El servicio nacional de defensa pública garantiza el derecho a la defensa gratuita, ofreciendo asistencia legal en materias como pensiones alimentarias y penal a personas sin recursos económicos. Aunque el servicio es gratuito, aquellos con solvencia económica deben pagar por él. En Quillabamba, defensores públicos aseguran el acceso a justicia para quienes no pueden costear representación legal.