.

3NORMAS LEGALESDomingo 16 de setiembre de 2018El Peruano /
PODER EJECUTIVO
DECRETOS LEGISLATIVOS
decreto legislativo
Nº 1426
POR CUANTO
Que, el Congreso de la República, mediante la Ley
N° 30823, ha delegado en el Poder Ejecutivo, por el
plazo sesenta (60) días calendario, la facultad de legislar
en materias de gestión económica y competitividad, de
integridad y lucha contra la corrupción, de prevención
y protección de personas en situación de violencia y
vulnerabilidad y de modernización de la gestión del
estado, conforme ha sido establecido en el artículo 2 de
la citada Ley;
Que, en este sentido, los literales c) y e) del numeral
5 del artículo 2, del citado dispositivo legal establecen
la facultad de legislar en materia de modernización del
Estado, con el objeto de perfeccionar normas con rango
de ley, para simplificar trámites administrativos, así como
fortalecer el funcionamiento de las entidades del Gobierno
Nacional, del gobierno regional o del gobierno local, a
través de precisiones de sus competencias, regulaciones
y funciones, respectivamente;
Que, la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, cuyo Texto
Único Ordenado se aprobó por el Decreto Supremo
N° 006-2017-VIVIENDA, establece la regulación
jurídica de los procedimientos administrativos para la
independización de predios rústicos, subdivisión de lotes,
obtención de las licencias de habilitación urbana y de
edificación; fiscalización en la ejecución de los respectivos
proyectos; y la recepción de obra de habilitación urbana
y la conformidad de obra y declaratoria de edificación;
garantizando la calidad de vida y la seguridad jurídica
privada y pública;
Que, la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
establece como función compartida del Sector Vivienda
normar, aprobar, ejecutar y supervisar las políticas
nacionales sobre habilitación urbana y edificaciones, en el
ámbito de su competencia, en concordancia con las leyes
orgánicas de gobiernos regionales y de municipalidades;
Que, en ese contexto resulta necesario modificar la
Ley N° 29090 con el objetivo de simplificar los requisitos
y agilizar los diversos procedimientos para la obtención
de las Licencias de Habilitación Urbana y de Edificación,
en beneficio de los administrados, así como fortalecer las
competencias del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento y precisar la competencia de las
Municipalidades respecto de dichos procedimientos, en el
marco de la modernización del Estado;
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 2
de la Ley Nº 30823, el artículo 104 de Constitución Política
del Perú y el artículo 90 del Reglamento del Congreso de
la República;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:
decreto legislativo QUe ModiFica la leY
Nº 29090, leY de regUlaciÓN de HaBilitacioNes
UrBaNas Y de ediFicacioNes
Artículo 1.- Objeto
El objeto del presente Decreto Legislativo es modificar
la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, con la finalidad de simplificar
los procedimientos administrativos para la obtención de
licencias de habilitación urbana y edificaciones, así como
fortalecer las competencias del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento y precisar la regulación de
las Municipalidades, en el marco de la modernización del
Estado.
Artículo 2.- Modificación de los artículos 2, 3, 4, 7,
10, 11, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 25-A, 28-B y 30 de la Ley
Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones
Modifícanse de los artículos 2, 3, 4, 7, 10, 11, 16, 17,
21, 22, 24, 25, 25-A, 28-B y 30 de la Ley Nº 29090, Ley de
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones,
los que quedan redactados de la manera siguiente:
Artículo 2.- Ámbito de aplicación y principios
2.1 Los procedimientos administrativos regulados
en la presente Ley y en el Reglamento de Licencias de
Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, son únicos
y de aplicación obligatoria a nivel nacional. Ninguna
persona natural o jurídica, pública o privada, además
de las descritas en la presente Ley, puede participar,
directa o indirectamente, en la aprobación y ejecución de
habilitaciones urbanas y edificaciones.
2.2 Los requisitos establecidos en la presente Ley y
en su Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana
y Licencias de Edificación son únicos y se aplican a nivel
Res. Nº 1734-2018-JNE.- Confirman resolución que
declaró improcedente solicitud de inscripción de
candidatos para el Gobierno Regional de Lambayeque
159
Res. Nº 1735-2018-JNE.- Confirman resolución que
declaró improcedente solicitud de inscripción de lista de
candidatos para la Municipalidad Provincial de Chiclayo,
departamento de Lambayeque 161
Res. Nº 1753-2018-JNE.- Revocan resolución que
declaró improcedente solicitud de inscripción de lista de
candidatos para el Concejo Distrital de Chancay, provincia
de Huaral, departamento de Lima 163
Res. Nº 1769-2018-JNE.- Revocan resolución que declaró
improcedentesolicituddeinscripcióndelistadecandidatos
para el Concejo Provincial de Pallasca, departamento de
Áncash 164
SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS
Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS
DE FONDOS DE PENSIONES
Res. Nº 3536-2018.- Autorizan viaje de funcionarios a los
EE.UU., en comisión de servicios 166
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD DE BARRANCO
Ordenanza Nº 504-MDB.- Ordenanza que regula
el procedimiento para regularización de la licencia,
conformidad de obra y declaratoria de edificación de
construcciones existentes en el distrito 167
MUNICIPALIDAD DE CIENEGUILLA
Ordenanza Nº 288-MDC.- Ordenanza sobre Prevención,
Prohibición y Sanción del Acoso Sexual Callejero,
ejercido contra las personas que se encuentren en un
espacio público y/o transiten por obras en edificación o
establecimientos diversos 170
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO
Res. Nº 830-2018-RASS.- Aprueban actualización y
reordenamiento de cargos contenidos en el Cuadro para
Asignación de Personal Provisional de la Municipalidad 171

4 NORMAS LEGALES Domingo 16 de setiembre de 2018 / El Peruano
nacional. El retraso administrativo en la tramitación del
expediente no autoriza que se le exija al solicitante la
actualización de la documentación que fuera presentada
en la fecha de ingreso del expediente ante la municipalidad
respectiva.
Cualquier requerimiento o requisito adicional a lo
previsto en los procedimientos de la presente Ley y
el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana
y Licencias de Edificación, constituye una barrera
burocrática ilegal.
(…)
Artículo 3.- Definiciones
(…)
2. Edificación
Resultado de construir una obra de carácter
permanente sobre un predio, que cuente como mínimo
con proyecto de habilitación urbana aprobado; y, cuyo
destino es albergar a la persona en el desarrollo de
sus actividades. Comprende las instalaciones fijas y
complementarias adscritas a ella.
(…)
4. Servicios públicos domiciliarios
Dotación de servicios de agua, desagüe, energía
eléctrica que se conectan a un predio independiente; así
como comunicaciones y gas, según la normativa de la
materia.
(…)
6. Instalaciones fijas y permanentes
Aquellas construidas con sistemas constructivos
convencionales y no convencionales que tengan servicios
públicos domiciliarios instalados.
(…)
9. Planeamiento Integral
Para efectos de la presente Ley, el planeamiento
integral forma parte del proyecto de habilitación urbana,
que es calificado por la Comisión Técnica, cuando el área
por habilitar esté comprendida en el Plan de Desarrollo
Urbano y/o zonificación y no colinde con zonas habilitadas
o cuando se realice la independización o la parcelación
de un predio rústico, según la modalidad correspondiente.
El Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana
y Licencias de Edificación establecerá los requisitos,
procedimientos, plazos de tramitación y vigencia del
Planeamiento Integral.
10. Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación
Procedimiento por el cual se determina que la obra
o las obras pendientes de ejecución, se han concluido
conforme a los planos aprobados. Para viviendas
multifamiliares, comercio y oficinas, la conformidad de
obra se puede otorgar a nivel de casco habitable; puede
tramitarse con o sin variaciones.
(…)
12. Recepción de obras
Procedimiento por el cual se determina que las obras
de habilitación urbana se han concluido conforme a los
planos y a la licencia aprobada, pudiendo tramitarse con
o sin variaciones, así como de forma parcial, cuando se
trate de proyecto integral.
13. Proyecto Integral
Proyecto de habilitación urbana o de edificación que
se desarrolla por etapas, de forma independiente en su
ejecución y funcionamiento, en las modalidades C y D con
evaluación previa por la Comisión Técnica, cuya acta de
verificación y dictamen tiene un plazo de vigencia de diez
(10) años; para la ejecución de cada etapa se solicita la
licencia respectiva.
Artículo 4.- Actores y responsabilidades
(…)
3. Profesionales responsables del proyecto
Según su especialidad son: El arquitecto, para el
proyecto de arquitectura y/o de habilitación urbana y de
seguridad, de ser el caso; el ingeniero civil, para el proyecto
de estructuras en edificaciones, y de pavimentación en
habilitaciones urbanas y de seguridad en su especialidad;
el ingeniero sanitario, para el proyecto de instalaciones
sanitarias y de seguridad en su especialidad; el ingeniero
electricista o electromecánico, para el proyecto de
instalaciones eléctricas y electromecánicas y de
seguridad en su especialidad. En el caso que se cuenten
con proyectos especializados como seguridad integral,
redes de información y otros, estos proyectos son
responsabilidad de los profesionales proyectistas y no
deben ser sujetos a evaluación técnica por parte de la
municipalidad, Comisión Técnica o Revisores Urbanos.
(…)
5. Comisión Técnica
(…)
Para el caso del procedimiento de otorgamiento de
licencia para habilitaciones urbanas, la Comisión Técnica
está conformada por:
a) Un (1) representante de la municipalidad a cuya
jurisdicción corresponde la solicitud, quien la preside.
b) Un (1) representante del Colegio de Arquitectos del
Perú - CAP.
c) Un (1) representante del Colegio de Ingenieros del
Perú - CIP.
d) Los representantes de las entidades prestadoras de
los servicios públicos.
licencia para edificaciones, está conformada por:
(…)
La revisión de los proyectos de edificaciones, en
aspectos de seguridad, está a cargo de los delegados
miembros de la Comisión Técnica, según su especialidad.
(…)
7. Delegados Ad hoc
Son delegadosAd hoc los designados por instituciones,
con funciones específicas para la calificación de proyectos
de habilitación urbana y de edificación ante la Comisión
Técnica, ante los Revisores Urbanos o ante la entidad
municipal competente.
Las instituciones con funciones específicas designan
Delegados Ad hoc en los siguientes casos:
a) Ministerio de Cultura - MC (Antes Instituto Nacional
de Cultura - INC) para proyectos de habilitación urbana
y/o de edificación en los bienes inmuebles integrantes del
Patrimonio Cultural de la Nación o ubicados en el entorno
de dichos inmuebles o predios, según corresponda.
La opinión favorable del Delegado Ad Hoc del MC
en los proyectos citados en el párrafo que antecede, es
necesaria para su aprobación, de acuerdo al artículo 22
de la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural
de la Nación.
b) Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
por el Estado - SERNANP, para proyectos de habilitación
urbana, con la finalidad de conservación de las áreas
naturales protegidas, con sujeción al Plan Urbano.
(…)
8. Delegados de Servicios Públicos
Son los delegados de las entidades y/o empresas
prestadoras de servicios públicos de agua, alcantarillado
y energía eléctrica, acreditados para su participación ante
las Comisiones Técnicas y/o los Revisores Urbanos, en
la calificación de proyectos de habilitación urbana; deben
ser arquitectos o ingenieros, colegiados y habilitados.
(…)
10. Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento
(…)
En este sentido, puede interponer acciones ante la
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de
la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI,
contra las municipalidades que incumplan lo dispuesto en
el Decreto Legislativo Nº 1256, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras
Burocráticas.
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
emite opinión vinculante sobre la normativa de su sector
relacionada a las materias de habilitaciones urbanas y
edificaciones.
(…)

Artículo 7.- Definición de licencias de habilitación
y de edificación
(…)
Las licencias citadas pueden ser objeto de prórroga
y revalidación, así mismo de desistimiento de manera
expresa y a solicitud del interesado.
(…)
Artículo 10.- Modalidades de aprobación
1. Modalidad A: Aprobación automática con firma de
profesionales
Para obtener las licencias reguladas por la presente
Ley mediante esta modalidad, se requiere la presentación
ante la municipalidad competente de los requisitos
establecidos en la presente Ley y los demás que
establezca el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación. El cargo de ingreso
constituye la licencia, previo pago del derecho de trámite
correspondiente.
Pueden acogerse a esta modalidad:
(…)
e. La demolición total de edificaciones de hasta tres
(3) pisos de altura, que no cuenten con semisótanos y
sótanos, siempre que no haga uso de explosivos.
f. Las ampliaciones y remodelaciones consideradas
obras menores según lo establecido en el Reglamento
Nacional de Edificaciones.
(…)
i. Las habilitaciones urbanas y las edificaciones
correspondientes a Programas promovidos por el Sector
VIVIENDA, para la reubicación de beneficiarios de
atención extraordinaria del Bono Familiar Habitacional,
establecidos en el numeral 3.2.1 del artículo 3, de la Ley
Nº 27829, Ley que crea el Bono Familiar Habitacional
(BFH).
(…)
2. Modalidad B: Aprobación de Proyecto con
evaluación por la Municipalidad o con evaluación previa
por los Revisores Urbanos
Ley mediante esta modalidad se debe presentar ante
la municipalidad competente el Formulario Único
acompañado de los requisitos establecidos en la presente
Ley y el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana
y Licencias de Edificación.
(…)
La municipalidad cuenta con un plazo de quince (15)
días hábiles para la revisión y calificación del expediente,
para el caso de proyectos de edificación; y, de veinte (20)
días hábiles para proyectos de habilitación urbana, con la
finalidad de garantizar la idoneidad y correcta ejecución
del proyecto; vencido los plazos sin pronunciamiento
se aplica el silencio administrativo positivo. Después
de la calificación del expediente sin observaciones, se
otorga la licencia definitiva que autoriza la continuación
de la ejecución de las obras de habilitación urbana o de
edificación.
Para el caso que el interesado opte por la
aprobación de proyecto con evaluación previa por los
Revisores Urbanos, el cargo de ingreso constituye la
respectiva licencia, previo pago del derecho de trámite
correspondiente.
La calificación técnica que la municipalidad efectúa al
proyecto debe ser conforme, conforme con observaciones
o no conforme, en concordancia con lo dispuesto en el
numeral 5 del artículo 4 de la presente Ley.
(…)
a. Las habilitaciones urbanas de uso residencial de
unidades prediales no mayores de cinco (5) ha., que
constituyan islas rústicas y que conformen un lote único,
siempre y cuando no esté afecto al Plan Vial Provincial o
Metropolitano.
b. La modificación de proyecto de habilitaciones
urbanas o edificaciones que correspondan a etapas de un
proyecto integral aprobado con anterioridad o con plazo
vencido.
c. Las edificaciones para fines de vivienda unifamiliar,
multifamiliar o condominios de vivienda unifamiliar
y/o multifamiliar no mayores a cinco (5) pisos y que no
superen los 3 000 m² de área techada.
d. Las obras de ampliación o remodelación de
una edificación existente, para fines de vivienda, con
modificación estructural, aumento de área techada o
cambio de uso. Asimismo, las demoliciones parciales
sujetas a esta modalidad.
(…)
3. Modalidad C: Aprobación de Proyecto con
evaluación previa por la Comisión Técnica o por los
Revisores Urbanos
(…)
Para el caso que el interesado opte por la evaluación
previa por los Revisores Urbanos, el cargo de ingreso
constituye la respectiva licencia, previo pago del derecho
de trámite correspondiente.
a. Las habilitaciones urbanas que se vayan a ejecutar
por etapas, con sujeción a un proyecto integral de la
misma.
(…)
I. Todas las demás habilitaciones urbanas y
edificaciones que no se encuentren contempladas en las
Modalidades A, B y D.
4. Modalidad D: Aprobación de Proyecto con
Revisores Urbanos
(…)
Para el caso que el interesado opte por la
aprobación del proyecto con evaluación previa por los
Revisores Urbanos, el cargo de ingreso constituye la
respectiva licencia, previo pago del derecho de trámite
correspondiente.
(…)
Las habilitaciones urbanas y edificaciones sujetas a
las modalidades B, C y D, pueden ejecutarse por etapas,
siempre que tengan un proyecto integral aprobado.
(…)
6. Verificación Técnica:
(…)
La Verificación Técnica es obligatoria en el cien por
ciento (100%) de las licencias otorgadas, a excepción de
las licencias comprendidas en el literal g) del numeral 1
del artículo 10.
(…)
Artículo 11.- Vigencia
(…)
La revalidación procede solo para aquellas licencias
emitidas bajo el marco de la presente Ley, por treinta y
seis (36) meses y por única vez.
(…)
Artículo 16.- Requisitos
(…)
Para el caso de proyectos de habilitación urbana
aprobados por los Revisores Urbanos, el administrado
debe presentar ante la municipalidad respectiva el
Informe Técnico favorable, acompañado de los requisitos
previstos para las Modalidades B, C o D, según el caso,
los cuales sirvieron para la revisión y aprobación del
proyecto. El cargo de ingreso constituye la licencia, previo
pago del derecho de trámite correspondiente.
Artículo 17.- Recepción de expediente y
otorgamiento de licencia de habilitación urbana
(…)
Para las modalidades C y D, el funcionario municipal
que recibe el expediente, lo deriva a la dependencia
correspondiente de la municipalidad para realizar su
verificación.
Artículo 21.- Habilitaciones urbanas con
construcción simultánea
En los procedimientos de habilitación urbana se
pueden solicitar la autorización de ejecución de obras de
habilitación urbana con construcción simultánea.

Artículo 22.- Modificaciones al proyecto de
habilitación urbana
(…)
Se considera modificación no sustancial las
habilitaciones urbanas que, en su ejecución, han requerido
el replanteo de lotes, sea en dimensionamiento, superficie
o número, pero que mantienen el esquema aprobado
en la licencia de habilitación urbana; estas pueden ser
sometidas a evaluación previamente a su ejecución o
concluir normalmente su trámite de Recepción de Obras,
respetando las áreas del cuadro de aporte.
(…)
Artículo 24.- Habilitaciones urbanas de oficio
Las municipalidades distritales y las provinciales
o la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el ámbito
del Cercado, declaran la habilitación urbana de oficio de
aquellos predios matrices registralmente calificados como
rústicos ubicados en zonas urbanas consolidadas que
cuenten con edificaciones permanentes destinadas para
vivienda, con equipamiento urbano, de ser el caso, así
como con servicios públicos domiciliarios de agua potable,
desagüe o alcantarillado, energía eléctrica y alumbrado
público, otorgándoles la correspondiente calificación de
urbano de conformidad con su realidad local, y disponen
la inscripción registral del cambio de uso de suelo rústico
a urbano. Estas habilitaciones no se encuentran sujetas
a los aportes de la habilitación urbana; sin embargo, de
existir áreas destinadas a recreación pública, educación,
salud y otros fines, éstas serán consideradas en la
habilitación urbana de oficio e independizadas según
corresponda.
El procedimiento de habilitación urbana de oficio se
inicia con la disposición fundamentada de la municipalidad,
la cual es notificada a los titulares registrales del predio
matriz y a los posesionarios, en la cual se identifica al
predio matriz por reunir las siguientes condiciones:
a) Encontrarse inscrito en el Registro de Predios como
predio rústico.
b) Ubicarse en una zona urbana consolidada que
cuenta con servicios públicos domiciliarios de agua
potable, desagüe o alcantarillado, energía eléctrica y
alumbrado público. El nivel de consolidación será del 90%
del total del área útil del predio matriz.
c) Encontrarse definido el manzaneo y lotización
y ejecutadas las vías y veredas acorde con los
planes urbanos y alineamiento vial, aprobados por la
municipalidad respectiva.
d) En caso de encontrarse afectado por condiciones
especiales, debe encontrarse ejecutada la canalización
de acequias de regadío y respetar las servidumbres de
los cables de red eléctrica de media y alta tensión, de la
vía férrea y la faja marginal de los ríos, de ser el caso.
La habilitación urbana de oficio se aprueba mediante
Resolución Municipal, disponiéndose la inscripción
registral del cambio de uso rústico a urbano del predio
matriz.
La inscripción individual registral de los lotes
resultantes de la habilitación urbana de oficio es
gestionada por el titular registral, por los posesionarios,
o por la organización con personería jurídica que agrupe
a la totalidad de titulares o posesionarios. En caso de
predios matrices en copropiedad o coposesión, basta con
el consentimiento expreso del 50% más uno del total de
los mismos.
Las municipalidades pueden rectificar y/o determinar
áreas, linderos y/o medidas perimétricas inscritas
que discrepen con las resultantes del levantamiento
topográfico que se realicen en el procedimiento de
habilitación urbana de oficio.
Las causales de procedencia e improcedencia, el
órgano responsable, el contenido del expediente técnico,
el procedimiento y demás condiciones para obtener
de las municipalidades la habilitación urbana de oficio
se establecerán en el Reglamento de Licencias de
Habilitación Urbana y Licencias de Edificación.
(…)
Para la Modalidad A:
(…)
Paraelcasodeampliaciones,remodelaciones,asícomo
obras menores, solo deben presentar: plano de ubicación
y arquitectura y la declaración jurada de habilitación
profesional del arquitecto responsable del proyecto; o
puede optar por la adquisición de un proyecto del banco de
proyectos de la municipalidad. Esta documentación debe
ser presentada, también, en un archivo digital.
En la demolición total de edificaciones hasta tres (3)
pisos, siempre que no constituyan parte integrante del
Patrimonio Cultural de la Nación o que no requieran el uso
de explosivos, se debe presentar la Carta de Seguridad
de obra firmada por un ingeniero civil, acompañando
declaración jurada de habilitación profesional.
En los casos de las obras de las edificaciones de
carácter militar de las Fuerzas Armadas, de carácter
policial de la Policía Nacional del Perú, de establecimientos
de reclusión penal, de Universidades Nacionales, de
establecimientos de salud estatales e instituciones
educativas estatales, las que deberán ejecutarse con
sujeción a los Planes de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano, solo presentarán lo señalado en el
literal a. que antecede, así como el plano de ubicación y
memoria descriptiva.
(…)
Para las Modalidades C y D:
(…)
f. Documentación técnica compuesta por planos
de arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas,
instalaciones sanitarias y otras, de ser el caso. Se debe
presentar como parte de los planos de proyecto de
estructuras, según sea el caso, el plano de sostenimiento
de excavaciones, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 33 de la Norma E 050 del Reglamento Nacional de
Edificaciones y además en el caso de edificaciones situadas
en laderas; acompañado de la memoria descriptiva en la
cual se precise las características de la misma, además de
las edificaciones colindantes indicando el número de pisos
y sótanos, complementando con fotos; asimismo, el estudio
de mecánica de suelos. Asimismo, se debe presentar como
parte del proyecto de arquitectura el plano de seguridad y
evacuación cuando se requiera.
(…)
Para el caso de proyectos de edificación aprobados
por los Revisores Urbanos, el administrado debe presentar
ante la municipalidad respectiva el Informe Técnico
favorable, acompañado de los requisitos previstos para
las Modalidades B, C o D, según el caso, los cuales
sirvieron para la revisión y aprobación del proyecto. El
cargo de ingreso constituye la licencia, previo pago del
derecho de trámite correspondiente.
Artículo 25-A.- Anteproyecto en Consulta
(…)
e. Plano de seguridad, que contenga las
consideraciones de distancias de recorrido, aforo,
anchos de pasillo y señalización correspondiente a la
evacuación, de acuerdo a la modalidad de aprobación
que corresponda.
(…)
Artículo 28-B.- Edificación Terminada
Una vez terminadas las obras pendientes de ejecución
y aprobada la Conformidad de Obra y Declaratoria de
Edificación Anticipadas, el administrado solicita a la
municipalidad respectiva la declaración de la edificación
terminada.
Asimismo, una vez terminadas las obras pendientes
de ejecución el administrado puede hacer entrega de las
unidades inmobiliarias.
(…)
Artículo 30.- De la regularización de habilitaciones
urbanas y de edificaciones ejecutadas sin licencia
municipal
Las habilitaciones urbanas ejecutadas hasta el 17
de septiembre de 2018, sin la correspondiente licencia,
así como las edificaciones ejecutadas desde el 01 de
enero de 2017 hasta el 17 de septiembre de 2018, son
regularizadas de forma individual por las municipalidades.
Los procedimientos y requisitos son establecidos en
el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y
Licencias de Edificación y pueden ser desarrollados

siempre que cumplan con la normatividad vigente a
la fecha de su construcción o, en caso que sea más
favorable, con la normativa vigente.
Del mismo modo, las habilitaciones urbanas y las
edificaciones ejecutadas sin licencia hasta el 17 de
septiembre de 2018, también pueden ser regularizadas
de forma conjunta por las municipalidades.
La regularización de habilitaciones urbanas y
edificaciones es aplicable cuando se trate de bienes
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, siempre
que cumplan con las normas vigentes sobre la materia.
La resolución de regularización que expida la
municipalidad debe aprobar la habilitación urbana
y la recepción de obras, así como la edificación y la
conformidad de obra y declaratoria de edificación,
respectivamente, o en conjunto, según corresponda.
(…)
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera. - Adecuación de Reglamentos
Mediante Decreto Supremo, con refrendo del Ministro
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se adecúa
a la presente norma, el Reglamento de Licencias de
Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, aprobado
por Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, a las
modificaciones del presente Decreto Legislativo, en un
plazo no mayor de ciento ochenta (180) días calendario,
contado a partir de su vigencia.
Segunda. - Refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por
el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Tercera.- Responsabilidad de los Colegios
Profesionales
Los Colegios Profesionales de Arquitectos e
Ingenieros implementan las acciones necesarias para
que sus delegados acreditados ante la Comisión Técnica
y Revisor Urbano, cuenten con la capacitación necesaria
para la evaluación de los aspectos de seguridad que
presenten los proyectos de habilitaciones urbanas o
edificaciones, bajo responsabilidad.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
TRANSITORIAS
Primera.- Procedimientos administrativos
iniciados antes de la entrada en vigencia de la
presente norma
Los procedimientos administrativos iniciados al
amparo de la normativa anterior a la entrada en vigencia
de la presente norma se regirán por la normativa
correspondiente hasta su culminación, salvo que, por
solicitud escrita del administrado, se acoja a lo establecido
en la presente norma.
Segunda.- Participación de los delegados ad hoc
de CENEPRED
Los delegados ad hoc del CENEPRED, que participan
ante la Comisión Técnica o Revisor Urbano, ejercen sus
funciones hasta el 31 de diciembre de 2018, a partir de
la cual la revisión de los proyectos de edificaciones, en
aspectos de seguridad, estará a cargo de los delegados
miembros de la Comisión Técnica, según su especialidad,
pudiendo dicho plazo ampliarse mediante Decreto
Supremo.
Tercera.- Participación de los delegados de
CAPECO
Los representantes de CAPECO ante la Comisión
Técnica de Habilitaciones Urbanas pueden ejercer sus
funciones en la revisión de los proyectos presentados,
hasta la culminación del periodo para el cual fueron
acreditados, pudiendo seguir participando en los
procedimientos administrativos iniciados en dicho periodo
hasta la culminación de los mismos.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
Única.- Derogatoria
Deróganse el literal b) del numeral 7 del artículo 4,
los literales e. y m. del artículo 16; el tercer párrafo del
artículo 17; el artículo 23; el artículo 24-A; el artículo 24-B;
el artículo 24-C; el literal g. de la modalidad B, el literal j.
de la modalidad C y D del artículo 25; el último párrafo
del artículo 25-A; y, el segundo párrafo del artículo 36 de
Urbanas y de Edificaciones.
POR TANTO:
Mando que se publique y cumpla, dando cuenta al
Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince
días del mes de setiembre del año dos mil dieciocho.
CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
JAVIER PIQUÉ DEL POZO
1692078-1
decreto legislativo
Nº 1427
POR CUANTO:
Que, mediante Ley N° 30823, Ley que delega en el
Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de gestión
económica y competitividad, de integridad y lucha contra
la corrupción, de prevención y protección de personas en
situación de violencia y vulnerabilidad y modernización de la
gestión del Estado, el Congreso de la República ha delegado
en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre dichas
materias por un plazo de sesenta (60) días calendario;
Que, el literal k) del inciso 1) del artículo 2 del citado
dispositivo legal, establece que el Poder Ejecutivo está
facultado para, entre otros, implementar mecanismos de
transparencia sobre los beneficiarios finales y regular
la extinción de sociedades inactivas, para prevenir y
combatir el fraude tributario y los delitos económicos;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104
de la Constitución Política del Perú y en ejercicio de las
facultades delegadas, de conformidad con el literal k) del
inciso 1 del artículo 2 de la Ley N° 30823;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
decreto legislativo QUe regUla la
eXtiNciÓN de las sociedades Por
ProloNgada iNactividad
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES INICIALES
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto regular
la extinción de sociedades por prolongada inactividad.
Artículo 2.- Finalidad
El presente Decreto Legislativo tiene por finalidad
contribuir a la prevención del fraude tributario y los delitos
económicos; así como depurar, actualizar y ordenar la
información que brinda el Registro de Personas Jurídicas
de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
respecto de las sociedades inscritas.
Artículo 3.- Acrónimos
En el presente Decreto Legislativo se utilizan los
siguientes acrónimos:
1. AAT: Autoridad Administrativa de Trabajo
2. SBS: Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 29090,
LEY DE REGULACIÓN DE HABILITACIONES
URBANAS Y DE EDIFICACIONES
fecha 28 de febrero de 2017.
ANTECEDENTES:
 Ley N° 29300
Ley que modifica el primer párrafo del artículo 30º de la ley nº 29090, ley de regulación de
habilitaciones urbanas y de edificaciones.
 Ley N° 29898
Ley que modifica la ley 29090, ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones
y establece el procedimiento de habilitación urbana de oficio.
 Decreto Legislativo N° 1225
Decreto legislativo que modifica la ley nº 29090, ley de regulación de habilitaciones urbanas
y de edificaciones.
 Ley N° 30494
Ley que modifica la ley 29090, ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones.

34 NORMAS LEGALES Martes 28 de febrero de 2017 / El Peruano
Que, teniendo en cuenta lo antes expuesto,
corresponde adecuar la conformación del COPAL –
PERÚ, así como los demás extremos de la Resolución
Suprema Nº 006-2015-MINEDU que resultan pertinentes;
De conformidad con el inciso 8) del artículo 118 de
la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 29158, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo
Nº 1335, que modifica la entidad a cargo del desarrollo
de la infraestructura, equipamiento y las operaciones
para los “XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos
Parapanamericanos – Lima 2019”;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificación de los artículos 2, 3, 4 y 6
de la Resolución Suprema Nº 006-2015-MINEDU
Modificar los artículos 2, 3, 4 y 6 de la Resolución
Suprema Nº 006-2015-MINEDU, los mismos que
quedarán redactados de la siguiente manera:
“Artículo 2.- Formalización y objeto del Comité
Organizador
Formalícese la creación del grupo de trabajo
denominado “Comité Organizador de los XVIII Juegos
Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos
del 2019 (COPAL - PERÚ)”, adscrito al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, encargado de llevar a
cabo la organización y las actividades necesarias para la
realización del citado evento deportivo.
Artículo 3.- Conformación del COPAL – PERÚ
El COPAL - PERÚ está conformado por los siguientes
miembros:
- Dos representantes del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, uno de los cuales presidirá.
- Dos representantes de la Municipalidad Metropolitana
de Lima.
- Un representante del Gobierno Regional del Callao.
- El Presidente del Comité Olímpico Peruano.
- Un representante del Comité Olímpico Peruano.
- Un representante del Instituto Peruano del Deporte.
- Un representante del Ministerio de Economía y
Finanzas.
- Un representante del Ministerio de Educación.
- Un representante del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.
- Un representante del Comité Olímpico Internacional
– COI.
- Un representante de la Asociación Nacional
Paralímpica del Perú - ANPP.
Los referidos representantes serán designados
mediante comunicación escrita del titular de la entidad
u organización, en un plazo no mayor de cinco (5)
días calendario de publicada la presente resolución
suprema.
A propuesta de cualquiera de los integrantes del
COPAL - PERÚ, y por acuerdo de este adoptado por
mayoría simple, se podrá incorporar otros miembros al
grupo de trabajo, con voz.
Los miembros del COPAL - PERÚ y la Secretaría
Técnica del grupo de trabajo ejercen su cargo ad honorem
sin demandar mayores gastos al Tesoro Público.”
“Artículo 4.- Secretaría Técnica del COPAL - PERÚ
La Secretaría Técnica del COPAL - PERÚ recaerá en
el personal del Proyecto Especial para la preparación y
desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019,
que el Director Ejecutivo designe mediante comunicación
escrita para tales efectos.”
“Artículo 6.- Instalación y Vigencia
(...) Al término de dicho periodo, el COPAL – PERÚ
deberá presentar ante el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, un Informe Final que incluya los
resultados de las acciones realizadas.”
Artículo 2.- Refrendo
La presente resolución suprema será refrendada por
el Ministro de Transportes y Comunicaciones, el Ministro
de Economía y Finanzas, la Ministra de Educación y el
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Encargado del Despacho del
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministro de Transportes y Comunicaciones
MARILÚ DORIS MARTENS CORTÉS
Ministra de Educación
EDMER TRUJILLO MORI
1491051-18
VIVIENDA, CONSTRUCCION
Y SANEAMIENTO
Decreto Supremo que aprueba el Texto
Único Ordenado de la Ley N° 29090, Ley de
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de
Edificaciones
DECRETO SUPREMO
CONSIDERANDO:
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, tiene por objeto
establecer la regulación jurídica de los procedimientos
administrativos para la independización de predios
rústicos, subdivisión de lotes, obtención de las licencias
de habilitación urbana y de edificación; fiscalización en
la ejecución de los respectivos proyectos; y la recepción
de obras de habilitación urbana y la conformidad de obra
y declaratoria de edificación; garantizando la calidad de
vida y la seguridad jurídica privada y pública; así como,
establece el rol y responsabilidades de los diversos
actores vinculados en los procedimientos administrativos,
en adelante la Ley;
Que, la Ley, ha sido modificada por las Leyes N°s.
29300, 29476, 29566, 29898, 30056, 30230, el Decreto
Legislativo N° 1225, la Ley N° 30494 y por el Decreto
Legislativo N°.1287;
Que, a través de la modificación efectuada a la Ley,
mediante el Decreto Legislativo N°.1287, se establecieron
medidas adicionales de simplificación de los requisitos
y agilizar los diversos procedimientos administrativos
relacionados con la obtención de licencias de habilitación
urbana y de edificación;
Que,asimismo,laTerceraDisposiciónComplementaria
Final del citado Decreto Legislativo N° 1287, se facultó
al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
para aprobar mediante Decreto Supremo, el Texto Único
Ordenado de la Ley, dentro de un plazo de sesenta (60)
días calendario, contado a partir de su vigencia;
Que, en consecuencia, corresponde aprobar el
Texto Único Ordenado de la Ley, el cual consolida las
modificaciones realizadas a la Ley, con la finalidad de
contar con un único texto que contenga de modo integral
los dispositivos legales relativos a los procedimientos
administrativos de habilitaciones urbanas y de
edificaciones;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; el numeral

35NORMAS LEGALESMartes 28 de febrero de 2017El Peruano /
3 del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo; la Ley Nº 30156, Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento; y el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo Nº
010-2014-VIVIENDA, modificado por el Decreto Supremo
Nº 006-2015-VIVIENDA;
DECRETA:
Aprobar el Texto Único Ordenado de la Ley Nº
29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y
de Edificaciones, cuyo texto consta de cinco (5) Títulos,
cuarenta y uno (41) artículos, una (1) Disposición
Transitoria y nueve (9) Disposiciones Finales, que son
parte integrante del presente Decreto Supremo.
El presente Decreto Supremo es refrendado por el
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete
días del mes de febrero del año dos mil diecisiete.
EDMER TRUJILLO MORI
TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY Nº 29090, LEY
DE REGULACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS Y
DE EDIFICACIONES
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto de la Ley
La presente Ley tiene el objeto de establecer la
regulación jurídica de los procedimientos administrativos
para la independización de predios rústicos, subdivisión
de lotes, obtención de las licencias de habilitación
urbana y de edificación; fiscalización en la ejecución de
los respectivos proyectos; y la recepción de obras de
habilitación urbana y la conformidad de obra y declaratoria
de edificación; garantizando la calidad de vida y la
seguridad jurídica privada y pública.
Establece el rol y responsabilidades de los diversos
actores vinculados en los procedimientos administrativos
de la presente Ley.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación y principios
2.1 Los procedimientos administrativos, regulados en
la presente Ley, son únicos y de aplicación obligatoria a
nivel nacional; además, determinan las responsabilidades
de los sujetos implicados en los procedimientos de
habilitación urbana y de edificación. Ninguna persona o
entidad, además de las descritas en la presente Ley, podrá
participar, directa o indirectamente, en la aprobación y
ejecución de habilitaciones urbanas y edificaciones.
2.2 Los requisitos establecidos en la presente Ley
y su reglamento, se aplican a nivel nacional. El retraso
administrativo en la tramitación del expediente no
autoriza que se le exija al solicitante la actualización de
la documentación que fuera presentada en la fecha de
ingreso del expediente ante la municipalidad respectiva.
Cualquier requerimiento o requisito adicional a lo
previsto en los procedimientos de la presente Ley y su
Reglamento, constituye una barrera burocrática ilegal.
2.3 Numeral derogado por el artículo 14 de la Ley
Nº 29476, publicada el 18 diciembre de 2009.
2.4 Los procedimientos administrativos, regulados en
la presente Ley, se sujetan a lo siguiente:
a. Principio de Unidad.- Las normas que se expidan,
a partir de la presente Ley, deberán guardar coherencia
con el ordenamiento jurídico, de forma tal que las
normas que lo conforman se integren armónicamente
evitando contradicciones. De existir discrepancias entre
la presente Ley y alguna otra norma que se expida sobre
procedimientos administrativos regulados en esta, el
orden de prelación para su aplicación es:
a.1) La Ley Nº 29090.
a.2) Los reglamentos de la Ley Nº 29090.
a.3) Las normas de carácter nacional.
a.4) Las normas de carácter local provincial.
a.5) Las normas de carácter local distrital.
Debiendo mantenerse obligatoriamente este orden de
prelación. Esta disposición es de orden público.
b. Principio de Transparencia.- El régimen normativo
debe ser explícito y público para los sujetos involucrados
en los procedimientos contenidos en la presente Ley.
c. Principio de Participación.- Intervención conjunta
del Gobierno Nacional, local y de las organizaciones
representativas de los profesionales y de las actividades
vinculadas a la presente Ley.
d. Principio de Subordinación.- En los procedimientos
de habilitación urbana y de edificación deberá primar el
interés general sobre el interés particular, a fin de lograr
un desarrollo urbano armónico.
Los procedimientos establecidos en la presente Ley,
con excepción del procedimiento de habilitación urbana
de oficio, están sujetos al silencio administrativo positivo.
Vencido el plazo que tiene la Municipalidad para
identificar y notificar observaciones y/o documentación
faltante que impida la calificación del expediente según
lo establecido en la Ley Nº 27444, la Municipalidad no
puede invocar el incumplimiento de algún requisito y/o
una observación formal, para la no aplicación del silencio
administrativo positivo.
Para los fines de la presente Ley, entiéndase por:
1. Habilitación urbana
El proceso de convertir un terreno rústico o eriazo en
urbano, mediante la ejecución de obras de accesibilidad,
de distribución de agua y recolección de desagüe,
de distribución de energía e iluminación pública.
Adicionalmente, el terreno puede contar con redes para
la distribución de gas y redes de comunicaciones. Este
proceso requiere de aportes gratuitos y obligatorios
para fines de recreación pública, que son áreas de uso
público irrestricto; así como para servicios públicos
complementarios, para educación, salud y otros fines,
en lotes regulares edificables que constituyen bienes de
dominio público del Estado, susceptibles de inscripción en
el Registro de Predios de la Superintendencia Nacional de
los Registros Públicos.
El Reglamento Nacional de Edificaciones establece
la extensión mínima de la habilitación en la que aplica el
aporte para salud, así como el porcentaje respectivo.
Están exonerados de realizar aportes reglamentarios
los proyectos de inversión pública, de asociación público-
privada o de concesión que se realicen para la prestación
de servicios públicos esenciales o para la ejecución de
infraestructura pública.
Para efectos de la presente Ley, se consideran los
siguientes procedimientos de Habilitación Urbana:
a. Habilitación Urbana Nueva: Aquella que se realiza
sobre un terreno rústico. Puede ser ejecutada por
etapas; con venta garantizada de lotes, con construcción
simultánea de vivienda y/o del tipo progresivo.
b. Habilitación Urbana Ejecutada: Aquella que se ha
ejecutado sin contar con la respectiva licencia antes de la
entrada en vigencia de la presente Ley. Su aprobación se
realiza en vías de regularización de habilitaciones urbanas
ejecutadas y de ser el caso, la recepción de las obras.
c. Reurbanización: Proceso a través del cual se
recompone la trama urbana existente, mediante la
reubicación o redimensionamiento de las vías; puede

incluir la acumulación y posterior subdivisión de
lotes, la demolición de edificaciones y cambios en la
infraestructura de servicios; están sujetos a los trámites
de una habilitación urbana con construcción simultánea y
no están sujetos a los aportes adicionales a los existentes.
2. Edificación
Resultado de construir una obra sobre un predio,
que cuente como mínimo con proyecto de habilitación
urbana aprobado; y, cuyo destino es albergar al hombre
en el desarrollo de sus actividades. Comprende las
instalaciones fijas y complementarias adscritas a ella.
Para efectos de la presente Ley, se considerarán las
siguientes obras de edificación:
a. Edificación nueva:Aquella que se ejecuta totalmente
o por etapas, sobre un terreno sin construir.
b. Ampliación: Obra que se ejecuta a partir de una
edificación preexistente, incrementando el área techada.
Puede incluir o no la remodelación del área techada
existente.
c. Remodelación: Obra que modifica total o
parcialmente la tipología y/o el estilo arquitectónico
original de una edificación existente.
d. Refacción: Obra de mejoramiento y/o renovación de
instalaciones, equipamiento y/o elementos constructivos.
No altera el uso, el área techada, ni los elementos
estructurales de la edificación existente.
e. Acondicionamiento: Trabajos de adecuación de
ambientes a las necesidades del usuario, mediante
elementos removibles, como tabiquería, falsos cielos
rasos, ejecución de acabados e instalaciones.
f. Puesta en valor histórico monumental: Obra que
comprende, separada o conjuntamente, trabajos de
restauración, recuperación, rehabilitación, protección,
reforzamiento y mejoramiento de una edificación.
ElMinisteriodeCulturadeberemitiralamunicipalidad
distrital, provincial y a la Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos - SUNARP, el inventario de
bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural
de la Nación y su área de influencia de ser el caso,
para los fines a que se contrae en el artículo 29 de la
Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de
la Nación.
Toda disposición que afecte las condiciones
edificatorias y urbanísticas específicas para las
construcciones localizadas en el entorno de bienes
inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la
Nación, sólo serán de aplicación, si previamente han
sido incorporadas y aprobadas en el Plan de Desarrollo
Urbano de la circunscripción correspondiente.
g. Cerco: Obra que comprende exclusivamente la
construcción de muros perimétricos en un terreno y vanos
de acceso siempre que lo permita la municipalidad.
h. Demolición: Acción mediante la cual se elimina total
o parcialmente una edificación existente.
3. Zona urbana consolidada
Aquella constituida por predios que cuentan con
servicios públicos domiciliarios instalados, pistas,
veredas e infraestructura vial, redes de agua, desagüe
o alcantarillado y servicios de alumbrado público. Para
efectos del procedimiento de Habilitación Urbana de
Oficio, el nivel de consolidación de los predios debe
ser mínimo del 90% del total del área útil del predio
matriz.
4. Servicios públicos domiciliarios
Dotación de servicios de agua, desagüe y energía
eléctrica conectados a un predio independiente; así
como, servicios de comunicación y gas, de considerarlo
el habilitador.
5. Predio matriz
Unidad inmobiliaria independiente debidamente
inscrita en la oficina registral como terreno rústico.
6. Instalaciones fijas y permanentes
Aquellas construidas con albañilería y concreto
o adobe, que tengan servicios públicos domiciliarios
instalados.
7. Independización o Parcelación de Terreno
Rústico
Partición de un predio rústico ubicado en áreas
urbanas o de expansión urbana, en una o más parcelas,
con áreas superiores a una (1) hectárea.
procedimientos y plazos para su tramitación.
8. Subdivisión de Predio Urbano
Subdivisión o fraccionamiento de un lote habilitado
como urbano en uno o varios lotes que cumplen los
parámetros y condiciones urbanísticas establecidos en el
Plan Urbano o norma urbanística que corresponda de la
jurisdicción donde se localice.
procedimientos y plazos para su tramitación.
9. Planeamiento Integral
Instrumento técnico-normativo mediante el cual
se asigna zonificación y vías primarias con fines de
integración al área urbana, a aquellos predios rústicos
no comprendidos en los Planes de Desarrollo Urbano o
localizados en centros poblados que carezcan de Planes
de Desarrollo Urbano y/o Zonificación. En este caso
el Planeamiento Integral es aprobado por Ordenanza
Municipal de la Municipalidad Provincial.
Los planeamientos integrales serán aprobados por
las comisiones técnicas de las Municipalidades Distritales
cuando corresponda solo a diseño de vías locales.
Asimismo, se requiere el Planeamiento Integral con
fines de habilitación urbana en los casos que los predios
estén comprendidos en los Planes de Desarrollo Urbano
y/o Zonificación, y que:
a. El área por habilitar se desarrolle por etapas.
b. El área por habilitar no colinde con zonas habilitadas.
c. Se realice la independización o la parcelación de un
predio rústico.
procedimientos, plazos de tramitación y vigencia del
Planeamiento Integral.
10. Conformidad de Obra y Declaratoria de
Edificación
Procedimiento por el cual se determina que la obra
o las obras pendientes de ejecución, se han concluido
conforme a los planos aprobados. Para viviendas
multifamiliares, la conformidad de obra se puede otorgar
a nivel de casco habitable.
11. Conformidad de Obra y Declaratoria de
Edificación Anticipadas
Procedimiento por el cual se determina que la obra de
edificación de proyectos de vivienda, oficina y comercio,
se ha ejecutado conforme a los planos aprobados a un
nivel de casco no habitable.
Las características de las edificaciones a nivel de
casco habitable y casco no habitable se desarrollan en
el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y
Licencias de Edificación.
TÍTULO II
ACTORES
Artículo 4.- Actores y responsabilidades
Los actores son las personas naturales o jurídicas, y
las entidades públicas que intervienen en los procesos de
habilitación urbana y de edificación. Éstos son:
1. El Promotor Inmobiliario o Habilitador Urbano
Es la persona natural o jurídica, pública o privada, que
ejecuta la obra directamente o bajo contrato con terceros;
asimismo, administra, promueve, habilita y comercializa
un proyecto y/o edificación.
2. Los propietarios
Son las personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas, que ejercen el derecho de propiedad sobre el

terreno rústico o urbano que será objeto de los proyectos
de habilitación urbana y de edificación.
3. Profesionales responsables del proyecto
Según su especialidad son: El arquitecto, para el
proyecto de arquitectura y/o de habilitación urbana;
el ingeniero civil, para el proyecto de estructuras en
edificaciones,ydepavimentaciónenhabilitacionesurbanas;
el ingeniero sanitario, para el proyecto de instalaciones
sanitarias; el ingeniero electricista o electromecánico, para
el proyecto de instalaciones eléctricas y electromecánicas.
En el caso que se necesiten proyectos especializados
como seguridad integral, redes de información y otros, se
requerirá la participación del profesional especialista.
Los arquitectos e ingenieros deben ser colegiados
hábiles, a la fecha de presentación del proyecto.
4. Responsable de la habilitación urbana y/o
edificación
Es la persona natural o jurídica responsable de la
ejecución de la obra, de las medidas de seguridad y fallas
de la construcción, incluyendo las obras realizadas por
subcontratistas, y por el uso de materiales o insumos
defectuosos, sin perjuicio de las acciones legales que
puedan repetirse en contra de los proveedores fabricantes
o subcontratistas.
5. Comisión Técnica
Es el órgano colegiado regulado por la Ley Nº 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, cuya
función es emitir dictámenes de carácter vinculante para
el otorgamiento o no de una autorización o licencia de
habilitación urbana y edificación en las modalidades C y
D. Los integrantes de las Comisiones Técnicas deberán
ser profesionales especialistas, colegiados y habilitados.
Las Comisiones Técnicas se desempeñan dentro del
ámbito físico y administrativo de las municipalidades.
licencia para habilitaciones urbanas, la Comisión Técnica
está conformada por:
a. Un (1) representante de la municipalidad a cuya
jurisdicción corresponde la solicitud, quien la preside.
b. Un (1) representante del Colegio de Arquitectos del
Perú - CAP.
c. Un (1) representante del Colegio de Ingenieros del
Perú - CIP.
d. Un (1) representante de la Cámara Peruana de la
Construcción - CAPECO en aquellas localidades donde
dicha institución tenga representación.
e. Los representantes de las entidades prestadoras de
los servicios públicos.
licencia para edificaciones, está conformada por:
Un (1) representante de la municipalidad, quien la
preside.
Dos (2) representantes del Colegio de Arquitectos del
Perú.
Tres (3) representantes del Colegio de Ingenieros del
Perú, con las especialidades de civil, sanitario y eléctrico
o electromecánico.
Los dictámenes de las Comisiones Técnicas
se ceñirán al cumplimiento de lo establecido en el
Reglamento Nacional de Edificaciones y en los parámetros
urbanísticos y edificatorios establecidos en los planes
urbanos y reflejados en los Certificados de Zonificación
y Vías y en los Certificados de Parámetros Urbanísticos
y Edificatorios, así como, la normativa aplicable vigente.
El dictamen de la Comisión Técnica se emite por mayoría
simple de los delegados asistentes, estos pueden ser:
- Conforme.
- Conforme con Observaciones.
- No Conforme.
El Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y
Licencias de Edificación establece las condiciones para
cada tipo de dictamen.
Las municipalidades distritales, y en su caso las
provinciales, podrán acordar entre ellas, y con las
entidades integrantes de las Comisiones Técnicas, la
conformación y disponibilidad de una Comisión Técnica
Común para la revisión de los proyectos presentados en
sus jurisdicciones. Cada colegio profesional seleccionará
a sus delegados mediante concurso interno de méritos y
los acreditará ante la Comisión Técnica correspondiente
con credenciales emitidas por sus filiales, en las que
deberá consignarse su calidad (calificador, titular o
alterno), su especialidad y el período en que ejercerá el
cargo.
Las entidades prestadoras de servicios de agua y
alcantarillado, energía eléctrica, redes de comunicación
y gas, designarán a sus delegados ante la Comisión
Técnica.
Las instituciones con funciones específicas designarán
a su delegado ad hoc ante la Comisión Técnica.
6. Los Revisores Urbanos
6.1 El Revisor Urbano es el profesional arquitecto
o ingeniero certificado por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento - MVCS para verificar que
los proyectos de habilitación urbana y/o anteproyectos y
proyectos de edificación de los interesados que se acojan
a las Modalidades B, C o D, para el otorgamiento de las
licencias que establece la presente Ley, cumplan con las
disposiciones urbanísticas y/o edificatorias que regulan el
predio materia de trámite, de conformidad con las normas
de acondicionamiento territorial y/o de desarrollo urbano,
el Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas
que sean de competencia para el proyecto.
El profesional que ejerza como Revisor Urbano
debe agruparse o asociarse, siendo responsabilidad del
Arquitecto o Ingeniero Civil la coordinación con los demás
especialistas intervinientes para la emisión del Informe
Técnico, suscrito por cada revisor urbano de acuerdo a
su especialidad, su ejercicio es colegiado, a nivel nacional
y se rige por lo establecido en la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.
Cada Revisor Urbano es autónomo en el ejercicio
de sus funciones y responsable de su especialidad,
conforme a la presente Ley. No puede emitir opinión
respecto de una especialidad distinta para la que se
encuentre registrado ni sobre aquellos proyectos en que
participe directa o indirectamente, sea por vínculo laboral,
contractual o familiar, siendo este hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad.
6.2 Los profesionales que se desempeñan como
Revisores Urbanos deben estar inscritos en el Registro
Nacional de Revisores Urbanos del MVCS, que para
dichos efectos, implemente el citado Ministerio.
El MVCS capacita, certifica e inscribe a los
profesionales arquitectos o ingenieros que soliciten su
inscripción en el Registro respectivo, así como supervisa
y sanciona a los Revisores Urbanos.
El Reglamento de Revisores Urbanos establece
los procedimientos correspondientes a la capacitación,
certificación, registro, supervisión y otros que sean
necesarios para la implementación y funcionamiento del
Registro Nacional de Revisores Urbanos del MVCS.
7. Delegados Ad hoc
Son delegadosAd hoc los designados por instituciones,
con funciones específicas para la calificación de proyectos
de habilitación urbana y de edificación ante la Comisión
Técnica, ante los Revisores Urbanos o ante la entidad
municipal competente.
Las instituciones con funciones específicas designan
Delegados Ad hoc en los siguientes casos:
a. Ministerio de Cultura - MC (Antes Instituto Nacional
de Cultura - INC) para proyectos de habilitación urbana
y/o de edificación en los bienes inmuebles integrantes
del Patrimonio Cultural de la Nación o ubicados en
el entorno de dichos inmuebles o predios, según
corresponda.
La opinión favorable del Delegado Ad Hoc del MC
en los proyectos citados en el párrafo que antecede, es
necesaria para su aprobación, de acuerdo al artículo 22

de la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural
de la Nación.
b. El Centro Nacional de Estimación, Prevención
y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED,
para los proyectos de edificación establecidos en las
modalidades C y D, de uso diferente al residencial y
de concurrencia masiva de público; y para aquellas
habilitaciones urbanas que se ubican en zonas de riesgo,
únicamente si han sido identificadas previamente como
tales a través del plan urbano municipal. El CENEPRED
cuenta con la colaboración del Cuerpo General de
Bomberos Voluntarios del Perú - CGBVP, en la forma que
establezca el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación.
En los proyectos de uso residencial mayores a cinco
(5) pisos, la verificación del cumplimiento de las normas
de seguridad puede ser efectuada por el delegado de
la especialidad de arquitectura de la Comisión Técnica
si éste se encuentra debidamente designado por el
CENEPRED para dicha verificación. De no ser así, se
convocará al delegado ad hoc de la citada entidad.
No requerirán pronunciamiento de seguridad, del
delegado ad hoc del CENEPRED, de la Comisión
Técnica ni del Revisor Urbano, las edificaciones para
uso residencial de más de cinco (5) pisos en las cuales la
circulación común llegue solo hasta el quinto piso y el(los)
piso(s) superior(es) forme(n) una unidad inmobiliaria.
c. Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
por el Estado - SERNANP, para proyectos de habilitación
urbana, con la finalidad de conservación de las áreas
naturales protegidas, con sujeción al Plan Urbano.
8. Delegados de Servicios Públicos
Las entidades y/o empresas prestadoras de
servicios remitirán a las municipalidades así como a
los colegios profesionales, la relación de Delegados de
Servicios Públicos acreditados para su participación
en las Comisiones Técnicas y ante Revisores Urbanos,
respectivamente, para proyectos de habilitación urbana.
9. Las municipalidades
Las municipalidades distritales, en el ámbito de
su jurisdicción, las municipalidades provinciales y la
Municipalidad Metropolitana de Lima, en el ámbito del
Cercado, tienen competencia para la aprobación de
proyectos de habilitación urbana y de edificación, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades.
Corresponde a las citadas municipalidades,
conforme su jurisdicción, competencias y atribuciones, el
seguimiento, supervisión y fiscalización en la ejecución de
los proyectos contemplados en las diversas modalidades
establecidas en la presente Ley.
10. Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento
En su condición de ente rector, es competente
para diseñar, normar y ejecutar la política nacional en
materia de vivienda; promover la actividad edificadora y
urbanizadora, así como supervisar el cumplimiento de la
presente Ley y sus reglamentos a nivel nacional.
En este sentido, podrá interponer acciones ante la
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de
la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI,
contra las municipalidades que incumplan los plazos,
efectúen una inadecuada determinación de los derechos
de tramitación de los procedimientos administrativos
o exijan requisitos adicionales a los establecidos en la
presente Ley.
De igual forma, cuenta con potestad para sancionar a
los Revisores Urbanos, en el ámbito de su competencia,
constituyendo infracciones pasibles de sanción, las
conductas que incumplan las normas establecidas en la
presente Ley, sus reglamentos y demás normas de la
materia.
La tipificación de infracciones se desarrolla en
el Reglamento de los Revisores Urbanos, mediante
Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, las cuales se clasifican en
leves, graves y muy graves.
Las sanciones que puede aplicar a los Revisores
Urbanos son:
a) amonestación escrita;
b) inhabilitación temporal; e,
c) inhabilitación definitiva de sus funciones como
Revisor Urbano.
11. El Registrador Público
Es el funcionario encargado de inscribir en el Registro
de Predios, los documentos previos, los dictámenes
e informes técnicos correspondientes a proyectos de
habilitación urbana y/o edificación, las resoluciones de
licencias, la recepción de obras de habilitación urbana,
las declaratorias de edificación y los demás actos que
ameriten inscripción, de conformidad con los requisitos
y procedimientos establecidos en la presente Ley, bajo
responsabilidad.
12. Colegio de Arquitectos del Perú y Colegio de
Ingenieros del Perú
Son instituciones autónomas con personería
jurídica de derecho público interno representativas de
las profesiones de arquitectura e ingeniería en el país
y que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 8 del
artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, ejercen funciones
administrativas en los procesos de habilitación urbana y
de edificación, en los términos señalados en la presente
Ley y sus normas reglamentarias.
Tienen a su cargo la capacitación, certificación, registro
y fiscalización de delegados de Comisiones Técnicas.
Los arquitectos e ingenieros que intervienen en los
procedimientos regulados por la presente Ley, deben
estar colegiados y habilitados en el ejercicio profesional.
Artículo 5.- Carácter de las responsabilidades
Las responsabilidades, según corresponda, podrán
ser de carácter administrativo y/o civil, y/o penal, y se
sujetarán a la normatividad correspondiente.
El incumplimiento de la presente Ley, sus reglamentos,
normas técnicas o cualquier otra disposición aplicable
configura infracción sujeta a sanción administrativa, sin
perjuicio de la sanción penal y la responsabilidad civil que
corresponda.
La regulación de la inspección o verificación
administrativa, garantías, tipificación de las infracciones
y determinación de las correspondientes sanciones; y la
aplicación de medidas correctivas y de restablecimiento de
la legalidad infringida, serán establecidas por el reglamento
de esta Ley, aprobado mediante decreto supremo.
TÍTULO III
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE HABILITACIÓN
URBANA Y DE EDIFICACIÓN
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 6.- Sujeción a planes urbanos
Ninguna obra de habilitación urbana o de edificación
podrá construirse sin sujetarse a las normas urbanísticas
establecidas en los planes de desarrollo urbano y/o
acondicionamiento territorial y/o planeamiento integral.
Las normas urbanísticas constituyen documentos
de interés público, cuya finalidad es la promoción del
desarrollo ordenado de las ciudades. Las municipalidades
dispondrán su difusión a través de su publicación en
lugares y medios accesibles a la colectividad; asimismo
facilitarán el acceso a reproducciones impresas de las
normas urbanísticas, a sólo requerimiento del interesado.
Las copias solicitadas serán de cargo del interesado, sin
perjuicio de los derechos municipales que correspondan.
Artículo 7.- Definición de licencias de habilitación
y de edificación
Las licencias de habilitación y de edificación
constituyen actos administrativos mediante los cuales las

municipalidades otorgan autorización para la ejecución de
obras de habilitación urbana o de edificación.
Las licencias citadas podrán ser objeto de prórroga
y modificación, así mismo de desistimiento de manera
expresa y a solicitud del interesado.
Artículo 8.- Obligatoriedad
Están obligados a solicitar las licencias a que se
refiere la presente Ley, las personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas, propietarios, usufructuarios,
superficiarios, concesionarios o titulares de una
servidumbre o afectación en uso o todos aquellos titulares
que cuentan con derecho a habilitar y/o edificar.
Artículo 9.- Excepciones
Se encuentran exceptuadas de obtener licencia
de edificación, las siguientes obras, siempre que no se
ejecuten en inmuebles que constituyan parte integrante
del Patrimonio Cultural de la Nación:
a. Los trabajos de acondicionamiento o de refacción,
respecto de los cuales bastará con declararlos en
el autovalúo del año siguiente a la ejecución de los
mismos.
b. La construcción de cercos frontales hasta 20 m de
longitud, siempre que el inmueble no se encuentre bajo
el régimen en que coexistan secciones de propiedad
exclusiva y propiedad común.
c. La instalación de casetas de venta, departamentos
modelo y cualquier otra instalación temporal, que deberán
desmontarse antes de la conformidad de obra.
Artículo 10.- Modalidades de aprobación
Para la obtención de las licencias de habilitación
urbana o de edificación, existen cuatro (4) modalidades:
1. Modalidad A: Aprobación automática con firma
de profesionales
Ley mediante esta modalidad, se requiere la presentación
ante la municipalidad competente de los requisitos
establecidos en la presente Ley y los demás que
establezca el Reglamento. El cargo de ingreso constituye
la licencia, previo pago del derecho correspondiente, y a
partir de este momento se pueden iniciar las obras.
a. La construcción de una vivienda unifamiliar de hasta
120 m2 construidos, siempre que constituya la única
edificación en el lote.
b. La ampliación de una vivienda unifamiliar, cuya
edificación original cuente con licencia de construcción,
declaratoria de fábrica o de edificación sin carga, y la
sumatoria del área techada de ambas no supere los 200
m2.
c. La remodelación de una vivienda unifamiliar,
siempre que no implique modificación estructural, cambio
de uso y/o incremento de área techada.
d. La construcción de cercos de más de 20 m de
longitud, siempre que el inmueble no se encuentre bajo
el régimen en que coexistan secciones de propiedad
exclusiva y propiedad común.
e. La demolición total de edificaciones menores de
tres (3) pisos de altura, que no cuenten con semisótanos
y sótanos, siempre que no haga uso de explosivos.
f. Las obras menores de ampliación y remodelación
según lo establecido en el Reglamento Nacional de
Edificaciones.
g. Las obras de carácter militar de las Fuerzas
Armadas y las de carácter policial de la Policía Nacional
del Perú, así como los establecimientos de reclusión
penal, los que deben ejecutarse con sujeción a los Planes
de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
h. Las habilitaciones urbanas y las edificaciones
necesarias para el desarrollo de proyectos de inversión
pública, de asociación público - privada o de concesión
privada que se realicen, para la prestación de servicios
públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura
pública.
i. Las habilitaciones urbanas correspondientes a
Programas promovidos por el Sector VIVIENDA, para la
reubicación de beneficiarios de atención extraordinaria del
Bono Familiar Habitacional, establecidos en el numeral
3.2.1 del artículo 3, de la Ley N° 27829, Ley que crea el
Bono Familiar Habitacional (BFH).
En la presente modalidad, no están comprendidas:
- Las edificaciones que constituyan parte integrante
del Patrimonio Cultural de la Nación declaradas por el
Ministerio de Cultura.
- Las edificaciones señaladas en los literales a., b., c.,
d. y f. precedentes que requieran la ejecución de sótanos
o semisótanos o una profundidad de excavación mayor
a 1,50 m, colindantes con edificaciones existentes. En
dicho caso, debe tramitarse la licencia de edificación bajo
la Modalidad B.
2. Modalidad B: Aprobación de Proyecto con
evaluación por la Municipalidad o con evaluación
previa por los Revisores Urbanos
Ley mediante esta modalidad se debe presentar ante
la municipalidad competente el Formulario Único
acompañado de los requisitos establecidos en la presente
Ley.
Para el caso que el interesado opte por la aprobación
del proyecto con evaluación por la Municipalidad, el cargo
de ingreso constituye una licencia temporal que permite,
a partir de ese momento, iniciar las obras preliminares
y provisionales que se establecen en el Reglamento
de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de
Edificación.
La municipalidad cuenta con un plazo de hasta quince
(15) días hábiles para la verificación administrativa del
expediente en los supuestos de edificaciones; y, de
veinte (20) días hábiles para el supuesto de habilitaciones
urbanas; así como de los otros requisitos que establece
el Reglamento respectivo para garantizar la idoneidad y
correcta ejecución del proyecto. Después de la verificación
sin observaciones, se otorga la licencia definitiva que
autoriza la continuación de la ejecución de las obras de
habilitación urbana o de edificación.
de proyecto con evaluación previa por los Revisores
Urbanos, el cargo de ingreso constituye la respectiva
licencia, previo pago del derecho correspondiente. A partir
de este momento puede iniciar las obras.
a. Las habilitaciones urbanas de unidades prediales
no mayores de cinco (5) ha., que constituyan islas rústicas
y que conformen un lote único, siempre y cuando no esté
afecto al Plan Vial Provincial o Metropolitano.
b. Las habilitaciones urbanas de predios que cuenten
con un planeamiento integral aprobado con anterioridad.
c. Las edificaciones para fines de vivienda unifamiliar,
multifamiliar o condominios de vivienda unifamiliar
y/o multifamiliar no mayores a cinco (5) pisos y que no
superen los 3 000 m² de área construida.
d. Las obras de ampliación o remodelación de una
edificación existente, con modificación estructural,
aumento de área techada o cambio de uso. Asimismo, las
demoliciones parciales.
e. La construcción de cercos en que el inmueble se
encuentre bajo el régimen en que coexistan secciones de
propiedad exclusiva y propiedad común.
f. La demolición total de edificaciones hasta cinco
(5) pisos de altura y/o que cuenten con semisótanos y
sótanos, siempre que no requiera el uso de explosivos.
En la presente modalidad, no están contempladas las
habilitaciones urbanas y edificaciones que constituyan
parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación
declaradas por el MC.
3. Modalidad C: Aprobación de Proyecto con
Revisores Urbanos
Ley, mediante esta modalidad, se requiere la presentación,
ante la municipalidad competente, de los requisitos

establecidos en la presente Ley. El Reglamento puede
establecer otros requisitos.
Para el caso en que el interesado opte por la aprobación
del proyecto con evaluación previa por la Comisión
Técnica, la municipalidad competente convoca a ésta en
un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles. La Comisión
dispondrá de veinte (20) días hábiles para edificaciones
y cuarenta (40) días hábiles para habilitaciones urbanas,
para la evaluación correspondiente, vencido este plazo
sin pronunciamiento se aplicará el silencio administrativo
positivo.
Para los proyectos de habilitación urbana y/o de
edificación en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio
Cultural de la Nación o ubicados en el entorno de dichos
inmuebles o predios, se aplicará el silencio administrativo
negativo.
La Comisión Técnica no puede formular nuevas
observacionessobreaspectosnoobservadosinicialmente,
bajo responsabilidad. El reglamento respectivo señala las
excepciones correspondientes.
Para el caso que el interesado opte por la evaluación
previa por los Revisores Urbanos, el cargo de ingreso
constituye la respectiva licencia, previo pago del derecho
correspondiente. A partir de este momento puede iniciar
las obras.
a. Las habilitaciones urbanas que se vayan a ejecutar
por etapas, con sujeción a un planeamiento integral de la
misma.
b. Las habilitaciones urbanas con construcción
simultánea que soliciten venta garantizada de lotes.
c. Las habilitaciones urbanas con construcción
simultánea de viviendas, donde el número, dimensiones
de lotes a habilitar y tipo de viviendas a edificar se definan
en el proyecto, siempre que su finalidad sea la venta de
viviendas edificadas.
d. Las edificaciones para fines de vivienda
multifamiliar, quinta o condominios que incluyan vivienda
multifamiliar de más de cinco (5) pisos o 3,000 m2 de
área techada.
e. Las edificaciones para fines diferentes de vivienda,
a excepción de las previstas en la Modalidad D.
f. Las edificaciones de uso mixto con vivienda.
g. Las intervenciones que se desarrollen en predios,
que constituyan parte integrante del Patrimonio Cultural
de la Nación, declaradas por el Ministerio de Cultura.
h. Las edificaciones para locales comerciales,
culturales, centros de diversión y salas de espectáculos
que, individualmente o en conjunto, cuenten con un
máximo de 30,000 m2 de área techada.
i. Las edificaciones para mercados que cuenten con
un máximo de 15,000 m2 de área techada.
j. Locales para espectáculos deportivos de hasta 20
000 ocupantes.
k. La demolición total de edificaciones con más
de cinco (5) pisos de altura, o que requieran el uso de
explosivos.
l. Todas las demás edificaciones que no se encuentren
contempladas en las Modalidades A, B y D.
4. Modalidad D: Aprobación de Proyecto con
Revisores Urbanos
Ley, mediante esta modalidad, se requiere la presentación,
ante la municipalidad competente, de los requisitos
establecidos en la presente Ley. El Reglamento puede
establecer otros requisitos.
del proyecto con evaluación por la Comisión Técnica,
la municipalidad competente convoca a ésta en un
plazo no mayor a cinco (5) días hábiles. La Comisión
dispondrá de veinte (20) días hábiles para edificaciones
y cuarenta (40) días hábiles para habilitaciones urbanas,
para la evaluación correspondiente, vencido este plazo
sin pronunciamiento se aplica el silencio administrativo
positivo.
Para los proyectos de habilitación urbana y/o de
edificación en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio
Cultural de la Nación o ubicados en el entorno de dichos
inmuebles o predios, se aplicará el silencio administrativo
negativo.
La Comisión Técnica no puede formular nuevas
observacionessobreaspectosnoobservadosinicialmente,
bajo responsabilidad. El Reglamento respectivo señala
las excepciones que correspondan.
del proyecto con evaluación previa por los Revisores
Urbanos, el cargo de ingreso constituye la respectiva
licencia, previo pago del derecho correspondiente. A partir
de este momento puede iniciar las obras.
Deben seguir esta modalidad:
a. Las habilitaciones urbanas de predios que no
colinden con áreas urbanas o colinden con predios que
cuenten con proyectos de habilitación urbana aprobados
y no ejecutados, por lo tanto, se requiere de la formulación
de un planeamiento integral.
b. Las habilitaciones urbanas de predios que colinden
con zonas arqueológicas, bienes inmuebles integrantes
del Patrimonio Cultural de la Nación o con áreas naturales
protegidas.
c. Las habilitaciones urbanas, con o sin construcción
simultánea, para fines de industria, comercio y Usos
Especiales (OU).
d. Las edificaciones para fines de industria.
e. Las edificaciones para locales comerciales,
culturales, centros de diversión y salas de espectáculos
que, individualmente o en conjunto, cuenten con más de
30 000 m2
de área techada.
f. Las edificaciones para mercados que cuenten con
más de 15 000 m2
de área techada.
g. Los locales de espectáculos deportivos de más de
20 000 ocupantes.
h. Las edificaciones para fines educativos, salud,
hospedaje, establecimientos de expendio de combustibles
y terminales de transporte.
La inscripción en Registros Públicos de las
habilitaciones urbanas autorizadas por las Modalidades B,
C y D se realizará únicamente con la recepción de obras, a
excepción de las habilitaciones urbanas con construcción
simultánea y venta garantizada de lotes, en las que se
realiza la anotación preventiva de la predeclaratoria y
la preindependización una vez obtenida la licencia de
edificación. Sin embargo, el proyecto de habilitación
urbana aprobado por la municipalidad puede ser inscrito,
de ser el caso, bajo responsabilidad del promotor.
5. Verificación Administrativa:
La Verificación Administrativa del expediente, posterior
al otorgamiento de la licencia se realiza en los siguientes
supuestos:
a. En el caso del numeral 1 del presente artículo, la
Verificación Administrativa, a cargo de la municipalidad
respectiva, se realiza sobre el cien por ciento (100%) de
los expedientes presentados.
b. Para los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo,
la Verificación Administrativa se realiza de acuerdo a lo
previsto en el artículo 32 de la Ley Nº 27444, Ley del
6. Verificación Técnica:
Mediante la Verificación Técnica, la municipalidad
respectiva verifica que las obras sean ejecutadas en
correspondencia con el proyecto aprobado y las normas
de construcción vigentes.
La Verificación Técnica está a cargo de Inspectores
Municipales de Obra, arquitectos o ingenieros
colegiados y hábiles, debidamente acreditados y
registrados en los colegios profesionales CAP y CIP
que pueden o no tener relación de dependencia laboral
con la municipalidad.
En aquellas obras que cuenten con un Supervisor
de Obra privado, este puede asumir las funciones de
Verificación Técnica, siempre que cumplan con los
requisitos y condiciones establecidos en la presente Ley y
en el Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica.
La Verificación Técnica es obligatoria en el cien por
ciento (100%) de las licencias otorgadas.

Si a consecuencia de la Verificación Técnica se
constata que la ejecución de las obras se realiza
infringiendo las normas, la municipalidad puede disponer
la adopción de medidas provisionales de inmediata
ejecución que pueden consistir en lo siguiente:
a. Suspender o cesar en forma provisional la acción
constructiva.
b. Retirar bienes y equipos de construcción de la vía
pública e internarlos en depósitos municipales hasta la
enmienda y pago de la multa respectiva.
c. Cualquier mandato de hacer para evitar perjuicio
a la seguridad pública o al urbanismo y la imposición
de condiciones para la prosecución de la actividad
constructiva.
El costo de la Verificación Administrativa está
comprendido en el costo de la licencia. El costo por
Verificación Técnica debe determinarse, en cada caso, en
función del número de visitas de inspección y de la categoría
del Inspector Municipal de Obras que se designe, conforme
lo faculta el artículo 67 del TUO de la Ley de Tributación
Municipal, aprobado por Decreto Supremo Nº 156-2004-
EF. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
mediante Resolución Ministerial, aprobará los montos
máximos que pueden cobrarse por cada visita de inspección,
calculados a partir de la información que proporcionen los
Colegios de Arquitectos e Ingenieros. En caso de que el
Inspector asignado a una obra no sea un empleado de la
municipalidad, el pago por la Verificación Técnica se deberá
efectuar en el Colegio de Arquitectos o de Ingenieros, según
corresponda. Dicho monto es intangible y sólo puede ser
utilizado para los fines de supervisión de las obras.
La Municipalidad, a requerimiento del administrado,
puede verificar un Anteproyecto en Consulta, Proyecto de
Habilitación Urbana o de Edificación, en una modalidad
superior a la que corresponda la obra, cumpliendo los
requisitos previstos para la modalidad original. De solicitar
la verificación administrativa bajo las modalidades C
o D con evaluación previa por la Comisión Técnica, se
acredita el pago correspondiente por derechos de revisión
del Anteproyecto en consulta o proyecto.
Artículo 11.- Vigencia
Las licencias de habilitación urbana y de edificación,
reguladas por la presente Ley, tienen una vigencia de
treinta y seis (36) meses, prorrogables por doce (12)
meses calendario y por única vez. La prórroga debe
solicitarse dentro de los treinta (30) días calendario,
anteriores al vencimiento de la licencia otorgada, sin costo
adicional alguno.
El inicio de la vigencia de las licencias es computado
para todas las Modalidades, desde la fecha de su emisión.
Cuando se trate de una habilitación urbana o de
edificaciones a ejecutarse por etapas, se puede solicitar
una licencia por cada etapa, en base a un proyecto integral
cuya aprobación tiene una vigencia de diez (10) años.
La vigencia de las licencias reguladas por la presente
Ley, sólo puede ser interrumpida por las municipalidades,
en los siguientes casos:
a. Incumplimiento de las normas urbanísticas y/o
normas técnicas de edificación con las que fue otorgada
la licencia; o,
b. Riesgo inminente contra la seguridad e integridad
de las personas y/o edificaciones, previa opinión favorable
de la Oficina de Defensa Civil o la que haga sus veces de
la Municipalidad correspondiente.
El informe técnico de los Revisores Urbanos y los
dictámenes de las Comisiones Técnicas tienen una
vigencia de treinta y seis (36) meses.
Artículo 12.- Efectos
El otorgamiento de la licencia de habilitación o de
edificación determinará la adquisición de los derechos de
construcción y desarrollo, ya sea habilitando o edificando,
en los predios objeto de la misma, en los términos y
condiciones expresados en la respectiva licencia.
La expedición de las citadas licencias no conlleva
pronunciamiento alguno acerca de la titularidad de
derechos reales, sobre el inmueble o inmuebles, objeto
de ella. Las licencias recaen sobre uno o más inmuebles y
producen todos sus efectos, aun cuando sean enajenados.
El régimen de aprobación automática, regulado en la
presente Ley, no exime a las municipalidades del control
posterior, el cual será regulado mediante el reglamento al
que se hace referencia en el artículo 5.
Artículo 13.- Deberes del titular de la licencia de
habilitación o de edificación
El titular de la licencia de habilitación o de edificación
tiene los siguientes deberes:
a. Ejecutar las obras con sujeción a los proyectos
aprobados, de forma tal que se garantice la salubridad y
seguridad de las personas, así como la estabilidad de los
terrenos y edificaciones colindantes y de los elementos
constitutivos del espacio público. Sin perjuicio de lo
indicado, el administrado debe comunicar el inicio de las
obras a los propietarios de inmuebles colindantes para los
trabajos a realizarse en el subsuelo y/o aires de estos,
con el fin de evitar perjuicios materiales y/o personales,
debiendo resarcirlos, de ser el caso en concordancia con
las disposiciones y normas aplicables.
b. Mantener, en la obra, la licencia y los planos,
debiendo exhibirlos cuando sean requeridos por la
municipalidad competente y el respectivo reglamento.
c. Solicitar la recepción de obras o la conformidad de
obra en cualquiera de sus dos procedimientos, al concluir
con la ejecución del proyecto de habilitación urbana o de
edificación.
d. Someterse a supervisión municipal, con arreglo a lo
dispuesto en la presente Ley.
e. Restituir los elementos del espacio público que
sean afectados por causa del proceso de construcción,
de ser el caso.
f. Dar cumplimiento al Reglamento Nacional de
Edificaciones y a las demás normas que rigen para el
ámbito constructivo.
Artículo 14.- Información o documentos previos
Se entiende por información o documentos previos
aquellos que regulan el diseño o las condiciones técnicas
que afectarán el proceso de habilitación urbana o de
edificación de un predio y que, por lo tanto, es necesario
recabar o tramitar ante una entidad, con anterioridad al
trámite de licencias de habilitación urbana y de edificación.
El contenido de la información o documentos previos,
señalados en el presente artículo, implica su cumplimiento
obligatorio por parte de las entidades otorgantes y de
los solicitantes, por cuanto genera deberes y derechos.
La municipalidad distrital o provincial o la Municipalidad
Metropolitana de Lima, según corresponda, se encuentran
obligadas a poner a disposición, de manera gratuita y de
libre o fácil acceso o en el portal web de la municipalidad,
toda la información referida a la normativa urbanística, en
particular la contenida en el Certificado de Parámetros
Urbanísticos y Edificatorios, quedando a opción del
interesado tramitar dicho documento. Los Registros
Públicos inscribirán, a solicitud del propietario, cualquiera
de los documentos establecidos en el presente artículo
para su respectiva publicidad. El contenido del asiento
de inscripción debe resaltar las condiciones establecidas
para el aprovechamiento del predio, por lo que este será
oponible frente a terceros.
Ninguna modificación al Plan de Desarrollo Urbano
podrá establecer una zonificación con menor capacidad
edificatoria o de uso del suelo inferior a los indicados en
los documentos previos, definidos en el presente artículo,
y que fueron emitidos en base a una zonificación aprobada
de conformidad con lo establecido en el Reglamento de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
1. Certificado de Zonificación y Vías
El Certificado de Zonificación y Vías es el documento
emitido por las municipalidades provinciales o por la
Municipalidad Metropolitana de Lima, en el ámbito de
sus respectivas jurisdicciones, en las que se especifican
los parámetros de diseño que regulan el proceso de
habilitación urbana de un predio y deberá contener los
siguientes aspectos:

a. Zonificación, de acuerdo al Plan Integral de
Zonificación, aprobado por ordenanza de la municipalidad
provincial.
b. Afectación de vías que forman parte del Plan Vial
Provincial y/o Distrital.
c. Usos de los suelos permisibles y compatibles.
d. Coeficientes máximos y mínimos de edificación.
e. Área de lote normativo.
f. Cuadro de Aportes Reglamentarios.
e. Calificación de bien cultural inmueble, de ser el
caso.
f. Fecha de emisión.
El Certificado de Zonificación y Vías deberá emitirse
en un plazo máximo de cinco (5) días útiles y tendrá una
2. Certificado de Parámetros Urbanísticos y
Edificatorios
El Certificado de Parámetros Urbanísticos
y Edificatorios es el documento emitido por las
municipalidades distritales y provinciales o por la
Municipalidad Metropolitana de Lima en el ámbito del
Cercado, de sus respectivas jurisdicciones, donde se
especifican los parámetros de diseño que regulan el
proceso de edificación sobre un predio urbano, y deberá
contener los siguientes aspectos:
a. Zonificación.
b. Alineamiento de fachada.
c. Usos de los suelos permisibles y compatibles.
d. Coeficientes máximos y mínimos de edificación.
e. Porcentaje mínimo de área libre.
f. Altura máxima y mínima de edificación expresada
en metros.
g. Retiros.
h. Área de lote normativo.
i. Densidad neta expresada en habitantes por
hectárea.
j. Exigencias de estacionamientos para cada uno de
los usos permitidos.
k. Calificación de bien cultural inmueble, de ser el
caso.
l. Fecha de emisión.
El Certificado de Parámetros Urbanísticos y
Edificatorios deberá emitirse en un plazo máximo de cinco
(5) días útiles y tendrá una vigencia de treinta y seis (36)
meses.
3. Certificado de Factibilidad de Servicios
El Certificado de Factibilidad de Servicios es el
documento emitido por las entidades prestadoras de
servicios y contendrá:
a. Las condiciones técnicas bajo las cuales se
otorgará el servicio, precisando las obras e instalaciones
de infraestructura pública que deberán efectuar las
empresas prestadoras.
b. El plazo en que podrá accederse al servicio.
c. Fecha de emisión.
d. Fecha de vigencia.
Las empresas prestadoras deberán reembolsar al
propietario, al Habilitador Urbano o al promotor inmobiliario
las inversiones que estos efectúen para ejecutar las obras
o instalaciones de infraestructura pública que correspondan
a tales empresas prestadoras, de acuerdo a lo establecido
en el Certificado de Factibilidad de Servicios.
El Certificado de Factibilidad de Servicios deberá
emitirse en un plazo máximo de quince (15) días útiles y
tendrá una vigencia de treinta y seis (36) meses.
Una vez obtenida la licencia de habilitación urbana
o de edificación, según corresponda, no será exigible,
en ningún caso, la renovación de ninguno de estos
Documentos Previos, siempre que se haya comunicado a
la EPS el inicio de las obras.
Artículo 15.- Remisión de información estadística
Las municipalidades, bajo responsabilidad, remitirán al
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento o a las
Direcciones Regionales de Vivienda, según corresponda,
dentro de los quince (15) días calendario, posteriores al
vencimiento de cada trimestre, la información estadística
de la totalidad de las licencias de habilitación urbana y
edificación otorgadas durante dicho periodo.
CAPÍTULO II
HABILITACIÓN URBANA
Los requisitos para solicitar una licencia de habilitación
urbana, que conforman el expediente, son los siguientes:
a. Formulario Único, debidamente suscrito por el
administrado y los profesionales responsables, en el
que se indica el número de recibo y la fecha de pago del
trámite de la licencia ante la municipalidad; así como,
la copia del recibo del pago efectuado ante los colegios
profesionales, según la modalidad que corresponda.
Ambos montos se encuentran comprendidos en la
determinación del derecho de tramitación, de acuerdo a
lo establecido en la Ley N° 27444.
b. Declaración Jurada, consignando el número de la
Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito
el inmueble.
c. En el caso que el administrado no sea el propietario
del predio, debe presentar la documentación que acredite
que cuenta con derecho a habilitar y de ser el caso a
edificar.
d. En caso el administrado sea una persona jurídica,
declaración jurada del representante legal señalando que
cuenta con representación vigente, consignando datos de
la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita
la misma.
e. Certificado de zonificación y vías.
f. Certificado de factibilidad de servicios de agua,
alcantarillado y de energía eléctrica, el mismo que será
acreditado con los documentos que otorguen, para
dicho fin, las empresas privadas o entidades públicas
prestadoras de dichos servicios.
g. Declaración jurada de inexistencia de feudatarios.
h. Documentación técnica compuesta por plano de
ubicación y localización del terreno; plano perimétrico
y topográfico; plano de trazado y lotización; plano de
ornamentación de parques, cuando se requiera; y
memoria descriptiva. Esta documentación debe ser
presentada también en archivo digital.
i. Declaración jurada de habilitación de los
profesionales que suscriben la documentación técnica
señalada en el literal h.
j. Planeamiento integral, en los casos que se requiera
de acuerdo con el Reglamento Nacional de Edificaciones.
k. Certificación Ambiental, en los casos que se
requiera de acuerdo con el listado de inclusión de los
proyectos de inversión sujetos al Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, listado que es
aprobado conforme a la normatividad vigente sobre el
citado Sistema.
l. Certificado de inexistencia de restos arqueológicos,
en aquellos casos en que el perímetro del área a habilitar
se superponga con un área previamente declarada como
parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.
m. Informe Técnico favorable emitido por los Revisores
Urbanos, para las Modalidades B, C o D; de ser el caso.
n. Estudio de mecánica de suelos.
La documentación contenida en los literales a. y h.
se presenta en tres (03) juegos originales, pudiendo el
administrado presentar para las modalidades B, C y D,
un (01) juego original al inicio del trámite y, aprobado el
proyecto, los otros dos (02) juegos originales.
Las declaraciones juradas mencionadas en los
literales precedentes forman parte del Formulario Único
otorgamiento de licencia de habilitación urbana
Todos los requisitos enumerados en el artículo 16
tienen la condición de declaración jurada de las personas
que los suscriben; por tanto, el funcionario municipal
que recibe el expediente sólo se limitará a verificar, en el

acto de presentación, que los documentos que contiene
coincidan con los antes señalados. De ser así, les
asignará un número, debiendo sellar y firmar cada uno de
los documentos presentados.
Para la Modalidad A, constituye la licencia de
habilitación urbana, dos (02) juegos del Formulario Único
debidamente sellados y con el número de la resolución
de licencia, los cuales son entregados, junto con dos (02)
juegos de los documentos señalados en el literal h. del
artículo 16 al administrado, en el acto de presentación.
Opcionalmente, en el mismo acto, el administrado
puede presentar hasta tres (03) juegos de copias de la
documentación técnica señalada en el literal h. del artículo
16, los que son devueltos, sellados y firmados por quien
recibe el expediente, sin costo adicional alguno.
Para la modalidad B, el cargo constituye la Licencia
Temporal, que autoriza la ejecución de obras preliminares,
las cuales se describen en el Reglamento de Licencias de
Para las modalidades C y D, el funcionario municipal
que recibe el expediente, lo deriva a la dependencia
correspondiente de la municipalidad, para realizar la
verificación administrativa.
Artículo 18.- Control urbano
El órgano municipal, encargado del control urbano,
realizará la verificación de la ejecución de las obras de la
habilitación urbana aprobada en todas sus modalidades,
bajo responsabilidad administrativa, civil y/o penal.
Artículo 19.- Recepción de obras
Una vez concluidas las obras de habilitación urbana
se solicita la recepción de las mismas, presentando ante
la municipalidad que otorgó la licencia, los siguientes
documentos:
administrado, señalando el número de resolución de
la licencia de habilitación urbana respectiva, así como
el número de recibo y la fecha de pago del trámite de
Recepción de Obras.
b. En el caso que el titular del derecho a habilitar
sea persona distinta a la que inició el procedimiento de
habilitación urbana, la documentación que acredite que
cuenta con derecho a habilitar y, de ser el caso, a edificar.
c. En caso el administrado sea una persona jurídica,
la misma.
d. Conformidad de obra de servicios emitidos por las
entidades prestadoras de los servicios públicos.
e. Copia legalizada notarialmente de las minutas que
acrediten la transferencia de las áreas de aportes a las
entidades receptoras de los mismos y/o comprobantes de
pago de la redención de los mismos, de ser el caso.
f. Planos de replanteo de trazado y lotización y
de ornamentación de parques, cuando se requiera, y
memoria descriptiva, con su respectivo archivo digital.
g. Declaración Jurada de habilitación de los
profesionales que suscriben los planos señalados en el
literal f.
La documentación contenida en los literales a. y f.
se presenta en tres (03) juegos originales, pudiendo
presentar el administrado para las modalidades B, C y D,
Estos requisitos tienen la condición de declaración
jurada. El funcionario municipal sólo verifica en el acto de
presentación que los documentos coincidan; sellando y
firmando cada uno de los juegos presentados.
literales precedentes forman parte del Formulario Único.
El funcionario municipal remite en el día el expediente
al órgano municipal encargado del control urbano para
que en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, bajo
responsabilidad, efectúe las siguientes acciones:
a. Verificar que los planos de replanteo de trazado y
lotización correspondan a la licencia otorgada.
b. Efectuar la inspección de las obras ejecutadas.
c. Anotar, suscribir y sellar en el Formulario Único la
conformidad. Este acto constituye la recepción de obras
de habilitación urbana y autoriza la inscripción registral.
La municipalidad distrital remite copia de la
resolución de habilitación urbana, así como copia de la
documentación técnica respectiva, a la municipalidad
provincial para su conocimiento.
El registrador público se sujeta a lo establecido en la
presente disposición, no debe requerir documentación
adicional bajo responsabilidad.
Artículo 20.- Inscripción registral
El Formulario Único con la recepción de obras de
habilitación urbana, el plano de replanteo de trazado
y lotización, la memoria descriptiva y la resolución
de recepción de obras, debidamente sellados por la
municipalidad, son los documentos que, en conjunto, dan
mérito a la inscripción registral de la habilitación urbana
y a la inscripción individualizada de los predios urbanos
generados durante este proceso.
La inscripción individualizada de un predio urbano es
requisito para la conformidad de obras de edificación.
Artículo 21.- Habilitaciones urbanas con
construcción simultánea
En todo procedimiento de habilitación urbana se
podrá solicitar la autorización de ejecución de obras de
habilitación urbana con construcción simultánea. Existen
cuatro tipos:
a. Las habilitaciones urbanas que cumplen los
requisitos de densidades, áreas y dimensiones de lotes
normativos, establecidos en el Reglamento Nacional de
Edificaciones; en ellas se podrá incluir la autorización
para suscribir contratos de venta garantizada de lotes.
En este caso los adquirientes de lotes podrán solicitar
licencia de edificación. Una vez obtenida esta, procederán
a la construcción, de manera simultánea con el avance de
las obras de habilitación urbana.
No se podrá efectuar modificaciones sustanciales
a los proyectos de habilitación urbana cuya licencia
de habilitación urbana incluyó la autorización
para suscribir contratos de venta garantizada. Las
modificaciones no podrán afectar ningún lote sobre
el que se mantenga contrato de venta vigente; para
este efecto, constituye requisito para la solicitud de
modificación la presentación de los contratos suscritos
a la fecha y la renuncia con firma legalizada a la
suscripción de nuevos contratos.
b. Las habilitaciones urbanas con construcción
simultánea de viviendas, en las que el número,
dimensiones de lotes por habilitar y tipo de viviendas a
edificar se defina en el proyecto, cuya finalidad sea la
venta de viviendas edificadas, de acuerdo a los planos
de arquitectura que se autorizaron en conjunto con la
habilitación urbana. La licencia de edificación podrá ser
solicitada por el propio Habilitador Urbano o por quien
tenga el derecho correspondiente, y obtenida ésta,
procederá a edificar de manera simultánea con el avance
de las obras de habilitación urbana.
c. Las habilitaciones urbanas con construcción
simultánea de viviendas, destinadas a vivienda temporal o
vacacional, en las que los contratos de venta de áreas de
propiedad exclusiva deben incluir el tipo de vivienda a ser
ejecutada, de conformidad con los planos de arquitectura
que se autorizaron en conjunto con la habilitación urbana.
La licencia de edificación podrá ser solicitada por los
adquirientes de las áreas de propiedad exclusiva o por
el propio Habilitador Urbano. Obtenida ésta procederán a
edificar de manera simultánea con el avance de las obras
de habilitación urbana.
d. Las habilitaciones urbanas para fines no
residenciales donde el propio habilitador o los adquirientes
de lotes podrán solicitar licencia de edificación. Obtenida
ésta procederán a edificar de manera simultánea con el
avance de las obras de habilitación urbana.
No se permitirá la venta de lotes para fines de
autoconstrucción y/o autogestión.

Artículo 22.- Modificaciones al proyecto de
habilitación urbana
Se considera modificación sustancial aquella que
implique disminución de las áreas del cuadro de aportes
con las cuales fue autorizada la licencia de habilitación
urbana, la modificación de áreas destinada a inversiones
públicas para equipamiento urbano, reservas de obras
viales y/o la modificación de la sección de alguna vía del
Plan Vial de la localidad. Las habilitaciones urbanas que
incurran en esta causal deberán reiniciar el procedimiento
de aprobación.
Se considera modificación no sustancial las
habilitaciones urbanas que, en su ejecución,
han requerido el replanteo de lotes, sea en
dimensionamiento, superficie o número, pero que
mantienen el esquema aprobado en la licencia de
habilitación urbana; estas podrán concluir normalmente
su trámite de Recepción de Obras, respetando las
áreas del cuadro de aporte.
Asimismo, en los casos que la verificación del lote en
campo se encuentre que el predio posee menor o mayor
superficie que la inscrita en Registros Públicos, dicha
habilitación urbana podrá concluir su trámite de recepción
de obras previa rectificación del área del predio.
En el caso de que el predio posea mayor área,
procederá la redención en dinero de la diferencia de
aportes. En el caso de que el predio posea menor área,
el interesado podrá mantener su cuadro de aportes o
solicitar a la Comisión Técnica, al Revisor Urbano o al
Preverificador, según corresponda, la aprobación de un
nuevo cuadro, conservando los demás términos de su
aprobación, esto podrá solicitarse de manera conjunta al
trámite de recepción de obras.
Artículo 23.- Aprobación de regularización de
habilitaciones urbanas ejecutadas
La resolución de aprobación de las habilitaciones
urbanas ejecutadas, expedida por la municipalidad
distrital, deberá contener la resolución que apruebe el
proyecto de habilitación urbana en vía de regularización y,
de ser el caso, la recepción de obras. El expediente técnico
para la aprobación de habilitación urbana ejecutada está
constituido por:
a. Formulario Único y Anexo G - Regularización de
Habilitación Urbana Ejecutada.
b. Declaración Jurada, consignando el número de la
Partida Registral y el asiento donde se encuentra inscrito
el inmueble.
la misma.
d. Certificado de zonificación y vías; y, de ser el caso,
de alineamiento.
e. Plano de ubicación con la localización del terreno.
f. Plano de lotización, en concordancia con el Plan
de Desarrollo Urbano, aprobado por la municipalidad
provincial. Este contendrá el perímetro del terreno, el
diseño de la lotización, vías, aceras, bermas; y las áreas
correspondientes a los aportes normados.
g. Plano perimétrico y topográfico del terreno,
incluyendo la referencia topográfica a la vía urbanizada
más cercana existente o con aprobación de proyectos.
h. Memoria descriptiva, indicando las manzanas,
áreas de los lotes, numeración y aportes.
i. Plano que indique los lotes ocupados y la altura de
las edificaciones existentes.
j. Declaración jurada de la reserva de áreas para los
aportes reglamentarios.
k. Declaración jurada suscrita por el solicitante de la
habilitación y el profesional responsable de la obra, en la
que conste el nivel de ejecución y una descripción de las
obras de habilitación urbana ejecutadas.
En el caso de que se cuente con resolución de
estudios preliminares aprobados, no corresponde
presentar los requisitos señalados en los literales e. y f.
No se pueden exigir documentos o estudios adicionales a
los establecidos en el presente artículo.
La documentación contenida en los literales a., e., f.,
y h. se presenta en tres (03) juegos originales, pudiendo
presentar el administrado para las modalidades B, C y D,
El expediente técnico se presentará ante el órgano
competente de la municipalidad. Éste verificará el
cumplimiento de los requisitos en un plazo que no
excederá de cinco (5) días hábiles. Las observaciones del
expediente serán comunicadas al recurrente, en forma
escrita, indicando el requisito no cumplido, para que se
subsane en el plazo de siete (7) días hábiles.
Si en el procedimiento de regularización de
habilitaciones urbanas ejecutadas se comprueba la
inexistencia de áreas para aportes reglamentarios, se
procederá al pago de una redención de dinero en efectivo
a favor de las entidades públicas a las que corresponde
cada aporte.
De estar conforme la documentación presentada, la
municipalidad emite la resolución de aprobación dentro de
los tres (03) días hábiles siguientes, para su inscripción en
el Registro de Predios.
La municipalidad distrital remite copia de la resolución
de aprobación y de la documentación técnica respectiva,
a la municipalidad provincial para su conocimiento.
Asimismo, a las entidades públicas titulares de las áreas
de aportes de habilitación urbana.
Los titulares de las habilitaciones urbanas extenderán
las respectivas minutas de transferencia de propiedad,
de los aportes reglamentarios, en favor de las entidades
correspondientes.
Artículo 24.- Habilitaciones urbanas de oficio
Las municipalidades distritales y las provinciales
o la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el ámbito
del Cercado, declaran la habilitación urbana de oficio
de los predios registralmente calificados como rústicos
ubicados en zonas urbanas consolidadas, que cuentan
con edificaciones y servicios públicos domiciliarios,
otorgándoles la correspondiente calificación de urbano de
conformidad con su realidad local, y dispone la inscripción
registral del cambio de uso de suelo rústico a urbano.
Estas habilitaciones no se encuentran sujetas a los
aportes de la habilitación urbana.
La Habilitación Urbana de Oficio también puede ser
impulsada por los propietarios de predios que figuren
en el registro municipal como urbanos y se mantengan
en los registros públicos como rústicos, aun cuando
cuentan con obras y servicios similares a las áreas
urbanas inmediatas. Los requisitos y condiciones para
obtener de las municipalidades la habilitación urbana de
oficio se establecerán en el Reglamento de Licencias de
Artículo 24-A.- Procedimiento de habilitación
urbana de oficio
El procedimiento se inicia con la identificación de los
predios matrices que reúnen las condiciones para ser
beneficiados con la habilitación urbana de oficio.
La municipalidad notifica a los titulares registrales de
los predios matrices y a los ocupantes del predio, sobre el
inicio del procedimiento de habilitación urbana de oficio y
la elaboración del expediente técnico cuyos requisitos lo
establece el reglamento de la presente Ley.
La municipalidad elabora el expediente técnico que
sustenta la declaración de la habilitación urbana de
oficio. La declaración se efectúa mediante resolución
municipal que dispone la inscripción registral del cambio
de uso rústico a urbano. La inscripción individual registral
es gestionada por el propietario o por la organización
con personería jurídica que agrupe a la totalidad de
propietarios.
Para la declaración de habilitación urbana de oficio, el
predio matriz debe:
a) Encontrarse inscrito en la oficina registral como
predio rústico.
b) Ubicarse en una zona urbana consolidada
con edificaciones destinadas a vivienda y demás

complementarias a dicho uso. El nivel de consolidación
será del 90% del total del área útil del predio matriz.
c) Contar con servicios públicos de agua potable,
desagüe o alcantarillado, energía eléctrica y alumbrado
público.
d) Encontrarse definido el manzaneo y lotización
y ejecutadas las vías acorde con los planes urbanos
y alineamiento vial, aprobados por la municipalidad
respectiva.
e) En caso de encontrarse afectado por condiciones
especiales, debe encontrarse ejecutada la canalización
de acequias de regadío y respetar las servidumbres de
los cables de red eléctrica de media y alta tensión, de la
vía férrea y la faja marginal de los ríos, de ser el caso.
Artículo 24-B.- Improcedencia de la habilitación
urbana de oficio
No procede declarar la habilitación urbana de oficio,
cuando el predio matriz:
a) Tiene en trámite un procedimiento de habilitación
urbana o de regularización de una ejecutada ante la
municipalidad o de recepción de obras de habilitación
urbana a la fecha de publicación de la presente Ley.
b) Cuenta con servicios públicos domiciliarios, pero no
tiene edificaciones fijas y permanentes.
c) Se encuentra ubicado sobre áreas naturales
protegidas, zonas reservadas o fajas de servidumbre,
entre otras, según ley de la materia.
d) Se encuentra ubicado en terrenos de uso o
reservados para la defensa nacional.
e) Se encuentra en áreas de uso público o derecho
de vía.
f) Se encuentra sobre áreas de interés arqueológico,
histórico o patrimonio cultural.
g) Se encuentra incurso en un proceso judicial en el
cual se ha de determinar la titularidad, mejor derecho o
preferencia de título.
h) Es considerado por la entidad competente como
zona de alto riesgo para la salud, la vida o integridad física
de la población.
i) Cuando exista superposición de áreas con predios
de terceros.
En los casos previstos en los literales c), d), e)
y f), cuando el predio matriz se encuentra afectado
parcialmente, puede aprobarse la habilitación urbana de
oficio excluyendo la zona afectada.
Artículo 24-C.- Órgano responsable
La municipalidad determina el órgano responsable
del procedimiento de habilitación urbana de oficio, con
facultades para realizar las inspecciones de verificación
catastral, los levantamientos de información topográficos,
la elaboración de los planos correspondientes y las
respectivas memorias descriptivas, los cuales están
sujetos a las normas urbanísticas establecidas en los
planes de desarrollo, acondicionamiento territorial y
planeamiento integral.
CAPÍTULO III
EDIFICACIONES
Los requisitos para solicitar una licencia de edificación
y autorizar su ejecución, que conforman el expediente,
son los siguientes:
Para la Modalidad A:
administrado y por los profesionales responsables,
señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de Licencia de Edificación.
b. En el caso que el administrado no sea el propietario
que cuenta con derecho a edificar.
la misma.
d. Documentación técnica compuesta por plano
de ubicación, planos de arquitectura, estructuras,
instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas,
debidamente sellados y firmados por los profesionales de
cada especialidad; o puede optar por la adquisición de
un proyecto del banco de proyectos de la municipalidad
respectiva. Esta documentación debe ser presentada,
también, en un archivo digital.
Para el caso de ampliaciones, modificaciones así como
obras menores, solo deben presentar: plano de ubicación
y arquitectura y la declaración jurada de habilitación
profesional del arquitecto responsable del proyecto; o
puede optar por la adquisición de un proyecto del banco
de proyectos de la municipalidad. Esta documentación
debe ser presentada, también, en un archivo digital.
En la demolición total de edificaciones menores a tres
(3) pisos, siempre que no constituyan parte integrante del
Patrimonio Cultural de la Nación o que no requieran el uso
de explosivos, se debe presentar la Carta de Seguridad
de obra firmada por un ingeniero civil, acompañando
declaración jurada de habilitación profesional.
En los casos de las obras de las edificaciones de
carácter militar de las Fuerzas Armadas y las de carácter
policial de la Policía Nacional del Perú, así como los
establecimientos de reclusión penal, los que deberán
ejecutarse con sujeción a los Planes deAcondicionamiento
Territorial y Desarrollo Urbano, solo presentarán lo
señalado en el literal a. que antecede, así como el plano
de ubicación y memoria descriptiva.
La documentación contenida en los literales a. y d. se
presentan en tres (03) juegos originales.
Para la Modalidad B:
señalando el número de recibo y fecha de pago del trámite
de Licencia de Edificación.
b. En el caso que el administrado no sea el propietario
c. En caso sea una persona jurídica, declaración
jurada del representante legal señalando que cuenta con
representación vigente, consignando datos de la Partida
Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.
d. Declaración Jurada de habilitación profesional.
e. Certificado de factibilidad de servicios para obra
nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de
vivienda.
artículo 33 de la Norma E 050 del Reglamento Nacional de
Edificaciones acompañado de la memoria descriptiva que
precise las características de la misma, además de las
edificaciones colindantes indicando el número de pisos y
sótanos, complementando con fotos; asimismo, el estudio
de mecánica de suelos, de acuerdo a las características de
las obras y según los casos que establece el reglamento.
En los casos de remodelación, ampliación o
demoliciones parciales, se exige la declaratoria de fábrica
o de edificación y planos de la edificación existente.
g. Informe técnico de los Revisores Urbanos, de ser
el caso.
h. Para proyectos multifamiliares, se adjunta,
asimismo, póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según
las características de la obra que se vaya a ejecutar con
cobertura por daños materiales y personales a terceros y
como complemento al Seguro Complementario de Trabajo
de Riesgo según la Ley Nº 26790, Ley de Modernización
de la Seguridad Social en Salud. Este documento se
entrega obligatoriamente a la Municipalidad como
máximo el día hábil anterior al inicio de la obra y debe
tener una vigencia igual o mayor a la duración del proceso
edificatorio.

se presentan en tres (03) juegos originales, pudiendo
presentar el administrado, un (01) juego original al inicio
del trámite y, aprobado el proyecto, los otros dos (02)
juegos originales.
Para las Modalidades C y D:
señalando el número de recibo y la fecha de pago del
trámite de Licencia de Edificación ante la municipalidad;
así como, la copia del recibo del pago efectuado ante los
colegios profesionales, según corresponda.
b. En caso de demoliciones totales o parciales, debe
acreditar la inexistencia de cargas y gravámenes o de
éstas sin limitaciones; en caso contrario se debe acreditar
la autorización del acreedor.
c. En caso que el administrado no sea el propietario
d. En caso el administrado sea una persona jurídica,
la misma.
e. Certificado de factibilidad de servicios para obra
nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de
vivienda.
artículo 33 de la Norma E 050 del Reglamento Nacional
de Edificaciones y además en el caso de edificaciones
situadas en laderas; acompañado de la memoria
descriptiva en la cual se precise las características de
la misma, además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos, complementando
con fotos; asimismo, el estudio de mecánica de suelos.
Asimismo, se debe presentar como parte del proyecto de
arquitectura el plano de seguridad y evacuación cuando
se requiera la intervención de los delegados ad hoc del
CENEPRED.
g. Declaración Jurada de habilitación profesional.
h. Certificación Ambiental, de acuerdo con el listado de
inclusión de los proyectos de inversión sujetos al Sistema
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA,
que es aprobado conforme a la normatividad del SEIA.
Se exceptúa de lo dispuesto en el presente literal a las
edificaciones de vivienda, comercio y oficinas en áreas
urbanas.
Las autoridades locales incorporan en los Planes
Urbanos y demás instrumentos de acondicionamiento
territorial y desarrollo urbano, los criterios de ocupación
racional y sostenible del territorio.
i. Estudio de Impacto Vial, únicamente en los casos que
el Reglamento Nacional de Edificaciones lo establezca y
con los requisitos y alcances establecidos por el MVCS.
El Reglamento Nacional de Edificaciones desarrolla
los criterios, condiciones, características, alcances y
requisitos que deben reunir los documentos y planos que
permitan la evaluación del impacto vial de las edificaciones
proyectadas, que serán materia de evaluación y
verificación de acuerdo a la modalidad de aprobación que
corresponda. La incorporación al proyecto de los criterios,
condiciones, características, alcances y requisitos
exigidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones
reemplazará al Estudio de Impacto Vial que se menciona
en el primer párrafo.
j. Informe Técnico favorable de los Revisores Urbanos,
según corresponda.
k. Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las
características de la obra que se vaya a ejecutar, con
cobertura por daños materiales y personales a terceros
y como complemento al Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo previsto en la Ley Nº 26790, Ley de
Modernización de la Seguridad Social en Salud. Este
documento se entrega obligatoriamente a la Municipalidad
como máximo el día hábil anterior al inicio de la obra y
debe tener una vigencia igual o mayor a la duración del
proceso edificatorio.
l. De tratarse de bienes inmuebles integrantes del
Patrimonio Cultural de la Nación o ubicados en el entorno
de dichos inmuebles o predios, se solicitan requisitos
adicionales comprendidos en los artículos 30 y 31 de la
Norma A.140 del Reglamento Nacional de Edificaciones.
se presentan en tres (03) juegos originales, pudiendo
presentar el administrado, un (01) juego original al inicio
del trámite y, aprobado el proyecto, los otros dos (02)
juegos originales.
Ninguna autoridad puede establecer exigencias
adicionales a las establecidas por el Reglamento Nacional
de Edificaciones o requisitos adicionales previstos en la
presente Ley. De considerar requisitos adicionales, se
constituye una barrera burocrática ilegal, siendo aplicable
lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1256, Decreto
Legislativo que aprueba la ley de prevención y eliminación
de barreras burocráticas.
literales precedentes para todas las modalidades forman
parte del Formulario Único.
Artículo 25-A.- Anteproyecto en Consulta
A solicitud del administrado, se podrá tramitar la
aprobación de un Anteproyecto en Consulta, en las
modalidades B, C y D, para lo cual el procedimiento se
inicia presentando a la Municipalidad respectiva, los
siguientes documentos por duplicado:
administrado y por el profesional responsable, señalando
el número de recibo y la fecha de pago del trámite de
Anteproyecto en Consulta ante la municipalidad; así
como, la copia del recibo del pago efectuado ante los
b. Plano de Ubicación y Localización.
c. Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones)
en escala 1/100.
d. Memoria descriptiva.
e. Plano de seguridad, de ser el caso y de acuerdo a la
modalidad de aprobación que corresponda.
f. Declaración jurada de habilidad del profesional que
interviene en el proyecto.
El anteproyecto en consulta es verificado por la
Comisión Técnica o por el Revisor Urbano en las
modalidades que corresponda. Su aprobación no autoriza
el inicio de obras.
En todas las modalidades de aprobación, el
Anteproyecto en consulta aprobado tiene una vigencia de
36 meses y tiene efecto vinculante para la revisión del
proyecto de edificación, siempre que no exista ningún
cambio en el diseño aun cuando hayan variado los
parámetros urbanísticos y edificatorios con los que fue
aprobado.
El interesado podrá optar por presentar para revisión
y evaluación por la Comisión Técnica en las modalidades
B, C y D, un Estudio Básico para Proyecto de Edificación.
El procedimiento de aprobación y los requisitos se
establecen en el Reglamento de Licencias de Habilitación
otorgamiento de licencia de edificación
Los requisitos enumerados en el artículo 25 de la
presente Ley, tienen la condición de declaración jurada de
las personas que los suscriben; por tanto, el funcionario
municipal que reciba el expediente sólo se limitará a
verificar la presentación de los requisitos exigidos. De ser
conforme, se le asignará un número, sellando y firmando
cada uno de los documentos presentados.

Para la Modalidad A, constituye la licencia de
edificación, dos (02) juegos del Formulario Único
debidamente sellados y con el número de la resolución
de licencia, los cuales son entregados, junto con dos (02)
juegos de los documentos señalados en el literal h. del
artículo 25 al administrado, en el acto de presentación.
Para los casos de las Modalidades B, C y D, el cargo
del Formulario Único es devuelto en el mismo acto de
presentación al administrado, sin costo adicional.
Obtenida la licencia de edificación, el interesado podrá
solicitar a la municipalidad, sin requisito adicional y con el
sólo pago del derecho correspondiente, el certificado de
numeración.
En las modalidades C y D, con la aprobación
del proyecto en la especialidad de arquitectura y de
estructura, el administrado puede solicitar la licencia,
que tiene un carácter temporal con la que puede iniciar
las obras de edificación. El Reglamento de Licencias de
Habilitación Urbana y Licencias de Edificación establece el
procedimiento, plazos y requisitos para su otorgamiento.
Artículo 27.- Control urbano
El órgano municipal distrital, encargado del control
urbano, realizará la verificación de la ejecución de las obras
de edificación aprobadas, en todas sus modalidades, bajo
responsabilidad administrativa, civil y/o penal.
Artículo 27-A.- Modificaciones al Proyecto
El administrado puede modificar parcialmente un
proyecto aprobado, en cualquiera de sus especialidades.
Si la modificación se va a realizar antes del otorgamiento
de la Licencia de Edificación respectiva y siempre que la
modificación propuesta no represente una variación de la
modalidad de aprobación con la cual se está tramitando el
expediente; se debe presentar la solicitud de modificación
ante la municipalidad correspondiente. Después de
otorgada la licencia, el administrado puede solicitar la
modificación parcial del proyecto que fuera aprobado en
las modalidades de aprobación B, C y D, modificación que
puede ser aprobada antes o después de su ejecución,
dependiendo de las características de las modificaciones.
Los tipos de modificaciones de proyecto, el
procedimiento y plazos de solicitud de aprobación, se
definirán en el Reglamento de Licencias de Habilitación
Artículo 28.- Conformidad de Obra y Declaratoria
de Edificación
Una vez concluidas las obras de edificación, quien
las realice efectúa una descripción de las condiciones
técnicas y características de la obra ejecutada, la cual se
denomina declaratoria de edificación. Este documento,
acompañado con los planos o gráficos correspondientes,
motiva la solicitud de conformidad de las mismas, para lo
cual se debe presentar, ante la municipalidad que otorgó
la licencia de edificación, los siguientes documentos, para
todas las modalidades:
administrado, señalando el número de resolución de la
licencia de edificación respectiva, así como el número de
recibo y la fecha de pago del trámite de Conformidad de
Obra y Declaratoria de Edificación, ante la municipalidad;
así como, la copia del recibo del pago efectuado ante los
b. En el caso que el administrado sea una persona
distinta a quien inició el procedimiento de edificación,
debe acreditar la representación del titular.
la misma.
d. En caso de modificaciones no sustanciales, plano
de ubicación y planos de replanteo debidamente suscritos
por el administrado y el profesional responsable o el
profesional en arquitectura o ingeniería designado como
profesional constatador de obra; asimismo, adjuntando
el respectivo archivo digital. La regularización de estas
modificaciones no aplica de tratarse de bienes inmuebles
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.
e. Declaración jurada de habilitación de los
profesionales que suscriben los documentos señalados
en el literal d.
La documentación contenida en los literales a) y d) se
presentan en tres (03) juegos originales.
Todos los requisitos antes enumerados tienen la
condición de declaración jurada de las personas que
los suscriben; por tanto, el funcionario municipal que los
recibe solo se limita a verificar, en el acto de presentación,
que los documentos coincidan con los antes señalados.
Para el caso de la Modalidad A, sella y firma cada
uno de los documentos presentados. Este acto constituye
la Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación y
autoriza su inscripción registral.
Para el caso de las Modalidades B, C y D, el
funcionario municipal que recibió los documentos remite
el expediente al órgano municipal encargado del control
urbano para que, en un plazo no mayor a quince (15) días
calendario, bajo responsabilidad, efectúe las siguientes
acciones:
a. Verificar que los planos de replanteo en obra del
proyecto arquitectónico y la declaratoria de edificación,
correspondan a la licencia otorgada.
b. Efectuar la inspección de las obras ejecutadas.
c. Anotar, suscribir y sellar en el Formulario Único la
conformidad. Este acto constituye la Conformidad de Obra
y Declaratoria de Edificación y autoriza su inscripción
registral.
Transcurridos los quince (15) días calendario, sin
que se otorgue la conformidad, se aplica el silencio
Para todas las modalidades de aprobación, debe
existir documento que registre la ejecución de la obra, el
cual se presenta al momento de solicitar la recepción o
conformidad de obras, de acuerdo a los alcances que se
establecen en el reglamento respectivo.
Artículo 28-A.- Conformidad de Obra y Declaratoria
de Edificación Anticipadas
El administrado puede optar por solicitar la conformidad
de obra y la declaratoria de edificación anticipadas a nivel
de casco no habitable, para edificaciones destinadas a
vivienda, oficina y comercio; solo en las modalidades B, C
y D; cuyo proyecto se encuentre financiado por una entidad
financiera o con las garantías respectivas; y, si la obra a
nivel de casco no habitable se ha realizado de acuerdo a
los planos aprobados con la Licencia respectiva; debiendo
presentar los requisitos y realizar el procedimiento que se
establecen en el reglamento respectivo.
Para todas las modalidades de aprobación, debe
existir documento que registre la ejecución de la obra
a nivel de casco no habitable que debe presentarse al
momento de solicitar la conformidad de obra anticipada,
de acuerdo a los alcances que se establecen en el
Reglamento respectivo.
Si se opta por la Conformidad de Obra y Declaratoria
de Edificación Anticipadas, el promotor inmobiliario debe
publicitar en todo momento que su proyecto se realiza
mediante dicho procedimiento, en concordancia con lo
previsto en el artículo 2 de la Ley Nº 29571, Código de
Protección y Defensa del Consumidor, debiendo hacer
constar dicha condición en los contratos de venta que
suscriba a partir de la expedición de la Conformidad de Obra
yDeclaratoriadeEdificaciónAnticipada,comprometiéndose
a culminar la obra y a obtener la Conformidad de Obra y
Declaratoria de Edificación definitiva.
El Formulario Único de conformidad de obra y
declaratoria de edificación anticipadas, una vez sellado
y con el número de resolución respectivo, tiene calidad
de instrumento público y constituye título suficiente para
inscribir de manera definitiva la respectiva declaratoria de
edificación, la independización y el reglamento interno, sin
cambio de la titularidad de las unidades inmobiliarias.

Artículo 28-B.- Edificación Terminada
Una vez terminadas las obras pendientes de
ejecución, el administrado puede hacer entrega de las
unidades inmobiliarias, y a fin de dar cabal cumplimiento a
sus obligaciones debe solicitar la Conformidad de Obra y
Declaratoria de Edificación de acuerdo a lo establecido en
el artículo 28 de la presente Ley, conforme al Reglamento
Edificación.
Artículo 29.- Del registro
29.1 De la inscripción preventiva - predeclaratoria
de fábrica
Los propietarios pueden solicitar al registro
correspondiente la anotación preventiva de la
predeclaratoria de fábrica, la misma que tendrá vigencia
por un (1) año.
Cuando se solicita la predeclaratoria de fábrica de una
unidad inmobiliaria, con secciones de propiedad exclusiva
y bienes comunes, debe inscribirse necesariamente,
en el mismo acto, la respectiva preindependización y
prerreglamento interno.
29.2 De la inscripción - declaratoria de fábrica
El formulario, una vez sellado, tiene calidad de
instrumento público y constituye título suficiente para
inscribir la respectiva declaratoria de fábrica.
En el caso de unidades inmobiliarias de propiedad
exclusiva y de propiedad común, el formulario debe
contener la especificación de los bienes y servicios
comunes y de propiedad exclusiva, independización,
reglamento interno y junta de propietarios, que se inscribe
en el registro respectivo.
El Formulario Único de conformidad de obra y
declaratoria de edificación anticipadas, una vez sellado
y con el número de resolución respectivo, tiene calidad
de instrumento público y constituye título suficiente
para inscribir la respectiva declaratoria de edificación
anticipada.
29.3 De la escritura pública
No obstante lo dispuesto en los artículos precedentes,
los propietarios y/o constructores pueden optar por
extender la declaratoria de fábrica mediante escritura
pública si así conviniese a su derecho.
Artículo 30.- De la regularización de habilitaciones
urbanas y de edificaciones ejecutadas con
anterioridad a la vigencia de la presente Ley
Las habilitaciones urbanas y las edificaciones que
hayan sido ejecutadas sin licencia o que no tengan
conformidad de obra después del 20 de julio de 1999 hasta
la publicación de la Ley Nº 29090, Ley de regulación de
las habilitaciones urbanas y de edificaciones, pueden ser
regularizadas hasta el 26 de setiembre de 2017, de acuerdo
a lo estipulado en la primera disposición complementaria
transitoria del Decreto Legislativo Nº 1225 y conforme al
procedimiento establecido en el Reglamento de Licencias
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación.
Todas aquellas edificaciones que no cumplen con
las normas urbanísticas y de protección del patrimonio
histórico, o que no se hayan regularizado al vencimiento
del plazo establecido en el primer párrafo, serán materia
de demolición, de conformidad con lo previsto en el artículo
93 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Las municipalidades podrán establecer programas de
regularización de habilitaciones urbanas y/o edificaciones
mediante incentivos a los contribuyentes, determinando
las condiciones, requisitos, respetando la normativa
nacional existente, a fin de regularizar las edificaciones
existentes y la respectiva actualización de su registro
Predial.
CAPÍTULO IV
DERECHOS DE TRAMITACIÓN
Artículo 31.- De las tasas
Las tasas que se fijen por los servicios administrativos
en los procedimientos establecidos en la presente
Ley no deben exceder el costo de la prestación de los
mismos y su rendimiento es destinado exclusivamente
al financiamiento del mismo, bajo responsabilidad,
de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 27444, Ley del
El incremento del monto de impuestos prediales y/o
arbitrios, producto de la habilitación urbana nueva y/ o
edificación será exigible a partir de la recepción de obras
y/o la conformidad de obra y declaratoria de edificación,
según sea el caso.
No están permitidos aumentos de impuestos prediales
o arbitrios durante la ejecución de las obras en virtud de
los avances de las mismas, salvo que, vencido el plazo
de vigencia de la licencia, la obra de edificación o de
habilitación urbana no se hubiere concluido.
Artículo 32.- Artículo derogado por el artículo 14
de la Ley Nº 29476, publicada el 18 diciembre de 2009.
Artículo 33.- Artículo derogado por el artículo 14
de la Ley Nº 29476, publicada el 18 diciembre de 2009.
Artículo 34.- Incentivos
Las municipalidades, para incentivar la formalización
de la propiedad predial en sus jurisdicciones o con fines
de incentivar el desarrollo inmobiliario, pueden reducir,
exonerar o fraccionar el pago de los derechos establecidos
en el presente Título, siempre que constituyan ingresos
propios de cada municipalidad, en aplicación de lo
establecido en el artículo 9 numeral 9) de la Ley Nº 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades.
TÍTULO IV
NORMALIZACIÓN EDIFICATORIA
Artículo 35.- Concepto
La normalización edificatoria tiene como objeto
mejorar la habitabilidad, el costo, tiempo y productividad
en las edificaciones y habilitaciones urbanas. Se
establece mediante las normas técnicas de edificación y
la promoción de la investigación en materia de edificación
y habilitación urbana.
Artículo 36.- Normas técnicas de la edificación
El Reglamento Nacional de Edificaciones y el Código
de Estandarización de Partes y Componentes de la
Edificación constituyen las normas técnicas nacionales de
cumplimiento obligatorio por todas las entidades públicas,
así como por las personas naturales y jurídicas de derecho
privado que proyecten o ejecuten habilitaciones urbanas
y edificaciones en el territorio nacional. Los gobiernos
regionales y locales deberán adecuar su normativa al
Reglamento Nacional de Edificaciones.
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
emite opinión vinculante sobre las consultas y aclaraciones
en la aplicación de la normativa técnica de su sector.
a. El Reglamento Nacional de Edificaciones
El Reglamento Nacional de Edificaciones es el
único marco normativo que establece los criterios y
requisitos mínimos de calidad para el diseño, producción
y conservación de las edificaciones y habilitaciones
urbanas.
El Reglamento Nacional de Edificaciones se
actualizará periódicamente de manera integral o parcial,
conforme a los avances tecnológicos y la demanda de la
sociedad.
b. El Código de Estandarización de Partes y
Componentes de la Edificación
El Código de Estandarización de Partes y Componentes
de la Edificación, es el conjunto de normas técnicas que
deben cumplir las partes, componentes y materiales
para las edificaciones, a fin de garantizar su calidad y
seguridad. Será aprobado mediante decreto supremo, con
opinión técnica del Instituto Nacional de Calidad (INACAL).
Las entidades del Estado, competentes en materia
de edificaciones, propiciarán el desarrollo de normas
técnicas que estandaricen los materiales y componentes
constructivos e incentiven la utilización de sistemas
constructivos normalizados que logren mayores índices

de productividad. Asimismo, fomentarán la acreditación de
entidades privadas que evalúen y otorguen la certificación
de productos. El órgano competente del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento es el encargado
de la elaboración del Código de Estandarización de Partes
y Componentes de la Edificación, en base a las Normas
Técnicas Peruanas de requisitos y métodos de ensayo de
materiales de edificación y las contenidas en el Reglamento
Nacional de Edificaciones.
Artículo 37.- Promoción de la investigación y
desarrollo en materia de edificación
Las entidades del Estado, competentes en materia de
edificaciones, incentivarán la investigación y capacitación
tecnológica con fines de innovación, que reditúen en
mayores niveles de productividad y calidad edificatoria.
Asimismo, estimularán el estudio y mejoramiento de
tecnologías constructivas tradicionales en lo que respecta
a condiciones sismorresistentes, de estabilización,
durabilidad y seguridad social y económica. Para dicho
propósito, propiciarán convenios con entidades públicas,
privadas o entidades cooperantes, con la participación del
Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la
Construcción - SENCICO.
TÍTULO V
PROMOCIÓN EDIFICATORIA
Artículo 38.- De la promoción edificatoria
Las entidades públicas, a nivel nacional, regional y
local propiciarán estímulos e incentivos para la producción
e inversión inmobiliaria, dando preferente atención a
las edificaciones de interés social y a la conservación y
recuperación del patrimonio cultural inmueble.
Se otorgará asimismo, incentivos para la formalización
de fábrica y la independización de unidades inmobiliarias
a fin de propiciar la densificación urbana, en concordancia
con los planes de desarrollo urbano.
Artículo 39.- Del régimen normativo
La adopción de las normas que regularán la
inversión inmobiliaria se sustentarán en los principios de
concordancia, neutralidad, simplicidad, transparencia y
obligatoriedad de difusión que se describen a continuación:
- Por concordancia se entiende que las normas
que se expidan para una determinada localidad, deben
estar en armonía con las determinaciones del plan de
acondicionamiento territorial, de acuerdo con los niveles
de prevalencia.
- Por neutralidad se entiende que cada propietario
tendrá el derecho de tener el mismo tratamiento normativo
que cualquier otro, si las características urbanísticas de
una misma área de la ciudad o municipio son iguales.
- Por simplicidad se entiende que las normas se
elaborarán de tal forma que se facilite su comprensión,
aplicación y control.
- Por transparencia se entiende que el régimen
normativo debe ser explícito y completamente público
para todas las partes involucradas en la actuación
urbanística y edificatoria y para los usuarios.
- Por obligatoriedad de difusión se entiende que los
organismos del Estado se encuentran obligados a la
difusión de la normativa edificatoria relativa a su nivel de
competencia, para lo que establecerán los mecanismos y
recursos correspondientes.
Las obras de saneamiento y electrificación ejecutadas
por terceros, en el marco de los proyectos de habilitación
urbana y de edificación, formulados conforme a la
normativa técnica específica vigente y que cuenten con
la factibilidad otorgada por las empresas prestadoras
de servicios, no están sujetas a las normas del Sistema
Nacional de Inversión Pública.
Artículo 40.- De la seguridad jurídica y eliminación
de restricciones administrativas a las inversiones
inmobiliarias
Los procedimientos y trámites administrativos, que
sigan las personas naturales o jurídicas, en edificaciones
ante las autoridades competentes, deben otorgar certeza
en cuanto al curso de las solicitudes, y tendrán como
característica la simplicidad y la transparencia de todos
los trámites y sus correspondientes requisitos.
Los ministerios, instituciones y organismos públicos, y
otras entidades de la Administración Pública, de cualquier
naturaleza, ya sean dependientes del Gobierno Central,
gobiernos regionales o locales, están obligados a aprobar
normas legales destinadas a unificar, reducir y simplificar
los procedimientos y trámites administrativos que se
siguen ante la respectiva entidad. Cualquier requerimiento
adicional a lo previsto en la presente Ley, constituye una
barrera de acceso al mercado.
Artículo 41.- Promoción de proyectos de vivienda
social
La determinación de los derechos que deben abonar
los administrados por concepto de revisión de proyectos,
en el caso de proyectos que abarcando lotes contiguos o
manzanas completas de habilitaciones urbanas con lotes
independizados, se efectúa sobre la base de repeticiones
de módulos típicos de vivienda, dentro de los Programas
del Sector que involucren viviendas de interés social.
Toda solicitud de obra para edificación nueva en
proyectos, se exigirá y tramitará en un (1) sólo expediente
administrativo, especificándose las unidades prediales a
que se refiere, generando un único derecho de revisión,
teniendo en cuenta los parámetros siguientes:
NÚMERO DE UNIDADES DERECHOS
Unidad Habitacional típica o única 100%
Hasta 10 repeticiones 50%
Hasta 1 000 repeticiones 10%
Más de 1 000 repeticiones 5%
La aplicación del concepto de repetición se da en los
siguientes casos:
1. Cuando un proyecto se desarrolla mediante uno o
más módulos típicos de vivienda que se utilizan más de
una vez. Esto se refiere inclusive a las copias especulares
(plantas rebatidas).
2. Cuando un proyecto de edificación de varios pisos
se desarrolla con plantas típicas.
3. Cuando los edificios constituyen modelos que se
utilizan más de una vez, el edificio en conjunto pasa a ser
el modelo o módulo típico.
El citado expediente administrativo, una vez aprobado
por la municipalidad correspondiente, constituirá título
únicosuficienteparasolicitarlainscripcióndelahabilitación
urbana, la declaratoria de fábrica, la independización y
numeración ante el registro correspondiente, de todas las
unidades inmobiliarias resultantes del proyecto.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Única.- Las municipalidades contarán con un plazo
de ciento ochenta (180) días, desde la publicación de la
presente Ley, para aprobar su correspondiente Plan de
Desarrollo Urbano, de ser el caso.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- El Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, en un plazo de ciento ochenta (180) días
calendario, aprobará los siguientes reglamentos:
a. El Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana
y Licencias de Edificación;
b. el Reglamento de los Revisores Urbanos; y,
c. el Reglamento de Verificación Administrativa y
Técnica.
Los Reglamentos serán aprobados mediante decreto
supremo, refrendado por el Ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.

Segunda.- Las municipalidades distritales y las
provinciales o la Municipalidad Metropolitana de Lima,
en el ámbito del Cercado, en un plazo de ciento ochenta
(180) días calendario, elaborarán un Banco de Proyectos,
el cual se menciona en el artículo 25, de acuerdo a las
necesidades de su jurisdicción. Cada municipalidad podrá
realizar las acciones pertinentes para la convocatoria,
elaboración y calificación de dichos proyectos,
previamente al plazo antes mencionado.
Tercera.- El Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, conjuntamente con el Ministerio de la
Producción,deberánelaborar,enunplazodedoce(12)meses,
el Código de Estandarización de Partes y Componentes de la
Edificación, a que se refiere el artículo 36, tomando en cuenta
las Normas Técnicas Peruanas vigentes. Sin perjuicio de ello,
dichos Ministerios solicitarán al INDECOPI la elaboración
o actualización de las Normas Técnicas Peruanas de
Edificación que consideren pertinentes.
Cuarta.- Facúltase a la COFOPRI para que, mediante
un proceso simplificado especial, aprobado por decreto
supremo, pueda efectuar las declaratorias de fábrica de
predios cuyo terreno haya sido materia de un proceso de
formalización, así como de los terrenos que sean objeto del
saneamiento físico legal al que se refiere la Ley Nº 28687,
Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización
de la Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotación de
Servicios Básicos, hasta los límites que se establezca.
Quinta.- Las municipalidades, dentro del plazo de
cuarenta y cinco (45) días, contados desde la entrada en
vigencia de la presente Ley, deberán actualizar su Texto
Único de Procedimientos Administrativos - TUPA.
Sexta.- La Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos - SUNARP, dentro del plazo de cuarenta y
cinco (45) días, contados desde la entrada en vigencia
de la presente Ley, deberá adecuar su Reglamento de
Inscripción de Predios, de acuerdo con las disposiciones
contenidas en esta Ley.
Sétima.- Los procedimientos administrativos, iniciados
al amparo de la normativa anterior a la entrada en
vigencia de la presente Ley, se regirán por dichas normas
hasta su culminación; salvo que, por solicitud escrita del
administrado, se acoja a lo establecido en esta Ley.
Octava.- A la entrada en vigencia de la presente Ley,
quedan derogadas las Leyes Núms. 26878 y 27135, el
Título II de la Ley Nº 27157 y todas las disposiciones
legales que se opongan a la presente Ley.
Novena.- La presente Ley entra en vigencia al día
siguiente de la publicación de los Reglamentos, para cuyo
efecto el plazo se encuentra establecido en la Primera
Disposición Final.
1491051-10
Aprueban la “Guía para la Identificación
y Estandarización de Especificaciones
TécnicasdelosMedidoresdeAguaPotablea
instalarse en las Conexiones Domiciliarias”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Lima, 24 de febrero de 2017
VISTOS; los Memorándum N° 923-2016-VIVIENDA/
VMCS-DGPRCS y N° 061-2017-VIVIENDA/VMCS-
DGPRCS que adjuntan los Informes N° 399-2016-
VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DSyN°026-2017-VIVIENDA/
VMCS-DGPRCS-DS, respectivamente, y el Informe
N° 287-2017-VIVIENDA/OGAJ de la Oficina General de
Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1280, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y
Prestación de los Servicios de Saneamiento (LMGPSS),
se declara de necesidad pública y de preferente interés
nacional la gestión y la prestación de los servicios de
saneamiento con el propósito de promover el acceso
universal de la población a los servicios de saneamiento
sostenibles y de calidad, proteger su salud y el ambiente,
la cual comprende a todos los sistemas y procesos que
integran los servicios de saneamiento, a la prestación de
los mismos y la ejecución de obras para su realización;
Que, por su parte los artículos 5 y 6 del LMGPSS en
concordancia con los artículos 5 y 6 de la Ley N° 30156, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento establece que este Ministerio
es el Ente Rector en materia de saneamiento, y como tal
le corresponde planificar, diseñar, normar y ejecutar las
políticas nacionales y sectoriales dentro de su ámbito de
competencia, que son de obligatorio cumplimiento por
los tres niveles de gobierno, en el marco del proceso de
descentralización y en todo el territorio nacional;
Que, el literal a) del artículo 11 del Texto Único
Ordenado del Reglamento de la Ley N° 26338, Ley General
de Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto
Supremo N° 023-2005-VIVIENDA, aplicable en tanto no
se oponga a las disposiciones de la LMGPSS, establece
que corresponde al Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, formular, normar, dirigir, coordinar, ejecutar,
supervisar la política nacional y acciones del sector en
materia de saneamiento y evaluar permanentemente sus
resultados, adoptando las correcciones y demás medidas
que correspondan;
Que, con Informes N° 399-2016-VIVIENDA/VMCS-
DGPRCS-DS y N° 026-2017-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-
DS, la Dirección de Saneamiento de la Dirección General
de Política y Regulación en Construcción y Saneamiento,
propone la aprobación de la “Guía para la Identificación
y Estandarización de Especificaciones Técnicas de
los Medidores de Agua Potable a instalarse en las
Conexiones Domiciliarias”, la cual tiene por objetivos
difundir las especificaciones técnicas que deben cumplir
los medidores de agua antes de su recepción por parte
de los prestadores de servicios de saneamiento así como
establecer los requisitos para su adquisición, en el marco
de las normas metrológicas peruanas vigentes;
Que, de conformidad con la Ley N° 30156, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento y su Reglamento de
Organización y Funciones, aprobado por Decreto
Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, modificado por Decreto
Supremo N° 006-2015-VIVIENDA; el Decreto Legislativo
N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de
la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento
y el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley
N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento,
aprobado por Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la “Guía para la Identificación
y Estandarización de Especificaciones Técnicas de los
Medidores deAgua Potable a instalarse en las Conexiones
Domiciliarias”, la misma que forma parte integrante de la
presente Resolución Ministerial, y cuya observancia es de
obligatorio cumplimiento por parte de los prestadores de
servicios de saneamiento a nivel nacional.
Artículo 2.- Encargar a la Dirección de Saneamiento
de la Dirección General de Políticas y Regulación en
Construcción y Saneamiento realizar las acciones que
resulten necesarias para la difusión de la “Guía para la
Identificación y Estandarización de Especificaciones
Técnicas de los Medidores de Agua Potable a instalarse
en las Conexiones Domiciliarias”, aprobada en el artículo
1 de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Ministerial y la “Guía para la Identificación
y Estandarización de Especificaciones Técnicas de los
Medidores deAgua Potable a instalarse en las Conexiones
Domiciliarias” en el Portal Institucional del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.vivienda.
gob.pe), el mismo día de la publicación de la presente
Resolución Ministerial en el Diario Oficial El Peruano.
EDMER TRUJILLO MORI
1491047-1

REGLAMENTO DE LICENCIAS DE HABILITACIÓN
URBANA Y LICENCIAS DE EDIFICACIÓN
fecha 15 de mayo de 2017.
ANTECEDENTES:
 Decreto Supremo N° 009-2016-VIVIENDA
Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y
Licencias de Edificación, aprobado por el Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA y
modificado por los Decretos Supremos Nºs. 012-2013- VIVIENDA y 014-2015-VIVIENDA
Decreto Supremo que modifica el Reglamento de licencias de Habilitación Urbana y
Licencias de Edificación, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, modificado
por Decreto Supremo Nº 012-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y
Licencias de Edificación, aprobado por el Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y
Licencias de Edificación
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y
Licencias de Edificación

MINISTERIO DE VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
SEPARATA ESPECIAL
DECRETO SUPREMO
Decreto Supremo que aprueba
el Reglamento de Licencias
de Habilitación Urbana y
Licencias de Ediﬁcación
Lunes 15 de mayo de 2017AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Lunes 15 de mayo de 2017 / El Peruano2 NORMAS LEGALES
DECRETO SUPREMO
DECRETO SUPREMO
QUE APRUEBA EL REGLAMENTO
DE LICENCIAS DE HABILITACIÓN URBANA
Y LICENCIAS DE EDIFICACIÓN
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº
006-2017-VIVIENDA se aprobó el Texto Único Ordenado
de la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, en adelante la Ley, que
tiene por objeto establecer la regulación jurídica de los
procedimientos administrativos para la independización
de predios rústicos, subdivisión de lotes, obtención de
las licencias de habilitación urbana y de edificación;
fiscalización en la ejecución de los respectivos
proyectos; y la recepción de obras de habilitación
urbana y la conformidad de obra y declaratoria de
edificación; garantizando la calidad de vida y la seguridad
jurídica privada y pública; así como, establece el rol y
responsabilidades de los diversos actores vinculados en
los procedimientos administrativos;
Que, a través de la Ley Nº 30494, se modifica la
Ley Nº 29090, indicando que la misma tiene por objeto
de habilitación urbana y de edificación; fiscalización en
y declaratoria de edificación; garantizando la calidad de
establece el rol y responsabilidades de los diversos actores
vinculados en los procedimientos administrativos;
Que, con Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA,
modificado por los Decretos Supremos Nº
012-2013-VIVIENDA, Nº 014-2015-VIVIENDA y Nº
009-2016-VIVIENDA, se aprueba el Reglamento
Edificación, en adelante el Reglamento, el cual tiene por
objeto la regulación de los procedimientos administrativos
dispuestos en la Ley Nº 29090;
Que, la Ley Nº 30494 realiza entre otras
modificaciones a la Ley Nº 29090, la incorporación de
definiciones como Habilitación Urbana Nueva, Habilitación
Urbana Ejecutada, Reurbanización, Independización o
Parcelación de Terreno Rústico, Subdivisión de Predio
Urbano, Planeamiento Integral, Conformidad de Obra
y Declaratoria de Edificación, Conformidad de Obra y
Declaratoria de Edificación anticipadas; así como, precisa
que la Verificación Técnica es posterior a la obtención de
una Licencia de Habilitación Urbana y/o de Edificación;
Que, la citada Ley incorpora además los
procedimientos de Anteproyecto en Consulta,
Modificaciones al Proyecto de Habilitación Urbana y
de Edificación, Conformidad de Obra y Declaratoria
de Edificación anticipadas, de Edificación Terminada,
de actualización registral de predios correspondientes
a Habilitaciones Semirústicas a predios urbanos,
señalando que el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y de Edificación regulará los plazos, requisitos y
procedimientos;
Que, asimismo, en la regulación del citado
procedimiento de actualización registral de los predios
inscritos en el Registro de Predios como semi rústicos
a urbanos, se ha incorporado la figura del Verificador
Responsable, la misma que está prevista en el Reglamento
de la Ley Nº 27157 de Regularización de Edificaciones,
Exclusiva y de Propiedad Común, aprobado por Decreto
Supremo Nº 008-2000-MTC y modificatorias;
Que, posteriormente, el Decreto Legislativo Nº
1287 modificó la Ley Nº 29090 simplificando requisitos
para agilizar los procedimientos para la obtención de las
licencias de habilitación urbana y licencias de edificación,
en beneficio de los administrados; asimismo, traslada al
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento el
Registro Nacional de Revisores Urbanos, el cual debe
implementar para su entrada en funcionamiento, entre
otras disposiciones;
Que, por otro lado, el numeral 1, del artículo 3 de
la Ley Nº 29090 expresa sobre Habilitaciones Urbanas
que están exonerados de realizar aportes reglamentarios
los proyectos de inversión pública, de asociación público-
infraestructura pública;
Que, el último párrafo del numeral 16.9 del artículo
16 del Reglamento, señala que el procedimiento
administrativo de Habilitación Urbana contempla dos
etapas: i) Aprobación del Proyecto, y, ii) Recepción de las
Obras;
Que, acorde a lo dispuesto en el numeral 1 del
artículo 3 de la Ley Nº 29090, corresponde precisar que
la exoneración de efectuar aportes reglamentarios en los
proyectos de inversión pública, de asociación público-
infraestructura pública, deben ser considerados en la etapa
de Aprobación del Proyecto y en la etapa de Recepción de
las Obras;
Que, asimismo, en las habilitación urbanas, en
la etapa de recepción de las obras, de los proyectos de
inversión pública, de asociación público - privada o de
concesión privada que se realicen para la prestación
infraestructura pública, corresponde que se acepte la
recepción de la obra cuando se detecten variaciones
que impliquen modificaciones sustanciales que generen
la disminución de las áreas del cuadro de aportes con
las cuales fue autorizada la licencia respectiva o no
consideren dichas áreas, al encontrarse estos proyectos
exonerados de efectuar aportes reglamentarios conforme
a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 3 de la Ley Nº
29090;
Que, el Decreto legislativo Nº 1280 aprobó la Ley
Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de
Saneamiento, que entre otros, establece las medidas
orientadas a la gestión eficiente de los prestadores de los
servicios de saneamiento, con la finalidad de beneficiar a la
población, con énfasis en su constitución, funcionamiento,
desempeño, regulación y control, que sean autorizadas
acorde con lo establecido en el citado Decreto Legislativo;
Que, el numeral 21.1 del artículo 21 del Decreto
Legislativo Nº 1280, señala que el otorgamiento de la
factibilidad de los servicios es otorgado por los prestadores
o por las municipalidades, de ser el caso, dentro de su
ámbito de responsabilidad, señalando en su numeral
15.1 del artículo 15, quienes son los prestadores de los
servicios de saneamiento; correspondiendo adecuar el
Reglamento, respecto al otorgamiento del certificado de
factibilidad de servicios;
Que, considerando el sustento técnico brindado por
la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda
y Urbanismo, la Oficina General de Asesoría Jurídica
señala que es procedente legalmente emitir el presente
Decreto Supremo;
Que, conforme a lo indicado en los considerandos
precedentes, y teniendo en consideración las
modificaciones que la Ley Nº 30494 y el Decreto Legislativo
Nº 1287 realizan a Ley Nº 29090 y su adecuación normativa

El Peruano / Lunes 15 de mayo de 2017 3NORMAS LEGALES
en atención a lo establecido en el Decreto Legislativo Nº
1280 que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación
de los Servicios de Saneamiento, es necesario aprobar un
nuevo Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana
y Licencias de Edificación; y, modificar el Reglamento
de la Ley Nº.27157, Reglamento de la Ley Nº 27157 de
Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para
la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades
Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad
Común, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2000-
MTC y modificatorias;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral
8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú;
la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y, su
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por
el Decreto Supremo Nº 010-2014-VIVIVENDA, modificado
por Decreto Supremo Nº 006-2015-VIVIENDA; la Ley Nº
29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de
Edificaciones; y, la Ley Nº 30494 y el Decreto Legislativo
Nº 1287, ambas normas que modifican la Ley Nº 29090,
Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de
Edificaciones;
DECRETA:
Artículo 1.- Aprobación del Reglamento de
Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de
Edificación
Apruébase el Reglamento de Licencias de
Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, que consta
de cuatro (04) Títulos, ochenta (80) artículos y dos (02)
Disposiciones Complementarias Finales, el cual forma
parte integrante del presente Decreto Supremo.
Artículo 2.- Modificación del Reglamento de la
Ley Nº 27157 de Regularización de Edificaciones, del
Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del
Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad
Exclusiva y de Propiedad Común, aprobado por
Decreto Supremo Nº 008-2000-MTC, y modificatorias
Modifícase el numeral 2.2 del artículo 2, el artículo
8 y el numeral 9.3 del artículo 9 del Reglamento de la
Ley Nº 27157, Ley de Regularización de Edificaciones,
Exclusiva y de Propiedad Común, aprobado por
Decreto Supremo Nº 008-2000-MTC, y modificatorias,
los que en adelante quedan redactados de la siguiente
manera:
“Artículo 2º.-
Términos
(...)
2.2 Definiciones
Para los efectos de este Reglamento se
considera como:
(...)
- Verificador Responsable:
El arquitecto o ingeniero civil colegiado,
inscrito en el Índice de Verificadores a cargo
de la SUNARP; quien, bajo su responsabilidad
profesional, organiza y tramita el expediente
de regularización, constata la existencia y
características de la edificación, el cumplimiento
de las normas y parámetros urbanísticos y
edificatorios, confirma que los planos que
se adjuntan al expediente corresponden a la
realidad física del terreno y la edificación; y,
verifica que los predios que correspondan a
habilitaciones semirústicas cumplan con las
condiciones y requisitos respectivos para su
actualización registral”.
“Artículo 8.- Verificador Responsable
El Verificador Responsable de los trámites de
regularización y de actualización registral, debe ser
arquitecto o ingeniero civil colegiado. Puede ser público o
privado y se inscribirá en el Índice de Verificadores que la
SUNARP implementará de ser el caso.
Para dicha inscripción, el profesional que desee
ejercer como Verificador Responsable, solicitará su
inscripción a dicha entidad, presentando copia certificada
de su título profesional emitida por la universidad que lo
otorgó; Certificado de Habilitación Profesional del CAP o
del CIP, según corresponda; el comprobante de pago de
los derechos de inscripción, y el registro de su firma, sellos,
domicilio, datos de identidad personal, y compromiso
de veracidad, a través del formato que, para el efecto,
aprueba este reglamento.
La SUNARP, una vez cumplido el trámite, le
otorgará una Credencial de Verificador Responsable que
lo autoriza a ejercer su función dentro del ámbito de su
competencia”.
“Artículo 9.- Funciones del Verificador
Responsable
(...)
9.3 A efectos de la actualización registral, el
Verificador Responsable verifica que el
predio cumpla con las condiciones y los
requisitos establecidos en el Reglamento de
Licencias de Habilitación Urbana y Licencias
de Edificación, suscribiendo el Formulario
correspondiente”.
Artículo 3.- Publicación
Publícase el presente Decreto Supremo y el
Reglamento que se aprueba en el artículo 1, en el diario
oficial El Peruano y en el portal institucional del Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.vivienda.
gob.pe).
ÚNICA.- El Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento mediante Resolución Ministerial
aprobará los formatos relativos a los procedimientos
de licencias de habilitación urbana y licencias de
edificación señalados en el Reglamento de Licencias de
Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, dentro
de un plazo de noventa (90) días calendario, contados
desde la publicación del presente Decreto Supremo en
el diario oficial El Peruano.
DISPOSICION COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA
ÚNICA.- Derógase el Decreto Supremo Nº
008-2013-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de
Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación
y sus modificatorias, aprobadas por los Decretos Supremos
Nº 012-2013-VIVIENDA, Nº 014-2015-VIVIENDA y Nº
009-2016-VIVIENDA.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce
días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.
EDMER TRUJILLO MORI

TÍTULO I
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
El Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y
Licencias de Edificación, en adelante el Reglamento, tiene
por objeto desarrollar los procedimientos administrativos
dispuestos en la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, en adelante la
Ley.
Artículo 2.- Ámbito de Aplicación
2.1 Los procedimientos administrativos que se
desarrollan en el Reglamento son únicos y de
aplicación obligatoria a nivel nacional. Ninguna
norma, directiva, formulario o requerimiento
administrativo puede exigir mayores requisitos que
los establecidos en la Ley y el Reglamento.
2.2 Los procedimientos establecidos en el Reglamento
están sujetos al silencio administrativo positivo, con
excepción del procedimiento de habilitación urbana
de oficio.
Artículo 3.- Licencias
3.1 Definición
La Licencia es un acto administrativo emitido por
la Municipalidad mediante el cual se autoriza la
ejecución de una obra de habilitación urbana y/o de
edificación prevista en la Ley.
3.2 Características
La Licencia de Habilitación Urbana y/o de Edificación
se otorga de acuerdo a la documentación técnica
aprobada. Se encuentra afecta al pago de una tasa
por concepto de Licencia.
Tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses,
contados a partir de la fecha de su emisión,
prorrogable por doce (12) meses calendario y por
única vez. La prórroga se solicita dentro de los treinta
(30) días calendario, anteriores a su vencimiento,
indicando el número de resolución de la licencia y/o
del expediente y es emitida dentro de los tres (03)
días hábiles de solicitada.
Para la obtención de la Licencia de Edificación,
se tiene que acreditar que el predio cuenta, por
lo menos, con el correspondiente proyecto de
habilitación urbana aprobado. La inscripción
registral individualizada de un predio urbano es
requisito indispensable para el otorgamiento de la
Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación.
El administrado, para dar inicio a la ejecución de la
obra autorizada con las Licencias de Habilitación
Urbana y/o de Edificación, a excepción de las obras
preliminares, debe presentar el Anexo H, de acuerdo
al procedimiento establecido en el Reglamento de
Verificación Administrativa y Técnica - RVAT.
3.3 Administrados
Se entiende por administrados a los solicitantes de
la Licencia, los cuales pueden ser los propietarios,
usufructuarios, superficiarios, concesionarios, titulares
deunaservidumbreodeunaafectaciónenuso,oquien
cuente con derechos ciertos para llevar a cabo obras
de habilitación urbana y/o de edificación, respecto
del predio materia de la solicitud, pueden solicitar
Licencias de Habilitación Urbana y/o de Edificación
dentro del ámbito de la Ley y del Reglamento.
El titular de la Licencia es cualquier persona natural o
jurídica, pública o privada, sean éstas Asociaciones
de Vivienda o Pro Vivienda, Cooperativas de
Vivienda, Urbanizadoras, Habilitadoras y toda forma
de organización de persona jurídica, con o sin fines
de lucro.
3.4 Efectos de la Licencia
El otorgamiento de la Licencia de Habilitación Urbana
y/o de Edificación determina la adquisición de los
derechos de construcción en el predio, habilitando o
edificando en los términos y condiciones otorgados
en la misma.
La expedición de las citadas licencias no conlleva
a pronunciamiento alguno acerca de la titularidad
de los derechos reales, sobre el predio o predios,
objeto de ella.
Las licencias recaen en uno o más predios y
producen todos sus efectos, aun cuando sean
enajenados.
En el caso de proyectos a ser ejecutados por
etapas, se puede presentar un proyecto integral
cuyo plazo de aprobación tiene una vigencia de diez
(10) años, dentro de los cuáles se puede solicitar
para cada etapa la Licencia de Habilitación Urbana,
de Edificación, la Recepción de Obras, así como la
Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación,
teniendo cada uno de estos documentos una
3.5 Inscripción registral
La Licencia de Habilitación Urbana y/o de Edificación,
su prórroga y revalidación, son inscribibles en la
Partida correspondiente del Registro de Predios.
El asiento registral se cancela por el vencimiento
de las citadas licencias o por la inscripción de
la Recepción de Obras o de la Declaratoria de
Edificación, según corresponda.
Artículo 4.- Revalidación de Licencias
Vencido el plazo de vigencia de la Licencia de Habilitación
Urbana y/o de Edificación, el administrado puede
revalidarla por única vez y por el mismo plazo por el cual
fue otorgada.
La revalidación sólo procede cuando exista avance de la
ejecución de la obra sin considerar las obras preliminares,
constatado por la Municipalidad luego de la presentación
de la solicitud de revalidación. Este avance puede
presentar modificaciones no sustanciales.
El administrado solicita a la Municipalidad respectiva la
revalidación de la Licencia de Habilitación Urbana y/o
de Edificación, consignando la información sólo en las
secciones del Formulario Único de Habilitación Urbana
- FUHU o el Formulario Único de Edificación – FUE que
correspondan, y es otorgada dentro de los diez (10) días
hábiles de presentada la solicitud.
Artículo 5.- Parámetros para Habilitaciones Urbanas y
Edificaciones
5.1 El Certificado de Zonificación y Vías es el
documento emitido por la Municipalidad Provincial
REGLAMENTO DE LICENCIAS DE HABILITACIÓN URBANA
Y LICENCIAS DE EDIFICACIÓN

correspondiente, en un plazo máximo de cinco (05)
días hábiles y con una vigencia de treinta y seis (36)
meses, a solicitud del administrado y previo pago de
la tasa municipal correspondiente, otorgado según
la zonificación del predio y de acuerdo a los Planos
Urbanos vigentes.
En la solicitud se indica los datos referidos a la
ubicación del predio objeto de la solicitud adjuntando
un croquis sobre la ubicación del predio.
Edificatorios es el documento emitido por la
Municipalidad correspondiente, en un plazo máximo
de cinco (05) días hábiles y con una vigencia de
treinta y seis (36) meses, a solicitud del administrado
y previo pago de la tasa municipal correspondiente,
en el cual se especifican los parámetros y las
condiciones técnicas de diseño para el predio, de
acuerdo a la normativa urbanística y edificatoria
vigente al momento de su expedición, al cual se
sujeta el proceso de edificación.
En la solicitud se indican los datos referidos a la
ubicación del predio objeto de la solicitud.
5.3 Los documentos señalados en los numerales 5.1 y 5.2
del presente artículo generan deberes y derechos y a
su vez otorgan seguridad jurídica al titular del predio
y/o al tercero con derecho a habilitar y/o edificar.
5.4 Los administrados tienen acceso gratuito a
orientación e información completa, veraz y clara,
referida a la normativa urbanística y edificatoria que
se requiera para el cumplimiento de los requisitos
establecidos en los procedimientos administrativos
para el otorgamiento de Licencias de Habilitación
Urbana y/o de Edificación.
Artículo 6.- Obligaciones de las Municipalidades
Para efectos del Reglamento, bajo responsabilidad, la
Municipalidad tiene las siguientes obligaciones:
6.1 Abstenerse de exigir a los administrados el
cumplimiento de requisitos, la realización de
trámites, el suministro de información o la realización
de pagos, no previstos en la Ley y el Reglamento,
con excepción de las Zonas de Reglamentación
Especial.
6.2 Velar que las áreas que constituyan aportes
reglamentarios para cualquiera de las modalidades de
Habilitación Urbana, establecidas en el Reglamento
Nacional de Edificaciones - RNE, sean utilizadas
conforme al uso para el cual fueron aportadas.
6.3 Poner a disposición del público, en un ambiente
de fácil y libre acceso y/o en el portal web de la
Municipalidad, el texto de la Ley, del Reglamento
y de la normativa complementaria, así como
toda la información que pudiera ser útil para el
procesamiento de las Licencias de Habilitación
Urbana y/o de Edificación, pudiendo ser: Formulario
Único, planos de zonificación, índices de uso,
parámetros urbanísticos y edificatorios, las áreas
de aporte mencionadas en el numeral precedente,
entre otros. De igual forma, el Texto Único de
Procedimientos Administrativos.
6.4 En los trámites para la obtención de la Licencia de
Habilitación Urbana y/o Edificación, de Recepción
de Obra o de Conformidad de Obra y Declaratoria
de Edificación, verificar que los proyectos cumplan
con los parámetros urbanísticos y edificatorios;
comprobarquelosprofesionalesqueparticipanestán
habilitados en el ejercicio de su profesión y verificar
la información presentada por los administrados
respecto a la partida registral del predio, a través de
los portales web de los colegios profesionales y del
Registro de Predios, respectivamente.
6.5 Notificar al administrado copia del Acta de
Verificación y Dictamen, dentro del día hábil
siguiente de haberse emitido.
6.6 Remitir al Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento - MVCS, la información estadística,
señalada en el artículo 15 de la Ley, a través de
medios digitales, o registrar la misma en el Sistema
de Licencias de Habilitación Urbana y de Edificación.
Artículo 7.- Formalidades del expediente
7.1 El Formulario Único de Habilitación Urbana - FUHU
y el Formulario Único de Edificación - FUE, así como
sus anexos, son visados en todas sus páginas y
cuando corresponda, firmados por el administrado
y los profesionales que intervienen. Los citados
formularios tienen carácter de declaración jurada.
7.2 Toda la documentación técnica es firmada y sellada
por el profesional responsable de la misma, así
como por el administrado.
7.3 Los membretes de los planos contienen la
información sobre el administrado; los profesionales
responsables de los planos, su especialidad y el
número de colegiatura; el tipo de obra; el nombre
del proyecto y de los planos; la escala, la fecha y
la numeración del plano referida al número total de
planos por especialidad.
7.4 Para la numeración de los planos se utiliza los
siguientes prefijos:
7.4.1 Para proyectos de habilitación urbana:
“U” para el plano de ubicación y localización; “PP”
para los planos perimétricos; “PT” para los planos
topográficos; “PTL” para los planos de trazado y
lotización; “PO” para los planos de ornamentación
de parques; “PRL” para los planos de replanteo de
lotización; “PA” para los planos de altura de edificación;
y otros prefijos que permitan identificar la especialidad
correspondiente, a criterio del proyectista.
7.4.2 Para proyectos de edificación:
“U” para el plano de Ubicación y Localización; “A”
para los planos de arquitectura; “E” para los planos
de estructuras; “IS” para los planos de instalaciones
sanitarias; “IE” para los planos de instalaciones
eléctricas; y otros prefijos que permitan identificar la
especialidad correspondiente, a criterio del proyectista.
Artículo 8.- Habilitación Profesional
La Habilitación Profesional se acredita mediante una
declaración jurada de los profesionales que intervienen en
el proyecto y en la tramitación de la licencia respectiva.
Artículo 9.- Tasas
9.1 En todas las modalidades de aprobación, la tasa
es cancelada mediante el pago de los derechos
de tramitación; asimismo, incluye el concepto de
verificación administrativa cuando se trate de la
modalidad A, conforme a lo dispuesto en el numeral
11.3 del Reglamento de Verificación Administrativa y
Técnica, al inicio del trámite o el pago por derechos
de revisión de proyecto en las modalidades C
y D. El monto cancelado es consignado en el
rubro “Observaciones” del Formulario Único de
Habilitación Urbana - FUHU o del Formulario Único
de Edificación - FUE, según corresponda.
9.2 El monto de la tasa no excede el costo por la
prestación del servicio y su rendimiento es destinado
exclusivamente al financiamiento del mismo, no
pudiendo ser superior a una (01) unidad impositiva
tributaria - UIT.
Cuando el costo por la prestación del servicio
supere dicho monto, la Municipalidad sólo puede
cobrar un monto superior a una (01) UIT, con
autorización expresa de la Presidencia del Consejo
de Ministros, conforme a lo establecido en el
numeral 45.1 del artículo 45 de la Ley Nº 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, en
adelante la Ley Nº 27444 y, al artículo 70 del Texto
Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal,
aprobado por Decreto Supremo Nº 156-2004-EF.

9.3 El pago de las tasas sólo es exigible cuando están
señaladas en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos - TUPA de la Municipalidad
correspondiente, ratificadas y/o acorde a la
normativa vigente. La tasa que se cobre sin cumplir
con esta disposición, es considerada pago indebido.
9.4 El incumplimiento de lo señalado en los numerales
9.2 y 9.3 del presente artículo, constituye una
barrera burocrática ilegal, siendo aplicables las
sanciones establecidas en el Decreto Legislativo
Nº 1256, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas.
CAPÍTULO II
COMISIONES TÉCNICAS
Artículo 10.- Definición
Las Comisiones Técnicas son órganos colegiados cuyo
funcionamiento se rige por la Ley Nº 27444. Emiten dictámenes
de carácter vinculante para el otorgamiento o denegatoria de
una Licencia de Habilitación Urbana y/o de Edificación, en los
casos que corresponda de acuerdo a la Ley.
10.1 Las Comisiones Técnicas verifican el cumplimiento
de los requisitos o condiciones establecidos en las
disposiciones urbanísticas y/o edificatorias que regulan
el predio materia de trámite, de conformidad con las
normas de acondicionamiento territorial y/o desarrollo
urbano, el Reglamento Nacional de Edificaciones -
RNE y otras normas que sean de competencia para el
proyecto y/o anteproyecto en consulta.
En el caso de subsanación de observaciones, las
Comisiones Técnicas verifican si el administrado
subsanó las observaciones formuladas, no pudiendo
observar el proyecto de habilitación urbana,
el anteproyecto en consulta y/o el proyecto de
edificación presentado, sobre aspectos no objetados
en la(s) revisión(es) previa(s), bajo responsabilidad.
10.2 Para los procedimientos de otorgamiento de
Licencias de Habilitación Urbana, la Comisión
Técnica Distrital, la Comisión Técnica Provincial
y la Comisión Técnica Provincial Ad Hoc están
conformadas por:
a) Un (01) representante de la Municipalidad,
quien la preside.
b) Un (01) representante del Colegio deArquitectos
del Perú - CAP.
c) Un (01) representante del Colegio de Ingenieros
del Perú - CIP.
d) Un (01) representante de la Cámara Peruana
de la Construcción - CAPECO, en aquellas
localidades en las que dicha institución tenga
representación.
e) Un (01) representante por cada entidad
prestadora de servicios públicos.
10.3 Para los procedimientos de otorgamiento de
Licencias de Edificación, la Comisión Técnica
Distrital, la ComisiónTécnica Provincial y la Comisión
Técnica Provincial Ad Hoc están conformadas por:
a) Un (01) representante de la Municipalidad,
quien la preside.
b) Dos (02) representantes del Colegio de
Arquitectos del Perú - CAP.
c) Tres (03) representantes del Colegio de
Ingenieros del Perú - CIP, de las especialidades
de civil, sanitario y eléctrico o electromecánico.
10.4 Los delegados Ad hoc, representantes designados
por las instituciones con funciones específicas que
se precisan en el numeral 7 del artículo 4 de la Ley;
cuando corresponda emiten opinión.
10.5 Las Comisiones Técnicas están presididas por
un arquitecto o un ingeniero colegiado y hábil,
funcionario de la Municipalidad correspondiente.
Forman parte de las responsabilidades del
presidente de la Comisión Técnica, las siguientes:
a) Programar las sesiones para una calificación
oportuna del proyecto, conforme a los plazos
establecidos.
b) Requerir a las instituciones con funciones
específicas y a las entidades prestadoras de
servicios para que designen a sus delegados.
c) Convocar obligatoriamente a los delegados Ad
hoc en los casos que establezca la Ley.
d) Custodiar las copias de las Actas de Verificación
y Dictamen, debidamente legalizadas,
compiladas y foliadas.
e) Poner a disposición de las Comisiones
Técnicas y de los delegados Ad hoc, los planes,
planos y normas urbanísticas, de edificación
y administrativas vigentes, para facilitar la
evaluación y dictamen del proyecto.
f) Comunicar a las entidades respectivas, de ser
el caso, las infracciones en las que hubiesen
incurrido sus delegados, conforme a lo
establecido en el artículo 15 del Reglamento.
g) Las contempladas en los artículos 11 y 12 del
Reglamento.
h) Velar por el adecuado funcionamiento de la
Comisión Técnica y designar a su representante
suplente, funcionario o servidor municipal que
debe ser un arquitecto o un ingeniero colegiado
y hábil, a fin de garantizar el desarrollo de dicha
Comisión.
10.6 Los miembros de la Comisión Técnica están
impedidos de emitir dictámenes:
a) Sobre proyectos en los que tengan participación
personal.
b) Sobre proyectos en los que tengan parentesco
con el propietario o el proyectista, dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
c) Por encontrarse inhabilitados para participar
como miembros de las Comisiones Técnicas.
10.7 Para el cumplimiento de los plazos de los
procedimientos establecidos en la Ley y el
Reglamento y, teniendo en cuenta la carga de
expedientes, la Municipalidad puede conformar más
de una Comisión Técnica, para lo cual solicita a los
colegios profesionales, instituciones con funciones
específicas y entidades prestadoras de servicios, el
número de delegados correspondientes.
10.8 Los miembros de las Comisiones Técnicas están
obligados a asistir a las convocatorias efectuadas
por la Municipalidad.
10.9 En caso de inasistencias hasta en dos oportunidades
de algún delegado durante su periodo de designación,
la Municipalidad presenta una solicitud de sustitución
del mismo al colegio profesional respectivo, a la
entidad prestadora de servicios o a las instituciones
con funciones específicas, según sea el caso, por el
resto del periodo de su designación.
10.10 En caso que los colegios profesionales no atiendan la
solicitud a que se refiere el numeral precedente dentro
de los cinco (05) días hábiles de su presentación, la
Municipalidad Distrital o Provincial, respectivamente,
convoca a un profesional debidamente designado por
el colegio profesional correspondiente para cualquier
otra Municipalidad de la misma provincia o de la
misma región, según corresponda.

10.11 De existir en una Municipalidad más de una
Comisión Técnica, cualquiera de ellas se avoca a la
revisión de la subsanación de observaciones, a fin
de cumplir con los plazos previstos.
10.12 ElpresidentedelaComisiónTécnicaylaMunicipalidad
implementan las medidas administrativas necesarias
para que los integrantes de la Comisión Técnica
y los delegados Ad hoc tomen conocimiento de
los anteproyectos en consulta y proyectos a ser
evaluados con anticipación a las sesiones, lo que
incluye, la remisión por correo electrónico o la
visualización a través del portal electrónico de la
Municipalidad, de los planos presentados por el
administrado, los formularios, las normas y cualquier
otra documentación que sea necesaria para la
evaluación, resguardando en este último caso que no
se afecte el derecho del administrado.
10.13 La Municipalidad Distrital que no pueda constituir
Comisiones Técnicas, puede celebrar convenios
de colaboración interinstitucional con otras
Municipalidades del mismo ámbito provincial, a
fin de constituir las citadas Comisiones. En este
supuesto, la presidencia recae en el funcionario de la
Municipalidad que no cuenta con Comisión Técnica.
Las Municipalidades Distritales y/o Provinciales
pueden acordar entre ellas y con las entidades que
integran las Comisiones Técnicas, la conformación
de una Comisión Técnica Común para la revisión de
los proyectos presentados en sus jurisdicciones.
En este supuesto, el trámite se inicia con la
presentación del expediente en la Municipalidad en
cuya jurisdicción se ubica el proyecto. La verificación
del proyecto y la emisión del dictamen están a cargo
de la Comisión Técnica Común, correspondiendo a
la Municipalidad en la que se inició el trámite, emitir
la Licencia respectiva. La tasa municipal incluye el
costo de la revisión de los documentos presentados
que conforman el expediente.
En caso no se pueda constituir la Comisión Técnica
Común, la Municipalidad Distrital puede celebrar un
Convenio de Cooperación Interinstitucional con una
Municipalidad Provincial de la misma Región.
Artículo 11.- Funciones de las Comisiones Técnicas
para Habilitaciones Urbanas
11.1 La Comisión Técnica Distrital para Habilitaciones
Urbanas tiene las siguientes funciones:
a) Verificar que los proyectos cumplan con las
disposiciones urbanísticas que regulan el predio
respectivo, las que se señalan en el dictamen
correspondiente. La revisión es efectuada por los
miembros de la Comisión Técnica que asistan a
la respectiva sesión. La sesión se prolonga el
tiempo que sea necesario dentro del día en que
fue convocada, a fin que los asistentes revisen
los proyectos materia de evaluación.
b) Resolver cualquier vacío que pudiese existir
respecto de las disposiciones urbanísticas vigentes,
a fin de evaluar los proyectos que le son sometidos.
c) Fundamentar sus dictámenes cuando el proyecto
sea calificado con dictamen No Conforme.
d) Dictaminar en el día de su conocimiento, los
Recursos de Reconsideración.
e) Atender, obligatoriamente, a los profesionales
de su especialidad que soliciten sustentar
personalmente sus proyectos, quien podrá ir
acompañado del administrado.
11.2 La Comisión Técnica Provincial para Habilitaciones
Urbanas tiene las siguientes funciones:
a) Las señaladas en el numeral 11.1 del presente
artículo, para los proyectos a desarrollar en el
ámbito del Cercado.
b) Dictaminar en el día de su conocimiento, los
Recursos de Apelación formulados contra lo
resuelto por la Comisión Técnica Distrital.
c) Declarar la nulidad de los dictámenes emitidos
por la Comisión Técnica Distrital, solicitada por
cualquiera de sus miembros, contra lo resuelto
por dicha Comisión, de conformidad con la Ley
Nº 27444 y la normativa de la materia.
11.3 La Comisión Técnica Provincial Ad Hoc para
Habilitaciones Urbanas tiene las siguientes
funciones:
a) Dictaminar en el día de su conocimiento, los
Recursos de Apelación interpuestos contra lo
resuelto por la Comisión Técnica Provincial.
b) Declarar la nulidad de los dictámenes emitidos
por la Comisión Técnica Provincial, solicitada por
Artículo 12.- Funciones de las Comisiones Técnicas
para Edificaciones
12.1 La Comisión Técnica Distrital para Edificaciones
tiene las siguientes funciones:
a) Verificar que los anteproyectos en consulta y
proyectos cumplan con las normas urbanísticas
y edificatorias que regulan el predio respectivo,
lo cual consta en el dictamen correspondiente.
La revisión es efectuada por los miembros de
la Comisión Técnica que asistan a la respectiva
sesión. Las sesiones se prolongan el tiempo
que sea necesario, dentro del día en que fue
convocada, a fin que los asistentes revisen los
proyectos materia de evaluación.
b) Resolver cualquier vacío que pudiese existir
respecto de las disposiciones edificatorias
vigentes, a fin de evaluar los proyectos que le
son sometidos.
c) En la verificación del anteproyecto en
consulta, proyecto, modificación del proyecto,
Conformidad de Obra y Declaratoria de
Edificación, incluyendo la emisión del dictamen
por especialidad, la Comisión debe dictaminar
dentro del plazo establecido para cada
especialidad, pudiendo ampliar el plazo para la
calificación de los mismos, por una sola vez y
por un término que no sea mayor a cinco (05)
días hábiles, de tratarse de bienes integrantes
del Patrimonio Cultural de la Nación o de
previsible impacto socio - ambiental, o de gran
escala, cuya calificación requiera de un mayor
tiempo de análisis, lo que debe constar en el
Acta de Verificación y Dictamen.
d) Fundamentar sus dictámenes cuando el
proyecto sea calificado con dictamen No
Conforme.
e) Dictaminar en el día de su conocimiento, los
Recursos de Reconsideración.
f) Atender, obligatoriamente, a los profesionales
de su especialidad que soliciten sustentar
personalmente sus proyectos, quien podrá ir
acompañado del administrado.
12.2 La Comisión Técnica Provincial para Edificaciones
tiene las siguientes funciones:
a) Las señaladas en el numeral 12.1 del presente
artículo para los anteproyectos en consulta
y proyectos a desarrollar en el ámbito del
Cercado.
b) Dictaminar en el día de su conocimiento, los
resuelto por la Comisión Distrital.

c) Declarar la nulidad de los dictámenes emitidos
por la Comisión Técnica Distrital, solicitada por
12.3 La Comisión Técnica Provincial Ad Hoc para
Edificaciones tiene las siguientes funciones:
a) Dictaminar en el día de su conocimiento, los
resuelto por la Comisión Técnica Provincial.
b) Declarar la nulidad de los dictámenes emitidos
por la Comisión Técnica Provincial, solicitada por
Artículo 13.- Dictámenes de las Comisiones Técnicas
13.1 Las Comisiones Técnicas son responsables que
los dictámenes que emitan se sujeten a las normas
urbanísticas y edificatorias vigentes.
13.2 Los dictámenes se aprueban por mayoría simple de
los miembros de la Comisión Técnica presentes en
la sesión. Para el caso de Licencias de Edificación,
los dictámenes se emiten por especialidad.
13.3 Los pronunciamientos de los delegados Ad hoc
constituyenlaopinióndelaentidadalaquerepresentan,
por lo que son incorporados en los dictámenes.
13.4 Los dictámenes de la Comisión Técnica para
Habilitación Urbana y/o para Edificación, se emiten
por mayoría simple de los delegados asistentes, en
los siguientes términos:
a) Conforme: Cuando el proyecto cumple con las
normas urbanísticas y de edificación vigentes.
b) No Conforme: Cuando el proyecto incumple
alguna norma urbanística o de edificación
vigente, y cuya subsanación implica
necesariamente modificaciones sustanciales.
c) Conforme con Observaciones: Cuando el
proyecto cumple con las normas urbanísticas y
de edificación, vigentes; sin embargo, presenta
observaciones subsanables relacionadas a
la representación gráfica de los planos. El
expediente continúa con el trámite respectivo de
evaluación de especialidades, sin perjuicio que
la observación sea subsanada dentro del plazo
de tramitación del expediente.
Si cumplido el plazo de tramitación del
expediente, el administrado no ha cumplido
con subsanar la observación gráfica, el plazo
de tres (03) días hábiles con los que cuenta la
Municipalidad para la emisión de la licencia se
suspende hasta que el administrado presente
la subsanación correspondiente. El presidente
de la Comisión Técnica verifica que los planos
subsanen la representación gráfica, quien de
encontrarlos conformes procede a la emisión
del informe respectivo.
En el caso de un anteproyecto en consulta,
solo se emite el Dictamen en los términos de
Conforme y No Conforme.
13.5 El dictamen Conforme del proyecto de habilitación
urbana, del anteproyecto en consulta y del proyecto
de edificación, tiene un plazo de vigencia de treinta
y seis (36) meses.
El dictamen Conforme correspondiente a un
proyecto integral tiene un plazo de vigencia de diez
(10) años.
13.6 El dictamen No Conforme se justifica consignando
la norma transgredida, el articulado pertinente y
precisando las observaciones técnicas, las cuales se
formulan por única vez. Cada delegado que formule
observaciones debe fundamentar las mismas.
13.7 El proyecto de habilitación urbana o de edificación,
así como el anteproyecto en consulta con dictamen
No Conforme es devuelto, bajo cargo al administrado,
quien tiene un plazo de quince (15) días hábiles, para
subsanar las observaciones, presentando nuevos
planos y acompañando los planos observados.
En el procedimiento de obtención de Licencia de
Habilitación Urbana y/o de Edificación, de formularse
observaciones,elcómputodelplazoparadictaminarse
suspende desde la fecha en la que fueron formuladas,
reanudándose el mismo desde dicha fecha, una vez
presentadas las respectivas subsanaciones.
En caso, se formulen observaciones en alguna
especialidad, la evaluación de las respectivas
subsanaciones, así como posibles nuevas
observaciones y debidas subsanaciones se realizan
dentro del plazo con el que cuenta cada especialidad,
sin comprometer los plazos del resto de especialidades,
en concordancia con lo establecido en el párrafo
siguiente así como en el numeral 62.2 del artículo 62.
En caso de no presentar las subsanaciones de las
observaciones en el plazo otorgado al administrado,
o luego de la cuarta revisión no las subsana
satisfactoriamente, la Municipalidad declara la
improcedencia del trámite.
13.8 En cada uno de los planos se consigna el dictamen
de la Comisión Técnica, debidamente sellado y
firmado por cada uno de sus miembros, indicando
sus números de colegiatura.
13.9 El dictamen, en cualquiera de sus términos,
consignará la justificación en el Acta de Verificación
y Dictamen, la cual es suscrita por todos los
miembros de la Comisión Técnica, quienes tienen
derecho a dejar constancia de sus observaciones o
salvedades. El presidente custodia el Libro de Actas
de Verificación y Dictamen debidamente legalizado.
13.10 Se deja expresa constancia en el Libro de Actas de
Verificación de la asistencia a la respectiva sesión,
tanto de sus miembros como de los delegados Ad
Hoc, si fuese necesaria su participación para la
verificación del proyecto.
13.11 Los dictámenes emitidos por las Comisiones
Técnicas están sujetos a los recursos impugnatorios:
a) Recurso de Reconsideración: Es presentado
ante el presidente de la Comisión Técnica
Distrital que emitió el dictamen, órgano
colegiado que lo resuelve.
b) Recurso de Apelación: Es presentado ante el
presidente de la Comisión Técnica Distrital que
emitió el dictamen, quien lo eleva a la Comisión
Técnica Provincial dentro de un plazo de tres
(03) días hábiles, el que debe ser resuelto de
acuerdo a lo establecido en el numeral 13.4 del
presente artículo.
13.12 La Comisión Técnica Provincial Ad Hoc se pronuncia
sobre el Recurso de Apelación presentado contra lo
resuelto por la Comisión Técnica Provincial, cuando
se trate de predios ubicados en el Cercado.
Artículo 14.- Delegados
14.1 Los delegados de los colegios profesionales y los
delegados Ad hoc deben tener experiencia profesional
mayor a cinco (05) años en el diseño, revisión, ejecución
y/o supervisión de proyectos y obras de habilitación
urbana o de edificación, según corresponda; asimismo,
no pueden ejercer el cargo por más de dos (02) años
consecutivos en la misma jurisdicción.
La experiencia y los requisitos exigidos para los
delegados Ad hoc del Ministerio de Cultura, son
determinados por dicha entidad.

14.2 Los colegios profesionales designan ante la
Municipalidad respectiva, a los delegados que
los representan en la Comisión Técnica Distrital y
Provincial, así como en la Comisión Técnica Provincial
Ad Hoc que se señala en el numeral 11.3 del artículo
11 y el numeral 12.3 del artículo 12 del Reglamento,
remitiendo para tal efecto la relación de profesionales
que pueden desempeñarse como tales.
14.3 Las entidades prestadoras de servicios presentan
ante la Municipalidad respectiva, una relación de
profesionales designados como delegados ante
las Comisiones Técnicas señaladas en el numeral
precedente, de acuerdo al número de profesionales
requeridos por la Municipalidad. Asimismo, designan
a los representantes que, con los Revisores
Urbanos, realizan la verificación de los proyectos
presentados.
14.4 Las instituciones con funciones específicas presentan
ante la Municipalidad respectiva una relación de
profesionales designados como delegados Ad hoc
antelasComisionesTécnicasseñaladasenelnumeral
14.2 del presente artículo, de acuerdo al número
de profesionales requeridos por la Municipalidad.
Asimismo, designan a los representantes que, con
los Revisores Urbanos, realizan la verificación de los
anteproyectos en consulta y proyectos presentados.
14.5 Los delegados se pronuncian exclusivamente
sobre la materia que compete a la institución que
representan y son responsables individualmente por
los dictámenes que emiten.
14.6 El pago por revisión del anteproyecto en consulta
y/o proyecto de habilitaciones urbanas y de
edificaciones, según corresponda, es depositado
por los administrados en las cuentas que señalen
cada uno de los respectivos colegios profesionales
o instituciones representadas.
Los números de las cuentas son publicitados por
la Municipalidad, conforme con lo establecido en el
numeral 6.3 del artículo 6 del Reglamento.
14.7 El pago por revisión del proyecto de habilitación
urbana, del anteproyecto en consulta y/o del
proyecto de edificación, cuando corresponda,
faculta al administrado a presentar ante la Comisión
Técnica el proyecto respectivo hasta en dos (02)
oportunidades en cada una de las especialidades.
Artículo 15.- Infracciones y sanciones
15.1 Son infracciones de los integrantes de las
Comisiones Técnicas:
a) Emitir dictamen sobre expedientes incompletos,
siempre que las omisiones del mismo impidan la
evaluación del proyecto.
b) Emitir dictamen en contravención de los
requisitos o condiciones establecidos en la
normatividad vigente.
c) Emitir dictamen contraviniendo lo establecido en
los artículos 11, 12 y 13 del Reglamento.
d) Dar lugar a que opere el silencio administrativo
positivo.
15.2 Las infracciones son sancionadas con inhabilitación
hasta por dos (02) años para participar como miembro
de la Comisión Técnica a nivel nacional, sin perjuicio
de las sanciones civiles y penales que correspondan.
La respectiva Municipalidad comunica al colegio
profesional o institución respectiva la infracción para
las acciones que corresponda.
La reincidencia en alguna de las infracciones
señaladas en el numeral 15.1 del presente artículo
es sancionada con inhabilitación permanente para
ser designado como miembro de la Comisión
Técnica a nivel nacional; debiendo actuarse según
lo previsto en el párrafo anterior.
TÍTULO II
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
Artículo 16.- Habilitación Urbana
16.1 Es el proceso de convertir un terreno rústico o
eriazo en urbano, mediante la ejecución de obras de
accesibilidad, de distribución de agua y recolección
de desagüe, de distribución de energía e iluminación
pública. Adicionalmente, el terreno puede contar
con redes para la distribución de gas y redes de
comunicaciones. Este proceso requiere de aportes
gratuitos y obligatorios para fines de recreación
pública, que son áreas de uso público irrestricto; así
como para servicios públicos complementarios, para
educación, salud y otros fines, en lotes regulares
edificables que constituyen bienes de dominio
público del Estado, susceptibles de inscripción
en el Registro de Predios de la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos.
16.2 En las habilitaciones urbanas para uso de vivienda
se puede autorizar la construcción de edificaciones
y locales destinados a Servicios Públicos
Complementarios simultáneamente con la ejecución
de las obras de habilitación urbana, de acuerdo a lo
previsto en el Reglamento Nacional de Edificaciones
- RNE.
En estos casos las Licencias de Edificaciones
son tramitadas conforme a los procedimientos
contemplados en el Reglamento y según la
modalidad de aprobación que corresponda; no
pudiéndose otorgar la Conformidad de Obra y
Declaratoria de Edificación si previamente no se ha
obtenido la Recepción de Obras de la habilitación
urbana correspondiente.
16.3 En las habilitaciones urbanas para uso de vivienda
se puede autorizar la ejecución de las obras en forma
progresiva, pudiendo solo diferirse la ejecución de
las calzadas y/o las aceras conforme se establece
en el Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE,
cumpliéndose las condiciones establecidas en dicho
Reglamento.
La ejecución y recepción de las obras diferidas
pueden ejecutarse progresivamente en el plazo
máximo de diez (10) años.
16.4 El procedimiento administrativo de habilitación
urbana contempla dos etapas:
a) Aprobación del proyecto.
b) Recepción de las obras.
16.5 Se puede solicitar la autorización de ejecución de
obras con construcción simultánea, en los tipos de
habilitación urbana previstos en el artículo 21 de la
Ley.
16.6 El proceso de Reurbanización, a través del cual se
recompone la trama urbana existente, mediante
la reubicación o redimensionamiento de las vías
y que puede incluir la acumulación y posterior
subdivisión de lotes, la demolición de edificaciones
y cambios en la infraestructura de servicios; están
sujetos a los trámites de una habilitación urbana
con construcción simultánea y no están sujetos a
los aportes adicionales a los existentes; debiendo
cumplir lo dispuesto en el Reglamento Nacional de
Edificaciones - RNE y demás normas vigentes.
16.7 Previo al proceso de habilitación urbana se
puede utilizar el Reajuste de Suelos, que es el
mecanismo de gestión de suelo para el desarrollo
urbano en áreas de expansión urbana, el cual
consiste en la acumulación de parcelas rústicas de
distintos propietarios, constituyendo una forma de

organización con personería jurídica, para ejecutar
la habilitación urbana de acuerdo a lo establecido
en el Reglamento, en el Reglamento Nacional
de Edificaciones - RNE y en el Reglamento de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Sostenible – RATDUS.
Este proceso es aplicable para casos de parcelas
rústicas que por sus formas o dimensiones
individuales dificultan la dotación física de las áreas
de aportes, la incorporación de las obras de carácter
provincial, la subdivisión de lotes, entre otros.
En los casos en los que se autorice la habilitación
urbana con construcción simultánea y, las
edificaciones se autoricen por etapas, que pueden
ser ejecutadas por diferentes copropietarios, para
garantizar la entrega de los aportes reglamentarios
de habilitación urbana, los titulares del predio deben
presentar Carta Fianza a favor de la Municipalidad
correspondiente, por un monto equivalente al valor
de los citados aportes.
16.8 Los aportes reglamentarios a los que están obligados
de efectuar los titulares de predios rústicos que
requieran iniciar procesos de habilitación urbana se
regulan por:
a) Lo previsto en la Norma Técnica GH.020
“Componentes de Diseño Urbano” del
Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE.
b) En habilitaciones urbanas para uso industrial, los
aportes reglamentarios pueden ser adjudicados
a las entidades receptoras de los mismos en un
terreno habilitado, de propiedad del titular de
la habilitación urbana, localizado fuera de los
linderos del lote materia del procedimiento de
habilitación urbana y dentro de la jurisdicción
distrital.
Enlapartidaregistraldebeinscribirsecomocarga,
la resolución administrativa de la Municipalidad
con la que acepta que el aporte reglamentario se
ubique fuera del predio materia de habilitación
urbana y, la minuta de transferencia del terreno
por los aportes reglamentarios a favor de las
entidades receptoras.
El administrado puede hacer entrega anticipada
del aporte reglamentario, el mismo que puede
inscribirse en el Registro de Predios. Realizada
dicha inscripción, las Entidades Receptoras
pueden disponer del aporte reglamentario
anticipado para la ejecución de las obras de
edificación que correspondan, según los usos
para los cuales fueron destinados.
En la memoria descriptiva del proyecto de
habilitación urbana, se hace referencia a la
partida registral del terreno a ser entregado en
calidad de aportes reglamentarios.
c) En los casos que corresponda, el monto de
la redención de los aportes reglamentarios se
calcula al valor de tasación arancelaria por
metro cuadrado del terreno urbano.
d) Están exonerados de efectuar aportes
reglamentarios, tanto para la aprobación del
proyecto como para la recepción de obras,
los titulares de predios rústicos en los que se
realicen proyectos de inversión pública, de
asociación público - privada o de concesión para
la prestación de servicios públicos esenciales o
para la ejecución de infraestructura pública.
16.9 En los casos que el aporte reglamentario entregado
en forma anticipada forme parte del terreno
materia de habilitación urbana, para garantizar la
ejecución de las obras de habilitación urbana que
le corresponden, los titulares del predio deben
presentar Carta Fianza a favor de la Municipalidad
correspondiente, por el monto de las obras faltantes,
pudiendo optar por:
a) La reserva a favor de la Municipalidad, por el
valor de las obras faltantes, a ser inscrita como
carga registral.
b) La ejecución de obras de interés local, por el
valor de las obras faltantes.
Artículo 17.- Modalidades de aprobación de
Habilitación Urbana
Para los proyectos de habilitación urbana existen cuatro
(04) modalidades conforme a lo dispuesto en el artículo
10 de la Ley.
17.1 Modalidad A: Aprobación automática con firma
de profesionales
a) Las habilitaciones urbanas de terrenos en
los que se desarrollen proyectos de inversión
pública, de asociación público - privada o de
concesión privada que se realicen para la
prestación de servicios públicos esenciales o
para la ejecución de infraestructura pública.
b) Las habilitaciones urbanas correspondientes a
Programas promovidos por el Sector VIVIENDA,
para la reubicación de beneficiarios de atención
extraordinaria del Bono Familiar Habitacional,
establecidos en el numeral 3.2.1 del artículo
3, de la Ley Nº 27829, Ley que crea el Bono
Familiar Habitacional (BFH).
En la presente modalidad, no están contempladas
las habilitaciones urbanas proyectadas sobre
terrenos que constituyan parte integrante del
Patrimonio Cultural de la Nación declaradas por el
Ministerio de Cultura.
17.2 Modalidad B: Aprobación de Proyecto con
previa por los Revisores Urbanos
Pueden acogerse a esta modalidad, las
habilitaciones urbanas:
a) De unidades prediales no mayores de cinco (05)
hectáreas que constituyan islas rústicas y que
conformen un lote único como resultado de la
habilitación urbana, siempre y cuando el lote
no se encuentre afecto al Plan Vial Provincial o
Metropolitano.
b) De predios que cuentan con un Planeamiento
Integral aprobado con anterioridad.
En la presente modalidad, no están contempladas las
habilitaciones urbanas proyectadas sobre terrenos que
constituyan parte integrante del Patrimonio Cultural de
la Nación declaradas por el Ministerio de Cultura.
17.3 Modalidad C: Aprobación de Proyecto con
evaluación previa por la Comisión Técnica o por
los Revisores Urbanos
Pueden acogerse a esta modalidad las habilitaciones
urbanas:
a) Que se vayan a ejecutar por etapas con sujeción
a un Planeamiento Integral.
b) Con construcción simultánea que soliciten venta
garantizada de lotes.
c) Con construcción simultánea de viviendas
en las que el número, dimensiones de lotes a
habilitar y tipo de viviendas a edificar se definan
en el proyecto, siempre que su finalidad sea la
venta de viviendas edificadas.
17.4 Modalidad D: Aprobación de Proyecto con
los Revisores Urbanos
Pueden acogerse a esta modalidad las habilitaciones
urbanas:

a) De predios que no colinden con áreas urbanas
o colinden con predios que cuenten con
proyectos de habilitación urbana aprobados
y no ejecutados, y por tanto, se requiere de la
formulación de un Planeamiento Integral.
b) De predios que colinden con zonas
arqueológicas, con bienes inmuebles
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación,
o con Áreas Naturales Protegidas.
c) Con o sin construcción simultánea, para fines de
Industria, Comercio y Usos Especiales (OU).
17.5 La Municipalidad, a requerimiento del administrado,
otorgaLicenciadeHabilitaciónUrbanabajolosalcances
de una modalidad superior a la que corresponda el
proyecto. Los requisitos son los mismos a los exigidos
por la modalidad superior y, de ser el caso, se debe
presentar también el comprobante de pago por revisión
del proyecto para el caso de las modalidades C y D con
evaluación previa por la Comisión Técnica.
17.6 El proceso de Reurbanización es aprobado en la
modalidad C.
Artículo 18.- Documentos previos para la Habilitación
Urbana
Son los documentos que regulan el diseño o las condiciones
técnicas que afectan el proceso de habilitación urbana, por
lo que se debe recabar o tramitar con anterioridad dicho
proceso, de acuerdo al artículo 14 de la Ley, siendo éstos:
18.1 Certificado de Zonificación y Vías, es el documento
emitido por las Municipalidades Provinciales en el
ámbito de sus jurisdicciones, que especifica los
parámetros de diseño que regulan el proceso de
Habilitación Urbana de un predio.
A solicitud del administrado y para trámites de
Habilitación Urbana Ejecutada, previa declaración
de la fecha de ejecución de dicha habilitación, la
Municipalidad consigna los parámetros de diseño
vigentes a la fecha de ejecución de la habilitación
urbana y los vigentes a la fecha de expedición del
certificado.
18.2 Certificado de Factibilidad de Servicios, es el
documento emitido por los prestadores de servicios
de saneamiento y las entidades prestadoras de
energía eléctrica; y cuya obtención es necesaria
con anterioridad al trámite de licencia de habilitación
urbana.
El Certificado de Factibilidad de Servicios tiene una
vigencia de treinta y seis (36) meses, prorrogable
por única vez por doce (12) meses calendario.
Los rembolsos a que se refiere el numeral 3 del
artículo 14 de la Ley, se efectuarán en el plazo que
para el efecto establezcan las normas que rigen las
concesiones de servicios públicos.
18.3 El Planeamiento Integral, como documento previo,
es la Ordenanza Municipal Provincial que aprueba
el instrumento técnico - normativo con fines de
integración al área urbana de los predios rústicos que
no están comprendidos en los Planes de Desarrollo
Urbano - PDU o localizados en los centros poblados
que carezcan de Planes de Desarrollo Urbano -
PDU y/o Zonificación.
El procedimiento de aprobación del citado
planeamiento se encuentra establecido en el
Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sostenible – RATDUS.
El Planeamiento Integral también puede ser
desarrollado como un procedimiento complementario
de la Habilitación Urbana, en los supuestos establecidos
en el reglamento indicado en el párrafo precedente.
18.4 El Registro de Predios inscribe a solicitud del
propietario, cualquiera de los documentos previos.
Artículo 19.- Certificación ambiental y estudios para
proyectos de habilitación urbana
La certificación ambiental y los estudios que se requieren
para la aprobación de los proyectos de habilitación urbana
de acuerdo a las modalidades de aprobación son:
19.1 La certificación ambiental de acuerdo a las normas
de la materia y desarrollado conforme a lo dispuesto
en la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental, su Reglamento
y al listado de inclusión de los proyectos de
inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación
de Impacto Ambiental - SEIA, que es aprobado
conforme a la normatividad del SEIA.
19.2 El Estudio de Impacto Vial - EIV, de acuerdo a las
normas de la materia.
19.3 El Estudio de Mecánica de Suelos con Fines de
Pavimentación para los proyectos de Habilitación
Urbana, el cual es desarrollado por profesional(es)
especialista(s)enlamateria,deacuerdoaloestablecido
en el Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE.
CAPÍTULO II
DOCUMENTOS REQUERIDOS
Artículo 20.- Requisitos comunes
20.1 En todos los procedimientos regulados en el presente
título,ademásdelosrequisitosespecialesestablecidos
para cada caso, el administrado presenta:
a) Formulario Único, en tres (03) juegos originales,
debidamente suscritos por el administrado y
los profesionales responsables, en el que se
indica el número de recibo y la fecha de pago
del trámite de la licencia ante la municipalidad;
así como, la copia del recibo del pago efectuado
ante los colegios profesionales, según la
modalidad que corresponda.
Ambos montos se encuentran comprendidos en
la determinación del derecho de tramitación, de
acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 27444.
b) Declaración Jurada, consignando el número
de la Partida Registral y el asiento donde se
encuentra inscrito el inmueble.
c) En caso que el administrado no sea el propietario
del predio, debe presentar la documentación
que acredite que cuenta con derecho a habilitar
y de ser el caso a edificar.
d) En caso el administrado sea una persona jurídica,
declaración jurada del representante legal;
señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el
asiento en el que conste inscrita la misma.
e) Declaración jurada de habilitación de los
profesionales que suscriben la documentación
técnica.
Las declaraciones juradas mencionadas en los literales
precedentes forman parte del Formulario Único.
es el documento aprobado por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS, de
libre reproducción, mediante el cual se formalizan los
procedimientos y actos administrativos relacionados
con la autorización de ejecución de proyectos de
habilitación urbana; lo suscriben el administrado
y los profesionales responsables del proyecto y,
tiene carácter de declaración jurada respecto a la
información y documentos que se presentan.
Artículo 21.- Recepción del expediente
21.1 Todos los documentos que se presentan con el
expediente tienen la condición de declaración

jurada, por lo que el funcionario de la unidad de
recepción documental, se limita a verificar en el acto
de presentación que el expediente contenga los
documentos requeridos por la Ley y el Reglamento.
En caso el expediente cumpla con lo indicado, se le
asigna un número, sella y firma el Formulario Único
de Habilitación Urbana - FUHU y se folea cada uno
de los documentos presentados, tanto los originales
como las copias.
En las modalidades B, C y D, el administrado
puede presentar en el expediente solo un juego
del formulario único y de la documentación técnica
requerida. En ese supuesto, los otros dos (02)
juegos requeridos, son presentados dentro de un
plazo de tres (03) días, contado desde la notificación
de la aprobación del proyecto.
21.2 De no cumplir el expediente con lo indicado en el
numeral precedente, en un solo acto y por única
vez, el funcionario a cargo de la unidad de recepción
documental realiza las observaciones por falta de
requisitos que no puedan ser salvadas de oficio,
requiriendo al administrado que las subsane dentro
de un plazo máximo de dos (02) días hábiles.
La observación se anota bajo firma del receptor en la
solicitud y en la copia que se entrega al administrado,
indicando que de no ser subsanadas en el plazo
estipulado, se tiene por no presentada su petición.
21.3 Dentro del plazo establecido en el numeral
precedente y mientras está pendiente la
subsanación, son aplicables las siguientes reglas:
a) No procede el cómputo de plazos para que
opere el silencio administrativo, ni para la
presentación de la solicitud o el recurso.
b) No procede la aprobación automática del
procedimiento administrativo, de ser el caso.
c) El funcionario a cargo de la unidad de recepción
documental no remite la solicitud o documentos
a la dependencia competente para el inicio del
procedimiento.
Transcurrido el plazo y de no ser subsanadas las
observaciones por incumplimiento de requisitos,
se considera como no presentada la solicitud
o formulario y se devuelve con sus recaudos
cuando el administrado se apersone a reclamar,
reembolsando el monto de los derechos de trámite
que haya abonado. En el caso se haya efectuado
pago por derechos de revisión y/o por participación
de delegados Ad hoc se solicita el reembolso en
las entidades correspondientes, deduciéndose en
ambos casos los gastos administrativos generados.
De ser subsanadas las observaciones, se
procede conforme a lo establecido en el numeral
21.1 del presente artículo.
21.4 Cuando la Municipalidad advierta que en la revisión
de la documentación presentada que conforma el
expediente para la modalidad B o modalidades C y
D con evaluación previa de proyecto por la Comisión
Técnica, no se pueda continuar con el procedimiento,
emplaza por única vez al administrado, a fin que realice
la subsanación correspondiente en un plazo de hasta
quince (15) días hábiles. Mientras esté pendiente dicha
subsanación, son aplicables las reglas establecidas
en los literales a) y c) del numeral 21.3 del presente
artículo. De no subsanar oportunamente lo requerido
dentro del plazo establecido, la Municipalidad declara
la improcedencia de lo solicitado.
21.5 La Municipalidad está obligada a realizar una revisión
integral del cumplimiento de todos los requisitos de
las solicitudes que presentan los administrados y,
en una sola oportunidad debe formular todas las
observaciones que correspondan.
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente,
la Municipalidad mantiene la facultad de requerir única
y exclusivamente la subsanación de aquellos requisitos
quenohayansidosubsanadosporeladministradoocuya
subsanación no resulte satisfactoria, de conformidad
con lo dispuesto por la norma correspondiente. En
ningún caso se puede realizar nuevas observaciones
invocando la facultad señalada en el presente párrafo.
21.6 El incumplimiento de la obligación señalada en
el numeral que antecede, constituye una falta
administrativa sancionable, de conformidad con
lo dispuesto por la Ley Nº 27444; así como, una
Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas.
Ello sin perjuicio de la obligación del administrado
de subsanar las observaciones.
CAPÍTULO III
LICENCIAS DE HABILITACIÓN URBANA
Artículo 22.- Requisitos y procedimientos para obtener
la Licencia de Habilitación Urbana - Modalidad A:
Aprobación Automática con firma de profesionales
22.1 Para obtener una Licencia de Habilitación Urbana en
la modalidad A, según lo indicado en el numeral 17.1
del artículo 17 del Reglamento, el administrado inicia
el procedimiento presentando a la Municipalidad
respectiva, además de los documentos que se indican
en el artículo 20 del Reglamento, los siguientes:
a) Certificado de Zonificación y Vías, según lo
dispuesto en el numeral 18.1 del artículo 18 del
Reglamento.
b) Certificados de Factibilidad de Servicios de
agua, alcantarillado y de energía eléctrica,
según lo dispuesto en el numeral 18.2 del
artículo 18 del Reglamento.
c) Declaración Jurada de inexistencia de
feudatarios.
d) Documentación técnica, en tres (03) juegos
originales, firmada por el administrado y los
profesionales responsables del diseño, de
acuerdo a lo siguiente:
- Plano de ubicación y localización del terreno
con coordenadas UTM.
- Plano perimétrico y topográfico.
- Plano de trazado y lotización con indicación de
lotes, vías y secciones de vías, ejes de trazo
y habilitaciones urbanas colindantes, en caso
sea necesario para comprender la integración
con el entorno; plano de pavimentos, con
indicación de curvas de nivel cada metro.
- Plano de ornamentación de parques,
referentes al diseño, ornamentación y
equipamiento de las áreas de recreación
pública, de ser el caso.
- Memoria descriptiva.
Los planos son elaborados en forma
georeferenciada al Sistema Geodésico Oficial,
según lo establecido en la Ley Nº 28294, Ley
que crea el Sistema Nacional Integrado de
Catastro y su Vinculación con el Registro de
Predios, en adelante la Ley Nº 28294, y su
Reglamento.
e) Copia del Planeamiento Integral aprobado,
cuando corresponda.
f) Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el
g) Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueológicos en aquellos casos en que el

perímetro del área a habilitar se superponga
con un área previamente declarada como parte
integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.
h) Estudio de Mecánica de Suelos con fines de
pavimentación.
22.2 Los documentos se presentan a la unidad de
recepción documental, procediendo el funcionario
a cargo de acuerdo a lo establecido en el artículo
21 del Reglamento. De estar conformes los
documentos, se sellan y firman cada uno de ellos.
El número de resolución se consigna en forma
inmediata en todos los originales de los formularios
únicos presentados. El cargo del administrado, está
conformado por dos (02) juegos del Formulario Único
de Habilitación Urbana - FUHU y dos (02) juegos de
la documentación técnica, el cual se entrega en el
mismo acto de presentación, y constituye la Licencia
de Habilitación Urbana.
Opcionalmente, en el mismo acto, el administrado
puede presentar hasta tres (3) juegos de copias
adicionales, de la documentación técnica señalada
en el literal d) del numeral 22.1 del presente artículo,
los que son devueltos, sellados y firmados por quien
recibe el expediente, sin costo adicional alguno.
la Licencia de Habilitación Urbana - Modalidad B:
Aprobación de Proyecto con evaluación por la
Municipalidad
23.1 Para obtener una Licencia de Habilitación Urbana
en la modalidad B, según lo indicado en el
numeral 17.2 del artículo 17 del Reglamento, el
administrado inicia el procedimiento presentando
a la Municipalidad respectiva, además de los
documentos que se indican en el artículo 20 del
Reglamento, los siguientes:
a) Certificado de Zonificación y Vías, según lo
dispuesto en el numeral 18.1 del artículo 18 del
Reglamento.
b) Certificados de Factibilidad de Servicios de
agua, alcantarillado y de energía eléctrica,
según lo dispuesto en el numeral 18.2 del
feudatarios.
d) Documentación técnica, en tres (03) juegos
originales, firmada por el administrado y los
profesionales responsables del diseño, de
con coordenadas UTM;
- Plano perimétrico y topográfico;
- Plano de trazado y lotización con indicación
de lotes, aportes, vías y secciones de vías,
ejes de trazo y habilitaciones urbanas
colindantes, en caso sea necesario para
comprender la integración con el entorno;
plano de pavimentos, con indicación de
curvas de nivel cada metro;
- Plano de ornamentación de parques,
referentes al diseño, ornamentación y
equipamiento de las áreas de recreación
pública, de ser el caso; y,
- Memoria descriptiva;
Los planos son elaborados en forma
georeferenciada al Sistema Geodésico
Oficial, según lo establecido en la Ley Nº
28294 y su Reglamento.
e) Copia del Planeamiento Integral aprobado,
cuando corresponda.
f) Certificación Ambiental, según lo dispuesto en el
g) Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueológicos en aquellos casos en que el
perímetro del área a habilitar se superponga
con un área previamente declarada como parte
integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.
h) Estudio de Mecánica de Suelos con fines de
pavimentación.
23.2 El cargo de ingreso del expediente constituye la
Licencia Temporal para Habilitación Urbana, la
cual está conformada por el Formulario Único de
Habilitaciones Urbanas - FUHU y la documentación
técnica, debidamente sellados con la recepción y el
número del expediente asignado.
La Licencia Temporal para Habilitación Urbana, en
la presente modalidad, solo autoriza a las obras
preliminares que correspondan a los trabajos
preparatorios, incluyendo las obras provisionales
(caseta de ventas y/o módulo piloto), que se
requieran para implementar la obra previo al proceso
de movimiento de tierras y excavación.
23.3 En caso se trate de una habilitación urbana a
ejecutarse por etapas, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 11 de la Ley, se solicita una licencia
por cada etapa conforme al proyecto integral cuya
aprobación tiene una vigencia de diez (10) años.
Cada etapa tiene que cumplir con los aportes
gratuitos y obligatorios correspondientes.
23.4 La Municipalidad en un plazo máximo de veinte (20)
días hábiles contados desde la presentación del
expediente, realiza la revisión de los documentos
presentados que conforman el mismo y elabora el
Informe Técnico correspondiente.
23.5 En caso el funcionario municipal no formule
observaciones en el Informe Técnico, sella y
firma todos los documentos, los planos y emite la
resolución de licencia definitiva, consignando en el
Formulario Único de Habilitación Urbana - FUHU, el
número de la citada resolución, que autoriza las obras
de habilitación urbana, entregando al administrado
dos juegos originales del Formulario Único de
Habilitación Urbana - FUHU, conjuntamente con los
documentos técnicos de sustento.
23.6 En caso el funcionario municipal formule
observaciones en el Informe Técnico, las mismas
son notificadas al administrado, a quien se le otorga
quince (15) días hábiles para subsanarlas. Una vez
subsanadas, el plazo señalado en el numeral 23.4
del presente artículo vuelve a computarse.
De no presentarse las respectivas subsanaciones
en el plazo otorgado, se declara la improcedencia
de la solicitud.
23.7 Transcurrido el plazo señalado en el numeral 23.4 del
presente artículo sin pronunciamiento por parte de
la Municipalidad, se aplica el silencio administrativo
positivo, correspondiendo a la Municipalidad otorgar
la Licencia.
El administrado puede presentar una Declaración
Jurada ante la Municipalidad correspondiente. El cargo
de recepción de dicho documento, constituye prueba
suficientedelaresoluciónaprobatoriafictadelasolicitud
o trámite iniciado. La Municipalidad, dentro de un plazo
de tres (03) días hábiles entrega al administrado el
FUHU, con el número de resolución asignado, así como
la documentación técnica, debidamente sellados.
Licencia de Habilitación Urbana - Modalidades C o D:
Aprobación de Proyecto con evaluación previa por la
Comisión Técnica
en las modalidades C o D, el administrado inicia

el procedimiento presentando a la Municipalidad
respectiva,losdocumentosqueseindicanenelartículo
20 y en el numeral 23.1 del artículo 23 del Reglamento;
así como, se adjunta el Estudio de Impacto Vial - EIV,
en los casos que establezca el Reglamento Nacional
de Edificaciones - RNE, y copia de los comprobantes
de pago por revisión de proyecto.
24.2 Iniciado el trámite, el profesional responsable del área
correspondiente, dispone de cinco (05) días hábiles
paraefectuarlarevisióndelosdocumentospresentados
que conforman el expediente, comprobando que
los profesionales que participan en el proyecto se
encuentren habilitados en el ejercicio de su profesión y
revisando la información relevante del predio, a través
de los portales web de los colegios profesionales y
de la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos - SUNARP, respectivamente, debiendo emitir
el respectivo informe. Asimismo, debe facilitar a la
Comisión Técnica el acceso a la normativa aplicable.
Durante este plazo, el presidente de la Comisión
Técnica convoca a la citada Comisión y de ser el
caso a los delegados Ad hoc.
24.3 La Comisión Técnica, en un plazo no mayor a
cuarenta (40) días hábiles se pronuncian únicamente
sobre el cumplimiento de la zonificación y diseño de
vías que se detallan en el Certificado de Zonificación
y Vías, los aportes reglamentarios y las normas de
diseño establecidas en el Reglamento Nacional de
Edificaciones - RNE; así como, sobre las condiciones
técnicas establecidas en las factibilidades de los
servicios de agua potable, alcantarillado y energía
eléctrica.
24.4 El Dictamen de las Comisiones Técnicas se emite
por mayoría simple de los delegados asistentes,
de acuerdo a lo establecido en el numeral 13.4 del
artículo 13 del presente reglamento.
24.5 Emitido el dictamen Conforme, la Municipalidad en
un plazo no mayor de tres (03) días hábiles emite
la Licencia de Habilitación Urbana. Este dictamen
tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses.
24.6 El dictamen No Conforme se justifica consignando
la norma transgredida, el articulado pertinente y
precisando las observaciones técnicas, las cuales se
formulan por única vez. Cada delegado que formule
observaciones debe fundamentar las mismas.
24.7 El proyecto con dictamen No Conforme es devuelto,
bajo cargo, al administrado, quien puede subsanar
las observaciones dentro de un plazo de quince (15)
días hábiles, presentando nuevos planos en los que
conste la subsanación de las observaciones de la
revisión, acompañando los planos dictaminados.
La presentación de nuevos planos reanuda el
plazo de evaluación, entendiéndose que éstos se
retrotraen a la etapa previa a la formulación de las
observaciones.
De no subsanarse oportunamente las observaciones,
la Municipalidad declara la improcedencia del trámite.
24.8 En cada uno de los planos se consigna el dictamen
de la Comisión Técnica, debidamente sellado y
firmado por cada uno de sus miembros, indicando
su número de colegiatura.
24.9 El dictamen con su justificación se consignan en el
Acta de Verificación y Dictamen, la cual es suscrita
por todos los miembros de la Comisión Técnica,
quienes tienen derecho a dejar constancia de sus
observaciones o salvedades. El presidente de la
Comisión custodia el Libro de Actas de Verificación
y Dictamen debidamente legalizado.
por duplicado, con el número de la resolución
de licencia, conjuntamente con los documentos
técnicos de sustento, debidamente sellados,
firmados y visados, son entregados al administrado.
24.11 El dictamen emitido por la Comisión Técnica está sujeto
a los recursos impugnatorios conforme a lo señalado en
el numeral 13.11 del artículo 13 del Reglamento.
24.12 La Comisión Técnica Provincial Ad Hoc se pronuncia
sobre el Recurso de Apelación presentado contra lo
resuelto por la Comisión Técnica Provincial, cuando
se trate de predios ubicados en el Cercado.
Artículo 25.- Requisitos y procedimiento para obtener
la Licencia de Habilitación Urbana - Modalidades B, C
o D: Aprobación de Proyecto con evaluación previa
por los Revisores Urbanos
en las modalidades B, C o D con evaluación previa
por los Revisores Urbanos, el administrado presenta
a la Municipalidad respectiva lo siguiente:
a) Documentos que se indican en el numeral 20.1
del artículo 20 y en el numeral 23.1 del artículo
23 del presente reglamento, los cuales hayan
sido materia de evaluación por el Revisor
Urbano para la emisión de su Informe Técnico.
b) Informe Técnico favorable de los Revisores
Urbanos, emitido según lo previsto en el
Reglamento de los Revisores Urbanos.
c) Estudio de Impacto Vial aprobado, cuando
corresponda según modalidad.
25.2 La documentación técnica debe contener el nombre,
firma, colegiatura, especialidad y el sello Conforme
del Revisor Urbano.
25.3 Los documentos son presentados a la unidad de
recepción documental, debiendo el funcionario a cargo
proceder de acuerdo a lo establecido en el artículo 21
del Reglamento; de estar conformes, se sellan y firman
cada uno de los documentos presentados. El número
de resolución se consigna en forma inmediata en todos
los originales de los formularios únicos presentados. El
cargo del administrado está conformado por dos (02)
juegos del Formulario Único de Habilitación Urbana -
FUHU y dos (02) juegos de la documentación técnica,
el cual se entrega en el mismo acto de presentación, y
constituye la Licencia de Habilitación Urbana.
CAPÍTULO IV
MODIFICACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS DE
Artículo 26.- Requisitos y Procedimiento para
modificaciones no sustanciales de proyectos
aprobados de Habilitación Urbana
26.1 De acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del
artículo 22 de la Ley, se puede solicitar la aprobación
de modificaciones no sustanciales en proyectos
aprobados de habilitaciones urbanas, antes o
después de su ejecución. En este último supuesto,
la aprobación se solicita en el procedimiento de
Recepción de Obras con variaciones.
26.2 El administrado solicita la aprobación de la
modificación no sustancial de acuerdo a la modalidad
en la que fue aprobada la licencia. En caso las
modificaciones propuestas generen un cambio de
modalidad de aprobación, éstas son aprobadas
según lo regulado para la nueva modalidad,
cumpliendo con los requisitos exigidos en la misma.
Para estos efectos presenta, además del Formulario
Único de Habilitación Urbana - FUHU, lo siguiente:
a) Para la modalidad A se adjunta a la solicitud, los
planos por triplicado y demás documentos que
sustenten su petitorio.
Recibida la documentación, el funcionario
municipal competente sella y suscribe la misma.
b) Para la modalidad B se adjunta a la solicitud, los
planos por triplicado y demás documentos que
sustenten su petitorio.

El órgano competente de la Municipalidad en un
plazo máximo de diez (10) días hábiles realiza
la revisión de los documentos presentados que
conforman el expediente, y la elaboración del
respectivo informe.
c) Para las modalidades C y D con evaluación
previa del proyecto de la Comisión Técnica,
se adjunta a la solicitud, los planos; los demás
documentos que sustenten su petitorio; y la
copia del comprobante de pago por revisión de
proyecto, siendo de aplicación lo establecido en
el numeral 14.7 del artículo 14 del Reglamento y
en el numeral 24.2 del artículo 24 del Reglamento.
La Comisión Técnica, en un plazo no mayor
a quince (15) días hábiles emite el dictamen
correspondiente, conforme a lo establecido en
el procedimiento previsto en el artículo 24 del
Reglamento.
d) Para las modalidades B, C y D con evaluación
previa por los Revisores Urbanos, el administrado
presenta a la Municipalidad respectiva los
planos por triplicado, los demás documentos
que sustenten su petitorio y el Informe Técnico
favorabledelosRevisoresUrbanosemitidosegún
lo previsto en el Reglamento correspondiente.
Recibida la documentación, el funcionario
municipal competente sella y suscribe la misma.
26.3 En las modalidades B, C y D, de cumplir las
modificaciones con lo establecido en las normas
urbanísticas, la Municipalidad en un plazo máximo
de tres (03) días hábiles contados a partir de los
plazos establecidos en el segundo párrafo del
literal b) y en el segundo párrafo del literal c) del
numeral 26.2 del presente artículo, emite una nueva
Resolución de Licencia aprobando la modificación
solicitada la cual deja sin efecto la primera licencia
emitida, consignando el número de ésta en el
FUHU. Este formulario por duplicado y un juego de
la documentación técnica de sustento, debidamente
sellados, visados y firmados, se entregan al
administrado.
Si en caso las modificaciones realizadas no cumplan
con las normas urbanísticas, la dependencia municipal
encargada declara la improcedencia de lo solicitado.
26.4 En los predios en los que se realicen proyectos de
inversión pública, de asociación público - privada o
de concesión para la prestación de servicios públicos
esenciales o para la ejecución de infraestructura
pública, procede la modificación del proyecto de
habilitación urbana aprobado, y en el estado en que
éste se encuentre.
CAPÍTULO V
PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA
Artículo 27.- Requisitos para la Independización o
Parcelación de terrenos rústicos ubicados dentro del
Área Urbana o de Expansión Urbana
27.1 En caso que el administrado requiera realizar la
independización o parcelación de un terreno rústico
ubicado dentro del Área Urbana o de Expansión
Urbana, de acuerdo a lo señalado en el numeral
7 del artículo 3 de Ley, inicia el procedimiento
presentando a la Municipalidad respectiva, además
de los documentos que se indican en el artículo 20
del Reglamento, los siguientes:
a) Anexo E: Independización de Terreno Rústico /
Habilitación Urbana.
b) Certificado de Zonificación y Vías expedido por
la Municipalidad Provincial.
feudatarios.
d) Documentación técnica compuesta por:
matriz con coordenadas UTM.
- Plano con la propuesta de integración a la
trama urbana más cercana, señalando el
perímetro y el relieve con curvas de nivel,
usos de suelo y aportes normativos, en
concordancia con el Plan de Desarrollo
Urbano aprobado por la Municipalidad
- Plano del predio rústico matriz, indicando
perímetro, linderos, área, curvas de nivel y
nomenclatura original, según antecedentes
registrales.
- Plano de independización, señalando la
parcela independizada y la(s) parcela(s)
remanente(s), indicando perímetro, linderos,
área, curvas de nivel y nomenclatura original,
según antecedentes registrales.
Cuando corresponda, el Plano de parcelación
identifica el número de parcelas con los
sufijos del predio matriz.
- Memoria descriptiva, indicando áreas,
linderos y medidas perimétricas del predio
matriz, del área independizada y del área
remanente.
Los planos antes referidos deben estar
georeferenciados al Sistema Geodésico
Oficial, según lo establecido en la Ley Nº
28294 y su Reglamento.
27.2 En caso se solicite la independización de predios
rústicos y la habilitación urbana en forma conjunta
y en un solo procedimiento, el administrado
debe presentar, además, los requisitos exigidos
para el procedimiento de habilitación urbana que
corresponda.
Artículo 28.- Procedimiento para obtener la
autorización de independización o parcelación de
terrenos rústicos ubicados dentro del Área Urbana o
de Expansión Urbana
28.1 Presentada la solicitud para obtener la autorización
de independización o parcelación de terrenos
rústicos ubicados dentro del Área Urbana o de
Expansión Urbana, la Municipalidad tiene un plazo
de diez (10) días hábiles para realizar la revisión del
expediente, la elaboración del Informe respectivo
y la emisión de la resolución de autorización o
denegatoria de lo solicitado. De ser conforme,
el número de la resolución es consignado en el
Formulario Único de Habilitación Urbana - FUHU.
En caso de observaciones, éstas son notificadas al
administrado para que en un plazo de quince (15)
días hábiles subsane las mismas.
28.2 En caso se solicite la independización de predios
rústicos y la habilitación urbana en forma conjunta
y en un solo procedimiento, la Municipalidad o la
Comisión Técnica, según corresponda, verifica
ambos procedimientos simultáneamente, siendo de
aplicación los plazos previstos para la modalidad de
habilitación urbana respectiva.
28.3 El Formulario Único de Habilitación Urbana - FUHU y su
Anexo E por duplicado, con el número de la Resolución
de autorización, conjuntamente con los documentos
técnicos de sustento, debidamente sellados, firmados
y visados, son entregados al administrado para su
inscripción en el Registro de Predios.
Artículo 29.- Requisitos para la Subdivisión de Lote
Urbano
29.1 En caso el administrado requiera realizar la
subdivisión de un lote urbano, de acuerdo a lo

señalado en el numeral 8 del artículo 3 de Ley,
inicia el procedimiento presentando por triplicado
documentos que se indican en el artículo 20 del
Reglamento, la siguiente documentación técnica:
a) Plano de ubicación y localización del lote
materia de subdivisión.
b) Plano del lote a subdividir, señalando el área,
linderos, medidas perimétricas y nomenclatura,
según los antecedentes registrales.
c) Plano de la subdivisión señalando áreas, linderos,
medidas perimétricas y nomenclatura de cada
sublote propuesto resultante, en concordancia
con lo establecido en la Norma Técnica
GH.020 “Componentes de Diseño Urbano” del
d) Memoria descriptiva, indicando áreas, linderos
y medidas perimétricas del lote materia de
subdivisión y de los sublotes propuestos
resultantes.
29.2 Los documentos a que se refiere este artículo
son firmados por el administrado y el profesional
responsable del proyecto,
Artículo30.-Procedimientoparaobtenerlaautorización
de subdivisión de lote urbano
30.1 Presentada la solicitud para obtener la autorización
de subdivisión de lote urbano, la Municipalidad tiene
un plazo de diez (10) días hábiles para realizar
la revisión de los documentos presentados en el
expediente, la elaboración del Informe respectivo
y la emisión de la resolución de autorización o
denegatoria de lo solicitado. De ser conforme,
el número de la Resolución es consignado en el
Formulario Único de Habilitación Urbana - FUHU.
30.2 En caso de observaciones, éstas son notificadas al
administrado para que en un plazo de quince (15)
días hábiles subsane las mismas.
30.3 El Formulario Único de Habilitación Urbana - FUHU,
su Anexo F y los documentos técnicos respectivos
sellados, firmados y visados, por duplicado, son
entregados al administrado para su inscripción en el
Registro de Predios.
30.4 En caso se solicite la subdivisión de un lote que
cuenta con obras de habilitación urbana inconclusas,
dichas obras son ejecutadas y recepcionadas en
el mismo procedimiento, siendo de aplicación lo
dispuesto en los artículos 29, 32 así como en el
presente artículo, en lo que corresponda.
Artículo 31.- Requisitos y Procedimientos del
Planeamiento integral
El Planeamiento Integral puede ser aprobado por la
Municipalidad correspondiente en los siguientes supuestos:
31.1 Planeamiento Integral con fines de asignación
de zonificación y vías primarias de predios no
comprendidos en el Plan de Desarrollo Urbano -
PDU, en el Esquema de Ordenamiento Urbano o
localizado en un centro poblado que carezca de
Plan de Desarrollo Urbano - PDU, de Esquema de
Ordenamiento Urbano - EU o de Zonificación.
Los requisitos y el procedimiento de aprobación
se encuentran desarrollados en el Reglamento de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Sostenible – RATDUS.
31.2 Planeamiento Integral de predios comprendidos en
el Plan de Desarrollo Urbano - PDU y/o zonificación:
a) El área por habilitar se desarrolla por etapas.
b) El área por habilitar no colinda con zonas
habilitadas.
c) Se realice la independización o la parcelación
del predio rústico.
31.2.1 Requisitos
a) Plano que contenga la red de vías primarias y
locales.
b) Plano de usos de la totalidad de la parcela.
c) Planos de la propuesta de integración a la trama
urbana más cercana.
d) Memoria Descriptiva.
Los planos y los documentos deben estar firmados y
sellados por un profesional habilitado.
31.2.2 Procedimiento
El administrado presenta a la Municipalidad Distrital
correspondiente, el Planeamiento Integral - PI
adjuntando lo señalado en el numeral precedente,
a fin que sea evaluado y aprobado por la Comisión
Técnica Calificadora de Proyectos, dentro del
procedimiento de aprobación del proyecto de
habilitación urbana.
31.3 La vigencia del PI es de diez (10) años; pudiendo
concluir al aprobarse otro Planeamiento Integral - PI;
o, el Plan de Desarrollo Urbano - PDU o el Esquema
de Ordenamiento Urbano - EU, que lo actualiza.
CAPÍTULO VI
RECEPCIÓN DE OBRAS
Artículo 32.- Requisitos y procedimiento para la
Recepción de Obras de Habilitación Urbana
32.1 Concluidas las obras de habilitación urbana, el
administrado solicita la recepción de las mismas,
para lo cual presenta ante la Municipalidad
respectiva, los siguientes documentos:
a) Formulario Único, en tres (03) juegos originales,
debidamente suscritos por el administrado,
señalando el número de resolución de la licencia
de habilitación urbana respectiva, así como el
número de recibo y la fecha de pago del trámite
de Recepción de Obras.
b) En el caso que el titular del derecho a habilitar sea
persona distinta a la que inició el procedimiento
de habilitación urbana, la documentación que
acredite que cuenta con derecho a habilitar y, de
ser el caso, a edificar.
c) En caso el administrado sea una persona jurídica,
declaración jurada del representante legal
d) Documentos emitidos por las entidades
prestadoras de los servicios públicos otorgando
conformidad a las obras de su competencia.
e) Copia legalizada notarialmente de las minutas
que acrediten la transferencia de las áreas
de aportes a las entidades receptoras de
los mismos y/o comprobantes de pago de la
redención de los mismos, de ser el caso.
f) En caso de modificaciones no sustanciales al
proyecto de habilitación urbana, de acuerdo a
la definición contemplada en el artículo 22 de
la Ley, se presentan debidamente suscritos
por el profesional responsable de la obra y el
administrado, los siguientes documentos:
- Plano de replanteo de trazado y lotización.
- Plano de ornamentación de parques, cuando
se requiera.

- Memoria descriptiva correspondiente.
Los planos y memoria descriptiva se presentan en
tres (03) juegos originales, pudiendo el administrado
para las modalidades B, C y D, adjuntar un juego
original al inicio del trámite y los otros dos (02)
juegos originales, son presentados dentro de un
plazo de tres (03) días, contado desde la aprobación
del proyecto.
Las declaraciones juradas mencionadas en los literales
precedentes forman parte del Formulario Único.
32.2 El funcionario municipal que recibió los documentos,
con o sin variaciones respecto del proyecto aprobado,
para la Recepción de Obras, remite en el día el
expediente al órgano municipal competente para que,
bajo responsabilidad, realice los siguientes actos:
32.2.1 Recepción de Obras sin variaciones:
Dentro de un plazo no mayor a diez (10) días hábiles
el funcionario municipal competente debe:
a) Efectuar la inspección de las obras ejecutadas
emitiendo el informe respectivo.
b) Verificar que las obras ejecutadas correspondan
al plano de trazado y lotización de la Licencia de
Habilitación Urbana otorgada.
c) En caso de estar conforme las obras
recepcionadas, emitir la Resolución,
consignando el número de la misma en el
Formulario Único de Habilitación Urbana -
FUHU, el cual suscribe y sella. Este acto
constituye la recepción de obras de habilitación
urbana y autoriza la inscripción registral,
para lo cual entrega al administrado dos (02)
originales de la documentación correspondiente
debidamente suscritos y sellados.
Si en la inspección se constatan modificaciones
sustanciales, la dependencia municipal encargada
declara la improcedencia de lo solicitado y, de ser
el caso, dispone las acciones pertinentes.
32.2.2 Recepción de Obras con variaciones:
Para los casos en los que existan modificaciones
no sustanciales al proyecto de habilitación urbana;
salvo que por razones de rectificación de áreas
y linderos se reduzcan las áreas materia de los
aportes pero se respeten los porcentajes aplicables;
la Municipalidad dentro de un plazo no mayor a diez
(10) días hábiles debe:
a) Efectuar la inspección de las obras ejecutadas, a
fin de constatar que dichas obras corresponden
a los planos de replanteo presentados.
b) Realizar la verificación de las modificaciones
ejecutadas.
c) Emitir el informe respectivo.
De estar conforme, el funcionario municipal
designado para tal fin, consigna el número de la
resolución, suscribe y sella el Formulario Único
de Habilitación Urbana - FUHU y los planos de
replanteo correspondientes. Este acto constituye la
recepción de obras de habilitación urbana y autoriza
la inscripción registral, para lo cual entrega al
administradodos(02)originalesdeladocumentación
correspondiente debidamente suscritos y sellados.
De formularse observaciones, se notifican las
mismas al administrado, para que las subsane
dentro de un plazo de quince (15) días hábiles.
32.3 En caso se detecten variaciones que impliquen
modificaciones sustanciales generando la disminución
de las áreas del cuadro de aportes con las cuales
fue autorizada la Licencia de Habilitación Urbana;
la modificación de áreas destinadas a inversiones
públicas para equipamiento urbano; reservas de obras
viales y/o, la modificación de la sección de alguna vía
del Plan Vial de la localidad, la Municipalidad declara
la improcedencia de lo solicitado y de ser el caso,
dispone las acciones pertinentes.
Para el caso de las habilitaciones urbanas de
proyectos de inversión pública, de asociación público
- privada o de concesión privada que se realicen
para la prestación de servicios públicos esenciales
o para la ejecución de infraestructura pública,
procede la recepción de obras con variaciones que
impliquen modificaciones sustanciales que generen
la disminución de las áreas del cuadro de aportes
con las cuales fue autorizada la licencia respectiva
o no consideren dichas áreas, de acuerdo a lo
establecido en el literal d) del numeral 16.8 del
artículo 16 del presente Reglamento.
32.4 En cualquiera de las modalidades de aprobación
contempladas en la Ley, transcurrido el plazo
establecido sin que se otorgue la Recepción de
Obras de Habilitación Urbana, se aplica el silencio
Jurada ante la Municipalidad correspondiente. El
cargo de recepción de dicho documento, constituye
prueba suficiente de la resolución aprobatoria ficta
de la solicitud o trámite iniciado. La Municipalidad,
dentro de un plazo de tres (03) días hábiles
entrega al administrado el FUHU, con el número de
resolución asignado, así como la documentación
técnica, debidamente sellados.
32.5 Conforme a lo establecido en el artículo 20 de la Ley,
la inscripción registral de las habilitaciones urbanas se
realizaconposterioridadalotorgamientodelarecepción
de obras, con excepción de las habilitaciones urbanas
con construcción simultánea y venta garantizada
de lotes, en la que luego de obtenida la Licencia de
Edificación se realiza la anotación preventiva de la
predeclaratoria y la preindependización.
La inscripción registral de este proyecto de
habilitación urbana con construcción simultánea
y venta garantizada de lotes, no autoriza la venta
solo de los lotes, inscribiéndose esta restricción en
la partida registral.
El Registrador Público no puede exigir mayores
requisitos a los previstos en la Ley y el Reglamento.
Artículo 33.- Recepciones Parciales
El administrado puede solicitar la recepción parcial de las
obras de habilitación urbana por etapas, siempre que se
hayan ejecutado todas las obras proyectadas y autorizadas
con la licencia para la etapa respectiva. Se puede
inscribir en el Registro de Predios la etapa recepcionada,
permaneciendo el área pendiente de ejecución de obras
en la Partida Registral matriz.
CAPÍTULO VII
REGULARIZACIÓN DE HABILITACIONES
URBANAS EJECUTADAS
Artículo 34.- Ámbito de la Regularización de
Habilitaciones Urbanas Ejecutadas
34.1 Las habilitaciones urbanas que hayan sido
ejecutadas sin licencia después del 20 de julio de
1999 hasta el 25 de setiembre de 2007, pueden
ser regularizadas conforme al procedimiento
establecido en el presente capítulo, pudiendo
considerar el cumplimiento de la normativa técnica
vigente a la fecha de su ejecución o, en el caso que
le sea favorable, la normativa técnica actual.
34.2 El administrado que ejecutó obras de habilitación
urbana sin contar con la autorización municipal
correspondiente, puede iniciar el procedimiento
de regularización, siempre que cuente con
edificaciones y obras de distribución de agua potable

y recolección de desagüe, y de distribución de
energía e iluminación pública, según corresponda; y
el nivel de consolidación de los predios debe ser de
90% del total del área útil del predio matriz.
Artículo 35.- Requisitos para solicitar la regularización
de habilitaciones urbanas ejecutadas
Encasoqueeladministradorequierasolicitarlaregularización
de una habilitación urbana ejecutada, inicia el procedimiento
presentando a la Municipalidad respectiva, los documentos
que se indican en el artículo 20 del Reglamento; el Anexo G
por triplicado y debidamente suscrito; así como:
a) Certificado de Zonificación y Vías; y, de ser el
caso, de alineamiento.
b) Plano de ubicación con la localización del
terreno.
c) Plano de lotización, conteniendo el perímetro
del terreno; el diseño de la lotización, de las vías,
acerasybermas;y,lasáreascorrespondientesalos
aportes. La lotización debe estar en concordancia
con el Plan de Desarrollo Urbano - PDU aprobado
por la Municipalidad Provincial correspondiente.
d) Plano Perimétrico y Topográfico del terreno,
incluyendo la referencia topográfica a la vía
urbanizada más cercana existente o con
aprobación de proyectos.
e) Memoria descriptiva, indicando las manzanas
de corresponder, las áreas de los lotes, la
numeración y los aportes reglamentarios.
f) Copia legalizada notarialmente de las minutas
y/o copia de los comprobantes del pago por la
redención de los aportes reglamentarios que
correspondan.
Para el caso de redención de los citados
aportes, las entidades receptoras emiten los
documentos que faciliten su cancelación en un
plazo no mayor a diez (10) días hábiles.
g) Declaración jurada suscrita por el administrado
y el profesional constatador de obra, en la
que indique que se verificó que las obras se
ejecutaron, total o parcialmente.
h) Plano que indique los lotes ocupados y las
alturas de las edificaciones existentes.
En caso que se cuente con estudios preliminares
aprobados, no corresponde presentar los documentos
señalados en los literales a), b) y c) del presente
numeral, debiendo presentar en su reemplazo:
i. Resolución y planos de los estudios preliminares
aprobados.
j. Planos de Replanteo de la habilitación urbana,
de corresponder.
Artículo 36.- Procedimiento para la Regularización de
Habilitaciones Urbanas Ejecutadas
36.1 Presentada la solicitud de habilitación urbana en
vía de regularización, el órgano competente realiza
la revisión de los documentos que conforman
el expediente y efectúa la inspección de la obra
ejecutada sin licencia dejando constancia que
correspondan a los planos presentados, en un plazo
que no excede de cinco (05) días hábiles; en dicha
revisión se evalúa:
a) El cumplimiento de los requisitos establecidos
para el presente procedimiento.
b) El cumplimiento de lo establecido en el
Certificado de Zonificación y Vías.
c) En caso el predio se encuentre afectado por
vías nacionales, metropolitanas y/o reservas
para equipamiento urbano e intercambios viales
son de cumplimiento obligatorio los parámetros
vigentes relacionados con dichas afectaciones.
d) La entrega y/o redención de los aportes
reglamentarios.
e) El cumplimiento de las normas de diseño
establecidas en el Reglamento Nacional de
Edificaciones - RNE.
f) La ejecución de la obra coincida con los planos
presentados.
36.2 De existir observaciones al expediente, éstas
son comunicadas expresamente y por escrito
al administrado, quien puede subsanarlas en el
plazo máximo de siete (07) días hábiles. De no ser
subsanadas, se emite la Resolución denegatoria del
trámite solicitado.
36.3 De ser conforme la solicitud, la Municipalidad
Distrital o Provincial, según corresponda, emite la
resolución de aprobación dentro de los tres (03) días
hábiles siguientes.
y el Anexo G con el número de la resolución de
aprobación, conjuntamente con los documentos
técnicos respectivos, debidamente sellados, visados
y firmados, se entregan por duplicado al administrado
para su inscripción en el Registro de Predios.
CAPÍTULO VIII
HABILITACIÓN URBANA DE OFICIO
Artículo 37.- Habilitación Urbana de Oficio
37.1 La declaración de habilitación urbana de oficio es
un procedimiento administrativo mediante el cual
las Municipalidades Distritales y las Provinciales o la
Municipalidad Metropolitana de Lima, en el ámbito
del Cercado, declaran habilitado de oficio un predio
ubicado en zonas urbanas consolidadas que cuente
con edificaciones destinadas a vivienda y demás
complementarias a dicho uso, con servicios públicos
domiciliariosdeaguapotable,desagüeoalcantarillado,
energía eléctrica y alumbrado público e inscrito
registralmente como predio rústico, otorgándoles la
correspondiente calificación de urbano de conformidad
con su realidad local, y dispone la inscripción registral
del cambio de uso de suelo rustico a urbano.
El 90% de los lotes que conforman el predio
matriz materia de declaración deben contar con
edificaciones permanentes, entendiéndose por
éstas aquellas construidas con un área no menor
de 25 m² con albañilería y concreto o adobe, que
tengan servicios públicos domiciliarios.
37.2 La ocupación del terreno matriz materia de habilitación
urbana de oficio, debe tener su origen en un contrato
privado de compraventa; suscrito por el titular registral.
37.3 Los predios objeto de este procedimiento no se
encuentran sujetos a los aportes reglamentarios
de habilitación urbana, a cobros por derecho de
tramitación, ni al silencio administrativo positivo.
37.4 Los predios que cumplan con las condiciones para
ser declarados habilitados de oficio deberán cumplir
con lo establecido en el artículo 40 del Reglamento,
los administrados de licencias pueden presentar sus
expedientes técnicos cumpliendo lo especificado en
el artículo 42 del Reglamento.
Artículo 38.- Órgano Responsable de la Habilitación
Urbana de Oficio
La autoridad municipal determina al órgano competente
del procedimiento de habilitación urbana de oficio, la cual
realiza las siguientes actividades:
38.1 Identificar los predios matrices que reúnen las
condiciones para ser beneficiados con la habilitación
urbana de oficio.

38.2 Proponer los predios que pueden ser objeto de la
habilitación urbana de oficio.
38.3 Notificar a los titulares registrales de los predios
matrices identificados, así como a sus ocupantes
sobre el inicio del procedimiento y la elaboración del
expediente técnico.
38.4 Solicitar a los titulares registrales y a los ocupantes
de los predios matrices identificados, de ser el
caso, información referida al predio que facilite la
elaboración del expediente técnico y la declaración
de habilitación urbana de oficio.
38.5 Suscribir convenios con la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos - SUNARP u
otros organismos públicos, a fin de acceder a la
información de los predios identificados.
38.6 Realizar las acciones y coordinaciones necesarias
para la obtención de la información técnica y legal
sobre el predio identificado.
38.7 Realizar las inspecciones del predio identificado,
el levantamiento topográfico y el levantamiento
catastral respectivo, así como el levantamiento de la
información que se requiera.
38.8 Verificar que el predio identificado cumpla con lo
38.9 Verificar que el predio identificado no se encuentra
incurso en los supuestos establecidos en el artículo
41 del Reglamento.
38.10 Emitir informe dejando constancia que el predio
cumple las condiciones establecidas en la Ley y el
Reglamento para ser declarado habilitado de oficio.
38.11 Elaborar el expediente técnico conformado por planos,
memorias descriptivas y otros documentos necesarios
para declarar habilitado de oficio el predio identificado.
38.12 Proponer a la autoridad competente la Resolución
municipal declarando la Habilitación Urbana de
Oficio del predio identificado.
Artículo 39.- Predios para Habilitación Urbana de Oficio
Los predios materia de identificación para ser declarados
habilitados de oficio deben ubicarse en una zona urbana
consolidada con edificaciones destinadas a vivienda y demás
complementarias a dicho uso, circunscritas en el predio matriz.
Artículo 40.- Procedencia de la Habilitación Urbana de
Oficio
El predio matriz identificado, para que sea declarado
habilitado de oficio debe cumplir las condiciones siguientes:
a) Encontrarse inscrito en la oficina registral como
predio rústico.
b) El área de consolidación será del 90% del total
del área útil del predio matriz.
c) Contar con servicios públicos de agua potable,
desagüe o alcantarillado, energía eléctrica y
alumbrado público.
d) Encontrarse definido el manzaneo y lotización
y ejecutadas las vías, acorde con los planos
urbanos y alineamiento vial, aprobados por la
municipalidad respectiva.
e) En caso de encontrarse afectado por condiciones
especiales, debe encontrarse ejecutada la
canalización de acequias de regadío y respetar
las servidumbres de los cables de red eléctrica
de media y alta tensión, de la vía férrea y la faja
marginal de los ríos de ser el caso.
Artículo 41.- Improcedencia de la Habilitación Urbana
de Oficio
El proceso administrativo de Habilitación Urbana de Oficio
es improcedente cuando el predio matriz:
a) Tiene en trámite un procedimiento de habilitación
urbana o de regularización de una ejecutada
ante la municipalidad o de recepción de obras
de habilitación urbana a la fecha de publicación
de la presente Ley.
b) Cuenta con servicios públicos domiciliarios,
pero no tiene edificaciones fijas y permanentes.
c) Se encuentra ubicado sobre áreas naturales
protegidas, zonas reservadas o fajas de
servidumbre, entre otras, según ley de la
materia.
d) Se encuentra ubicado en terrenos de uso o
e) Se encuentra en áreas de uso público o derecho
de vía.
f) Se encuentra sobre áreas de interés
arqueológico, histórico o patrimonio cultural.
g) Se encuentra incurso en un proceso judicial en
el cual se ha de determinar la titularidad, mejor
derecho o preferencia de título.
h) Es considerado por la entidad competente
como zona de alto riesgo para la salud, la vida o
integridad física de la población.
i) Cuando exista superposición de áreas con
predios de terceros.
La Habilitación Urbana de Oficio procede otorgarse a
predios afectados parcialmente en los casos previstos en
los literales c), d), e) y f) del presente artículo, excluyendo
la zona afectada; previa delimitación y acreditación de
dicha afectación por la entidad competente.
Artículo 42.- Expediente técnico de la Habilitación
Urbana de Oficio
El expediente técnico elaborado por el órgano responsable
designado, contiene como mínimo los siguientes
documentos:
a) Copia literal de dominio, donde se consigne los
datos del propietario y los datos del terreno.
En caso que el procedimiento sea impulsado
por el propietario, éste presenta una declaración
jurada señalando el número de Partida Registral
y asiento donde se encuentre inscrito el predio.
b) Informe de la unidad orgánica responsable, que
sustente que el predio reúne las condiciones
para ser declarado habilitado de oficio,
cumpliendo lo establecido en el artículo 40 y no
estando inmerso en los supuestos indicados en
c) Documentación técnica firmada por el
funcionario municipal que lo aprueba, de
matriz con coordenadas UTM;
- Plano perimétrico y topográfico con
coordenadas UTM.
- Plano de lotización conteniendo el perímetro
del terreno; la lotización, las vías, aceras y
bermas; áreas de equipamientos de ser el
caso y la identificación de los terrenos que
físicamente han sido destinadas a aportes
que pueden ser materia de comunicación
a las entidades públicas conforme a lo
establecido en la Primera Disposición
Complementaria Final de la Ley Nº 29898,
Ley que Modifica la Ley Nº 29090, Ley de
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de
Edificaciones y Establece el Procedimiento
de Habilitación Urbana de Oficio.

- Plano que indica los lotes ocupados y las
alturas de las edificaciones existentes.
- Padrón de los ocupantes de los lotes
comprendidos dentro del predio matriz.
- Informe en el que se deja constancia que el
predio:
• No se encuentra sobre áreas de interés
arqueológico, histórico o patrimonio
cultural.
• No se encuentra incurso en un proceso
judicial en el cual se ha de determinar la
titularidad, mejor derecho o preferencia
de título.
• No se encuentra en zona de alto riesgo
para la salud, la vida o integridad física
de la población.
• Cuenta con servicios públicos de agua
potable, desagüe o alcantarillado,
energía eléctrica y alumbrado público.
- Otras que sean necesarias.
Los planos son georeferenciados al Sistema
Geodésico Oficial y cumplen con lo establecido
en la Ley Nº 28294 y su Reglamento.
d) Informe legal sustentatorio.
Artículo 43.- Procedimiento
Para la declaración de habilitación urbana de oficio, la
Municipalidad en la que se localiza el predio materia de
habilitación urbana de oficio debe:
a) Iniciar el procedimiento con la identificación de
los predios matrices que reúnan las condiciones
señalados en el artículo 40 del Reglamento.
b) Notificar a los titulares registrales de los predios
matrices y a sus ocupantes sobre el inicio del
procedimiento de habilitación urbana de oficio y
la elaboración del expediente técnico.
c) Reunir información técnica y legal sobre el
predio matriz.
d) Realizar verificaciones y levantamientos
catastrales del predio matriz.
e) Elaborar el expediente técnico que sustente el
procedimiento.
f) Emitir la resolución municipal que declare habilitado
de oficio al predio matriz y disponga la inscripción
registral del cambio de uso rústico a urbano.
En el caso que los propietarios de los predios
decidan impulsar el procedimiento, deben presentar
la documentación establecida en el artículo 42 del
Reglamento. La Municipalidad, dentro de un plazo de
treinta (30) días, evalúa el pedido y, de acogerlo, procede
según lo establecido en el presente artículo.
Artículo 44.- Resolución Municipal
La unidad orgánica responsable del procedimiento de
habilitación urbana de oficio, a mérito de lo actuado, del
Informe Técnico emitido, y del Informe Legal, propone a
la autoridad municipal correspondiente el proyecto de
resolución, mediante la cual:
a) Se declara la habilitación urbana de oficio del
predio matriz, precisando el área, partida de
inscripción registral, nombre del propietario y los
sustentos técnicos y legales materia del resolutivo.
b) Se aprueban los planos que conforman el
expediente técnico.
c) Se aprueba el Cuadro de Áreas de la
habilitación urbana, precisando el área total,
el área útil, el área de vías, las áreas excluidas
de la habilitación urbana de oficio y, cuando
corresponda las áreas de equipamiento urbano.
d) Se dispone la inscripción registral del cambio de
rústico a urbano de los lotes que conforman la
Habilitación Urbana de Oficio, que se detallan
en los planos señalados en el inciso b) del
presente artículo.
e) Se dispone cursar comunicación a las entidades
públicas que corresponda, sobre la identificación
de áreas que los propios titulares registrales han
destinado para recreación pública, educación,
salud y otros fines, para las acciones de
saneamiento físico y legal que corresponda.
Las Municipalidades Distritales remitirán a
la Municipalidad Provincial respectiva, para
su conocimiento, copias de la Resolución
Municipal emitida y de los planos respectivos
que sustentan dicha resolución.
Artículo 45.- Inscripción Registral
Por el simple mérito de la Resolución expedida, la autoridad
municipal procede a solicitar la inscripción registral del
cambio de uso de rústico a urbano del predio matriz. Para
tal efecto, remite al Registro de Predios copias certificadas
de la mencionada resolución, de los planos de ubicación y
localización; perimétrico y topográfico; de lotización; y el que
indica los lotes ocupados y las alturas de las edificaciones
existentes; así como, de la memoria descriptiva, documentos
señalados en el literal c) del artículo 42 del presente
Reglamento, los que constituyen el título de inscripción.
La inscripción individual registral de los lotes que
conforman el predio matriz es gestionada por el propietario
o por la organización con personería jurídica que agrupe a
la totalidad de propietarios. En este último caso se acredita
la capacidad de representación con la copia simple de la
partida registral donde conste la vigencia de poder del
Registro de Personas Jurídicas.
TÍTULO III
ACTUALIZACIÓN REGISTRAL DE PREDIOS
CON HABILITACIONES SEMIRÚSTICAS
Artículo 46.- Definición
Para los efectos del Reglamento, entiéndase por habilitación
semi rústica al predio independizado como resultado de
una parcelación semi rústica, habilitación semi rústica o
habilitación preurbana al amparo de las normas indicadas
en la Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto
Legislativo Nº 1225, modificado por la Ley Nº 30494.
El presente procedimiento tiene por finalidad la actualización
registral de los predios inscritos en el Registro de Predios
como semi rústicos o preurbanos, independizados como
resultado de una parcelación semi rústica, habilitación
semirústica o habilitación preurbana, para que sean
considerados como urbanos, en mérito a lo establecido en
la Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto
Legislativo Nº 1225 modificado por la Ley Nº 30494.
Artículo 48.- Condiciones de los predios materia de
actualización registral
Los predios producto de una habilitación semi rústica,
para ser actualizados registralmente como urbanos, deben
cumplir las siguientes condiciones:
a) Hayan sido autorizadas por cualquiera de los
reglamentos señalados en la Quinta Disposición
Complementaria Final del Decreto Legislativo
Nº 1225, modificado por la Ley Nº 30494.
b) Se ubiquen en zona urbana consolidada, la
cual está constituida por servicios públicos

domiciliarios instalados, pistas, que tengan
redes de agua, desagüe o alcantarillado y
servicios de alumbrado público.
c) Se ubiquen frente a una vía pública.
En caso que el predio esté afectado por servidumbres
al amparo de disposiciones expresas, el Verificador
Responsable, al que se refiere el numeral 2.2 del artículo
2 del Decreto Supremo Nº 008-2000-MTC, debe consignar
en el Formulario, indicado en el numeral 50.1 del artículo
50 del Reglamento, el área del terreno cuya afectación
debe ser inscrita como carga en el Registro de Predios.
Artículo 49.- Improcedencia de la actualización
registral
No procede la actualización registral de los predios cuando:
a) No cumplan con cualquiera de las condiciones
establecidas en el artículo precedente.
b) Colinden con zonas arqueológicas, bienes
inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural
de la Nación declarados por el Ministerio de
Cultura, o se ubiquen en áreas naturales
protegidas.
c) Se encuentra ubicado en terrenos de uso o
d) Se encuentra en áreas de uso público o derecho
de vía.
e) Es considerado por la entidad competente
como zona de alto riesgo para la salud, la vida o
integridad física de la población.
f) Se encuentra incurso en un proceso judicial en
el cual se ha de determinar la titularidad, mejor
derecho o preferencia de título.
g) Cuando exista superposición de áreas con
predios de terceros.
Artículo 50.- Título formal para la inscripción de la
actualización registral
50.1 Formulario Registral
Pare efectos registrales, es título formal el
Formulario Registral, con la documentación que le
sirve de sustento, aprobado por la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, con
firmas certificadas notarialmente del administrado y
del Verificador Responsable.
La información que conste en el Formulario Registral
tiene la condición de declaración jurada.
50.2 Contenido del Formulario Registral
El Formulario Registral debe contener, como
mínimo, la siguiente información:
a) Nombre, documento de identificación y domicilio
del administrado y del verificador responsable.
b) Datos de ubicación y descripción del predio,
materia de actualización registral.
c) Número de Partida Registral en la que se
encuentra inscrito el predio.
d) Declaración expresa del verificador responsable
que el predio cuenta con conexión domiciliaria
de agua, desagüe y energía eléctrica.
e) Declaración del verificador responsable
indicando que el predio cumple con las
condiciones y requisitos respectivos para la
actualización registral.
f) Declaración por parte del verificador responsable
que el predio se encuentra afecto total o
parcialmente por reserva de áreas necesarias para
vías expresas, arteriales, intercambios viales o
equipamientos urbanos, entre otros; de ser el caso.
g) Indicación, por parte del verificador responsable,
que existe una reserva del predio por ampliación
de vía. Dicha información debe constar también
en el plano de trazado y lotización.
50.3 Documentación Anexa al Formulario Registral
Se anexa al Formulario Registral, lo siguiente:
a) Certificado de Zonificación y Vías.
b) La siguiente documentación técnica, firmada
por el administrado y el verificador responsable:
- Plano de ubicación y localización del terreno.
- Plano de trazado y lotización, conteniendo
el perímetro del terreno, de las vías, aceras
y bermas existentes o proyectadas según
sea el caso. La lotización debe estar en
concordancia con el Plan de Desarrollo
Urbano - PDU aprobado por la Municipalidad
- Memoria descriptiva indicando el área del
lote, su identificación o numeración, así
como aspectos que lo afecten y/o reservas,
características de las vías y obras faltantes.
- Plano catastral emitido por la Municipalidad
respectiva, si tuviera implementado el catastro.
c) Pago del derecho registral correspondiente.
d) En caso el administrado no sea el propietario
del predio, instrumento público que lo autorice
a representarlo para el trámite de actualización
registral. En caso el poder se encuentre inscrito
en el registro correspondiente, señalar la Partida
Registral y asiento respectivo.
Artículo 51.- Procedimiento de actualización registral
51.1 El expediente conformado por los documentos
indicados en el numeral 50.1 del artículo 50 del
Reglamento es recibido por el funcionario de la unidad
de recepción documental, quien procede según lo
establecido en el artículo 125 de la Ley Nº 27444.
51.2 Dentrodelosprimeros(07)díashábilesdepresentada
la solicitud, el registrador revisa los documentos
adjuntos y de encontrarlos conformes, inscribe en el
asiento correspondiente la actualización registral del
predio. Posteriormente, expide una copia certificada
al administrado de la Partida Registral con la nueva
condición urbana del predio.
Artículo 52.- Comunicación Municipal
Una vez inscrita la actualización registral, la copia con la
anotación de inscripción es remitida por la SUNARP a la
municipalidad distrital correspondiente.
TÍTULO IV
EDIFICACIONES
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
Artículo 53.- Edificación
Es una obra de carácter permanente, cuyo destino es
albergar al hombre en el desarrollo de sus actividades.
Comprende las instalaciones fijas y complementarias
adscritas a ella.
Artículo 54.- Modalidades de aprobación según tipo de
Edificación
Para los proyectos de edificaciones, existen cuatro (04)
modalidades de aprobación conforme a lo dispuesto en el
artículo 10 de la Ley.

54.1 Modalidad A, Aprobación automática con firma
de profesionales:
a) La construcción de una vivienda unifamiliar
de hasta 120 m2
construidos, siempre que
constituya la única edificación en el lote.
b) La ampliación de una vivienda unifamiliar,
cuya edificación original cuente con licencia de
construcción, conformidad de obra o declaratoria
de fábrica y/o edificación, y la sumatoria del
área techada de ambas no supere los 200 m2
.
c) La remodelación de una vivienda unifamiliar, sin
modificación estructural, ni cambio de uso, ni
aumento de área techada.
d) La construcción de cercos de más de 20 metros de
longitud, siempre que el inmueble no se encuentre
bajo el régimen de unidades inmobiliarias de
propiedad exclusiva y de propiedad común, de
acuerdo a la legislación de la materia.
e) La demolición total de edificaciones menores
de tres (03) pisos de altura, que no cuenten con
semisótano ni sótanos, siempre que no haga
uso de explosivos.
f) Las ampliaciones y remodelaciones
consideradas obras menores, según lo
establecido en la Norma Técnica G.040
“Definiciones” del Reglamento Nacional de
Edificaciones - RNE.
g) Las obras de carácter militar de las Fuerzas
Armadas y las de carácter policial de la Policía
NacionaldelPerú,asícomodelosestablecimientos
penitenciarios que deben ejecutarse con sujeción
a los Planes de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano.
h) Las edificaciones necesarias para el desarrollo
de proyectos de inversión pública, de asociación
público - privada o de concesión privada que se
realicen, para la prestación de servicios públicos
esenciales o para la ejecución de infraestructura
pública.
No están consideradas en esta modalidad:
i. Las obras de edificación en bienes inmuebles
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación
y su área de influencia, declarados por el
Ministerio de Cultura e incluidos en el inventario
que debe remitir el citado Ministerio, de acuerdo
a lo establecido en el literal f) del numeral 2 del
ii. Las obras que requieran la ejecución de sótanos
o semisótanos, o una profundidad de excavación
mayor a 1.50 m y colinden con edificaciones
existentes. En dicho caso debe tramitarse la
licencia de edificación bajo la modalidad B.
54.2 Modalidad B: Aprobación de Proyecto con
previa por los Revisores Urbanos.
a) Las edificaciones para fines de vivienda
unifamiliar, multifamiliar, quinta o condominios de
vivienda unifamiliar y/o multifamiliar no mayores
a cinco (05) pisos, siempre que el proyecto tenga
un máximo de 3,000 m2
de área construida.
b) La construcción de cercos en inmuebles que
se encuentren bajo el Régimen de Unidades
Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de
Propiedad Común, de acuerdo a la legislación de
la materia.
c) Las obras de ampliación o remodelación de
una edificación existente con modificación
estructural, aumento de área techada o cambio
de uso, así como las demoliciones parciales.
La edificación existente debe contar con
licencia de construcción, licencia de edificación,
declaratoria de fábrica o conformidad de obra y
declaratoria de edificación.
d) La demolición total de edificaciones hasta
cinco (05) pisos de altura y/o que cuenten con
semisótano y sótanos, siempre que no requiera
el uso de explosivos
En la presente modalidad, no están
contempladas las obras de edificación en bienes
inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural
de la Nación y su área de influencia, declarados
por el Ministerio de Cultura e incluidos en el
inventario que debe remitir el citado Ministerio,
de acuerdo a lo establecido en el literal f) del
numeral 2 del artículo 3 de la Ley.
54.3 Modalidad C: Aprobación de Proyecto con
los Revisores Urbanos:
a) Las edificaciones para fines de vivienda
multifamiliar, quinta o condominios, que incluyan
vivienda multifamiliar de más, de cinco (05)
pisos o de 3,000 m² de área techada. Para
efectos del Reglamento, el conjunto residencial
se encuentra comprendido en la figura del
condominio.
b) Las edificaciones para fines diferentes de
vivienda a excepción de las previstas en la
modalidad D.
c) Las edificaciones de uso mixto con vivienda.
d) Las intervenciones que se desarrollen en
predios, que constituyan parte integrante del
Patrimonio Cultural de la Nación, declarados por
el Ministerio de Cultura.
e) Las edificaciones para locales comerciales,
culturales, centros de diversión y salas de
espectáculos, que individualmente o en conjunto
cuenten con un máximo de 30,000 m² de área
techada.
f) Las edificaciones para mercados que cuentan
con un máximo de 15,000 m² de área techada.
g) Los locales para espectáculos deportivos de
hasta 20,000 ocupantes.
h) Las demoliciones totales de edificaciones con
más de cinco (05) pisos, o que requieran el uso
de explosivos.
i) Todas las demás edificaciones que no se
encuentren contempladas en las modalidades
A, B y D.
54.4 Modalidad D: Aprobación de Proyecto con
los Revisores Urbanos:
a) Las edificaciones para fines de industria.
b) Las edificaciones para locales comerciales,
culturales, centros de diversión y salas de
espectáculos, que individualmente o en conjunto
cuenten con más de 30,000 m² de área techada.
c) Las edificaciones para mercados que cuenten
con más de 15,000 m² de área techada.
d) Locales de espectáculos deportivos de más de
20,000 ocupantes.

e) Las edificaciones para fines educativos, salud,
hospedaje, establecimientos de expendio de
combustibles y terminales de transporte.
puede aprobar un anteproyecto en consulta y/u
otorgar Licencia de Edificación bajo los alcances
de una modalidad superior a la que corresponda la
obra. Los requisitos son los que se señalan para la
modalidad superior, y los derechos de revisión del
Anteproyecto en Consulta o Proyecto para el caso
de las modalidades B, C y D con evaluación previa
por la Comisión Técnica.
Artículo 55.- Documentos previos para la Edificación
Son los documentos que regulan el diseño o las condiciones
técnicas que afectan el proceso de edificación, por lo que
se debe recabar o tramitar con anterioridad dicho proceso,
de acuerdo al artículo 14 de la Ley, siendo éstos:
55.1 Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios,
es el documento emitido por las Municipalidades
Distritalesensusjurisdicciones,yporlasMunicipalidades
Provinciales en el ámbito del Cercado, en el que se
especifican los parámetros de diseño que regulan el
proceso de edificación sobre un predio urbano.
A solicitud del administrado y para trámites de
Regularización de Edificaciones, previa declaración
de la fecha de ejecución de la edificación, la
Municipalidad consigna los parámetros de diseño
vigentes a la fecha de inicio de las obras y los
vigentes a la fecha de expedición del certificado.
55.2 Certificado de Factibilidad de Servicios, es el
documento emitido por los prestadores de servicios
de saneamiento y las entidades prestadoras de
energía eléctrica; y cuya obtención es necesaria con
anterioridad al trámite de licencia de edificación.
El Certificado de Factibilidad de Servicios que se
otorga tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses,
prorrogable por única vez por doce (12) meses
calendario, dentro del ámbito de responsabilidad de
quien emite el Certificado de Factibilidad de Servicios.
Los rembolsos a que se refiere el numeral 3 del
artículo 14 de la Ley, se efectuarán en el plazo que
para el efecto establezcan las normas que rigen las
concesiones de servicios públicos, de ser el caso.
El Registro de Predios inscribe, a solicitud del
propietario, cualquiera de los documentos previos.
Artículo 56.- Certificación ambiental y estudios
requeridos
La certificación ambiental y los estudios que se requieran
para la aprobación de los proyectos de edificación son:
56.1 La certificación ambiental, de acuerdo a las normas
de la materia y desarrollado conforme a lo dispuesto
en la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental, su Reglamento
y al listado de inclusión de los proyectos de
inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación
de Impacto Ambiental - SEIA, que es aprobado
conforme a la normatividad del SEIA.
La certificación ambiental no es exigible para
la solicitud de Licencia de Edificación ni para
su ejecución, en los casos de edificaciones de
vivienda, comercio y oficinas que se desarrollen
en áreas urbanas, entendiéndose por éstas a
aquellas áreas ubicadas dentro de una jurisdicción
municipal destinada a usos urbanos, que cuentan
con servicios de agua, alcantarillado, electrificación,
vías de comunicación y vías de transporte.
56.2 El Estudio de Impacto Vial - EIV para los proyectos
de edificación en los casos establecidos en el
ReglamentoNacionaldeEdificaciones-RNEyquese
desarrollen conforme a dicho reglamento, salvo que
los documentos y planos del proyecto contemplen
los criterios, condiciones, características, alcances y
requisitos exigidos en la norma citada.
56.3 El Estudio de Mecánica de Suelos con Fines
de Edificación, obligatoriamente para los casos
establecidos en el numeral 3.1 del artículo 3 de la
Norma Técnica E.050, “Suelos y Cimentaciones” del
CAPÍTULO II
DOCUMENTOS REQUERIDOS
Artículo 57.- Requisitos comunes
57.1 En todos los procedimientos regulados en el
presente título, además de los requisitos especiales
establecidos para cada caso, el administrado
presenta:
a) Formulario Único, debidamente suscrito
por el administrado y por los profesionales
responsables, señalando el número de recibo
y fecha de pago del trámite de Licencia de
Edificación, en tres (03) juegos originales.
b) En el caso que el administrado no sea el
propietario del predio, debe presentar la
documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar.
declaración jurada del representante legal
d) Declaración jurada de los profesionales que
intervienen en el proyecto, señalando encontrarse
hábiles para el ejercicio de la profesión.
e) Para los casos de remodelaciones, ampliaciones
o demoliciones, la copia del documento
que acredita la declaratoria de fábrica o de
edificación con sus respectivos planos en caso
no haya sido expedido por la Municipalidad; en
su defecto, copia del Certificado de Conformidad
o Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o
de Edificación de la construcción existente.
f) Para los casos de demoliciones, parciales o
totales, cuya edificación no pueda acreditarse con
la autorización respectiva, el plano de ubicación
y localización así como el plano de planta de la
edificación a demoler, diferenciando en el caso
de demolición parcial, las áreas a demoler de las
remanentes, sin perjuicio de las sanciones que la
Municipalidad respectiva considere.
g) En caso de demoliciones totales o parciales de
edificaciones cuya declaratoria de fábrica o de
edificación se encuentra inscrita en el Registro
de Predios, declaración jurada por parte del
administrado, señalando que sobre el bien no
recaigan cargas y/o gravámenes. En su defecto,
acreditar la autorización del titular de la carga o
gravamen.
57.2 El Formulario Único de Edificaciones - FUE y sus
anexos, es el documento aprobado por el Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de libre
reproducción mediante el cual se formalizan los
procedimientos y actos administrativos relacionados
con la autorización de ejecución de proyectos de
edificación y posterior conformidad de los mismos;
lo suscriben el administrado y los profesionales
responsables del proyecto y, tiene carácter de
declaración jurada respecto a la información y
documentos que se presentan. Este formulario tiene
mérito de inscripción registral.
Artículo 58.- Recepción del Expediente
58.1 Todos los documentos que se presenten con el
expediente tienen la condición de declaración jurada,

por lo que el funcionario de la unidad de recepción
documental,selimitaaverificarenelactodepresentación
que el expediente contenga los documentos requeridos
por la Ley y el Reglamento. En caso el expediente
cumpla con lo indicado, se asigna un número, se sella
y firma el Formulario Único de Edificaciones - FUE y se
folea cada uno de los documentos presentados, tanto
los originales como las copias.
En las modalidades B, C y D, el administrado
puede presentar en el expediente solo un juego
del formulario único y de la documentación técnica
requerida. En ese supuesto, los otros dos (02) juegos
requeridos, son presentados dentro de un plazo de
tres (03) días, contado desde la notificación de la
aprobación del proyecto en todas las especialidades.
58.2 De no cumplir el expediente con lo indicado en el
numeral precedente, en un solo acto y por única
vez, el funcionario a cargo de la unidad de recepción
documental realiza las observaciones por falta de
requisitos que no puedan ser salvadas de oficio,
requiriendo al administrado que las subsane dentro
de un plazo máximo de dos (02) días hábiles.
La observación debe anotarse bajo firma del
receptor en la solicitud y en la copia que se entrega el
administrado, indicando que de no ser subsanadas
en el plazo estipulado, se tiene por no presentada su
petición.
58.3 Dentro del plazo establecido en el numeral
precedente y mientras esté pendiente la
subsanación, son aplicables las siguientes reglas:
a) No procede el cómputo de plazos para que
opere el silencio administrativo, ni para la
presentación de la solicitud o el recurso.
b) No procede la aprobación automática del
c) El funcionario a cargo de la unidad de recepción
documental no remite la solicitud o documentos
a la dependencia competente para el inicio del
procedimiento.
Transcurrido el plazo y de no ser subsanadas las
observaciones por incumplimiento de requisitos,
se considera como no presentada la solicitud o
formulario y se devuelve con sus recaudos cuando el
administrado se apersone a reclamar, reembolsando
el monto de los derechos que hubiese abonado.
De ser subsanadas las observaciones, se procede
conforme a lo establecido en el numeral 58.1 del
presente artículo.
58.4 Cuando la Municipalidad advierta en la revisión de
los documentos que conforman el expediente para
la modalidad B o modalidades C y D con evaluación
previa de proyecto por la Comisión Técnica, que no
se puede continuar con el procedimiento, emplaza
por única vez al administrado, a fin que realice la
subsanación correspondiente en un plazo de hasta
quince(15)díashábiles.Mientrasestépendientedicha
subsanación, son aplicables las reglas establecidas
en los literales a) y c) del numeral 58.3 del presente
artículo. De no subsanar oportunamente lo requerido
dentro del plazo establecido, la Municipalidad declara
la improcedencia de lo solicitado.
58.5 La Municipalidad mantiene la facultad de requerir
única y exclusivamente la subsanación de aquellos
requisitos que no hayan sido subsanados por
el administrado o cuya subsanación no resulte
satisfactoria, de conformidad con lo dispuesto
por la norma correspondiente a fin que realice
la subsanación debida en un plazo de hasta
quince (15) días hábiles. En ningún caso se
puede realizar nuevas observaciones invocando
la facultad señalada en el presente párrafo. De
no subsanar oportunamente lo requerido dentro
del plazo establecido, la Municipalidad declara la
improcedencia de lo solicitado.
58.6 El incumplimiento de la obligación señalada en
el numeral que antecede, constituye una falta
administrativa sancionable de conformidad con
lo dispuesto por la Ley Nº 27444; así como, una
Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas,
ello sin perjuicio de la obligación del administrado de
subsanar las observaciones formuladas.
CAPÍTULO III
LICENCIAS DE EDIFICACIÓN
Licencia de Edificación - Modalidad A: Aprobación
Automática con Firma de Profesionales
59.1 Para obtener una Licencia de Edificación en la
modalidad A, el administrado inicia el procedimiento
de los documentos que se indican en el artículo
57 del Reglamento, la documentación técnica
compuesta por el plano de ubicación, los planos
de arquitectura (planta, cortes y elevaciones),
de estructuras, de instalaciones sanitarias y de
instalaciones eléctricas. Esta documentación debe
ser presentada también en archivo digital.
59.2 Para el caso de edificación de vivienda unifamiliar
de hasta 120 m2
construidos y siempre que sea
la única edificación que se construya en el lote, el
administrado puede optar por la presentación de un
proyecto adquirido en el Banco de Proyectos de la
Municipalidad respectiva.
59.3 Para el caso de ampliaciones y remodelaciones
consideradas obras menores, según lo establecido
en la Norma Técnica G.040 “Definiciones” del
Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE, sólo
deben presentar, como documentación técnica, el
plano de ubicación y arquitectura (plantas, cortes y
elevaciones), donde se diferencien dichas áreas.
59.4 Para ampliaciones de una vivienda unifamiliar cuya
sumatoria del área existente con el área de ampliación
no supere los 200 m2
de área techada, se deben
presentar los planos exigidos como documentación
técnica, en los que se diferencien dichas áreas.
59.5 Para la remodelación de una vivienda unifamiliar
sin modificación estructural, ni cambio de uso, ni
aumento de área techada, se deben presentar los
planos que conforman la documentación técnica en
los que se diferencie la edificación existente de las
áreas y elementos remodelados.
59.6 Para la construcción de cercos de una vivienda
unifamiliar de más de 20 metros de longitud, debe
presentarse como documentación técnica el plano
de ubicación y los planos de las especialidades que
correspondan y sus respectivas memorias descriptivas.
59.7 Para la demolición total de edificaciones menores
de tres (03) pisos que no cuenten con semisótanos
y sótanos, siempre que no constituyan parte
integrante del Patrimonio Cultural de la Nación y
no se requiera el uso de explosivos, se presentan
como documentación técnica la carta de seguridad
de obra y la memoria descriptiva del proceso de
demolición firmada por un ingeniero civil y el plano
de ubicación.
59.8 Para el caso de las edificaciones de carácter militar
de las Fuerzas Armadas y las de carácter policial
de la Policía Nacional del Perú, así como los
establecimientos de reclusión penal, se presentan
el Formulario Único de Edificaciones - FUE y, como
documentación técnica, el plano de ubicación y la
memoria descriptiva.
59.9 Para el caso de edificaciones que se realicen a través
de proyectos de inversión pública para la prestación
de servicios públicos esenciales o para la ejecución

de infraestructura pública, de asociación público -
privada o de concesión privada, se presenta como
documentación técnica: el plano de ubicación, el plano
perimétrico, así como una descripción del proyecto.
59.10 Toda la documentación técnica requerida se
presenta en tres (03) juegos originales.
recepción documental, debiendo el funcionario a
cargo proceder de acuerdo a lo establecido en el
artículo 58 del Reglamento; de estar conformes,
se sellan y firman cada uno de los documentos
presentados. El número de resolución se consigna
en forma inmediata en todos los originales de
los formularios únicos presentados. El cargo del
administrado está conformado por dos (02) juegos
del Formulario Único de Edificaciones - FUE y
dos (02) juegos de documentación técnica, el cual
se entrega en el mismo acto de presentación, y
constituye la Licencia de Edificación.
Licencia de Edificación - Modalidad B: Aprobación de
Proyecto con evaluación por la Municipalidad
60.1 Para obtener una Licencia de Edificación en la
modalidad B, el administrado inicia el procedimiento
de los documentos que se indican en el artículo 57
del Reglamento, los siguientes:
a) Certificados de Factibilidad de Servicios para
obra nueva de vivienda multifamiliar o fines
diferentes al de vivienda.
b) Documentación técnica, en tres (03) juegos
originales, la misma que está compuesta por:
- Plano de Ubicación y Localización según
formato.
- Planos de Arquitectura (planta, cortes y
elevaciones), Estructuras, Instalaciones
Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso,
firmados y sellados por los profesionales
responsables del proyecto y por el
administrado, adjuntando las correspondientes
memorias descriptivas por cada especialidad.
- De ser el caso, plano de sostenimiento
de excavaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 33 de la Norma
Técnica E.050 “Suelos y Cimentaciones”
del Reglamento Nacional de Edificaciones -
RNE acompañado de la memoria descriptiva
que precise las características de la obra,
además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos,
complementando con fotos.
- Estudio de Mecánica de Suelos, según los
casos que establece el Reglamento Nacional
de Edificaciones - RNE.
Esta documentación, a excepción del Estudio
de Mecánica de Suelos, debe ser presentada
también en archivo digital.
c) Para proyectos multifamiliares, la Póliza
CAR (Todo Riesgo Contratista), según las
características de la obra que se vaya a ejecutar
con cobertura por daños materiales y personales
a terceros y como complemento al Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo previsto
en la Ley Nº 26790, Ley de Modernización de
la Seguridad Social en Salud. Este documento
se entrega obligatoriamente a la Municipalidad
como máximo el día hábil anterior al inicio de la
obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la
duración del proceso edificatorio.
60.2 En caso se solicite la licencia de ampliación o de
remodelación con modificación estructural, aumento
de área techada o cambio de uso, además de
los requisitos que se indican en el artículo 57 del
Reglamento que conforman el expediente, se
presenta:
a) Certificados de Factibilidad de Servicios, para
obras de ampliación de Vivienda Multifamiliar,
obras de remodelación de Vivienda Unifamiliar
a Multifamiliar o a otros fines diferentes al de
vivienda.
b) Documentación técnica, en tres (03) juegos
originales, la misma que está compuesta por:
- Plano de Ubicación y Localización según
formato.
elevaciones), Estructuras, Instalaciones
Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso,
firmados y sellados por los profesionales
responsables del proyecto y por el propietario,
adjuntando las memorias descriptivas
por especialidad, donde se diferencien la
edificación proyectada de la edificación
existente, la cual debe contar con licencia
de construcción, licencia de edificación,
declaratoria de fábrica o conformidad de
obra y declaratoria de edificación.
- De ser el caso, plano de sostenimiento
de excavaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 33 de la Norma
Técnica E.050 “Suelos y Cimentaciones”
del Reglamento Nacional de Edificaciones -
RNE acompañado de la memoria descriptiva
que precise las características de la obra,
además de las edificaciones colindantes
indicando el número de pisos y sótanos,
complementando con fotos.
- Estudio de Mecánica de Suelos, según los
casos que establece el Reglamento Nacional
de Edificaciones - RNE.
c) Copia del documento que acredite la
declaratoria de fábrica o de edificación con
sus respectivos planos en caso no haya sido
expedida por la municipalidad; en su defecto,
copia del Certificado de Finalización de Obra
o de Conformidad de Obra y Declaratoria
de Edificación o, la Licencia de Obra o de
Edificación de la construcción existente.
d) Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las
e) En el caso que el predio esté sujeto al régimen
de propiedad exclusiva y propiedad común se
adjunta copia del Reglamento Interno, el plano
de independización correspondiente a la unidad
inmobiliaria y la autorización de la Junta de
Propietarios, según corresponda.
60.3 En caso se solicite la licencia de Demolición Parcial
o Demolición Total de edificaciones hasta cinco (05)
pisos que cuenten con semisótanos y/o sótanos, se
presentan además de los requisitos que se indican
en el artículo 57 del Reglamento, los siguientes:
a) Plano de localización y ubicación según formato.
b) Planos de planta diferenciando las zonas y
elementos de la edificación a demoler, así como
del perfil y alturas de los predios colindantes,
hasta una distancia de 1.50 m de los límites de
propiedad, para el caso de demoliciones parciales.

c) Memoria descriptiva de los trabajos a realizar
y del procedimiento de demolición a utilizar,
donde se consideren las medidas de seguridad
contempladas en Norma Técnica G.050
“Seguridad durante la Construcción” del
Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y
demás normas de la materia.
d) Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las
e) Carta de seguridad de obra firmada por un
ingeniero civil.
f) En el caso que el predio esté sujeto al régimen
de propiedad exclusiva y propiedad común se
adjunta copia del Reglamento Interno, el plano
de independización correspondiente a la unidad
inmobiliaria y la autorización de la Junta de
Propietarios.
60.4 En caso se solicite la licencia para la construcción de
cercos, en predios sujetos al régimen de propiedad
exclusivaypropiedadcomún,ademásdelosrequisitos
que se indican en el artículo 57 del Reglamento, se
presenta como documentación técnica el plano
de ubicación y los planos de las especialidades
que correspondan con sus respectivas memorias
descriptivas, adjuntando la autorización de la junta
de propietarios conforme al Reglamento Interno o al
Reglamento de la Ley Nº 27157, según corresponda.
60.5 A solicitud del administrado se puede solicitar
licencia de edificación para obras de ampliación,
remodelación y demolición parcial en un mismo
expediente, debiendo presentar los documentos y
requisitos exigidos para cada uno de ellos.
60.6 La Licencia Temporal para Edificación está
constituida por el cargo del Formulario Único de
Edificación - FUE y la documentación técnica,
debidamente sellados con la recepción y número de
expediente asignado. Esta Licencia autoriza el inicio
de las obras preliminares, incluyendo las obras
provisionales, que se requieran para implementar la
obra, previo al proceso de excavación.
60.7 La Municipalidad en un plazo máximo de quince (15)
días hábiles de iniciado el trámite realiza la revisión
de los documentos que conforman el expediente.
En el caso de no formular observaciones, la
Municipalidad otorga la licencia definitiva dentro del
plazo señalado, debiendo el funcionario municipal,
designado para tal fin, sellar y firmar todos los
documentos y planos, así como emitir la resolución
correspondiente, la cual debe consignarse en el
Formulario Único de Edificación - FUE.
60.8 En caso de formular observaciones en el
Informe respectivo, las mismas son notificadas
al administrado, a quien se le otorga quince (15)
días hábiles para subsanarlas, suspendiéndose
el cómputo del plazo señalado en el numeral 60.7
del presente artículo. Presentadas las respectivas
subsanaciones, el cómputo del plazo se reanuda
desde el momento en que fueron formuladas las
observaciones.
De no presentarse las respectivas subsanaciones a
las observaciones formuladas en el plazo indicado,
se declara la improcedencia de la solicitud.
60.9 Transcurrido el plazo señalado en el numeral 60.7
sin pronunciamiento por parte de la Municipalidad,
se aplica el silencio administrativo positivo,
procediendo a otorgar la licencia definitiva.
Jurada ante la Municipalidad correspondiente. El
cargo de recepción de dicho documento, constituye
prueba suficiente de la resolución aprobatoria ficta
de la solicitud o trámite iniciado. La Municipalidad,
dentro de un plazo de tres (03) días hábiles entrega
al administrado el Formulario Único de Edificación -
FUE, con el número de resolución asignado, así como
la documentación técnica, debidamente sellados.
Artículo 61.- Requisitos para obtener la Licencia
de Edificación - Modalidades C y D: Aprobación de
Proyecto con evaluación previa por la Comisión Técnica
61.1 Para obtener una Licencia de Edificación en
las modalidades C y D, con evaluación previa
del proyecto por la Comisión Técnica, el
administrado inicia el procedimiento presentando
requisitos que se indican en los artículos 57 y 60 del
Reglamento, la Certificación Ambiental y el Estudio
de Impacto Vial - EIV aprobados por las entidades
competentes en los casos que se requiera; y, copia
del comprobante de pago por revisión del proyecto.
Los planos que conforman la documentación técnica
deben ser presentados también en archivo digital.
No es exigible la Certificación Ambiental para
la solicitud de licencia de edificación ni para su
ejecución en los casos de edificaciones de vivienda,
comercio y oficinas que se desarrollen en áreas
urbanas, entendiéndose por éstas a las áreas
ubicadas dentro de una jurisdicción municipal
destinada a usos urbanos, que cuentan con
servicios de agua, alcantarillado, electrificación, vías
de comunicación y vías de transporte.
La presentación del Estudio de Impacto Vial sólo es
exigible para los proyectos de edificación, de acuerdo
a lo establecido en el Reglamento Nacional de
Edificaciones - RNE y que se desarrollen conforme a
dicho reglamento, salvo que los documentos y planos
del proyecto presentado contemplen los criterios,
exigidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones
- RNE.
Como parte del proyecto de Arquitectura, se
presenta los planos de seguridad y evacuación,
cuando se requiera la intervención del delegado Ad
hoc del Centro Nacional de Estimación, Prevención
y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED,
según lo previsto en el primer párrafo del literal b)
del numeral 7 del artículo 4 de la Ley.
Para los proyectos establecidos en el segundo
párrafo del literal b) del numeral 7 del artículo 4
de la Ley, la verificación del cumplimiento de las
normas de seguridad puede ser efectuada por el
delegado de la especialidad de arquitectura de la
Comisión Técnica, siempre que éste se encuentre
debidamente designado por dicha entidad, en
concordancia con el último párrafo del literal citado.
La Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las
Complementario de Trabajo de Riesgo previsto en la
Ley Nº 26790, Ley de Modernización de la Seguridad
Social en Salud, son requeridas para todas las
Edificaciones contempladas en las modalidades C y
D con evaluación previa del proyecto por la Comisión
Técnica. Este documento se entrega obligatoriamente
a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior
al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o
mayor a la duración del proceso edificatorio.
Se puede adjuntar copia de los planos del
anteproyecto en consulta aprobado, de encontrarse
vigente su aprobación, el cual tiene efecto
vinculante para el presente procedimiento cuando
se trate del mismo proyecto sin modificaciones, aun
cuando hayan variado los parámetros urbanísticos y
edificatorios con los que fue aprobado.

61.2 En caso de proyectos de gran magnitud, los
planos podrán ser presentados en secciones con
escala conveniente que permita su fácil lectura,
conjuntamente con el plano del proyecto integral.
61.3 En caso se solicite Licencia de Edificación para
Remodelación, Ampliación, Puesta en Valor
Histórico, los requisitos señalados en el numeral
61.1 del presente artículo, se presentan de la
siguiente manera:
a) Los planos de arquitectura deben contener:
- Plano de Levantamiento de la edificación
existente, que grafique los elementos a
eliminar, ampliar y/o remodelar.
- Plano de la edificación resultante.
- Para obras de Puesta en Valor Histórico,
deben graficar los elementos arquitectónicos
con valor histórico monumental propios de
la edificación, identificándolos claramente y
diferenciando aquellos que serán objeto de
restauración, reconstrucción o conservación,
de ser el caso.
b) Los planos de estructura deben diferenciar los
elementos estructurales existentes, los elementos
que se van a eliminar y los elementos nuevos,
detallando adecuadamente los empalmes.
c) Los planos de instalaciones deben:
- Diferenciar claramente las instalaciones que
se van a incorporar y las que se eliminan,
detallando adecuadamente los empalmes.
- Evaluar la factibilidad de servicios teniendo
en cuenta la ampliación de cargas de
electricidad y de dotación de agua potable.
61.4 Cuando se solicite la licencia de algún tipo de
Demolición no contemplada en las modalidades A
o B, además de los requisitos que se indican en el
artículo 57 del Reglamento, se presenta lo siguiente:
a) Plano de localización y ubicación, según
formato.
b) Planos de planta a escala 1/75, dimensionados
adecuadamente, en el que se delinea las zonas
de la fábrica o edificación a demoler, así como
del perfil y alturas de los predios colindantes a las
zonas de la fábrica o edificación a demoler, hasta
una distancia de 1.50 m de los límites de propiedad.
c) Plano de cerramiento del predio, cuando se
trate de demolición total.
d) Memoria descriptiva de los trabajos a realizar
y del procedimiento de demolición a utilizar,
donde se consideren las medidas de seguridad
contempladas en Norma Técnica G.050
“Seguridad durante la Construcción” del
Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y
demás normas de la materia.
e) Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las
la Seguridad Social en Salud, son requeridas
para todas las Edificaciones contempladas en
las modalidades C y D con evaluación previa
del proyecto por la Comisión Técnica. Este
documento se entrega obligatoriamente a la
Municipalidad como máximo el día hábil anterior
Adicionalmente en caso de uso de explosivos se
presenta:
f) Autorizaciones de las autoridades competentes
(Superintendencia Nacional de Control de
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y
Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC, Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas, Centro
Nacional de Estimación, Prevención y Reducción
del Riesgo de Desastres - CENEPRED), según
corresponda.
g) Copia del cargo del documento dirigido a los
propietarios y/u ocupantes de las edificaciones
colindantes a la obra, comunicándoles las
fechas y horas en las que se efectuarán las
detonaciones.
Artículo 62.- Procedimiento para la obtención de
Dictamen y emisión de la Licencia de Edificación
- Modalidades C y D: Aprobación de Proyecto con
evaluación previa por la Comisión Técnica
62.1 Iniciado el trámite, el profesional responsable del
área correspondiente, dispone de cinco (05) días
hábiles para efectuar la revisión de los documentos
presentados que conforman el expediente,
comprobando que los profesionales que participan
en el proyecto se encuentren habilitados en el
ejercicio de su profesión y revisando la información
relevante del predio, a través de los portales web de
los colegios profesionales y de la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos - SUNARP,
respectivamente, debiendo emitir el informe
correspondiente. También debe facilitar a la
Comisión Técnica el acceso a la normativa aplicable.
Durante este plazo, el presidente de la Comisión
Técnica convoca a la citada Comisión y de ser el
caso a los delegados Ad hoc.
62.2 El plazo máximo para que la Comisión Técnica emita
los dictámenes teniendo en cuenta la opinión de los
delegados Ad hoc, es de veinte (20) días hábiles,
contando cada especialidad con cinco (05) días
hábiles para emitir el dictamen correspondiente.
La verificación se inicia con la especialidad de
Arquitectura; continuando con las especialidades
de Estructuras y, por último, en indistinto orden,
Instalaciones Sanitarias y Eléctricas. Excepto en
el caso previsto en el literal c) del numeral 12.1
del artículo 12 del Reglamento; considerando lo
establecido en los artículos 10 y 13 del Reglamento.
En las demoliciones totales la verificación se realiza
solo en la especialidad de Estructuras.
En caso que alguna especialidad sea observada
por la Comisión Técnica, el plazo se suspende,
subsanando el administrado las observaciones
dentro del plazo de quince (15) días hábiles.
Presentadas las respectivas subsanaciones en la
especialidad observada, se reanuda el plazo desde
la fecha en que fueron formuladas las observaciones.
La evaluación de las respectivas subsanaciones y
posibles nuevas observaciones se realizan dentro
del plazo con el que cuenta cada especialidad, sin
comprometer los plazos del resto de especialidades.
En caso de no presentar las subsanaciones de las
observaciones en el plazo otorgado al administrado,
o luego de la cuarta revisión no las subsana
satisfactoriamente, la Municipalidad declara la
improcedencia del trámite.
EldictamendelaComisiónTécnicaseemitedeacuerdo
a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento.
62.3 Con el dictamen Conforme de la Comisión
Técnica en las especialidades de Arquitectura y de
Estructuras, el administrado puede iniciar la obra,
solicitando la emisión de la licencia, la cual es de
naturaleza temporal.
Paraelsupuestoestablecidoenelpárrafoprecedente,
obtenido el dictamen Conforme en las especialidades

de Instalaciones Sanitarias y Eléctricas, la licencia
adquiere la condición de licencia definitiva. En el
mismo supuesto, si se emite dictamen No Conforme,
enlasespecialidadescitadas,laMunicipalidadnotifica
el dictamen y ordena la paralización de las obras, las
mismas que se reanudan de forma inmediata y sin
mayor trámite, al presentar la subsanación de las
observaciones correspondientes.
62.4 Los planos con dictamen Conforme sellados y
firmados por los delegados, se guardarán en
custodia en la Municipalidad como parte del
expediente.
62.5 Obtenido el dictamen Conforme en todas las
especialidades, la municipalidad procederá a emitir
la Resolución de Licencia de Edificación, según lo
62.6 Para el caso de demoliciones el dictamen es emitido
por el delegado de la especialidad de Estructuras
del Colegio de Ingenieros del Perú - CIP.
Artículo 63.- Notificación del dictamen y sus efectos
63.1 Conforme se vayan emitiendo los dictámenes por
especialidad, se notifican con copia de los mismos
al administrado.
63.2 Cumplido el plazo del procedimiento sin que se
haya notificado la totalidad de los dictámenes,
el administrado puede acogerse al silencio
administrativo positivo, en este caso el cargo
debidamente sellado con la recepción, constituye
la licencia respectiva, siendo de aplicación lo
Jurada ante la Municipalidad correspondiente,
constituyendo el cargo de recepción de dicho
documento, prueba suficiente de la resolución
aprobatoria ficta de la solicitud o trámite iniciado. La
Municipalidad, dentro de un plazo de tres (03) días
hábiles entrega al administrado el Formulario Único
de Edificación - FUE, con el número de resolución
asignado, así como la documentación técnica,
debidamente sellados.
63.3 El silencio administrativo positivo no es aplicable
en los procedimientos de obtención de licencia de
edificación, para bienes inmuebles que constituyan
parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación
declarados por el Ministerio de Cultura e incluidos
en la lista a la que se hace referencia en el inciso f)
del numeral 2 del artículo 3 de la Ley.
Artículo 64.- Resolución de Licencia de Edificación
64.1 Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes al
último dictamen conforme la Municipalidad emitirá la
Resolución de Licencia de Edificación que se consigna
en el Formulario Único de Edificación - FUE.
64.2 Copias del Formulario Único de Edificación -
FUE con el número de Resolución de Licencia,
planos y documentos del proyecto aprobado, el
Cronograma de Visitas de Inspección suscrito,
de las pólizas pertinentes y del comprobante
de pago correspondiente deberán permanecer
obligatoriamente en lugar visible de la obra.
Artículo 65.- Requisitos para obtener Licencia de
Edificación - Modalidades B, C o D: Aprobación de
Proyecto con evaluación previa por los Revisores
Urbanos
65.1 Para obtener una Licencia de Edificación en las
modalidades B, C o D, Aprobación de Proyecto
con evaluación previa por los Revisores Urbanos,
el administrado inicia el procedimiento presentando
documentos que se indican en los artículos 57, 60
y 61 del Reglamento, la certificación ambiental y
el Estudio de Impacto Vial - EIV aprobados por la
entidad competente según sea el caso, y el Informe
Técnico favorable de los Revisores Urbanos,
emitido de acuerdo con lo previsto en el respectivo
Reglamento.
La certificación ambiental no es exigible para la
solicitud de Licencia de Edificación ni para su
ejecución en los casos de edificaciones de vivienda,
comercio y oficinas que se desarrollen en áreas
urbanas, entendiéndose por éstas aquellas áreas
ubicadas dentro de una jurisdicción municipal
destinada a usos urbanos, que cuentan con
servicios de agua, alcantarillado, electrificación, vías
de comunicación y vías de transporte.
La presentación del Estudio de Impacto Vial - EIV
sólo es exigible en los casos de edificaciones en
que el Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE
lo determine, salvo que los documentos y planos
del proyecto presentado contemplen los criterios,
exigidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones
- RNE.
La Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las
características de la obra con cobertura por daños
materiales y personales a terceros, según lo dispuesto
en el artículo 25 de la Ley, son requeridas para los
proyectos multifamiliares en la modalidad B, así
como para todas las Edificaciones consideradas en
las modalidades C o D y, se entrega obligatoriamente
a la Municipalidad como máximo el día hábil anterior
65.2 La documentación técnica deberá contener el
sello Conforme y la firma de los correspondientes
Revisores Urbanos.
65.3 Para proyectos de gran magnitud, en las
modalidades C y D, los planos podrán ser
presentados en secciones con escala conveniente
que permita su fácil lectura, conjuntamente con el
plano del proyecto integral.
65.4 En caso se solicite Licencia de Edificación para
Remodelación,Ampliación o Puesta en Valor Histórico,
para proyectos en la Modalidad C, además de los
requisitos señalados en el numeral 65.1 del presente
artículo, debe presentarse los requisitos establecidos
65.5 En caso se solicite la licencia de algún tipo de
Demolición no contemplada en las modalidades A
o B, además de los requisitos que se indican en
el artículo 57 del Reglamento que conforman el
expediente, se presentan los requisitos señalados
El Informe Técnico favorable de los Revisores
Urbanos a que se hace referencia en el numeral 65.1
del presente numeral es emitido por los Revisores
Urbanos debidamente certificados por el Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Artículo 66.- Procedimiento para obtener Licencia de
Edificación – Modalidades B, C y D: Aprobación de
Proyecto con evaluación previa por los Revisores
Urbanos
Los documentos son presentados a la unidad de recepción
documental, debiendo el funcionario a cargo proceder de
acuerdo a lo establecido en el artículo 58 del Reglamento;
de estar conformes, se sellan y firman cada uno de los
documentos presentados. El cargo del administrado está
conformado por dos (02) juegos del Formulario Único de
Edificación - FUE y dos (02) juegos de la documentación
técnica, el cual se entrega en el mismo acto de
presentación, y constituye la Licencia de Edificación. El
número de resolución se consigna en forma inmediata en
todos los originales de los formularios únicos presentados.
Artículo 67.- Numeración Municipal
Obtenida la Licencia de Edificación, de acuerdo a lo
establecido para cada modalidad, el administrado puede

solicitar la numeración que corresponda a los ingresos a
la edificación y a las unidades inmobiliarias resultantes del
proyecto aprobado, quedando la Municipalidad respectiva
obligada a emitir la Resolución correspondiente dentro
de los cinco (05) días hábiles de presentada la solicitud,
indicando el número del comprobante que acredita el pago
efectuado por la tasa municipal correspondiente.
La tasa exigida no excede el costo de la prestación del
servicio administrativo, y comprende la totalidad de las
unidades inmobiliarias resultantes del proyecto y/o proceso
edificatorio autorizado.
Sin perjuicio de lo expuesto, la Municipalidad respectiva
puede incluir la Numeración Municipal en la Resolución
de Licencia de Edificación, previo pago de los derechos
respectivos conjuntamente con los derechos que
correspondan a la Licencia de Edificación.
Luego de obtenida la numeración, el administrado puede
solicitar a la Municipalidad sin requisito adicional y previo pago
del derecho correspondiente el Certificado de Numeración.
CAPÍTULO IV
MODIFICACIÓN DE PROYECTOS
APROBADOS DE EDIFICACIÓN
Artículo 68.- Requisitos y Procedimiento para la
Modificación del Proyecto
68.1 Modificación del proyecto antes de emitida la
Licencia de Edificación:
El administrado puede solicitar la modificación
parcial de un proyecto aprobado, en cualquiera
de sus especialidades y previo al otorgamiento
de la Licencia de Edificación respectiva, en las
modalidades de aprobación B, C o D con evaluación
previa de la Comisión Técnica, para lo cual abona la
tasa municipal correspondiente, efectúa el pago por
derecho de revisión según la(s) especialidad(es) que
corresponda(n) y adjunta la documentación necesaria
para su evaluación. El procedimiento de aprobación y
los plazos aplicables son los mismos de la modalidad
de aprobación del expediente en curso.
68.2 Modificación del proyecto después de emitida la
Licencia de Edificación:
El administrado puede solicitar la modificación
parcial de un proyecto que cuenta con licencia de
edificación, en todas las modalidades de aprobación.
De acuerdo al tipo de modificación se procede
según las siguientes definiciones y condiciones:
68.2.1 Modificaciones no sustanciales
Se considera modificaciones no sustanciales a
aquellas modificaciones de un proyecto que cumplan
con los parámetros urbanísticos y edificatorios,
normas técnicas vigentes o, las que se aplicaron al
momentodelaaprobacióndelproyecto;querespeten
las condiciones mínimas de diseño previstas en el
Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE; que no
afecten las condiciones de seguridad, funcionalidad
o habitabilidad contempladas en el artículo 5 de la
Norma Técnica G.010, “Consideraciones Básicas”
del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE;
y que se encuentren debidamente acreditadas en el
cuaderno de obra por el Responsable de Obra.
a) Aprobación antes de su ejecución
A requerimiento del administrado, se pueden
aprobar modificaciones no sustanciales en el
proceso constructivo de una obra autorizada,
tramitándose la modificación de la licencia
respectiva, según lo previsto en los numerales
68.2.4 al 68.2.7 y en el numeral 68.3 del
presente artículo, en lo que corresponda.
b) Aprobación después de su ejecución
Después de su ejecución y a solicitud del
administrado, se puede aprobar y regularizar
modificaciones no sustanciales en el trámite
de Conformidad de Obra y Declaratoria de
Edificación con variaciones, previsto en el
artículo 74 del Reglamento, siendo verificadas
por la Municipalidad o la Comisión Técnica,
según corresponda. En estos casos no se
aplican multas por las modificaciones ejecutadas.
Este procedimiento no es aplicable para bienes
En caso que las modificaciones efectuadas no
califiquen como modificaciones no sustanciales,
la Municipalidad declara la improcedencia de lo
solicitado, iniciando las acciones administrativas
que correspondan.
El presidente de la Comisión Técnica bajo
responsabilidad debe comunicar a los colegios
profesionales respectivos esta situación, a fin
que adopten las acciones que correspondan en
relación al desempeño del(os) profesional(es)
responsable(s) del proyecto a cargo de la
ejecución de la citada modificación.
68.2.2 Modificaciones Sustanciales
Se consideran modificaciones sustanciales
aquellas modificaciones parciales de un proyecto
aprobado en las que por su naturaleza no se pueda
determinar en forma directa, el cumplimiento de
los parámetros urbanísticos y edificatorios, de las
normas técnicas vigentes o las que se aplicaron
al momento de la aprobación del proyecto, de las
condiciones mínimas de diseño previstas en el
Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE; o que
afecten las condiciones de seguridad, funcionalidad
o habitabilidad contempladas en el artículo 5 de la
Norma Técnica G.010, “Consideraciones Básicas”
del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE.
Este procedimiento no es aplicable para bienes
Las modificaciones sustanciales requieren para su
aprobación y ejecución de una evaluación previa por
parte de la Municipalidad, de la Comisión Técnica
o de los Revisores Urbanos, según corresponda;
se tramitan a solicitud del administrado, según lo
previsto en los numerales 68.2.4 al 68.2.7 y en el
numeral 68.3 del presente artículo, según sea el
caso, generando una nueva Resolución de Licencia
aprobando la modificación solicitada, la cual deja sin
efecto la primera licencia emitida.
En los casos que las modificaciones sustanciales
se hayan ejecutado sin cumplir con lo previsto en el
párrafo anterior, se aplican las sanciones y multas
que correspondan.
68.2.3 En caso las modificaciones propuestas generen un
cambio en la modalidad de aprobación, el expediente
debe contener los documentos requeridos, así como
ser evaluado y aprobado de acuerdo a lo regulado para
la nueva modalidad. Lo señalado no es de aplicación
para los proyectos aprobados en la modalidad A,
Aprobación Automática con firma de profesionales.
68.2.4 De requerirse modificaciones en una o más
especialidades al proyecto aprobado con Licencia de
Edificación y dentro del plazo de vigencia de la misma,
el administrado puede solicitar a la Municipalidad la
aprobación de la modificación planteada, la que se
tramita conforme a la modalidad que corresponda y
de acuerdo a lo indicado en los numerales 68.2.5 al
68.2.7 del presente artículo, en lo que fuere pertinente.
68.2.5En el caso de requerirse la modificación de un
proyecto en la modalidad A, previo a su ejecución
y siempre que el proyecto resultante se encuentre
dentro de los supuestos contemplados en el numeral
54.1 del artículo 54 del Reglamento:
a) El administrado puede solicitar la modificación
adjuntando el Formulario Único de Edificación -
FUE y la documentación técnica por triplicado,
conforme a lo establecido en los numerales 59.1,
59.3 al 59.9 del Reglamento, según corresponda.

b) La Licencia de Edificación está constituida tanto
por los documentos que conforman la licencia
inicial como por el cargo de presentación del
expediente de modificación, conformado por
todos los documentos presentados debidamente
sellados con la recepción y el número de
expediente y el de la resolución asignado en el
Formulario Único de Edificación - FUE.
68.2.6 En el caso de requerirse la modificación de un
proyecto en la modalidad B, previo a su ejecución
dentro de los supuestos contemplados en el numeral
54.2 del artículo 54 del Reglamento, el administrado
puede solicitar la modificación de la licencia,
adjuntando el Formulario Único de Edificación - FUE y
la documentación técnica por triplicado que se indican
en los literales b) de los numerales 60.1 o 60.2; o en
los literales a), b) y c) del numeral 60.3 o del numeral
60.4 del Reglamento, según el tipo de obra, así como
las factibilidades de servicio, según sea el caso.
La Municipalidad evalúa la solicitud de modificación,
de acuerdo al procedimiento establecido en los
numerales 60.7 al 60.9 del artículo 60 del Reglamento.
68.2.7En el caso de requerirse la modificación de un
proyecto en las modalidades C o D aprobado por la
Comisión Técnica, previo a su ejecución y siempre
que el proyecto resultante se encuentre dentro de
los supuestos contemplados en los numerales 54.3
y 54.4 del artículo 54 del Reglamento:
a) El administrado puede solicitar la modificación
del Proyecto adjuntando a su solicitud el
Formulario Único de Edificación - FUE, los
documentos que se indican en los artículos
57 y 61 del Reglamento que sean materia de
las modificaciones propuestas y los planos
modificados, por triplicado; así como, la copia
del comprobante de pago por revisión de
proyecto de la Comisión Técnica y de la tasa por
concepto de modificación del Proyecto.
El pago por revisión de proyecto, según
corresponda, se calcula en función al proyecto
materia de modificación.
b) Es de aplicación en lo que corresponda, lo
establecido en los artículos 62, 63 y 64 del
Reglamento, consignando el número de la
Resolución en el Formulario Único de Edificación
- FUE.
68.3 En el caso de requerirse la modificación del Proyecto
en las modalidades B, C o D con Evaluación Previa
por los Revisores Urbanos, previo a su ejecución
dentro de los supuestos contemplados en los
numerales 54.2, 54.3 y 54.4, respectivamente, del
artículo 54 del Reglamento:
a) El administrado solicita la modificación del
Proyecto, adjuntando el Formulario Único de
Edificación - FUE, los documentos que se indican
en los artículos 57 y 65 que correspondan a las
modificaciones propuestas, el Informe Técnico
favorable y los planos aprobados por el revisor
o los revisores urbanos que correspondan,
emitidos de acuerdo con lo previsto en el
respectivo Reglamento, por triplicado.
b) Es de aplicación en lo que corresponda, el
procedimiento establecido en el artículo 66 del
Reglamento.
CAPÍTULO V
PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA
EDIFICACIÓN
Artículo 69.- Requisitos y Procedimiento para la
aprobación del anteproyecto en consulta
69.1 En caso que el administrado requiera solicitar la
aprobación de un anteproyecto en consulta en
las modalidades B, C y D, inicia el procedimiento
presentando a la Municipalidad respectiva, los
siguientes documentos por duplicado:
a) Formulario Único, debidamente suscrito por el
administrado y por el profesional proyectista,
señalando el número de recibo y la fecha de
pago del trámite de Anteproyecto en Consulta
ante la municipalidad; así como, la copia del
recibo del pago efectuado ante los colegios
profesionales, según corresponda.
b) Plano de Ubicación y Localización.
c) Planos de Arquitectura (plantas, cortes y
elevaciones) en escala 1/100.
d) Planos de seguridad y evacuación amoblados,
en las modalidades de aprobación C y D, cuando
se requiera la intervención del delegado Ad hoc
del Centro Nacional de Estimación, Prevención
y Reducción del Riesgo de Desastres -
CENEPRED.
Para los anteproyectos establecidos en el segundo
párrafo del literal b) del numeral 7 del artículo 4
de la Ley, la verificación del cumplimiento de las
normas de seguridad puede ser efectuada por el
delegado de la especialidad de arquitectura de la
Comisión Técnica, siempre que éste se encuentre
debidamente designado por dicha entidad, en
concordancia con el último párrafo del literal citado.
e) Declaración jurada de habilidad del profesional
que interviene en el proyecto.
f) Memoria Descriptiva.
69.2 La aprobación del anteproyecto en consulta, para
las obras en las modalidades de aprobación B, C y
D, está sujeta a la evaluación y dictamen por parte
de la Comisión Técnica o del Revisor Urbano, según
corresponda.
69.3 La verificación del anteproyecto en consulta por
parte de la Comisión Técnica y la emisión del
dictamen se efectúa, en lo que corresponda, de
acuerdo a lo previsto en los artículos 13 y 14 del
Reglamento, teniendo en consideración además lo
establecido en el presente artículo.
Iniciado el trámite, el profesional responsable del
área correspondiente, dispone de tres (03) días
hábiles para efectuar la revisión de los documentos
presentados que conforman el expediente,
comprobando que el profesional que participa en el
proyecto se encuentre habilitado en el ejercicio de
su profesión, debiendo emitir el respectivo informe.
También debe facilitar a la Comisión Técnica el
acceso a la normativa aplicable. Durante este plazo
el presidente de la Comisión convoca a la Comisión
Técnica y de ser el caso a los Delegados Ad hoc.
El plazo máximo para que la Comisión Técnica
emita su dictamen, es de cinco (05) días hábiles.
De ser conforme el dictamen, un juego de los
planos dictaminados se entrega al administrado. El
dictamen Conforme del Anteproyecto en Consulta
no autoriza el inicio de obras.
En caso de ser no conforme el dictamen, los
planos del Anteproyecto en Consulta dictaminado
son devueltos al administrado, bajo cargo, quien
puede subsanar las observaciones dentro de
un plazo no mayor a quince (15) días hábiles,
presentando nuevos planos en los que conste la
subsanación de las observaciones, adjuntando los
planos observados. La presentación de los planos
subsanando las observaciones reanuda el plazo.
De no ser subsanadas oportunamente, la
Municipalidad declara la improcedencia del trámite.
69.4 El dictamen Conforme del Anteproyecto en Consulta,
sea con evaluación previa por la Comisión Técnica

o por los Revisores Urbanos, tiene una vigencia de
treinta y seis (36) meses, contada desde su emisión, y
tiene efecto vinculante para la revisión del proyecto de
edificación, siempre que no exista ningún cambio en
el diseño aun cuando hayan variado los parámetros
urbanísticos y edificatorios con los que fue aprobado.
puede aprobar un Anteproyecto en Consulta bajo
los alcances de una modalidad superior a la que
corresponda al proyecto, debiendo exigirse, el
derecho de revisión respectivo.
Artículo 70.- Requisitos y Procedimiento para otorgar
la Predeclaratoria de Edificación
70.1 Se puede solicitar ante la Municipalidad respectiva,
la Predeclaratoria de Edificación en cualquiera de
las modalidades de aprobación contempladas en la
Ley; o extenderla mediante escritura pública si así
conviniese a su derecho.
En estos casos el propietario puede solicitar al
Registro de Predios la anotación preventiva de la
predeclaratoria de edificación, la misma que tiene
vigencia por un (01) año.
Cuando se trate de edificaciones en las que
coexistan unidades inmobiliarias de propiedad
exclusiva y de propiedad común y bienes y/o
servicios comunes, se inscriben necesariamente
en un mismo acto la predeclaratoria de edificación,
la preindependización y el pre reglamento interno
respectivo, acorde a lo establecido en el Reglamento
de Inscripciones correspondiente.
En estos casos, la denominación de las unidades
inmobiliarias incluidas en la preindependización,
corresponde a las numeraciones asignadas en la
Resolución de Numeración.
70.2 EncasoqueeladministradosolicitalaPredeclaratoria
de Edificación en cualquiera de las modalidades de
aprobación contempladas en la Ley, presenta:
a) La sección del Formulario Único de Edificación
FUE correspondiente al Anexo C - Predeclaratoria
de Edificación debidamente suscrito y por
triplicado, consignando en el rubro 5, “Anotaciones
Adicionales para Uso Múltiple” los datos del pago
efectuado por derecho de trámite: número de
recibo, fecha de pago y monto.
b) En el caso que el titular del derecho a edificar
sea una persona distinta a quien inició el
procedimiento de edificación, presenta los
documentos señalados en los literales b) y c)
del numeral 57.1 del artículo 57 del Reglamento.
c) Copia de los Planos de Ubicación y Localización
y de la especialidad de Arquitectura de la
Licencia respectiva, por triplicado.
Todos los documentos presentados tienen la
condición de declaración jurada.
recepción documental, debiendo el funcionario
a cargo proceder conforme a lo establecido en el
70.4 La dependencia municipal en un plazo no mayor
a cinco (05) días hábiles verifica que las obras
no se hayan culminado, la correspondencia de
la información presentada y emitirá el informe
respectivo; debiendo extender la Predeclaratoria de
Edificación correspondiente, para lo cual debe sellar
y firmar los planos presentados así como el Anexo C
Predeclaratoria de Edificación.
70.5 Este acto autoriza la inscripción registral de la
Predeclaratoria de Edificación, para lo cual se
entrega al administrado dos (02) juegos suscritos
de los formularios y de la documentación
correspondiente.
70.6 Transcurrido el plazo previsto en el numeral 70.4 del
positivo, procediendo a otorgar la predeclaratoria de
edificación correspondiente.
LosadministradospuedenpresentarunaDeclaración
Jurada ante la propia entidad que configuró dicha
aprobación ficta, con la finalidad de hacer valer
el derecho conferido ante la misma o terceras
entidades de la administración, constituyendo el
cargo de recepción de dicho documento, prueba
suficiente de la resolución aprobatoria ficta de la
solicitud o trámite iniciado.
Artículo 71.- Conformidad de Obra y Declaratoria de
Edificación Anticipadas
71.1 Casco No Habitable
El administrado puede optar por solicitar la
Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación
Anticipadas a nivel de casco no habitable, para
edificaciones de vivienda, oficina y comercio, solo
en las modalidades B, C y D, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 28 - A de la Ley, debiendo las
edificaciones, tanto los bienes y servicios comunes
como las áreas de propiedad exclusiva, encontrarse
delimitadas con elementos estructurales, muros,
pisos y paramentos según el proyecto aprobado.
71.2 Requisitos para solicitar la Conformidad de Obra y
Declaratoria de Edificación Anticipadas
a) Formulario Único, debidamente sellado con la
recepción y número del expediente asignado,
consignando fecha, número de recibo y monto
cancelado por derecho de trámite.
b) En el caso que el titular del derecho a edificar sea
una persona distinta a quien inició el procedimiento
de edificación, debe presentar los documentos
señalados en los incisos b) y/o c) del numeral 57.1
del artículo 57 del Reglamento, según corresponda.
c) Declaración Jurada firmada por el profesional
responsable de obra o el profesional en
arquitectura o ingeniería designado por el
administrado como el profesional Constatador
de Obra, manifestando que la edificación a nivel
de casco No Habitable se ha realizado conforme
a los planos aprobados de la Licencia.
d) Declaración jurada de habilidad del profesional
responsable o constatador de la obra.
e) Memoria descriptiva (declaración jurada)
de las obras ejecutadas a nivel de casco no
habitable con registro fotográfico; y, de las
obras pendientes de ejecución, de acuerdo al
proyecto aprobado, debidamente suscrita por el
administrado y profesional responsable.
En caso de plantear modificaciones no
sustanciales a la obra hasta antes de la
presentación de la solicitud de Conformidad de
Obra y Declaratoria de Edificación Anticipadas,
se presenta adicionalmente lo siguiente:
f) Planos de replanteo: planos de ubicación y de
arquitectura (plantas, cortes y elevaciones), así
como los planos de las especialidades que se
vean involucradas en la modificación y que no se
hayan ejecutado, con las mismas especificaciones
de los planos del proyecto aprobado, debidamente
suscritos y que se encuentren acreditadas en el
cuaderno de obra por el Responsable de Obra.
Estos planos son verificados por la Municipalidad
o Comisión Técnica.
g) Copia del comprobante de pago por derecho
de revisión, correspondiente a la especialidad
de Arquitectura y otras establecidas en el literal
f) del presente numeral, de haberse efectuado
modificaciones no sustanciales al proyecto.

Todos los requisitos tienen la condición de
declaración jurada de las personas que los
suscriben; por tanto, el funcionario municipal que
los recibe solo se limita a verificar, en el acto de
presentación, que los documentos coincidan con lo
solicitado.
71.3 Procedimiento de otorgamiento de Conformidad de
Obra y Declaratoria de Edificación Anticipadas sin
variaciones
El funcionario municipal que recibió los documentos
remite el expediente al órgano municipal encargado
del control urbano para que, en un plazo no mayor a
diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad, efectúe
las siguientes acciones:
a) Inspección de las obras ejecutadas con la
finalidad de constatar que las mismas se han
ejecutado de acuerdo a los planos de licencia o
planos de replanteo, según sea el caso.
b) De encontrarse el avance de obra a nivel de casco
no habitable conforme a los planos aprobados,
se procede a emitir el Informe favorable, sellar
los planos, anotar, suscribir en el Formulario
Único la conformidad. Este acto constituye
la Conformidad de Obra y la Declaratoria de
Edificación Anticipadas, documento que da
mérito a su inscripción registral.
c) Transcurridos los diez (10) días hábiles, sin que
se otorgue la conformidad, se aplica el silencio
d) De existir variaciones respecto a los planos
aprobados, la municipalidad comunica al
administrado la improcedencia de lo solicitado
y, de ser el caso, se dispondrá las acciones
pertinentes.
71.4 Procedimiento de otorgamiento de Conformidad de
Obra y Declaratoria de Edificación Anticipadas con
variaciones.
El funcionario municipal que recibió los documentos
remite el expediente al órgano municipal encargado
del control urbano para que, en un plazo no mayor a
diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad, efectúe
las siguientes acciones:
a) Inspección de las obras ejecutadas con la
finalidad de constatar que las mismas se han
ejecutado de acuerdo a los planos aprobados.
b) De no existir variaciones respecto a los planos
aprobados, se procede a emitir el Informe
respectivo, y es remitido al órgano municipal
competente para la verificación y aprobación de
los planos de replanteo.
c) La Municipalidad o la Comisión Técnica,
verifica los Planos de Arquitectura y de otras
especialidades que se vean involucradas
en la modificación y que no se hayan
ejecutado, así como la memoria descriptiva,
y de estar conformes, sella y firma los citados
documentos, así como los planos; anota,
suscribir en el Formulario Único la conformidad.
Este acto constituye la Conformidad de Obra
y la Declaratoria de Edificación Anticipadas,
documento que da mérito a su inscripción
registral.
71.5 Transcurridos los diez (10) días hábiles, sin que
se otorgue la conformidad, se aplica el silencio
71.6 De existir variaciones respecto a los planos de
replanteo, la municipalidad comunica al administrado
la improcedencia de lo solicitado y, de ser el caso,
se dispondrá las acciones pertinentes.
71.7 Una vez obtenida la Conformidad de Obra y
Declaratoria de Edificación Anticipadas, no puede
realizarse modificación alguna al proyecto durante
la ejecución de las obras pendientes de ejecución.
71.8 En el Formulario de Conformidad de Obra y
Declaratoria de Edificación Anticipadas, se declaran
las obras por ejecutar.
Artículo 72.- Declaración municipal de edificación
terminada
72.1 Una vez terminadas las obras pendientes de
ejecución, las mismas que deben guardar
concordancia con los planos y demás documentación
técnica presentada y aprobada en el trámite de
Anticipadas, el administrado solicita la declaración
municipal de la edificación terminada mediante la
presentación de los siguientes documentos:
a) Formulario Único, debidamente sellado con la
recepción y el número del expediente asignado.
b) Declaración Jurada, consignando el número
de la Partida Registral y el asiento donde se
encuentra inscrita la declaratoria de edificación
resultado de la Conformidad de Obra y
Declaratoria de Edificación Anticipada.
c) En el caso que el titular del derecho a edificar
procedimiento de edificación, debe presentar
documentación que acredite que cuenta con
derecho a edificar, según corresponda.
d) En caso de que quien solicite la declaración
municipal de edificación terminada no sea el
propietario del predio o titular del derecho a edificar,
deberá acreditarse la representación del titular.
e) En los casos de persona jurídica, declaración
jurada del representante legal; señalando que
cuenta con representación vigente, consignando
datos de la Partida Registral y el asiento en el
que conste inscrita la misma.
f) Declaración jurada firmada por el profesional
responsable de la obra, manifestando que las
obras pendientes de ejecución se han realizado
conforme a los planos aprobados con la licencia
de edificación o de replanteo aprobados en
el procedimiento de Conformidad de Obra y
Declaratoria de Edificación Anticipadas.
72.2 Procedimiento
La Municipalidad, en un plazo no mayor a diez (10)
días hábiles, efectúan las siguientes acciones:
a) Efectuar la inspección de la obra con la finalidad
de constatar que la misma se ha ejecutado
de acuerdo los documentos aprobados en
la Conformidad de Obra y Declaratoria de
Edificación Anticipadas.
b) De no existir variaciones respecto a los planos,
anota, suscribe y sella el Formulario Único.
Este acto constituye la Declaración municipal
de edificación terminada, siendo este último
documento suficiente para la inscripción
registral de las obras pendientes de ejecución.
c) De existir variaciones respecto a los documentos
existentes en el expediente de Conformidad de
Obra y Declaratoria de Edificación Anticipadas,
la Municipalidad comunica al administrado la
improcedencia de lo solicitado y, de ser el caso,
se dispondrá las acciones pertinentes.
Transcurridos diez (10) días hábiles, sin que se
otorgue la Declaración Municipal la Declaración
de Edificación Terminada, se aplica el silencio
Luego de efectuarse la inspección de las obras
ejecutadas la autoridad administrativa procederá a

emitir mediante Resolución Municipal la Declaración
de Edificación Terminada, siendo esta última
documento suficiente para la inscripción registral de
la declaratoria de edificación de las obras pendientes
de ejecución.
Artículo 73.- Requisitos y Procedimiento para otorgar
la Conformidad de Obra y la Declaratoria de Edificación
sin variaciones
73.1 Concluidas las obras de edificación sin ninguna
variación respecto de los planos correspondientes
a la licencia otorgada y para cualquiera de las
modalidades de aprobación establecidas en el
artículo 10 de la Ley, el administrado solicita a la
Municipalidad correspondiente la Conformidad de
Obra y la Declaratoria de Edificación sin variaciones,
presentando lo siguiente:
a) La sección del FUE - Conformidad de Obra
y Declaratoria de Edificación, debidamente
suscrito y por triplicado.
b) En el caso que el titular del derecho a edificar
procedimiento de edificación, los documentos
señalados en los literales b) y c) del numeral
57.1 del artículo 57 del Reglamento.
c) Copia de los Planos de Ubicación y de
Arquitectura aprobados, correspondientes a la
Licencia de Edificación por triplicado.
d) Declaración jurada firmada por el profesional
responsable de obra o el profesional en
arquitectura o ingeniería designado por el
administrado como profesional constatador de
obra, manifestando que ésta se ha realizado
conforme a los planos aprobados de la licencia
de edificación.
e) Documento que registre la fecha de ejecución
de la obra. En caso el administrado no cuente
con este documento, puede presentar una
declaración jurada en la que indique dicha fecha.
73.2 Solo para edificaciones de vivienda multifamiliar,
siempre que dichas edificaciones no se hayan
acogido al procedimiento de Conformidad de
Obra y Declaratoria de Edificación anticipada la
dependencia municipal, a solicitud del administrado,
puede extender la Conformidad de Obra a nivel de
casco habitable, debiendo las edificaciones cumplir
con:
a) En los bienes y servicios comunes: Contar
con estructuras; obras exteriores, fachadas
exteriores e interiores, paramentos laterales,
muros, pisos, escaleras y techos concluidos;
instalaciones sanitarias, eléctricas y de ser el
caso instalaciones de gas, sistema de bombeo
de agua contra incendio y agua potable, sistema
de bombeo de desagüe y ascensores u otras
instalaciones en funcionamiento. Los pasadizos
y escaleras comunes no deben presentar
impedimento de circulación.
b) En las áreas de propiedad exclusiva: Contar con
muros revocados; falsos pisos y/o contrapisos
terminados; puertas y ventanas exteriores con
vidrios o cristales colocados; así como, un baño
terminado con aparatos sanitarios, puerta y
ventanas.
73.3 El expediente con los documentos que acreditan
el cumplimiento de los requisitos se presentan
a la unidad de recepción documental, debiendo
el funcionario a cargo proceder de acuerdo a lo
establecido en el artículo 58 del Reglamento; de
estar conformes, se sellan y firman cada uno de
ellos. El cargo del administrado está conformado por
dos (02) juegos del Formulario Único de Edificación
- FUE y dos (02) juegos de documentación técnica.
Para la modalidad A:
73.4 El funcionario municipal designado para tal fin
consigna en forma inmediata el número de resolución
en todos los formularios únicos presentados.
El cargo del administrado, el cual se entrega
en el mismo acto de presentación, constituye la
Conformidad de Obra y autoriza a la inscripción
registral de la Declaratoria de Edificación.
Para las modalidades B, C y D:
73.5 Para el caso de las modalidades B, C y D, la
dependencia municipal correspondiente en un
plazo no mayor a quince (15) días calendario, debe
realizar los siguientes actos:
a) Verificar que los planos presentados
correspondan a la licencia otorgada.
b) Efectuar la inspección de las obras ejecutadas
constatando que correspondan a los planos
presentados.
c) Elaborar el informe respectivo.
73.6 En caso que las obras se hayan ejecutado de
acuerdo al proyecto aprobado en la licencia y de no
haber observaciones, dentro del plazo indicado en
el numeral 73.5 del presente artículo, el funcionario
municipal designado para tal fin consigna el número
de la Resolución en el FUE - Conformidad de Obra
y Declaratoria de Edificación, así como emite la
Declaratoria de Edificación correspondiente, para lo
cual debe sellar y firmar todos los documentos, planos
y formularios. Este acto constituye la Conformidad
de Obra y autoriza a la inscripción registral de la
Declaratoria de Edificación, debiendo entregar
al administrado dos (02) juegos suscritos de los
formularios y de la documentación correspondiente.
73.7 De haber observaciones respecto de la
documentación y/o planos presentados que no
impliquen modificación del proyecto, el funcionario
municipal designado para tal fin, dentro del plazo
indicado en el numeral 73.5 del presente artículo,
debe emitir el informe respectivo y comunicar
dichas observaciones al administrado, pudiendo
ser subsanadas en un plazo máximo de cinco (05)
días hábiles prorrogables por cinco (05) días hábiles
adicionales. Con el ingreso de la subsanación
de observaciones se reanuda el plazo que se
indica en el citado numeral 73.5. De comprobarse
la subsanación de las observaciones, se debe
proceder, en lo que corresponda, conforme a lo
establecido en el numeral 73.6 del presente artículo.
73.8 De verificar que la obra no se ha ejecutado de
acuerdo a los planos correspondientes a la licencia,
la dependencia municipal encargada debe declarar
la improcedencia de lo solicitado y disponer las
acciones pertinentes.
73.9 Transcurrido el plazo previsto en el numeral 73.5 del
positivo, procediendo a otorgar la Conformidad de
Obra y Declaratoria de Edificación correspondiente.
Artículo 74.- Requisitos y procedimiento para otorgar
la Conformidad de Obra y la Declaratoria de Edificación
con variaciones
La Conformidad de Obra y la Declaratoria de Edificación
con variaciones procede solo en los casos que las
modificaciones efectuadas se consideren no sustanciales,
según lo previsto en el numeral 68.2.1 del artículo 68 del
Reglamento y, siempre que éstas cumplan con las normas
vigentes a la fecha de la obtención de la licencia, o a la
fecha de la presentación de la solicitud de la Conformidad
de Obra y la Declaratoria de Edificación con variaciones,
según le sea más favorable. Este procedimiento no es
aplicable para bienes integrantes del Patrimonio Cultural
de la Nación.
74.1 Requisitos para las modalidades A y B

Para las obras contempladas en las modalidades
A y B, se acredita el cumplimiento de los requisitos
con la presentación de:
- Conformidad de Obra y Declaratoria de
Edificación, debidamente suscrito y por triplicado.
b) Los requisitos señalados en los literales b) y c)
del numeral 57.1 del artículo 57 del Reglamento,
en caso que el titular del derecho a edificar sea
una persona distinta a quien obtuvo la Licencia
de Edificación.
c) Los planos de replanteo por triplicado: planos
de ubicación y de arquitectura (plantas, cortes
y elevaciones) con las mismas especificaciones
de los planos del proyecto aprobado y que
correspondan a la obra ejecutada, debidamente
suscritos por el administrado y el profesional
responsable o el profesional en arquitectura o
ingeniería designado por el administrado como
profesional constatador de obra.
d) La copia de la sección del Cuaderno de Obra
en la que el Responsable de Obra acredite las
modificaciones efectuadas.
e) La declaración jurada de habilidad del
profesional responsable o constatador de obra.
f) El documento que registra la fecha de ejecución
de la obra. En caso no se cuente con este
documento, el administrado puede presentar una
74.2 Procedimiento para la modalidad A
74.2.1Los documentos se presentan a la unidad de
58. De estar conformes los documentos, se sellan y
firman cada uno de ellos.
El número de la Resolución se consigna en forma
inmediata en todos los originales de los formularios
únicos presentados. El cargo del administrado,
conformado por dos (02) juegos del FUE -
y dos (02) juegos de la documentación técnica y
que se entrega en el mismo acto de presentación,
constituye la Conformidad de Obra y autoriza a la
inscripción registral de la Declaratoria de Edificación.
74.3 Procedimiento para la modalidad B
74.3.1Los requisitos son presentados a la unidad de
58 del Reglamento. De estar conformes los
documentos, sella y firma cada uno de ellos.
74.3.2La dependencia municipal correspondiente en
un plazo no mayor a quince (15) días calendario,
realiza lo siguiente:
a) Efectúa la inspección de las obras ejecutadas,
verificando que los planos de replanteo
correspondan a las mismas.
b) Verifica que las modificaciones cumplan con
las normas vigentes a la fecha de la obtención
de la licencia, o a la fecha de la presentación
de la solicitud de Conformidad de Obra y la
Declaratoria de Edificación con variaciones,
según le sea más favorable.
c) Emite el informe correspondiente.
74.3.3En caso que las obras se hayan ejecutado de
acuerdo a los planos de replanteo, presentados y,
de no haber observaciones, el funcionario municipal
designado para tal fin, en el plazo establecido en el
numeral precedente emite la resolución y extiende
la Declaratoria de Edificación correspondiente, para
lo cual sella y firma todos los documentos y planos.
Este acto constituye la Conformidad de Obra y
autoriza a la inscripción registral de la Declaratoria de
Edificación, para lo cual se entrega al administrado
dos (02) juegos suscritos de los formularios y de la
documentación correspondiente.
74.3.4De haber observaciones de forma en la verificación
de los documentos y planos de replanteo que
conforman el expediente, el funcionario municipal
designado para tal fin comunica dichas observaciones
al administrado dentro del plazo que se indica en el
numeral 74.3.2 del presente artículo, quien puede
subsanarlas en un plazo máximo de cinco (05) días
hábiles, prorrogables por cinco (05) días hábiles.
74.3.5En caso que los planos de replanteo presentados
no correspondan con la obra y siempre que las
modificaciones efectuadas se consideren como
no sustanciales, según lo previsto en el literal a)
del numeral 68.2.1 del artículo 68 del Reglamento,
el funcionario municipal designado para tal fin
comunica dichas observaciones al administrado
dentro del plazo que se indica en el numeral 74.3.2
del presente artículo, quien puede subsanarlas
en un plazo máximo de diez (10) días hábiles,
prorrogables por cinco (05) días hábiles.
74.3.6 Conelingresodelasubsanacióndelasobservaciones
formuladas, se renueva el plazo indicado en el
numeral 74.3.2 del presente artículo en lo que
corresponda; y subsanadas las observaciones, se
procede de acuerdo a lo establecido en el numeral
74.3.3 del presente artículo.
74.3.7De verificar que los planos de replanteo presentados
no correspondan con la obra, y tratándose de
modificaciones sustanciales y no subsanables por
trasgredir las normas urbanísticas y/o edificatorias,
se comunica al administrado la improcedencia de lo
solicitado y, de ser el caso, se disponen las acciones
pertinentes.
74.4 Requisitos para las modalidades C y D
Para las obras contempladas en las modalidades C
y D, se acredita el cumplimiento de los requisitos
con la presentación de:
- Conformidad de Obra y Declaratoria de
Edificación, debidamente suscrita y por
triplicado.
b) Los requisitos señalados en los literales b) y c)
del numeral 57.1 del artículo 57 del Reglamento,
en caso que el titular del derecho a edificar sea
una persona distinta a quien obtuvo la Licencia
de Edificación.
c) Los planos de replanteo por triplicado: Planos
de ubicación y de arquitectura (plantas,
cortes y elevaciones) y planos de seguridad,
cuando las variaciones realizadas involucren
la modificación del proyecto de seguridad
aprobado, debidamente suscritos por el
administrado y el profesional responsable
o el profesional en arquitectura o ingeniería
designado por el administrado como profesional
constatador de obra.
d) La declaración jurada de habilidad del profesional
responsable o del constatador de obra.
e) Las copias de los comprobantes de pago por
derecho de revisión, correspondientes a la
especialidad de Arquitectura y, de ser el caso,
al Centro Nacional de Estimación, Prevención y
Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED.
f) El documento que registre la fecha de ejecución
de la obra.
En caso el administrado no cuente con
documento que registre la fecha de ejecución

de la obra, éste puede suscribir y presentar una
74.5 Procedimiento para las modalidades C y D
Para las obras contempladas en las modalidades
C y D, la dependencia municipal correspondiente,
en un plazo no mayor a quince (15) días calendario
realiza los siguientes actos:
a) En los primeros cinco (05) días calendario de
iniciado el trámite, la Municipalidad realiza la
revisión de los documentos presentados que
conforman el expediente, la verificación de la
habilidaddelprofesionalquesuscribelosplanosde
replanteo, la inspección de las obras ejecutadas,
verificando que se hayan realizado conforme
a los planos de replanteo y emite el informe
respectivo. Durante este plazo el presidente de
la Comisión convoca a los representantes del
Colegio de Arquitectos del Perú - CAP y, de ser el
caso, al delegado Ad hoc del Centro Nacional de
Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo
de Desastres - CENEPRED.
b) Cumplido el plazo establecido en el literal anterior,
la Comisión Técnica emite su dictamen en un
plazo máximo de ocho (08) días calendario,
considerandoenloquecorresponda,loestablecido
en los artículos 10 y 13 del Reglamento, debiendo
confrontar los planos de replanteo con el proyecto
aprobado y con el informe mencionado en el literal
precedente. En este caso, la Comisión Técnica
verifica el cumplimiento de la normativa aplicable
al momento de su ejecución y/o vigente en lo que
favorezca a la edificación.
c) Obtenido el dictamen Conforme, el funcionario
municipal designado para tal fin, en un plazo
máximo de dos (02) días calendario debe emitir
la resolución de Conformidad de Obra, sellar y
firmar los planos de replanteo presentados, así
como la parte del Formulario Único de Edificación
correspondiente a la Conformidad de Obra y
Declaratoria de Edificación, consignándose
en el mismo el número de la respectiva
Resolución. Se entregan al administrado, dos
juegos del Formulario Único de Edificación
de la Conformidad de Obra y Declaratoria de
Edificación, denominado FUE-Conformidad
de Obra y Declaratoria de Edificación y de la
documentación técnica, los cuales constituyen
título suficiente para su inscripción registral.
d) En caso que la Comisión Técnica detecte que los
planos de replanteo presentados no correspondan
con la obra y siempre que las modificaciones
efectuadas se consideren como no sustanciales,
según lo previsto en el numeral 68.2.1 del
artículo 68 del Reglamento, el funcionario
municipal designado para tal fin comunica dichas
observaciones al administrado dentro del plazo
que se indica en el numeral 74.3.2 del presente
artículo, quien puede subsanarlas en un plazo
máximo de diez (10) días hábiles, prorrogables
por cinco (05) días hábiles.
e) En caso que la Comisión Técnica dictamine
No Conforme, por tratarse de modificaciones
sustanciales, el funcionario municipal comunica
al administrado la improcedencia de lo
solicitado y, de ser el caso, dispone las acciones
pertinentes.
74.6 En las modalidades de aprobación B, C y D,
transcurrido el plazo de quince (15) días calendario
sin que se otorgue la Conformidad de Obra y la
Declaratoria de Edificación con variaciones, se
aplica el silencio administrativo positivo.
LosadministradospuedenpresentarunaDeclaración
Jurada ante la propia entidad que configuró dicha
aprobación ficta, con la finalidad de hacer valer
el derecho conferido ante la misma o terceras
entidades de la administración, constituyendo el
cargo de recepción de dicho documento, prueba
suficiente de la resolución aprobatoria ficta de la
Artículo 75.- Inscripción Registral
75.1 El Formulario Único de Edificación - FUE -
Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación,
los documentos y planos debidamente sellados y
suscritos por el funcionario municipal designado,
constituyen título suficiente para inscribir la
respectiva Declaratoria de Edificación.
Asimismo, la Conformidad de Obra y Declaratoria
de Edificación Anticipadas se inscribe en la partida
correspondiente y acredita la existencia de obras
pendientes de ejecución.
75.2 En caso que el administrado opte por extender
la Declaratoria de Edificación mediante escritura
pública, debe tramitar previamente la Conformidad
de Obra ante la Municipalidad respectiva, siendo de
aplicación, en lo que corresponda, lo previsto en el
presente capítulo.
75.3 Los propietarios pueden solicitar al registro
correspondiente, la anotación preventiva de la
Predeclaratoria de Edificación a mérito del Anexo
C del Formulario Único de Edificación - FUE o del
documento privado otorgado por el propietario con
firma legalizada por Notario Público.
75.4 Cuando la predeclaratoria de edificación se refiera
a una edificación sujeta al régimen de unidades
inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad
común, contemplados en la Ley Nº 27157, el pre
reglamento interno y la pre independización se anotan
preventivamente, en el registro correspondiente.
75.5 La inscripción registral de la demolición y/o edificación
se realiza conforme con el artículo 29 de la Ley. El
Registrador Público no puede exigir mayores requisitos
a los previstos en la Ley y en el Reglamento.
Artículo 76.- Licencia de Edificación para los
programas de vivienda de interés social
Para el caso de proyectos calificados como Habilitaciones
Urbanas con Construcción Simultánea o proyectos de
edificación, que se planteen a base de repeticiones de
módulos típicos de vivienda y/o unidades habitacionales
típicas que se ejecuten dentro de los programas de
vivienda de interés social, el valor de los derechos que
abonan los administrados por revisión de proyecto, se
sujeta a los parámetros siguientes:
NÚMERO DE UNIDADES TASA
Unidad habitacional típica o única 100%
De la 2 a la 10 repetición 50%
cada unidad
cada unidad
cada unidad
De la 101 a la 1 000 repetición 10%
cada unidad
Más de 1 000 repetición 5%
cada unidad
Artículo 77.- Ámbito de la regularización de
edificaciones
Las edificaciones que hayan sido ejecutadas sin licencia
o que no tengan conformidad de obra después del 20 julio
de 1999 hasta el 25 de setiembre de 2007, pueden ser
regularizadas conforme al procedimiento establecido en el
presente capítulo, siempre que cumplan con la normativa
técnica vigente a la fecha de su construcción o, en el caso
que le sea favorable, la normativa vigente.

Este procedimiento no es aplicable para bienes integrantes
del Patrimonio Cultural de la Nación.
Artículo 78.- Requisitos para obtener Licencia de
Regularización de Edificaciones
En caso que el administrado requiera obtener la Licencia
de Regularización de la Edificación, inicia el procedimiento
presentando a la Municipalidad respectiva los siguientes
documentos:
a) Formulario Único de Edificación - FUE, por
triplicado y debidamente suscritos.
b) Cuando no sea el propietario del predio,
documento que acredite que cuenta con
derecho a edificar.
declaración jurada del representante legal;
d) Documentación técnica, firmada por el
profesional constatador, compuesta por:
- Plano de Ubicación y Localización, según
formato.
elevaciones).
e) Documento que acredite la fecha de ejecución
de la obra.
f) Carta de seguridad de Obra, debidamente
sellada y firmada por un ingeniero civil colegiado.
g) Declaración jurada del profesional constatador,
señalando estar hábil para el ejercicio de la
profesión.
h) Para regularización de remodelaciones,
ampliaciones o demoliciones, copia del documento
que acredite la declaratoria de fábrica o de
edificación, con sus respectivos planos en caso
no haya sido expedido por la Municipalidad; en
su defecto, copia del Certificado de Conformidad
o Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de
Edificación de la construcción existente que no es
materia de regularización.
i) En caso de demoliciones totales o parciales de
edificaciones cuya fábrica se encuentre inscrita
en el Registro de Predios, se acredita que sobre
el bien no recaigan cargas y/o gravámenes; en
su defecto, presentar la autorización del titular
de la carga o gravamen.
j) Copia del comprobante de pago de la multa
por construir sin licencia. El valor de la multa
es equivalente al 10% del valor de la obra a
regularizar tomando como base el costo a la
fecha de construcción actualizado por el índice
de precios al consumidor.
Artículo 79.- Procedimiento para Licencia de
Regularización de Edificaciones
79.1 Las Municipalidades cuentan con un plazo de quince
(15) días hábiles contados desde la presentación
del expediente, para la revisión de los documentos
que conforman el mismo y la constatación de la
edificación; la elaboración del informe respectivo
y la emisión de la Resolución de Licencia de
Regularización de la Edificación.
79.2 En la constatación de la edificación, el funcionario
municipal compara ésta con los planos presentados,
verificando que se cumpla con la normativa aplicable
al predio en la fecha de inicio de la obra o en todo
caso los parámetros vigentes, en lo que favorezca a
la edificación a regularizar.
79.3 De estar conforme con la verificación, el funcionario
municipal designado para tal fin, dentro del plazo
establecido en el numeral 79.1 del presente artículo,
sella y firma los planos presentados, así como la
parte del Formulario Único de Edificación - FUE,
consignando el número de la respectiva Resolución.
Dos juegos del Formulario Único de Edificación -
FUE y de la documentación técnica se entregan al
administrado, los cuales constituyen título suficiente
para la inscripción registral.
79.4 En caso la edificación a regularizar cumpla
con la normativa, pero presente observaciones
subsanables que se refieran a la representación
gráficadelosplanos;éstasdeberánsercomunicadas
al administrado, pudiendo subsanarlas en un plazo
máximo de cinco (05) días hábiles, prorrogables por
diez (10) días adicionales
79.5 Si en la verificación se observan transgresiones a la
normativa vigente al inicio de la obra o estructuras que
no cumplan con los requisitos mínimos de estabilidad
y seguridad, el funcionario municipal comunica al
administrado la improcedencia de lo solicitado y, de
ser el caso, disponiendo las acciones pertinentes.
79.6 Subsanadas las observaciones, la Municipalidad, en
un plazo no mayor de dos (02) días hábiles, realiza la
revisión que corresponda y de encontrarlo conforme
procederá según corresponda, con lo dispuesto en
el numeral 79.3 del presente artículo.
79.7 De vencer el plazo otorgado sin que se hubiesen
subsanado las observaciones; se procederá
conforme a lo establecido en el numeral 79.5 del
presente artículo, según corresponda.
79.8 Transcurrido el plazo señalado en el numeral
79.1 del presente artículo sin pronunciamiento
por parte de la Municipalidad, se aplica el silencio
Artículo 80.- Demolición
Aquellas edificaciones que no se hayan regularizado al
vencimiento del plazo establecido en el artículo 30 de
la Ley, son materia de demolición por la Municipalidad
correspondiente,deconformidadconloprevistoenelartículo
93 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
PRIMERA.- Aplicación de la Ley Nº 29566
En los casos que la Municipalidad respectiva, no pueda
realizar la verificación de la copia literal a través del portal
web de la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos - SUNARP, se procede de acuerdo con lo previsto
en la Única Disposición Complementaria de la Ley Nº
29566, en los procedimientos de aprobación automática; y,
en los procedimientos de evaluación previa.
SEGUNDA.- Remisión de información
Dentro del plazo de quince (15) días calendario, posteriores
al vencimiento de cada trimestre, las Municipalidades
Distritales remiten a la Municipalidad Provincial respectiva,
para su conocimiento, las copias de los siguientes
documentos: Formulario Único de Habilitación Urbana -
FUHU, de las Resoluciones de aprobación de la habilitación
urbana y de la recepción de obras; así como, del respectivo
plano de trazado y lotización y, de la memoria descriptiva,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de la Ley.
Copia de los documentos antes citados son remitidos a
las entidades públicas titulares de las áreas de aporte y a
la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN,
para su conocimiento y registro.
Emitida la resolución correspondiente, el propietario
de la habilitación urbana o su apoderado extiende las
respectivas minutas de transferencia de propiedad de
los aportes reglamentarios a favor de las entidades
respectivas, a efectos que éstas los formalicen.
1520191-1

REGLAMENTO DE REVISORES URBANOS
fecha 18 de agosto de 2017.
ANTECEDENTES:
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de revisores urbanos
Decreto Supremo que modifica el Reglamento de revisores urbanos, aprobado por Decreto
Supremo Nº 025-2008-VIVIENDA
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de revisores urbanos

57NORMAS LEGALESViernes 18 de agosto de 2017El Peruano /
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Declarar que las autorizaciones para
la prestación del servicio de radiodifusión en las bandas
y localidades que se detallan a continuación, serán
otorgadas mediante Concurso Público:
MODALIDAD BANDA LOCALIDAD DEPARTAMENTO
Radiodifusión por
Televisión
VHF
Coracora-Chaviña Ayacucho
Cutervo Cajamarca
San Miguel de Pallaques Cajamarca
Radiodifusión
Sonora
FM
Huabal Cajamarca
Acomayo-Acopia-
Pomacanchi-Sangarará
Cusco
Santo Tomás Cusco
LUIS FERNANDO CASTELLANOS SÁNCHEZ
Director General de Autorizaciones
en Telecomunicaciones
1555412-1
Y SANEAMIENTO
Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento de los Revisores Urbanos
DECRETO SUPREMO
N° 022-2017-VIVIENDA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N°
006-2017-VIVIENDA se aprobó el Texto Único Ordenado
de la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, en adelante la Ley, que
tiene por objeto establecer la regulación jurídica de los
procedimientos administrativos para la independización
de predios rústicos, subdivisión de lotes, obtención de
las licencias de habilitación urbana y de edificación;
fiscalización en la ejecución de los respectivos
proyectos; y la recepción de obras de habilitación
urbana y la conformidad de obra y declaratoria de
edificación; garantizando la calidad de vida y la seguridad
jurídica privada y pública; así como, establece el rol y
responsabilidades de los diversos actores vinculados en
los procedimientos administrativos;
Que, mediante la Ley Nº 30494, se modifica la Ley,
indicando que la misma tiene por objeto establecer la
regulación jurídica de los procedimientos administrativos
para la independización de predios rústicos, subdivisión
de lotes, obtención de las licencias de habilitación
urbana y de edificación; fiscalización en la ejecución
de los respectivos proyectos; y la recepción de obras
de habilitación urbana y la conformidad de obra y
declaratoria de edificación; garantizando la calidad de
actores vinculados en los procedimientos administrativos;
se aprueba el Reglamento de los Revisores Urbanos,
el cual tiene por objeto regular la actuación del Revisor
Urbano, en los procedimientos para la obtención de
las Licencias de Habilitación Urbana y/o Licencias de
Edificación, en las modalidades de aprobación B, C y D
establecidas en la Ley;
Que, el Decreto Legislativo Nº 1287, modificó a la Ley,
simplificando requisitos para agilizar los procedimientos
para la obtención de las licencias de habilitación urbana
y licencias de edificación; trasladando, asimismo al
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento el
Registro Nacional de Revisores Urbanos, el cual debe
implementar para su entrada en funcionamiento, entre
otras disposiciones, por lo que se hace necesario aprobar
un nuevo reglamento de los Revisores Urbanos;
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley N°
30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento y, su Reglamento
de Organización y Funciones, aprobado por el Decreto
Supremo N° 010-2014-VIVIVENDA, modificado por el
Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA y el Decreto
Supremo N° 006-2017-VIVIENDA que aprobó el Texto
Único Ordenado de la Ley Nº.29090, Ley de Regulación
de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones;
DECRETA:
Artículo 1.- Aprobación del Reglamento de los
Revisores Urbanos
Apruébase el Reglamento de los Revisores Urbanos,
que consta de cinco (05) capítulos, veintiún (21) artículos
y tres Disposiciones Complementarias Finales, el cual
forma parte integrante del presente Decreto Supremo.
Reglamento que se aprueba en el artículo 1, en el portal
institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento (www.vivienda.gob.pe) y en el Diario Oficial
El Peruano.
Los Formatos que se aprueban en el Reglamento
como Anexo N° 1 y Anexo N° 2 se publican en el portal
institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento (www.vivienda.gob.pe), el mismo día de la
publicación de la presente norma en el Diario Oficial El
Peruano.
Única.- Derógase el Decreto Supremo Nº
012-2016-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de los
Revisores Urbanos.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciséis
días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.
Edmer Trujillo Mori
REGLAMENTO DE LOS REVISORES URBANOS
CAPÍTULO I
Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación
1.1 El Reglamento de los Revisores Urbanos tiene
por objeto regular la actuación del Revisor Urbano, en
el procedimiento para la obtención de la Licencia de
Habilitación Urbana y/o Licencia de Edificación, en las
modalidades de aprobación B, C y D establecidas en
Urbanas y de Edificaciones, y sus modificatorias, en
adelante la Ley.
1.2 El presente Reglamento es de aplicación
obligatoria en todo el territorio nacional.
1.3 Toda mención a los artículos sin indicar la norma
de procedencia, está referida al presente Reglamento.
Artículo 2.- Revisor Urbano
2.1 El Revisor Urbano es el profesional arquitecto
o ingeniero certificado por el Ministerio de Vivienda,

58 NORMAS LEGALES Viernes 18 de agosto de 2017 / El Peruano
Construcción y Saneamiento – MVCS, para verificar que
los proyectos de habilitación urbana y/o anteproyectos
y proyectos de edificación en las modalidades B, C
o D, cumplan con las disposiciones urbanísticas y/o
edificatorias que son aplicables a los mismos, según lo
establecido en el artículo 15.
2.2 Para el ejercicio de sus funciones debe estar
inscrito en el Registro Nacional de Revisores Urbanos del
MVCS, en adelante el Registro.
2.3 Su ejercicio es colegiado, a nivel nacional y
se rige por lo establecido en la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General y en las normas
que regulan su ejercicio profesional. El Revisor Urbano es
autónomo en el ejercicio de sus funciones y responsable
de su especialidad.
Artículo 3.- Funciones del Revisor Urbano
3.1 El Revisor Urbano cumple con las siguientes
funciones:
a) Verificar que los proyectos de habilitación urbana;
y, los anteproyectos, y proyectos de edificación de las
modalidades B, C o D referidos en el artículo 10 de la
Ley, cumplan con las disposiciones urbanísticas y/o
edificatorias aplicables a los mismos.
b) Verificar que la documentación proporcionada por
el interesado, corresponda al predio materia de revisión.
c) Elaborar y suscribir el Informe Técnico favorable, el
cual debe contener las firmas y los sellos de los Revisores
Urbanos, de los Delegados Ad hoc y de los representantes
de las entidades prestadoras de servicios, que participan
en el proceso de verificación.
d) Llevar un registro de proyectos de habilitación
urbana; y, anteproyectos, y proyectos de edificación en los
que haya participado, manteniendo en custodia una copia
digital de éstos y de los Informes Técnicos favorables
emitidos con todos sus anexos.
e) Registrar mensualmente en el Registro Nacional de
los Revisores Urbanos, dentro de los ocho (08) primeros
días hábiles de cada mes, el número y tipo de proyectos
de habilitación urbana, anteproyectos y/o proyectos de
edificación que hubiera verificado, así como adjuntar en el
sistema copia digital de los informes técnicos favorables
de cada proyecto o anteproyecto, de ser el caso.
f)ElRevisorUrbanodelaespecialidaddeArquitecturao
Ingeniería Civil coordina con los demás Revisores Urbanos
de las especialidades intervinientes, los Delegados Ad
hoc y los representantes de las entidades prestadoras
de servicios, a fin de desarrollar adecuadamente el
proceso de verificación del anteproyecto o proyecto,
según corresponda, hasta la emisión del Informe Técnico
favorable.
3.2 Para el cumplimiento de las citadas funciones,
el Revisor Urbano cuenta con la logística adecuada,
pudiendo además contar con la colaboración de personas
a su cargo, manteniendo la responsabilidad exclusiva del
resultado de la verificación del proyecto y/o anteproyecto
en consulta, así como de la documentación administrativa
del expediente.
Asimismo, el Revisor Urbano recaba de la
Municipalidad correspondiente, la información técnica y
legal aplicable al proyecto.
CAPÍTULO II
REGISTRO NACIONAL DE LOS
REVISORES URBANOS
Artículo 4.- Características
4.1 El Registro es único, habilitante y a nivel nacional.
4.2 Para la inscripción en el Registro, se considera el
campo de especialidad y la categoría a la que postula el
profesional.
4.3ElRegistroespermanente,porloqueimplementado
el mismo, los arquitectos e ingenieros pueden solicitar en
cualquier oportunidad al MVCS su inscripción.
Artículo 5.- Campos de especialidad
El Registro contempla los siguientes campos de
especialidad, de acuerdo a la profesión del Revisor
Urbano:
a) Arquitectura
b) Estructuras
c) Instalaciones eléctricas y/o electromecánicas
d) Instalaciones sanitarias
Artículo 6.- Categorías
6.1 El Revisor Urbano puede inscribirse en las
siguientes categorías:
Categoría I: El profesional certificado por el MVCS para
evaluar y verificar anteproyectos en consulta y proyectos
que correspondan sólo a la modalidad de aprobación B,
que cuente como mínimo con cinco (05) años de ejercicio
profesional y que acredite:
a) Para proyectos de Habilitación Urbana:
- Participación como profesional responsable del
diseño en el campo de la especialidad que desea
desempeñarse como Revisor Urbano, en no menos de
tres (03) proyectos de habilitación urbana contemplados
en las modalidades B, C y/o D.
b) Para anteproyectos en consulta y proyectos de
Edificación:
- Participación como profesional responsable de
desempeñarse como Revisor Urbano, que comprenda un
mínimo de 15,000 m² de área techada, contemplados en
las modalidades B, C y/o D.
Categoría II: El profesional certificado por el MVCS
para evaluar y verificar anteproyectos en consulta y
proyectos que correspondan a las modalidades de
aprobación B y C, que cuente como mínimo con diez (10)
años de ejercicio profesional y que acredite:
- Participación como profesional responsable del
desempeñar como Revisor Urbano, en no menos de cinco
(05) proyectos de habilitación urbana contemplados en
las modalidades C y/o D.
b) Para anteproyectos en consulta y/o proyectos de
Edificación:
- Participación como profesional responsable de diseño
en el campo de la especialidad que desea desempeñar
como Revisor Urbano, que en conjunto comprendan un
mínimo de 45,000 m² contemplados en las modalidades
C y/o D.
Categoría III: El profesional certificado por el MVCS
para evaluar y verificar proyectos que correspondan a las
modalidades de aprobación B, C y D, que cuente como
mínimo con quince (15) años de ejercicio profesional y que
acredite:
- Participación como profesional responsable de
desempeñar como Revisor Urbano, en no menos de
cinco (05) proyectos, de tres tipos distintos de habilitación
urbana contemplados en la modalidad D.
- Participación por dos (02) años como miembro de
Comisión Técnica de habilitación urbana; o, dos (02) años
como Revisor Urbano de habilitación urbana, Categoría II.
b) Para anteproyectos en consulta y/o proyectos de
Edificación:
- Participación como profesional responsable de diseño
en el campo de la especialidad que desea desempeñar
como Revisor Urbano, que en conjunto comprendan un
mínimo de 75,000 m² contemplados en la modalidad D.
- Participación por dos (02) años como miembro de
Comisión Técnica de edificación; o, dos (02) años como
Revisor Urbano de edificación, Categoría II.
6.2 El Código de Registro original tiene validez,
siempre que esté vigente, hasta el momento que se
expida el certificado de recategorización.

Artículo 7.- Funciones del MVCS
El MVCS tiene las siguientes funciones:
a) Implementar y dictar, como mínimo una vez al año,
el curso de capacitación sobre normativa urbanística y
edificatoria para los profesionales que deseen ejercer
como Revisores Urbanos.
b) Atender las solicitudes de los profesionales que
deseen inscribirse en el Registro, así como las solicitudes
de recategorización de la inscripción.
c) Certificar a los profesionales, previa evaluación
sobre el conocimiento y capacidad de los postulantes,
en la aplicación de las normas técnicas urbanísticas y
edificatorias en los proyectos de habilitación urbana, y
anteproyectos y proyectos de edificación.
d) Inscribir en el Registro al profesional certificado,
según lo establecido en el literal precedente.
e) Resolver los recursos administrativos que se
presenten en el proceso de inscripción.
f) Establecer mediante directivas internas los
procedimientos de capacitación, evaluación, inscripción,
supervisión y fiscalización de los Revisores Urbanos en
el Registro.
g) Supervisar el desempeño de los profesionales
inscritos en el Registro, en el ejercicio como Revisores
Urbanos.
h) Tomar conocimiento de las denuncias y actuar de
oficio respecto de posibles infracciones cometidas por los
Revisores Urbanos en el ejercicio de sus funciones, así
como imponer sanciones de ser el caso, de conformidad
con lo establecido en el artículo 17.
i) Publicitar en su portal institucional la relación
de profesionales inscritos en el Registro, así como
mantenerla actualizada, según corresponda.
Artículo 8.- Capacitación y actualización
8.1 De forma anual, el MVCS, a través de la Dirección
de Vivienda – DV, brinda a los profesionales arquitectos
e ingenieros, como servicio exclusivo, el curso de
capacitación sobre normativa urbanística y edificatoria
para postular a Revisor Urbano y cuya aprobación, previa
a la inscripción en el Registro, se acredita mediante el
respectivo certificado.
Para participar en el curso de capacitación los
profesionales interesados deben presentar la solicitud de
participación, según formato de solicitud de participación
en el curso de capacitación y actualización, que en
Anexo 01 forma parte del presente Reglamento, de forma
virtual o escrita, que contiene la declaración jurada de
haber efectuado el pago por derecho de participación,
consignando el número de recibo de caja y/o comprobante
de depósito y la fecha de pago.
8.2ElMVCSelaboralamallacurricularcorrespondiente
al curso de capacitación.
8.3 Sólo en los casos que el Revisor Urbano solicite
su recategorización, debe aprobar el nuevo curso de
capacitación correspondiente a la Categoría que desea
postular.
8.4 El MVCS puede dictar los cursos de actualización
correspondientes a los Revisores Urbanos, cuando se
modifiquen las normas técnicas y administrativas sobre
la materia.
CAPÍTULO III
INSCRIPCIÓN Y RECATEGORIZACIÓN EN EL
REGISTRO NACIONAL DE LOS REVISORES
URBANOS
Artículo 9.- Requisitos para la inscripción
El profesional, arquitecto o ingeniero, que desee
inscribirse en el Registro correspondiente, debe presentar,
de forma virtual o escrita, ante la Dirección de Vivienda –
DV, lo siguiente:
a) Solicitud de inscripción, según formato de solicitud
de inscripción y recategorización, que en Anexo 02
forma parte del presente Reglamento, que contiene la
declaración jurada de lo siguiente:
• Haber aprobado el curso de capacitación para ejercer
como Revisor Urbano, brindado por el MVCS, indicando
su Código de Registro.
• Estar hábil para el ejercicio de su profesión.
• No encontrarse incurso en alguno de los
impedimentos establecidos en el numeral 12.1 del artículo
12.
• Del número de Informes Técnicos emitidos que
acrediten su participación como Revisor Urbano, de
acuerdo a la Categoría a la que postula.
• De haber efectuado el pago por concepto de
inscripción, consignando el número de recibo de caja y/o
comprobante de depósito y la fecha de pago.
b) Copias de las Actas de Verificación y Dictámenes
que acrediten su participación como miembro de Comisión
Técnica, para postular a la Categoría III.
c) Récord de proyectos o documento emitido por el
respectivo Colegio Profesional que indique los metros
cuadrados que tenga registrados como profesional
responsable de diseño.
Artículo 10.- Procedimiento de inscripción de
Revisores Urbanos
10.1 El procedimiento administrativo de inscripción
en el Registro es de evaluación previa sujeto a silencio
administrativo positivo. La Dirección de Vivienda – DV, en
un plazo de diez (10) días hábiles, evalúa y corrobora la
veracidad de la información declarada por el profesional
postulante.
De no cumplir con los requisitos exigidos, la
Dirección de Vivienda – DV requiere al profesional
postulante que subsane la omisión u observación
adjuntando los documentos respectivos en un plazo
no mayor de cinco (05) días hábiles de recibida la
comunicación. De no subsanar el citado profesional
dentro del plazo otorgado, se declara improcedente la
solicitud de inscripción.
10.2 Cumplidos los plazos señalados en el numeral
anterior, según corresponda y de considerar conforme la
documentación presentada por el profesional que postula
a Revisor Urbano, la Dirección General de Políticas
y Regulación en Vivienda y Urbanismo – DGPRVU,
dentro de un plazo de dos (02) días hábiles, procede a
la inscripción en el Registro y a la emisión del certificado
correspondiente.
10.3 En el citado certificado constan los datos del
profesional (nombres, apellidos, número de colegiatura);
el Código de Registro asignado; la especialidad con
la cual se determina si se trata de un Revisor Urbano
acreditado para evaluar proyectos de habilitación urbana
o anteproyectos en consulta o proyectos de edificación;
la categoría, que determina las modalidades de los
proyectos que está facultado a evaluar; y el número
correlativo a nivel nacional.
El Código de Registro debe considerar lo siguiente:
a) Especialidad
AHU = Arquitectura Habilitación Urbana
EHU = Ingeniería Civil Habilitación Urbana
AE = Arquitectura Edificación
EE = Estructuras
IE = Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas
IS = Instalaciones Sanitarias
b) Categoría
I = Modalidad B
II = Modalidades B, C
III = Modalidades B, C y D.
c) Número de Registro, es correlativo y único a nivel
nacional.
0001, 0002, 0003, (…)
De acuerdo a lo indicado, un arquitecto certificado por
el MVCS para evaluar proyectos de Habilitación Urbana
de la especialidad de Arquitectura de la Categoría II, tiene
como Código de Registro:

Categoría
AHU-II-0015 Número de Registro
Especialidad
10.4 El plazo previsto para la inscripción es el mismo
para la recategorización.
10.5 En caso se declare la improcedencia de la
solicitud de inscripción o de la recategorización, la primera
instancia para resolver los recursos administrativos es la
Dirección de Vivienda – DV, mientras que la segunda
instancia es la DGPRVU.
Artículo 11.- Vigencia y recategorización de la
inscripción
11.1 La inscripción en el Registro es indeterminada, la
misma que termina cuando el Revisor Urbano solicita su
recategorización.
11.2 El Revisor Urbano puede solicitar la
recategorización de la inscripción en el Registro, el mismo
que es un procedimiento administrativo con evaluación
previa sujetos a silencio administrativo positivo, estando
vigente o no su inscripción, para lo cual debe cumplir con
los requisitos de la categoría a la que postula, señalados
en el artículo 9.
Hasta el momento en que se revalide la inscripción del
profesional, el respectivo Código de Registro no puede
ser utilizado.
Artículo 12.- Impedimentos e Incompatibilidades
12.1 Impedimentos para ejercer como Revisor
Urbano:
a) Si en el ejercicio de su profesión: Ha sido
condenado judicialmente por la comisión de delito doloso
o se encuentra suspendido o inhabilitado para ejercer su
profesión.
b) Si el cónyuge o pariente hasta el cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad: Participan
y deciden en los procesos de inscripción y acreditación
como Revisor Urbano.
c) Ejercer funciones relacionadas con el otorgamiento
de licencias cuyos procedimientos se regulan en la Ley
y sus Reglamentos, en su calidad de servidor civil o
funcionario público.
d) Contar con sanción vigente que le haya sido
impuesta en su condición de funcionario público o como
Delegado de alguna Comisión Técnica.
12.2 Incompatibilidades para ejercer como Revisor
Urbano:
a) Participar en el diseño o ejecución de un proyecto
de habilitación urbana y/o, anteproyecto o proyecto de
edificación, según corresponda.
b) Que el proyecto de la habilitación urbana, el
anteproyecto o proyecto de edificación se vaya a ejecutar:
En un predio que le pertenezca a él, a su cónyuge, o a
sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad.
c) Que el proyecto de habilitación urbana, el
anteproyecto o proyecto de edificación: Se desarrolle en un
predio que pertenezca al dominio de una persona jurídica
de la cual sea asociado o tenga alguna participación en la
misma o vínculo laboral o contractual.
d) Que el profesional o alguno de sus parientes hasta
el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad:
Intervenga como proyectista, constructor o responsable
de obra.
e) Participar en una especialidad y/o categoría en las
que no se encuentra registrado.
CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN
Artículo 13.- Suscripción de Acuerdo
13.1 El interesado solicita al Revisor Urbano de la
especialidad de Arquitectura o de Ingeniería Civil la
revisión de su proyecto, para lo cual le proporciona en
formato físico y/o digital, la información y documentación
preliminar a fin que determine el costo, las condiciones y
el plazo del servicio, que deben quedar establecidos en
el acuerdo.
13.2 El Revisor Urbano de la especialidad de
Arquitectura o de Ingeniería Civil presenta al interesado a
los siguientes profesionales que intervienen en la revisión
del proyecto y emisión de Informe Técnico:
a) El equipo de Revisores Urbanos debidamente
acreditados;
b) Los Delegados Ad hoc, según lo requiera el
proyecto; y,
c) Los representantes de las entidades y/o empresas
prestadoras de servicios, de ser el caso.
13.3 De encontrarse conformes suscriben el acuerdo
el interesado y los Revisores Urbanos que participan,
estableciendo entre otros, la forma en la que se comunican
las observaciones que formula el Revisor Urbano en la
revisión del proyecto, pudiendo ser por medio físico o por
correo electrónico. El interesado entrega el proyecto al
Revisor Urbano de la especialidad de Arquitectura o de
Ingeniería Civil, con toda la documentación requerida de
acuerdo a la modalidad establecida en el Reglamento
Edificación.
Artículo 14.- Procedimiento
14.1 El Revisor Urbano de la especialidad de
Arquitectura o de Ingeniería Civil:
a) Coordina con los otros Revisores Urbanos
intervinientes para dar inicio al proceso de verificación
dentro del plazo acordado.
b) Contacta de manera directa y personalizada al (los)
Delegado (s) Ad hoc o representante (s) de las entidades
y/o empresas prestadoras de servicios, según lo requiera
el proyecto, acordando las condiciones y términos del
servicio requerido.
14.2 Para efectos de lo establecido en el literal
precedente: El Ministerio de Cultura (MC), el Centro
Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastres (CENEPRED), el Servicio Nacional
de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), así como
las empresas prestadoras de servicios designan y
publicitan a sus Delegados Ad hoc o representantes
que brinden apoyo técnico cuando el Revisor Urbano,
en cumplimiento de sus funciones, lo requiera, de
acuerdo a lo establecido en los numerales 7 y 8 del
14.3 Para los proyectos de edificación, de considerarse
la verificación en distintos momentos, ésta se realiza
según el orden siguiente:
a) Especialidad de Arquitectura y Ad–hoc, de ser el
caso.
b) Especialidad de Estructuras.
c) Especialidades de Instalaciones Eléctricas y/o
Instalaciones Sanitarias.
14.4 En caso de observaciones en alguna especialidad,
éstas son comunicadas por el especialista que las realiza
al interesado, con copia a los demás Revisores Urbanos
intervinientes en la verificación del proyecto.
14.5 Culminado el proceso de verificación sin
observaciones en todas las especialidades, los Revisores
Urbanos, los Delegados Ad hoc y los representantes
de las entidades con competencia, suscriben y
sellan tanto el Informe Técnico favorable como la
respectiva documentación técnica, en forma colegiada,
devolviéndolos al interesado en tres juegos. Los Revisores
Urbanos consignan su firma y sello, el cual debe contener
el Código de Registro.

14.6 El Informe Técnico favorable tiene una vigencia
de treinta y seis (36) meses, conforme a lo establecido en
el artículo 11 de la Ley.
Artículo 15.- Aplicación de normas urbanísticas
y/o edificatorias
En el proceso de evaluación previa de los proyectos
de habilitación urbana y de los anteproyectos y proyectos
de edificación, los Revisores Urbanos sólo verifican que
los mismos cumplan con las normas urbanísticas y/o
edificatorias aplicables al proyecto, de conformidad con las
normas de acondicionamiento territorial y/o de desarrollo
urbano, el Reglamento Nacional de Edificaciones y otras
normas que correspondan, de acuerdo con la normatividad
sobre la materia, según lo previsto en el numeral 6.1 del
CAPÍTULO V
INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 16.- Ejercicio de los Revisores Urbanos
Los Revisores Urbanos tienen responsabilidad
administrativa y/o civil y/o penal, y se sujetarán a la
normatividad correspondiente, por los actos derivados del
ejercicio de sus funciones, de conformidad con el artículo
5 de la Ley.
Artículo 17.- Infracciones y sanciones
Los siguientes actos constituyen infracciones de los
Revisores Urbanos:
17.1 Infracciones Leves:
a) No reportar mensualmente al Registro, dentro
del plazo otorgado, el número y tipo de proyectos de
habilitación urbana, anteproyectos en consulta y/o
proyectos de edificación que hubiera verificado.
b) No remitir copia digital de los informes técnicos que
emita mensualmente.
Estas infracciones son sancionadas con amonestación
escrita.
17.2 Infracciones Graves:
a) Reincidir en la comisión de alguna infracción
clasificada como Leve.
b) No comunicar al MVCS que está impedido para
ejercer la función.
c) Proporcionar información inexacta o adulterada en
relación al cumplimiento de los requisitos de inscripción.
d) Emitir el Informe Técnico favorable sobre
expedientes con la documentación incompleta.
e) Ejercer como Revisor Urbano vencida la vigencia
de su inscripción.
f) Emitir Informe Técnico favorable referido a un proyecto
o anteproyecto que no cumplan con las disposiciones
urbanísticas y/o edificatorias aplicables a los mismos.
Estas infracciones son sancionadas con inhabilitación
temporal para ejercer como Revisor Urbano, hasta por
cinco (05) años, sin perjuicio de las acciones civiles y/o
penales que correspondan según la normatividad vigente.
17.3 Infracciones Muy Graves:
a) Reincidir en la comisión de alguna infracción
clasificada como Graves.
b) Ejercer como Revisor Urbano incurriendo en las
causales de impedimento establecidas en el presente
Reglamento.
Estas infracciones son sancionadas con Inhabilitación
Permanente para ejercer como Revisor Urbano, sin
perjuicio de las acciones civiles y/o penales que pudieran
corresponder según la normatividad vigente.
Artículo 18.- Procedimiento sancionador
El MVCS somete al Revisor Urbano a un procedimiento
sancionador cuando existan indicios razonables de
la presunta comisión de alguna de las infracciones
establecidas en el artículo precedente.
Artículo 19.- Instancias del procedimiento
sancionador
La primera instancia del procedimiento sancionador es
la DGPRVU, responsable de la inscripción en el Registro.
La segunda instancia es el Viceministerio de Vivienda y
Urbanismo – VMVU.
Artículo 20.- Desarrollo del procedimiento
sancionador
20.1 El procedimiento sancionador es iniciado por
denuncia del interesado o de la Municipalidad respectiva,
sin perjuicio de los procesos civiles, administrativos y
penales a que hubiera lugar.
20.2 Recibida la denuncia, la Dirección de Vivienda
– DV desarrolla la fase instructora, notificando la misma
al Revisor Urbano, señalando la presunta infracción en
la que hubiera incurrido y la sanción que sería aplicable,
otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles, a fin que
presente sus descargos.
20.3 Vencido el plazo otorgado al denunciado, la
Dirección de Vivienda – DV remite los actuados a la
DGPRVU quien cuenta con cinco (05) días hábiles para
resolver; de encontrar responsabilidad en el Revisor
Urbano denunciado, emite la resolución precisando la
infracción cometida así como la sanción aplicada.
20.4 Contra la resolución, el denunciado puede
interponerlosrecursosadministrativosdeReconsideración
y de Apelación, conforme a la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, dentro de un plazo
de quince (15) días hábiles de haber sido notificada.
20.5 Los recursos administrativos son resueltos en un
plazo de diez (10) días hábiles, contado desde la fecha de
su presentación.
20.6 Se agota la vía administrativa cuando:
a) La resolución que resuelve el Recurso de
Reconsideración queda consentida; o,
b) Se emite la resolución que resuelve el Recurso de
Apelación.
20.7 De no probarse la existencia de la infracción o de
no existir responsabilidad del denunciado en la comisión
de la misma, se dispone el archivo definitivo de la misma.
Artículo 21.- Registro de infracciones y sanciones
Las infracciones cometidas y las sanciones impuestas
a los Revisores Urbanos se registran en el legajo individual
de cada profesional.
Primera.- Aprobación de formatos
Con el presente Reglamento se aprueban los
siguientes formatos:
• Anexo 1 – Formato de Solicitud de participación en el
Curso de capacitación y actualización.
• Anexo 2 – Formato de Solicitud de Inscripción y
recategorización.
Segunda.- Aprobación del formato de Informe
Técnico
Mediante Resolución Ministerial del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS se
aprueba el formato de Informe Técnico dentro de un plazo
de treinta (30) días calendario, contado a partir de la
publicación del Decreto Supremo que aprueba el presente
Reglamento.
El citado formato contiene, como mínimo, el acuerdo
entre las partes, y los rubros correspondientes al
dictamen como las observaciones, la firma y el sello de
los profesionales que intervienen en la verificación del
proyecto.
Tercera.- Curso de capacitación
Implementado el Registro, el MVCS puede firmar
convenios con universidades públicas y privadas, así
como con los Colegios Profesionales de Arquitectos e
Ingenieros del Perú para autorizarlas a dictar y certificar
respectivamente, el curso de capacitación sobre normativa
urbanística y edificatoria dirigido a los profesionales
arquitectos e ingenieros que requieran postular a Revisor
Urbano.

POR FAVOR, SÍRVASE LLENAR EL FORMULARIO CON LETRA IMPRENTA LEGIBLE.
1 SOLICITUD
1.1 TIPO DE TRÁMITE
1.1.1. INSCRIPCIÓN 1.1.2. RECATEGORIZACIÓN
1.2 ADMINISTRADO
Domicilio
Mz. Nº
2 PROFESIONAL
Int.Av. / Jr. / Calle / Pasaje
Nº DNI / CE
Urbanización / A.H. / Otro
Correo Electrónico
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)
Teléfono
Departamento Provincia Distrito
Código de Registro
FORMATO DE SOLICITUD DE
INSCRIPCIÓN Y RECATEGORIZACIÓN
Lote Sub Lote
POR FAVOR, SÍRVASE LLENAR EL FORMULARIO CON LETRA IMPRENTA LEGIBLE.
1 ADMINISTRADO
Domicilio
Mz. Nº
2 SOLICITUD
Haber efectuado el pago por concepto de Inscripción:
Comprobante de depósito Recibo de caja
Número de Comprobante o Recibo: Fecha de pago:
3 FIRMA
Firma del solicitante.
, de de
Int.
FORMATO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
EN EL CURSO DE CAPACITACIÓN
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)
Nº DNI / CE Teléfono Correo Electrónico
/ /
Lugar y Fecha
SOLICITO PARTICIPAR EN EL CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE NORMATIVA URBANÍSTICA Y EDIFICATORIA PARA
INSCRIBIRME EN EL REGISTRO DE REVISORES URBANOS, PARA LO CUAL INDICO:
Urbanización / A.H. / Otro Lote Sub Lote Av. / Jr. / Calle / Pasaje
ANEXO 1
ANEXO 2

1555418-1
Domicilio
Mz. Nº
2 PROFESIONAL
2.1 PROFESIÓN:
2.1.1. ARQUITECTURA 2.1.4. INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA
2.1.2. INGENIERÍA CIVIL 2.1.5. INGENIERÍA SANITARIA
2.1.3. INGENIERÍA ELÉCTRICA
2.2 COLEGIATURA:
2.2.1. NÚMERO DE COLEGIATURA:
2.3 ESPECIALIDAD: PARA ARQUITECTURA E INGENIERÍA CIVL
2.3.1. HABILITACIÓN URBANA 2.3.2. EDIFICACIÓN
2.4.
2.4.1. CATEGORÍA I 2.4.2 CATEGORÍA II 2.4.3 CATEGORÍA III
3 DECLARACIONES JURADAS
Declaro bajo juramento y con total responsabilidad lo siguiente:
3.1. Haber aprobado el curso brindado por el MVCS de capacitación para ejercer como Revisor Urbano.
3.2. Estar habilitado para el ejercicio de mi profesión.
3.3. No incurrir en los siguientes casos:
-
-
Int.Av. / Jr. / Calle / Pasaje
CATEGORÍAS:
Nº DNI / CE
Urbanización / A.H. / Otro
Si el cónyuge o pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad: Participan y deciden en los
procesos de inscripción y acreditación como Revisor Urbano.
Correo Electrónico
Si en el ejercicio de su profesión: Ha sido condenado judicialmente por la comisión, de delito doloso o se
encuentra suspendido o inhabilitado para ejercer su profesión.
Teléfono
Lote Sub Lote
-
-
3.4.
3.5. Haber efectuado el pago por concepto de Inscripción:
Comprobante de depósito Recibo de caja
Número de Comprobante o Recibo: Fecha de pago:
4 REQUISITOS
4.1.
4.2. Récord de proyectos
Documento emitido por el respectivo Colegio Profesional
5 FIRMA
Firma del solicitante.
, de de
Informes Técnicos emitidos, los cuales acreditan mi participación como Revisor Urbano, de acuerdo a la
Categoría a la cual postulo.
Actas de Verificación y Dictámenes que acreditan mi participación como miembro de Comisión Técnica de
acuerdo a la Categoría a la que postulo.
/ /
Contar con sanción vigente que le haya sido impuesta en su condición de funcionario público o como Delegado de
alguna Comisión Técnica.
Ejercer funciones relacionadas con el otorgamiento de licencias cuyos procedimientos se regulan en la Ley Nº 29090
y sus Reglamentos, en su calidad de servidor civil o funcionario público.
Lugar y Fecha

REGLAMENTO DE VERIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA
fecha 25 de enero de 2017.
ANTECEDENTES:
Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Verificación administrativa y técnica,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 026-2008-VIVIENDA
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Verificación administrativa y técnica.

11NORMAS LEGALESMiércoles 25 de enero de 2017El Peruano /
por Decreto Supremo N° 050-2001-MTC; demás
disposiciones legales vigentes; y con la opinión favorable
de las áreas competentes;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Otorgar a la empresa AEROMASTER
DEL PERÚ S.A.C. la Modificación de su Permiso de
Operación de Aviación Comercial: Transporte Aéreo
No Regular Nacional de pasajeros, carga y correo en el
sentido de incrementar el material aeronáutico a los ya
autorizados de acuerdo al siguiente detalle:
MATERIAL AERONAUTICO: (Además de los ya
autorizados)
- Mi-171
Artículo 2º.- Los demás términos de la Resolución
Directoral Nº 032-2016-MTC/12 del 19 de enero del 2016
continúan vigentes.
JUAN CARLOS PAVIC MORENO
Director General de Aeronáutica Civil
1466323-1
Otorgan a Aeromaster del Perú S.A.C. la
modificación de su permiso de operación
de aviación comercial: transporte aéreo
especial en el sentido de incrementar
material aeronáutico
resolución directoral
Nº 778-2016-MTC/12
Lima, 12 de diciembre del 2016
Vista la solicitud de la compañía AEROMASTER DEL
PERÚS.A.C.,sobrelaModificacióndePermisodeOperación
de Aviación Comercial: Transporte Aéreo Especial;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Directoral Nº 035-2016-
MTC/12 del 20 de enero del 2016 publicada en el Diario
Oficial El Peruano el 27 de febrero del 2016, se otorgó a
la empresa AEROMASTER DEL PERÚ S.A.C. el Permiso
de Operación de Aviación Comercial: Transporte Aéreo
Especial, por el plazo de cuatro (04) años contados a
partir del 28 de febrero del 2016;
Que, mediante Expediente Nº T-222929-2016 del
16 de agosto del 2016 y Documento de Registro Nº
E-269668-2016 del 03 de octubre del 2016 la empresa
AEROMASTER DEL PERÚ S.A.C., solicitó la Modificación
de su Permiso de Operación en el sentido de incrementar
material aeronáutico;
Que, según los términos del Memorando Nº 1701-2016-
MTC/12.LEG emitido por laAbogada de la Dirección General
de Aeronáutica Civil, Memorando Nº 547-2016-MTC/12.07.
CER emitido por el Coordinador Técnico de Certificaciones,
Memorando Nº 157-2016-MTC/12.07.PEL emitido por el
Coordinador Técnico de Licencias, Informe Nº 142-2016-
MTC/12.07.AUT emitido por la Coordinadora Técnica de
Autorizaciones e Informe Nº 501-2016-MTC/12.07 emitido
por el Director de Certificaciones y Autorizaciones, que
forman parte de la presente resolución según el numeral
6.2 del Artículo 6 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento
Administrativo General, se considera procedente atender lo
solicitado en lo pertinente, al haber cumplido la recurrente
con los requisitos establecidos en la Ley Nº 27261 - Ley de
Aeronáutica Civil del Perú; su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 050-2001-MTC; el Texto Único de
ProcedimientosAdministrativos del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones aprobado mediante Decreto Supremo Nº
008-2002-MTC modificado por la Resolución Ministerial Nº
644-2007-MTC/01 y sus modificatorias, así como las demás
disposiciones legales vigentes;
Que, la administración, en aplicación del principio
de presunción de veracidad, acepta las declaraciones
juradas y la presentación de documentos por parte del
interesado, conforme lo dispone la Ley N° 27444 – Ley
del Procedimiento Administrativo General;
Que, en aplicación del artículo 9º, Literal g) de la
Ley Nº 27261, la Dirección General de Aeronáutica
Civil es competente para otorgar, modificar, suspender
y revocar los Permisos de Operación y Permisos de
Vuelo”, resolviendo el presente procedimiento mediante la
expedición de la Resolución Directoral respectiva;
Estando a lo dispuesto por la Ley Nº 27261 - Ley
de Aeronáutica Civil del Perú; su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo N° 050-2001-MTC; demás
disposiciones legales vigentes; y con la opinión favorable
de las áreas competentes;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Otorgar a la empresaAEROMASTER DEL
PERÚ S.A.C. la Modificación de su Permiso de Operación
de Aviación Comercial: Transporte Aéreo Especial en el
sentido de incrementar el material aeronáutico a los ya
autorizados de acuerdo al siguiente detalle:
MATERIAL AERONÁUTICO: (Además de los ya
autorizados)
- Mi-171
Artículo 2º.- Los demás términos de la Resolución
Directoral Nº 035-2016-MTC/12 del 20 de enero del 2016
continúan vigentes.
JUAN CARLOS PAVIC MORENO
Director General de Aeronáutica Civil
1466775-1
Y SANEAMIENTO
Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento de Verificación Administrativa
y Técnica
DECRETO SUPREMO
Nº 002-2017-vivienda
CONSIDERANDO:
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones ha sido
modificada por las Leyes N°s. 29300, 29476, 29566,
29898, 30056, 30230, el Decreto Legislativo N° 1225, la
Ley N° 30494 y por el Decreto Legislativo N° 1287, en
adelante, la Ley;
Que, mediante la modificación efectuada a la Ley con
Ley Nº 30494 se establece que la misma tiene por objeto
de habilitación urbana y de edificación; fiscalización en
y declaratoria de edificación; garantizando la calidad de
actores vinculados en los procedimientos administrativos;
Que, la citada modificación dispone entre otros
que, mediante la Verificación Técnica, la Municipalidad
respectiva verifica que las obras sean ejecutadas en
correspondencia con el proyecto aprobado y las normas
de construcción vigentes; encontrándose la misma a cargo

12 NORMAS LEGALES Miércoles 25 de enero de 2017 / El Peruano
de los Inspectores Municipales de Obra, arquitectos o
ingenieros colegiados y hábiles, debidamente acreditados
y registrados en el Colegio de Arquitectos del Perú o en el
Colegio de Ingenieros del Perú, según corresponda, que
pueden o no tener relación laboral con la Municipalidad;
Que, asimismo señala que en las obras que cuenten
con un Supervisor de Obra privado, éste puede asumir
las funciones de un Inspector Municipal de Obra para
realizar la Verificación Técnica, siempre que cumpla con
los requisitos y condiciones considerados en la Ley y en
el Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica;
modificado por Decreto Supremo N° 005-2010-VIVIENDA,
se aprueba el Reglamento de Verificación Administrativa
y Técnica, el cual tiene por objeto la regulación de la
Verificación Administrativa de los expedientes para la
obtención de las Licencias de Habilitación Urbana y de
Edificación; así como, de la Verificación Técnica de
la ejecución de las obras de habilitación urbana y de
edificación;
Que, conforme a lo indicado en los considerandos
precedentes, corresponde emitir un nuevo Reglamento
de Verificación Administrativa y Técnica que incluya las
disposiciones establecidas por la normativa vigente;
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley N°
30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento y, su Reglamento
de Organización y Funciones, aprobado por el Decreto
Supremo N° 010-2014-VIVIVENDA, modificado por
Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA; y, la Ley Nº
29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de
Edificaciones y sus modificatorias;
DECRETA:
Artículo 1.- Aprobación del Reglamento de
Verificación Administrativa y Técnica
Apruébase el Reglamento de Verificación
Administrativa y Técnica, que consta de cinco (05)
capítulos y diecinueve (19) artículos, el cual forma parte
integrante del presente Decreto Supremo.
Reglamento que se aprueba en el artículo precedente
en el portal institucional del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento (www.vivienda.gob.pe),
el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano.
Única.- El Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, dentro de un plazo de cuarenta y cinco
(45) días calendario, aprueba mediante Resolución
Ministerial, los montos máximos a cobrar por cada visita
de inspección, conforme a lo establecido en el artículo 10
de la Ley Nº 29090.
Única.- Derógase el Decreto Supremo Nº
026-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de
Verificación Administrativa y Técnica y su modificatoria,
aprobada por el Decreto Supremo Nº 005-2010-VIVIENDA.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los
veinticuatro días del mes de enero del año dos mil
diecisiete.
Edmer Trujillo Mori
REGLAMENTO DE VERIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
El Reglamento de Verificación Administrativa y
Técnica, en adelante el Reglamento, tiene por objeto la
regulación de:
1.1 La Verificación Administrativa de los expedientes,
posterior al otorgamiento de las Licencias de Habilitación
Urbana y/o de Edificación, en la modalidad A.
1.2 La Verificación Técnica de las obras de habilitación
urbana y de edificación durante su ejecución, en todas las
modalidades de aprobación.
La regulación establecida en el presente Reglamento
tiene como finalidad garantizar de manera preventiva y
correctiva, la ejecución de las obras de habilitación urbana
y de edificación respetando el proyecto aprobado que dio
mérito a la licencia.
Artículo 3.- Ámbito de aplicación
Los procedimientos contenidos en el presente
Reglamento son de aplicación obligatoria en el ámbito
nacional y comprenden a la Verificación Administrativa de
los proyectos aprobados con las Licencias de Habilitación
Urbana y/o de Edificación otorgadas bajo la modalidad A;
así como, a la supervisión de la ejecución de las obras,
autorizadas con las Licencias de Habilitación Urbana y/o
de Edificación en todas las modalidades de aprobación
establecidas en la Ley N° 29090, Ley de Regulación de
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, en adelante la
Ley.
CAPÍTULO II
ACTORES, ATRIBUCIONES Y
RESPONSABILIDADES
Artículo 4.- Actores
Son actores de los procedimientos de Verificación
Administrativa y de Verificación Técnica, la Municipalidad
correspondiente, el Colegio de Arquitectos del Perú - CAP,
el Colegio de Ingenieros del Perú - CIP según corresponda,
el Inspector Municipal de Obra y el Responsable de Obra.
Artículo 5.- Municipalidades
5.1 Las Municipalidades, en el ámbito de su
jurisdicción, tienen en materia de Verificación
Administrativa y Verificación Técnica, las siguientes
atribuciones y responsabilidades:
a) Solicitar al CAP o al CIP, la relación de los
Inspectores Municipales de Obra acreditados.
b) Corroborar la acreditación otorgada por el CAP o el
CIP al Inspector Municipal de Obra.
c) Supervisar el desempeño de los Inspectores
Municipales de Obra con quienes mantiene una relación
laboral, comunicando al CAP o al CIP, si detecta alguna
infracción en el ejercicio profesional, a fin que adopte las
acciones respectivas.
d) Aplicar las medidas provisionales de inmediata
ejecución, según lo establecido en el numeral 6 del artículo
10 de la Ley, imponiendo las sanciones que correspondan
de conformidad con el Reglamento de Sanciones de cada
Municipalidad, y demás disposiciones aplicables.
e) Organizar a través de un Inventario de Proyectos,
las actividades de VerificaciónAdministrativa y Verificación
Técnica en el ámbito de su jurisdicción, efectuando un
permanente seguimiento de su cumplimiento.
5.2 El Inventario de Proyectos señalado en el literal e)
del numeral 5.1 del presente artículo contiene lo siguiente:
a) El número de expediente (ejecución de obra).
b) La ubicación de la obra.
c) Los datos del administrado, del Inspector Municipal
de Obra y del Responsable de Obra.

d) El tipo de obra y modalidad de aprobación.
e) La etapa y el porcentaje (%) de avance de la obra.
Artículo 6.- Colegios Profesionales
Para efectos del presente Reglamento, el CAP y el
CIP:
6.1 Establecen los requisitos, de acuerdo a sus
propios reglamentos de acreditación, para seleccionar a
los arquitectos o ingenieros que se desempeñan como
Inspectores Municipales de Obra.
6.2 Implementan el Registro de arquitectos o ingenieros
acreditados como Inspectores Municipales de Obra; y
remiten a las Municipalidades la relación correspondiente,
a fin de contribuir a una efectiva supervisión de las obras.
6.3 Supervisan la actuación de los Inspectores
Municipales de Obra, que no tengan relación laboral con
la Municipalidad.
6.4 Inician de oficio o a solicitud de los administrados
afectados y/o de las Municipalidades, los procesos
disciplinarios a los Inspectores Municipales de Obra, por
posibles infracciones del ejercicio profesional, cometidas
en el desempeño de sus funciones, en concordancia con
sus respectivos estatutos y códigos de ética.
Artículo 7.- Inspector Municipal de Obra
El Inspector Municipal de Obra:
7.1 Es el arquitecto o ingeniero colegiado y hábil,
debidamente acreditado y registrado en el CAP o en el
CIP, para realizar la Verificación Técnica a cargo de la
Municipalidad, según lo establecido en los artículos 12, 13
y 14 del Reglamento. Pueden tener o no relación laboral
con la Municipalidad.
7.2 Tiene las siguientes funciones:
a) Coordinar la suscripción del Cronograma de Visitas
de Inspección con el Responsable de Obra, de acuerdo a
lo previsto en el literal c) del numeral 13.2 del artículo 13
del Reglamento.
b) Tomar conocimiento, previo a la visita de
inspección, de las características del proyecto materia de
la Verificación Técnica.
c) Realizar la Verificación Técnica en las oportunidades
señaladas en el Cronograma de Visitas de Inspección.
d) Identificarse ante el Responsable de Obra como
Inspector Municipal de Obra de la respectiva Municipalidad
y con la credencial otorgada por el colegio profesional
como Inspector Municipal de Obra.
e) Presentar a la Municipalidad el Informe de
Visita de Inspección en un plazo no mayor a dos
(02) días hábiles de efectuada la misma. De tratarse
de Inspectores Municipales de Obra que no tengan
relación laboral con la Municipalidad, además deben
presentar una copia del citado informe al colegio
profesional respectivo.
f) Ampliar los alcances de sus informes en las
oportunidades que sean requeridas por la Municipalidad
correspondiente para resolver algún asunto relacionado
con la obra.
7.3 No es competente para:
a) Controlar aspectos distintos a las especificaciones
técnicas de los insumos de la construcción indicados en
el proyecto aprobado.
b) Ordenar la ejecución de alguna actividad del
proceso constructivo.
c) Disponer la paralización de la obra, salvo que se
detecte riesgo inminente para la integridad de personas.
d) Solucionar conflictos vecinales o laborales.
e) Realizar las funciones establecidas en la Ley N°
28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y en la Ley
N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; así
como, en sus respectivos reglamentos.
7.4 Está impedido para ejercer:
a) Si en el ejercicio de su profesión, ha sido
sentenciado por la comisión de un delito doloso.
b) Se encuentre con suspensión vigente o haya sido
inhabilitado por el CAP o por el CIP, según corresponda.
7.5 Tiene incompatibilidad para ejercer cuando:
a) Las obras a supervisar se ejecutan en predios de
su propiedad o de su cónyuge, o de sus parientes hasta
el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
b) Realiza funciones relacionadas con el otorgamiento
de las Licencias de Habilitación Urbana y/o de Edificación
de la obra a inspeccionar.
c) El proyecto de habilitación urbana y/o de edificación
se ejecute en un predio que sea de propiedad de una
persona jurídica a la cual esté asociado, tenga alguna
participación en la misma o vínculo laboral o contractual.
d) El profesional o alguno de sus parientes hasta el
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad,
intervenga como proyectista, consultor, constructor o
Responsable de Obra.
Artículo 8.- Supervisor de Obra privado
El Supervisor de Obra privado:
8.1 Es el arquitecto o ingeniero colegiado y hábil,
contratado por el propietario o administrado para que lo
represente en el seguimiento y supervisión de la obra,
la cual puede estar encargada a un constructor o a una
empresa constructora.
8.2 En concordancia con lo señalado en el numeral 6
del artículo 10 de la Ley, el Supervisor de Obra privado
puede asumir las funciones asignadas al Inspector
Municipal de Obra, en el presente Reglamento, siempre
que cuente con la acreditación del colegio profesional
respectivo como Inspector Municipal de Obra. En
este caso, es presentado por el administrado ante la
Municipalidad correspondiente.
Artículo 9.- Responsable de Obra
El Responsable de Obra:
9.1 Es la persona natural o jurídica responsable de
la ejecución de la obra, de acuerdo al proyecto aprobado
y a la Licencia de Habilitación Urbana y/o de Edificación
otorgada, y de cualquier modificación que se realice en la
obra, siempre y cuando respete la normativa de la materia.
9.2 Además de las obligaciones establecidas en
el artículo 30 de la Norma Técnica G.030 “Derechos
y Responsabilidades” del Reglamento Nacional de
Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo N°
011-2006-VIVIENDA o norma que lo sustituya, tiene las
siguientes funciones:
a) Acompañar al Inspector Municipal de Obra, en la
visita de inspección.
b) Exhibir, en un lugar visible desde el exterior de la
obra, la Licencia de Habilitación Urbana y/o de Edificación,
el Anexo H y la Póliza CAR, de acuerdo a lo establecido
en el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y
Licencias de Edificación.
c) Estar presente en forma permanente en el lugar en
el que se ejecuta la obra.
d) Facilitar al Inspector Municipal de Obra, el acceso a
la obra para realizar la visita de inspección.
e) Poner a disposición del Inspector Municipal de
Obra, la información adicional que solicite durante la
visita de inspección, conforme al objeto y alcance de la
verificación.
CAPÍTULO III
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Artículo 10.- Alcances
10.1 La Verificación Administrativa es la actividad que
realiza la Municipalidad con posterioridad al otorgamiento
de las Licencias de Habilitación Urbana y/o de Edificación
en la Modalidad A, en ejercicio de sus atribuciones
municipales, que consiste en la revisión del proyecto
aprobado respecto del cumplimiento de los planes
urbanos, los parámetros urbanísticos y edificatorios y
demás normas aplicables sobre la materia.

14 NORMAS LEGALES Miércoles 25 de enero de 2017 / El Peruano
10.2 La Municipalidad respectiva realiza la Verificación
Administrativa en el cien por ciento (100%) de los
expedientes presentados bajo la Modalidad A, la misma
que se desarrolla en el presente Reglamento.
10.3 El procedimiento de Verificación Administrativa
establecido para la Modalidad A, no limita la fiscalización
posterior que realiza la respectiva Municipalidad de los
expedientes aprobados en todas las modalidades, bajo
los alcances de lo previsto en el artículo 32 de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Artículo 11.- Procedimiento de Verificación
Administrativa de proyectos aprobados mediante la
modalidad A
11.1 La Verificación Administrativa de proyectos
aprobados mediante la Modalidad A, se realiza dentro del
plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados a partir
del día siguiente de otorgada la Licencia de Habilitación
Urbana y/o de Edificación. Para ello, la Municipalidad
realiza las siguientes acciones:
a) Dentro del día hábil siguiente a la emisión de la
licencia correspondiente, el expediente es derivado al
órgano competente de la Municipalidad.
b) Dicho órgano efectúa la Verificación Administrativa
del expediente, emitiendo el Informe de Verificación
Administrativa dentro del plazo máximo de ocho (08) días.
c) Si el citado informe contiene observaciones
subsanables referidas a la representación gráfica de los
planos, el órgano competente, en un plazo máximo de
dos (02) días hábiles, notifica por escrito al administrado,
adjuntando copia del referido Informe. La subsanación
de las observaciones se realiza en el procedimiento de
Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación.
d) En caso no se formulen observaciones, en un plazo
máximo de dos (02) días hábiles, el órgano competente
archiva el expediente, incluyendo toda la documentación
relacionada con la verificación efectuada y procede a
actualizar su información en el Inventario de Proyectos.
11.2 Si el Informe de Verificación Administrativa
contiene observaciones relacionadas con el
incumplimiento de los planes urbanos, los parámetros
urbanísticos y edificatorios y/o demás normas sobre la
materia, la Municipalidad puede declarar la nulidad de la
resolución de la Licencia de Habilitación Urbana y/o de
Edificación otorgada, conforme a lo previsto en la Ley N°
27444.
11.3 El costo que irroga el procedimiento de la
Verificación Administrativa de los proyectos aprobados
mediante la modalidad A, efectuada con posterioridad al
otorgamiento de las licencias, está incluido en el costo de
la licencia.
CAPÍTULO IV
VERIFICACIÓN TÉCNICA
Artículo 12.- Alcances
12.1 La Verificación Técnica es un servicio no
exclusivo, que realiza la Municipalidad, en ejercicio de
sus atribuciones municipales de fiscalización posterior y
que consiste en verificar que las obras sean ejecutadas
en correspondencia con el proyecto aprobado.
12.2 Está a cargo del Inspector Municipal de Obra.
12.3 Se efectúa obligatoriamente en el cien por
ciento (100%) de las obras comprendidas en las cuatro
modalidades de aprobación para la obtención de las
Licencias de Habilitación Urbana y/o de Edificación
establecidas en el artículo 10 de la Ley.
12.4 El monto correspondiente a la Verificación
Técnica es intangible y sólo se utiliza para los fines de
supervisión de las obras, de conformidad a lo dispuesto
en el penúltimo párrafo del artículo 10 de la Ley.
Artículo 13.- Cronograma de Visitas de Inspección
13.1 El Cronograma de Visitas de Inspección es el
documento suscrito entre el Responsable de Obra y el
Inspector Municipal de Obra, en el cual se determinan el
número de visitas de inspección a la obra y los días en los
que se realizan.
En las visitas programadas referidas al vaciado, se
especifica la hora de la actividad.
13.2 El procedimiento para la suscripción del
Cronograma de Visitas de Inspección es el siguiente:
a) El administrado solicita a la Municipalidad por
escrito, la elaboración del Cronograma de Visitas de
Inspección, señalando los datos del Responsable de
Obra.
En caso se cambie al citado Responsable de Obra, el
administrado, de manera inmediata, comunica por escrito
a la Municipalidad dicha situación, así como la designación
del nuevo Responsable de Obra, quien cumple con lo
establecido en el presente Reglamento.
b) La Municipalidad, bajo responsabilidad, en un
plazo de tres (03) días hábiles de presentada la solicitud,
designa al Inspector Municipal de Obra y notifica dicha
designación al administrado.
c) El Responsable de Obra conjuntamente con el
Inspector Municipal de Obra elaboran y, en señal de
conformidad, suscriben el referido cronograma dentro del
plazo de dos (02) días hábiles siguientes a la designación
del citado inspector, de acuerdo a lo señalado en el
numeral 13.1 del presente artículo. El Cronograma de
Visitas de Inspección se consigna en el Anexo H.
13.3 El Cronograma de Visitas de Inspección suscrito
debe respetarse, salvo que la modificación al mismo
sea acordada entre el Inspector Municipal de Obra y el
Artículo 14.- Número de visitas de inspección
14.1 El número de visitas de inspección para las obras
de habilitación urbana se determina en el Cronograma de
Visitas de Inspección y se realiza como mínimo una (01)
visita durante:
a) Los trabajos de trazado de vías de la habilitación
urbana.
b) Los trabajos de movimiento de tierras.
c) Las obras de pavimentación.
14.2 El número de visitas de inspección para obras
de edificación se define en el Cronograma de Visitas
de Inspección en función del tipo, de la magnitud y la
complejidad de la obra, debiendo considerar:
14.2.1 Para la modalidad A, se realiza como mínimo
una (01) visita de inspección durante:
a) Los trabajos de cimentación, verificando área,
linderos y medidas perimétricas.
b) Los trabajos de armado de las estructuras.
c) Los trabajos de instalaciones de tuberías y vaciado
de techo.
14.2.2 Para las modalidades B, C y D, se realiza como
mínimo una (01) visita de inspección durante:
a) Los trabajos de excavaciones y obras de
sostenimiento de cada nivel de sótano, verificando áreas,
linderos y medidas perimétricas.
b) Los trabajos de cimentación.
c) Los trabajos de armado y vaciado de columnas,
para cada nivel.
d) Los trabajos de armado y vaciado de techos, así
como durante los trabajos de instalación de tuberías, para
cada nivel.
e) Los trabajos de albañilería, siempre que formen
parte de la estructura.
Artículo 15.- Inicio de Obra
15.1 El administrado, para dar inicio a la ejecución de
la obra autorizada con la Licencia de Habilitación Urbana
y/o de Edificación, a excepción de las obras preliminares,
tiene que presentar hasta dos (02) días hábiles antes de la
fecha de inicio de obra, el Anexo H debidamente suscrito

y, en las modalidades de aprobación que correspondan,
la Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) que incluya la
Póliza de Responsabilidad Civil.
Si el pago por Verificación Técnica es abonado en
la Municipalidad, los datos correspondientes al monto,
número de comprobante y fecha de pago se consignan
en el Anexo H. Si el pago es efectuado en el colegio
profesional respectivo, se presenta adjunto al Anexo H
una copia del recibo de pago, de acuerdo a lo previsto en
15.2 El inicio de las obras autorizadas en la Licencia de
Habilitación Urbana y/o de Edificación sin comunicación a
la Municipalidad, está sujeto a sanción.
15.3 Cuando la obra se ejecuta en bienes
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, la
Municipalidad comunica al Ministerio de Cultura la
fecha de inicio de obra, con una anticipación de dos
(02) días hábiles.
Artículo 16.- Procedimiento de Verificación Técnica
16.1 Presentado el Anexo H por el administrado, la
Municipalidad remite una copia al Inspector Municipal de
Obra para que proceda con las visitas de inspección de
acuerdo al Cronograma de Visitas de Inspección que se
consigna o adjunta en dicho Anexo.
16.2 En la primera visita de inspección se verifica
el área, medidas y linderos del predio, de acuerdo a la
información proporcionada por el Responsable de Obra.
Para las modalidades C y D, esta verificación se puede
considerar una visita adicional, de acuerdo al Cronograma
de Visitas de Inspección.
En todas las visitas de inspección se debe corroborar
que la Póliza CAR que incluye la Póliza de Responsabilidad
Civil esté vigente, así como que la ejecución de la obra
coincida con el proyecto aprobado.
16.3 Excepcionalmente, por acuerdo entre el
Responsable de Obra y el Inspector Municipal de Obra
puede(n) postergarse la(s) visita(s) de inspección
programada(s), la(s) misma(s) que se reprograma(n)
previo acuerdo de ambas partes, lo cual constará en el
informe de la siguiente visita de inspección.
En caso de no reportar la postergación de la visita
de inspección por parte del Responsable de Obra, se
reprograma la misma considerando el costo adicional por
dicha visita.
16.4 Cuando se verifique que la obra contraviene el
proyecto presentado y/o autorizado, así como la ejecución
de procesos constructivos que impliquen un alto riesgo, el
Inspector Municipal de Obra debe sustentar técnicamente
las observaciones que formule en el informe, a fin que la
Municipalidad adopte alguna de las medidas provisionales
de inmediata ejecución dispuestas en el numeral 6 del
artículo 10 de la Ley, la cual se consigna en el Informe de
Visita de Inspección.
Artículo 17.- Costo de la Verificación Técnica y
procedimiento de pago
17.1 El costo que irroga la Verificación Técnica es
determinado, en cada caso, según el número de visitas
de inspección programadas en el Cronograma de Visitas
de Inspección y de la categoría del Inspector Municipal
de Obra, considerando el monto máximo que puede
cobrarse por cada visita de inspección establecido por el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en
cumplimiento de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del
17.2 Cuando el Inspector Municipal de Obra tiene
relación laboral con la Municipalidad, el pago por la
Verificación Técnica es abonado en la Municipalidad
respectiva.
Cuando el Inspector Municipal de Obra no tiene
relación laboral con la Municipalidad, el pago por la
Verificación Técnica se efectúa en el CAP o CIP, según
corresponda.
17.3 Cuando el Supervisor de Obra privado asume las
funciones del Inspector Municipal de Obra, el costo de la
Verificación Técnica está comprendido en los honorarios
que haya pactado con el administrado.
Artículo 18.- Informe de Visita de Inspección
18.1 El Informe de Visita de Inspección que emita el
Inspector Municipal de Obra, contiene como mínimo la
siguiente información:
a) El tipo de Obra.
b) El número de expediente de la licencia y número de
resolución de licencia.
c) La ubicación exacta del predio materia de
verificación.
d) El estado de avance de obra.
e) El nombre del Inspector Municipal de Obra y del
f) La obra se ejecuta en correspondencia al proyecto
aprobado.
g) Las observaciones.
h) El registro fotográfico con fecha y descripción
técnica.
18.2 En un plazo máximo de dos (02) días hábiles
siguientes a la visita de inspección, el Inspector Municipal
de Obra entrega a la Municipalidad el Informe de Visita
de Inspección; y, copia del mismo, debe ser presentado
además al colegio profesional respectivo, cuando el
mencionado inspector no tenga relación laboral con la
Municipalidad.
La copia del Informe de Visita de Inspección respectivo
puede ser solicitado a la Municipalidad por cualquier
persona natural o jurídica.
18.3 La Municipalidad, notifica al administrado las
observaciones que se hayan formulado en el Informe de
Visita de Inspección y que deben ser rectificadas en obra,
dentro de un plazo de dos (02) días hábiles de recibido el
citado informe.
18.4 La subsanación de las observaciones señaladas
en el numeral precedente es verificada por el Inspector
Municipal de Obra en la siguiente visita de inspección.
De no ser subsanadas, el Inspector Municipal de
Obra consigna este hecho en el Informe de Visita de
Inspección.
18.5 ElInformedeVisitadeInspeccióncorrespondiente
a la última visita contiene, de corresponder, un resumen de
las observaciones formuladas y no subsanadas durante
todo el proceso de Verificación Técnica, las cuales tienen
que subsanarse en el procedimiento de Conformidad de
Obra y Declaratoria de Edificación.
18.6 En caso no se formulen observaciones en
la última visita de inspección, o las observaciones
formuladas en anteriores visitas hayan sido
subsanadas, el Inspector Municipal de Obra declara
que la obra ha concluido satisfactoriamente y se
archiva el expediente.
CAPÍTULO V
INFRACCIONES
Artículo 19.- Infracciones
El arquitecto o ingeniero que ejerza como Inspector
Municipal de Obra, puede ser sancionado por el CAP o el
CIP, según corresponda, en caso cometa las siguientes
infracciones:
a) No efectuar la visita de acuerdo al Cronograma de
Visitas de Inspección.
b) No remitir el Informe de Visita de Inspección.
c) Efectuar alguna acción prevista en el numeral 7.4
del artículo 7 del Reglamento.
d) Las demás que establezca el CAP o el CIP.
1478084-1
FE DE ERRATAS
DECRETO SUPREMO
Mediante Oficio Nº 093-2017-DP/SCM, la Secretaría
del Consejo de Ministros solicita se publique Fe de Erratas
del Decreto Supremo Nº 001-2017-VIVIENDA, publicado
en la edición del día 13 de enero de 2017.

DECRETO LEGISLATIVO N° 1452, QUE MODIFICA
LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO
Septiembre de 2018.

POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al
1692078-26
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1452
POR CUANTO:
Que, el Congreso de la República, mediante
Ley N° 30823, ha delegado en el Poder Ejecutivo la
facultad de legislar en materia de gestión económica
y competitividad, de integridad y lucha contra la
corrupción, de prevención y protección de personas
en situación de violencia y vulnerabilidad y de
modernización de la gestión del Estado, por un plazo
de sesenta (60) días calendario;
Que, en ese sentido, el literal c.1) del inciso 5, recogido
en el artículo 2 del citado dispositivo legal, establece
la facultad de legislar en materia de modernización del
Estado, con el fin de simplificar trámites administrativos,
mediante la modificación de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General;
Que, de conformidad con lo establecido el literal c) del
inciso 5, del artículo 2 de la Ley Nº 30823 y el artículo 104
de Constitución Política del Perú;
DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA
LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO
Artículo 1. Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto
modificar la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
Artículo 2. Modificación de los numerales 20.1
y 20.4 del artículo 20, los numerales 34.1 y 34.2 del
artículo 34, el artículo 36, el artículo 36-A, el artículo
36-B, los numerales 37.1, 37.2 y 37.4 del artículo 37,
los numerales 38.1, 38.3, 38.5, 38.7 y 38.8 del artículo
38, numeral 44.2 del artículo 44, el numeral 45.1 del
artículo 45, el numeral 48.2 del artículo 48, el numeral
49.1 del artículo 49, el artículo 49-A, los numerales
202.3 y 202.5 del artículo 202, el numeral 2 del artículo
233-A, el artículo 237-A de la Ley Nº 27444, Ley del
Modifíquense los numerales 20.1 y 20.4 del artículo
20, los numerales 34.1 y 34.2 del artículo 34, el artículo
36, el artículo 36-A, el artículo 36-B, los numerales 37.1,
37.2 y 37.4 del artículo 37, los numerales 38.1, 38.3, 38.5,
38.7 y 38.8 del artículo 38, el numeral 44.2 del artículo 44,
el numeral 45.1 del artículo 45, el numeral 48.2 del artículo
48, el numeral 49.1 del artículo 49, el artículo 49-A, los
numerales 202.3 y 202.5 del artículo 202, el numeral 2 del
artículo 233-A, el artículo 237-A de la Ley Nº 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General.
“Artículo 20. Modalidades de notificación
20.1 Las notificaciones son efectuadas a través de las
siguientes modalidades, según este respectivo orden de
prelación:
(…)
20.1.3 Por publicación en el Diario Oficial o en uno de
los diarios de mayor circulación en el territorio nacional,
salvo disposición distinta de la ley. Adicionalmente, la
autoridad competente dispone la publicación del acto
en el respectivo Portal Institucional, en caso la entidad
cuente con este mecanismo.
(…)
20.4. El administrado interesado o afectado por el acto
que hubiera consignado en su escrito alguna dirección
electrónica que conste en el expediente puede ser
notificado a través de ese medio siempre que haya dado
su autorización expresa para ello. Para este caso no es de
aplicación el orden de prelación dispuesto en el numeral
20.1.
La notificación dirigida a la dirección de correo
electrónico señalada por el administrado se entiende
válidamente efectuada cuando la entidad reciba la
respuesta de recepción de la dirección electrónica
señalada por el administrado o esta sea generada en
forma automática por una plataforma tecnológica o
sistema informático que garantice que la notificación ha
sido efectuada. La notificación surte efectos el día que
conste haber sido recibida, conforme lo previsto en el
numeral 2 del artículo 25.
En caso de no recibirse respuesta automática de
recepción en un plazo máximo de dos (2) días hábiles
contados desde el día siguiente de efectuado el acto de
notificación vía correo electrónico, se procede a notificar
por cédula conforme al inciso 20.1.1, volviéndose a
computar el plazo establecido en el numeral 1 del artículo
24 de la presente ley.
Para la notificación por correo electrónico, la autoridad
administrativa, si lo considera pertinente, puede emplear
firmas y certificados digitales conforme a lo estipulado en
la ley de la materia.
La entidad que cuente con disponibilidad tecnológica
puede asignar al administrado una casilla electrónica
gestionada por esta, para la notificación de actos
administrativos, así como actuaciones emitidas en el
marco de cualquier actividad administrativa, siempre que
cuente con el consentimiento expreso del administrado.
Mediante decreto supremo del sector, previa opinión
favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros
y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, puede
aprobar la obligatoriedad de la notificación vía casilla
electrónica.
En ese caso, la notificación se entiende válidamente
efectuada cuando la entidad la deposite en el buzón
electrónico asignado al administrado, surtiendo efectos el
día que conste haber sido recibida, conforme a lo previsto
en el numeral 2 del artículo 25.
Asimismo, se establece la implementación de la
casilla única electrónica para las comunicaciones y
notificaciones de las entidades del Estado dirigidas a los
administrados. Mediante Decreto Supremo refrendado
por la Presidencia del Consejo de Ministros se aprueban
los criterios, condiciones, mecanismos y plazos para la
implementación gradual en las entidades públicas de la
casilla única electrónica.”
“Artículo 34. Procedimientos de evaluación previa
con silencio negativo
34.1 Excepcionalmente, el silencio negativo es
aplicable en aquellos casos en los que la petición del
administrado puede afectar significativamente el interés
público e incida en los siguientes bienes jurídicos: la salud,
el medio ambiente, los recursos naturales, la seguridad
ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado
de valores, la defensa comercial, la defensa nacional y
el patrimonio cultural de la nación, así como en aquellos
procedimientos de promoción de inversión privada,
procedimientos trilaterales, procedimientos de inscripción
registral y en los que generen obligación de dar o hacer
del Estado y autorizaciones para operar casinos de juego
y máquinas tragamonedas.
La calificación excepcional del silencio negativo
se produce en la norma de creación o modificación del
procedimiento administrativo, debiendo sustentar técnica
y legalmente su calificación en la exposición de motivos,
en la que debe precisarse la afectación en el interés
público y la incidencia en alguno de los bienes jurídicos
previstos en el párrafo anterior.

Por Decreto Supremo, refrendado por el Presidente
del Consejo de Ministros, se puede ampliar las materias en
las que, por afectar significativamente el interés público,
corresponde la aplicación de silencio administrativo
negativo.
34.2 Asimismo, es de aplicación para aquellos
procedimientos por los cuales se transfiera facultades de
la administración pública.
(…)
“Artículo 36.- Legalidad del procedimiento
36.1 Los procedimientos administrativos y requisitos
deben establecerse en una disposición sustantiva
aprobada mediante decreto supremo o norma de mayor
jerarquía, por Ordenanza Regional, por Ordenanza
Municipal, por Resolución del titular de los organismos
constitucionalmente autónomos.
En el caso de los organismos reguladores estos
podrán establecer procedimientos y requisitos en ejercicio
de su función normativa.
Los organismos técnicos especializados del
Poder Ejecutivo pueden establecer procedimientos
administrativos y requisitos mediante resolución del
órgano de dirección o del titular de la entidad, según
corresponda, para lo cual deben estar habilitados por
ley o decreto legislativo a normar el otorgamiento o
reconocimiento de derechos de los particulares, el ingreso
a mercados o el desarrollo de actividades económicas. El
establecimiento de los procedimientos y requisitos debe
cumplir lo dispuesto en el presente numeral y encontrarse
en el marco de lo dispuesto en las políticas, planes y
lineamientos del sector correspondiente.
36.2 Las entidades realizan el Análisis de Calidad
Regulatoria de los procedimientos administrativos a su
cargo o sus propuestas, teniendo en cuenta el alcance
establecido en la normativa vigente sobre la materia.
36.3 Los procedimientos administrativos deben ser
compendiados y sistematizados en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos, aprobados para cada
entidad, en el cual no se pueden crear procedimientos
ni establecer nuevos requisitos, salvo lo relativo a la
determinación de los derechos de tramitación que sean
aplicables de acuerdo a la normatividad vigente.
36.4 Las entidades solamente exigen a los
administrados el cumplimiento de procedimientos, la
presentación de documentos, el suministro de información
o el pago por derechos de tramitación, siempre que
cumplan con los requisitos previstos en el numeral
anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que
procede de modo diferente, realizando exigencias a los
administrados fuera de estos casos.
36.5 Las disposiciones concernientes a la eliminación
de procedimientos o requisitos o a la simplificación de los
mismos pueden aprobarse por Resolución Ministerial,
por Resolución de Consejo Directivo de los Organismos
Reguladores, Resolución del órgano de dirección o
del titular de los organismos técnicos especializados,
según corresponda, Resolución del titular de los
organismos constitucionalmente autónomos, Decreto
Regional o Decreto de Alcaldía, según se trate de
entidades dependientes del Poder Ejecutivo, Organismos
Constitucionalmente Autónomos, Gobiernos Regionales o
Locales, respectivamente.
36.6 Los procedimientos administrativos, incluyendo
sus requisitos, a cargo de las personas jurídicas bajo
el régimen privado que prestan servicios públicos o
ejercen función administrativa deben ser debidamente
publicitados, para conocimiento de los administrados.”
“Artículo 36.-A. Procedimientos Administrativos
estandarizados obligatorios.
36-A.1 Mediante decreto supremo refrendado por
la Presidencia del Consejo de Ministros se aprueban
procedimientos administrativos y servicios prestados en
exclusividad estandarizados de obligatoria aplicación
por las entidades competentes para tramitarlos, las
que no están facultadas para modificarlos o alterarlos.
Las entidades están obligadas a incorporar dichos
procedimientos y servicios estandarizados en su
respectivo Texto Único de Procedimientos Administrativos
sin necesidad de aprobación por parte de otra entidad.
Las entidades solo podrán determinar: la unidad de
trámite documentario o la que haga sus veces para dar
inicio al procedimiento administrativo o servicio prestado
en exclusividad, la autoridad competente para resolver
el procedimiento administrativo y la unidad orgánica a la
que pertenece, y la autoridad competente que resuelve
los recursos administrativos, en lo que resulte pertinente.
(…)
“Artículo 36-B. Vigencia indeterminada de los
títulos habilitantes
Los títulos habilitantes emitidos tienen vigencia
indeterminada, salvo que por ley o decreto legislativo se
establezca un plazo determinado de vigencia. Cuando
la autoridad compruebe el cambio de las condiciones
indispensables para su obtención, previa fiscalización,
podrá dejar sin efecto el título habilitante.
Excepcionalmente, por decreto supremo, se establece
la vigencia determinada de los títulos habilitantes, para
lo cual la entidad debe sustentar la necesidad, el interés
público a tutelar y otros criterios que se definan de acuerdo
a la normativa de calidad regulatoria.
“Artículo 37. Contenido del Texto Único de
Procedimientos Administrativos
37.1 Todas las entidades elaboran y aprueban o
gestionan la aprobación, según el caso, de su Texto Único
de Procedimientos Administrativos, el cual comprende:
(…)
8. Los formularios que sean empleados durante la
tramitación del respectivo procedimiento administrativo,
no debiendo emplearse para la exigencia de requisitos
adicionales.
La información complementaria como sedes de
atención, horarios, medios de pago, datos de contacto,
notas al ciudadano; su actualización es responsabilidad
de la máxima autoridad administrativa de la entidad que
gestiona el TUPA, sin seguir las formalidades previstas en
los numerales 38.1 o 38.5 de la presente ley.
La Presidencia del Consejo de Ministros, mediante
Resolución de la Secretaría de Gestión Pública,
aprueba el Formato del Texto Único de Procedimientos
Administrativos aplicable para las entidades previstas en
los numerales 1 al 7 del artículo I del Título Preliminar de
la presente ley.
37.2 El TUPA también incluye la relación de los
servicios prestados en exclusividad, entendidos como
las prestaciones que las entidades se encuentran
facultadas a brindar en forma exclusiva en el marco de su
competencia, no pudiendo ser realizadas por otra entidad
o terceros. Son incluidos en el TUPA, resultando aplicable
lo previsto en los numerales 2, 5, 6, 7 y 8 del numeral
anterior, en lo que fuera aplicable.
(…)
37.4 Para aquellos servicios que no sean prestados
en exclusividad, las entidades, a través de Resolución
del Titular de la entidad establecen la denominación,
la descripción clara y taxativa de los requisitos y sus
respectivos costos, los cuales deben ser debidamente
difundidos para que sean de público conocimiento,
respetando lo establecido en el Artículo 60 de la
Constitución Política del Perú y las normas sobre
represión de la competencia desleal”.
“Artículo 38.- Aprobación y difusión del Texto
Único de Procedimientos Administrativos
38.1 El Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA) es aprobado por Decreto Supremo del sector, por
Ordenanza Regional, por Ordenanza Municipal, o por
Resolución del Titular de organismo constitucionalmente
autónomo, según el nivel de gobierno respectivo.
(…)
38.3 El TUPA y la disposición legal de aprobación o
modificación se publica obligatoriamente en el portal del
diario oficial El Peruano. Adicionalmente se difunde a
través de la Plataforma Digital Única para Orientación al
Ciudadano del Estado Peruano y en el respectivo Portal
Institucional de la entidad. La publicación en los medios
previstos en el presente numeral se realiza de forma
gratuita.
(…)

38.5 Una vez aprobado el TUPA, toda modificación
que no implique la creación de nuevos procedimientos,
incremento de derechos de tramitación o requisitos, se
debe realizar por Resolución Ministerial del Sector, o por
resolución del titular del Organismo Autónomo conforme
a la Constitución Política del Perú, o por Resolución
de Consejo Directivo de los Organismos Reguladores,
Resolución del órgano de dirección o del titular de los
organismos técnicos especializados, según corresponda,
Decreto Regional o Decreto de Alcaldía, según el nivel de
gobierno respectivo. En caso contrario, su aprobación se
realiza conforme al mecanismo establecido en el numeral
38.1. En ambos casos se publicará la modificación según lo
dispuesto por los numerales 38.2 y 38.3 de la presente ley.
(…)
38.7 En los casos en que por Ley, Decreto Legislativo
y demás normas de alcance general, se establezcan o se
modifiquen los requisitos, plazo o silencio administrativo
aplicables a los procedimientos administrativos, las
entidades de la Administración Pública están obligadas
a realizar las modificaciones correspondientes en
sus respectivos Textos Únicos de Procedimientos
Administrativos en un plazo máximo de sesenta (60) días
hábiles, contados a partir de la entrada en vigencia de
la norma que establece o modifica los requisitos, plazo
o silencio administrativo aplicables a los procedimientos
administrativos. Si vencido dicho plazo, la entidad no
ha actualizado el TUPA incorporando el procedimiento
establecido o modificado en la normatividad vigente,
no puede dejar de emitir pronunciamiento respecto al
procedimiento o prestar el servicio que se encuentre
vigente de acuerdo al marco legal correspondiente, bajo
responsabilidad.
38.8 Incurre en responsabilidad administrativa el
funcionario que:
(…)
Asimismo, incurre en responsabilidad administrativa
el Alcalde y el gerente municipal, o quienes hagan sus
veces, cuando transcurrido el plazo de cuarenta y
cinco (45) días hábiles luego de recibida la solicitud de
ratificación de la municipalidad distrital, no haya cumplido
con atender la solicitud de ratificación de las tasas por
derechos de tramitación a las que se refiere el artículo 40
de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, salvo
las tasas por arbitrios en cuyo caso el plazo es de sesenta
(…)
“Artículo 44. Derecho de tramitación
(…)
44.2 Son condiciones para la procedencia de este
cobro que los derechos de tramitación hayan sido
determinados conforme a la metodología vigente, y
que estén consignados en su vigente Texto Único de
Procedimientos Administrativos. Para el caso de las
entidades del Poder Ejecutivo se debe contar, además,
con el refrendo del Ministerio de Economía y Finanzas.
(…)”
“Artículo 45.- Límite de los derechos de tramitación
45.1 El monto del derecho de tramitación es
determinado en función al importe del costo que su
ejecución genera para la entidad por el servicio prestado
durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real
de producción de documentos que expida la entidad. Su
monto es sustentado por el servidor a cargo de la oficina
de administración de cada entidad.
Para que el costo sea superior a una (1) UIT, se
requiere autorización del Ministerio de Economía y
Finanzas conforme a los lineamientos para la elaboración
y aprobación del Texto Único de Procedimientos
Administrativos aprobados por Resolución de Secretaria
de Gestión Pública. Dicha autorización no es aplicable
en los casos en que la Presidencia del Consejo de
Ministros haya aprobado derechos de tramitación para los
procedimientos estandarizados.
(…)”
“Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del
presente capítulo
(…)
48.2 La Presidencia del Consejo de Ministros tiene las
siguientes competencias:
1. Dictar Directivas, metodologías y lineamientos
técnico normativos en las materias de su competencia,
incluyendo aquellas referidas a la creación de
exclusividad.
2. Emitir opinión vinculante sobre el alcance
e interpretación de las normas de simplificación
administrativa incluyendo la presente Ley. En el caso de
los Texto Único de Procedimientos Administrativos de los
Ministerios y Organismos Públicos, emitir opinión previa
favorable a su aprobación.
3.Asesorar a las entidades en materia de simplificación
administrativa y evaluar de manera permanente los
procesos de simplificación administrativa al interior de las
entidades, para lo cual podrá solicitar toda la información
que requiera de éstas.
4. Supervisar y velar el cumplimiento de las normas de
la presente Ley, salvo lo relativo a la determinación de los
derechos de tramitación.
5. Supervisar que las entidades cumplan con aprobar
sus Texto Único de Procedimientos Administrativos
conforme a la normativa aplicable.
6. Realizar las gestiones del caso conducentes a
hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios por
el incumplimiento de las normas del presente Capítulo,
para lo cual cuenta con legitimidad para accionar ante las
diversas entidades de la administración pública.
7. Establecer los mecanismos para la recepción
de quejas y otros mecanismos de participación de la
ciudadanía. Cuando dichas quejas se refieran a asuntos
de la competencia de la Comisión de Eliminación de
Barreras Burocráticas, se inhibirá de conocerlas y las
remitirá directamente a ésta.
8. Detectar los incumplimientos a las normas de la
presente Ley y ordenar las modificaciones normativas
pertinentes, otorgando a las entidades un plazo perentorio
para la subsanación.
9. En caso de no producirse la subsanación, la
Presidencia del Consejo de Ministros entrega un informe
a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del
INDECOPI, a fin de que inicie de oficio un procedimiento
de eliminación de barreras burocráticas, sin perjuicio de la
aplicación de lo previsto en el artículo 239.
Asimismo, la Comisión de Eliminación de Barreras
Burocráticas del INDECOPI tiene la competencia de
fiscalizar:
a. Que las entidades cumplan con aplicar los
procedimientos estandarizados e incorporarlos en sus
Textos Únicos de Procedimientos Administrativos.
b. Que las entidades cumplan con las normas de
simplificación administrativa en la tramitación de sus
exclusividad.
10. Solicitar a la Secretaría Técnica de la Comisión
de Barreras Burocráticas el inicio de un procedimiento de
oficio en materia de eliminación de barreras burocráticas
contenidas en disposiciones administrativas que regulen
el ejercicio de actividades económicas significativas para
el desarrollo del país.
11. Otras previstas en la presente Ley y las que
señalen los dispositivos legales correspondientes.”
“Artículo 49.- Régimen de entidades sin Texto
Único de Procedimientos Administrativos vigente
49.1 Cuando la entidad no cumpla con publicar su
Texto Único de Procedimientos Administrativos, o lo
publique omitiendo procedimientos, los administrados,
sin perjuicio de hacer efectiva la responsabilidad de la
autoridad infractora, quedan sujetos al siguiente régimen:
1. Respecto de los procedimientos administrativos que
corresponde ser aprobados automáticamente o que se
encuentran sujetos a silencio administrativo positivo, los
administrados quedan liberados de la exigencia de iniciar
ese procedimiento para obtener la autorización previa,
para realizar su actividad profesional, social, económica o
laboral, sin ser pasibles de sanciones por el libre desarrollo

de tales actividades. La suspensión de esta prerrogativa
de la autoridad concluye a partir del día siguiente de la
publicación del TUPA, sin efecto retroactivo.
Los procedimientos administrativos sujetos a silencio
administrativo negativo siguen el régimen previsto en
la norma de creación o modificación del respectivo
procedimiento administrativo.
(…)”
“Artículo 49-A.- Tercerización de actividades
Todas las actividades vinculadas a las funciones
de fiscalización, los procedimientos administrativos y
servicios prestados en exclusividad distintas a la emisión
de los actos administrativos o cualquier resolución
pueden tercerizarse salvo disposición distinta de la ley.
Mediante Decreto Supremo refrendado por la Presidencia
del Consejo de Ministros se establecen las disposiciones
necesarias para la aplicación de esta modalidad.
“Artículo 202.- Nulidad de oficio
(…)
202.3. La facultad para declarar la nulidad de oficio
de los actos administrativos prescribe en el plazo de
dos (2) años, contado a partir de la fecha en que hayan
quedado consentidos, o contado a partir de la notificación
a la autoridad administrativa de la sentencia penal
condenatoria firme, en lo referido a la nulidad de los actos
previstos en el numeral 4 del artículo 10.
(…)
202.5. Los actos administrativos emitidos por consejos
otribunalesregidosporleyesespeciales,competentespara
resolver controversias en última instancia administrativa,
sólo pueden ser objeto de declaración de nulidad de oficio
en sede administrativa por el propio consejo o tribunal con
el acuerdo unánime de sus miembros. Esta atribución sólo
puede ejercerse dentro del plazo de dos (2) años contados
desde la fecha en que el acto haya quedado consentido.
También procede que el titular de la Entidad demande su
nulidad en la vía de proceso contencioso administrativo,
siempre que la demanda se interponga dentro de los tres
años siguientes de notificada la resolución emitida por el
consejo o tribunal”.
“Artículo 233-A. Prescripción de la exigibilidad de
las multas impuestas
(…)
2. El cómputo del plazo de prescripción se suspende
en los siguientes supuestos:
a) Con la iniciación del procedimiento de ejecución
forzosa, conforme a los mecanismos contemplados en
el artículo 196, según corresponda. Dicho cómputo debe
reanudarse inmediatamente en caso que se configure
alguno de los supuestos de suspensión del procedimiento
de ejecución forzosa que contemple el ordenamiento
vigente y/o se produzca cualquier causal que determine
la paralización del procedimiento por más de veinticinco
b) Con la presentación de la demanda de revisión
judicial del procedimiento de ejecución forzosa o cualquier
otra disposición judicial que suspenda la ejecución forzosa,
conforme al ordenamiento vigente. La suspensión del
cómputo opera hasta la notificación de la resolución que
declara concluido el proceso con calidad de cosa juzgada
en forma desfavorable al administrado.
(…)
“Artículo 237-A. Caducidad administrativa del
procedimiento sancionador
1. El plazo para resolver los procedimientos
sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses
contado desde la fecha de notificación de la imputación
de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera
excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo
el órgano competente emitir una resolución debidamente
sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a
su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al
procedimiento recursivo.
Cuando conforme a ley las entidades cuenten con
un plazo mayor para resolver la caducidad operará al
vencimiento de este.
2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin
que se notifique la resolución respectiva, se entiende
automáticamente caducado administrativamente el
procedimiento y se procederá a su archivo.
3. La caducidad administrativa es declarada de oficio
por el órgano competente. El administrado se encuentra
facultado para solicitar la caducidad administrativa del
procedimiento en caso el órgano competente no la haya
declarado de oficio.
4. En el supuesto que la infracción no hubiera prescrito,
el órgano competente evaluará el inicio de un nuevo
procedimiento sancionador. El procedimiento caducado
administrativamente no interrumpe la prescripción.
5. La declaración de la caducidad administrativa no deja
sin efecto las actuaciones de fiscalización, así como los
medios probatorios que no puedan o no resulte necesario
ser actuados nuevamente. Asimismo, las medidas
preventivas, correctivas y cautelares dictadas se mantienen
vigentes durante el plazo de tres (3) meses adicionales
en tanto se disponga el inicio del nuevo procedimiento
sancionador, luego de lo cual caducan, pudiéndose
disponer nuevas medidas de la misma naturaleza en caso
se inicie el procedimiento sancionador.”
Artículo 3. Incorporación del numeral 23.3 al
artículo 23, el artículo 29-B, el artículo 39-A y el
numeral 125.6 al artículo 125 de la Ley Nº 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General
Incorpórense el numeral 23.3 al artículo 23, el artículo
29-B, el artículo 39-A y el numeral 125.6 al artículo 125
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, en los términos siguientes
“Artículo 23.- Régimen de publicación de actos
administrativos
(…)
23.3. Excepcionalmente, se puede realizar la
publicación de un acto siempre que contenga los
elementos de identificación del acto administrativo y la
sumilla de la parte resolutiva y que se direccione al Portal
Institucional de la autoridad donde se publica el acto
administrativo en forma íntegra, surtiendo efectos en un
plazo de 5 días contados desde la publicación. Asimismo,
la administración pública, en caso sea solicitada por
el administrado destinatario del acto, está obligada a
entregar copia de dicho acto administrativo. La primera
copia del acto administrativo es gratuita y debe ser
emitida y entregada en el mismo día que es solicitada,
y por razones excepcionales debidamente justificadas,
en el siguiente día hábil. Mediante Decreto Supremo del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se establecen
los lineamentos para la publicación de este tipo de actos”.
“Artículo 29-B.- Expediente Electrónico
29-B.1 El expediente electrónico está constituido
por el conjunto de documentos electrónicos generados
a partir de la iniciación del procedimiento administrativo
o servicio prestado en exclusividad en una determinada
entidad de la Administración Pública.
29-B.2 El expediente electrónico debe tener un
número de identificación único e inalterable que permita su
identificación unívoca dentro de la entidad que lo origine.
Dicho número permite, a su vez, su identificación para
efectos de un intercambio de información entre entidades
o por partes interesadas, así como para la obtención de
copias del mismo en caso corresponda.
29-B.3 Cada documento electrónico incorporado
en el expediente electrónico debe ser numerado
correlativamente, de modo que se origine un índice digital
el cual es firmado electrónicamente conforme a ley por el
personal responsable de la entidad de la Administración
Pública a fin de garantizar la integridad y su recuperación
siempre que sea preciso.”
“Artículo 39-A.- Enfoque intercultural
Las autoridades administrativas deben actuar
aplicando un enfoque intercultural, coadyuvando a la
generación de un servicio con pertinencia cultural, lo
que implica la adaptación de los procesos que sean
necesarios en función a las características geográficas,
ambientales, socioeconómicas, lingüísticas y culturales
de los administrados a quienes se destina dicho servicio.”

“Artículo 125.- Observaciones a documentación
presentada
(…)
125.6 En caso de procedimientos administrativos
que se inicien a través de medio electrónico, que no
acompañen los recaudos correspondientes o adolezcan
de otro defecto u omisión formal previstos en el TUPA
que no puedan ser subsanados de oficio, la autoridad
competente requiere la subsanación por el mismo medio,
en un solo acto y por única vez en el plazo máximo de dos
(2) días hábiles.
Corresponde al administrado presentar la información
para subsanar el defecto u omisión en un plazo máximo
de dos (2) días hábiles siguientes de efectuado el
requerimiento de la autoridad competente. Mientras esté
pendiente dicha subsanación son aplicables las reglas
establecidas en los numerales 125.3.1 y 125.3.2. De
no subsanarse oportunamente lo requerido resulta de
aplicación lo dispuesto en el numeral 125.4.”
Artículo 4. Refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por
Justicia y Derechos Humanos.
Primera.- Aprobación de Textos Únicos Ordenados
Las entidades del Poder Ejecutivo se encuentran
facultadas a compilar en el respectivo Texto Único
Ordenado las modificaciones efectuadas a disposiciones
legales o reglamentarias de alcance general
correspondientes al sector al que pertenecen con la
finalidad de compilar toda la normativa en un solo texto.
Su aprobación se produce mediante decreto supremo
del sector correspondiente, debiendo contar con la opinión
previa favorable del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
Segunda.- Elaboración de Guía para la elaboración
de proyectos de normas reglamentarias
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en
un plazo no mayor a 120 (ciento veinte) días hábiles
de publicado el presente Decreto Legislativo, emite
una Guía para la elaboración de proyectos de normas
reglamentarias, de obligatorio cumplimiento para todas
las entidades de la Administración Pública.
Tercera.- Adecuación del Texto Único Ordenado de
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en un
plazo no mayor a 60 (sesenta) días hábiles de publicado el
presente Decreto Legislativo, incorpora las modificaciones
contenidas en la presente norma al Texto Único Ordenado
de la Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.
Cuarta.- Fundamentación del silencio
administrativo negativo
La obligación de fundamentar en una disposición
sustantiva la calificación del silencio administrativo
negativo en un procedimiento administrativo prevista en el
numeral 34.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, resulta aplicable para las
regulaciones que se aprueben a partir de la entrada en
vigencia del presente Decreto Legislativo.
Quinta. - Proceso de transito
Al 31 de diciembre del 2018 culmina la transferencia
de la Presidencia del Consejo de Ministros a la entidad
competente, del acervo documentario e instrumentos
relacionados a la Metodología para la determinación
de los derechos de tramitación de los procedimientos
administrativos y servicios prestados en exclusividad.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
TRANSITORIA
Única.- Casillas electrónicas o sistemas informáticos
existentes o en proceso de implementación
Lodispuestoparalanotificaciónencasillaselectrónicas
o sistemas informáticos existentes o en proceso de
implementación a la fecha de entrada en vigencia del
presente decreto legislativo continúan operando, y
en lo que resulte compatible a su funcionamiento, se
adecuan a lo dispuesto por el Decreto Supremo de la
Presidencia del Consejo de Ministros que apruebe los
criterios, condiciones, mecanismos y plazos para la
implementación gradual en las entidades públicas de la
casilla única electrónica.
Asimismo, lo previsto en el quinto párrafo del
numeral 20.4 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, no resulta aplicable para las
casillas electrónicas cuya obligatoriedad fue establecida
con anterioridad al presente decreto legislativo.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
MODIFICATORIA
Única.- Modifíquese la Primera Disposición
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1272,
Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley
Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo en los términos
siguientes:
“Primera.- Las ordenanzas expedidas por las
Municipalidades Distritales que aprueban el monto de los
derechos de tramitación de los procedimientos contenidos
en su Texto Único de Procedimientos Administrativos
que deben ser materia de ratificación por parte de las
Municipalidades Provinciales de su circunscripción según
lo establecido en el artículo 40 de la Ley Nº 27972- Ley
Orgánica de Municipalidades, deben ser ratificadas en un
plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, salvo
las tasas por arbitrios en cuyo caso el plazo es de sesenta
(…)”
DEROGATORIAS
Única.- Derogación de la Tercera Disposición
Complementaria Final de la Ley Nº 27444
A partir de la vigencia de la presente Ley, quedan
derogada expresamente la Tercera Disposición
Complementaria Final de la Ley Nº 27444, Ley del
POR TANTO:
Mando que se publique y cumpla, dando cuenta al
VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
1692078-27
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1453
POR CUANTO
Que, mediante la Ley N° 30823 se ha delegado en
el Poder Ejecutivo la Facultad de legislar en materia de
gestión económica y competitividad, de integridad y
lucha contra la corrupción, de prevención y protección de
personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de
modernización de la gestión del Estado, por el término de
sesenta (60) días calendario;
Que, en este sentido, el literal a) del inciso 3 del
artículo 2 del citado dispositivo legal, establece la

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444 -
LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
GENERAL
Texto normativo aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS de fecha
20 de marzo de 2017.
ANTECEDENTES:
 Decreto Legislativo N° 1272
Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo

10 NORMAS LEGALES Lunes 20 de marzo de 2017 / El Peruano
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Decreto Supremo que aprueba el Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27444 -
Ley del Procedimiento Administrativo
General
DECRETO SUPREMO
Nº 006-2017-jus
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, se establecen las normas
comunes para las actuaciones de la función administrativa
del Estado y, regula todos los procedimientos
administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo
los procedimientos especiales;
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1272, “Decreto
Legislativo que modifica la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley
N° 29060, Ley del Silencio Administrativo” se modifica
e incorpora algunos artículos al dispositivo legal antes
citado;
Que, dado los cambios normativos introducidos,
la Sexta Disposición Complementaria Transitoria del
Decreto Legislativo N° 1272, dispuso que se apruebe
mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, el Texto único Ordenado
de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo
General, en un plazo máximo de sesenta (60) días hábiles
contados a partir de la entrada en vigencia del Decreto
Legislativo N° 1272;
De conformidad con lo dispuesto por el inciso 8) del
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, en la
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y en el
Decreto Legislativo Nº 1272;
DECRETA:
Artículo 1.- Aprobación del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Apruébese el Texto Único Ordenado de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
que consta de cinco (5) títulos, veinte capítulos (20),
doscientos setenta y uno (271) artículos, seis (6)
Disposiciones Complementarias Finales, doce (12)
Disposiciones Complementarias Transitorias; y, tres (3)
Disposiciones Complementarias Derogatorias.
Artículo 2.- Publicación.
Disponer la publicación del presente Decreto
Supremo en el Diario Oficial El Peruano y su Anexo en el
Portal Institucional del Estado peruano (www.peru.gob.
pe) y en el Portal Institucional del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos (www.minjus.gob.pe), el mismo día
de la publicación de la presente norma.
Artículo 3.- Refrendo.
El presente Decreto Supremo es refrendado por la
Ministra de Justicia y Derechos Humanos.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los
diecisiete días del mes de marzo del año dos mil
diecisiete.
MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos
TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL
(Sistematiza la Ley N° 27444 y el
Decreto Legislativo N° 1272)
TÍTULO PRELIMINAR
TÍTULO I
Del régimen jurídico de los actos administrativos
CAPÍTULO I
De los actos administrativos
Artículo I. Ámbito de aplicación de la ley
La presente Ley será de aplicación para todas las
entidades de la Administración Pública.
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por
“entidad” o “entidades” de la Administración Pública:
1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y
Organismos Públicos;
2. El Poder Legislativo;
3. El Poder Judicial;
4. Los Gobiernos Regionales;
5. Los Gobiernos Locales;
6. Los Organismos a los que la Constitución Política
del Perú y las leyes confieren autonomía.
7. Las demás entidades, organismos, proyectos
especiales, y programas estatales, cuyas actividades se
realizan en virtud de potestades administrativas y, por
tanto se consideran sujetas a las normas comunes de
derecho público, salvo mandato expreso de ley que las
refiera a otro régimen; y,
8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que
prestan servicios públicos o ejercen función administrativa,
en virtud de concesión, delegación o autorización del
Estado, conforme a la normativa de la materia.
Los procedimientos que tramitan las personas
jurídicas mencionadas en el párrafo anterior se rigen por
lo dispuesto en la presente Ley, en lo que fuera aplicable
de acuerdo a su naturaleza privada.
(Texto modificado según el Artículo 2 del Decreto
Legislativo Nº 1272)
Artículo II.- Contenido
1. La presente Ley contiene normas comunes para las
actuacionesdelafunciónadministrativadelEstadoy,regula
todos los procedimientos administrativos desarrollados en
las entidades, incluyendo los procedimientos especiales.
2. Las leyes que crean y regulan los procedimientos
especiales no podrán imponer condiciones menos favorables
a los administrados que las previstas en la presente Ley.
3. Las autoridades administrativas, al reglamentar
los procedimientos especiales, cumplirán con seguir
los principios administrativos, así como los derechos y
deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en
la presente Ley.
Artículo III.- Finalidad
La presente Ley tiene por finalidad establecer el
régimen jurídico aplicable para que la actuación de
la Administración Pública sirva a la protección del
interés general, garantizando los derechos e intereses
de los administrados y con sujeción al ordenamiento
constitucional y jurídico en general.
(Texto según el Artículo III de la Ley N° 27444)
Artículo IV. Principios del procedimiento
administrativo
1. El procedimiento administrativo se sustenta
fundamentalmente en los siguientes principios, sin

11NORMAS LEGALESLunes 20 de marzo de 2017El Peruano /
perjuicio de la vigencia de otros principios generales del
Derecho Administrativo:
1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución,
la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén
atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les
fueron conferidas.
1.2. Principio del debido procedimiento.- Los
administrados gozan de los derechos y garantías
implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales
derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo
mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder
al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer
argumentos y a presentar alegatos complementarios;
a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la
palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión
motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad
competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las
decisiones que los afecten.
La institución del debido procedimiento administrativo
se rige por los principios del Derecho Administrativo. La
regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo
en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.
1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades
deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y
ordenar la realización o práctica de los actos que resulten
convenientes para el esclarecimiento y resolución de las
cuestiones necesarias.
1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de
la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones,
califiquen infracciones, impongan sanciones, o
establezcan restricciones a los administrados, deben
adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida
y manteniendo la debida proporción entre los medios
a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin
de que respondan a lo estrictamente necesario para la
satisfacción de su cometido.
1.5. Principio de imparcialidad.- Las autoridades
administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación
entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela
igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme
al ordenamiento jurídico y con atención al interés general.
1.6. Principio de informalismo.- Las normas de
procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable
a la admisión y decisión final de las pretensiones de los
administrados, de modo que sus derechos e intereses
no sean afectados por la exigencia de aspectos formales
que puedan ser subsanados dentro del procedimiento,
siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros
o el interés público.
1.7. Principio de presunción de veracidad.- En la
tramitación del procedimiento administrativo, se presume
que los documentos y declaraciones formulados por
los administrados en la forma prescrita por esta Ley,
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman.
Esta presunción admite prueba en contrario.
1.8. Principio de buena fe procedimental.- La
autoridad administrativa, los administrados, sus
representantes o abogados y, en general, todos los
partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos
actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la
colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no
puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos
de revisión de oficio contemplados en la presente Ley.
Ninguna regulación del procedimiento administrativo
puede interpretarse de modo tal que ampare alguna
conducta contra la buena fe procedimental.
1.9. Principio de celeridad.- Quienes participan
en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal
modo que se dote al trámite de la máxima dinámica
posible, evitando actuaciones procesales que dificulten
su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos,
a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin
que ello releve a las autoridades del respeto al debido
procedimiento o vulnere el ordenamiento.
1.10. Principio de eficacia.- Los sujetos del
procedimiento administrativo deben hacer prevalecer
el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental,
sobre aquellos formalismos cuya realización no incida
en su validez, no determinen aspectos importantes
en la decisión final, no disminuyan las garantías del
procedimiento, ni causen indefensión a los administrados.
En todos los supuestos de aplicación de este
principio, la finalidad del acto que se privilegie sobre las
formalidades no esenciales deberá ajustarse al marco
normativo aplicable y su validez será una garantía de la
finalidad pública que se busca satisfacer con la aplicación
de este principio.
1.11. Principio de verdad material.- En el
procedimiento, la autoridad administrativa competente
deberá verificar plenamente los hechos que sirven de
motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar
todas las medidas probatorias necesarias autorizadas
por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los
administrados o hayan acordado eximirse de ellas.
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad
administrativa estará facultada a verificar por todos los
medios disponibles la verdad de los hechos que le
son propuestos por las partes, sin que ello signifique
una sustitución del deber probatorio que corresponde
a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa
estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su
pronunciamiento pudiera involucrar también al interés
público.
1.12. Principio de participación.- Las entidades
deben brindar las condiciones necesarias a todos
los administrados para acceder a la información que
administren, sin expresión de causa, salvo aquellas que
afectan la intimidad personal, las vinculadas a la seguridad
nacional o las que expresamente sean excluidas por
ley; y extender las posibilidades de participación de los
administrados y de sus representantes, en aquellas
decisiones públicas que les puedan afectar, mediante
cualquier sistema que permita la difusión, el servicio de
acceso a la información y la presentación de opinión.
1.13. Principio de simplicidad.- Los trámites
establecidos por la autoridad administrativa deberán
ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad
innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser
racionales y proporcionales a los fines que se persigue
cumplir.
1.14. Principio de uniformidad.- La autoridad
administrativa deberá establecer requisitos similares para
trámites similares, garantizando que las excepciones a
los principios generales no serán convertidos en la regla
general. Toda diferenciación deberá basarse en criterios
objetivos debidamente sustentados.
1.15. Principio de predictibilidad o de confianza
legítima.- La autoridad administrativa brinda a los
administrados o sus representantes información veraz,
completa y confiable sobre cada procedimiento a su
cargo, de modo tal que, en todo momento, el administrado
pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos,
trámites, duración estimada y resultados posibles que se
podrían obtener.
Las actuaciones de la autoridad administrativa
son congruentes con las expectativas legítimas de los
administrados razonablemente generadas por la práctica
y los antecedentes administrativos, salvo que por las
razones que se expliciten, por escrito, decida apartarse
de ellos.
La autoridad administrativa se somete al ordenamiento
jurídico vigente y no puede actuar arbitrariamente. En
tal sentido, la autoridad administrativa no puede variar
irrazonable e inmotivadamente la interpretación de las
normas aplicables.
1.16. Principio de privilegio de controles
posteriores.- La tramitación de los procedimientos
administrativos se sustentará en la aplicación de la
fiscalización posterior; reservándose la autoridad
administrativa, el derecho de comprobar la veracidad
de la información presentada, el cumplimiento de la
normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes
en caso que la información presentada no sea veraz.
1.17. Principio del ejercicio legítimo del poder.- La
autoridad administrativa ejerce única y exclusivamente
las competencias atribuidas para la finalidad prevista
en las normas que le otorgan facultades o potestades,
evitándose especialmente el abuso del poder, bien
sea para objetivos distintos de los establecidos en las
disposiciones generales o en contra del interés general.

1.18. Principio de responsabilidad.- La autoridad
administrativa está obligada a responder por los daños
ocasionados contra los administrados como consecuencia
del mal funcionamiento de la actividad administrativa,
conforme lo establecido en la presente ley. Las entidades
y sus funcionarios o servidores asumen las consecuencias
de sus actuaciones de acuerdo con el ordenamiento
jurídico.
1.19. Principio de acceso permanente.- La
autoridad administrativa está obligada a facilitar
información a los administrados que son parte en un
procedimiento administrativo tramitado ante ellas, para
que en cualquier momento del referido procedimiento
puedan conocer su estado de tramitación y a acceder y
obtener copias de los documentos contenidos en dicho
procedimiento, sin perjuicio del derecho de acceso a
la información que se ejerce conforme a la ley de la
materia.
2. Los principios señalados servirán también de
criterio interpretativo para resolver las cuestiones que
puedan suscitarse en la aplicación de las reglas de
procedimiento, como parámetros para la generación
de otras disposiciones administrativas de carácter
general, y para suplir los vacíos en el ordenamiento
administrativo.
La relación de principios anteriormente enunciados no
tiene carácter taxativo.
Artículo V.- Fuentes del procedimiento
administrativo
1. El ordenamiento jurídico administrativo integra un
sistema orgánico que tiene autonomía respecto de otras
ramas del Derecho.
2. Son fuentes del procedimiento administrativo:
2.1. Las disposiciones constitucionales.
2.2. Los tratados y convenios internacionales
incorporados al Ordenamiento Jurídico Nacional.
2.3. Las leyes y disposiciones de jerarquía equivalente.
2.4. Los Decretos Supremos y demás normas
reglamentarias de otros poderes del Estado.
2.5. Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los
estatutos y reglamentos de las entidades, así como los
de alcance institucional o provenientes de los sistemas
administrativos.
2.6. Las demás normas subordinadas a los
reglamentos anteriores.
2.7. La jurisprudencia proveniente de las autoridades
jurisdiccionales que interpreten disposiciones
administrativas.
2.8. Las resoluciones emitidas por la Administración
a través de sus tribunales o consejos regidos por leyes
especiales, estableciendo criterios interpretativos de
alcance general y debidamente publicadas. Estas
decisiones generan precedente administrativo, agotan
la vía administrativa y no pueden ser anuladas en esa
sede.
2.9. Los pronunciamientos vinculantes de aquellas
entidades facultadas expresamente para absolver
consultassobrelainterpretacióndenormasadministrativas
que apliquen en su labor, debidamente difundidas.
2.10. Los principios generales del derecho
administrativo.
3. Las fuentes señaladas en los numerales 2.7, 2.8,
2.9 y 2.10 sirven para interpretar y delimitar el campo de
aplicación del ordenamiento positivo al cual se refieren.
(Texto según el Artículo V de la Ley N° 27444)
Artículo VI.- Precedentes administrativos
1. Los actos administrativos que al resolver casos
particulares interpreten de modo expreso y con carácter
general el sentido de la legislación, constituirán
precedentes administrativos de observancia obligatoria
por la entidad, mientras dicha interpretación no sea
modificada. Dichos actos serán publicados conforme a
las reglas establecidas en la presente norma.
2. Los criterios interpretativos establecidos por las
entidades, podrán ser modificados si se considera que
no es correcta la interpretación anterior o es contraria
al interés general. La nueva interpretación no podrá
aplicarse a situaciones anteriores, salvo que fuere más
favorable a los administrados.
3. En todo caso, la sola modificación de los criterios
no faculta a la revisión de oficio en sede administrativa de
los actos firmes.
(Texto según el Artículo VI de la Ley N° 27444)
Artículo VII.- Función de las disposiciones
generales
1. Las autoridades superiores pueden dirigir u orientar
con carácter general la actividad de los subordinados a
ellas mediante circulares, instrucciones y otros análogos,
los que sin embargo, no pueden crear obligaciones
nuevas a los administrados.
2. Dichas disposiciones deben ser suficientemente
difundidas, colocadas en lugar visible de la entidad si su
alcance fuera meramente institucional, o publicarse si
fuera de índole externa.
3. Los administrados pueden invocar a su favor
estas disposiciones, en cuanto establezcan obligaciones
a los órganos administrativos en su relación con los
administrados.
(Texto según el Artículo VII de la Ley N° 27444)
Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar
de resolver las cuestiones que se les proponga, por
deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los
principios del procedimiento administrativo previstos en
esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del
derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a
las normas de otros ordenamientos que sean compatibles
con su naturaleza y finalidad.
2. Cuando la deficiencia de la normativa lo haga
aconsejable, complementariamente a la resolución
del caso, la autoridad elaborará y propondrá a quien
competa, la emisión de la norma que supere con
carácter general esta situación, en el mismo sentido de
la resolución dada al asunto sometido a su conocimiento.
(Texto según el Artículo VIII de la Ley N° 27444)
TÍTULO I
Del régimen jurídico
de los actos administrativos
CAPÍTULO I
De los actos administrativos
Artículo 1.- Concepto de acto administrativo
1.1 Son actos administrativos, las declaraciones de
las entidades que, en el marco de normas de derecho
público, están destinadas a producir efectos jurídicos
sobre los intereses, obligaciones o derechos de los
administrados dentro de una situación concreta.
1.2 No son actos administrativos:
1.2.1 Los actos de administración interna de las
entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus
propias actividades o servicios. Estos actos son regulados
por cada entidad, con sujeción a las disposiciones del
Título Preliminar de esta Ley, y de aquellas normas que
expresamente así lo establezcan.
1.2.2 Los comportamientos y actividades materiales
de las entidades.
(Texto según el Artículo 1 de la Ley N° 27444)

Artículo 2.- Modalidades del acto administrativo
2.1 Cuando una ley lo autorice, la autoridad, mediante
decisión expresa, puede someter el acto administrativo
a condición, término o modo, siempre que dichos
elementos incorporables al acto, sean compatibles con el
ordenamiento legal, o cuando se trate de asegurar con
ellos el cumplimiento del fin público que persigue el acto.
2.2 Una modalidad accesoria no puede ser aplicada
contra el fin perseguido por el acto administrativo.
Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos
administrativos
Son requisitos de validez de los actos administrativos:
1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado
en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía,
a través de la autoridad regularmente nominada al
momento del dictado y en caso de órganos colegiados,
cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación
indispensables para su emisión.
2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos
deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que
pueda determinarse inequívocamente sus efectos
jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el
ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible
física y jurídicamente, y comprender las cuestiones
surgidas de la motivación.
3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades
de interés público asumidas por las normas que
otorgan las facultades al órgano emisor, sin que
pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun
encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la
propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad
pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de
normas que indique los fines de una facultad no genera
discrecionalidad.
4. Motivación.- El acto administrativo debe estar
debidamente motivado en proporción al contenido y
conforme al ordenamiento jurídico.
5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el
acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del
procedimiento administrativo previsto para su generación.
Artículo 4.- Forma de los actos administrativos
4.1 Los actos administrativos deberán expresarse por
escrito, salvo que por la naturaleza y circunstancias del
caso, el ordenamiento jurídico haya previsto otra forma,
siempre que permita tener constancia de su existencia.
4.2 El acto escrito indica la fecha y lugar en que
es emitido, denominación del órgano del cual emana,
nombre y firma de la autoridad interviniente.
4.3 Cuando el acto administrativo es producido por
medio de sistemas automatizados, debe garantizarse al
administrado conocer el nombre y cargo de la autoridad
que lo expide.
4.4 Cuando deban emitirse varios actos
administrativos de la misma naturaleza, podrá ser
empleada firma mecánica o integrarse en un solo
documento bajo una misma motivación, siempre que se
individualice a los administrados sobre los que recae los
efectos del acto. Para todos los efectos subsiguientes,
los actos administrativos serán considerados como actos
diferentes.
Artículo 5.- Objeto o contenido del acto
administrativo
5.1 El objeto o contenido del acto administrativo es
aquello que decide, declara o certifica la autoridad.
5.2Enningúncasoseráadmisibleunobjetoocontenido
prohibido por el orden normativo, ni incompatible con la
situación de hecho prevista en las normas; ni impreciso,
obscuro o imposible de realizar.
5.3 No podrá contravenir en el caso concreto
disposiciones constitucionales, legales, mandatos
judiciales firmes; ni podrá infringir normas administrativas
de carácter general provenientes de autoridad de igual,
inferior o superior jerarquía, e incluso de la misma
autoridad que dicte el acto.
5.4 El contenido debe comprender todas las
cuestiones de hecho y derecho planteadas por los
administrados, pudiendo involucrar otras no propuestas
por estos que hayan sido apreciadas de oficio, siempre
que la autoridad administrativa les otorgue un plazo no
menor a cinco (5) días para que expongan su posición
y, en su caso, aporten las pruebas que consideren
pertinentes.
Artículo 6.- Motivación del acto administrativo
6.1 La motivación debe ser expresa, mediante una
relación concreta y directa de los hechos probados
relevantes del caso específico, y la exposición de las
razones jurídicas y normativas que con referencia directa
a los anteriores justifican el acto adoptado.
6.2 Puede motivarse mediante la declaración de
conformidad con los fundamentos y conclusiones de
anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes
en el expediente, a condición de que se les identifique de
modo certero, y que por esta situación constituyan parte
integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes
o similares que sirvan de fundamento a la decisión,
deben ser notificados al administrado conjuntamente con
el acto administrativo.
6.3 No son admisibles como motivación, la exposición
de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el
caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad,
vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten
específicamente esclarecedoras para la motivación del
acto.
No constituye causal de nulidad el hecho de que el
superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto que
se impugna tenga una apreciación distinta respecto de la
valoración de los medios probatorios o de la aplicación
o interpretación del derecho contenida en dicho acto.
Dicha apreciación distinta debe conducir a estimar
parcial o totalmente el recurso presentado contra el acto
impugnado.
6.4 No precisan motivación los siguientes actos:
6.4.1 Las decisiones de mero trámite que impulsan el
procedimiento.
6.4.2 Cuando la autoridad estima procedente lo pedido
por el administrado y el acto administrativo no perjudica
derechos de terceros.
6.4.3 Cuando la autoridad produce gran cantidad de
actos administrativos sustancialmente iguales, bastando
la motivación única.
Artículo 7.- Régimen de los actos de administración
interna
7.1 Los actos de administración interna se orientan
a la eficacia y eficiencia de los servicios y a los fines
permanentes de las entidades. Son emitidos por el órgano
competente, su objeto debe ser física y jurídicamente
posible, su motivación es facultativa cuando los superiores
jerárquicos impartan las órdenes a sus subalternos en la
forma legalmente prevista.
El régimen de eficacia anticipada de los actos
administrativos previsto en el artículo 17 es susceptible
de ser aplicado a los actos de administración interna,
siempre que no se violen normas de orden público ni
afecte a terceros.
7.2 Las decisiones internas de mero trámite, pueden
impartirse verbalmente por el órgano competente,
en cuyo caso el órgano inferior que las reciba las
documentará por escrito y comunicará de inmediato,

indicando la autoridad de quien procede mediante la
fórmula, “Por orden de ...”
CAPÍTULO II
Nulidad de los actos administrativos
Artículo 8.- Validez del acto administrativo
Es válido el acto administrativo dictado conforme al
ordenamiento jurídico.
Artículo 9.- Presunción de validez
Todo acto administrativo se considera válido en tanto
su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad
administrativa o jurisdiccional, según corresponda.
Artículo 10.- Causales de nulidad
Son vicios del acto administrativo, que causan su
nulidad de pleno derecho, los siguientes:
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a
las normas reglamentarias.
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos
de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos
de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14.
3. Los actos expresos o los que resulten como
consecuencia de la aprobación automática o por
silencio administrativo positivo, por los que se adquiere
facultades, o derechos, cuando son contrarios al
ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los
requisitos, documentación o tramites esenciales para su
adquisición.
4. Los actos administrativos que sean constitutivos de
infracción penal, o que se dicten como consecuencia de
la misma.
Artículo 11.- Instancia competente para declarar la
nulidad
11.1 Los administrados plantean la nulidad de los
actos administrativos que les conciernan por medio de los
recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo
II de la presente Ley.
11.2 La nulidad de oficio será conocida y declarada
por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se
tratara de un acto dictado por una autoridad que no
está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se
declarará por resolución de la misma autoridad.
La nulidad planteada por medio de un recurso de
reconsideración o de apelación será conocida y declarada
por la autoridad competente para resolverlo.
11.3 La resolución que declara la nulidad dispone,
además, lo conveniente para hacer efectiva la
responsabilidad del emisor del acto inválido, en los casos
en que se advierta ilegalidad manifiesta, cuando sea
conocida por el superior jerárquico.
Artículo 12.- Efectos de la declaración de nulidad
12.1 La declaración de nulidad tendrá efecto
declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo
derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo
caso operará a futuro.
12.2 Respecto del acto declarado nulo, los
administrados no están obligados a su cumplimiento y los
servidores públicos deberán oponerse a la ejecución del
acto, fundando y motivando su negativa.
12.3 En caso de que el acto viciado se hubiera
consumado, o bien sea imposible retrotraer sus efectos,
sólo dará lugar a la responsabilidad de quien dictó el acto
y en su caso, a la indemnización para el afectado.
Artículo 13.- Alcances de la nulidad
13.1 La nulidad de un acto sólo implica la de los
sucesivos en el procedimiento, cuando estén vinculados
a él.
13.2Lanulidadparcialdelactoadministrativonoalcanza
a las otras partes del acto que resulten independientes de
la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la
producción de efectos para los cuales no obstante el acto
pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario.
13.3 Quien declara la nulidad, dispone la conservación
de aquellas actuaciones o trámites cuyo contenido hubiere
permanecido igual de no haberse incurrido en el vicio.
Artículo 14.- Conservación del acto
14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por
el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea
trascendente, prevalece la conservación del acto,
procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora.
14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no
trascendentes, los siguientes:
14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o
incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación.
14.2.2 El acto emitido con una motivación insuficiente
o parcial.
14.2.3 El acto emitido con infracción a las formalidades
no esenciales del procedimiento, considerando como tales
aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido
o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos
importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido
proceso del administrado.
14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier
otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo
contenido, de no haberse producido el vicio.
14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de
documentación no esencial.
14.3 No obstante la conservación del acto, subsiste
la responsabilidad administrativa de quien emite el acto
viciado, salvo que la enmienda se produzca sin pedido de
parte y antes de su ejecución.
Artículo 15.- Independencia de los vicios del acto
administrativo
Los vicios incurridos en la ejecución de un acto
administrativo, o en su notificación a los administrados,
son independientes de su validez.
CAPÍTULO III
Eficacia de los actos administrativos
Artículo 16.- Eficacia del acto administrativo
16.1 El acto administrativo es eficaz a partir de que
la notificación legalmente realizada produce sus efectos,
conforme a lo dispuesto en el presente capítulo.
16.2 El acto administrativo que otorga beneficio al
administrado se entiende eficaz desde la fecha de su
emisión, salvo disposición diferente del mismo acto.
Artículo 17.- Eficacia anticipada del acto
administrativo
17.1 La autoridad podrá disponer en el mismo acto
administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión,

sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre
que no lesione derechos fundamentales o intereses de
buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera
en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del
acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción.
17.2 También tienen eficacia anticipada la declaratoria
de nulidad y los actos que se dicten en enmienda.
Artículo 18.- Obligación de notificar
18.1 La notificación del acto es practicada de oficio y
su debido diligenciamiento es competencia de la entidad
que lo dictó. La notificación debe realizarse en día y hora
hábil, salvo regulación especial diferente o naturaleza
continuada de la actividad.
18.2 La notificación personal podrá ser efectuada a
través de la propia entidad, por servicios de mensajería
especialmente contratados para el efecto y en caso
de zonas alejadas, podrá disponerse se practique por
intermedio de las autoridades políticas del ámbito local
del administrado.
Artículo 19.- Dispensa de notificación
19.1 La autoridad queda dispensada de notificar
formalmente a los administrados cualquier acto que haya
sido emitido en su presencia, siempre que exista acta de
esta actuación procedimental donde conste la asistencia
del administrado.
19.2 También queda dispensada de notificar si el
administrado tomara conocimiento del acto respectivo
mediante su acceso directo y espontáneo al expediente,
recabando su copia, dejando constancia de esta situación
en el expediente.
Artículo 20.- Modalidades de notificación
20.1 Las notificaciones serán efectuadas a través de
las siguientes modalidades, según este respectivo orden
de prelación:
20.1.1 Notificación personal al administrado interesado
o afectado por el acto, en su domicilio.
20.1.2 Mediante telegrama, correo certificado,
telefax; o cualquier otro medio que permita comprobar
fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe,
siempre que el empleo de cualquiera de estos medios
hubiese sido solicitado expresamente por el administrado.
20.1.3 Por publicación en el Diario Oficial y en uno de
los diarios de mayor circulación en el territorio nacional,
salvo disposición distinta de la ley.
20.2 La autoridad no puede suplir alguna modalidad
con otra ni modificar el orden de prelación establecido
en el numeral anterior, bajo sanción de nulidad de la
notificación. Puede acudir complementariamente a
aquellas u otras, si así lo estime conveniente para mejorar
las posibilidades de participación de los administrados.
20.3 Tratamiento igual al previsto en este capítulo
corresponde a los citatorios, los emplazamientos,
los requerimientos de documentos o de otros actos
administrativos análogos.
20.4. El administrado interesado o afectado por el acto
que hubiera consignado en su escrito alguna dirección
electrónica que conste en el expediente puede ser
notificado a través de ese medio siempre que haya dado
su autorización expresa para ello. Para este caso no es de
aplicación el orden de prelación dispuesto en el numeral
20.1.
La notificación dirigida a la dirección de correo
electrónico señalada por el administrado se entiende
válidamente efectuada cuando la entidad reciba la
respuesta de recepción de la dirección electrónica
señalada por el administrado. La notificación surte efectos
el día que conste haber sido recibida, conforme lo previsto
en el numeral 2 del artículo 25.
En caso de no recibirse respuesta automática de
recepción en un plazo máximo de dos (2) días útiles
contados desde el día siguiente de efectuado el acto de
notificación vía correo electrónico, se procede a notificar
por cédula conforme al inciso 20.1.1.
Lo señalado en el presente numeral no impide
que la entidad asigne al administrado una casilla
electrónica gestionada por ella, siempre que cuente con
el consentimiento del administrado, salvo lo dispuesto
en la tercera disposición complementaria final de la Ley
Nº 30229 o norma que lo sustituya. En este caso, la
notificación se entiende válidamente efectuada cuando la
entidad la deposite en el buzón electrónico asignado al
administrado, surtiendo efectos el día que conste haber
sido recibida, conforme lo previsto en el numeral 2 del
artículo 25.
Para la notificación por correo electrónico, la autoridad
administrativa, si lo considera pertinente, puede emplear
firmas y certificados digitales conforme a lo estipulado en
la ley de la materia.
Artículo 21.- Régimen de la notificación personal
21.1 La notificación personal se hará en el domicilio
que conste en el expediente, o en el último domicilio que
la persona a quien deba notificar haya señalado ante el
órgano administrativo en otro procedimiento análogo en
la propia entidad dentro del último año.
21.2 En caso que el administrado no haya indicado
domicilio, o que éste sea inexistente, la autoridad
deberá emplear el domicilio señalado en el Documento
Nacional de Identidad del administrado. De verificar que la
notificación no puede realizarse en el domicilio señalado
en el Documento Nacional de Identidad por presentarse
alguna de las circunstancias descritas en el numeral
23.1.2 del artículo 23, se deberá proceder a la notificación
mediante publicación.
21.3 En el acto de notificación personal debe
entregarse copia del acto notificado y señalar la fecha
y hora en que es efectuada, recabando el nombre y
firma de la persona con quien se entienda la diligencia.
Si ésta se niega a firmar o recibir copia del acto
notificado, se hará constar así en el acta, teniéndose
por bien notificado. En este caso la notificación dejará
constancia de las características del lugar donde se ha
notificado.
21.4 La notificación personal, se entenderá con la
persona que deba ser notificada o su representante
legal, pero de no hallarse presente cualquiera de los
dos en el momento de entregar la notificación, podrá
entenderse con la persona que se encuentre en
dicho domicilio, dejándose constancia de su nombre,
documento de identidad y de su relación con el
administrado.
21.5 En el caso de no encontrar al administrado
u otra persona en el domicilio señalado en el
procedimiento, el notificador deberá dejar constancia
de ello en el acta y colocar un aviso en dicho domicilio
indicando la nueva fecha en que se hará efectiva la
siguiente notificación. Si tampoco pudiera entregar
directamente la notificación en la nueva fecha, se
dejará debajo de la puerta un acta conjuntamente con
la notificación, copia de los cuales serán incorporados
en el expediente.
Artículo 22.- Notificación a pluralidad de
interesados
22.1 Cuando sean varios sus destinatarios, el
acto será notificado personalmente a todos, salvo sí
actúan unidos bajo una misma representación o si han
designado un domicilio común para notificaciones, en
cuyo caso éstas se harán en dicha dirección única.

22.2 Si debiera notificarse a más de diez personas
que han planteado una sola solicitud con derecho
común, la notificación se hará con quien encabeza el
escrito inicial, indicándole que trasmita la decisión a sus
cointeresados.
Artículo 23.- Régimen de publicación de actos
administrativos
23.1 La publicación procederá conforme al siguiente
orden:
23.1.1 En vía principal, tratándose de disposiciones
de alcance general o aquellos actos administrativos que
interesan a un número indeterminado de administrados
no apersonados al procedimiento y sin domicilio
conocido.
23.1.2 En vía subsidiaria a otras modalidades,
tratándose de actos administrativos de carácter particular
cuando la ley así lo exija, o la autoridad se encuentre frente
a alguna de las siguientes circunstancias evidenciables e
imputables al administrado:
- Cuando resulte impracticable otra modalidad de
notificación preferente por ignorarse el domicilio del
administrado, pese a la indagación realizada.
- Cuando se hubiese practicado infructuosamente
cualquier otra modalidad, sea porque la persona a quien
deba notificarse haya desaparecido, sea equivocado el
domicilio aportado por el administrado o se encuentre
en el extranjero sin haber dejado representante legal,
pese al requerimiento efectuado a través del Consulado
respectivo.
23.2 La publicación de un acto debe contener
los mismos elementos previstos para la notificación
señalados en este capítulo; pero en el caso de
publicar varios actos con elementos comunes, se
podrá proceder en forma conjunta con los aspectos
coincidentes, especificándose solamente lo individual
de cada acto.
Artículo 24.- Plazo y contenido para efectuar la
notificación
24.1 Toda notificación deberá practicarse a más tardar
dentro del plazo de cinco (5) días, a partir de la expedición
del acto que se notifique, y deberá contener:
24.1.1 El texto íntegro del acto administrativo,
incluyendo su motivación.
24.1.2 La identificación del procedimiento dentro del
cual haya sido dictado.
24.1.3 La autoridad e institución de la cual procede el
acto y su dirección.
24.1.4 La fecha de vigencia del acto notificado, y con
la mención de si agotare la vía administrativa.
24.1.5 Cuando se trate de una publicación dirigida a
terceros, se agregará además cualquier otra información
que pueda ser importante para proteger sus intereses y
derechos.
24.1.6 La expresión de los recursos que proceden, el
órgano ante el cual deben presentarse los recurso y el
plazo para interponerlos.
24.2 Si en base a información errónea, contenida
en la notificación, el administrado practica algún acto
procedimental que sea rechazado por la entidad,
el tiempo transcurrido no será tomado en cuenta
para determinar el vencimiento de los plazos que
correspondan.
Artículo 25.- Vigencia de las notificaciones
Las notificaciones surtirán efectos conforme a las
siguientes reglas:
1. Las notificaciones personales: el día que hubieren
sido realizadas.
2. Las cursadas mediante correo certificado, oficio,
correo electrónico y análogos: el día que conste haber
sido recibidas.
3. Las notificaciones por publicaciones: a partir del día
de la última publicación en el Diario Oficial.
4. Cuando por disposición legal expresa, un acto
administrativo deba ser a la vez notificado personalmente
al administrado y publicado para resguardar derechos
o intereses legítimos de terceros no apersonados o
indeterminados, el acto producirá efectos a partir de la
última notificación.
Para efectos de computar el inicio de los plazos se
deberán seguir las normas establecidas en el artículo 142
de la presente Ley, con excepción de la notificación de
medidas cautelares o precautorias, en cuyo caso deberá
aplicarse lo dispuesto en los numerales del párrafo
precedente.
Artículo 26.- Notificaciones defectuosas
26.1 En caso que se demuestre que la notificación se
ha realizado sin las formalidades y requisitos legales, la
autoridad ordenará se rehaga, subsanando las omisiones
en que se hubiesen incurrido, sin perjuicio para el
administrado.
26.2 La desestimación del cuestionamiento a la
validez de una notificación, causa que dicha notificación
opere desde la fecha en que fue realizada.
Artículo 27.- Saneamiento de notificaciones
defectuosas
27.1 La notificación defectuosa por omisión de alguno
de sus requisitos de contenido, surtirá efectos legales
a partir de la fecha en que el interesado manifiesta
expresamente haberla recibido, si no hay prueba en
contrario.
27.2 También se tendrá por bien notificado al
administrado a partir de la realización de actuaciones
procedimentales del interesado que permitan suponer
razonablemente que tuvo conocimiento oportuno del
contenido o alcance de la resolución, o interponga
cualquier recurso que proceda. No se considera tal, la
solicitud de notificación realizada por el administrado,
a fin que le sea comunicada alguna decisión de la
autoridad.
Artículo 28.- Comunicaciones al interior de la
administración
28.1 Las comunicaciones entre los órganos
administrativos al interior de una entidad serán
efectuadas directamente, evitando la intervención de
otros órganos.
28.2 Las comunicaciones de resoluciones a otras
autoridades nacionales o el requerimiento para el
cumplimiento de diligencias en el procedimiento serán
cursadas siempre directamente bajo el régimen de la
notificación sin actuaciones de mero traslado en razón
de jerarquías internas ni transcripción por órganos
intermedios.
28.3 Cuando alguna otra autoridad u órgano
administrativo interno deba tener conocimiento de la
comunicación se le enviará copia informativa.
28.4 La constancia documental de la transmisión
a distancia por medios electrónicos entre entidades
y autoridades, constituye de por sí documentación
auténtica y dará plena fe a todos sus efectos dentro
del expediente para ambas partes, en cuanto a la
existencia del original transmitido y su recepción.

TÍTULO II
Del procedimiento administrativo
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 29.- Definición de procedimiento
administrativo
Se entiende por procedimiento administrativo al
conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades,
conducentes a la emisión de un acto administrativo que
produzca efectos jurídicos individuales o individualizables
sobre intereses, obligaciones o derechos de los
administrados.
Artículo 30.- Procedimiento Administrativo
Electrónico
30.1 Sin perjuicio del uso de medios físicos
tradicionales, el procedimiento administrativo podrá
realizarse total o parcialmente a través de tecnologías y
medios electrónicos, debiendo constar en un expediente,
escrito electrónico, que contenga los documentos
presentados por los administrados, por terceros y por
otras entidades, así como aquellos documentos remitidos
al administrado.
30.2 El procedimiento administrativo electrónico
deberá respetar todos los principios, derechos y garantías
del debido procedimiento previstos en la presente Ley, sin
que se afecte el derecho de defensa ni la igualdad de las
partes, debiendo prever las medidas pertinentes cuando
el administrado no tenga acceso a medios electrónicos.
30.3 Los actos administrativos realizados a través
del medio electrónico, poseen la misma validez y
eficacia jurídica que los actos realizados por medios
físicos tradicionales. Las firmas digitales y documentos
generados y procesados a través de tecnologías y medios
electrónicos, siguiendo los procedimientos definidos por
la autoridad administrativa, tendrán la misma validez legal
que los documentos manuscritos.
30.4 Mediante Decreto Supremo, refrendado por
la Presidencia del Consejo de Ministros, se aprueban
lineamientos para establecer las condiciones y uso de las
tecnologías y medios electrónicos en los procedimientos
administrativos, junto a sus requisitos.
(Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto
Legislativo N° 1272)
Artículo 31.- Calificación de procedimientos
administrativos
Todos los procedimientos administrativos que, por
exigencia legal, deben iniciar los administrados ante
las entidades para satisfacer o ejercer sus intereses o
derechos, se clasifican conforme a las disposiciones del
presente capítulo, en: procedimientos de aprobación
automática o de evaluación previa por la entidad, y este
último a su vez sujeto, en caso de falta de pronunciamiento
oportuno, a silencio positivo o silencio negativo. Cada
entidad señala estos procedimientos en su Texto Único
de Procedimientos Administrativos - TUPA, siguiendo los
criterios establecidos en el presente ordenamiento.
Artículo 32.- Régimen del procedimiento de
aprobación automática
32.1 En el procedimiento de aprobación automática,
la solicitud es considerada aprobada desde el mismo
momento de su presentación ante la entidad competente
para conocerla, siempre que cumpla con los requisitos y
entregue la documentación completa, exigidos en el TUPA
de la entidad.
32.2 En este procedimiento, las entidades no
emiten ningún pronunciamiento expreso confirmatorio
de la aprobación automática, debiendo sólo realizar
la fiscalización posterior. Sin embargo, cuando en los
procedimientos de aprobación automática se requiera
necesariamente de la expedición de un documento sin
el cual el usuario no puede hacer efectivo su derecho, el
plazo máximo para su expedición es de cinco días hábiles,
sin perjuicio de aquellos plazos mayores fijados por leyes
especiales anteriores a la vigencia de la presente Ley.
32.3 Como constancia de la aprobación automática
de la solicitud del administrado, basta la copia del escrito
o del formato presentado conteniendo el sello oficial de
recepción, sin observaciones e indicando el número de
registro de la solicitud, fecha, hora y firma del agente
receptor.
32.4 Son procedimientos de aprobación automática,
sujetos a la presunción de veracidad, aquellos que habiliten
el ejercicio de derechos preexistentes del administrado, la
inscripción en registros administrativos, la obtención de
licencias, autorizaciones, constancias y copias certificadas
o similares que habiliten para el ejercicio continuado
de actividades profesionales, sociales, económicas o
laborales en el ámbito privado, siempre que no afecten
derechos de terceros y sin perjuicio de la fiscalización
posterior que realice la administración.
32.5 La Presidencia del Consejo de Ministros se
encuentra facultada para determinar los procedimientos
sujetos a aprobación automática. Dicha calificación
es de obligatoria adopción, a partir del día siguiente
de su publicación en el diario oficial, sin necesidad de
actualización previa del Texto Único de Procedimientos
Administrativos por las entidades, sin perjuicio de lo
establecido en el numeral 43.7 del artículo 43.
Artículo 33.- Fiscalización posterior
33.1 Por la fiscalización posterior, la entidad ante la que
es realizado un procedimiento de aprobación automática,
evaluación previa o haya recibido la documentación a que
se refiere el artículo 47; queda obligada a verificar de oficio
mediante el sistema del muestreo, la autenticidad de las
declaraciones, de los documentos, de las informaciones y
de las traducciones proporcionadas por el administrado.
33.2 Tratándose de los procedimientos de aprobación
automática y en los de evaluación previa en los que ha
operado el silencio administrativo positivo, la fiscalización
comprende no menos del diez por ciento (10%) de todos
los expedientes, con un máximo de ciento cincuenta
(150) expedientes por semestre. Esta cantidad puede
incrementarse teniendo en cuenta el impacto que en el
interés general, en la economía, en la seguridad o en la
salud ciudadana pueda conllevar la ocurrencia de fraude o
falsedad en la información, documentación o declaración
presentadas. Dicha fiscalización debe efectuarse
semestralmente de acuerdo a los lineamientos que para
tal efecto dicta la Presidencia del Consejo de Ministros.
33.3 En caso de comprobar fraude o falsedad en la
declaración,informaciónoenladocumentaciónpresentada
por el administrado, la entidad considerará no satisfecha la
exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo
a declarar la nulidad del acto administrativo sustentado en
dicha declaración, información o documento; e imponer
a quien haya empleado esa declaración, información o
documento una multa en favor de la entidad de entre cinco
(5) y diez (10) Unidades Impositivas Tributarias vigentes
a la fecha de pago; y, además, si la conducta se adecua a
los supuestos previstos en el Título XIX Delitos contra la
Fe Pública del Código Penal, ésta deberá ser comunicada
al Ministerio Público para que interponga la acción penal
correspondiente.
33.4 Como resultado de la fiscalización posterior,
la relación de administrados que hubieren presentado
declaraciones, información o documentos falsos o
fraudulentos al amparo de procedimientos de aprobación
automática y de evaluación previa, es publicada
trimestralmente por la Central de Riesgo Administrativo,
a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros,
consignando el Documento Nacional de Identidad o el
Registro Único de Contribuyente y la dependencia ante

la cual presentaron dicha información. Las entidades
deben elaborar y remitir la indicada relación a la Central
de Riesgo Administrativo, siguiendo los lineamientos
vigentes sobre la materia. Las entidades están obligadas
a incluir de manera automática en sus acciones de
fiscalización posterior todos los procedimientos iniciados
por los administrados incluidos en la relación de Central
de Riesgo Administrativo.
Artículo 34.- Procedimiento de evaluación previa
con silencio positivo
34.1 Los procedimientos de evaluación previa están
sujetos a silencio positivo, cuando se trate de algunos de
los siguientes supuestos:
1.- Todos los procedimientos a instancia de parte
no sujetos al silencio administrativo negativo taxativo
contemplado en el artículo 37.
2.- Recursos destinados a cuestionar la desestimación
de una solicitud cuando el particular haya optado por la
aplicación del silencio administrativo negativo.
34.2 Como constancia de la aplicación del silencio
positivo de la solicitud del administrado, basta la copia
del escrito o del formato presentado conteniendo el sello
oficial de recepción, sin observaciones e indicando el
número de registro de la solicitud, fecha, hora y firma
del agente receptor. En el caso de procedimientos
administrativos electrónicos, basta el correo electrónico
que deja constancia del envío de la solicitud.
34.3 La Presidencia del Consejo de Ministros se
encuentra facultada para determinar los procedimientos
sujetos a silencio positivo. Dicha calificación será
de obligatoria adopción, a partir del día siguiente de
su publicación en el diario oficial, sin necesidad de
actualización previa del Texto Único de Procedimientos
Administrativos por las entidades, sin perjuicio de lo
establecido en el numeral 43.7 del artículo 43.
34.4 Los procedimientos de petición graciable y de
consulta se rigen por su regulación específica.
Artículo 35.- Aprobación de petición mediante el
silencio positivo
35.1 En los procedimientos administrativos sujetos a
silencio positivo, la petición del administrado se considera
aprobada si, vencido el plazo establecido o máximo
para pronunciarse, la entidad no hubiera notificado el
pronunciamiento correspondiente, no siendo necesario
expedirse pronunciamiento o documento alguno para que
el administrado pueda hacer efectivo su derecho, bajo
responsabilidad del funcionario o servidor público que lo
requiera.
35.2 Lo dispuesto en el presente artículo no enerva
la obligación de la entidad de realizar la fiscalización
posterior de los documentos, declaraciones e información
presentados por el administrado, conforme a lo dispuesto
en el Artículo 33.
Artículo 36.- Aprobación del procedimiento.
36.1 No obstante lo señalado en el artículo 35,
vencido el plazo para que opere el silencio positivo en
los procedimientos de evaluación previa, regulados
en el artículo 34, sin que la entidad hubiera emitido
pronunciamiento sobre lo solicitado, los administrados,
si lo consideran pertinente y de manera complementaria,
pueden presentar una Declaración Jurada ante la
propia entidad que configuró dicha aprobación ficta, con
la finalidad de hacer valer el derecho conferido ante
la misma o terceras entidades de la administración,
constituyendo el cargo de recepción de dicho documento,
prueba suficiente de la resolución aprobatoria ficta de la
36.2 Lo dispuesto en el párrafo anterior es aplicable
también al procedimiento de aprobación automática,
reemplazando la aprobación ficta, contenida en la
Declaración Jurada, al documento a que hace referencia
el numeral 32.2 del artículo 32.
36.3 En el caso que la autoridad administrativa se
niegue a recibir la Declaración Jurada a que se refiere
el párrafo anterior, el administrado puede remitirla por
conducto notarial, surtiendo los mismos efectos.
Artículo 37.- Procedimientos de evaluación previa
con silencio negativo.
37.1 Excepcionalmente, el silencio negativo es
aplicable en aquellos casos en los que la petición del
administrado puede afectar significativamente el interés
público e incida en la salud, el medio ambiente, los
recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema
financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa
comercial, la defensa nacional y el patrimonio cultural
de la nación, así como en aquellos procedimientos
de promoción de inversión privada, procedimientos
trilaterales y en los que generen obligación de dar o
hacer del Estado y autorizaciones para operar casinos de
juego y máquinas tragamonedas. Las entidades deben
sustentar técnicamente que cumplen con lo señalado en
el presente párrafo.
Por Decreto Supremo, refrendado por el Presidente de
Consejo de Ministros, se puede ampliar las materias en
las que, por afectar significativamente el interés público,
corresponde la aplicación de silencio administrativo
negativo.
37.2 Asimismo, es de aplicación para aquellos
procedimientos por los cuales se transfiera facultades de
la administración pública, y en aquellos procedimientos de
inscripción registral.
37.3 En materia tributaria y aduanera, el silencio
administrativo se rige por sus leyes y normas especiales.
Tratándose de procedimientos administrativos que tengan
incidencia en la determinación de la obligación tributaria o
aduanera, se aplica el Código Tributario.
37.4 Las autoridades quedan facultadas para calificar
de modo distinto en su Texto Único de Procedimientos
Administrativos los procedimientos administrativos
señalados, con excepción de los procedimientos
trilaterales y en los que generen obligación de dar o hacer
del Estado, cuando aprecien que sus efectos reconozcan
el interés del solicitante, sin exponer significativamente el
interés general.”
Artículo 38.- Plazo máximo del procedimiento
administrativo de evaluación previa
El plazo que transcurra desde el inicio de un
procedimiento administrativo de evaluación previa hasta
que sea dictada la resolución respectiva, no puede
exceder de treinta (30) días hábiles, salvo que por ley o
decreto legislativo se establezcan procedimientos cuyo
cumplimiento requiera una duración mayor.
Artículo 39.- Legalidad del procedimiento
39.1 Los procedimientos administrativos, requisitos y
costos se establecen exclusivamente mediante decreto
supremo o norma de mayor jerarquía, por Ordenanza
Regional, por Ordenanza Municipal, por la decisión del
titular de los organismos constitucionalmente autónomos
Dichos procedimientos deben ser compendiados y
sistematizados en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos, aprobados para cada entidad, en el cual
no se pueden crear procedimientos ni establecer nuevos

requisitos, salvo lo relativo a la determinación de las tasas
que sean aplicables.
En el caso de los organismos reguladores estos
podrán establecer procedimientos y requisitos en ejercicio
de su función normativa.
39.2 Las entidades solamente exigirán a los
administrados el cumplimiento de procedimientos, la
presentación de documentos, el suministro de información
o el pago por derechos de tramitación, siempre que
cumplan con los requisitos previstos en el numeral
anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que
procede de modo diferente, realizando exigencias a los
administrados fuera de estos casos.
39.3 Las disposiciones concernientes a la eliminación
de procedimientos o requisitos o a la simplificación de los
mismos, podrán aprobarse por Resolución Ministerial,
Norma Regional de rango equivalente o Decreto de
Alcaldía, según se trate de entidades dependientes del
Gobierno Central, Gobiernos Regionales o Locales,
respectivamente.
39.4 Los procedimientos administrativos, incluyendo
sus requisitos, a cargo de las personas jurídicas bajo
el régimen privado que prestan servicios públicos o
ejercen función administrativa deben ser debidamente
publicitados, para conocimiento de los administrados.
(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto
Artículo 40.- Procedimientos Administrativos
estandarizados obligatorios.
40.1 Mediante decreto supremo refrendado por
la Presidencia del Consejo de Ministros se aprueban
procedimientos administrativos estandarizados de
obligatoria aplicación por las entidades competentes para
tramitarlos, las que no están facultadas para modificarlos
o alterarlos. Las entidades están obligadas a incorporar
dichos procedimientos estandarizados en su respectivo
Texto Único de Procedimientos Administrativos sin
necesidad de aprobación por parte de otra entidad. Las
entidades solo podrán determinar: la unidad de trámite
documentario o la que haga sus veces para dar inicio al
procedimiento administrativo, la autoridad competente
para resolver el procedimiento administrativo y la unidad
orgánica a la que pertenece, y la autoridad competente
que resuelve los recursos administrativos.
40.2 La no actualización por las entidades de sus
respectivos Texto Único de Procedimiento Administrativo
dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la
entrada en vigencia de los procedimientos administrativos
estandarizados por la Presidencia del Consejo de
Ministros, tiene como consecuencia la aplicación del
artículo 56.
Artículo 41. Vigencia indeterminada de los títulos
habilitantes.
Los títulos habilitantes emitidos tienen vigencia
indeterminada, salvo que la ley especial señale un plazo
determinado de vigencia. Cuando la autoridad compruebe
el cambio de las condiciones indispensables para su
obtención, previa fiscalización, podrá dejar sin efecto el
título habilitante.
Artículo 42.- Contenido del Texto Único de
Procedimientos Administrativos
42.1 Todas las entidades elaboran y aprueban o
gestionan la aprobación, según el caso, de su Texto Único
de Procedimientos Administrativos, el cual comprende:
1. Todos los procedimientos de iniciativa de parte
requeridos por los administrados para satisfacer sus
intereses o derechos mediante el pronunciamiento de
cualquier órgano de la entidad, siempre que esa exigencia
cuente con respaldo legal, el cual deberá consignarse
expresamente en el TUPA con indicación de la fecha de
publicación en el Diario Oficial.
2. La descripción clara y taxativa de todos los
requisitos exigidos para la realización completa de
cada procedimiento, los cuales deben ser establecidos
conforme a lo previsto en el numeral anterior.
3. La calificación de cada procedimiento según
corresponda entre procedimientos de evaluación previa o
de aprobación automática.
4. En el caso de procedimientos de evaluación previa
si el silencio administrativo aplicable es negativo o
positivo.
5. Los supuestos en que procede el pago de derechos
de tramitación, con indicación de su monto y forma de
pago. El monto de los derechos se expresa publicándose
en la entidad en moneda de curso legal.
6. Las vías de recepción adecuadas para acceder a
los procedimientos contenidos en los TUPA, de acuerdo
a lo dispuesto por los Artículos 125 y siguientes de la
presente Ley.
7. La autoridad competente para resolver en cada
instancia del procedimiento y los recursos a interponerse
para acceder a ellas.
8. Los formularios que sean empleados durante la
tramitación del respectivo procedimiento administrativo.
42.2 El TUPA también incluye la relación de aquellos
servicios prestados en exclusividad por las entidades
dentro del marco de su competencia, cuando el
administrado no tiene posibilidad de obtenerlos acudiendo
a otro lugar o dependencia. Se precisará con respecto a
ellos lo previsto en los incisos 2, 5, 6, 7 y 8, anteriores, en
lo que fuera aplicable.
42.3 Los requisitos y condiciones para la prestación de
los servicios brindados en exclusividad por las entidades
son fijados por decreto supremo refrendado por el
Presidente del Consejo de Ministros.
42.4 Para aquellos servicios que no sean prestados
en exclusividad, las entidades a través de Resolución
del Titular del Pliego establecen los requisitos y
costos correspondientes a ellos, los cuales deben ser
debidamente difundidos para que sean de público
conocimiento, respetando lo establecido en el Artículo 60
de la Constitución Política del Perú y las normas sobre
represión de la competencia desleal.
Artículo 43.- Aprobación y difusión del Texto Único
de Procedimientos Administrativos
43.1 El Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA) es aprobado por Decreto Supremo del sector, por
la norma de máximo nivel de las autoridades regionales,
por Ordenanza Municipal, o por Resolución del Titular de
organismo constitucionalmente autónomo, según el nivel
de gobierno respectivo.
43.2. La norma que aprueba el TUPA se publica en el
diario oficial El Peruano.
43.3 El TUPA se publica obligatoriamente en el portal
del diario oficial El Peruano. Adicionalmente se difunde a
través del Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas -
PSCE y en el respectivo Portal Institucional.
43.4 Sin perjuicio de la indicada publicación, cada
entidad realiza la difusión de su TUPA mediante su
ubicación en lugar visible de la entidad.
43.5 Una vez aprobado el TUPA, toda modificación
que no implique la creación de nuevos procedimientos,
incremento de derechos de tramitación o requisitos, se
debe realizar por Resolución Ministerial del Sector, o por
resolución del titular del Organismo Autónomo conforme
a la Constitución Política del Perú, o por Resolución
de Consejo Directivo de los Organismos Reguladores,
Norma Regional de rango equivalente o Decreto de
Alcaldía, según el nivel de gobierno respectivo. En
caso contrario, su aprobación se realiza conforme al
mecanismo establecido en el numeral 43.1. En ambos
casos se publicará la modificación según lo dispuesto por
el numeral 43.3.

43.6 Para la elaboración del TUPAse evita la duplicidad
de procedimientos administrativos en las entidades.
43.7 En los casos en que por Ley, Decreto
Legislativo y demás normas de alcance general, se
establezcan o se modifiquen los requisitos, plazo o
silencio administrativo aplicables a los procedimientos
administrativos, las entidades de la Administración
Pública están obligadas a realizar las modificaciones
correspondientes en sus respectivos Textos Únicos de
Procedimientos Administrativos en un plazo máximo
de treinta (30) días hábiles, contados a partir del día
siguiente de la publicación de la norma que establece
o modifica los requisitos, plazo o silencio administrativo
aplicables a los procedimientos administrativos. En los
casos en que las modificaciones involucren cien (100) o
más procedimientos, el plazo máximo será de cuarenta y
cinco (45) días hábiles. Si vencido dicho plazo, la entidad
no ha actualizado el TUPA incorporando el procedimiento
establecido o modificado en la normatividad vigente,
no puede dejar de prestar el servicio respectivo, bajo
responsabilidad.
43.8 Incurre en responsabilidad administrativa el
funcionario que:
a) Solicita o exige el cumplimiento de requisitos que
no están en el TUPA o que, estando en el TUPA, no han
sido establecidos por la normatividad vigente o han sido
derogados.
b) Aplique tasas que no han sido aprobadas conforme
a lo dispuesto por los artículos 51 y 52 de esta Ley, y por
el Texto Único Ordenado del Código Tributario, cuando
corresponda.
c) Aplique tasas que no han sido ratificadas por la
Municipalidad Provincial correspondiente, conforme a
las disposiciones establecidas en el artículo 40 de la Ley
27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Asimismo, incurre en responsabilidad administrativa
el Alcalde y el gerente municipal, o quienes hagan sus
veces, cuando transcurrido el plazo de treinta (30) días
hábiles luego de recibida la solicitud de ratificación de
la municipalidad distrital, no haya cumplido con atender
la solicitud de ratificación de las tasas a las que se
refiere el artículo 40 de la Ley 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, salvo las tasas por arbitrios en cuyo
caso el plazo será de sesenta (60) días hábiles.
Sin perjuicio de lo anterior, las exigencias establecidas
en los literales precedentes, también constituyen barrera
burocrática ilegal, siendo aplicables las sanciones
establecidas en el Decreto Legislativo Nº 1256, que
aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras
Burocráticas o norma que lo sustituya
43.9 La Contraloría General de la República, en el
marco de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control
y de la Contraloría General de la República, verifica el
cumplimiento de los plazos señalados en el numeral 43.7
del presente artículo.
Artículo 44.- Consideraciones para estructurar el
procedimiento
44.1 Solamente serán incluidos como requisitos
exigidos para la realización de cada procedimiento
administrativo aquellos que razonablemente sean
indispensables para obtener el pronunciamiento
correspondiente, atendiendo además a sus costos y
beneficios.
44.2 Para tal efecto, cada entidad considera como
criterios:
44.2.1 La documentación que conforme a esta ley
pueda ser solicitada, la impedida de requerir y aquellos
sucedáneos establecidos en reemplazo de documentación
original.
44.2.2 Su necesidad y relevancia en relación al
objeto del procedimiento administrativo y para obtener el
pronunciamiento requerido.
44.2.3 La capacidad real de la entidad para procesar
la información exigida, en vía de evaluación previa o
fiscalización posterior.
Artículo 45.- Acceso a información para consulta
por parte de las entidades
45.1Todas las entidades tienen la obligación de permitir
a otras, gratuitamente, el acceso a sus bases de datos
y registros para consultar sobre información requerida
para el cumplimiento de requisitos de procedimientos
administrativos o servicios prestados en exclusividad.
45.2 En estos casos, la entidad únicamente solicita al
administrado la presentación de una declaración jurada
en el cual manifieste que cumple con el requisito previsto
en el procedimiento administrativo o servicio prestado en
exclusividad.
Artículo 46.- Documentación prohibida de solicitar
46.1 Para el inicio, prosecución o conclusión de todo
procedimiento, común o especial, las entidades quedan
prohibidas de solicitar a los administrados la presentación
de la siguiente información o la documentación que la
contenga:
46.1.1 Aquella que la entidad solicitante genere o
posea como producto del ejercicio de sus funciones
públicas conferidas por la Ley o que deba poseer en
virtud de algún trámite realizado anteriormente por el
administrado en cualquiera de sus dependencias, o
por haber sido fiscalizado por ellas, durante cinco (5)
años anteriores inmediatos, siempre que los datos no
hubieren sufrido variación. Para acreditarlo, basta que
el administrado exhiba la copia del cargo donde conste
dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la
entidad ante la cual hubiese sido suministrada.
46.1.2 Aquella que haya sido expedida por la misma
entidad o por otras entidades públicas del sector, en
cuyo caso corresponde a la propia entidad recabarla
directamente.
46.1.3 Presentación de más de dos ejemplares de
un mismo documento ante la entidad, salvo que sea
necesario notificar a otros tantos interesados.
46.1.4 Fotografías personales, salvo para obtener
documentos de identidad, pasaporte o licencias
o autorizaciones de índole personal, por razones
de seguridad nacional y seguridad ciudadana. Los
administrados suministrarán ellos mismos las fotografías
solicitadas o tendrán libertad para escoger la empresa que
las produce, con excepción de los casos de digitalización
de imágenes.
46.1.5 Documentos de identidad personal distintos
al Documento Nacional de Identidad. Asimismo, solo
se exigirá para los ciudadanos extranjeros carné de
extranjería o pasaporte según corresponda.
46.1.6 Recabar sellos de la propia entidad, que deben
ser acopiados por la autoridad a cargo del expediente.
46.1.7 Documentos o copias nuevas, cuando sean
presentadas otras, no obstante haber sido producidos
para otra finalidad, salvo que sean ilegibles.
46.1.8 Constancia de pago realizado ante la propia
entidad por algún trámite, en cuyo caso el administrado
sólo queda obligado a informar en su escrito el día de pago
y el número de constancia de pago, correspondiendo a la
administración la verificación inmediata.
46.1.9 Aquella que, de conformidad con la normativa
aplicable, se acreditó o debió acreditarse en una fase
anterior o para obtener la culminación de un trámite
anterior ya satisfecho. En este supuesto, la información
o documentación se entenderá acreditada para todos los
efectos legales.
46.1.10 Toda aquella información o documentación
que las entidades de la Administración Pública
administren, recaben, sistematicen, creen o posean
respecto de los usuarios o administrados que están

obligadas a suministrar o poner a disposición de las
demás entidades que las requieran para la tramitación de
sus procedimientos administrativos y para sus actos de
administración interna, de conformidad con lo dispuesto
por ley, decreto legislativo o por Decreto Supremo
refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros.
Los plazos y demás condiciones para la aplicación
de lo dispuesto en el presente numeral a entidades de la
Administración Pública distintas del Poder Ejecutivo, son
establecidos mediante Decreto Supremo refrendado por
el Presidente del Consejo de Ministros.
46.2 Las disposiciones contenidas en este artículo
no limitan la facultad del administrado para presentar
espontáneamente la documentación mencionada, de
considerarlo conveniente.
Artículo 47.- Presentación de documentos
sucedáneos de los originales
47.1 Para el cumplimiento de los requisitos
correspondientes a todos los procedimientos
administrativos, comunes o especiales, las entidades
están obligadas a recibir los siguientes documentos e
informaciones en vez de la documentación oficial, a la
cual reemplazan con el mismo mérito probatorio:
47.1.1 Copias simples en reemplazo de documentos
originales o copias legalizadas notarialmente de tales
documentos, acompañadas de declaración jurada del
administrado acerca de su autenticidad. Las copias
simples serán aceptadas, estén o no certificadas por
notarios, funcionarios o servidores públicos en el
ejercicio de sus funciones y tendrán el mismo valor
que los documentos originales para el cumplimiento
de los requisitos correspondientes a la tramitación de
procedimientos administrativos seguidos ante cualquier
entidad.
47.1.2 Traducciones simples con la indicación y
suscripción de quien oficie de traductor debidamente
identificado, en lugar de traducciones oficiales.
47.1.3 Las expresiones escritas del administrado
contenidas en declaraciones con carácter jurado
mediante las cuales afirman su situación o estado
favorable, así como la existencia, veracidad, vigencia en
reemplazo de la información o documentación prohibida
de solicitar.
47.1.4 Instrumentos privados, boletas notariales
o copias simples de las escrituras públicas, en vez
de instrumentos públicos de cualquier naturaleza, o
testimonios notariales, respectivamente.
47.1.5 Constancias originales suscritas por
profesionales independientes debidamente identificados
en reemplazo de certificaciones oficiales acerca de
las condiciones especiales del administrado o de sus
intereses cuya apreciación requiera especiales actitudes
técnicas o profesionales para reconocerlas, tales como
certificados de salud o planos arquitectónicos, entre otros.
Se tratará de profesionales colegiados sólo cuando la
norma que regula los requisitos del procedimiento así lo
exija.
47.1.6 Copias fotostáticas de formatos oficiales o
una reproducción particular de ellos elaborada por el
administrador respetando integralmente la estructura
de los definidos por la autoridad, en sustitución de los
formularios oficiales aprobados por la propia entidad para
el suministro de datos.
47.2 La presentación y admisión de los sucedáneos
documentales, se hace al amparo del principio de
presunción de veracidad y conlleva la realización
obligatoria de acciones de fiscalización posterior a cargo
de dichas entidades, con la consecuente aplicación de las
sanciones previstas en el numeral 33.3 del artículo 33 si
se comprueba el fraude o falsedad.
47.3 Lo dispuesto en el presente artículo es aplicable
aun cuando una norma expresa disponga la presentación
de documentos originales.
47.4 Las disposiciones contenidas en este artículo
no limitan el derecho del administrado a presentar la
documentación prohibida de exigir, en caso de ser
considerado conveniente a su derecho.
47.5 Mediante Decreto Supremo refrendado por
el Presidente del Consejo de Ministros y del sector
competente se puede ampliar la relación de documentos
originales que pueden ser reemplazados por sucedáneos.
Artículo 48.- Validez de actos administrativos de
otras entidades y suspensión del procedimiento
Salvo norma especial, en la tramitación de
procedimientos administrativos las entidades no pueden
cuestionar la validez de actos administrativos emitidos
por otras entidades que son presentados para dar
cumplimiento a los requisitos de los procedimientos
administrativos a su cargo. Tampoco pueden suspender
la tramitación de los procedimientos a la espera de
resoluciones o información provenientes de otra entidad.
Artículo 49.- Presunción de veracidad
49.1 Todas las declaraciones juradas, los
documentos sucedáneos presentados y la información
incluida en los escritos y formularios que presenten los
administrados para la realización de procedimientos
administrativos, se presumen verificados por quien hace
uso de ellos, respecto a su propia situación, así como
de contenido veraz para fines administrativos, salvo
prueba en contrario. En caso de documentos emitidos
por autoridades gubernamentales o por terceros, el
administrado puede acreditar su debida diligencia en
realizar previamente a su presentación las verificaciones
correspondientes y razonables.
49.2 En caso de las traducciones de parte, así como
los informes o constancias profesionales o técnicas
presentadas como sucedáneos de documentación oficial,
dicha responsabilidad alcanza solidariamente a quien los
presenta y a los que los hayan expedido.
Artículo 50.- Valor de documentos públicos y
privados
50.1 Son considerados documentos públicos aquellos
emitidos válidamente por los órganos de las entidades.
50.2 La copia de cualquier documento público goza de
la misma validez y eficacia que éstos, siempre que exista
constancia de que es auténtico.
50.3 La copia del documento privado cuya autenticidad
ha sido certificada por el fedatario, tiene validez y eficacia
plena, exclusivamente en el ámbito de actividad de la
entidad que la autentica.
Artículo 51.- Derecho de tramitación
51.1 Procede establecer derechos de tramitación en
los procedimientos administrativos, cuando su tramitación
implique para la entidad la prestación de un servicio
específico e individualizable a favor del administrado,
o en función del costo derivado de las actividades
dirigidas a analizar lo solicitado; salvo en los casos en
que existan tributos destinados a financiar directamente
las actividades de la entidad. Dicho costo incluye los
gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura
asociada a cada procedimiento.
51.2 Son condiciones para la procedencia de este
cobro que los derechos de tramitación hayan sido
aprobados conforme al marco legal vigente y que estén
consignados en su vigente Texto Único de Procedimientos
Administrativos.

51.3 No procede establecer cobros por derecho de
tramitación para procedimientos iniciados de oficio, ni en
aquellos en los que son ejercidos el derecho de petición
graciable, regulado en el Artículo 121, o el de denuncia
ante la entidad por infracciones funcionales de sus propios
funcionarios o que deban ser conocidas por los Órganos
de Control Institucional, para lo cual cada entidad debe
establecer el procedimiento correspondiente.
51.4 No pueden dividirse los procedimientos ni
establecerse cobro por etapas.
51.5 La entidad está obligada a reducir los derechos
de tramitación en los procedimientos administrativos si,
como producto de su tramitación, se hubieren generado
excedentes económicos en el ejercido anterior.
51.6 Mediante decreto supremo refrendado por
el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro
de Economía y Finanzas se precisa los criterios,
procedimientos y metodologías para la determinación de
los costos de los procedimientos, y servicios administrativos
que brinda la administración y para la fijación de los
derechos de tramitación. La aplicación de dichos
criterios, procedimientos y metodologías es obligatoria
para la determinación de costos de los procedimientos
administrativos y servicios prestados en exclusividad para
todas las entidades públicas en los procesos de elaboración
o modificación del Texto Único de Procedimientos
Administrativos de cada entidad. La entidad puede aprobar
derechos de tramitación menores a los que resulten de la
aplicación de los criterios, procedimientos y metodologías
aprobados según el presente artículo.
51.7 Mediante Decreto Supremo refrendado por
Economía y Finanzas, siguiendo lo previsto en el numeral
anterior, se pueden aprobar los derechos de tramitación
para los procedimientos estandarizados, que son de
obligatorio cumplimiento por parte de las entidades a partir
de su publicación en el Diario Oficial, sin necesidad de
realizar actualización del Texto Único de Procedimientos
Administrativos. Sin perjuicio de lo anterior, las entidades
están obligadas a incorporar el monto del derecho
de tramitación en sus Texto Único de Procedimientos
Administrativos dentro del plazo máximo de cinco (5) días
hábiles, sin requerir un trámite de aprobación de derechos
de tramitación, ni su ratificación.
Artículo 52.- Límite de los derechos de tramitación
52.1 El monto del derecho de tramitación es
determinado en función al importe del costo que su
durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real
de producción de documentos que expida la entidad. Su
monto es sustentado por el servidor a cargo de la oficina
de administración de cada entidad.
Para que el costo sea superior a una (1) UIT, se requiere
autorización de la Presidencia del Consejo de Ministros. Dicha
autorizaciónnoesaplicableenloscasosenquelaPresidencia
del Consejo de Ministros haya aprobado derechos de
tramitación para los procedimientos estandarizados.
52.2 Las entidades no pueden establecer pagos
diferenciados para dar preferencia o tratamiento especial
a una solicitud distinguiéndola de las demás de su mismo
tipo, ni discriminar en función al tipo de administrado que
siga el procedimiento.
Artículo 53.- Cancelación de los derechos de
tramitación
La forma de cancelación de los derechos de tramitación
es establecida en el TUPA institucional, debiendo tender
a que el pago a favor de la entidad pueda ser realizado
mediante cualquier forma dineraria que permita su
constatación, incluyendo abonos en cuentas bancarias o
transferencias electrónicas de fondos.
Artículo 54.- Reembolso de gastos administrativos
54.1 Solo procede el reembolso de gastos
administrativos cuando una ley expresamente lo autoriza.
Son gastos administrativos aquellos ocasionados por
actuaciones específicas solicitados por el administrado
dentro del procedimiento. Se solicita una vez iniciado
el procedimiento administrativo y es de cargo del
administrado que haya solicitado la actuación o de todos
los administrados, si el asunto fuera de interés común;
teniendo derecho a constatar y, en su caso, a observar, el
sustento de los gastos a reembolsar.
54.2 En el caso de los procedimientos administrativos
trilaterales, las entidades podrán ordenar en el acto
administrativo que causa estado la condena de costas
y costos por la interposición de recursos administrativos
maliciosos o temerarios. Se entiende por recurso malicioso
o temerario aquel carente de todo sustento de hecho y de
derecho, de manera que por la ostensible falta de rigor en
su fundamentación se evidencia la intención de mala fe del
administrado. Para ello, se debe acreditar el conocimiento
objetivo del administrado de ocasionar un perjuicio.
Los lineamientos para la aplicación de este numeral se
aprobarán mediante Decreto Supremo refrendado por el
Presidente de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Artículo 55.- Cumplimiento de las normas del
presente capítulo
55.1 La Presidencia del Consejo de Ministros, como
entidad rectora, es la máxima autoridad técnico normativa
del Sistema de Modernización de la Gestión Pública
y tiene a su cargo garantizar el cumplimiento de las
normas establecidas en el presente capítulo en todas las
entidades de la administración pública, sin perjuicio de
las facultades atribuidas a la Comisión de Eliminación de
Barreras Burocráticas del Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de Protección de la Propiedad
Intelectual para conocer y resolver denuncias que los
ciudadanos o agentes económicos le formulen sobre el
tema.
55.2 La Presidencia del Consejo de Ministros tiene las
siguientes competencias:
1. Dictar Directivas, metodologías y lineamientos
técnico normativos en las materias de su competencia.
2. Emitir opinión vinculante sobre el alcance
e interpretación de las normas de simplificación
administrativa incluyendo la presente Ley. En el caso de
los Texto Único de Procedimientos Administrativos de los
Ministerios y Organismos Públicos, emitir opinión previa
favorable a su aprobación.
3.Asesorar a las entidades en materia de simplificación
administrativa y evaluar de manera permanente los
procesos de simplificación administrativa al interior de las
entidades, para lo cual podrá solicitar toda la información
que requiera de éstas.
4. Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las
normas de la presente Ley.
5. Supervisar que las entidades cumplan con aprobar
sus Texto Único de Procedimientos Administrativos
conforme a la normativa aplicable.
6. Supervisar que las entidades cumplan con aplicar
los procedimientos estandarizados y actualicen sus
Texto Único de Procedimientos Administrativos para
incorporarlos en él.
7. Supervisar que las entidades cumplan con las
normas de simplificación administrativa en la tramitación
de sus procedimientos administrativos y servicios
prestados en exclusividad.
8. Detectar los incumplimientos a las normas de la
presente Ley y ordenar las modificaciones pertinentes,
otorgando a las entidades un plazo perentorio para la
subsanación.
9. En caso de no producirse la subsanación, la
Presidencia del Consejo de Ministros entrega un informe
a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del
INDECOPI, a fin de que inicie de oficio un procedimiento

de eliminación de barreras burocráticas, sin perjuicio de la
aplicación de lo previsto en el artículo 259.
10. Realizar las gestiones del caso conducentes a
hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios por
el incumplimiento de las normas del presente Capítulo,
para lo cual cuenta con legitimidad para accionar ante las
diversas entidades de la administración pública.
11. Establecer los mecanismos para la recepción
de quejas y otros mecanismos de participación de la
ciudadanía. Cuando dichas quejas se refieran a asuntos
de la competencia de la Comisión de Eliminación de
Barreras Burocráticas, se inhibirá de conocerlas y las
remitirá directamente a ésta.
12. Otras previstas en la presente Ley y las que
señalen los dispositivos legales correspondientes.
Artículo 56.- Régimen de entidades sin Texto Único
de Procedimientos Administrativos vigente
56.1 Cuando la entidad no cumpla con publicar su
Texto Único de Procedimientos Administrativos, o lo
publique omitiendo procedimientos, los administrados,
sin perjuicio de hacer efectiva la responsabilidad de la
autoridad infractora, quedan sujetos al siguiente régimen:
1. Respecto de los procedimientos administrativos
que corresponde ser aprobados automáticamente o que
se encuentran sujetos a silencio administrativo positivo,
los administrados quedan liberados de la exigencia de
iniciar ese procedimiento para obtener la autorización
previa, para realizar su actividad profesional, social,
económica o laboral, sin ser pasibles de sanciones por
el libre desarrollo de tales actividades. La suspensión
de esta prerrogativa de la autoridad concluye a partir
del día siguiente de la publicación del TUPA, sin efecto
retroactivo.
2. Respecto de las demás materias sujetas a
procedimiento de evaluación previa, se sigue el régimen
previsto en cada caso por este Capítulo.
56.2 El incumplimiento de las obligaciones de aprobar
y publicar los Texto Único de Procedimientos, genera las
siguientes consecuencias:
1. Para la entidad, la suspensión de sus facultades
de exigir al administrado la tramitación del procedimiento
administrativo, la presentación de requisitos o el pago
del derecho de tramitación, para el desarrollo de sus
actividades.
2. Para los funcionarios responsables de la
aplicación de las disposiciones de la presente Ley y las
normas reglamentarias respectivas, constituye una falta
disciplinaria grave.
Artículo 57.- Tercerización de actividades
Todas las actividades vinculadas a los procedimientos
administrativos y servicios prestados en exclusividad
distintas a la emisión de los actos administrativos o
cualquier resolución pueden tercerizarce salvo disposición
distinta de la ley.
Artículo 58.- Rol de la Contraloría General y de los
órganos de control interno
58.1 Corresponde a la Contraloría General de la
República y a los órganos de control interno de las
entidades, en el marco de la Ley N 27785, Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General
de la República, verificar de oficio que las entidades
y sus funcionarios y servidores públicos cumplan con
las obligaciones que se establecen en el Capítulo I,
Disposiciones Generales, del Título, II Procedimiento
Administrativo, de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento
58.2 Los administrados podrán presentar denuncias
ante los órganos de control interno de las entidades,
que forman parte del Sistema Nacional de Control, o
directamente ante la Contraloría General de la República,
contra los funcionarios o servidores públicos que
incumplan cualquiera de las obligaciones a que se refiere
el párrafo anterior.
58.3 Es obligación de los órganos de control interno de
las entidades o de la Contraloría General de la República
que conocen de las denuncias informar a los denunciantes
sobre el trámite de las mismas y sobre las acciones que
se desarrollen, o las decisiones que se adopten, como
resultado de las denuncias en relación a las irregularidades
o incumplimientos que son objeto de denuncia.
58.4 El jefe o responsable del órgano de control
interno tiene la obligación de realizar trimestralmente un
reporte, que deberá remitir al titular de la entidad para
que disponga que en un plazo no mayor de 5 días hábiles
se publique en el respectivo portal web de transparencia
institucional, en el que dará cuenta de las acciones
realizadas, o de las decisiones adoptadas, en relación
a las denuncias que reciba contra los funcionarios o
servidores públicos que incumplan las obligaciones a que
se refiere el primer párrafo de este dispositivo.
CAPÍTULO II
De los sujetos del procedimiento
Artículo 59.- Sujetos del procedimiento
Para los efectos del cumplimiento de las disposiciones
del Derecho Administrativo, se entiende por sujetos del
procedimiento a:
1. Administrados: la persona natural o jurídica que,
cualquiera sea su calificación o situación procedimental,
participa en el procedimiento administrativo. Cuando una
entidad interviene en un procedimiento como administrado,
se somete a las normas que lo disciplinan en igualdad de
facultades y deberes que los demás administrados.
2. Autoridad administrativa: el agente de las entidades
que bajo cualquier régimen jurídico, y ejerciendo potestades
públicas conducen el inicio, la instrucción, la sustanciación,
la resolución, la ejecución, o que de otro modo participan
en la gestión de los procedimientos administrativos.
Subcapítulo I
De los administrados
Artículo 60.- Contenido del concepto administrado
Se consideran administrados respecto de algún
procedimiento administrativo concreto:
1. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o
intereses legítimos individuales o colectivos.
2. Aquellos que, sin haber iniciado el procedimiento,
posean derechos o intereses legítimos que pueden
resultar afectados por la decisión a adoptarse.
Artículo 61.- Capacidad procesal
Tienen capacidad procesal ante las entidades las
personas que gozan de capacidad jurídica conforme a las
leyes.
Artículo 62.- Representación de personas jurídicas
Las personas jurídicas pueden intervenir en el
procedimiento a través de sus representantes legales,
quienes actúan premunidos de los respectivos poderes.

Artículo 63.- Libertad de actuación procesal
63.1 El administrado está facultado, en sus relaciones
con las entidades, para realizar toda actuación que no
le sea expresamente prohibida por algún dispositivo
jurídico.
63.2 Para los efectos del numeral anterior, se entiende
prohibido todo aquello que impida o perturbe los derechos
de otros administrados, o el cumplimiento de sus deberes
respecto al procedimiento administrativo.
Artículo 64.- Derechos de los administrados
Son derechos de los administrados con respecto al
procedimiento administrativo, los siguientes:
1. La precedencia en la atención del servicio público
requerido, guardando riguroso orden de ingreso.
2. Ser tratados con respeto y consideración por el
personal de las entidades, en condiciones de igualdad
con los demás administrados.
3. Acceder, en cualquier momento, de manera directa
y sin limitación alguna a la información contenida en los
expedientes de los procedimientos administrativos en
que sean partes y a obtener copias de los documentos
contenidos en el mismo sufragando el costo que suponga
su pedido, salvo las excepciones expresamente previstas
por ley.
4. Acceder a la información gratuita que deben
brindar las entidades del Estado sobre sus actividades
orientadas a la colectividad, incluyendo sus fines,
competencias, funciones, organigramas, ubicación de
dependencias, horarios de atención, procedimientos y
características.
5. A ser informados en los procedimientos de oficio
sobre su naturaleza, alcance y, de ser previsible, del plazo
estimado de su duración, así como de sus derechos y
obligaciones en el curso de tal actuación.
6. Participar responsable y progresivamente en la
prestación y control de los servicios públicos, asegurando
su eficiencia y oportunidad.
7. Al cumplimiento de los plazos determinados
para cada servicio o actuación y exigirlo así a las
autoridades.
8. Ser asistidos por las entidades para el cumplimiento
de sus obligaciones.
9. Conocer la identidad de las autoridades y personal
al servicio de la entidad bajo cuya responsabilidad son
tramitados los procedimientos de su interés.
10. A que las actuaciones de las entidades que les
afecten sean llevadas a cabo en la forma menos gravosa
posible.
11. Al ejercicio responsable del derecho de formular
análisis, críticas o a cuestionar las decisiones y
actuaciones de las entidades.
12. A no presentar los documentos prohibidos
de solicitar las entidades, a emplear los sucedáneos
documentales y a no pagar tasas diferentes a las debidas
según las reglas de la presente Ley.
13. A que en caso de renovaciones de
autorizaciones, licencias, permisos y similares, se
entiendan automáticamente prorrogados en tanto
hayan sido solicitados durante la vigencia original,
y mientras la autoridad instruye el procedimiento de
renovación y notifica la decisión definitiva sobre este
expediente.
14. A exigir la responsabilidad de las entidades y
del personal a su servicio, cuando así corresponda
legalmente, y
15. Los demás derechos reconocidos por la
Constitución Política del Perú o las leyes.
Artículo 65.- Deberes generales de los
administrados en el procedimiento
Los administrados respecto del procedimiento
administrativo, así como quienes participen en él, tienen
los siguientes deberes generales:
1. Abstenerse de formular pretensiones o
articulaciones ilegales, de declarar hechos contrarios a la
verdad o no confirmados como si fueran fehacientes, de
solicitar actuaciones meramente dilatorias, o de cualquier
otro modo afectar el principio de conducta procedimental
2. Prestar su colaboración para el pertinente
esclarecimiento de los hechos.
3. Proporcionar a la autoridad cualquier información
dirigida a identificar a otros administrados no
comparecientes con interés legítimo en el procedimiento.
4. Comprobar previamente a su presentación ante la
entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea
y de cualquier otra información que se ampare en la
presunción de veracidad.
Artículo 66.- Suministro de información a las
entidades
66.1 Los administrados están facultados para
proporcionar a las entidades la información y documentos
vinculados a sus peticiones o reclamos que estimen
necesarios para obtener el pronunciamiento.
66.2 En los procedimientos investigatorios, los
administrados están obligados a facilitar la información
y documentos que conocieron y fueren razonablemente
adecuados a los objetivos de la actuación para alcanzar
la verdad material, conforme a lo dispuesto en el capítulo
sobre la instrucción.
Artículo 67.- Comparecencia personal
67.1 Las entidades pueden convocar la comparecencia
personal a su sede de los administrados sólo cuando así
le haya sido facultado expresamente por ley.
67.2 Los administrados pueden comparecer asistidos
por asesores cuando sea necesario para la mejor
exposición de la verdad de los hechos.
67.3 A solicitud verbal del administrado, la entidad
entrega al final del acto, constancia de su comparecencia
y copia del acta elaborada.
Artículo 68.- Formalidades de la comparecencia
68.1 El citatorio se rige por el régimen común de la
notificación, haciendo constar en ella lo siguiente:
68.1.1 El nombre y la dirección del órgano que cita,
con identificación de la autoridad requirente;
68.1.2 El objeto y asunto de la comparecencia;
68.1.3 Los nombres y apellidos del citado;
68.1.4 El día y hora en que debe comparecer el citado,
que no puede ser antes del tercer día de recibida la
citación, y, en caso de ser previsible, la duración máxima
que demande su presencia. Convencionalmente puede
fijarse el día y hora de comparecencia;
68.1.5 La disposición legal que faculta al órgano a
realizar esta citación; y,
68.1.6 El apercibimiento, en caso de inasistencia al
requerimiento.
68.2 La comparecencia debe ser realizada, en
lo posible, de modo compatible con las obligaciones
laborales o profesionales de los convocados.
68.3 El citatorio que infringe alguno de los requisitos
indicados no surte efecto, ni obliga a su asistencia a los
administrados.
Artículo 69.- Terceros administrados
69.1 Si durante la tramitación de un procedimiento
es advertida la existencia de terceros determinados no
comparecientes cuyos derechos o intereses legítimos
puedan resultar afectados con la resolución que sea

emitida, dicha tramitación y lo actuado les deben ser
comunicados mediante citación al domicilio que resulte
conocido, sin interrumpir el procedimiento.
69.2 Respecto de terceros administrados no
determinados, la citación es realizada mediante
publicación o, cuando corresponda, mediante la
realización del trámite de información pública o audiencia
pública, conforme a esta Ley.
69.3 Los terceros pueden apersonarse en cualquier
estado del procedimiento, teniendo los mismos derechos
y obligaciones de los participantes en él.
Subcapítulo II
De la autoridad administrativa:
Principios generales y competencia
Artículo 70.- Fuente de competencia administrativa
70.1 La competencia de las entidades tiene su fuente
en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por las
normas administrativas que de aquéllas se derivan.
70.2 Toda entidad es competente para realizar las
tareas materiales internas necesarias para el eficiente
cumplimiento de su misión y objetivos, así como para
la distribución de las atribuciones que se encuentren
comprendidas dentro de su competencia.
Artículo 71.- Presunción de competencia
desconcentrada
71.1 Cuando una norma atribuya a una entidad alguna
competencia o facultad sin especificar qué órgano a su
interior debe ejercerla, debe entenderse que corresponde al
órgano de inferior jerarquía de función más similar vinculada
a ella en razón de la materia y de territorio, y, en caso de
existir varios órganos posibles, al superior jerárquico común.
71.2 Particularmente compete a estos órganos
resolver los asuntos que consistan en la simple
confrontación de hechos con normas expresas o asuntos
tales como: certificaciones, inscripciones, remisiones al
archivo, notificaciones, expedición de copias certificadas
de documentos, comunicaciones o la devolución de
documentos.
71.3 Cada entidad es competente para realizar
tareas materiales internas necesarias para el eficiente
cumplimiento de su misión y objetivos.
Artículo 72.- Carácter inalienable de la competencia
administrativa
72.1 Es nulo todo acto administrativo o contrato que
contemple la renuncia a la titularidad, o la abstención del
ejercicio de las atribuciones conferidas a algún órgano
administrativo.
72.2 Solo por ley o mediante mandato judicial
expreso, en un caso concreto, puede ser exigible a una
autoridad no ejercer alguna atribución administrativa de
su competencia.
72.3 La demora o negligencia en el ejercicio de la
competencia o su no ejercicio cuando ello corresponda,
constituye falta disciplinaria imputable a la autoridad
respectiva.
72.4 Las entidades o sus funcionarios no pueden
dejar de cumplir con la tramitación de procedimientos
administrativos, conforme a lo normado en la presente
Ley. Todo acto en contra es nulo de pleno derecho.
Artículo 73.- Conflicto con la función jurisdiccional
73.1 Cuando, durante la tramitación de un
procedimiento, la autoridad administrativa adquiere
conocimiento que se está tramitando en sede jurisdiccional
una cuestión litigiosa entre dos administrados sobre
determinadas relaciones de derecho privado que precisen
ser esclarecidas previamente al pronunciamiento
administrativo, solicitará al órgano jurisdiccional
comunicación sobre las actuaciones realizadas.
73.2 Recibida la comunicación, y sólo si estima
que existe estricta identidad de sujetos, hechos y
fundamentos, la autoridad competente para la resolución
del procedimiento podrá determinar su inhibición hasta
que el órgano jurisdiccional resuelva el litigio.
La resolución inhibitoria es elevada en consulta al
superior jerárquico, si lo hubiere, aun cuando no medie
apelación. Si es confirmada la resolución inhibitoria es
comunicada al Procurador Público correspondiente para
que, de ser el caso y convenir a los intereses del Estado,
se apersone al proceso.
Artículo 74.- Ejercicio de la competencia
74.1 El ejercicio de la competencia es una obligación
directa del órgano administrativo que la tenga atribuida
como propia, salvo el cambio de competencia por
motivos de delegación o evocación, según lo previsto en
esta Ley.
74.2 El encargo de gestión, la delegación de firma y
la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la
competencia.
74.3 No puede ser cambiada, alterada o modificada
la competencia de las entidades consagradas en la
Constitución.
Artículo 75.- Cambios de competencia por motivos
organizacionales
Si durante la tramitación de un procedimiento
administrativo, la competencia para conocerlo es
transferida a otro órgano o entidad administrativa
por motivos organizacionales, en éste continuará el
procedimiento sin retrotraer etapas ni suspender plazos.
Artículo 76.- Delegación de competencia
76.1 Las entidades pueden delegar el ejercicio de
competencia conferida a sus órganos en otras entidades
cuando existan circunstancias de índole técnica,
económica, social o territorial que lo hagan conveniente.
Procede también la delegación de competencia de un
órgano a otro al interior de una misma entidad.
76.2 Son indelegables las atribuciones esenciales
del órgano que justifican su existencia, las atribuciones
para emitir normas generales, para resolver recursos
administrativos en los órganos que hayan dictado los
actos objeto de recurso, y las atribuciones a su vez
recibidas en delegación.
76.3 Mientras dure la delegación, no podrá el
delegante ejercer la competencia que hubiese delegado,
salvo los supuestos en que la ley permite la avocación.
76.4 Los actos administrativos emitidos por
delegación indican expresamente esta circunstancia y
son considerados emitidos por la entidad delegante.
76.5 La delegación se extingue:
a) Por revocación o avocación.
b) Por el cumplimiento del plazo o la condición
previstos en el acto de delegación.
Artículo 77.- Deber de vigilancia del delegante
El delegante tendrá siempre la obligación de vigilar la
gestión del delegado, y podrá ser responsable con éste
por culpa en la vigilancia.

Artículo 78.- Avocación de competencia
78.1 Con carácter general, la ley puede considerar
casos excepcionales de avocación de conocimiento, por
parte de los superiores, en razón de la materia, o de la
particular estructura de cada entidad.
78.2 La entidad delegante podrá avocarse al
conocimiento y decisión de cualquier asunto concreto que
corresponda decidir a otra, en virtud de delegación.
Artículo 79.- Disposición común a la delegación y
avocación de competencia
Todo cambio de competencia debe ser temporal,
motivado, y estar su contenido referido a una serie
de actos o procedimientos señalados en el acto que lo
origina. La decisión que se disponga deberá ser notificada
a los administrados comprendidos en el procedimiento en
curso con anterioridad a la resolución que se dicte.
Artículo 80.- Encargo de gestión
80.1 La realización de actividades con carácter
material, técnico o de servicios de competencia de un
órgano puede ser encargada a otros órganos o entidades
por razones de eficacia, o cuando la encargada posea los
medios idóneos para su desempeño por sí misma.
80.2 El encargo es formalizado mediante convenio,
donde conste la expresa mención de la actividad o
actividades a las que afecten el plazo de vigencia, la
naturaleza y su alcance.
80.3 El órgano encargante permanece con la
titularidad de la competencia y con la responsabilidad por
ella, debiendo supervisar la actividad.
80.4 Mediante norma con rango de ley, puede
facultarse a las entidades a realizar encargos de gestión
a personas jurídicas no estatales, cuando razones de
índole técnico y presupuestado lo haga aconsejable
bajo los mismos términos previstos en este artículo,
dicho encargo deberá realizarse con sujeción al Derecho
Administrativo.
Artículo 81.- Delegación de firma
81.1 Los titulares de los órganos administrativos
pueden delegar mediante comunicación escrita la
firma de actos y decisiones de su competencia en sus
inmediatos subalternos, o a los titulares de los órganos o
unidades administrativas que de ellos dependan, salvo en
caso de resoluciones de procedimientos sancionadores, o
aquellas que agoten la vía administrativa.
81.2 En caso de delegación de firma, el delegante es
el único responsable y el delegado se limita a firmar lo
resuelto por aquél.
81.3 El delegado suscribe los actos con la anotación
“por”, seguido del nombre y cargo del delegante.
Artículo 82.- Suplencia
82.1 El desempeño de los cargos de los titulares de los
órganos administrativos puede ser suplido temporalmente
en caso de vacancia o ausencia justificada, por quien
designe la autoridad competente para efectuar el
nombramiento de aquéllos.
82.2 El suplente sustituye al titular para todo efecto
legal, ejerciendo las funciones del órgano con la plenitud
de los poderes y deberes que las mismas contienen.
82.3 Si no es designado titular o suplente, el cargo es
asumido transitoriamente por quien le sigue en jerarquía
en dicha unidad; y ante la existencia de más de uno con
igual nivel, por quien desempeñe el cargo con mayor
vinculación a la gestión del área que suple; y, de persistir
la equivalencia, el de mayor antigüedad; en todos los
casos con carácter de interino.
Artículo 83.- Desconcentración
83.1 La titularidad y el ejercicio de competencia
asignada a los órganos administrativos se desconcentran
en otros órganos de la entidad, siguiendo los criterios
establecidos en la presente Ley.
La desconcentración de competencia puede ser
vertical u horizontal. La primera es una forma organizativa
de desconcentración de la competencia que se establece
en atención al grado y línea del órgano que realiza las
funciones, sin tomar en cuenta el aspecto geográfico. La
segunda es una forma organizativa de desconcentración
de la competencia que se emplea con el objeto de expandir
la cobertura de las funciones o servicios administrativos
de una entidad.
83.2 Los órganos de dirección de las entidades se
encuentran liberados de cualquier rutina de ejecución,
de emitir comunicaciones ordinarias y de las tareas de
formalización de actos administrativos, con el objeto de
que puedan concentrarse en actividades de planeamiento,
supervisión, coordinación, control interno de su nivel y en
la evaluación de resultados.
83.3 A los órganos jerárquicamente dependientes se
les transfiere competencia para emitir resoluciones, con
el objeto de aproximar a los administrados las facultades
administrativas que conciernan a sus intereses.
83.4 Cuando proceda la impugnación contra actos
administrativos emitidos en ejercicio de competencia
desconcentrada, corresponderá resolver a quien las haya
transferido, salvo disposición legal distinta.”
Artículo 84.- Deberes de las autoridades en los
procedimientos
Son deberes de las autoridades respecto del
procedimiento administrativo y de sus partícipes, los
siguientes:
1. Actuar dentro del ámbito de su competencia y
conforme a los fines para los que les fueron conferidas
sus atribuciones.
2. Desempeñar sus funciones siguiendo los principios
del procedimiento administrativo previstos en el Título
Preliminar de esta Ley.
3. Encauzar de oficio el procedimiento, cuando
advierta cualquier error u omisión de los administrados,
sin perjuicio de la actuación que les corresponda a ellos.
4. Abstenerse de exigir a los administrados el
cumplimiento de requisitos, la realización de trámites, el
suministro de información o la realización de pagos, no
previstos legalmente.
5. Realizar las actuaciones a su cargo en tiempo hábil,
para facilitar a los administrados el ejercicio oportuno de
los actos procedimentales de su cargo.
6. Resolver explícitamente todas las solicitudes
presentadas, salvo en aquellos procedimientos de
aprobación automática.
7. Velar por la eficacia de las actuaciones
procedimentales, procurando la simplificación en sus
trámites, sin más formalidades que las esenciales para
garantizar el respeto a los derechos de los administrados
o para propiciar certeza en las actuaciones.
8. Interpretar las normas administrativas de forma que
mejor atienda el fin público al cual se dirigen, preservando
razonablemente los derechos de los administrados.
9. Los demás previstos en la presente Ley o derivados
del deber de proteger, conservar y brindar asistencia a
los derechos de los administrados, con la finalidad de
preservar su eficacia.
10. Habilitar espacios idóneos para la consulta de
expedientes y documentos, así como para la atención
cómoda y ordenada del público, sin perjuicio del uso de
medios con aplicación de tecnología de la información u
otros similares.”

Subcapítulo III
Colaboración entre entidades
Artículo 85.- Colaboración entre entidades
85.1 Las relaciones entre las entidades se rigen por el
criterio de colaboración, sin que ello importe renuncia a la
competencia propia señalada por ley.
85.2 En atención al criterio de colaboración las
entidades deben:
85.2.1 Respetar el ejercicio de competencia de otras
entidades, sin cuestionamientos fuera de los niveles
institucionales.
85.2.2 Proporcionar directamente los datos e
información que posean, sea cual fuere su naturaleza
jurídica o posición institucional, a través de cualquier
medio, sin más limitación que la establecida por la
Constitución o la ley, para lo cual se propenderá a la
interconexión de equipos de procesamiento electrónico
de información, u otros medios similares.
85.2.3 Prestar en el ámbito propio la cooperación y
asistencia activa que otras entidades puedan necesitar
para el cumplimiento de sus propias funciones, salvo
que les ocasione gastos elevados o ponga en peligro el
cumplimiento de sus propias funciones.
85.2.4 Facilitar a las entidades los medios de prueba
que se encuentren en su poder, cuando les sean
solicitados para el mejor cumplimiento de sus deberes,
salvo disposición legal en contrario.
85.2.5 Brindar una respuesta de manera gratuita y
oportuna a las solicitudes de información formuladas
por otra entidad pública en ejercicio de sus funciones.
85.3 En los procedimientos sujetos a silencio
administrativo positivo el plazo para resolver quedará
suspendido cuando una entidad requiera la colaboración
de otra para que le proporcione la información prevista
en los numerales 85.2.3 y 85.2.4, siempre que ésta
sea indispensable para la resolución del procedimiento
administrativo. El plazo de suspensión no podrá exceder
el plazo dispuesto en el numeral 3 del artículo 141 de la
presente Ley.
85.4 Cuando una entidad solicite la colaboración de
otra entidad deberá notificar al administrado dentro de los
3 días siguientes de requerida la información.
Artículo 86.- Medios de colaboración
interinstitucional
86.1 Las entidades están facultadas para dar
estabilidad a la colaboración interinstitucional
mediante conferencias entre entidades vinculadas,
convenios de colaboración u otros medios legalmente
admisibles.
86.2 Las conferencias entre entidades vinculadas
permiten a aquellas entidades que correspondan
a una misma problemática administrativa, reunirse
para intercambiar mecanismos de solución, propiciar
la colaboración institucional en aspectos comunes
específicos y constituir instancias de cooperación
bilateral.
Los acuerdos serán formalizados cuando ello
lo amerite, mediante acuerdos suscritos por los
representantes autorizados.
86.3. Por los convenios de colaboración, las
entidades a través de sus representantes autorizados,
celebran dentro de la ley acuerdos en el ámbito de su
respectiva competencia, de naturaleza obligatoria para
las partes y con cláusula expresa de libre adhesión y
separación.
86.4 Las entidades pueden celebrar convenios con
las instituciones del sector privado, siempre que con ello
se logre el cumplimiento de su finalidad y no se vulnere
normas de orden público.
Artículo 87.- Ejecución de la colaboración entre
autoridades
87.1 La procedencia de la colaboración solicitada es
regulada conforme a las normas propias de la autoridad
solicitante, pero su cumplimiento es regido por las normas
propias de la autoridad solicitada.
87.2 La autoridad solicitante de la colaboración
responde exclusivamente por la legalidad de lo solicitado
y por el empleo de sus resultados. La autoridad solicitada
responde de la ejecución de la colaboración efectuada.
Artículo 88.- Costas de la colaboración
88.1 La solicitud de colaboración no genera el pago
de tasas, derechos administrativos o de cualquier otro
concepto que implique pago alguno, entre entidades de la
administración pública
88.2 A petición de la autoridad solicitada, la autoridad
solicitante de otra entidad tendrá que pagar a ésta los gastos
efectivos realizados cuando las acciones se encuentren
fuera del ámbito de actividad ordinaria de la entidad.
Subcapítulo IV
Conflictos de competencia y abstención
Artículo 89.- Control de competencia
Recibida la solicitud o la disposición de autoridad
superior, según el caso, para iniciar un procedimiento,
las autoridades de oficio deben asegurarse de su propia
competencia para proseguir con el normal desarrollo del
procedimiento, siguiendo los criterios aplicables al caso
de la materia, el territorio, el tiempo, el grado o la cuantía.
Artículo 90.- Conflictos de competencia
90.1 La incompetencia puede ser declarada de oficio,
una vez apreciada conforme al artículo anterior o a
instancia de los administrados, por el órgano que conoce
del asunto o por el superior jerárquico.
90.2 En ningún caso, los niveles inferiores pueden
sostener competencia con un superior debiéndole, en
todo caso, exponer las razones para su discrepancia.
Artículo 91.- Declinación de competencia
91.1 El órgano administrativo que se estime
incompetente para la tramitación o resolución de un
asunto remite directamente las actuaciones al órgano que
considere competente, con conocimiento del administrado.
91.2 El órgano que declina su competencia, a solicitud
de parte y hasta antes que otro asuma, puede adoptar
las medidas cautelares necesarias para evitar daños
graves o irreparables a la entidad o a los administrados,
comunicándolo al órgano competente.
Artículo 92.- Conflicto negativo de competencia
En caso de suscitarse conflicto negativo de
competencia, el expediente es elevado al órgano
inmediato superior para que resuelva el conflicto.
Artículo 93.- Conflicto positivo de competencia
93.1 El órgano que se considere competente requiere
de inhibición al que está conociendo del asunto, el cual

si está de acuerdo, envía lo actuado a la autoridad
requiriente para que continúe el trámite.
93.2 En caso de sostener su competencia la autoridad
requerida, remite lo actuado al superior inmediato para
que dirima el conflicto.
Artículo 94.- Resolución de conflicto de
competencia
En todo conflicto de competencia, el órgano a quien
se remite el expediente dicta resolución irrecurrible dentro
del plazo de cuatro días.
Artículo 95.- Competencia para resolver conflictos
95.1 Compete resolver los conflictos positivos o
negativos de competencia de una misma entidad, al
superior jerárquico común, y, si no lo hubiere, al titular de
la entidad.
95.2 Los conflictos de competencia entre autoridades
de un mismo Sector son resueltos por el responsable de
éste, y los conflictos entre otras autoridades del Poder
Ejecutivo son resueltos por la Presidencia del Consejo de
Ministros, mediante decisión inmotivada; sin ser llevada
por las autoridades en ningún caso a los tribunales.
95.3 Los conflictos de competencia entre otras
entidades se resuelven conforme a lo que disponen la
Constitución y las leyes.
Artículo 96.- Continuación del procedimiento
Luego de resuelto el conflicto de competencia, el
órgano que resulte competente para conocer el asunto
continúa el procedimiento según su estado y conserva
todo lo actuado, salvo aquello que no sea jurídicamente
posible.
Artículo 97.- Causales de abstención
La autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas
opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan
influir en el sentido de la resolución, debe abstenerse
de participar en los asuntos cuya competencia le esté
atribuida, en los siguientes casos:
1. Si es cónyuge, conviviente, pariente dentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad, con cualquiera de los administrados o con sus
representantes, mandatarios, con los administradores de
sus empresas, o con quienes les presten servicios.
2. Si ha tenido intervención como asesor, perito o
testigo en el mismo procedimiento, o si como autoridad
hubiere manifestado previamente su parecer sobre el
mismo, de modo que pudiera entenderse que se ha
pronunciado sobre el asunto, salvo la rectificación de
errores o la decisión del recurso de reconsideración.
3. Si personalmente, o bien su cónyuge, conviviente o
algún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad
o segundo de afinidad, tuviere interés en el asunto de que
se trate o en otro semejante, cuya resolución pueda influir
en la situación de aquel.
4. Cuando tuviere amistad íntima, enemistad
manifiesta o conflicto de intereses objetivo con cualquiera
de los administrados intervinientes en el procedimiento,
que se hagan patentes mediante actitudes o hechos
evidentes en el procedimiento.
5. Cuando tuviere o hubiese tenido en los
últimos doce (12) meses, relación de servicio o de
subordinación con cualquiera de los administrados
o terceros directamente interesados en el asunto, o
si tuviera en proyecto una concertación de negocios
con alguna de las partes, aun cuando no se concrete
posteriormente.
No se aplica lo establecido en el presente numeral
en los casos de contratos para la prestación de
servicios públicos o, que versen sobre operaciones que
normalmente realice el administrado-persona jurídica con
terceros y, siempre que se acuerden en las condiciones
ofrecidas a otros consumidores o usuarios.
6. Cuando se presenten motivos que perturben
la función de la autoridad, esta, por decoro, puede
abstenerse mediante resolución debidamente
fundamentada. Para ello, se debe tener en consideración
las siguientes reglas:
a) En caso que la autoridad integre un órgano
colegiado, este último debe aceptar o denegar la
solicitud.
b) En caso que la autoridad sea un órgano unipersonal,
su superior jerárquico debe emitir una resolución
aceptando o denegando la solicitud.
Artículo 98.- Promoción de la abstención
98.1 La autoridad que se encuentre en alguna de
las circunstancias señaladas en el artículo anterior,
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a aquel en
que comenzó a conocer el asunto, o en que conoció la
causal sobreviniente, plantea su abstención en escrito
razonado, y remite lo actuado al superior jerárquico
inmediato, al presidente del órgano colegiado o al pleno,
según el caso, para que sin más trámite, se pronuncie
sobre la abstención dentro del tercer día.
98.2 Cuando la autoridad no se abstuviera a pesar de
existir alguna de las causales expresadas, el administrado
puede hacer conocer dicha situación al titular de la
entidad, o al pleno, si fuere órgano colegiado, en cualquier
momento.
Artículo 99.- Disposición superior de abstención
99.1 El superior jerárquico inmediato ordena, de oficio,
o a pedido de los administrados, la abstención del agente
incurso en alguna de las causales a que se refiere el
Artículo 98 de la presente Ley.
99.2 En este mismo acto designa a quien continuará
conociendo del asunto, preferentemente entre autoridades
de igual jerarquía, y le remitirá el expediente.
99.3 Cuando no hubiere otra autoridad pública apta
para conocer del asunto, el superior optará por habilitar a
una autoridad ad hoc, o disponer que el incurso en causal
de abstención tramite y resuelva el asunto, bajo su directa
supervisión.
Artículo 100.- Consecuencias de la no abstención
100.1 La participación de la autoridad en el que
concurra cualquiera de las causales de abstención,
no implica necesariamente la invalidez de los actos
administrativos en que haya intervenido, salvo en el caso
en que resulte evidente la imparcialidad o arbitrariedad
manifiesta o que hubiera ocasionado indefensión al
administrado.
100.2 Sin perjuicio de ello, el superior jerárquico
dispone el inicio de las acciones de responsabilidad
administrativa, civil o penal contra la autoridad que no se
hubiese abstenido de intervenir, conociendo la existencia
de la causal.
Artículo 101.- Trámite de abstención
La tramitación de una abstención se realizará en vía
incidental, sin suspender los plazos para resolver o para
que opere el silencio administrativo.
Artículo 102.- Impugnación de la decisión
La resolución de esta materia no es impugnable en
sede administrativa, salvo la posibilidad de alegar la no

abstención, como fundamento del recurso administrativo
contra la resolución final.
Artículo 103.- Apartamiento de la autoridad
abstenida
La autoridad que por efecto de la abstención sea
apartada del procedimiento, coopera para contribuir a la
celeridad de la atención del procedimiento, sin participar
en reuniones posteriores ni en la deliberación de la
decisión.
Subcapítulo V
Órganos colegiados
Artículo 104.- Régimen de los órganos colegiados
Se sujetan a las disposiciones del presente apartado,
el funcionamiento interno de los órganos colegiados,
permanentes o temporales de las entidades, incluidos
aquellos en los que participen representantes de
organizaciones gremiales, sociales o económicas no
estatales.
Artículo 105.- Autoridades de los órganos
colegiados
105.1 Cada órgano colegiado de las entidades es
representado por un Presidente, a cargo de asegurar la
regularidad de las deliberaciones y ejecutar sus acuerdos,
y cuenta con un Secretario, a cargo de preparar la agenda,
llevar, actualizar y conservar las actas de las sesiones,
comunicar los acuerdos, otorgar copias y demás actos
propios de la naturaleza del cargo.
105.2 A falta de nominación expresa en la forma
prescrita por el ordenamiento, los cargos indicados
son elegidos por el propio órgano colegiado entre sus
integrantes, por mayoría absoluta de votos.
105.3 En caso de ausencia justificada, pueden ser
sustituidos con carácter provisional por los suplentes
o, en su defecto, por quien el colegiado elija entre sus
miembros.
Artículo 106.- Atribuciones de los miembros
Corresponde a los miembros de los órganos
colegiados:
1. Recibir con la antelación prudencial, la convocatoria
a las sesiones, con la agenda conteniendo el orden
del día y la información suficiente sobre cada tema, de
manera que puedan conocer las cuestiones que deban
ser debatidas.
2. Participar en los debates de las sesiones.
3. Ejercer su derecho al voto y formular cuando lo
considere necesario su voto singular, así como expresar
los motivos que lo justifiquen. La fundamentación de un
voto singular puede ser realizada en el mismo momento o
entregarse por escrito hasta el día siguiente.
4. Formular peticiones de cualquier clase, en particular
para incluir temas en la agenda, y formular preguntas
durante los debates.
5. Recibir y obtener copia de cualquier documento o
acta de las sesiones del órgano colegiado.
Artículo 107.- Régimen de las sesiones
107.1 Todo colegiado se reúne ordinariamente con la
frecuencia y en el día que indique su ordenamiento; y, a
falta de ambos, cuando él lo acuerde.
107.2 La convocatoria de los órganos colegiados
corresponde al Presidente y debe ser notificada
conjuntamente con la agenda del orden del día con una
antelación prudencial, salvo las sesiones de urgencia
o periódicas en fecha fija, en que podrá obviarse la
convocatoria.
107.3 No obstante, queda válidamente constituido sin
cumplir los requisitos de convocatoria u orden del día,
cuando se reúnan todos sus miembros y acuerden por
unanimidad iniciar la sesión.
107.4 Iniciada la sesión, no puede ser objeto de
acuerdo ningún asunto fuera del orden del día, salvo
que estén presentes todos los integrantes del órgano
colegiado y aprueben mediante su voto unánime la
inclusión, en razón a la urgencia de adoptar acuerdo
sobre ello.
Artículo 108.- Quórum para sesiones
108.1 El quórum para la instalación y sesión válida
del órgano colegiado es la mayoría absoluta de sus
componentes.
108.2 Si no existiera quórum para la primera sesión,
el órgano se constituye en segunda convocatoria el día
siguiente de la señalada para la primera, con un quórum
de la tercera parte del número legal de sus miembros, y
en todo caso, en número no inferior a tres.
108.3 Instalada una sesión, puede ser suspendida
sólo por fuerza mayor, con cargo a continuarla en la fecha
y lugar que se indique al momento de suspenderla. De no
ser posible indicarlo en la misma sesión, la Presidencia
convoca la fecha de reinicio notificando a todos los
miembros con antelación prudencial.
Artículo 109.- Quórum para votaciones
109.1 Los acuerdos son adoptados por los votos de la
mayoría de asistentes al tiempo de la votación en la sesión
respectiva, salvo que la ley expresamente establezca
una regla distinta; correspondiendo a la Presidencia voto
dirimente en caso de empate.
109.2 Los miembros del órgano colegiado que
expresen votación distinta a la mayoría deben hacer
constar en acta su posición y los motivos que la justifiquen.
El Secretario hará constar este voto en el acta junto con
la decisión adoptada.
109.3 En caso de órganos colegiados consultivos o
informantes, al acuerdo mayoritario se acompaña el voto
singular que hubiere.
Artículo 110.- Obligatoriedad del voto
110.1 Salvo disposición legal en contrario, los
integrantes de órganos colegiados asistentes a la sesión
y no impedidos legalmente de intervenir, deben afirmar su
posición sobre la propuesta en debate, estando prohibido
inhibirse de votar.
110.2 Cuando la abstención de voto sea facultada por
ley, tal posición deberá ser fundamentada por escrito.
Artículo 111.- Acta de sesión
111.1 De cada sesión es levantada un acta, que
contiene la indicación de los asistentes, así como del
lugar y tiempo en que ha sido efectuada, los puntos
de deliberación, cada acuerdo por separado, con
indicación de la forma y sentido de los votos de todos los
participantes. El acuerdo expresa claramente el sentido
de la decisión adoptada y su fundamento.
111.2 El acta es leída y sometida a la aprobación de
los miembros del órgano colegiado al final de la misma
sesión o al inicio de la siguiente, pudiendo no obstante
el Secretario certificar los acuerdos específicos ya
aprobados, así como el pleno autorizar la ejecución
inmediata de lo acordado.

111.3 Cada acta, luego de aprobada, es firmada por
el Secretario, el Presidente, por quienes hayan votado
singularmente y por quienes así lo soliciten.
CAPÍTULO III
Iniciación del procedimiento
Artículo 112.- Formas de iniciación del
procedimiento
El procedimiento administrativo es promovido de oficio
por el órgano competente o instancia del administrado,
salvo que por disposición legal o por su finalidad
corresponda ser iniciado exclusivamente de oficio o a
instancia del interesado.
Artículo 113.- Inicio de oficio
113.1 Para el inicio de oficio de un procedimiento debe
existir disposición de autoridad superior que la fundamente
en ese sentido, una motivación basada en el cumplimiento
de un deber legal o el mérito de una denuncia.
113.2 El inicio de oficio del procedimiento es
notificado a los administrados determinados cuyos
intereses o derechos protegidos puedan ser afectados
por los actos a ejecutar, salvo en caso de fiscalización
posterior a solicitudes o a su documentación, acogidos
a la presunción de veracidad. La notificación incluye
la información sobre la naturaleza, alcance y de ser
previsible, el plazo estimado de su duración, así como de
sus derechos y obligaciones en el curso de tal actuación.
113.3 La notificación es realizada inmediatamente
luego de emitida la decisión, salvo que la normativa
autorice que sea diferida por su naturaleza confidencial
basada en el interés público.
Artículo 114.- Derecho a formular denuncias
114.1 Todo administrado está facultado para comunicar
a la autoridad competente aquellos hechos que conociera
contrarios al ordenamiento, sin necesidad de sustentar la
afectación inmediata de algún derecho o interés legítimo,
ni que por esta actuación sea considerado sujeto del
procedimiento.
114.2 La comunicación debe exponer claramente la
relación de los hechos, las circunstancias de tiempo, lugar
y modo que permitan su constatación, la indicación de sus
presuntos autores, partícipes y damnificados, el aporte de
la evidencia o su descripción para que la administración
proceda a su ubicación, así como cualquier otro elemento
que permita su comprobación.
114.3 Su presentación obliga a practicar las diligencias
preliminares necesarias y, una vez comprobada su
verosimilitud, a iniciar de oficio la respectiva fiscalización.
El rechazo de una denuncia debe ser motivado y
comunicado al denunciante, si estuviese individualizado.
114.4 La entidad receptora de la denuncia puede
otorgar medidas de protección al denunciante,
garantizando su seguridad y evitando se le afecte de
algún modo.
Artículo 115.- Derecho de petición administrativa
115.1 Cualquier administrado, individual o
colectivamente, puede promover por escrito el inicio de
un procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera
de las entidades, ejerciendo el derecho de petición
reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la Constitución
Política del Estado.
115.2 El derecho de petición administrativa comprende
las facultades de presentar solicitudes en interés particular
del administrado, de realizar solicitudes en interés general
de la colectividad, de contradecir actos administrativos, las
facultades de pedir informaciones, de formular consultas y
de presentar solicitudes de gracia.
115.3 Este derecho implica la obligación de dar al
interesado una respuesta por escrito dentro del plazo
legal.
Artículo 116.- Solicitud en interés particular del
administrado
Cualquier administrado con capacidad jurídica
tiene derecho a presentarse personalmente o hacerse
representar ante la autoridad administrativa, para solicitar
por escrito la satisfacción de su interés legítimo, obtener
la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un
derecho, la constancia de un hecho, ejercer una facultad
o formular legítima oposición.
Artículo 117.- Solicitud en interés general de la
colectividad
117.1 Las personas naturales o jurídicas pueden
presentar petición o contradecir actos ante la autoridad
administrativa competente, aduciendo el interés difuso de
la sociedad.
117.2 Comprende esta facultad la posibilidad de
comunicar y obtener respuesta sobre la existencia de
problemas, trabas u obstáculos normativos o provenientes
de prácticas administrativas que afecten el acceso a las
entidades, la relación con administrados o el cumplimiento
de los principios procedimentales, así como a presentar
alguna sugerencia o iniciativa dirigida a mejorar la calidad
de los servicios, incrementar el rendimiento o cualquier
otra medida que suponga un mejor nivel de satisfacción
de la sociedad respecto a los servicios públicos.
Artículo 118.- Facultad de contradicción
administrativa
118.1 Frente a un acto que supone que viola, afecta,
desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo,
procede su contradicción en la vía administrativa en
la forma prevista en esta Ley, para que sea revocado,
modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos.
118.2 Para que el interés pueda justificar la titularidad
del administrado, debe ser legítimo, personal, actual y
probado. El interés puede ser material o moral.
118.3 La recepción o atención de una contradicción no
puede ser condicionada al previo cumplimiento del acto
respectivo.
Artículo 119.- Facultad de solicitar información
119.1 El derecho de petición incluye el de solicitar la
información que obra en poder de las entidades, siguiendo
el régimen previsto en la Constitución y la Ley.
119.2 Las entidades establecen mecanismos de
atención a los pedidos sobre información específica y
prevén el suministro de oficio a los interesados, incluso
vía telefónica o por medios electrónicos, de la información
general sobre los temas de interés recurrente para la
ciudadanía.
119.3 Las entidades están obligadas a responder la
solicitud de información dentro del plazo legal.
Artículo 120.- Facultad de formular consultas
120.1 El derecho de petición incluye las consultas
por escrito a las autoridades administrativas, sobre las
materias a su cargo y el sentido de la normativa vigente
que comprende su accionar, particularmente aquella

emitida por la propia entidad. Este derecho implica la
obligación de dar al interesado una respuesta por escrito
dentro del plazo legal.
120.2 Cada entidad atribuye a una o más de sus
unidades competencia para absolver las consultas sobre
la base de los precedentes de interpretación seguidos en
ella.
Artículo 121.- Facultad de formular peticiones de
gracia
121.1 Por la facultad de formular peticiones de
gracia, el administrado puede solicitar al titular de la
entidad competente la emisión de un acto sujeto a su
discrecionalidad o a su libre apreciación, o prestación
de un servicio cuando no cuenta con otro título legal
específico que permita exigirlo como una petición en
interés particular.
121.2 Frente a esta petición, la autoridad comunica
al administrado la calidad graciable de lo solicitado y es
atendido directamente mediante la prestación efectiva de
lo pedido, salvo disposición expresa de la ley que prevea
una decisión formal para su aceptación.
121.3 Este derecho se agota con su ejercicio en la vía
administrativa, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos
reconocidos por la Constitución.
Artículo 122.- Requisitos de los escritos
Todo escrito que se presente ante cualquier entidad
debe contener lo siguiente:
1. Nombres y apellidos completos, domicilio y
número de Documento Nacional de Identidad o carné de
extranjería del administrado, y en su caso, la calidad de
representante y de la persona a quien represente.
2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos
de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de
derecho.
3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no
saber firmar o estar impedido.
4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad
a la cual es dirigida, entendiéndose por tal, en lo posible,
a la autoridad de grado más cercano al usuario, según la
jerarquía, con competencia para conocerlo y resolverlo.
5. La dirección del lugar donde se desea recibir las
notificaciones del procedimiento, cuando sea diferente
al domicilio real expuesto en virtud del numeral 1. Este
señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su
indicación y es presumido subsistente, mientras no sea
comunicado expresamente su cambio.
6. La relación de los documentos y anexos que
acompaña, indicados en el TUPA.
7. La identificación del expediente de la materia,
tratándose de procedimientos ya iniciados.
Artículo 123.- Copias de escritos
123.1 El escrito es presentado en papel simple
acompañado de una copia conforme y legible, salvo
que fuere necesario un número mayor para notificar a
terceros. La copia es devuelta al administrado con la firma
de la autoridad y el sello de recepción que indique fecha,
hora y lugar de presentación.
123.2 El cargo así expedido tiene el mismo valor legal
que el original.
Artículo 124.- Representación del administrado
124.1 Para la tramitación de los procedimientos, es
suficiente carta poder simple con firma del administrado,
salvo que leyes especiales requieran una formalidad
adicional.
124.2 Para el desistimiento de la pretensión o del
procedimiento, acogerse a las formas de terminación
convencional del procedimiento o, para el cobro de dinero,
es requerido poder especial indicando expresamente el o
los actos para los cuales fue conferido. El poder especial
es formalizado a elección del administrado, mediante
documento privado con firmas legalizadas ante notario
o funcionario público autorizado para el efecto, así como
mediante declaración en comparecencia personal del
administrado y representante ante la autoridad.
124.3 El empleo de la representación no impide la
intervención del propio administrado cuando lo considere
pertinente, ni el cumplimiento por éste de las obligaciones
que exijan su comparecencia personal según las normas
de la presente Ley.
Artículo 125.- Acumulación de solicitudes
125.1 En caso de ser varios los administrados
interesados en obtener un mismo acto administrativo
sin intereses incompatibles, pueden comparecer
conjuntamente por medio de un solo escrito, conformando
un único expediente.
125.2 Pueden acumularse en un solo escrito más de
una petición siempre que se trate de asuntos conexos
que permitan tramitarse y resolverse conjuntamente,
pero no planteamientos subsidiarios o alternativos, salvo
lo establecido en el numeral 215.4 del Artículo 215 de la
presente Ley.
125.3 Si a criterio de la autoridad administrativa no
existiera conexión o existiera incompatibilidad entre las
peticiones planteadas en un escrito, se les emplazará para
que presente peticiones por separado, bajo apercibimiento
de proceder de oficio a sustanciarlas individualmente si
fueren separables, o en su defecto disponer el abandono
del procedimiento.
Artículo 126.- Recepción documental
126.1 Cada entidad tiene su unidad general de
recepción documental, trámite documentado o mesa
de partes, salvo cuando la entidad brinde servicios
en varios inmuebles ubicados en zonas distintas, en
cuyo caso corresponde abrir en cada local registros
auxiliares al principal, al cual reportan todo registro que
realicen.
126.2 Tales unidades están a cargo de llevar un
registro del ingreso de los escritos que sean presentados
y la salida de aquellos documentos emitidos por la
entidad dirigidos a otros órganos o administrados.
Para el efecto, expiden el cargo, practican los asientos
respectivos respetando su orden de ingreso o salida,
indicando su número de ingreso, naturaleza, fecha,
remitente y destinatario. Concluido el registro, los escritos
o resoluciones deben ser cursados el mismo día a sus
destinatarios.
126.3 Dichas unidades tenderán a administrar su
información en soporte informático, cautelando su
integración a un sistema único de trámite documentado.
126.4 También a través de dichas unidades los
administrados realizan todas las gestiones pertinentes
a sus procedimientos y obtienen la información que
requieran con dicha finalidad.
Artículo 127.- Reglas para celeridad en la recepción
Las entidades adoptan las siguientes acciones para
facilitar la recepción personal de los escritos de los
administrados y evitar su aglomeración:
1. La puesta en vigencia de programas de
racionalización del tiempo de atención por usuario y la
mayor provisión simultánea de servidores dedicados
exclusivamente a la atención de los usuarios.

2. El servicio de asesoramiento a los usuarios para
completar formularios o modelo de documentos.
3. Adecuar su régimen de horas hábiles para la
atención al público, a fin de adaptarlo a las formas
previstas en el Artículo 146.
4. Estudiar la estacionalidad de la demanda de sus
servicios y dictar las medidas preventivas para evitarla.
5. Instalar mecanismos de autoservicio que permita
a los usuarios suministrar directamente su información,
tendiendo al empleo de niveles avanzados de
digitalización.
Artículo 128.- Reglas generales para la recepción
documental
Los escritos que los administrados dirigen a las
entidades pueden ser presentados de modo personal o
a través de terceros, ante las unidades de recepción de:
1. Los órganos administrativos a los cuales van
dirigidos.
2. Los órganos desconcentrados de la entidad.
3. Las autoridades políticas del Ministerio del Interior
en la circunscripción correspondiente.
4.Enlas oficinas decorreo, en la maneraexpresamente
prevista en esta Ley.
5. En las representaciones diplomáticas u oficinas
consulares en el extranjero, tratándose de administrados
residentes en el exterior, quienes derivan los escritos a
la entidad competente, con indicación de la fecha de su
presentación.
Artículo 129.- Presentación mediante correo
certificado
129.1 Los administrados pueden remitir sus escritos,
con recaudos completos, mediante correo certificado con
acuse de recibo a la entidad competente, la que consigna
en su registro el número del certificado y la fecha de
recepción.
129.2 El administrado exhibe al momento de su
despacho el escrito en sobre abierto y cautela que el
agente postal imprima su sello fechador tanto en su
escrito como en el sobre.
129.3 En caso de duda, debe estarse a la fecha del
sello estampado en el escrito, y, en su defecto, a la fecha
de recepción por la entidad.
129.4 Esta modalidad no cabe para la presentación de
recursos administrativos ni en procedimientos trilaterales.
Artículo 130.- Recepción por medios alternativos
130.1 Los administrados que residan fuera de la
provincia donde se ubica la unidad de recepción de la
entidad competente pueden presentar los escritos dirigidos
a otras dependencias de la entidad por intermedio del
órgano desconcentrado ubicado en su lugar de domicilio.
130.2 Cuando las entidades no dispongan de
servicios desconcentrados en el área de residencia del
administrado, los escritos pueden ser presentados en
las oficinas de las autoridades políticas del Ministerio del
Interior del lugar de su domicilio.
130.3 Dentro de las veinticuatro horas inmediatas
siguientes, dichas unidades remiten lo recibido a la
autoridad destinataria mediante cualquier medio expeditivo
a su alcance, indicando la fecha de su presentación.
Artículo 131.- Presunción común a los medios de
recepción alternativa
Para los efectos de vencimiento de plazos, se presume
que los escritos y comunicaciones presentados a través
del correo certificado, de los órganos desconcentrados
y de las autoridades del Ministerio del Interior, han
ingresado en la entidad destinataria en la fecha y hora en
que fueron entregados a cualquiera de las dependencias
señaladas. Cuando se trate de solicitudes sujetas a
silencio administrativo positivo, el plazo que dispone la
entidad destinataria para resolver se computará desde la
fecha de recepción por ésta.
En el caso que la entidad que reciba no sea la
competente para resolver, remitirá los escritos y
comunicaciones a la entidad de destino en el término de
la distancia, la que informará al administrado de la fecha
en que los recibe.
Artículo 132.- Recepción por transmisión de datos
a distancia
132.1 Los administrados pueden solicitar que el envío
de información o documentación que le corresponda
recibir dentro de un procedimiento sea realizado por
medios de transmisión a distancia, tales como correo
electrónico o facsímil.
132.2 Siempre que cuenten con sistemas de
transmisión de datos a distancia, las entidades facilitan su
empleo para la recepción de documentos o solicitudes y
remisión de sus decisiones a los administrados.
132.3 Cuando se emplean medios de transmisión de
datos a distancia, debe presentarse físicamente dentro
del tercer día el escrito o la resolución respectiva, con
cuyo cumplimiento se le entenderá recibido en la fecha de
envío del correo electrónico o facsímil.
Artículo 133.- Obligaciones de unidades de
recepción
133.1 Las unidades de recepción documental orientan
al administrado en la presentación de sus solicitudes
y formularios, quedando obligadas a recibirlos y darles
ingreso para iniciar o impulsar los procedimientos, sin
que en ningún caso pueda calificar, negar o diferir su
admisión.
133.2 Quien recibe las solicitudes o formularios
debe anotar bajo su firma en el propio escrito, la hora,
fecha y lugar en que lo recibe, el número de fojas que
contenga, la mención de los documentos acompañados
y de la copia presentada. Como constancia de recepción,
es entregada la copia presentada diligenciada con las
anotaciones respectivas y registrada, sin perjuicio de
otras modalidades adicionales, que por razón del trámite
sea conveniente extender.
Artículo 134.- Observaciones a documentación
presentada
134.1 Deben ser recibidos todos los formularios
o escritos presentados, no obstante incumplir los
requisitos establecidos en la presente Ley, que no estén
acompañados de los recaudos correspondientes o se
encuentren afectados por otro defecto u omisión formal
prevista en el TUPA, que amerite corrección. En un solo
acto y por única vez, la unidad de recepción al momento
de su presentación realiza las observaciones por
incumplimiento de requisitos que no puedan ser salvadas
de oficio, invitando al administrado a subsanarlas dentro
de un plazo máximo de dos días hábiles.
134.2 La observación debe anotarse bajo firma del
receptor en la solicitud y en la copia que conservará el
administrado, con las alegaciones respectivas si las
hubiere, indicando que, si así no lo hiciera, se tendrá por
no presentada su petición.
134.3 Mientras esté pendiente la subsanación, son
aplicables las siguientes reglas:
134.3.1 No procede el cómputo de plazos para que
opere el silencio administrativo, ni para la presentación de
la solicitud o el recurso.
134.3.2 No procede la aprobación automática del

134.3.3 La unidad no cursa la solicitud o el formulario
a la dependencia competente para sus actuaciones en el
procedimiento.
134.4 Transcurrido el plazo sin que ocurra la
subsanación, la entidad considera como no presentada
la solicitud o formulario y la devuelve con sus recaudos
cuando el interesado se apersone a reclamarles,
reembolsándole el monto de los derechos de tramitación
que hubiese abonado.
134.5 Si la documentación presentada no se ajusta a
lo requerido impidiendo la continuación del procedimiento,
lo cual por su naturaleza no pudo ser advertido por la
unidad de recepción al momento de su presentación,
así como si resultara necesaria una actuación del
administrado para continuar con el procedimiento,
la Administración, por única vez, deberá emplazar
inmediatamente al administrado, a fin de que realice la
subsanación correspondiente. Mientras esté pendiente
dicha subsanación son aplicables las reglas establecidas
en los numerales 125.3.1 y 125.3.2. De no subsanar
oportunamente lo requerido resulta de aplicación lo
dispuesto en el numeral 125.4.
En este caso no resulta aplicable la queja a que se
refiere el numeral 135.2 del artículo 135, salvo que la
Administración emplace nuevamente al administrado a fin
de que efectúe subsanaciones adicionales.
Artículo 135.- Subsanación documental
135.1 Ingresado el escrito o formulada la subsanación
debidamente, se considera recibido a partir del documento
inicial, salvo que el procedimiento confiera prioridad
registral o se trate de un procedimiento trilateral, en cuyo
caso la presentación opera a partir de la subsanación.
135.2 Las entidades de la Administración Pública se
encuentran obligadas a realizar una revisión integral del
cumplimiento de todos los requisitos de las solicitudes que
presentan los administrados y, en una sola oportunidad y
en un solo documento, formular todas las observaciones
y los requerimientos que correspondan.
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente,
la entidad mantiene la facultad de requerir única y
exclusivamente la subsanación de aquellos requisitos que
no hayan sido subsanados por el administrado o cuya
subsanación no resulte satisfactoria, de conformidad con
lo dispuesto por la norma correspondiente. En ningún
caso la entidad podrá realizar nuevas observaciones
invocando la facultad señalada en el presente párrafo.
135.3 El incumplimiento de esta obligación constituye
una falta administrativa sancionable de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 259.
135.4 Sin perjuicio de lo anterior, el incumplimiento de
esta obligación también constituye una barrera burocrática
ilegal, siendo aplicables las sanciones establecidas en la
normativa sobre prevención y eliminación de barreras
burocráticas. Ello, sin perjuicio de la obligación del
administrado de subsanar las observaciones formuladas.
Artículo 136.- Régimen de fedatarios
Cuando se establezcan requisitos de autenticación de
documentos el administrado podrá acudir al régimen de
fedatarios que se describe a continuación:
1. Cada entidad designa fedatarios institucionales
adscritos a sus unidades de recepción documental, en
número proporcional a sus necesidades de atención,
quienes, sin exclusión de sus labores ordinarias, brindan
gratuitamente sus servicios a los administrados.
2. El fedatario tiene como labor personalísima,
comprobar y autenticar, previo cotejo entre el original
que exhibe el administrado y la copia presentada, la
fidelidad del contenido de esta última para su empleo
en los procedimientos de la entidad, cuando en la
actuación administrativa sea exigida la agregación de los
documentos o el administrado desee agregados como
prueba. También pueden, a pedido de los administrados,
certificar firmas previa verificación de la identidad del
suscriptor, para las actuaciones administrativas concretas
en que sea necesario.
3. En caso de complejidad derivada del cúmulo o de
la naturaleza de los documentos a autenticar, la oficina
de trámite documentario consulta al administrado la
posibilidad de retener los originales, para lo cual se
expedirá una constancia de retención de los documentos
al administrado, por el término máximo de dos días hábiles,
para certificar las correspondientes reproducciones.
Cumplido éste, devuelve al administrado los originales
mencionados.
4. La entidad puede requerir en cualquier estado del
procedimiento la exhibición del original presentado para la
autenticación por el fedatario.
Artículo 137.- Potestad administrativa para
autenticar actos propios
La facultad para realizar autenticaciones atribuidas
a los fedatarios no afecta la potestad administrativa de
las autoridades para dar fe de la autenticidad de los
documentos que ellos mismos hayan emitido.
Artículo 138.- Ratificación de firma y del contenido
de escrito
138.1 En caso de duda sobre la autenticidad de la firma
del administrado o falta de claridad sobre los extremos de
su petición, como primera actuación, la autoridad puede
notificarlo para que dentro de un plazo prudencial ratifique
la firma o aclare el contenido del escrito, sin perjuicio de la
continuación del procedimiento.
138.2 La ratificación puede hacerla el administrado
por escrito o apersonándose a la entidad, en cuyo caso
se levantará el acta respectiva, que es agregada al
expediente.
138.3 Procede la mejora de la solicitud por parte del
administrado, en los casos a que se refiere este artículo.
Artículo 139.- Presentación de escritos ante
organismos incompetentes
139.1 Cuando sea ingresada una solicitud que se
estima competencia de otra entidad, la entidad receptora
debe remitirla, en el término de la distancia, a aquélla
que considere competente, comunicando dicha decisión
al administrado. En este caso, el cómputo del plazo para
resolver se iniciará en la fecha que la entidad competente
recibe la solicitud.
139.2 Si la entidad aprecia su incompetencia pero no
reúne certeza acerca de la entidad competente, notificará
dicha situación al administrado para que adopte la
decisión más conveniente a su derecho.
CAPÍTULO IV
Plazos y Términos
Artículo 140.- Obligatoriedad de plazos y términos
140.1 Los plazos y términos son entendidos
como máximos, se computan independientemente
de cualquier formalidad, y obligan por igual a la
administración y a los administrados, sin necesidad de
apremio, en aquello que respectivamente les concierna.
Los plazos para el pronunciamiento de las entidades,
en los procedimientos administrativos, se contabilizan
a partir del día siguiente de la fecha en la cual el
administrado presentó su solicitud, salvo que se haya
requerido subsanación en cuyo caso se contabilizan
una vez efectuada esta.

140.2 Toda autoridad debe cumplir con los términos y
plazos a su cargo, así como supervisar que los subalternos
cumplan con los propios de su nivel.
140.3 Es derecho de los administrados exigir el
cumplimiento de los plazos y términos establecidos para
cada actuación o servicio.
Artículo 141.- Plazos máximos para realizar actos
procedimentales
A falta de plazo establecido por ley expresa, las
actuaciones deben producirse dentro de los siguientes:
1. Para recepción y derivación de un escrito a la unidad
competente: dentro del mismo día de su presentación.
2. Para actos de mero trámite y decidir peticiones de
ese carácter: en tres días.
3. Para emisión de dictámenes, peritajes, informes
y similares: dentro de siete días después de solicitados;
pudiendo ser prorrogado a tres días más si la diligencia
requiere el traslado fuera de su sede o la asistencia de
terceros.
4. Para actos de cargo del administrado requeridos
por la autoridad, como entrega de información, respuesta
a las cuestiones sobre las cuales deban pronunciarse:
dentro de los diez días de solicitados.
Artículo 142.- Inicio de cómputo
142.1 El plazo expresado en días es contado a partir
del día hábil siguiente de aquel en que se practique la
notificación o la publicación del acto, salvo que éste
señale una fecha posterior, o que sea necesario efectuar
publicaciones sucesivas, en cuyo caso el cómputo es
iniciado a partir de la última.
142.2 El plazo expresado en meses o años es contado
a partir de la notificación o de la publicación del respectivo
acto, salvo que éste disponga fecha posterior.
Artículo 143.- Transcurso del plazo
143.1 Cuando el plazo es señalado por días, se
entenderá por hábiles consecutivos, excluyendo del
cómputo aquellos no laborables del servicio, y los feriados
no laborables de orden nacional o regional.
143.2Cuandoelúltimodíadelplazoolafechadeterminada
es inhábil o por cualquier otra circunstancia la atención al
público ese día no funcione durante el horario normal, son
entendidos prorrogados al primer día hábil siguiente.
143.3 Cuando el plazo es fijado en meses o años, es
contado de fecha a fecha, concluyendo el día igual al del
mes o año que inició, completando el número de meses
o años fijados para el lapso. Si en el mes de vencimiento
no hubiere día igual a aquel en que comenzó el cómputo,
es entendido que el plazo expira el primer día hábil del
siguiente mes calendario.
Artículo 144. Término de la distancia
144.1 Al cómputo de los plazos establecidos en
el procedimiento administrativo, se agrega el término
de la distancia previsto entre el lugar de domicilio del
administrado dentro del territorio nacional y el lugar de la
unidad de recepción más cercana a aquél facultado para
llevar a cabo la respectiva actuación.
144.2 El cuadro de términos de la distancia es
aprobado por la autoridad competente.
En caso que el titular de la entidad no haya aprobado el
cuadro de términos de la distancia correspondiente, debe
aplicar el régimen establecido en el Cuadro General de
Términos de la Distancia aprobado por el Poder Judicial.”
Artículo 145. Plazos improrrogables
145.1 Los plazos fijados por norma expresa son
improrrogables, salvo disposición habilitante en contrario.
145.2 La autoridad competente puede otorgar prórroga
a los plazos establecidos para la actuación de pruebas o
para la emisión de informes o dictámenes, cuando así lo
soliciten antes de su vencimiento los administrados o los
funcionarios, respectivamente.
145.3 La prórroga es concedida por única vez
mediante decisión expresa, siempre que el plazo no haya
sido perjudicado por causa imputable a quien la solicita y
siempre que aquella no afecte derechos de terceros.
145.4 Tratándose de procedimientos iniciados a
pedido de parte con aplicación del silencio administrativo
positivo, en caso el administrado deba realizar una gestión
de trámite a su cargo necesaria para adoptar una decisión
de fondo, puede solicitar la suspensión del cómputo del
plazo del procedimiento hasta por un plazo de treinta (30)
días hábiles.”
Artículo 146.- Régimen para días inhábiles
146.1 El Poder Ejecutivo fija por decreto supremo,
dentro del ámbito geográfico nacional u alguno particular,
los días inhábiles, a efecto del cómputo de plazos
administrativos.
146.2 Esta norma debe publicarse previamente
y difundirse permanentemente en los ambientes de
las entidades, a fin de permitir su conocimiento a los
administrados.
146.3 Las entidades no pueden unilateralmente
inhabilitar días, y, aun en caso de fuerza mayor que
impida el normal funcionamiento de sus servicios, debe
garantizar el mantenimiento del servicio de su unidad de
recepción documental.
Artículo 147. Régimen de las horas hábiles
El horario de atención de las entidades para la
realización de cualquier actuación se rige por las
siguientes reglas:
1. Son horas hábiles las correspondientes al horario
fijado para el funcionamiento de la entidad, sin que en
ningún caso la atención a los usuarios pueda ser inferior a
ocho horas diarias consecutivas.
2. El horario de atención diario es establecido por
cada entidad cumpliendo un período no coincidente con la
jornada laboral ordinaria, para favorecer el cumplimiento
de las obligaciones y actuaciones de la ciudadanía. Para
el efecto, distribuye su personal en turnos, cumpliendo
jornadas no mayores de ocho horas diarias.
3. El horario de atención es continuado para brindar
sus servicios a todos los asuntos de su competencia, sin
fraccionarlo para atender algunos en determinados días
u horas, ni afectar su desarrollo por razones personales.
4. El horario de atención concluye con la prestación
del servicio a la última persona compareciente dentro del
horario hábil.
5. Los actos de naturaleza continua iniciados en hora
hábil son concluidos sin afectar su validez después del
horario de atención, salvo que el administrado consienta
en diferirlos. Dicho consentimiento debe constar de forma
indubitable.
6. En cada servicio rige la hora seguida por la entidad;
en caso de duda o a falta de aquella, debe verificarse en
el acto, si fuere posible, la hora oficial, que prevalecerá.
Artículo 148.- Cómputo de días calendario
148.1 Tratándose del plazo para el cumplimiento de
actos procedimentales internos a cargo de las entidades,
la norma legal puede establecer que su cómputo sea en

días calendario, o que el término expire con la conclusión
del último día aun cuando fuera inhábil.
148.2 Cuando una ley señale que el cómputo del plazo
para un acto procedimental a cargo del administrado sea
en días calendario, esta circunstancia le es advertida
expresamente en la notificación.
Artículo 149.- Efectos del vencimiento del plazo
149.1 El plazo vence el último momento del día hábil
fijado, o anticipadamente, si antes de esa fecha son
cumplidas las actuaciones para las que fuera establecido.
149.2 Al vencimiento de un plazo improrrogable para
realizar una actuación o ejercer una facultad procesal,
previo apercibimiento, la entidad declara decaído el
derecho al correspondiente acto, notificando la decisión.
149.3 El vencimiento del plazo para cumplir un acto a
cargo de la Administración, no exime de sus obligaciones
establecidas atendiendo al orden público. La actuación
administrativa fuera de término no queda afecta de
nulidad, salvo que la ley expresamente así lo disponga
por la naturaleza perentoria del plazo.
149.4 La preclusión por el vencimiento de plazos
administrativos opera en procedimientos trilaterales,
concurrenciales, y en aquellos que por existir dos o
más administrados con intereses divergentes, deba
asegurárselas tratamiento paritario.
Artículo 150.- Adelantamiento de plazos
La autoridad a cargo de la instrucción del procedimiento
mediante decisión irrecurrible, puede reducir los plazos
o anticipar los términos, dirigidos a la administración,
atendiendo razones de oportunidad o conveniencia del
caso.
Artículo 151.- Plazo máximo del procedimiento
administrativo
No puede exceder de treinta días el plazo que
transcurra desde que es iniciado un procedimiento
administrativo de evaluación previa hasta aquel en que
sea dictada la resolución respectiva, salvo que la ley
establezca trámites cuyo cumplimiento requiera una
duración mayor.
Artículo 152.- Responsabilidad por incumplimiento
de plazos
152.1 El incumplimiento injustificado de los plazos
previstos para las actuaciones de las entidades genera
responsabilidad disciplinaria para la autoridad obligada,
sin perjuicio de la responsabilidad civil por los daños y
perjuicios que pudiera haber ocasionado.
152.2 También alcanza solidariamente la
responsabilidad al superior jerárquico, por omisión en
la supervisión, si el incumplimiento fuera reiterativo o
sistemático.
CAPÍTULO V
Ordenación del Procedimiento
Artículo 153.- Unidad de vista
Los procedimientos administrativos se desarrollan
de oficio, de modo sencillo y eficaz sin reconocer
formas determinadas, fases procesales, momentos
procedimentales rígidos para realizar determinadas
actuaciones o responder a precedencia entre ellas,
salvo disposición expresa en contrario de la ley en
procedimientos especiales.
Artículo 154.- Impulso del procedimiento
La autoridad competente, aun sin pedido de parte,
debe promover toda actuación que fuese necesaria
para su tramitación, superar cualquier obstáculo que
se oponga a regular tramitación del procedimiento;
determinar la norma aplicable al caso aun cuando no
haya sido invocada o fuere errónea la cita legal; así como
evitar el entorpecimiento o demora a causa de diligencias
innecesarias o meramente formales, adoptando las
medidas oportunas para eliminar cualquier irregularidad
producida.
Artículo 155.- Medidas cautelares
155.1 Iniciado el procedimiento, la autoridad
competente mediante decisión motivada y con elementos
de juicio suficientes puede adoptar, provisoriamente bajo
su responsabilidad, las medidas cautelares establecidas
en esta Ley u otras disposiciones jurídicas aplicables,
mediante decisión fundamentada, si hubiera posibilidad
de que sin su adopción se arriesga la eficacia de la
resolución a emitir.
155.2 Las medidas cautelares podrán ser modificadas
o levantadas durante el curso del procedimiento, de
oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias
sobrevenidas o que no pudieron ser consideradas en el
momento de su adopción.
155.3 Las medidas caducan de pleno derecho cuando
se emite la resolución que pone fin al procedimiento,
cuando haya transcurrido el plazo fijado para su
ejecución, o para la emisión de la resolución que pone fin
al procedimiento.
155.4 No se podrán dictar medidas que puedan causar
perjuicio de imposible reparación a los administrados.
Artículo 156.- Cuestiones distintas al asunto
principal
156.1 Las cuestiones que planteen los administrados
durante la tramitación del procedimiento sobre extremos
distintos al asunto principal, no suspenden su avance,
debiendo ser resueltas en la resolución final de la
instancia, salvo disposición expresa en contrario de la ley.
156.2 Tales cuestiones, para que se sustancien
conjuntamente con el principal, pueden plantearse
y argumentarse antes del alegato. Transcurrido este
momento, se pueden hacer valer exclusivamente en el
recurso.
156.3 Cuando la ley dispone una decisión anticipada
sobre las cuestiones, para efectos de su impugnación,
la resolución dictada en estas condiciones se considera
provisional en relación con el acto final.
156.4 Serán rechazados de plano los planteamientos
distintos al asunto de fondo que a criterio del instructor
no se vinculen a la validez de actos procedimentales, al
debido proceso o que no sean conexos a la pretensión,
sin perjuicio de que el administrado pueda plantear la
cuestión al recurrir contra la resolución que concluya la
instancia.
Artículo 157.- Reglas para la celeridad
Para asegurar el cumplimiento del principio de
celeridad de los procedimientos, se observan las
siguientes reglas:
1. En el impulso y tramitación de casos de una misma
naturaleza, se sigue rigurosamente el orden de ingreso,
y se resuelven conforme lo vaya permitiendo su estado,
dando cuenta al superior de los motivos de demora en
el cumplimiento de los plazos de ley, que no puedan ser
removidos de oficio.
2. En una sola decisión se dispondrá el cumplimiento
de todos los trámites necesarios que por su naturaleza
corresponda, siempre y cuando no se encuentren entre
sí sucesivamente subordinados en su cumplimiento, y

se concentrarán en un mismo acto todas las diligencias
y actuaciones de pruebas posibles, procurando que
el desarrollo del procedimiento se realice en el menor
número de actos procesales.
3. Al solicitar trámites a ser efectuados por otras
autoridades o los administrados, debe consignarse con
fecha cierta el término final para su cumplimiento, así
como el apercibimiento, de estar previsto en la normativa.
4. En ningún caso podrá afectarse la tramitación de
los expedientes o la atención del servicio por la ausencia,
ocasional o no, de cualquier autoridad. Las autoridades
que por razones de licencia, vacaciones u otros motivos
temporales o permanentes se alejen de su centro de
trabajo, entregarán a quien lo sustituya o al superior
jerárquico, los documentos y expedientes a su cargo, con
conocimiento de los administrados.
5. Cuando sea idéntica la motivación de varias
resoluciones, se podrán usar medios de producción en
serie, siempre que no lesione las garantías jurídicas de
los administrados; sin embargo, se considerará cada uno
como acto independiente.
6. La autoridad competente, para impulsar el
procedimiento, puede encomendar a algún subordinado
inmediato la realización de diligencias específicas de
impulso, o solicitar la colaboración de otra autoridad para
su realización. En los órganos colegiados, dicha acción
debe recaer en uno de sus miembros.
7. En ningún caso la autoridad podrá alegar
deficiencias del administrado no advertidas a la
presentación de la solicitud, como fundamento para
denegar su pretensión.
Artículo 158.- Acumulación de procedimientos
La autoridad responsable de la instrucción, por
propia iniciativa o a instancia de los administrados,
dispone mediante resolución irrecurrible la
acumulación de los procedimientos en trámite que
guarden conexión.
Artículo 159.- Regla de expediente único
159.1 Sólo puede organizarse un expediente para
la solución de un mismo caso, para mantener reunidas
todas las actuaciones para resolver.
159.2 Cuando se trate de solicitud referida a una sola
pretensión, se tramitará un único expediente e intervendrá
y resolverá una autoridad, que recabará de los órganos
o demás autoridades los informes, autorizaciones y
acuerdos que sean necesarios, sin prejuicio del derecho
de los administrados a instar por sí mismos los trámites
pertinentes y a aportar los documentos pertinentes.
Artículo 160.- Información documental
Los documentos, actas, formularios y expedientes
administrativos, se uniforman en su presentación para que
cada especie o tipo de los mismos reúnan características
iguales.
Artículo 161.- Presentación externa de expedientes
161.1 Los expedientes son compaginados siguiendo
el orden regular de los documentos que lo integran,
formando cuerpos correlativos que no excedan de
doscientos folios, salvo cuando tal límite obligara a dividir
escritos o documentos que constituyan un solo texto, en
cuyo caso se mantendrá su unidad.
161.2 Todas las actuaciones deben foliarse,
manteniéndose así durante su tramitación. Los
expedientes que se incorporan a otros no continúan su
foliatura, dejándose constancia de su agregación y su
cantidad de fojas.
Artículo 162.- Intangibilidad del expediente
162.1 El contenido del expediente es intangible,
no pudiendo introducirse enmendaduras, alteraciones,
entrelineados ni agregados en los documentos, una vez
que hayan sido firmados por la autoridad competente.
De ser necesarias, deberá dejarse constancia expresa y
detallada de las modificaciones introducidas.
162.2 Los desgloses pueden solicitarse verbalmente
y son otorgados bajo constancia del instructor y del
solicitante, indicando fecha y folios, dejando una copia
autenticada en el lugar correspondiente, con la foliatura
respectiva.
162.3 Las entidades podrán emplear tecnología de
microformas y medios informáticos para el archivo y
tramitación de expedientes, previendo las seguridades,
inalterabilidad e integridad de su contenido, de
conformidad con la normatividad de la materia.
162.4 Si un expediente se extraviara, la administración
tiene la obligación, bajo responsabilidad de reconstruir el
mismo, independientemente de la solicitud del interesado,
para tal efecto se aplicarán, en lo que le fuera aplicable,
las reglas contenidas en el Artículo 140 del Código
Procesal Civil.
Artículo 163.- Empleo de formularios
163.1 Las entidades disponen el empleo de
formularios de libre reproducción y distribución gratuita,
mediante los cuales los administrados, o algún servidor
a su pedido, completando datos o marcando alternativas
planteadas proporcionan la información usual que se
estima suficiente, sin necesidad de otro documento de
presentación. Particularmente se emplea cuando los
administrados deban suministrar información para cumplir
exigencias legales y en los procedimientos de aprobación
automática.
163.2 También son utilizados cuando las autoridades
deben resolver una serie numerosa de expedientes
homogéneos,asícomoparalasactuacionesyresoluciones
recurrentes, que sean autorizadas previamente.
Artículo 164.- Modelos de escritos recurrentes
164.1 A título informativo, las entidades ponen a
disposición de los administrados modelos de los escritos
de empleo más recurrente en sus servicios.
164.2 En ningún caso se considera obligatoria la
sujeción a estos modelos, ni su empleo puede ocasionar
consecuencias adversas para quien los utilice.
Artículo 165. Elaboración de actas
165.1 Las declaraciones de los administrados, testigos
y peritos son documentadas en un acta, cuya elaboración
sigue las siguientes reglas:
1. El acta indica el lugar, fecha, nombres de los
partícipes, objeto de la actuación y otras circunstancias
relevantes, debiendo ser formulada, leída y firmada
inmediatamente después de la actuación, por los
declarantes, la autoridad administrativa y por los partícipes
que quisieran hacer constar su manifestación.
2. Cuando las declaraciones o actuaciones fueren
grabadas, por consenso entre la autoridad y los
administrados, el acta puede ser concluida dentro del
quinto día del acto, o de ser el caso, antes de la decisión
final.
3. Los administrados pueden dejar constancia
en el acta de las observaciones que estimen
necesarias sobre lo acontecido durante la diligencia
correspondiente.
165.2 En los procedimientos administrativos de
fiscalización y supervisión, los administrados, además,

pueden ofrecer pruebas respecto de los hechos
documentados en el acta.
Artículo 166.- Medidas de seguridad documental
Las entidades aplicarán las siguientes medidas de
seguridad documental:
1. Establecer un sistema único de identificación de
todos los escritos y documentos ingresados a ella, que
comprenda la numeración progresiva y la fecha, así
como guardará una numeración invariable para cada
expediente, que será conservada a través de todas las
actuaciones sucesivas, cualquiera fueran los órganos o
autoridades del organismo que interviene.
2. Guardar las constancias de notificación, publicación
o entrega de información sobre los actos, acuse de
recibo y todos los documentos necesarios para acreditar
la realización de las diligencias, con la certificación del
instructor sobre su debido cumplimiento.
3. En la carátula debe consignarse el órgano y el
nombre de la autoridad, con la responsabilidad encargada
del trámite y la fecha del término final para la atención del
expediente.
4. En ningún caso se hará un doble o falso expediente.
Artículo 167.- Queja por defectos de tramitación
167.1 En cualquier momento, los administrados
pueden formular queja contra los defectos de tramitación
y, en especial, los que supongan paralización, infracción
de los plazos establecidos legalmente, incumplimiento
de los deberes funcionales u omisión de trámites que
deben ser subsanados antes de la resolución definitiva
del asunto en la instancia respectiva.
167.2 La queja se presenta ante el superior
jerárquico de la autoridad que tramita el procedimiento,
citándose el deber infringido y la norma que lo exige. La
autoridad superior resuelve la queja dentro de los tres
días siguientes, previo traslado al quejado, a fin de que
pueda presentar el informe que estime conveniente al día
siguiente de solicitado.
167.3 En ningún caso se suspenderá la tramitación
del procedimiento en que se haya presentado queja, y la
resolución será irrecurrible.
167.4 La autoridad que conoce de la queja puede
disponer motivadamente que otro funcionario de
similar jerarquía al quejado, asuma el conocimiento
del asunto.
167.5 En caso de declararse fundada la queja, se
dictarán las medidas correctivas pertinentes respecto del
procedimiento, y en la misma resolución se dispondrá el
inicio de las actuaciones necesarias para sancionar al
responsable.
CAPÍTULO VI
Instrucción del Procedimiento
Artículo 168.- Actos de instrucción
168.1 Los actos de instrucción necesarios para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos
en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución,
serán realizados de oficio por la autoridad a cuyo cargo
se tramita el procedimiento de evaluación previa, sin
perjuicio del derecho de los administrados a proponer
actuaciones probatorias.
168.2 Queda prohibido realizar como actos de
instrucción la solicitud rutinaria de informes previos,
requerimientos de visaciones o cualquier otro acto que
no aporte valor objetivo a lo actuado en el caso concreto,
según su naturaleza.
Artículo 169.- Acceso al expediente
169.1 Los administrados, sus representantes o
su abogado, tienen derecho de acceso al expediente
en cualquier momento de su trámite, así como a sus
documentos, antecedentes, estudios, informes y
dictámenes, obtener certificaciones de su estado y
recabar copias de las piezas que contiene, previo pago
del costo de las mismas. Sólo se exceptúan aquellas
actuaciones, diligencias, informes o dictámenes que
contienen información cuyo conocimiento pueda afectar
su derecho a la intimidad personal o familiar y las que
expresamente se excluyan por ley o por razones de
seguridad nacional de acuerdo a lo establecido en
el inciso 5) del artículo 2 de la Constitución Política.
Adicionalmente se exceptúan las materias protegidas
por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial,
así como todos aquellos documentos que impliquen
un pronunciamiento previo por parte de la autoridad
competente.
169.2 El pedido de acceso al expediente puede
hacerse verbalmente, sin necesidad de solicitarlo
mediante el procedimiento de transparencia y acceso a
la información pública, siendo concedido de inmediato,
sin necesidad de resolución expresa, en la oficina en que
se encuentre el expediente, aunque no sea la unidad de
recepción documental.
Artículo 170.- Alegaciones
170.1 Los administrados pueden en cualquier
momento del procedimiento, formular alegaciones,
aportar los documentos u otros elementos de juicio, los
que serán analizados por la autoridad, al resolver.
170.2 En los procedimientos administrativos
sancionadores, o en caso de actos de gravamen para
el administrado, se dicta resolución sólo habiéndole
otorgado un plazo perentorio no menor de cinco días para
presentar sus alegatos o las correspondientes pruebas de
descargo.
Artículo 171.- Carga de la prueba
171.1 La carga de la prueba se rige por el principio de
impulso de oficio establecido en la presente Ley.
171.2 Corresponde a los administrados aportar
pruebas mediante la presentación de documentos e
informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y
demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.
Artículo 172.- Actuación probatoria
172.1 Cuando la administración no tenga por
ciertos los hechos alegados por los administrados o
la naturaleza del procedimiento lo exija, la entidad
dispone la actuación de prueba, siguiendo el criterio
de concentración procesal, fijando un período que
para el efecto no será menor de tres días ni mayor de
quince, contados a partir de su planteamiento. Sólo
podrá rechazar motivadamente los medios de prueba
propuestos por el administrado, cuando no guarden
relación con el fondo del asunto, sean improcedentes o
innecesarios.
172.2 La autoridad administrativa notifica a los
administrados, con anticipación no menor de tres días, la
actuación de prueba, indicando el lugar, fecha y hora.
172.3 Las pruebas sobrevinientes pueden presentarse
siempre que no se haya emitido resolución definitiva.
Artículo 173.- Omisión de actuación probatoria
Las entidades podrán prescindir de actuación de
pruebas cuando decidan exclusivamente en base a los

hechos planteados por las partes, si los tienen por ciertos
y congruentes para su resolución.
Artículo 174.- Hechos no sujetos a actuación
probatoria
No será actuada prueba respecto a hechos públicos
o notorios, respecto a hechos alegados por las partes
cuya prueba consta en los archivos de la entidad, sobre
los que se haya comprobado con ocasión del ejercicio de
sus funciones, o sujetos a la presunción de veracidad, sin
perjuicio de su fiscalización posterior.
Artículo 175.- Medios de prueba
Los hechos invocados o que fueren conducentes para
decidir un procedimiento podrán ser objeto de todos los
medios de prueba necesarios, salvo aquellos prohibidos
por disposición expresa. En particular, en el procedimiento
administrativo procede:
1. Recabar antecedentes y documentos.
2. Solicitar informes y dictámenes de cualquier tipo.
3. Conceder audiencia a los administrados, interrogar
testigos y peritos, o recabar de los mismos declaraciones
por escrito.
4. Consultar documentos y actas.
5. Practicar inspecciones oculares.
Artículo 176.- Solicitud de documentos a otras
autoridades
176.1 La autoridad administrativa a la que corresponde
la tramitación del asunto recabará de las autoridades
directamente competentes los documentos preexistentes
o antecedentes que estime conveniente para la resolución
del asunto, sin suspender la tramitación del expediente.
176.2 Cuando la solicitud sea formulada por el
administrado al instructor, deberá indicar la entidad
donde obre la documentación y, si fuera de un expediente
administrativo obrante en otra entidad, deberá acreditar
indubitablemente su existencia.
Artículo 177.- Presentación de documentos entre
autoridades
177.1 Los documentos y antecedentes a que se refiere
el artículo anterior deben ser remitidos directamente por
quien es requerido dentro del plazo máximo de tres días,
si se solicitaren dentro de la misma entidad, y de cinco, en
los demás casos.
177.2 Si la autoridad requerida considerase necesario
un plazo mayor, lo manifestará inmediatamente al
requirente, con indicación del plazo que estime necesario,
el cual no podrá exceder de diez días.
Artículo 178.- Solicitud de pruebas a los
administrados
178.1 La autoridad puede exigir a los administrados
la comunicación de informaciones, la presentación de
documentos o bienes, el sometimiento a inspecciones
de sus bienes, así como su colaboración para la práctica
de otros medios de prueba. Para el efecto se cursa el
requerimiento mencionando la fecha, plazo, forma y
condiciones para su cumplimiento.
178.2 Será legítimo el rechazo a la exigencia prevista
en el párrafo anterior, cuando la sujeción implique: la
violación al secreto profesional, una revelación prohibida
por la ley, suponga directamente la revelación de hechos
perseguibles practicados por el administrado, o afecte los
derechos constitucionales. En ningún caso esta excepción
ampara el falseamiento de los hechos o de la realidad.
178.3 El acogimiento a esta excepción será libremente
apreciada por la autoridad conforme a las circunstancias
del caso, sin que ello dispense al órgano administrativo de
la búsqueda de los hechos ni de dictar la correspondiente
resolución.
Artículo 179.- Normativa supletoria
En lo no previsto en este apartado la prueba
documental se regirá por los artículos 46 y 47 de la
presente Ley.
Artículo 180.- Presunción de la calidad de los
informes
180.1 Los informes administrativos pueden ser
obligatorios o facultativos y vinculantes o no vinculantes.
180.2 Los dictámenes e informes se presumirán
facultativos y no vinculantes, con las excepciones de ley.
Artículo 181.- Petición de informes
181.1 Las entidades sólo solicitan informes que sean
preceptivos en la legislación o aquellos que juzguen
absolutamente indispensables para el esclarecimiento
de la cuestión a resolver. La solicitud debe indicar con
precisión y claridad las cuestiones sobre las que se estime
necesario su pronunciamiento.
181.2 La solicitud de informes o dictámenes legales
es reservada exclusivamente para asuntos en que el
fundamento jurídico de la pretensión sea razonablemente
discutible, o los hechos sean controvertidos jurídicamente,
y que tal situación no pueda ser dilucidada por el propio
instructor.
181.3 El informante, dentro de los dos días de
recibida, podrá devolver sin informe todo expediente en el
que el pedido incumpla los párrafos anteriores, o cuando
se aprecie que sólo se requiere confirmación de otros
informes o de decisiones ya adoptadas.
Artículo 182.- Presentación de informes
182.1 Toda autoridad, cuando formule informes o
proyectos de resoluciones fundamenta su opinión en
forma sucinta y establece conclusiones expresas y claras
sobre todas las cuestiones planteadas en la solicitud,
y recomienda concretamente los cursos de acción a
seguir, cuando éstos correspondan, suscribiéndolos con
su firma habitual, consignando su nombre, apellido y
cargo.
182.2 El informe o dictamen no incorpora a su texto
el extracto de las actuaciones anteriores ni reitera datos
que obren en expediente, pero referirá por su folio todo
antecedente que permita ilustrar para su mejor resolución.
Artículo 183.- Omisión de informe
183.1 De no recibirse el informe en el término
señalado, la autoridad podrá alternativamente, según
las circunstancias del caso y relación administrativa
con el informante: prescindir del informe o citar al
informante para que en fecha única y en una sesión,
a la cual puede asistir el administrado, presente su
parecer verbalmente, de la cual se elaborará acta
que se adjuntará al expediente, sin perjuicio de la
responsabilidad en que incurra el funcionario culpable
de la demora.
183.2 La Ley puede establecer expresamente en
procedimientos iniciados por los administrados que
de no recibirse informes vinculantes en el plazo legal,
se entienda que no existe objeción técnica o legal al
planteamiento sometido a su parecer.

183.3 El informe presentado extemporáneamente
puede ser considerado en la correspondiente resolución.
Artículo 184.- Testigos
184.1 El proponente de la prueba de testigos tiene
la carga de la comparecencia de los mismos en el lugar,
fecha y hora fijados. Si el testigo no concurriera sin justa
causa, se prescindirá de su testimonio.
184.2 La administración puede interrogar
libremente a los testigos y, en caso de declaraciones
contradictorias, podrá disponer careos, aun con los
administrados.
Artículo 185.- Peritaje
185.1 Los administrados pueden proponer la
designación de peritos a su costa, debiendo en el mismo
momento indicar los aspectos técnicos sobre los que
éstos deben pronunciarse.
185.2 La administración se abstendrá de contratar
peritos por su parte, debiendo solicitar informes técnicos
de cualquier tipo a su personal o a las entidades técnicas
aptas para dicho fin, preferentemente entre las facultades
de las universidades públicas.
Artículo 186.- Actuación probatoria de autoridades
públicas
Las autoridades de entidades no prestan confesión,
salvo en procedimientos internos de la administración;
sin perjuicio de ser susceptibles de aportar elementos
probatorios en calidad de testigos, informantes o peritos,
si fuere el caso.
Artículo 187.- Gastos de actuaciones probatorias
En el caso de que la actuación de pruebas propuestas
por el administrado importe la realización de gastos
que no deba soportar racionalmente la entidad, ésta
podrá exigir el depósito anticipado de tales costos, con
cargo a la liquidación final que el instructor practicará
documentadamente al administrado, una vez realizada la
probanza.
Artículo 188.- Actuaciones probatorias que afecten
a terceros
Los terceros tienen el deber de colaborar para la
prueba de los hechos con respeto de sus derechos
constitucionales.
Artículo 189.- Proyecto de resolución
Cuando fueren distintos la autoridad instructora
de la competente para resolver, la instructora prepara
un informe final en el cual recogerá los aspectos más
relevantes del acto que lo promovió, así como un resumen
del contenido de la instrucción, análisis de la prueba
instruida, y formulará en su concordancia un proyecto de
resolución.
CAPÍTULO VII
Participación de los administrados
Artículo 190.- Administración abierta
Además de los medios de acceso a la participación
en los asuntos públicos establecidos por otras normas,
en la instrucción de los procedimientos administrativos las
entidades se rigen por las disposiciones de este Capítulo
sobre la audiencia a los administrados y el período de
información pública.
Artículo 191.- Audiencia pública
191.1 Las normas administrativas prevén la
convocatoria a una audiencia pública, como formalidad
esencial para la participación efectiva de terceros, cuando
el acto al que conduzca el procedimiento administrativo
sea susceptible de afectar derechos o intereses cuya
titularidad corresponda a personas indeterminadas,
tales como en materia medio ambiental, ahorro público,
valores culturales, históricos, derechos del consumidor,
planeamiento urbano y zonificación; o cuando el
pronunciamiento sobre autorizaciones, licencias o
permisos que el acto habilite incida directamente sobre
servicios públicos.
191.2 En la audiencia pública cualquier tercero,
sin necesidad de acreditar legitimación especial está
habilitado para presentar información verificada, para
requerir el análisis de nuevas pruebas, así como expresar
su opinión sobre las cuestiones que constituyan el objeto
del procedimiento o sobre la evidencia actuada. No
procede formular interpelaciones a la autoridad en la
audiencia.
191.3 La omisión de realización de la audiencia
pública acarrea la nulidad del acto administrativo final que
se dicte.
191.4 El vencimiento del plazo previsto en el Artículo
151 de esta Ley, sin que se haya llevado a cabo la
audiencia pública, determina la operatividad del silencio
administrativo negativo, sin perjuicio de la responsabilidad
de las autoridades obligadas a su convocatoria.
Artículo 192.- Convocatoria a audiencia pública
La convocatoria a audiencia pública debe publicarse
en el Diario Oficial o en uno de los medios de comunicación
de mayor difusión local, según la naturaleza del asunto,
con una anticipación no menor de tres (3) días a su
realización, debiendo indicar: la autoridad convocante,
su objeto, el día, lugar y hora de realización, los plazos
para inscripción de participantes, el domicilio y teléfono
de la entidad convocante, dónde se puede realizar la
inscripción, se puede acceder a mayor información del
asunto, o presentar alegatos, impugnaciones y opiniones.
Artículo 193.- Desarrollo y efectos de la audiencia
pública
193.1 La comparecencia a la audiencia no otorga, por
sí misma, la condición de participante en el procedimiento.
193.2 La no asistencia a la audiencia no impide a
los legitimados en el procedimiento como interesados, a
presentar alegatos, o recursos contra la resolución.
193.3 Las informaciones y opiniones manifestadas
durante la audiencia pública, son registradas sin generar
debate, y poseen carácter consultivo y no vinculante para
la entidad.
193.4 La autoridad instructora debe explicitar, en los
fundamentos de su decisión, de qué manera ha tomado
en cuenta las opiniones de la ciudadanía y, en su caso,
las razones para su desestimación.
Artículo 194.- Período de información pública
194.1 Cuando sea materia de decisión de la autoridad,
cualquier aspecto de interés general distinto a los previstos
en el artículo anterior donde se aprecie objetivamente
que la participación de terceros no determinados pueda
coadyuvar a la comprobación de cualquier estado,
información o de alguna exigencia legal no evidenciada
en el expediente por la autoridad, el instructor abre un
período no menor de tres ni mayor de cinco días hábiles

para recibir -por los medios más amplios posibles- sus
manifestaciones sobre el asunto, antes de resolver el
procedimiento.
194.2 El período de información pública corresponde
ser convocado particularmente antes de aprobar normas
administrativas que afecten derechos e intereses
ciudadanos, o para resolver acerca del otorgamiento de
licencias o autorizaciones para ejercer actividades de interés
general, y para designar funcionarios en cargos principales
de las entidades, o incluso tratándose de cualquier cargo
cuando se exija como condición expresa poseer conducta
intachable o cualquier circunstancia análoga.
194.3 La convocatoria, desarrollo y consecuencias del
período de información pública se sigue en lo no previsto
en este Capítulo, en lo aplicable, por las normas de
audiencia pública.
CAPÍTULO VIII
Fin del Procedimiento
Artículo 195.- Fin del procedimiento
195.1 Pondrán fin al procedimiento las resoluciones
que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el silencio
administrativo positivo, el silencio administrativo negativo
en el caso a que se refiere el párrafo 197.4 del Artículo
197, el desistimiento, la declaración de abandono, los
acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación
o transacción extrajudicial que tengan por objeto poner
fin al procedimiento y la prestación efectiva de lo pedido a
conformidad del administrado en caso de petición graciable.
195.2 También pondrá fin al procedimiento la
resolución que así lo declare por causas sobrevenidas
que determinen la imposibilidad de continuarlo.
Artículo 196.- Contenido de la resolución
196.1 La resolución que pone fin al procedimiento
cumplirá los requisitos del acto administrativo señalados en
el Capítulo Primero del Título Primero de la presente Ley.
196.2 En los procedimientos iniciados a petición
del interesado, la resolución será congruente con las
peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso
pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la
potestad de la administración de iniciar de oficio un nuevo
procedimiento, si procede.
Artículo 197.- Efectos del silencio administrativo
197.1. Los procedimientos administrativos sujetos a
silencio administrativo positivo quedarán automáticamente
aprobados en los términos en que fueron solicitados si
transcurrido el plazo establecido o máximo, al que se
adicionará el plazo máximo señalado en el numeral 24.1
del artículo 24 de la presente Ley, la entidad no hubiere
notificado el pronunciamiento respectivo. La declaración
jurada a la que se refiere el artículo 36 no resulta
necesaria para ejercer el derecho resultante del silencio
administrativo positivo ante la misma entidad.
197.2 El silencio positivo tiene para todos los efectos
el carácter de resolución que pone fin al procedimiento,
sin perjuicio de la potestad de nulidad de oficio prevista en
el artículo 211 de la presente Ley.
197.3 El silencio administrativo negativo tiene por
efecto habilitar al administrado la interposición de los
recursos administrativos y acciones judiciales pertinentes.
197.4 Aun cuando opere el silencio administrativo
negativo, la administración mantiene la obligación de
resolver, bajo responsabilidad, hasta que se le notifique
que el asunto ha sido sometido a conocimiento de una
autoridad jurisdiccional o el administrado haya hecho uso
de los recursos administrativos respectivos.
197.5 El silencio administrativo negativo no inicia el
cómputo de plazos ni términos para su impugnación.
197.6. En los procedimientos sancionadores, los
recursos administrativos destinados a impugnar la
imposición de una sanción estarán sujetos al silencio
administrativo negativo. Cuando el administrado haya
optado por la aplicación del silencio administrativo
negativo, será de aplicación el silencio administrativo
positivo en las siguientes instancias resolutivas.
Artículo 198.- Desistimiento del procedimiento o
de la pretensión
198.1 El desistimiento del procedimiento importará
la culminación del mismo, pero no impedirá que
posteriormente vuelva a plantearse igual pretensión en
otro procedimiento.
198.2 El desistimiento de la pretensión impedirá
promover otro procedimiento por el mismo objeto y causa.
198.3 El desistimiento sólo afectará a quienes lo
hubieren formulado.
198.4 El desistimiento podrá hacerse por cualquier
medio que permita su constancia y señalando su contenido
y alcance. Debe señalarse expresamente si se trata de un
desistimiento de la pretensión o del procedimiento. Si no
se precisa, se considera que se trata de un desistimiento
del procedimiento.
198.5 El desistimiento se puede realizar en cualquier
momento antes de que se notifique la resolución final que
agote la vía administrativa.
198.6 La autoridad aceptará de plano el desistimiento
y declarará concluido el procedimiento, salvo que,
habiéndose apersonado en el mismo terceros interesados,
instasen éstos su continuación en el plazo de diez días
desde que fueron notificados del desistimiento.
198.7 La autoridad podrá continuar de oficio el
procedimiento si del análisis de los hechos considera que
podría estarse afectando intereses de terceros o la acción
suscitada por la iniciación del procedimiento extrañase
interés general. En ese caso, la autoridad podrá limitar
los efectos del desistimiento al interesado y continuará el
procedimiento.
Artículo 199.- Desistimiento de actos y recursos
administrativos
199.1 El desistimiento de algún acto realizado en
el procedimiento puede realizarse antes de que haya
producido efectos.
199.2 Puede desistirse de un recurso administrativo
antes de que se notifique la resolución final en la instancia,
determinando que la resolución impugnada quede firme,
salvo que otros administrados se hayan adherido al
recurso, en cuyo caso sólo tendrá efecto para quien lo
formuló.
Artículo 200.- Abandono en los procedimientos
iniciados a solicitud del administrado
En los procedimientos iniciados a solicitud de parte,
cuando el administrado incumpla algún trámite que le
hubiera sido requerido que produzca su paralización
por treinta días, la autoridad de oficio o a solicitud del
administrado declarará el abandono del procedimiento.
Dicha resolución deberá ser notificada y contra ella
procederán los recursos administrativos pertinentes.
CAPÍTULO IX
Ejecución de resoluciones
Artículo 201.- Ejecutoriedad del acto administrativo
Los actos administrativos tendrán carácter ejecutario,
salvo disposición legal expresa en contrario, mandato

judicial o que estén sujetos a condición o plazo conforme
a ley.
Artículo 202.- Pérdida de ejecutoriedad del acto
administrativo
202.1 Salvo norma expresa en contrario, los actos
administrativos pierden efectividad y ejecutoriedad en los
siguientes casos:
202.1.1 Por suspensión provisional conforme a ley.
202.1.2 Cuando transcurridos dos (2) años de
adquirida firmeza, la administración no ha iniciado los
actos que le competen para ejecutarlos.
202.1.3 Cuando se cumpla la condición resolutiva a
que estaban sujetos de acuerdo a ley.
202.2 Cuando el administrado oponga al inicio de
la ejecución del acto administrativo la pérdida de su
ejecutoriedad, la cuestión es resuelta de modo irrecurrible
en sede administrativa por la autoridad inmediata superior,
de existir, previo informe legal sobre la materia.
Artículo 203.- Ejecución forzosa
Para proceder a la ejecución forzosa de actos
administrativos a través de sus propios órganos
competentes, o de la Policía Nacional del Perú, la
autoridad cumple las siguientes exigencias:
1. Que se trate de una obligación de dar, hacer o no
hacer, establecida a favor de la entidad.
2. Que la prestación sea determinada por escrito de
modo claro e íntegro.
3. Que tal obligación derive del ejercicio de una
atribución de imperio de la entidad o provenga de una
relación de derecho público sostenida con la entidad.
4. Que se haya requerido al administrado
el cumplimiento espontáneo de la prestación,
bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo
específicamente aplicable.
5. Que no se trate de acto administrativo que la
Constitución o la ley exijan la intervención del Poder
Judicial para su ejecución.
6. En el caso de procedimientos trilaterales, las
resoluciones finales que ordenen medidas correctivas
constituyen títulos de ejecución conforme a lo dispuesto
en el artículo 713 inciso 4) del Código Procesal Civil,
modificado por la Ley Nº 28494, una vez que el acto
quede firme o se haya agotado la vía administrativa.
En caso de resoluciones finales que ordenen medidas
correctivas, la legitimidad para obrar en los procesos
civiles de ejecución corresponde a las partes involucradas.
Artículo 204.- Notificación de acto de inicio de
ejecución
204.1 La decisión que autorice la ejecución
administrativa será notificada a su destinatario antes de
iniciarse la misma.
204.2 La autoridad puede notificar el inicio de la
ejecución sucesivamente a la notificación del acto
ejecutado, siempre que se facilite al administrado cumplir
espontáneamente la prestación a su cargo.
Artículo 205.- Medios de ejecución forzosa
205.1 La ejecución forzosa por la entidad se efectuará
respetando siempre el principio de razonabilidad, por los
siguientes medios:
a) Ejecución coactiva
b) Ejecución subsidiaria
c) Multa coercitiva
d) Compulsión sobre las personas
205.2 Si fueran varios los medios de ejecución
aplicables, se elegirá el menos restrictivo de la libertad
individual.
205.3 Si fuese necesario ingresar al domicilio o a la
propiedad del afectado, deberá seguirse lo previsto por
el inciso 9) del Artículo 20 de la Constitución Política del
Perú.
Artículo 206.- Ejecución coactiva
Si la entidad hubiera de procurarse la ejecución de
una obligación de dar, hacer o no hacer, se seguirá el
procedimiento previsto en las leyes de la materia.
Artículo 207.- Ejecución subsidiaria
Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se
trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser
realizados por sujeto distinto del obligado:
1. En este caso, la entidad realizará el acto, por sí
o a través de las personas que determine, a costa del
obligado.
2. El importe de los gastos, daños y perjuicios se
exigirá conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.
3. Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional
y realizarse antes de la ejecución, o reservarse a la
liquidación definitiva.
Artículo 208.- Multa coercitiva
208.1 Cuando así lo autoricen las leyes, y en la forma
y cuantía que éstas determinen, la entidad puede, para
la ejecución de determinados actos, imponer multas
coercitivas, reiteradas por períodos suficientes para
cumplir lo ordenado, en los siguientes supuestos:
a) Actos personalísimos en que no proceda la
compulsión sobre la persona del obligado.
b) Actos en que, procediendo la compulsión, la
administración no la estimara conveniente.
c) Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a
otra persona.
208.2 La multa coercitiva es independiente de las
sanciones que puedan imponerse con tal carácter y
compatible con ellas.
Artículo 209.- Compulsión sobre las personas
Los actos administrativos que impongan una
obligación personalísima de no hacer o soportar, podrán
ser ejecutados por compulsión sobre las personas en los
casos en que la ley expresamente lo autorice, y siempre
dentro del respeto debido a su dignidad y a los derechos
reconocidos en la Constitución Política.
Si los actos fueran de cumplimiento personal, y no
fueran ejecutados, darán lugar al pago de los daños y
perjuicios que se produjeran, los que se deberán regular
judicialmente.
TÍTULO III
De la Revisión de los Actos en Vía Administrativa
CAPÍTULO I
Revisión de Oficio
Artículo 210.- Rectificación de errores
210.1 Los errores material o aritmético en los actos
administrativos pueden ser rectificados con efecto
retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia

de los administrados, siempre que no se altere lo
sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.
210.2 La rectificación adopta las formas y modalidades
de comunicación o publicación que corresponda para el
acto original.
Artículo 211.- Nulidad de oficio
211.1 En cualquiera de los casos enumerados en
el Artículo 10, puede declararse de oficio la nulidad de
los actos administrativos, aun cuando hayan quedado
firmes, siempre que agravien el interés público o lesionen
derechos fundamentales.
211.2 La nulidad de oficio solo puede ser declarada
por el funcionario jerárquico superior al que expidió el
acto que se invalida. Si se tratara de un acto emitido
por una autoridad que no está sometida a subordinación
jerárquica, la nulidad es declarada por resolución del
mismo funcionario.
Además de declarar la nulidad, la autoridad puede
resolver sobre el fondo del asunto de contarse con los
elementos suficientes para ello. En este caso, este
extremo sólo puede ser objeto de reconsideración.
Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del
asunto, se dispone la reposición del procedimiento al
momento en que el vicio se produjo.
En caso de declaración de nulidad de oficio de un acto
administrativo favorable al administrado, la autoridad,
previamente al pronunciamiento, le corre traslado,
otorgándole un plazo no menor de cinco (5) días para
ejercer su derecho de defensa.
211.3 La facultad para declarar la nulidad de oficio de
los actos administrativos prescribe en el plazo de dos (2)
años, contado a partir de la fecha en que hayan quedado
consentidos.
Respecto de la nulidad de los actos previstos en
el numeral 4 del Artículo 10, el plazo para declarar la
nulidad de oficio se extiende hasta un (1) año después
de la notificación de la resolución correspondiente a la
sentencia penal condenatoria firme.
211.4 En caso de que haya prescrito el plazo previsto
en el numeral anterior, sólo procede demandar la
nulidad ante el Poder Judicial vía el proceso contencioso
administrativo, siempre que la demanda se interponga
dentro de los tres (3) años siguientes a contar desde la
fecha en que prescribió la facultad para declarar la nulidad
en sede administrativa.
211.5 Los actos administrativos emitidos por
consejos o tribunales regidos por leyes especiales,
competentes para resolver controversias en última
instancia administrativa, sólo pueden ser objeto de
declaración de nulidad de oficio en sede administrativa
por el propio consejo o tribunal con el acuerdo unánime
de sus miembros. Esta atribución sólo podrá ejercerse
dentro del plazo de un año contado desde la fecha en
que el acto es notificado al interesado. También procede
que el titular de la Entidad demande su nulidad en la
vía de proceso contencioso administrativo, siempre
que la demanda se interponga dentro de los tres años
siguientes de notificada la resolución emitida por el
consejo o tribunal.
Artículo 212.- Revocación
212.1 Cabe la revocación de actos administrativos,
con efectos a futuro, en cualquiera de los siguientes
casos:
212.1.1 Cuando la facultad revocatoria haya sido
expresamente establecida por una norma con rango legal
y siempre que se cumplan los requisitos previstos en
dicha norma.
212.1.2 Cuando sobrevenga la desaparición de las
condiciones exigidas legalmente para la emisión del acto
administrativo cuya permanencia sea indispensable para
la existencia de la relación jurídica creada.
212.1.3 Cuando apreciando elementos de juicio
sobrevinientes se favorezca legalmente a los destinatarios
del acto y siempre que no se genere perjuicios a terceros.
212.1.4 Cuando se trate de un acto contrario al
ordenamiento jurídico que cause agravio o perjudique
la situación jurídica del administrado, siempre que
no lesione derechos de terceros ni afecte el interés
público.
La revocación prevista en este numeral solo puede
ser declarada por la más alta autoridad de la entidad
competente, previa oportunidad a los posibles afectados
otorgándole un plazo no menor de cinco (5) días para
presentar sus alegatos y evidencias en su favor.
212.2 Los actos administrativos declarativos o
constitutivos de derechos o intereses legítimos no pueden
ser revocados, modificados o sustituidos de oficio por
razones de oportunidad, mérito o conveniencia.
Artículo 213.- lrrevisabilidad de actos judicialmente
confirmados
No serán en ningún caso revisables en sede
administrativa los actos que hayan sido objeto de
confirmación por sentencia judicial firme.
Artículo 214.- Indemnización por revocación
214.1 Cuando la revocación origine perjuicio
económico al administrado, la resolución que la decida
deberá contemplar lo conveniente para efectuar la
indemnización correspondiente en sede administrativa.
214.2 Los actos incursos en causal para su revocación
o nulidad de oficio, pero cuyos efectos hayan caducado o
agotado, serán materia de indemnización en sede judicial,
dispuesta cuando quede firme administrativamente su
revocación o anulación.
CAPÍTULO II
Recursos Administrativos
Artículo 215. Facultad de contradicción
215.1 Conforme a lo señalado en el artículo 118, frente
a un acto administrativo que se supone viola, desconoce
o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su
contradicción en la vía administrativa mediante los
recursos administrativos señalados en el artículo
siguiente, iniciándose el correspondiente procedimiento
recursivo.
215.2 Sólo son impugnables los actos definitivos
que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento
o produzcan indefensión. La contradicción a los restantes
actos de trámite deberá alegarse por los interesados para
su consideración en el acto que ponga fin al procedimiento
y podrán impugnarse con el recurso administrativo que,
en su caso, se interponga contra el acto definitivo.
215.3 No cabe la impugnación de actos que sean
reproducción de otros anteriores que hayan quedado
firmes, ni la de los confirmatorios de actos consentidos
por no haber sido recurridos en tiempo y forma.
215.4 Cabe la acumulación de pretensiones
impugnatorias en forma subsidiaria, cuando en las
instancias anteriores se haya analizado los hechos y/o
fundamentos en que se sustenta la referida pretensión
subsidiaria.”
Artículo 216. Recursos administrativos
216.1 Los recursos administrativos son:

a) Recurso de reconsideración
b) Recurso de apelación
Solo en caso que por ley o decreto legislativo se
establezca expresamente, cabe la interposición del
recurso administrativo de revisión.
216.2 El término para la interposición de los recursos
es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse
en el plazo de treinta (30) días.
Artículo 217.- Recurso de reconsideración
El recurso de reconsideración se interpondrá ante el
mismo órgano que dictó el primer acto que es materia
de la impugnación y deberá sustentarse en nueva
prueba. En los casos de actos administrativos emitidos
por órganos que constituyen única instancia no se
requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su
no interposición no impide el ejercicio del recurso de
apelación.
Artículo 218.- Recurso de apelación
El recurso de apelación se interpondrá cuando la
impugnación se sustente en diferente interpretación de
las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones
de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad
que expidió el acto que se impugna para que eleve lo
actuado al superior jerárquico.
Artículo 219.- Requisitos del recurso
El escrito del recurso deberá señalar el acto del que
se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el
artículo 122 de la presente Ley.
Artículo 220.- Acto firme
Una vez vencidos los plazos para interponer los
recursos administrativos se perderá el derecho a
articularlos quedando firme el acto.
Artículo 221.- Error en la calificación
El error en la calificación del recurso por parte
del recurrente no será obstáculo para su tramitación
siempre que del escrito se deduzca su verdadero
carácter.
Artículo 222.- Alcance de los recursos
Los recursos administrativos se ejercitarán por una
sola vez en cada procedimiento administrativo y nunca
simultáneamente.
Artículo 223.- Silencio administrativo en materia
de recursos
El silencio administrativo en materia de recursos se
regirá por lo dispuesto por el inciso 2) del párrafo 34.1 del
artículo 34.
Artículo 224.- Suspensión de la ejecución
224.1 La interposición de cualquier recurso,
excepto los casos en que una norma legal establezca
lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto
impugnado.
224.2 No obstante lo dispuesto en el numeral
anterior, la autoridad a quien competa resolver el recurso
suspende de oficio o a petición de parte la ejecución del
acto recurrido cuando concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de
imposible o difícil reparación.
b) Que se aprecie objetivamente la existencia de un
vicio de nulidad trascendente.
224.3 La decisión de la suspensión se adoptará previa
ponderación suficientemente razonada entre el perjuicio
que causaría al interés público o a terceros la suspensión
y el perjuicio que causa al recurrente la eficacia inmediata
del acto recurrido.
224.4 Al disponerse la suspensión podrán adoptarse
las medidas que sean necesarias para asegurar la
protección del interés público o los derechos de terceros y
la eficacia de la resolución impugnada.
224.5 La suspensión se mantendrá durante el
trámite del recurso administrativo o el correspondiente
proceso contencioso-administrativo, salvo que la
autoridad administrativa o judicial disponga lo contrario
si se modifican las condiciones bajo las cuales se
decidió.
Artículo 225.- Resolución
225.1 La resolución del recurso estimará en todo o
en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el
mismo o declarará su inadmisión.
225.2 Constatada la existencia de una causal de
nulidad, la autoridad, además de la declaración de nulidad,
resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse con los
elementos suficientes para ello. Cuando no sea posible
pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la
reposición del procedimiento al momento en que el vicio
se produjo.
Artículo 226.- Agotamiento de la vía administrativa
226.1 Los actos administrativos que agotan la vía
administrativa podrán ser impugnados ante el Poder
Judicial mediante el proceso contencioso-administrativo a
que se refiere el artículo 148 de la Constitución Política
del Estado.
226.2 Son actos que agotan la vía administrativa:
a) El acto respecto del cual no proceda
legalmente impugnación ante una autoridad u órgano
jerárquicamente superior en la vía administrativa o
cuando se produzca silencio administrativo negativo,
salvo que el interesado opte por interponer recurso
de reconsideración, en cuyo caso la resolución que
se expida o el silencio administrativo producido con
motivo de dicho recurso impugnativo agota la vía
administrativa; o
b) El acto expedido o el silencio administrativo
producido con motivo de la interposición de un recurso
de apelación en aquellos casos en que se impugne el
acto de una autoridad u órgano sometido a subordinación
jerárquica; o
c) El acto expedido o el silencio administrativo
producido con motivo de la interposición de un recurso
de revisión, únicamente en los casos a que se refiere el
Artículo 216; o
d) El acto que declara de oficio la nulidad o revoca
otros actos administrativos en los casos a que se refieren
los artículos 211 y 212 de esta Ley; o
e) Los actos administrativos de los Tribunales
o Consejos Administrativos regidos por leyes
especiales.”

TÍTULO IV
Del procedimiento trilateral, del procedimiento
sancionador y la actividad administrativa de
fiscalización
(Denominación modificada por el Artículo 3
del Decreto Legislativo N° 1272)
CAPÍTULO I
Procedimiento trilateral
Artículo 227.- Procedimiento trilateral
227.1 El procedimiento trilateral es el procedimiento
administrativo contencioso seguido entre dos o más
administrados ante las entidades de la administración y
para los descritos en el inciso 8) del Artículo I del Título
Preliminar de la presente Ley.
227.2 La parte que inicia el procedimiento con la
presentación de una reclamación será designada como
“reclamante” y cualquiera de los emplazados será
designado como “reclamado”.
Artículo 228.- Marco legal
El procedimiento trilateral se rige por lo dispuesto
en el presente Capítulo y en lo demás por lo previsto
en esta Ley. Respecto de los procedimientos
administrativos trilaterales regidos por leyes
especiales, este capítulo tendrá únicamente carácter
supletorio.
Artículo 229.- Inicio del procedimiento
229.1 El procedimiento trilateral se inicia mediante la
presentación de una reclamación o de oficio.
229.2 Durante el desarrollo del procedimiento trilateral
la administración debe favorecer y facilitar la solución
conciliada de la controversia.
229.3 Una vez admitida a trámite la reclamación se
pondrá en conocimiento del reclamado a fin de que éste
presente su descargo.
Artículo 230.- Contenido de la reclamación
230.1 La reclamación deberá contener los requisitos
de los escritos previstos en el Artículo 122 de la presente
Ley, así como el nombre y la dirección de cada reclamado,
los motivos de la reclamación y la petición de sanciones u
otro tipo de acción afirmativa.
230.2 La reclamación deberá ofrecer las pruebas
y acompañará como anexos las pruebas de las que
disponga.
230.3 La autoridad podrá solicitar aclaración de la
reclamación de admitirla, cuando existan dudas en la
exposición de los hechos o fundamentos de derecho
respectivos.
Artículo 231.- Contestación de la reclamación
231.1 El reclamado deberá presentar la contestación
de la reclamación dentro de los quince (15) días
posteriores a la notificación de ésta; vencido este plazo,
la Administración declarará en rebeldía al reclamado
que no la hubiera presentado. La contestación deberá
contener los requisitos de los escritos previstos en el
Artículo 122 de la presente Ley, así como la absolución
de todos los asuntos controvertidos de hecho y de
derecho, Las alegaciones y los hechos relevantes de
la reclamación, salvo que hayan sido específicamente
negadas en la contestación, se tendrán por aceptadas o
merituadas como ciertas.
231.2 Las cuestiones se proponen conjunta y
únicamente al contestar la reclamación o la réplica y son
resueltas con la resolución final.
231.3 En el caso de que el reclamado no cumpla con
presentar la contestación dentro del plazo establecido, la
administración podrá permitir, si lo considera apropiado
y razonable, la entrega de la contestación luego del
vencimiento del plazo.
231.4 Adicionalmente a la contestación, el reclamado
podrá presentar una replica alegando violaciones a la
legislación respectiva, dentro de la competencia del
organismo correspondiente de la entidad. La presentación
de réplicas y respuestas a aquellas réplicas se rige
por las reglas para la presentación y contestación de
reclamaciones, excluyendo lo referente a los derechos
administrativos de trámite.
Artículo 232.- Prohibición de responder a las
contestaciones
La réplica a las contestaciones de las reclamaciones,
no está permitida. Los nuevos problemas incluidos en la
contestación del denunciado serán considerados como
materia controvertida.
Artículo 233.- Pruebas
Sin perjuicio de lo establecido en los Artículos 171
a 189 de la presente Ley, la administración sólo puede
prescindir de la actuación de las pruebas ofrecidas por
cualquiera de las partes por acuerdo unánime de éstas.
234.1 En cualquier etapa del procedimiento trilateral,
de oficio o a pedido de parte, podrán dictarse medidas
cautelares conforme al Artículo 155.
234.2 Si el obligado a cumplir con una medida cautelar
ordenado por la administración no lo hiciere, se aplicarán
las normas sobre ejecución forzosa prevista en los
Artículos 201 al 209 de esta Ley.
234.3 Cabe la apelación contra la resolución que dicta
una medida cautelar solicitada por alguna de las partes
dentro del plazo de tres (3) días contados a partir de la
notificación de la resolución que dicta la medida. Salvo
disposición legal o decisión de la autoridad en contrario, la
apelación no suspende la ejecución de la medida cautelar.
La apelación deberá elevarse al superior jerárquico en
un plazo máximo de (1) día, contado desde la fecha de
la concesión del recurso respectivo y será resuelta en un
plazo de cinco (5) días.
Artículo 235.- Impugnación
235.1 Contra la resolución final recaída en un
procedimiento trilateral expedida por una autoridad
u órgano sometido a subordinación jerárquica, sólo
procede la interposición del recurso de apelación. De no
existir superior jerárquico, sólo cabe plantear recurso de
reconsideración.
235.2 La apelación deberá ser interpuesta ante el
órgano que dictó la resolución apelada dentro de los
quince (15) días de producida la notificación respectiva.
El expediente respectivo deberá elevarse al superior
jerárquico en un plazo máximo de dos (2) días contados
desde la fecha de la concesión del recurso respectivo.
235.3 Dentro de los quince (15) días de recibido el
expediente por el superior jerárquico se correrá traslado
a la otra parte y se le concederá plazo de quince (15) días
para la absolución de la apelación.
235.4 Con la absolución de la otra parte o vencido el
plazo a que se refiere el artículo precedente, la autoridad
que conoce de la apelación podrá señalar día y hora
para la vista de la causa que no podrá realizarse en un
plazo mayor de diez (10) días contados desde la fecha

en que se notifique la absolución de la apelación a quien
la interponga.
235.5 La administración deberá emitir resolución
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de
realización de la audiencia.
Artículo 236. Conciliación, transacción
extrajudicial y desistimiento
236.1 En los casos en los que la Ley lo permita y
antes de que se notifique la resolución final, la autoridad
podrá aprobar acuerdos, pactos, convenios o contratos
con los administrados que importen una transacción
extrajudicial o conciliación, con el alcance, requisitos,
efectos y régimen jurídico específico que en cada caso
prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales
actos poner fin al procedimiento administrativo y dejar
sin efecto las resoluciones que se hubieren dictado en
el procedimiento. El acuerdo podrá ser recogido en una
resolución administrativa.
236.2 Los citados instrumentos deberán constar
por escrito y establecer como contenido mínimo la
identificación de las partes intervinientes y el plazo de
vigencia.
236.3 Al aprobar los acuerdos a que se refiere
el numeral 228.1, la autoridad podrá continuar el
procedimiento de oficio si del análisis de los hechos
considera que podría estarse afectando intereses
de terceros o la acción suscitada por la iniciación del
procedimiento entrañase interés general.
236.4 Procede el desistimiento conforme a lo regulado
en los artículos 198 y 199.
CAPÍTULO II
LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA
DE FISCALIZACIÓN
(Capítulo I-A incorporado por el Artículo 5
del Decreto Legislativo N° 1272)
Artículo 237.-Definición de la actividad de
fiscalización
237.1 La actividad de fiscalización constituye
el conjunto de actos y diligencias de investigación,
supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento
de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones
exigibles a los administrados, derivados de una norma
legal o reglamentaria, contratos con el Estado u otra fuente
jurídica, bajo un enfoque de cumplimiento normativo, de
prevención del riesgo, de gestión del riesgo y tutela de los
bienes jurídicos protegidos.
Solamente por Ley o Decreto Legislativo puede
atribuirse la actividad de fiscalización a las entidades.
Por razones de eficacia y economía, las autoridades
pueden coordinar para la realización de acciones de
fiscalización conjunta o realizar encargos de gestión entre
sí.
237.2 Independientemente de su denominación,
las normas especiales que regulan esta función se
interpretan y aplican en el marco de las normas comunes
del presente capítulo, aun cuando conforme al marco
legal sean ejercidos por personas naturales o jurídicas
privadas.
Artículo 238.-Facultades de las entidades que
realizan actividad de fiscalización
238.1 Los actos y diligencias de fiscalización se
inician siempre de oficio, bien por propia iniciativa o como
consecuencia de orden superior, petición motivada o por
denuncia.
238.2 La Administración Pública en el ejercicio de la
actividad de fiscalización está facultada para realizar lo
siguiente:
1. Requerir al administrado objeto de la fiscalización, la
exhibición o presentación de todo tipo de documentación,
expedientes, archivos u otra información necesaria,
respetando el principio de legalidad.
El acceso a la información que pueda afectar la
intimidad personal o familiar, así como las materias
protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial
e industrial y la protección de datos personales, se rige
por lo dispuesto en la Constitución Política del Perú y las
leyes especiales.
2. Interrogar a las personas materia de fiscalización o
a sus representantes, empleados, funcionarios, asesores
y a terceros, utilizando los medios técnicos que considere
necesarios para generar un registro completo y fidedigno
de sus declaraciones.
La citación o la comparecencia personal a la sede de
las entidades administrativas se regulan por los artículos
67 y 68.
3. Realizar inspecciones, con o sin previa notificación,
en los locales y/o bienes de las personas naturales
o jurídicas objeto de las acciones de fiscalización,
respetando el derecho fundamental a la inviolabilidad del
domicilio cuando corresponda.
4. Tomar copia de los archivos físicos, ópticos,
electrónicos u otros, así como tomar fotografías, realizar
impresiones, grabaciones de audio o en video con
conocimiento previo del administrado y, en general, utilizar
los medios necesarios para generar un registro completo
y fidedigno de su acción de fiscalización.
5. Realizar exámenes periciales sobre la
documentación y otros aspectos técnicos relacionados
con la fiscalización.
6. Utilizar en las acciones y diligencias de fiscalización
equipos que consideren necesarios. Los administrados
deben permitir el acceso de tales equipos, así como
permitir el uso de sus propios equipos, cuando sea
indispensable para la labor de fiscalización.
7.Ampliar o variar el objeto de la acción de fiscalización
en caso que, como resultado de las acciones y diligencias
realizadas, se detecten incumplimientos adicionales a los
expresados inicialmente en el referido objeto.
8. Las demás que establezcan las leyes especiales.
Artículo 239.-Deberes de las entidades que realizan
actividad de fiscalización
239.1 La Administración Pública ejerce su actividad
de fiscalización con diligencia, responsabilidad y respeto
a los derechos de los administrados, adoptando las
medidas necesarias para obtener los medios probatorios
idóneos que sustenten los hechos verificados, en caso
corresponda.
239.2 Las autoridades competentes tienen, entre
otras, los siguientes deberes en el ejercicio de la actividad
de fiscalización:
1. Previamente a las acciones y diligencias de
fiscalización, realizar la revisión y/o evaluación de la
documentación que contenga información relacionada
con el caso concreto objeto de fiscalización.
2. Identificarse a requerimiento de los administrados,
presentando la credencial otorgada por su entidad, así
como su documento nacional de identidad.
3. Citar la base legal que sustente su competencia
de fiscalización, sus facultades y obligaciones, al
administrado que lo solicite.
4. Entregar copia del Acta de Fiscalización o
documento que haga sus veces al administrado al finalizar
la diligencia de inspección, consignando de manera clara
y precisa las observaciones que formule el administrado.
5. Guardar reserva sobre la información obtenida en
la fiscalización.
6. Deber de imparcialidad y prohibición de mantener
intereses en conflicto.
Artículo 240.- Derechos de los administrados
fiscalizados
Son derechos de los administrados fiscalizados:
1. Ser informados del objeto y del sustento legal de
la acción de supervisión y, de ser previsible, del plazo

estimado de su duración, así como de sus derechos y
obligaciones en el curso de tal actuación.
2. Requerir las credenciales y el documento nacional
de identidad de los funcionarios, servidores o terceros a
cargo de la fiscalización.
3. Poder realizar grabaciones en audio o video de las
diligencias en las que participen.
4. Se incluyan sus observaciones en las actas
correspondientes.
5. Presentar documentos, pruebas o argumentos
adicionales con posterioridad a la recepción del acta de
fiscalización.
6. Llevar asesoría profesional a las diligencias si el
administrado lo considera.
Artículo 241.- Deberes de los administrados
fiscalizados
Son deberes de los administrados fiscalizados:
1. Realizar o brindar todas las facilidades para ejecutar
las facultades listadas en el artículo 238.
2. Permitir el acceso de los funcionarios, servidores y
terceros fiscalizadores, a sus dependencias, instalaciones,
bienes y/o equipos, de administración directa o no, sin
perjuicio de su derecho fundamental a la inviolabilidad del
domicilio cuando corresponda.
3. Suscribir el acta de fiscalización.
4. Las demás que establezcan las leyes especiales.
Artículo 242.- Contenido mínimo del Acta de
Fiscalización
242.1 El Acta de Fiscalización o documento que haga
sus veces, es el documento que registra las verificaciones
de los hechos constatados objetivamente y contiene como
mínimo los siguientes datos:
1. Nombre de la persona natural o razón social de la
persona jurídica fiscalizada.
2. Lugar, fecha y hora de apertura y de cierre de la
diligencia.
3. Nombre e identificación de los fiscalizadores.
4. Nombres e identificación del representante legal
de la persona jurídica fiscalizada o de su representante
designado para dicho fin.
5. Los hechos materia de verificación y/u ocurrencias
de la fiscalización.
6. Las manifestaciones u observaciones de los
representantes de los fiscalizados y de los fiscalizadores.
7. La firma y documento de identidad de las personas
participantes. Si alguna de ellas se negara a firmar, se
deja constancia de la negativa en el acta, sin que esto
afecte su validez.
8. La negativa del administrado de identificarse y
suscribir el acta.
242.2 Las Actas de fiscalización dejan constancia de
los hechos verificados durante la diligencia, salvo prueba
en contrario.
Artículo 243.- Conclusión de la actividad de
fiscalización
243.1 Las actuaciones de fiscalización podrán concluir
en:
1. La certificación o constancia de conformidad de la
actividad desarrollada por el administrado.
2. La recomendación de mejoras o correcciones de la
actividad desarrollada por el administrado.
3. La advertencia de la existencia de incumplimientos
no susceptibles de ameritar la determinación de
responsabilidades administrativas.
4. La recomendación del inicio de un procedimiento con
el fin de determinar las responsabilidades administrativas
que correspondan.
5. La adopción de medidas correctivas.
6. Otras formas según lo establezcan las leyes
especiales.
243.2. Las entidades procurarán realizar algunas
fiscalizaciones únicamente con finalidad orientativa, esto
es, de identificación de riesgos y notificación de alertas
a los administrados con la finalidad de que mejoren su
gestión.
Artículo 244.- Medidas cautelares y correctivas
Las entidades solo podrán dictar medidas cautelares
y correctivas siempre que estén habilitadas por Ley o
Decreto Legislativo y mediante decisión debidamente
motivada y observando el Principio de Proporcionalidad.
CAPÍTULO III
Procedimiento Sancionador
Artículo 245.- Ámbito de aplicación de este capítulo
245.1 Las disposiciones del presente Capítulo
disciplinan la facultad que se atribuye a cualquiera de las
entidades para establecer infracciones administrativas y
las consecuentes sanciones a los administrados.
245.2 Las disposiciones contenidas en el presente
Capítulo se aplican con carácter supletorio a todos los
procedimientos establecidos en leyes especiales, incluyendo
los tributarios, los que deben observar necesariamente los
principios de la potestad sancionadora administrativa a que
se refiere el artículo 246, así como la estructura y garantías
previstas para el procedimiento administrativo sancionador.
Los procedimientos especiales no pueden imponer
condiciones menos favorables a los administrados, que
las previstas en este Capítulo.
245.3 La potestad sancionadora disciplinaria sobre el
personal de las entidades se rige por la normativa sobre
la materia.”
Artículo 246.- Principios de la potestad
sancionadora administrativa
La potestad sancionadora de todas las entidades
está regida adicionalmente por los siguientes principios
especiales:
1. Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley
cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora
y la consiguiente previsión de las consecuencias
administrativas que a título de sanción son posibles
de aplicar a un administrado, las que en ningún caso
habilitarán a disponer la privación de libertad.
2. Debido procedimiento.- No se pueden imponer
sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento
respectivo, respetando las garantías del debido
procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio
de la potestad sancionadora deben establecer la debida
separación entre la fase instructora y la sancionadora,
encomendándolas a autoridades distintas.
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever
que la comisión de la conducta sancionable no resulte
más ventajosa para el infractor que cumplir las normas
infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las
sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al
incumplimiento calificado como infracción, observando
los siguientes criterios que se señalan a efectos de su
graduación:
a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la
infracción;
b) La probabilidad de detección de la infracción;
c) La gravedad del daño al interés público y/o bien
jurídico protegido;
d) EI perjuicio económico causado;
e) La reincidencia, por la comisión de la misma
infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó
firme la resolución que sancionó la primera infracción.
f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y
g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta
del infractor.
4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables
administrativamente las infracciones previstas

expresamente en normas con rango de ley mediante su
tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva
o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo
pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar
las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas
conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo
los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita
tipificar infracciones por norma reglamentaria.
A través de la tipificación de infracciones no se
puede imponer a los administrados el cumplimiento de
obligaciones que no estén previstas previamente en una
norma legal o reglamentaria, según corresponda.
En la configuración de los regímenes sancionadores
se evita la tipificación de infracciones con idéntico
supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de
aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes
penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas
en otras normas administrativas sancionadoras.
5.- Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones
sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las
posteriores le sean más favorables.
Las disposiciones sancionadoras producen efecto
retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al
infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción
como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso
respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor
la nueva disposición.
6. Concurso de Infracciones.- Cuando una misma
conducta califique como más de una infracción se
aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor
gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás
responsabilidades que establezcan las leyes.
7. Continuación de infracciones.- Para determinar la
procedencia de la imposición de sanciones por infracciones en
las que el administrado incurra en forma continua, se requiere
que hayan transcurrido por lo menos treinta (30) días hábiles
desde la fecha de la imposición de la última sanción y que
se acredite haber solicitado al administrado que demuestre
haber cesado la infracción dentro de dicho plazo.
Las entidades, bajo sanción de nulidad, no podrán
atribuir el supuesto de continuidad y/o la imposición de la
sanción respectiva, en los siguientes casos:
a) Cuando se encuentre en trámite un recurso
administrativo interpuesto dentro del plazo contra el
acto administrativo mediante el cual se impuso la última
sanción administrativa.
b) Cuando el recurso administrativo interpuesto no
hubiera recaído en acto administrativo firme.
c) Cuando la conducta que determinó la imposición
de la sanción administrativa original haya perdido el
carácter de infracción administrativa por modificación en
el ordenamiento, sin perjuicio de la aplicación de principio
de irretroactividad a que se refiere el inciso 5.
8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en
quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de
infracción sancionable.
9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir
que los administrados han actuado apegados a sus deberes
mientras no cuenten con evidencia en contrario.
10. Culpabilidad.- La responsabilidad administrativa
es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto
legislativo se disponga la responsabilidad administrativa
objetiva.
11. Non bis in idem.- No se podrán imponer sucesiva
o simultáneamente una pena y una sanción administrativa
por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la
identidad del sujeto, hecho y fundamento.
Dicha prohibición se extiende también a las sanciones
administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de
continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7.”
Artículo 247.- Estabilidad de la competencia para
la potestad sancionadora
El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde
a las autoridades administrativas a quienes le hayan
sido expresamente atribuidas por disposición legal o
reglamentaria, sin que pueda asumirla o delegarse en
órgano distinto.
Artículo 248.- Reglas sobre el ejercicio de la
potestad sancionadora.
En virtud del principio de razonabilidad en el ámbito
de los procedimientos administrativos sancionadores
deberán observarse las siguientes reglas:
a) En el caso de infracciones administrativas pasibles
de multas que tengan como fundamento el incumplimiento
de la realización de trámites, obtención de licencias,
permisos y autorizaciones u otros procedimientos similares
ante autoridades competentes por concepto de instalación
de infraestructuras en red para servicios públicos u obras
públicas de infraestructura, exclusivamente en los casos
en que ello sea exigido por el ordenamiento vigente, la
cuantía de la sanción a ser impuesta no podrá exceder:
- El uno (1%) de valor de la obra o proyecto, según
sea el caso.
- El cien por ciento (100%) del monto por concepto
de la tasa aplicable por derecho de trámite, de acuerdo
a Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)
vigente en el momento de ocurrencia de los hechos, en
los casos en que no sea aplicable la valoración indicada
con anterioridad.
Los casos de imposición de multas administrativas por
montosqueexcedanloslímitesseñaladosconanterioridad,
serán conocidos por la Comisión de Acceso al Mercado
del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de
la Protección de la Propiedad Intelectual,(2) para efectos
de determinar si en tales supuestos se han constituido
barreras burocráticas ilegales de acceso al mercado,
conforme al procedimiento administrativo contemplado en
el Decreto Ley Nº 25868 y el Decreto Legislativo Nº 807, y
en sus normas modificatorias y complementarias.
b) Cuando el procedimiento sancionador recaiga sobre
la carencia de autorización o licencia para la realización
de varias conductas individuales que, atendiendo a
la naturaleza de los hechos, importen la comisión de
una actividad y/o proyecto que las comprendan en
forma general, cuya existencia haya sido previamente
comunicada a la entidad competente, la sanción no podrá
ser impuesta en forma individualizada, sino aplicada en
un concepto global atendiendo a los criterios previstos en
el inciso 3 del Artículo 246.
(Texto según el Artículo 231-A de la Ley N° 27444)
Artículo 249. -Determinación de la responsabilidad
249.1 Las sanciones administrativas que se impongan
al administrado son compatibles con el dictado de medidas
correctivas conducentes a ordenar la reposición o la
reparación de la situación alterada por la infracción a su estado
anterior, incluyendo la de los bienes afectados, así como con
la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, las
que son determinadas en el proceso judicial correspondiente.
Las medidas correctivas deben estar previamente tipificadas,
ser razonables y ajustarse a la intensidad, proporcionalidad
y necesidades de los bienes jurídicos tutelados que se
pretenden garantizar en cada supuesto concreto.
249.2 Cuando el cumplimiento de las obligaciones
previstas en una disposición legal corresponda a varias
personas conjuntamente, responderán en forma solidaria
de las infracciones que, en su caso, se cometan, y de las
sanciones que se impongan.
Artículo 250.- Prescripción
250.1 La facultad de la autoridad para determinar la
existencia de infracciones administrativas, prescribe en el

plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio
del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las
demás obligaciones que se deriven de los efectos de la
comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido
determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a
los cuatro (4) años.
250.2 EI cómputo del plazo de prescripción de la
facultad para determinar la existencia de infracciones
comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera
cometido en el caso de las infracciones instantáneas o
infracciones instantáneas de efectos permanentes, desde
el día que se realizó la última acción constitutiva de la
infracción en el caso de infracciones continuadas, o desde
el día en que la acción cesó en el caso de las infracciones
permanentes.
EI cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende
con la iniciación del procedimiento sancionador a través de
la notificación al administrado de los hechos constitutivos
de infracción que les sean imputados a título de cargo, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 253, inciso 3 de esta
Ley. Dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente
si el trámite del procedimiento sancionador se mantuviera
paralizado por más de veinticinco (25) días hábiles, por
causa no imputable al administrado.
250.3 La autoridad declara de oficio la prescripción y
da por concluido el procedimiento cuando advierta que
se ha cumplido el plazo para determinar la existencia
de infracciones. Asimismo, los administrados pueden
plantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad
debe resolverla sin más trámite que la constatación de
los plazos.
En caso se declare la prescripción, la autoridad podrá
iniciar las acciones necesarias para determinar las causas
y responsabilidades de la inacción administrativa, solo
cuando se advierta que se hayan producido situaciones
de negligencia.
Artículo 251.- Prescripción de la exigibilidad de las
multas impuestas
1. La facultad de la autoridad para exigir por la vía de
ejecución forzosa el pago de las multas impuestas por la
comisión de una infracción administrativa prescribe en el
plazo que establezcan las leyes especiales. En caso de no
estar determinado, la prescripción se produce al término
de dos (2) años computados a partir de la fecha en que
se produzca cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) Que el acto administrativo mediante el cual se
impuso la multa, o aquel que puso fin a la vía administrativa,
quedó firme.
b) Que el proceso contencioso administrativo
destinado a la impugnación del acto mediante el cual
se impuso la multa haya concluido con carácter de cosa
juzgada en forma desfavorable para el administrado.
2. El cómputo del plazo de prescripción, solo se
suspende con la iniciación del procedimiento de ejecución
forzosa, conforme a los mecanismos contemplados en el
artículo 205, según corresponda. Dicho cómputo debe
reanudarse inmediatamente en caso que se configure
alguno de los supuestos de suspensión del procedimiento
de ejecución forzosa que contemple el ordenamiento
vigente y/o se produzca cualquier causal que determine
la paralización del procedimiento por más de veinticinco
3. Los administrados pueden deducir la prescripción
como parte de la aplicación de los mecanismos de
defensa previstos dentro del procedimiento de ejecución
forzosa. La autoridad competente debe resolverla sin más
trámite que la constatación de los plazos, pudiendo en
los casos de estimarla fundada, disponer el inicio de las
acciones de responsabilidad para dilucidar las causales
de la inacción administrativa, solo cuando se advierta se
hayan producido situaciones de negligencia
En caso que la prescripción sea deducida en sede
administrativa, el plazo máximo para resolver sobre
la solicitud de suspensión de la ejecución forzosa por
prescripción es de ocho (8) días hábiles contados a partir
de la presentación de dicha solicitud por el administrado.
Vencido dicho plazo sin que exista pronunciamiento
expreso, se entiende concedida la solicitud, por aplicación
del silencio administrativo positivo.
Artículo 252.- Caracteres del procedimiento
sancionador
252.1 Para el ejercicio de la potestad sancionadora se
requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento
legal o reglamentariamente establecido caracterizado por:
1. Diferenciar en su estructura entre la autoridad que
conduce la fase instructora y la que decide la aplicación
de la sanción.
2. Considerar que los hechos probados por
resoluciones judiciales firmes vinculan a las entidades en
sus procedimientos sancionadores.
3. Notificar a los administrados los hechos que se le
imputen a título de cargo, la calificación de las infracciones
que tales hechos pueden constituir y la expresión de las
sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, así
como la autoridad competente para imponer la sanción y
la norma que atribuya tal competencia.
4. Otorgar al administrado un plazo de cinco días para
formular sus alegaciones y utilizar los medios de defensa
admitidos por el ordenamiento jurídico conforme al
numeral 171.2 del artículo 171, sin que la abstención del
ejercicio de este derecho pueda considerarse elemento
de juicio en contrario a su situación.
252.2 LaAdministración revisa de oficio las resoluciones
administrativas fundadas en hechos contradictorios con
los probados en las resoluciones judiciales con calidad de
cosa juzgada, de acuerdo con las normas que regulan los
procedimientos de revisión de oficio.
Las entidades en el ejercicio de su potestad
sancionadora se ciñen a las siguientes disposiciones:
1. El procedimiento sancionador se inicia siempre de
oficio, bien por propia iniciativa o como consecuencia
de orden superior, petición motivada de otros órganos o
entidades o por denuncia.
2. Con anterioridad a la iniciación formal del
procedimiento se podrán realizar actuaciones previas de
investigación, averiguación e inspección con el objeto
de determinar con carácter preliminar si concurren
circunstancias que justifiquen su iniciación.
3. Decidida la iniciación del procedimiento sancionador,
la autoridad instructora del procedimiento formula la
respectiva notificación de cargo al posible sancionado, la
que debe contener los datos a que se refiere el numeral 3
del artículo precedente para que presente sus descargos
por escrito en un plazo que no podrá ser inferior a cinco
días hábiles contados a partir de la fecha de notificación.
4. Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo o
sin él, la autoridad que instruye el procedimiento realizará
de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen
de los hechos, recabando los datos e informaciones que
sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia
de responsabilidad susceptible de sanción.
5. Concluida, de ser el caso, la recolección de
pruebas, la autoridad instructora del procedimiento
concluye determinando la existencia de una infracción
y, por ende, la imposición de una sanción; o la no
existencia de infracción. La autoridad instructora formula
un informe final de instrucción en el que se determina,
de manera motivada, las conductas que se consideren
probadas constitutivas de infracción, la norma que
prevé la imposición de sanción; y, la sanción propuesta
o la declaración de no existencia de infracción, según
corresponda.

Recibido el informe final, el órgano competente para
decidir la aplicación de la sanción puede disponer la
realización de actuaciones complementarias, siempre
que las considere indispensables para resolver el
procedimiento. El informe final de instrucción debe ser
notificado al administrado para que formule sus descargos
en un plazo no menor de cinco (5) días hábiles.
6. La resolución que aplique la sanción o la decisión
de archivar el procedimiento será notificada tanto al
administrado como al órgano u entidad que formuló la
solicitud o a quién denunció la infracción, de ser el caso.
Artículo 254.- Medidas de carácter provisional
254.1 La autoridad que tramita el procedimiento
puede disponer, en cualquier momento, la adopción de
medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia
de la resolución final que pudiera recaer, con sujeción a lo
previsto por el artículo 155.
254.2 Las medidas que se adopten deberán ajustarse
a la intensidad, proporcionalidad y necesidad de los
objetivos que se pretende garantizar en cada supuesto
concreto.
254.3 No se puede dictar medidas de carácter
provisional que puedan causar perjuicio de difícil o
imposible reparación a los interesados o que impliquen
violación de sus derechos.
254.4 Las medidas de carácter provisional no pueden
extenderse más allá de lo que resulte indispensable para
cumplir los objetivos cautelares concurrentes en el caso
concreto.
254.5 Durante la tramitación, la autoridad competente
que hubiese ordenado las medidas de carácter provisional
las revoca, de oficio o a instancia de parte, cuando
compruebe que ya no son indispensables para cumplir
los objetivos cautelares concurrentes en el caso concreto.
254.6 Cuando la autoridad constate, de oficio o
a instancia de parte, que se ha producido un cambio
de la situación que tuvo en cuenta al tomar la decisión
provisional, esta debe ser cambiada, modificando las
medidas provisionales acordadas o sustituyéndolas por
otras, según requiera la nueva medida.
254.7 El cumplimiento o ejecución de las medidas
de carácter provisional que en su caso se adopten, se
compensan, en cuanto sea posible, con la sanción impuesta.
254.8 Las medidas de carácter provisional se
extinguen por las siguientes causas:
1. Por la resolución que pone fin al procedimiento
en que se hubiesen ordenado. La autoridad competente
para resolver el recurso administrativo de que se trate
puede, motivadamente, mantener las medidas acordadas
o adoptar otras hasta que dicte el acto de resolución del
recurso.
2. Por la caducidad del procedimiento sancionador.
Artículo 255.- Eximentes y atenuantes de
responsabilidad por infracciones
1.- Constituyen condiciones eximentes de la
responsabilidad por infracciones las siguientes:
a) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente
comprobada.
b) Obrar en cumplimiento de un deber legal o el
ejercicio legítimo del derecho de defensa.
c) La incapacidad mental debidamente comprobada
por la autoridad competente, siempre que esta afecte la
aptitud para entender la infracción.
d) La orden obligatoria de autoridad competente,
expedida en ejercicio de sus funciones.
e) El error inducido por la Administración o por
disposición administrativa confusa o ilegal.
f) La subsanación voluntaria por parte del posible
sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo
de infracción administrativa, con anterioridad a la
notificación de la imputación de cargos a que se refiere el
inciso 3) del artículo 253.
2.- Constituyen condiciones atenuantes de la
responsabilidad por infracciones las siguientes:
a) Si iniciado un procedimiento administrativo
sancionador el infractor reconoce su responsabilidad de
forma expresa y por escrito.
En los casos en que la sanción aplicable sea una
multa esta se reduce hasta un monto no menor de la
mitad de su importe.
b) Otros que se establezcan por norma especial.”
Artículo 256.- Resolución
256.1 En la resolución que ponga fin al procedimiento
no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados
en el curso del procedimiento, con independencia de su
diferente valoración jurídica.
256.2 La resolución será ejecutiva cuando ponga fin a
la vía administrativa. La administración podrá adoptar las
medidas cautelares precisas para garantizar su eficacia,
en tanto no sea ejecutiva.
256.3 Cuando el infractor sancionado recurra o
impugne la resolución adoptada, la resolución de los
recursos que interponga no podrá determinar la imposición
de sanciones más graves para el sancionado.
Artículo 257.- Caducidad del procedimiento
sancionador
1. El plazo para resolver los procedimientos
sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses
contado desde la fecha de notificación de la imputación
de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera
excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo
el órgano competente emitir una resolución debidamente
sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a
su vencimiento. La caducidad no aplica al procedimiento
recursivo.
Cuando conforme a ley las entidades cuenten con
un plazo mayor para resolver la caducidad operará al
vencimiento de este.
2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin
que se notifique la resolución respectiva, se entiende
automáticamente caducado el procedimiento y se
procederá a su archivo.
3. La caducidad es declarada de oficio por el órgano
competente. El administrado se encuentra facultado para
solicitar la caducidad del procedimiento en caso el órgano
competente no la haya declarado de oficio.
4. En el supuesto que la infracción no hubiera prescrito,
el órgano competente evaluará el inicio de un nuevo
procedimiento sancionador. El procedimiento caducado
no interrumpe la prescripción.
TÍTULO V
De la responsabilidad de la administración
pública y del personal a su servicio
CAPÍTULO I
Responsabilidad de la administración pública
Artículo 258.- Disposiciones Generales
258.1 Sin perjuicio de las responsabilidades previstas
en el derecho común y en las leyes especiales, las
entidades son patrimonialmente responsables frente a
los administrados por los daños directos e inmediatos

causados por los actos de la administración o los servicios
públicos directamente prestados por aquéllas.
258.2 En los casos del numeral anterior, no hay lugar
a la reparación por parte de la Administración, cuando el
daño fuera consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor,
de hecho determinante del administrado damnificado o de
tercero.
Tampoco hay lugar a reparación cuando la entidad
hubiere actuado razonable y proporcionalmente en
defensa de la vida, integridad o los bienes de las personas
o en salvaguarda de los bienes públicos o cuando se trate
de daños que el administrado tiene el deber jurídico de
soportar de acuerdo con el ordenamiento jurídico y las
circunstancias.
258.3 La declaratoria de nulidad de un acto
administrativo en sede administrativa o por resolución
judicial no presupone necesariamente derecho a la
indemnización.
258.4 EI daño alegado debe ser efectivo, valuable
económicamente e individualizado con relación a un
administrado o grupo de ellos.
258.5 La indemnización comprende el daño directo e
inmediato y las demás consecuencias que se deriven de
la acción u comisión generadora del daño, incluyendo el
lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral.
258.6 Cuando la entidad indemnice a los
administrados, podrá repetir judicialmente de autoridades
y demás personal a su servicio la responsabilidad en que
hubieran incurrido, tomando en cuenta la existencia o
no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del
personal involucrado y su relación con la producción del
perjuicio. Sin embargo, la entidad podrá acordar con el
responsable el reembolso de lo indemnizado, aprobando
dicho acuerdo mediante resolución.
CAPÍTULO II
Responsabilidad de las autoridades y personal al
servicio de la administración pública
Artículo 259.- Faltas administrativas
259.1 Las autoridades y personal al servicio de las
entidades, independientemente de su régimen laboral o
contractual, incurren en falta administrativa en el trámite de
los procedimientos administrativos a su cargo y, por ende,
son susceptibles de ser sancionados administrativamente
suspensión, cese o destitución atendiendo a la gravedad
de la falta, la reincidencia, el daño causado y la
intencionalidad con que hayan actuado, en caso de:
1. Negarse a recibir injustificadamente solicitudes,
recursos, declaraciones, informaciones o expedir
constancia sobre ellas.
2. No entregar, dentro del término legal, los
documentos recibidos a la autoridad que deba decidir u
opinar sobre ellos.
3. Demorar injustificadamente la remisión de datos,
actuados o expedientes solicitados para resolver un
procedimiento o la producción de un acto procesal
sujeto a plazo determinado dentro del procedimiento
administrativo.
4. Resolver sin motivación algún asunto sometido a
su competencia.
5. Ejecutar un acto que no se encuentre expedito para
ello.
6. No comunicar dentro del término legal la causal de
abstención en la cual se encuentra incurso.
7. Dilatar el cumplimiento de mandatos superiores o
administrativo o contradecir sus decisiones.
8. Intimidar de alguna manera a quien desee plantear
queja administrativa o contradecir sus decisiones.
9. Incurrir en ilegalidad manifiesta.
10. Difundir de cualquier modo o permitir el acceso a la
información confidencial a que se refiere el numeral 160.1
de esta Ley.
11. No resolver dentro del plazo establecido para cada
procedimiento administrativo de manera negligente o
injustificada.
12. Desconocer de cualquier modo la aplicación de la
aprobación automática o silencio positivo obtenido por el
administrado ante la propia u otra entidad administrativa.
13. Incumplir con los criterios, procedimientos y
metodologías para la determinación de los costos de los
procedimientos y servicios administrativos.
14. Cobrar montos de derecho de tramitación por
encima de una (1) UIT, sin contar con autorización previa.
15. No aplicar el procedimiento estandarizado aprobado.
16. Cobrar montos de derecho de tramitación
superiores al establecido para los procedimientos
estandarizados.
17. Proponer, aprobar o exigir procedimientos,
requisitos o tasas en contravención a los dispuestos
en esta ley y demás normas de simplificación, aunque
consten en normas internas de las entidades o Texto
Único de Procedimientos Administrativos.
18. Exigir a los administrados la presentación de
documentos prohibidos de solicitar o no admitir los
sucedáneos documentales considerados en la presente
ley, aun cuando su exigencia se base en alguna norma
interna de la entidad o en suTexto Único de Procedimientos
Administrativos.
19. Suspender la admisión a trámite de solicitudes de
los administrados por cualquier razón.
20. Negarse a recibir los escritos, declaraciones
o formularios presentados por los administrados, o a
expedir constancia de su recepción, lo que no impide que
pueda formular las observaciones en los términos a que
se refiere el artículo 134;
21. Exigir la presentación personal de peticiones,
recursos o documentos cuando la normativa no lo exija.
22. Otros incumplimientos que sean tipificados por
Decreto Supremo refrendado por Presidencia del Consejo
de Ministros.
259.2 Las correspondientes sanciones deben ser
impuestas previo proceso administrativo disciplinario
que, se ceñirá a las disposiciones legales vigentes sobre
la materia, debiendo aplicarse para los demás casos
el procedimiento establecido en el artículo 253 de la
presente Ley, en lo que fuere pertinente.
Artículo 260.- Restricciones a ex autoridades de
las entidades
260.1 Ninguna ex autoridad de las entidades podrá
realizar durante el año siguiente a su cese alguna de las
siguientes acciones con respecto a la entidad a la cual
perteneció:
260.1.1 Representar o asistir a un administrado en
algún procedimiento respecto del cual tuvo algún grado
de participación durante su actividad en la entidad.
260.1.2 Asesorar a cualquier administrado en algún
asunto que estaba pendiente de decisión durante su
relación con la entidad.
260.1.3 Realizar cualquier contrato, de modo directo
o indirecto, con algún administrado apersonado a un
procedimiento resuelto con su participación.
260.2 La transgresión a estas restricciones será
objeto de procedimiento investigatorio y, de comprobarse,
el responsable será sancionado con la prohibición de
ingresar a cualquier entidad por cinco años, e inscrita en
el Registro respectivo.
Artículo 261.- Registro de sanciones
La Presidencia del Consejo de Ministros o quien ésta
designe organiza y conduce en forma permanente un
Registro Nacional de Sanciones de destitución y despido
que se hayan aplicado a cualquier autoridad o personal al
servicio de la entidad, independientemente de su régimen
laboral o contractual, con el objeto de impedir su reingreso
a cualquiera de las entidades por un plazo de cinco años.

Artículo 262.- Autonomía de responsabilidades
262.1 Las consecuencias civiles, administrativas o
penales de la responsabilidad de las autoridades son
independientes y se exigen de acuerdo a lo previsto en su
respectiva legislación.
262.2 Los procedimientos para la exigencia de la
responsabilidad penal o civil no afectan la potestad de las
entidades para instruir y decidir sobre la responsabilidad
administrativa, salvo disposición judicial expresa en
contrario.
Artículo 263.- Denuncia por delito de omisión o
retardo de función
El Ministerio Público, a efectos de decidir el ejercicio de
la acción penal en los casos referidos a delitos de omisión
o retardo de función, deberá determinar la presencia de
las siguientes situaciones:
a) Si el plazo previsto por ley para que el funcionario
actúe o se pronuncie de manera expresa no ha sido
excedido.
b) Si el administrado ha consentido de manera expresa
en lo resuelto por el funcionario público.
Primera.- Referencias a esta Ley
Las referencias a las normas de la presente Ley se
efectuarán indicando el número del artículo seguido de
la mención “de la Ley del Procedimiento Administrativo
General”.
(Texto según la sección de las Disposiciones
Complementarias y Finales de la Ley N° 27444)
Segunda.- Prohibición de reiterar contenidos
normativos
Las disposiciones legales posteriores no pueden
reiterar el contenido de las normas de la presente Ley,
debiendo sólo referirse al artículo respectivo o concretarse
a regular aquello no previsto.
Tercera.- Integración de procedimientos especiales
La presente Ley es supletoria a las leyes, reglamentos
y otras normas de procedimiento existentes en cuanto no
la contradigan o se opongan, en cuyo caso prevalecen las
disposiciones especiales.
Cuarta.- Vigencia de la presente Ley
1. Esta Ley entrará en vigor a los seis meses de su
publicación en el Diario Oficial El Peruano.
2. La falta de reglamentación de alguna de las
disposiciones de esta Ley no será impedimento para su
vigencia y exigibilidad.
Quinta.- Las ordenanzas expedidas por las
Municipalidades Distritales que aprueban el monto de los
derechos de tramitación de los procedimientos contenidos
en su Texto Único de Procedimientos Administrativos
que deben ser materia de ratificación por parte de las
Municipalidades Provinciales de su circunscripción según
lo establecido en el artículo 40 de la Ley Nº 27972- Ley
Orgánica de Municipalidades, deben ser ratificadas en un
plazo máximo de treinta (30) días hábiles, salvo las tasas
por arbitrios en cuyo caso el plazo será de sesenta (60)
días hábiles.
La ordenanza se considera ratificada si, vencido el
plazo establecido como máximo para pronunciarse la
Municipalidad Provincial no hubiera emitido la ratificación
correspondiente, no siendo necesario pronunciamiento
expreso adicional.
La vigencia de la ordenanza así ratificada, requiere
su publicación en el diario oficial El Peruano o en el
diario encargado de los avisos judiciales en la capital del
departamento o provincia, por parte de la municipalidad
distrital respectiva.
La ratificación a que se refiere la presente disposición
no es de aplicación a los derechos de tramitación de los
procedimientos administrativos estandarizados obligatorios
aprobados por la Presidencia del Consejo de Ministros.
Complementarias Finales del Decreto Legislativo N° 1272)
Sexta.- Las competencias otorgadas a la Presidencia
del Consejo de Ministros por medio del artículo 64
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, son también
aplicables al Sistema Único de Trámites (SUT) para la
simplificación de procedimientos y servicios prestados en
exclusividad, creado por Decreto Legislativo Nº 1203.
Complementarias Finales del Decreto Legislativo N° 1272)
TRANSITORIAS
Primera.- Regulación transitoria
1. Los procedimientos administrativos iniciados antes
de la entrada en vigor de la presente Ley, se regirán por la
normativa anterior hasta su conclusión.
2. No obstante, son aplicables a los procedimientos
en trámite, las disposiciones de la presente Ley que
reconozcan derechos o facultades a los administrados
frente a la administración, así como su Título Preliminar.
3. Los procedimientos especiales iniciados durante el
plazo de adecuación contemplado en la tercera disposición
transitoria se regirán por lo dispuesto en la normativa
anterior que les sea de aplicación, hasta la aprobación
de la modificación correspondiente, en cuyo caso los
procedimientos iniciados con posterioridad a su entrada en
vigor, se regulan por la citada normativa de adecuación.
Complementarias Transitorias de la Ley N° 27444)
Segunda.- Plazo para la adecuación de
procedimientos especiales
Reglamentariamente, en el plazo de seis meses a
partir de la publicación de esta Ley, se llevará a efecto la
adecuación de las normas de los entes reguladores de los
distintos procedimientos administrativos, cualquiera que
sea su rango, con el fin de lograr una integración de las
normas generales supletoriamente aplicables.
Tercera.- Plazo para la aprobación del TUPA
Las entidades deberán aprobar su TUPA conforme a
las normas de la presente Ley, en un plazo máximo de
cuatro meses contados a partir de la vigencia de la misma.
Cuarta.- Régimen de fedatarios
Para efectos de lo dispuesto en el Artículo 136 del
presente Texto Único Ordenado, cada entidad podrá
elaborar un reglamento interno en el cual se establecerá
los requisitos, atribuciones y demás normas relacionadas
con el desempeño de las funciones de fedatario.

Quinta.- Difusión de la presente Ley
Las entidades, bajo responsabilidad de su titular,
deberán realizar acciones de difusión, información y
capacitación del contenido y alcances de la presente
Ley a favor de su personal y del público usuario.
Dichas acciones podrán ejecutarse a través de Internet,
impresos, charlas, afiches u otros medios que aseguren la
adecuada difusión de la misma. El costo de las acciones
de información, difusión y capacitación no deberá ser
trasladado al público usuario.
Las entidades en un plazo no mayor a los 6 (seis)
meses de publicada la presente Ley, deberán informar a la
Presidencia del Consejo de Ministros sobre las acciones
realizadas para el cumplimiento de lo dispuesto en el
párrafo anterior.
Sexta.- Las entidades tendrán un plazo de sesenta
(60) días, contado desde la vigencia del presente Decreto
Legislativo, para adecuar sus procedimientos especiales
según lo previsto en el numeral 2 del artículo II del Título
Preliminar del presente Texto Único Ordenado de la Ley
Nº 27444.
Complementarias Transitorias del Decreto Legislativo N°
1272)
Sétima.- En un plazo de ciento veinte (120) días,
contado desde lavigencia del presente Decreto Legislativo,
las entidades deben justificar ante la Presidencia del
Consejo de Ministros los procedimientos que requieren la
aplicación de silencio negativo, previsto en el artículo 37
del presente Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444.
1272)
Octava.- En un plazo de ciento veinte (120) días, contado
desde la vigencia del presente Decreto Legislativo, las
entidades deberán adecuar los costos de sus procedimientos
administrativos y servicios prestados en exclusividad, de
acuerdo a lo previsto en el numeral 51.6 del artículo 51 del
presente Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444.
1272)
Novena.- Para la aplicación de la pérdida de
efectividad y ejecutoriedad del acto administrativo
prevista en el numeral 202.1.2 del artículo 202 del
presente Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, se establece
un plazo de seis (6) meses, contado desde la vigencia
del presente Decreto Legislativo, para aquellos actos que
a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto
legislativo hayan transcurrido más de dos (2) años de
haber adquirido firmeza.
1272)
Décima.- Para la aplicación de la caducidad prevista
en el artículo 257 del presente Texto Único Ordenado de
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, se establece un plazo de un (1) año, contado
desde la vigencia del Decreto Legislativo N° 1272, para
aquellos procedimientos sancionadores que a la fecha se
encuentran en trámite.
1272)
Décimo Primera.- En un plazo de sesenta (60) días
hábiles, contados desde la vigencia del presente Decreto
Legislativo, se aprobará el Texto Único Ordenado de la
Ley Nº 27444, por Decreto Supremo refrendado por el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
1272)
Décimo Segunda.- Los documentos prohibidos de
solicitar a los administrados o usuarios a los que hace
referencia el artículo 5 del Decreto Legislativo 1246,
Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de
simplificación administrativa, y aquellos que se determinen
mediante Decreto Supremo, conforme a lo establecido en
el numeral 5.3 del referido artículo, son difundidos a través
del Portal del Estado Peruano (http://www.peru.gob.pe/) y
del Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas (http://
www.serviciosalciudadano.gob.pe/).
1272)
DEROGATORIAS
Primera.- Derogación genérica
Esta Ley es de orden público y deroga todas las
disposiciones legales o administrativas, de igual o inferior
rango, que se le opongan o contradigan, regulando
procedimientos administrativos de índole general, aquellos
cuya especialidad no resulte justificada por la materia que
rijan, así como por absorción aquellas disposiciones que
presentan idéntico contenido que algún precepto de esta
Ley.
Segunda.- Derogación expresa
Particularmente quedan derogadas expresamente
a partir de la vigencia de la presente Ley, las siguientes
normas:
1. El Decreto Supremo Nº 006-67-SC, la Ley Nº 26111,
el Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales
de Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto
Supremo Nº 002-94-JUS y sus normas modificatorias,
complementarias, sustitutorias y reglamentarias;
2. Ley Nº 25035, denominada Ley de Simplificación
Administrativa, y sus normas modificatorias,
complementarias, sustitutorias y reglamentarias;
3. Título IV del Decreto Legislativo Nº 757, denominado
Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, y
sus normas modificatorias, complementarias, sustitutorias
y reglamentarias;
4. Sexta Disposición Complementaria y Transitoria de
la Ley Nº 26979, denominada Ley de Procedimiento de
Ejecución Coactiva.
Tercera.- A partir de la vigencia de la presente Ley,
quedan derogadas expresamente las siguientes normas:
1) La Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo.
2) Los artículos 210 y 240 de la Ley 27444, Ley del
3) El artículo 279 del Capítulo XIX del Título Décimo
Primero de la Ley General de Minería, aprobado por el
Decreto Legislativo Nº 109, recogido en el artículo 161 del
Capítulo XVII del Título Décimo Segundo del Texto Único
Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por el
Decreto Supremo Nº 014-92-EM, siendo de aplicación las
disposiciones de la presente Ley.
(Texto según la Disposición Complementaria
Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1272)
1498863-6

LEY DE PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE
BARRERAS BUROCRÁTICAS
diciembre de 2016.

606021NORMAS LEGALESJueves 8 de diciembre de 2016El Peruano /
SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS
Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS
DE FONDOS DE PENSIONES
Res. Nº 6157-2016.- Autorizan a la Caja Municipal de
Ahorro y Crédito de Maynas S.A. la apertura de oficina
especial en el departamento de Ucayali 606088
GOBIERNOS REGIONALES
GOBIERNO REGIONAL
DE AYACUCHO
Decreto Nº 004-2016-GRA/GR.- Modifican Decreto N°
002-2016-GRA/GR en lo referente a la realización de la
Segunda Audiencia Pública Regional Descentralizada de
Rendición de Cuentas 2016 606089
GOBIERNO REGIONAL
DE SAN MARTIN
R.D. Nº 190-2016-GRSM/DREM.- Concesiones mineras
cuyos títulos fueron aprobados en el mes de noviembre de
2016 606089
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE LIMA
R.A. Nº 294.- Aprueban Directiva que regula el
procedimiento para la determinación de los costos de
los servicios y arbitrios municipales de limpieza pública,
parques y jardines públicos y serenazgo en el Cercado de
Lima 606090
MUNICIPALIDAD
DE LURÍN
Ordenanza Nº 326-2016-ML.- Establecen medidas de
prevención, protección y control de los riesgos de consumo
de productos de tabaco en el distrito 606091
MUNICIPALIDAD
DE PUNTA NEGRA
Ordenanza Nº 014-2016/MDPN.- Ordenanza que
establece un beneficio excepcional de pago del Impuesto
Predial y Arbitrios Municipales 606094
PROVINCIAS
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
Ordenanza Nº 023-2016-AL/CPB.- Aprueban Esquema
de Ordenamiento Urbano de Barranca 606096
OrdenanzaNº031-2016-AL/CPB.- Ordenanza que regula
la Feria Navideña 2016 en distrito capital de la provincia de
Barranca 606097
CONVENIOS INTERNACIONALES
Entrada en vigencia del “Convenio sobre Seguridad Social
entre la República del Perú y Canadá” 606097
Separata Especial
Relaciones Exteriores
Convenio sobre Seguridad Social entre la República del
Perú y Canadá 606012
PODER EJECUTIVO
DECRETOS LEGISLATIVOS
DECRETO LEGISLATIVO
n° 1256
POR CUANTO:
Que, mediante Ley N° 30506 el Congreso de la
República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad
de legislar en materia de reactivación económica y
formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la
corrupción, agua y saneamiento y reorganización de
Petroperú S.A, por el término de noventa (90) días
calendario;
Que, el literal h) del artículo 2 de la Ley N° 30506
faculta al Poder Ejecutivo para legislar en materia de la
aprobación de medidas que permitan la eliminación de
barreras burocráticas en los tres niveles de gobierno;
Que, dentro de este marco, resulta necesario emitir una
ley que establezca el régimen jurídico para la prevención
y la eliminación de barreras burocráticas ilegales y/o
carentes de razonabilidad que restrinjan u obstaculicen
el acceso o la permanencia de los agentes económicos
en el mercado y/o que constituyan incumplimientos de
las normas y/o principios que garantizan la simplificación
administrativa;
De conformidad con lo establecido en el literal a)
del artículo 2 de la Ley N° 30335 y el artículo 104 de la
Constitución Política del Perú;
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY
DE PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS
BUROCRÁTICAS
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES Y ATRIBUCIONES DE
LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS DEL INDECOPI
CAPÍTULO I
Artículo 1.- Finalidades de la ley
La presente ley tiene como finalidad supervisar el
cumplimiento del marco legal que protege los derechos
a la libre iniciativa privada y la libertad de empresa, en
beneficio de personas naturales o jurídicas, mediante
la prevención o la eliminación de barreras burocráticas
ilegales y/o carentes de razonabilidad que restrinjan
u obstaculicen el acceso o la permanencia de los
agentes económicos en el mercado y/o que constituyan
incumplimientos de las normas y/o principios que
garantizan la simplificación administrativa con el
objeto de procurar una eficiente prestación de
servicios al ciudadano por parte de las entidades de la
administración pública.

606022 NORMAS LEGALES Jueves 8 de diciembre de 2016 / El Peruano
Artículo 2.- Ámbito de aplicación
La presente ley es de aplicación para las entidades
de la administración pública (en adelante, “entidad” o
“entidades”), entendiéndose como tales a las señaladas
en el artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444 o
la norma que la sustituya, así como para todo funcionario,
servidor público o cualquier persona que ejerza funciones
administrativas por delegación, bajo cualquier régimen
laboral o contractual.
Para efectos de la presente ley, debe tenerse en
cuenta las siguientes definiciones:
1. La Comisión: La Comisión de Eliminación de
Barreras Burocráticas del Indecopi. Asimismo, este
término se refiere a las Comisiones adscritas a las
oficinas regionales del Indecopi que, por acuerdo del
Consejo Directivo del Indecopi, cuenten con funciones
desconcentradas en materia de eliminación de barreras
burocráticas.
2. La Sala: La Sala competente del Tribunal de
Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual del Indecopi para conocer en
segunda instancia los procedimientos en materia de
eliminación de barreras burocráticas, salvo el supuesto de
instancia única establecido en el artículo 32 de la presente
ley.
3. Barrera burocrática: exigencia, requisito, limitación,
prohibición y/o cobro que imponga cualquier entidad,
dirigido a condicionar, restringir u obstaculizar el acceso
y/o permanencia de los agentes económicos en el
mercado y/o que puedan afectar a administrados en la
tramitación de procedimientos administrativos sujetos a
las normas y/o principios que garantizan la simplificación
administrativa. La sola calidad de exigencia, requisito,
limitación, prohibición y/o cobro no implica necesariamente
su carácter ilegal y/o su carencia de razonabilidad.
Sin perjuicio de las responsabilidades que se deriven
de la aplicación de la normativa correspondiente, no se
consideran barreras burocráticas dentro del ámbito de la
presente ley:
a. Las exigencias, requisitos, limitaciones,
prohibiciones y/o cobros establecidos a través de leyes
u otras normas con rango de ley y alcance nacional,
emitidas al amparo de la función legislativa.
b. Las exigencias, requisitos, limitaciones,
prohibiciones y/o cobros contenidos en contratos suscritos
por una entidad, procesos de subasta o bases de algún
tipo de concurso para contratar con el Estado.
c. Las omisiones, inacciones o cualquier inactividad de
la administración pública.
d. Las tarifas o contraprestaciones por servicios
prestados por el Estado o por empresas privadas o
públicas, ajenos al ejercicio de la función administrativa.
e. El cobro de aranceles e impuestos y, en general,
cualquier tributo no vinculado, así como los criterios para
su determinación.
f. Las medidas fito y zoosanitarias, conforme a la sexta
disposición final y complementaria de la Ley General de
Sanidad Agraria, aprobada por el Decreto Legislativo N°
1059.
g. Las controversias contencioso-tributarias, en
especial, aquellas vinculadas a la correcta o incorrecta
determinación de un tributo en un caso concreto.
h. El cobro de arbitrios a personas naturales sin
actividad económica.
i. La declaración de nulidad de un acto administrativo
por motivos de debido procedimiento.
j. La imposición de sanciones. Sin perjuicio de ello,
el acto administrativo sancionador podrá ser empleado
para acreditar la existencia de una barrera burocrática
cuando la sanción haya tenido como fundamento el
incumplimiento de la referida barrera.
4. Formas de materialización: las barreras burocráticas
se materializan a través de actos administrativos,
disposiciones administrativas y/o actuaciones materiales.
5. Acto administrativo: declaración de una entidad
cuyo concepto ha sido recogido en el artículo I del Título
Preliminar de la Ley N° 27444 o la norma que la reemplace,
destinado a producir efectos jurídicos individuales o
individualizables de modo directo en un administrado o
grupo de administrados y/o agentes económicos.
6. Disposición administrativa: todo dispositivo
normativo emitido por una entidad destinado a producir
efectos jurídicos abstractos y generales sobre un grupo
indeterminado de administrados y/o agentes económicos.
7. Actuación material: todo comportamiento,
manifestación y/o actividad material de una entidad o un
funcionario,servidorpúblicoocualquierpersonaqueejerza
funciones administrativas por delegación, bajo cualquier
régimen laboral o contractual, que sin ser viabilizada a
través de un acto y/o disposición administrativa, produce
efectos jurídicos capaces de restringir u obstaculizar el
acceso o la permanencia de los agentes económicos en
el mercado y/o que constituyan incumplimientos de las
normas y/o principios que garantizan la simplificación
administrativa.
8. Agentes económicos: personas naturales
y/o jurídicas, sociedades irregulares o patrimonios
autónomos, con o sin fines de lucro, que pretendan iniciar,
desarrollar y/o continuar con una actividad económica.
9. Administrados: personas naturales y/o jurídicas
que pretendan tramitar o se encuentren tramitando un
procedimiento administrativo sujeto a las normas y/o
principios de simplificación administrativa.
10. Inaplicación con efectos generales: efecto de una
resolución que beneficia a todos los agentes económicos
y administrados afectados, real o potencialmente, por
una barrera burocrática contenida en una disposición
administrativa, en los supuestos regulados en la presente
Ley.
11. Inaplicación al caso concreto: efecto de una
resolución que beneficia únicamente al denunciante que
obtiene un pronunciamiento favorable en los supuestos
regulados en la presente Ley.

Artículo 4.- Principios de las autoridades a cargo
de supervisar la presente ley
Además de los principios señalados en el artículo IV
del Título Preliminar de la Ley N° 27444, las autoridades
a cargo de hacer cumplir la presente ley se rigen por los
siguientes principios:
1. Principio de acción preventiva. - los órganos
encargados del inicio de las acciones de oficio dentro
del Indecopi privilegian las acciones de prevención y/o
coordinación con el objeto de promover la eliminación
voluntaria de las barreras burocráticas presuntamente
ilegales y/o carentes de razonabilidad por parte de las
entidades sujetas a investigación.
2. Principio de encausamiento. - los órganos de
primera instancia identifican, de oficio, otros medios de
materialización de una barrera burocrática distintos a
los indicados en la denuncia, cuando sea evidente su
existencia. Del mismo modo, los referidos órganos podrán
identificar, de oficio, la barrera burocrática cuestionada del
texto íntegro de la denuncia y no únicamente del petitorio.
Artículo 5.- Autoridades competentes
Las autoridades competentes para supervisar el
cumplimiento de la presente ley son las siguientes:
1. La Comisión.
2. La Secretaría Técnica de la Comisión.
3. La Sala.
4. La Secretaría Técnica de la Sala.
CAPÍTULO II
COMPETENCIAS
Artículo 6. - Atribuciones de las autoridades en
materia de eliminación de barreras burocráticas
6.1. De la Comisión y la Sala
La Comisión y la Sala en segunda instancia, son
competentes para conocer los actos administrativos,
disposiciones administrativas y actuaciones materiales,
incluso del ámbito municipal o regional, que impongan
barreras burocráticas ilegales y/o carentes de

razonabilidad. Asimismo, son competentes para velar
por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia
establecidas en los Decretos Legislativos N° 283, 668,
757 y el artículo 61 del Texto Único Ordenado de la Ley de
Tributación Municipal, así como las normas reglamentarias
pertinentes, o las normas que las sustituyan. Ninguna
otra entidad podrá arrogarse estas facultades. Sus
resoluciones son ejecutables cuando hayan quedado
consentidas o sean confirmadas por la Sala, según
corresponda de conformidad con lo establecido en el
artículo 32 de la presente Ley.
La Sala es la única autoridad administrativa que puede
conocer y resolver las apelaciones interpuestas contra las
resoluciones emitidas por la Comisión, conforme a los
supuestos señalados en el artículo 32 de la presente ley,
salvo en el procedimiento sancionador por incumplimiento
de mandato regulado en el artículo 34, en cuyo caso la
Comisión se constituye como instancia única en sede
administrativa.
Mediante resolución la Comisión o la Sala, de ser el
caso, ordena la inaplicación de las barreras burocráticas
a las que hace referencia la presente ley.
6.2. De la Secretaría Técnica de la Comisión
La Secretaría Técnica de la Comisión se constituye en
el órgano instructor en los procedimientos de eliminación
de barreras burocráticas. Es competente para realizar
todo tipo de acciones preventivas, investigaciones,
inspecciones con o sin notificación previa y/o acciones
de supervisión de oficio sobre la materia, así como para
realizar las labores de inicio, tramitación e instrucción
de los procedimientos administrativos seguidos ante la
Comisión. A estas funciones se aplican supletoriamente
lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 807, la Ley N°
27444 y el Decreto Legislativo N° 1033.
6.3. De la Secretaría Técnica de la Sala
La Secretaría Técnica de la Sala es competente
para tramitar y realizar las labores de instrucción de los
procedimientos administrativos seguidos ante la Sala, a
estas funciones se aplican supletoriamente lo dispuesto
en el Decreto Legislativo N° 807, la Ley N° 27444 y el
Decreto Legislativo N° 1033.
TÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE ELIMINACIÓN DE
BARRERAS BUROCRÁTICAS
CAPÍTULO I
TIPOS DE PROCEDIMIENTOS Y EFECTOS DE LAS
RESOLUCIONES
Artículo 7.- Tipos de inicio de procedimientos en
materia de eliminación de barreras burocráticas
7.1. El procedimiento ante la Comisión puede iniciarse
a pedido de parte o de oficio.
7.2. El procedimiento se inicia a pedido de parte
mediante la presentación de una solicitud dirigida al
Secretario Técnico de la Comisión, cumpliendo con los
requisitos establecidos en la presente ley.
7.3. El procedimiento se inicia de oficio por decisión de
la Secretaría Técnica de la Comisión. La decisión de iniciar
este tipo de procedimientos también se puede originar por
la presentación de denuncias informativas formuladas
por gremios empresariales, colegios profesionales, la
Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones, personas
naturales y/o jurídicas, cuya identidad se mantendrá en
reserva a solicitud del interesado.
Artículo 8.- De la inaplicación con efectos generales
de barreras burocráticas ilegales contenidas en
disposiciones administrativas
8.1. Cuando en un procedimiento iniciado a pedido
de parte o de oficio, la Comisión o la Sala, declare la
ilegalidad de barreras burocráticas materializadas en
disposiciones administrativas, dispone su inaplicación con
efectos generales.
8.2. En estos procedimientos, la Comisión o la Sala,
de ser el caso, puede emitir medidas correctivas, ordenar
la devolución de las costas y costos e imponer sanciones,
cuando corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la
presente ley.
8.3. La inaplicación con efectos generales opera
a partir del día siguiente de publicado el extracto de
la resolución emitida por la Comisión o la Sala, de ser
el caso, en el diario oficial “El Peruano”. La orden de
publicación será emitida por el Indecopi hasta el décimo
día hábil después de notificada la resolución respectiva.
Si con posterioridad, algún funcionario, servidor público
o cualquier persona que ejerza función administrativa por
delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual,
en la entidad que fuera denunciada, aplica las barreras
burocráticas declaradas ilegales en la resolución objeto
de publicación, puede ser sancionado de acuerdo con lo
establecido en el artículo 34 de la presente ley.
8.4. En aquellos procedimientos iniciados de parte con
posterioridad a la publicación a la que hace referencia el
presente artículo, en los que se denuncie la aplicación de
una barrera burocrática declarada ilegal, materializada en
la misma disposición administrativa inaplicada con efectos
generales, la Comisión encausa el escrito presentado
como una denuncia informativa de incumplimiento de
mandato.
8.5. En aquellos procedimientos en trámite, iniciados
de parte hasta el día de la publicación a la que hace
referencia el presente artículo y que versen sobre la
misma barrera burocrática declarada ilegal inaplicada
con efectos generales, la Comisión o la Sala, de ser el
caso, resuelve el procedimiento en el mismo sentido y
procederá conforme al numeral 8.2. cuando corresponda.
Artículo 9.- De la declaración de barreras
burocráticas carentes de razonabilidad en
procedimientos de oficio
En los procedimientos iniciados de oficio en los que
se declare la carencia de razonabilidad de barreras
burocráticas contenidas en disposiciones administrativas,
la Comisión o la Sala, de ser el caso, ordena la publicación
de un extracto de la resolución en el diario oficial “El
Peruano”.
Artículo 10.- De la inaplicación al caso concreto
10.1. Cuando en un procedimiento iniciado a
pedido de parte, la Comisión o la Sala, de ser el caso,
declare la ilegalidad o carencia de razonabilidad de
barreras burocráticas materializadas en disposiciones
administrativas o la ilegalidad y/o carencia de
razonabilidad de barreras burocráticas materializadas en
actos administrativos y/o actuaciones materiales, dispone
su inaplicación al caso concreto en favor del denunciante.
10.2. En estos procedimientos, también se procede
según lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley, cuando
corresponda.
Artículo 11.- Mecanismos para lograr la derogación
de las disposiciones administrativas que contienen
barreras burocráticas
En los procedimientos iniciados de oficio, el Indecopi
puede interponer la demanda de acción popular contra
decretos supremos u otras normas de inferior jerarquía
que contengan barreras burocráticas identificadas como
ilegales y/o carentes de razonabilidad, a fin de lograr su
derogación o nulidad. Asimismo, acudir a la Defensoría
del Pueblo para que se interponga la demanda de
inconstitucionalidad contra normas municipales y
regionales de carácter general con rango de ley que
contengan barreras burocráticas identificadas como
ilegales y/o carentes de razonabilidad.
Artículo 12.- Sobre la publicación de las
resoluciones
El Indecopi, a través de resolución de su Consejo
Directivo, aprueba las disposiciones necesarias para la
publicación del extracto de las resoluciones indicadas en
el artículo 8 y 9, en el diario oficial “El Peruano” y el texto
completo de las mismas en el portal al que se refiere el
artículo 51 de la presente ley. La publicación de estas
resoluciones en el diario oficial “El Peruano” se efectúa
de manera gratuita.

CAPÍTULO II
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE BARRERAS
BUROCRÁTICAS
Artículo 13.- Metodología de análisis
La Comisión o la Sala, de ser el caso, evalúa la
legalidad y/o razonabilidad de las barreras burocráticas
contenidas en disposiciones administrativas en los
procedimientos de parte y de oficio, de acuerdo con
la metodología desarrollada en el presente capítulo.
La evaluación de la legalidad y/o de la razonabilidad
de las barreras burocráticas materializadas en actos
administrativos y actuaciones materiales se efectúa de
acuerdo a la metodología del presente capítulo en cuanto
corresponda.
Artículo 14.- Análisis de legalidad
14.1. El análisis de legalidad de una barrera burocrática
implica que la Comisión o la Sala, de ser el caso, evalúe
los siguientes aspectos:
a. Si existen o no atribuciones conferidas por ley que
autoricen a la entidad a establecer y/o aplicar la barrera
burocrática bajo análisis.
b. Si la entidad siguió los procedimientos y/o
formalidades que exige el marco legal vigente para la
emisión y/o publicación de la disposición administrativa
que materializa la barrera burocrática.
c. Si a través de la imposición y/o aplicación de la
barrera burocrática se contravienen normas y/o principios
de simplificación administrativa o cualquier dispositivo
legal.
14.2. Si la Comisión o la Sala, de ser el caso,
determina la ilegalidad de la barrera burocrática por la
razón señalada en el literal a. puede declarar fundada
la denuncia o el procedimiento iniciado de oficio según
sea el caso, sin que sea necesario evaluar los aspectos
indicados en los literales b. y c.; y así sucesivamente.
14.3. Si se determina la ilegalidad por alguna de
las razones mencionadas en el párrafo precedente, no
es necesario que la Comisión o la Sala continúe con
el análisis de razonabilidad. En el mismo sentido, si la
Comisión o la Sala desestima que la barrera burocrática
sea ilegal, procede con el análisis de razonabilidad cuando
se cumpla la condición establecida en el artículo 15.
Artículo 15.- Condiciones para realizar el análisis
de razonabilidad
La Comisión o la Sala, de ser el caso, realiza el
análisis de razonabilidad de una barrera burocrática en
los procedimientos iniciados a pedido de parte, siempre
que el denunciante presente indicios suficientes respecto
a la carencia de razonabilidad de la misma en la denuncia
y hasta antes de que se emita la resolución que resuelve
la admisión a trámite de esta. En los procedimientos
iniciados de oficio, la Comisión o la Sala realiza dicho
análisis en caso de que, a través de la resolución de inicio,
se hubiera sustentado la existencia de indicios suficientes
sobre la presunta carencia de razonabilidad de la medida.
Artículo 16.- Indicios sobre la carencia de
razonabilidad
16.1 Los indicios a los que hace referencia el artículo
precedente deben estar dirigidos a sustentar que la barrera
burocrática califica en alguno de los siguientes supuestos:
a. Medida arbitraria: es una medida que carece
de fundamentos y/o justificación, o que teniendo una
justificación no resulta adecuada o idónea para alcanzar
el objetivo de la medida; y/o
b. Medida desproporcionada: es una medida que
resulta excesiva en relación con sus fines y/o respecto de
la cual existe otra u otras medidas alternativas que puedan
lograr el mismo objetivo de manera menos gravosa.
16.2 Sin que se considere como una lista taxativa, no
se consideran indicios suficientes para realizar el análisis
de razonabilidad los siguientes argumentos:
a. Que no se encuentren referidos a la barrera
burocrática cuestionada.
b. Que tengan como finalidad cuestionar la pertinencia
de una política pública.
c. Alegaciones o afirmaciones genéricas. Se deben
justificar las razones por las cuales se considera que la
medida es arbitraria y/o desproporcionada.
d. Alegar como único argumento que la medida genera
costos.
Artículo 17.- Posibilidad de cuestionar los indicios
sobre carencia de razonabilidad
Durante el procedimiento, la entidad puede presentar
información y/o documentación que desacredite los
indicios de carencia de razonabilidad de la medida.
Artículo 18.- Análisis de razonabilidad
18.1. Una vez que la Comisión o la Sala, de ser el caso,
considera que han sido presentados indicios suficientes
sobre la presunta carencia de razonabilidad de la barrera
burocrática cuestionada, analiza la razonabilidad de la
medida, verificando el cumplimiento de los siguientes
elementos:
a. Que la medida no es arbitraria, lo que implica que
la entidad acredite:
1. La existencia del interés público que sustentó la
medida cuestionada. El interés público alegado debe
encontrarse dentro del ámbito de atribuciones legales de
la entidad.
2. La existencia del problema que se pretendía
solucionar con la medida cuestionada.
3. Que la medida cuestionada resulta idónea o
adecuada para lograr la solución del problema y/o para
alcanzar el objetivo de la medida.
b. Que la medida es proporcional a sus fines, lo que
implica que la entidad acredite:
1. Una evaluación de los beneficios y/o el impacto
positivo que generaría la medida y de los costos y/o
el impacto negativo de la misma para los agentes
económicos obligados a cumplirla, así como para otros
agentes afectados y/o para la competencia en el mercado.
2. Que la referida evaluación permite concluir que la
medida genera mayores beneficios que costos.
3. Que otras medidas alternativas no resultarían
menos costosas o no serían igualmente efectivas. Dentro
de estas medidas alternativas debe considerarse la
posibilidad de no emitir una nueva regulación.
18.2. En caso de que la entidad no acredite alguno de
los elementos indicados en los literales precedentes, la
Comisión o la Sala, de ser el caso, declara la carencia de
razonabilidad de la barrera burocrática.
CAPÍTULO III
REGLAS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO
Artículo 19.- Duración del procedimiento
El procedimiento seguido ante la Comisión tiene una
duración máxima de ciento veinte (120) días hábiles. El
mismo plazo se aplica para el procedimiento seguido ante
la Sala.
Artículo 20.- Requisitos para interponer una
denuncia
Para interponer una denuncia, además del pago de la
respectiva tasa, el denunciante debe identificar de manera
concisa y/o presentar a través de su denuncia o anexos,
los siguientes aspectos:
1. La(s) barrera(s) burocrática(s) materia de denuncia.
2. El medio de materialización: disposición
administrativa, acto administrativo y/o actuación material.
En caso de denunciar una disposición administrativa, el
denunciante además debe identificar el párrafo, el artículo
o parte pertinente en que se encuentra materializada la
barrera burocrática.

3. La entidad (o entidades) que impone(n) y/o aplica(n)
la(s) barrera(s) burocrática(s) materia de denuncia.
4. Los hechos, cuando la barrera burocrática se
materializa en actos administrativos y/o actuaciones
materiales.
5. Los fundamentos jurídicos que sustentan que la
barrera burocrática denunciada es ilegal, de ser el caso.
6. Los indicios que sustentan la presunta carencia de
razonabilidad de la barrera burocrática denunciada, de
ser el caso.
7. Los medios probatorios que se requieran para
acreditar lo afirmado en los literales anteriores, cuando
corresponda.
Artículo 21.- Representación en el procedimiento
21.1. En los procedimientos regulados por la presente
ley no se requiere de la participación de abogados. Sin
embargo, en caso de que el denunciante lo considere
necesario, la participación de los abogados u otro tipo de
representante legal se rige por las disposiciones previstas
en la Ley Nº 27444.
21.2. La Comisión o su Secretaría Técnica puede
considerar como válido que el abogado presente
escritos sin contar con la firma del denunciante durante
el procedimiento, siempre que, para la acreditación
correspondiente, el escrito incluya como mínimo la firma
del denunciante y del abogado que lo representa.
21.3. Cuando las denuncias sean presentadas por
una asociación, esta última debe precisar si lo hace en
nombre propio o como representante de otros agentes
económicos y/o administrados. De ser este último caso,
la asociación actúa como representante legal, por lo
que debe acreditar que cuenta con el otorgamiento de
poderes de representación procesal suficientes para
representar a cada uno de los asociados. La inaplicación
al caso concreto a la que hace referencia el artículo 10 de
la presente Ley, solo beneficia a aquellos asociados cuya
representación fue acreditada por la asociación mediante
los citados poderes antes de la admisión a trámite de la
denuncia.
Artículo 22.- Acreditación de actuaciones
materiales
Cuando la barrera burocrática se materializa en una
actuación material, el denunciante debe presentar un
medio probatorio que genere convicción acerca de su
existencia y/o su realización.
23.1. En cualquier etapa del procedimiento, la
Comisión, su Secretaría Técnica o la Sala, de ser el
caso, puede dictar, de oficio o a pedido de quien haya
presentado una denuncia de parte, una medida cautelar
con el objeto de que la entidad denunciada se abstenga
de aplicar o imponer la barrera burocrática presuntamente
ilegal y/o carente de razonabilidad a ser evaluada, de
manera previa a la emisión de la resolución final. La
medida cautelar dictada por la Secretaría Técnica se
otorga con cargo a dar cuenta a la Comisión.
23.2. En caso de que la medida cautelar haya sido
dictada por la Comisión o su Secretaría Técnica, el
efecto de la misma permanece hasta que la Sala emita
pronunciamiento final o la revoque al declarar fundada
una apelación en su contra.
Artículo 24.- Requisitos para dictar medidas
cautelares
Para dictar una medida cautelar, la Comisión, su
Secretaría Técnica o la Sala, de ser el caso, debe verificar
la existencia concurrente de:
1. La barrera burocrática que se pretende inaplicar.
2. La verosimilitud del carácter ilegal o de la carencia
de razonabilidad de la barrera burocrática.
3. La posibilidad de que por el transcurso del tiempo
entre la interposición de la denuncia y la resolución
que ponga fin al procedimiento, en primera o segunda
instancia, se cause un daño que se torne en irreparable
para el denunciante.
Artículo 25.- De las costas y costos
25.1. En los procedimientos iniciados a solicitud de
parte, la Comisión o la Sala, de ser el caso, puede ordenar
a la entidad vencida el reembolso de las costas y costos
en los que haya incurrido el denunciante, siempre que este
lo hubiese solicitado al inicio o durante el procedimiento.
25.2. Las reglas aplicables a los procedimientos para
la liquidación de costas y costos son las dispuestas en
la Directiva N° 001-2015/TRI-INDECOPI del 6 de abril de
2015 o la que la sustituya.
Artículo 26.- Resolución de admisión a trámite o de
inadmisibilidad
26.1. La Secretaría Técnica de la Comisión se
pronuncia sobre la admisión a trámite de la denuncia luego
de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos
en el artículo 20 de la presente Ley.
26.2. Cuando la unidad de trámite documentario del
Indecopi o la Secretaría Técnica de la Comisión advierta
el incumplimiento de alguno de los requisitos antes
mencionados, se puede hacer un único requerimiento
para subsanar dentro del plazo de dos (2) días hábiles. En
caso de que el requerimiento efectuado no sea respondido
dentro del plazo o, habiendo sido respondido, no se
cumpla con subsanar las observaciones, la Secretaría
Técnica de la Comisión puede declarar la inadmisibilidad
de la denuncia y disponer la devolución de los actuados y
de la tasa, a solicitud del denunciante.
Artículo 27.- Improcedencia de la denuncia de
parte
27.1. La Comisión, su Secretaría Técnica o la Sala,
de ser el caso, declara la improcedencia de la denuncia
de parte de acuerdo con los supuestos establecidos en el
Código Procesal Civil.
27.2. En primera instancia, si la Comisión o
su Secretaría Técnica, estima que la denuncia es
improcedente, la declara de manera liminar, finalizando
así el procedimiento. Si el defecto se refiere a alguna
de las pretensiones, la declaración de improcedencia se
limita a aquellas que adolecen del defecto advertido por
la Comisión o su Secretaría Técnica, pudiendo admitir los
demás extremos.
27.3. Si la Comisión lo considera necesario, también
puede declarar la improcedencia de la denuncia, luego de
admitida a trámite y presentados los descargos.
27.4 La Secretaría Técnica o la Comisión pueden
efectuar requerimientos de información respecto de
aspectos de procedencia de la denuncia.
Artículo 28.- De la notificación en los
procedimientos en materia de barreras burocráticas
En los procedimientos que se tramiten ante la Comisión
y la Sala, la notificación de los actos administrativos se
realiza conforme a las disposiciones sobre notificación de
la Ley N° 27444 o la norma que la sustituya.
Artículo 29.- Plazo para la presentación de
descargos
29.1. La entidad denunciada podrá formular sus
descargos en un plazo de cinco (5) días hábiles, contados
a partir de la notificación de la resolución que admite a
trámite la denuncia o inicia el procedimiento de oficio.
Este plazo puede ser prorrogado a criterio de la Secretaría
Técnica de la Comisión por una sola vez y por el término
máximo de diez (10) días hábiles adicionales, contados
desde el vencimiento del plazo originalmente otorgado.
29.2. En sus descargos, la entidad debe:
a. Presentar los argumentos de legalidad y/o
razonabilidad, dependiendo de lo cuestionado en la
denuncia o en el procedimiento de oficio, respecto
de la barrera burocrática cuestionada, conforme a la
metodología de análisis señalada en la presente ley.
b. Pronunciarse sobre cada uno de los argumentos
presentados por la parte denunciante; o,

c. Comunicar sobre la derogación y/o modificación
de la barrera burocrática cuestionada denunciada y/o
la inaplicación de la misma al denunciante en caso la
barrera burocrática se encuentre materializada en un acto
administrativo o actuación material. Esta obligación se
mantiene a lo largo de la tramitación del procedimiento.
La entidad debe presentar los documentos que acrediten
sus afirmaciones.
29.3. Cuando se presente el supuesto del literal c., la
Comisión o la Sala, de ser el caso, declara la sustracción
de la materia controvertida, disponiendo el archivo del
expediente, incluso si se trata de un procedimiento
sancionador.
Artículo 30.- Informe oral
En cualquier etapa del procedimiento, ya sea a pedido
de parte o de oficio, la Comisión o la Sala, de ser el caso,
puede citar a las partes a audiencia de informe oral con el
objeto de contar con mayores elementos para resolver la
cuestión controvertida.
Artículo 31.- Supuestos excepcionales para la
suspensión de procedimientos
Solo procede la suspensión de procedimientos
seguidos ante la Comisión o la Sala, de ser el caso,
cuando se presente alguno de los siguientes supuestos:
1. Cuando con anterioridad al inicio del
procedimiento, se haya iniciado un proceso judicial
que verse sobre la misma materia. Esto último implica
que en el proceso judicial la parte denunciante esté
cuestionando de manera conjunta la misma disposición
y/o acto administrativo y/o actuación material de la
entidad denunciada, a través de los mismos argumentos
de legalidad y/o razonabilidad.
2. Cuando surja una cuestión contenciosa, en sede
judicial o administrativa, que, a criterio de la Comisión o la
Sala, precise de un pronunciamiento previo sin el cual no
pueda ser resuelto el asunto que se tramita.
Artículo 32.- Recurso de apelación
32.1. El único recurso impugnativo que puede
interponerse durante la tramitación del procedimiento
es el de apelación, contra la resolución que resuelve la
suspensión de un procedimiento, contra la resolución
que resuelve la liquidación de costas y costos de un
procedimiento, contra la resolución que declara la
improcedencia de una denuncia, contra la resolución que
ordena una medida cautelar, contra la resolución que
pone fin a la instancia y contra la resolución que impone
multas, salvo el supuesto de incumplimiento de mandato,
establecido en el artículo 34 de la presente Ley el cual es
resuelto por la Comisión en instancia única. El plazo para
interponer dicho recurso es de quince (15) días hábiles,
contados desde el día siguiente de la notificación de la
resolución.
32.2. La apelación de resoluciones que ponen fin a la
instancia se concede con efecto suspensivo, salvo que la
Comisión determine mediante resolución motivada, que
procede sin efectos suspensivos.
32.3. La apelación de multas se concede con efecto
suspensivo, pero es tramitada en cuaderno separado.
Es improcedente el recurso de apelación sustentado
únicamente en el incremento en la cuantía de la multa
impuesta. La apelación de medidas cautelares se
concede sin efecto suspensivo, tramitándose en cuaderno
separado.
TÍTULO III
DEL RÉGIMEN SANCIONADOR Y CORRECTIVO
CAPÍTULO I
RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 33.- Ámbito de aplicación subjetivo
Las sanciones que imponga la Comisión o la Sala, de
ser el caso, pueden recaer en funcionarios, servidores
públicos o cualquier persona que ejerza función
administrativa por delegación, bajo cualquier régimen
laboral o contractual, así como en las entidades, cuando
se incurra en alguna de las infracciones previstas en el
presente capítulo.
Artículo 34.- Conductas infractoras de funcionarios
o servidores públicos por incumplimiento de mandato
La Comisión puede imponer multas de hasta veinte
(20) Unidades Impositivas Tributarias al funcionario,
servidor público o cualquier persona que ejerza función
administrativa por delegación, bajo cualquier régimen
laboral o contractual, en cualquiera de los siguientes
supuestos:
1. Cuando incumpla el mandato de inaplicación de
la barrera burocrática declarada ilegal al que se hace
referencia en el artículo 8 de la presente ley.
2. Cuando incumpla el mandato de inaplicación
de la barrera burocrática declarada ilegal y/o carente
de razonabilidad, según sea el caso, al que se hace
referencia en el artículo 10 de la presente ley.
3. Cuando, luego de publicado lo resuelto en los
procedimientos de oficio a los que hace referencia el
artículo 9, aplique u ordene aplicar la barrera burocrática
previamente declarada carente de razonabilidad, o
cuando pudiendo disponer su inaplicación, omita hacerlo.
Artículo 35.- Conductas infractoras de entidades
por aplicación de barreras burocráticas ilegales
35.1. La Comisión o la Sala, de ser el caso, puede
imponer multas de hasta veinte (20) Unidades Impositivas
Tributarias, a la entidad cuando verifique que alguno de
sus funcionarios, servidores públicos o cualquier persona
que ejerza en su nombre, función administrativa por
delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual,
aplica u ordena la aplicación de barreras burocráticas
que involucre alguno de los supuestos que se detallan a
continuación.
a. Exigir requisitos adicionales a la lista de requisitos
máximos establecidos en las siguientes leyes y/o
dispositivos normativos:
1. Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de
Funcionamiento.
2. Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones y su reglamento.
3. Ley N° 29022, Ley para el Fortalecimiento de la
Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones y su
reglamento.
4. Ley N° 30477, Ley que regula la ejecución de obras
de servicios públicos autorizadas por las municipalidades
en las áreas de dominio público, y su reglamento.
5. Aquellos dispositivos legales que sustituyan o
complementen los dispositivos anteriores.
b. Exigir requisitos que no constan en el Texto Único
de Procedimientos Administrativos -TUPA de la entidad.
c. Exigir requisitos que, estando en el TUPA de la
entidad, no cuentan con sustento normativo vigente.
d. Exigir documentación o información prohibida
de solicitar para la tramitación de procedimientos
administrativos de acuerdo a lo previsto en la Ley N°
27444, el Decreto Legislativo N° 1246 y otras normas que
contengan disposiciones sobre esta materia.
e. Negarse a recibir la documentación o información
a la cual están obligadas las entidades en reemplazo
de documentación oficial para la tramitación de
procedimientos administrativos, de acuerdo a lo previsto
en el artículo 41 de la Ley N° 27444.
f. Exigir el pago de derechos de trámite incurriendo en
cualquiera de los siguientes supuestos:
1. En procedimientos iniciados de oficio.
2. En procedimientos en los que se ejerce el derecho
de petición graciable.
3. Para la tramitación de una denuncia por infracciones
funcionales de sus funcionarios.
4. Para la tramitación de una denuncia por infracciones
que deban ser conocidas por las Oficinas de Auditoría
Interna.

5. Sin que la entidad esté facultada por ley, o por
norma de similar fuerza y rango, para crear el referido
derecho de trámite.
6. Que no hayan sido aprobadas por la norma que
exige el marco legal vigente.
7. No ratificados por la municipalidad provincial
correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
40 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
8. Que no consten en el TUPA de la entidad.
9. Que se cobren por etapas en la tramitación de un
procedimiento administrativo.
10. Que no correspondan al importe del costo que su
durante toda su tramitación o que no correspondan al
costo real de producción de documentos que expida la
entidad.
11. Que superen la Unidad Impositiva Tributaria (UIT)
vigente, salvo que se encuentren acogidos al régimen de
excepción a que se refiere el numeral 45.1 del artículo
45 de la Ley N° 27444 y/o el artículo 70 del Texto Único
Ordenado de la Ley de Tributación Municipal aprobado
por el Decreto Supremo N° 156-2004-EF.
12. Que sean cobrados de manera diferenciada para
dar preferencia o tratamiento especial a una solicitud
distinguiéndola de las demás de su mismo tipo.
13. Que sean cobrados de manera discriminatoria, en
función del tipo de administrado que siga el procedimiento
administrativo.
g. Establecer plazos mayores a los máximos
establecidos en las siguientes leyes y/o dispositivos
normativos:
1. Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de
Funcionamiento;
2. Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones y su reglamento; o,
3. Los dispositivos legales que regulan el despliegue
para la ejecución, mantenimiento y/o implementación
de infraestructura en servicios públicos, así como
aquellos que regulan el otorgamiento de licencias,
autorizaciones y/o permisos para la realización de
actividades industriales, comerciales o de servicios,
públicos o privados.
h. Establecer regímenes de silencio administrativo
sin observar lo dispuesto en la ley sobre la materia
Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo o la que
la sustituya, así como en las leyes especiales que lo
reconocen.
i.Desconocimientodelefectodelsilencioadministrativo
positivo, cuando ha operado conforme a Ley N° 29060,
Ley del Silencio Administrativo, o leyes especiales.
j. Desconocimiento de la aprobación automática,
cuando ha operado respecto de solicitudes de licencias,
autorizaciones y/o permisos para el despliegue,
ejecución, mantenimiento y/o implementación de
infraestructura en servicios públicos, así como para
la realización de actividades industriales, comerciales
o de servicios, públicos o privados, de acuerdo con la
Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo, o leyes
especiales.
k. Impedir y/o negar la presentación de solicitudes
o escritos, contraviniendo las normas que garantizan el
derecho de petición en sede administrativa.
l. Suspender la tramitación de los procedimientos
administrativos, sin contar con una ley o mandato judicial
que autorice expresamente a ello.
m. Imponer un plazo a la vigencia de las autorizaciones
otorgadas para la realización de actividades económicas,
sin que exista una ley especial que disponga expresamente
tal plazo.
n. Imponer nuevas observaciones que no fueron
formuladas en una primera oportunidad, vulnerando lo
establecido en el artículo 126.2 de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General.
35.2. La sanción a la que hace referencia el presente
artículo puede imponerse en el mismo procedimiento
iniciado de parte en el que se declare una barrera
burocrática ilegal o en uno posterior.
Artículo 36.- Conductas infractoras de entidades
por incumplimientos vinculados con aspectos del
procedimiento
La Comisión o la Sala, de ser el caso, puede imponer
una multa de hasta 20 UIT a las entidades cuando
incumplan alguno de los siguientes mandatos:
1. Mandato de pago de costas y costos del
procedimiento.
2. Mandato de medidas correctivas.
3. Mandato de medida cautelar.
4. Incumplir la orden de devolución del cobro declarado
ilegal, más los intereses que correspondan, cuando se
trate de un procedimiento iniciado de parte.
Artículo 37.- Información al órgano de control
interno
La Comisión, a través de su Secretaría Técnica,
puede informar al órgano de control interno de la entidad
respectiva, para que este disponga las acciones que
considere pertinentes y determine las responsabilidades
administrativas que correspondan, en caso se verifique lo
siguiente:
1. La falta de publicación de la disposición
administrativa que aprueba el Texto Único de
Procedimiento Administrativo de una entidad a través del
medio de difusión que corresponde de acuerdo al marco
legal vigente.
2. La falta de publicación del Texto Único de
Procedimientos Administrativos de la entidad en el Portal
de Servicios al Ciudadano y Empresas o en el portal
institucional.
Artículo 38.- Graduación de sanciones
38.1. Las sanciones que imponga la Comisión o la
Sala, de ser el caso, se sujetan a la siguiente escala:
a. Falta leve, desde amonestación hasta una multa de
2 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
b. Falta grave, desde una multa mayor a 2 UIT hasta
10 UIT.
c. Falta muy grave, desde una multa mayor a 10 UIT
hasta 20 UIT.
38.2. Para imponer la sanción, la Comisión o la Sala,
de ser el caso, puede utilizar como criterios de graduación
la gravedad del daño ocasionado, la reincidencia
y/o continuidad de la comisión de la infracción, la
intencionalidad de la conducta y otros criterios según el
caso particular.
38.3. La tabla de graduación de sanciones es aprobada
mediante resolución de Consejo Directivo del Indecopi,
sin que su aprobación sea un requisito indispensable para
el ejercicio de la potestad sancionadora.
Artículo 39.- Responsabilidad administrativa
La potestad sancionadora establecida en la
presente ley se ejerce sin perjuicio de la responsabilidad
administrativa, civil y/o de la formulación de la
denuncia penal correspondiente y de la declaración de
ilegalidad y/o carencia de razonabilidad de la barrera
burocrática.
Las entidades, bajo responsabilidad, remiten a
su respectivo órgano de control interno la siguiente
información, a fin de que se tomen las acciones que
estime pertinentes:
1. Resultados del procedimiento administrativo
sancionador que haya agotado la vía administrativa,
seguido contra alguno de sus funcionarios, servidores
públicos o cualquier persona que ejerza en su nombre
función administrativa por delegación, bajo cualquier
régimen laboral o contractual.
2. Resultados del procedimiento administrativo
sancionador seguido contra la entidad que haya
agotado la vía administrativa, así como el nombre de los
funcionarios involucrados en la emisión y/o imposición
de la barrera burocrática ilegal cuya aplicación motivó la
respectiva sanción.

3. Medidas adoptadas respecto a lo resuelto por
la Comisión o, la Sala, de ser el caso, a través de sus
resoluciones.
En los supuestos de infracción señalados en el artículo
35 de la presente ley, la resolución que dispone la sanción
también debe contener la declaración de ilegalidad de la
barrera burocrática.
Artículo 41.- Beneficio por cumplimiento inmediato
El monto de la multa impuesta es rebajado en un 30%
cuando el infractor efectúe el pago del monto de la misma
dentro del plazo de apelación, lo cual implica su renuncia
a impugnar. En este supuesto, el infractor puede solicitar
al Indecopi el fraccionamiento del pago de la multa, lo que
queda a criterio de éste.
Artículo 42.- Responsabilidad del procurador
público o abogado defensor de la entidad denunciada
42.1. Es obligación del procurador público o abogado
defensor de una entidad contra la que se inició un
procedimiento, de parte o de oficio, en el que se haya
declarado la ilegalidad y/o carencia de razonabilidad de
una barrera burocrática por medio de una resolución
que ha quedado firme o consentida, remitir copia de la
resolución de la Comisión o la Sala, de ser el caso, al titular
de la entidad y la Secretaría General o la que haga sus
veces, con la finalidad de que pueda ser difundida para
conocimiento de sus funcionarios y/o servidores públicos.
42.2. El plazo para remitir la referida resolución es
de dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente
de la fecha en que quedó consentida o fue notificada la
resolución que confirma la resolución de la Comisión.
42.3. El órgano de control interno de la entidad
respectiva, dispone las acciones que considere
pertinentes en caso de verificarse el incumplimiento de la
obligación señalada en el presente artículo.
CAPÍTULO II
MEDIDAS CORRECTIVAS
Artículo 43.- Medidas correctivas
La Comisión o la Sala, de ser el caso, puede ordenar
y/o conceder las siguientes medidas correctivas:
1. Que las entidades devuelvan los derechos de trámite
cobrados cuando estos derechos hayan sido declarados
como barreras burocráticas ilegales y/o carentes de
razonabilidad en el caso concreto de un denunciante.
2. Que las entidades informen a los ciudadanos acerca
de las barreras burocráticas declaradas ilegales y/o
carentes de razonabilidad mediante las resoluciones de la
Comisión que hayan agotado la vía administrativa y/o las
resoluciones de la Sala, como medida complementaria.
Artículo 44.- Forma de implementación y plazo
para el cumplimiento de las medidas correctivas:
44.1. Para cumplir la medida correctiva señalada en el
inciso 1. del artículo precedente, el plazo máximo con el que
cuenta la entidad es de quince (15) días hábiles contado
desde el día siguiente de la fecha del consentimiento de la
resolución de la Comisión o de la fecha de notificación de la
resolución de la Sala, según sea el caso.
44.2. En el caso de la medida correctiva señalada en
el inciso 2. del artículo precedente, el plazo máximo con
el que cuenta la entidad es de cinco (5) días hábiles. Las
entidades pueden emplear medios de comunicación tanto
físicos como virtuales que estén disponibles para todo
administrado y/o agente económico que acuda al área de
trámite documentario, así como el portal de la entidad.
TÍTULO IV
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PERSUASIÓN
CAPÍTULO I
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN
Artículo 45.- Autoridad a cargo
La Comisión y su Secretaría Técnica tienen facultades
para desarrollar investigaciones relacionadas con los
temas de su competencia e iniciar procedimientos de
oficio, las mismas que son ejercidas por los funcionarios
que designen para tal fin. Las atribuciones en materia de
investigaciones se rigen por lo señalado en la presente
ley y por lo dispuesto en los artículos 1 al 8 del Decreto
Legislativo N° 807 y supletoriamente por lo dispuesto en la
Ley N° 27444, o las normas que las sustituyan.
Artículo 46.- Finalidad de las actividades de
prevención
De conformidad con lo establecido por el principio de
acción preventiva, los órganos encargados del inicio de las
acciones de oficio dentro del Indecopi privilegian las acciones
de prevención y/o coordinación con el objeto de promover
la eliminación voluntaria de las barreras burocráticas
presuntamente ilegales y/o carentes de razonabilidad por
parte de las entidades sujetas a investigación.
Artículo 47.- Actividades de supervisión,
investigación e inspección en materia de eliminación
de barreras burocráticas
Las actividades de supervisión, investigación
e inspección dirigidas y/o vinculadas con el inicio
de procedimientos administrativos de competencia
de la Comisión se rigen por el principio de acción
preventiva reconocido en la presente ley, así como
por las disposiciones sobre la materia establecidas
en el Decreto Legislativo N° 807 y la Ley N° 27444,
o las normas que las sustituyan. La Comisión y/o su
Secretaría Técnica puede solicitar toda la información
o documentación que consideren necesarias para el
cumplimiento de las actividades descritas, a través de
cartas, oficios o cualquier otro medio escrito, físico o
electrónico.
CAPÍTULO II
ACTIVIDADES DE PERSUASIÓN
Artículo 48.- Elaboración y difusión del Ranking de
entidades en materia de barreras burocráticas
48.1. El Indecopi, previa propuesta de la Secretaría
Técnica de la Comisión, puede elaborar y difundir
documentos en los que incluya una relación de
entidades según su nivel de cumplimiento respecto de
las normas sobre eliminación de barreras burocráticas
y simplificación administrativa, con la finalidad de dar
a conocer esta información a los agentes económicos
y administrados. De manera enunciativa y no limitativa,
estos documentos pueden tratar de alguno de los
siguientes supuestos:
a. Un ranking en el que se incluya la lista de las
entidades que cuentan con mayor cantidad de barreras
burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad
identificadas a través de procedimientos iniciados de
parte y de oficio por la Comisión durante el año, que
hayan agotado la vía administrativa.
b. Un ranking en el que se incluya la lista de las
entidades que cuentan con mayor cantidad de barreras
burocráticas que han sido eliminadas voluntariamente,
antes del inicio de un procedimiento administrativo o
antes de la emisión de una resolución final, que hayan
agotado la vía administrativa.
c. Un ranking de entidades que han implementado
medidas de prevención de eliminación de barreras
burocráticas.
48.2. El Indecopi, a través de su Consejo Directivo,
aprueba las disposiciones necesarias para la
implementación de los diferentes tipos de “rankings” a los
que hace referencia el presente artículo.
Artículo 49.- Abogacía para la eliminación de
barreras en leyes
Si durante la tramitación de los procedimientos, la
Comisión o la Sala identifica la existencia de algún requisito,
exigencia, limitación, prohibición y/o cobro dentro de una ley
o en una norma emitida en ejercicio de la función legislativa,
que pueda restringir o limitar el desarrollo de una actividad
económica o las libertades de empresa y/o la iniciativa

privada y/o que constituyan incumplimientos de las normas
y/o principios que garantizan la simplificación administrativa,
puede disponer que su respectiva secretaría técnica emita
una opinión a través de un informe técnico, recomendando la
implementación de medidas que promuevan la eliminación
de tales obstáculos en resguardo de las libertades de
empresa y/o la iniciativa privada y/o la simplificación
administrativa. De ser el caso, el informe técnico debe ser
puesto en conocimiento del Congreso de la República o el
Poder Ejecutivo, según corresponda.
Artículo 50.- Reporte de acciones tomadas para la
eliminación de barreras burocráticas
50.1. Las entidades que hayan sido parte denunciada en
los procedimientos seguidos ante la Comisión, en los que se
haya declarado la ilegalidad y/o carencia de razonabilidad de
una barrera burocrática, cuyas resoluciones hayan quedado
consentidas o hayan sido confirmadas por la Sala, deben
comunicar al Indecopi sobre las medidas adoptadas respecto
de lo resuelto por la Comisión. El órgano de control interno
de la entidad respectiva, dispone las acciones que considere
pertinentes en caso de verificarse el incumplimiento de la
obligación señalada en el presente artículo.
50.2. El Consejo Directivo del Indecopi aprueba las
disposiciones para la implementación de la obligación
antes mencionada en el caso de las entidades.
Artículo 51.- Portal sobre eliminación de barreras
burocráticas
Créase el portal informativo que promueve
la eliminación de barrera burocráticas, el cual es
administrado por el Indecopi, teniendo como principal
objetivo incluir el registro de resoluciones de la Comisión y
de la Sala que declaran barreras burocráticas declaradas
ilegales y/o carentes de razonabilidad, para conocimiento
de los ciudadanos, agentes económicos y entidades.
Artículo 52.- Difusión de resoluciones de inicio
La Secretaría Técnica o la Comisión se encuentran
facultadas para disponer la difusión de la resolución de
inicio de cualquier procedimiento iniciado a pedido de
parte o de oficio, siempre que lo consideren pertinente en
atención a la importancia del caso.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES Y
TRANSITORIAS
Primera.- Aplicación de la presente ley
La presente ley se aplica de manera inmediata a
las denuncias de parte que, habiéndose iniciado ante la
Comisión, aún no hayan sido admitidas a trámite.
Los procedimientos a cargo de la Comisión y la Sala
que, a la fecha se encuentren en trámite, continúan
siendo tramitados bajo las normas anteriores a la vigencia
de esta ley.
Segunda.- Demandas contencioso-administrativas
Las entidades del Poder Ejecutivo, incluyendo los
Ministerios, no pueden interponer demanda contencioso-
administrativa contra las resoluciones que emita la Sala
en materia de eliminación de barreras burocráticas u
otra actuación impugnable en vía judicial, salvo que se
cumplan las siguientes condiciones de manera conjunta:

1. Que la acción judicial sea autorizada formal y
expresamente por la máxima autoridad de la entidad,
siendo esta facultad indelegable.
2. Que la referida autorización sea aprobada en el
Consejo de Ministros.
Los procuradores públicos que no interpongan estas
acciones no incurren en responsabilidad.
Las demandas contencioso-administrativas contra las
resoluciones emitidas por la Sala en materia de eliminación
de barreras burocráticas son conocidas, en primera
instancia, por la Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo de la Corte Superior respectiva. En este
caso, la Sala Civil de la Corte Suprema resuelve en
apelación y la Sala Constitucional y Social en casación, si
fuera el caso. Es competente para conocer la solicitud de
medida cautelar la Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo de la Corte Superior.
Tercera.- Aplicación supletoria
Las autoridades encargadas de la supervisión de la
presente ley se rigen supletoriamente por lo dispuesto
en el Decreto Legislativo N° 807, Decreto Legislativo N°
1033, la Ley N° 27444 y el Código Procesal Civil, o por las
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