El documento aborda los delitos informáticos, definidos como actividades antijurídicas realizadas mediante el uso de computadoras y sistemas informáticos, que pueden incluir fraudes y manipulaciones de datos. Se destaca la rápida evolución de la informática en comparación con la legislación, lo que dificulta la tipificación de ciertos abusos como delitos. Además, se menciona la percepción errónea de que los autores de estos delitos no son considerados delincuentes, especialmente en el caso de los hackers que justifican sus acciones con una filosofía de acceso libre a la información.