La Ley de Administración Financiera de La República y Presupuestos Públicos establece que los entes y órganos del gobierno deben llevar un inventario de bienes. También prohíbe el uso de fondos públicos para fines diferentes a aquellos destinados por ley o reglamento, e impone responsabilidad a los funcionarios competentes si facilitan el uso indebido de fondos debido a deficiencias en los controles internos.