Este documento define los delitos informáticos o ciberdelitos como acciones antijurídicas que dañan ordenadores, medios electrónicos y redes de Internet. Explica que los delitos informáticos incluyen fraudes, robo, chantaje y falsificación cometido a través de ordenadores o redes. También reconoce que a pesar de las medidas de seguridad, no existe protección infalible contra estos delitos que se vuelven más frecuentes y sofisticados con el desarrollo de la tecnología.