Este documento describe los detalles de un proyecto de construcción de una carretera. Explica que la carretera tendrá 6 carriles y medirá 50 kilómetros de largo. También incluirá 3 intercambiadores y se espera que cueste $200 millones de dólares. El proyecto mejorará la conectividad regional y debería completarse para 2025.
Los países de América Latina y el Este Asiático tardaron entre 15 y 25
años en recuperar los niveles de pobreza que había antes de la crisis. Su
experiencia permite concluir que, si no se cambian las políticas que se
están aplicando, puede llevar entre dos y tres décadas recuperar el nivel
de bienestar que había en España justo antes de la crisis, en 2008.
Entretanto, la pobreza y la exclusión social podrían incrementarse de
manera drástica: dentro de una década en España -en 2022- el número
de personas pobres alcanzaría los 18 millones (un 38% de la población) y
el 20% de las personas más ricas en España podrían llegar a ingresar de
media 15 veces más que el 20% de las personas más pobres.
La economía española creció enormemente durante la década previa a la
crisis (conocida como la “década dorada”), sin embargo, durante el mismo
periodo la riqueza se acumuló sobre todo en manos de las personas más
ricas, aumentando así la desigualdad, y –lo que es peor- no se redujeron
los niveles de pobreza: ni se consolidó la protección social, ni se aumentó
la proporción del gasto social del PIB. Toda esa bonanza desembocó en
una burbuja insostenible y en un elevadísimo nivel de deuda privada,
1
fundamentalmente de los bancos ligados a actividades inmobiliarias.
A diferencia de Islandia, en España, ni se corrigen los abusos del sistema
financiero, ni se exigen responsabilidades a quienes decapitaron los
ahorros y las proyecciones de vida de miles de familias. Así, España va
por el peor camino. Las decisiones políticas tomadas en el convulso
contexto de la crisis económica y social nos están llevando a cambios
estructurales que culminarán con la redefinición de un nuevo “contrato
social” entre los poderes y la ciudadanía. En el nuevo equilibrio de
fuerzas, la participación ciudadana en las políticas públicas se restringe
aceleradamente y el poder del Estado cede espacio frente a los
mercados. Las políticas sociales son las primeras en sufrir las
consecuencias de este fundamentalismo de la estabilidad fiscal a través
de los ajustes presupuestarios.
En la actualidad, en España, la deuda pública es de un 90% del PIB, y
uno de cada tres euros de gasto previstos en el Presupuesto del Estado
para 2013 irá destinado a pagar los intereses de la deuda.
2
Uno de cada
cuatro españoles se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social,
1,7 millones de hogares tienen a todos sus miembros en paro
y se
producen más de 500 desahucios diarios
5
. Ante este panorama, la única
receta que se ha decidido aplicar es la de los recortes en los servicios
públicos, el aumento de los impuestos a las clases medias y bajas, y el
rescate al sector bancario a costa de más deuda pública. Esta asignación
de los recursos y el reparto de los esfuerzos reflejan las prioridades de un
gobierno y el modelo social que defiende.
Con el rumbo que están tomando las
Los países de América Latina y el Este Asiático tardaron entre 15 y 25
años en recuperar los niveles de pobreza que había antes de la crisis. Su
experiencia permite concluir que, si no se cambian las políticas que se
están aplicando, puede llevar entre dos y tres décadas recuperar el nivel
de bienestar que había en España justo antes de la crisis, en 2008.
Entretanto, la pobreza y la exclusión social podrían incrementarse de
manera drástica: dentro de una década en España -en 2022- el número
de personas pobres alcanzaría los 18 millones (un 38% de la población) y
el 20% de las personas más ricas en España podrían llegar a ingresar de
media 15 veces más que el 20% de las personas más pobres.
La economía española creció enormemente durante la década previa a la
crisis (conocida como la “década dorada”), sin embargo, durante el mismo
periodo la riqueza se acumuló sobre todo en manos de las personas más
ricas, aumentando así la desigualdad, y –lo que es peor- no se redujeron
los niveles de pobreza: ni se consolidó la protección social, ni se aumentó
la proporción del gasto social del PIB. Toda esa bonanza desembocó en
una burbuja insostenible y en un elevadísimo nivel de deuda privada,
1
fundamentalmente de los bancos ligados a actividades inmobiliarias.
A diferencia de Islandia, en España, ni se corrigen los abusos del sistema
financiero, ni se exigen responsabilidades a quienes decapitaron los
ahorros y las proyecciones de vida de miles de familias. Así, España va
por el peor camino. Las decisiones políticas tomadas en el convulso
contexto de la crisis económica y social nos están llevando a cambios
estructurales que culminarán con la redefinición de un nuevo “contrato
social” entre los poderes y la ciudadanía. En el nuevo equilibrio de
fuerzas, la participación ciudadana en las políticas públicas se restringe
aceleradamente y el poder del Estado cede espacio frente a los
mercados. Las políticas sociales son las primeras en sufrir las
consecuencias de este fundamentalismo de la estabilidad fiscal a través
de los ajustes presupuestarios.
En la actualidad, en España, la deuda pública es de un 90% del PIB, y
uno de cada tres euros de gasto previstos en el Presupuesto del Estado
para 2013 irá destinado a pagar los intereses de la deuda.
2
Uno de cada
cuatro españoles se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social,
1,7 millones de hogares tienen a todos sus miembros en paro
y se
producen más de 500 desahucios diarios
5
. Ante este panorama, la única
receta que se ha decidido aplicar es la de los recortes en los servicios
públicos, el aumento de los impuestos a las clases medias y bajas, y el
rescate al sector bancario a costa de más deuda pública. Esta asignación
de los recursos y el reparto de los esfuerzos reflejan las prioridades de un
gobierno y el modelo social que defiende.
Con el rumbo que están tomando las
