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AUTORIZACIÓN. Los empresarios llegan a
arreglos en los que un mismo permiso
beneficia a terceras compañías, distintas a
las que aparecen en los registros . (Foto: )
Casinos, negocio sin reglas
claras
Segob tiene registros desactualizados sobre quiénes
detentan 31 permisos para operar en centros de apuesta
Lunes 08 de abril de 2013
Silvia Otero | El Universal
silvia.otero@eluniversal.com.mx
La participación extranjera en el negocio de los casinos y las
apuestas en México ha sido creciente. Aunque en los registros
públicos de la Secretaría de Gobernación no aparece el
nombre de la multinacional española Codere (propiedad de la
familia Martínez Sampedro, que cotiza en la bolsa de valores
de Madrid), ésta opera la cuarta parte de los establecimientos
que funcionan en el país.
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2. Desde 2011 la empresa española es dueña de 84.8% de las
acciones de Impulsora de Centros de Entretenimiento de las
Américas (Icela), que a su vez aparece como accionista de la
Administradora Mexicana de Hipódromo, una de las 31
permisionarias legales en México autorizada para operar 65
centros de apuestas remotas en el territorio nacional, de los
que 51 operan en 20 estados del país como Sports Books y Yak,
Jakpot y Royal Yak; además, tiene a su cargo el Hipódromo de
las Américas de la ciudad de México.
Aunque desde 1998 Codere entró al mercado de los casinos en
México, ya que suscribió acuerdos desde ese año con la
Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) a la que
pertenece Icela. También se asoció con el Grupo Caliente (del
empresario y político priísta Jorge Hank Rhon), para operar
casinos; y desde 2010 tiene 67.3% del capital en cinco
permisionarias que operan 44 salas de juego, mientras
Caliente mantiene 32.7%.
Codere asegura que “es el operador con mayor presencia en
locales de juego de México, participa en 94 salas que en
conjunto representan cerca de 19 mil 571 terminales de
juego” en las principales ciudades del país, lo que equivale a
26.9% de los 349 establecimientos que funcionan en el
territorio. Un negocio que en 2011 le reportó ingresos por
291.5 millones de euros.
Y es que en 2004 también Codere adquirió la empresa
Promojuegos de México, que al año siguiente obtuvo el
permiso de la Segob con número DGAJS/SCEVF/P-04/2005,
como permisionaria que podrá operar 10 centros de apuestas
remotas y salas de sorteos de números, con una vigencia hasta
2030, de las que funcionan nueve bajo la razón social Bingo
777. Es una de las empresas beneficiadas con las
autorizaciones que dio el entonces secretario de gobernación
Santiago Creel una semana antes de dejar el cargo.
La Segob tiene registrada esta permisionaria con accionistas
como Femalamex, Grupo Inverjuego, Mío Games, y complejo
turístico Huatulco, que en diciembre de 2008 también fueron
compradas y fusionadas por la multinacional española.
También está la permisionaria Compañía Operadora
Megasport, de los hermanos Adrián y José Luis Espinosa
Delgado, que extraoficialmente tiene capital de empresarios
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3. de Venezuela, y que con su operadora Shalom Vehatzlaja
Raba, controlan 30 salas de apuestas remotas en 14 estados, y
que asegura “está dedica al manejo de 50 empresas del giro
del entretenimiento”, cuyo presidente es José Antonio Haua
Maauad, un joven empresario de Hidalgo.
Sus casinos, algunos con la razón social Winpot, han tenido
problemas, ya que en 2011 algunos fueron clausurados
temporalmente, como en Quintana Roo o en Sinaloa, por
anomalías en sus medidas de seguridad que violaban
normativas de protección civil.
Permisos cuestionados
Otros permisos concedidos por la Segob en 2005, durante los
últimos días de la gestión del panista Creel, beneficiaron a
grandes grupos empresariales. Es el caso de Apuestas
Internacionales de Grupo Televisa, que en 14 estados tiene 21
Play City, de los 55 centros de apuestas y salas de sorteos de
números que se le autorizaron, con lo que irrumpió en el
lucrativo negocio.
En esa misma “tanda” de autorizaciones de 2005, Eventos
Festivos de México se convirtió en permisionaria, con 20
centros de apuestas, de los que sólo opera el casino Luxor, en
Monclova, Coahuila. La accionista era Gea Holdings, una
compañía representada por José Luis Alberdi González, el
director general corporativo de Grupo Empresarial Ángeles;
actualmente aparece como accionista Olegario Vázquez Aldir.
El 28 de noviembre de 2005 también se le dio un permiso a la
Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua, de Marco
Antonio Ayala Anzaldua y Antonio Ochoa Garza, para 60
centros, captación de apuestas vía internet y juegos de dados,
de los que funcionan 18 en ocho entidades.
La Segob sostuvo en un litigio que el permiso era falso, pero el
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto
Circuito, resolvió en 2011 que era válido, ya que Manuel
Ignacio Fierro, ex titular de la Unidad de Gobierno de la
Segob, afirmó que sí se concedió el permiso, un funcionario
que fue inhabilitado en 2007 por conceder “criterios de
excepción”, también lo investigó la Procuraduría General de la
República (PGR).
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4. Un permiso para todos
En algunos casos establecer quién detenta el permiso o
quiénes son los accionistas es complejo, la propia Segob tiene
información desactualizada; además los empresarios llegan a
arreglos en los que un mismo permiso beneficia a terceras
compañías, distintas a las que aparecen en los registros como
operadores, cuando la Ley de Juegos y Sorteos indica que cada
movimiento debe ser validado por la autoridad.
El más claro ejemplo es el de la permisionaria Atracciones y
Emociones Vallarta, que salió a la luz tras el atentado del
Casino Royale en septiembre de 2011, en Monterrey, Nuevo
León. Hasta la fecha, en los registros públicos de la Segob
aparece como el titular del permiso Rodrigo Aguirre Vizzuett
—hijo del ex regente capitalino Ramón Aguirre—, pero tras el
incidente, éste se deslindó pues sólo era asesor.
Aparecen aún como integrantes del consejo de administración
los hermanos Rodrigo y Ramón Madero Dávila (familiares de
Gustavo Madero, líder del PAN), por medio de la empresa
Cymsa Corporation; pero Ramón aclaró desde 2008 que no
participaba del negocio y tuvo que acreditarlo para convertirse
en accionista de la aerolínea Aviacsa.
La Segob ignoraba que el permiso de Atracciones y Emociones
Vallarta supuestamente es de los hermanos neoloneses
Armando y Raúl Saide, pero el Casino Royale era operado por
el empresario Jorge Alberto Rocha Cantú.
Aún más, la permisionaria que tenía autorización para tener
cinco centros de apuestas, gracias a un cuestionado fallo
judicial de 2008, obtuvo 41 centros de apuestas, de los que
opera 37 en 14 estados (aunque la Segob reporta en otro
documento 26 en funciones).
Hay casos como el de la permisionaria Cesta Punta Deportes
del empresario José María Guardia López, quien desde 1989
opera el Galgódromo de Ciudad Juárez, tiene permiso para
operar nueve centros, pero a la fecha ninguno está en
funciones; sin embargo, se le renovó el permiso en 2011 y en
febrero de 2012 se avaló como su operadora la compañía
Armazd Gaming Corporation, de la que no se encontró
registró.
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5. Existen conflictos latentes ya que los accionistas de los 18 Big
Bola Casino que operan en nueve entidades de la república
mexicana, mediante el permiso expedido a Comercial de
Juegos de la Frontera, están en litigio y está en juego un
permiso con una vigencia ilimitada; aparece como
administrador único Óscar Rodríguez Borgio, un empresario
con negocios en Florida y sobrino del ex banquero Ángel
Isidoro Rodríguez, El Divino.
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