La Ley Sáenz Peña de 1912 estableció el sufragio universal, secreto y obligatorio en la Argentina, ampliando la participación política. Hasta entonces, el país tenía un sistema oligárquico y de democracia restringida dominado por el Partido Autonomista Nacional. La ley llevó a elecciones más libres y triunfos electorales para la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista, abriendo una nueva etapa democrática.

1. Ley Sáenz Peña
La Argentina de comienzo del siglo XX:
A partir de 1880, en nuestro país se configuró un nuevo escenario
institucional cuyos rasgos perduraron largamente. Apoyado por triunfos
militares, su base jurídica se hallaba en la Constitución sancionada en 1853.
Se aseguraba allí un fuerte poder presidencial, ejercido en los vastos territorios
sin limitaciones y fortalecido por las facultades de intervenir las provincias y
decretar el estado de sitio. Estas herramientas jurídicas fueron usadas por el
Ejecutivo para disciplinar, de ser necesario, a grupos provinciales.
El Régimen, como se lo denominó, se inaugura con la presidencia de
Julio A. Roca en 1880 y se extendió hasta la sanción de la Ley Sáenz Peña
efectuada en el año 1912. Durante todo este período, el país se encontraba
bajo un sistema de gobierno oligárquico y de democracia restringida; donde el
P.A.N. (Partido Autonomista Nacional) tenía el monopolio del poder político
del país. “El orden oligárquico controlaba las instituciones, el presidente
controlaba la sucesión presidencial”[1].Este proceso pudo consolidarse gracias
al fraude electoral y a la no existencia de garantías para los votantes. “El
sufragio en la Argentina no era causa de la elección de los gobernantes sino un
mero efecto armado por ellos mismos para conservar sus posiciones
dominantes”[2].
En oposición al régimen oligárquico, habían surgido a fines del siglo
XIX los dos primeros "partidos políticos modernos" de la Argentina: la UCR
y el Partido Socialista. Estos partidos tuvieron distintas políticas para
enfrentar al Régimen, mientras que la UCR mantuvo una política de
abstención electoral y, en determinados momentos de levantamientos
revolucionarios; el partido Socialista participaba de las elecciones, llegando a
ganar en 1904, una banca de diputado el doctor Alfredo Palacios.
El poder político y económico de nuestro país se había consolidado en
torno de los grupos dominantes del próspero Litoral. Para 1880 ya se
encontraban delineadas las instituciones del Estado. Uno de los pilares del
gobierno del régimen fue su política económica que, de acuerdo a los
requerimientos del mercado mundial, se caracterizó por la organización y
consolidación del modelo agrario exportador.Es así que deliberadamente el
Estado actuó para facilitar la inserción de Argentina en la economía mundial.
Ese lugar implicaba colocar a la Argentina como productor de materias primas
en asociación estrecha con Gran Bretaña. Estos vínculos se estrecharon aún
más luego de 1850 debido a la expansión de la producción lanar destinada a
abastecer la industria británica, en esos momentos Gran Bretaña comenzaba a
perfilarse como el “taller del mundo”. “La Argentina se transformó en pocos
años en una importante proveedora de alimentos a los mercados mundiales y
sus necesidades internas fueron cubiertas en lo esencial mediante la
importación de bienes y servicios de otros países del mundo”[3]. De esta

2. manera Argentina logró insertarse en los circuitos del consumo y la
producción mediante la explotación racional de la tierra. A comienzo del siglo
XX Argentina se constituyó en uno de los principales países vendedores de
productos primarios (carne congelada, lana, trigo y maíz).
Entre 1880 y 1913 el capital británico en Argentina creció veinte
veces. “A los rubros tradicionales-comercio, bancos, préstamos al Estado-se
agregaron los préstamos hipotecarios sobre las tierras, las inversiones en
empresas públicas de servicios, como tranvías o agua corriente, y sobre todo
los ferrocarriles”[4]. Los 2.500 Km. de vías existentes en 1880 se
transformaron en 34.000 en 1916. Esto la convertía en la red ferroviaria más
grande de América Latina y una de las más grandes del mundo. Este sistema
ferroviario posibilitó, junto con el sistema portuario, la expansión de la
producción agropecuaria. De esta manera “la red ferroviaria permitió
integrar progresivamente todas las zonas productivas del país con el mercado
internacional”[5].
Pero este crecimiento no hubiera sido posible sin la posibilidad de
encontrar mano de obra, la inmigración vino a cubrir este requerimiento. La
inmigración aportó mano de obra barata e incorporó nuevos elementos a una
población pequeña para la enorme extensión de nuestro país. El flujo de
hombres y capitales estaban al servicio de la producción que no dejaba de
incrementarse.
La expansión de las actividades agropecuarias junto a la llegada de
miles de inmigrantes europeos cambió profundamente la organización de la
sociedad argentina. La gran mayoría de ellos no pudo acceder a la propiedad
de la tierra, por la estructura latifundista de la misma, y se establecieron en las
grandes ciudades: por ejemplo Buenos Aires y Rosario. Este enorme
crecimiento de la población dio origen al aumento de nuevas actividades en
los centros urbanos que fueron diferenciando a nuevos grupos sociales:
obreros que trabajaban en talleres, transporte y puerto, y empleados que
trabajaban en la administración pública y en empresas de comercios y
servicios. La gran mayoría de esta población inmigrante carecía de derechos y
soportaban pésimas condiciones de trabajo.
Es así que con la llegada de los inmigrantes llegaron también las ideas
de reivindicación social, encarnadas en dirigentes anarquistas o socialistas que
calaron hondo dentro de los más postergados. Es entonces cuando el Estado
comenzó a adquirir carácter represivo al sancionarsedurante la segunda
presidencia de Roca, en 1902, la Ley de Residencia. Como la denomina Tulio
HalperínDonghi, esta era la “Republica oligárquica” cuyos dirigentes estaban
más interesados en disputar cuotas de poder que en promover ambiciosas
transformaciones.
A comienzos del siglo XX, Buenos Aires no tenía nada que envidiar en
lujo y en comodidades a las capitales europeas. La “segunda Paris” se mostró
al mundo en 1910, año de los festejos del Centenario. Las grandes
personalidades europeas asistían admiradas al milagro argentino. Pero el
crecimiento social fue desparejo, los sectores trabajadores tenían una buena

3. oportunidad para mostrar al mundo su gran malestar. La agitación anarquista
crece, las huelgas cada vez más frecuentes marcan el ascenso de un
movimiento obrero combativo, sangrientos atentados acompañan la euforia
por la preparación de la fiesta de Centenario. Estas demostraciones de
descontento social hacen temer lo peor a los que detentaban el poder, había
que actuar al respecto. “Para prevenir los peligros que lo amenazan por
todos lados, se hace necesario reformar un régimen ya perimido”[6].
Una parte de la elite gobernante, que comienza a inquietarse por las
protestas sociales, ven la necesidad de un cambio. “La Argentina casi
centenaria no tenía un régimen político a su medida”[7]. Es entonces que se
comienza a considerar la necesidad de una reforma del sufragio, con dicha
reforma se cumpliría con el objetivo de quitar la protesta de las calles y en la
medida de lo posible volcarla en el parlamento y en el sistema político. El
grupo que detentaba el poder estaba dividido acerca de la solución a las
demandas de la clase media y de la clase obrera mantenidas al margen del
ejercicio político.
Pero la necesidad de reforma no sólo fue impulsada por un sector
dentro del grupo gobernantes; desde los partidos políticos recientemente
surgidos, si bien con tácticas diferentes, se comenzaba a combatir a ese
régimen que escinde de la práctica política a gran parte de la sociedad.“En el
escenario de la primera década del siglo el camino que conducía al sufragio
universal parecía impulsado preferentemente por una oposición externa a la
estructura del poder establecido”[8].Se hacía necesario dar cabida al principal
partido opositor, el radicalismo, pero también al moderado Partido Socialista.
Los reformistas pensaban que de esa manera se fracturaría al movimiento
obrero y se debilitaría al gran enemigo que la oligarquía en el poder
visualizaba como el más peligroso: el anarquismo.
El radicalismo, desde sus comienzos, adopta una actitud de abierto
enfrentamiento hacia el Régimen. Rechazaba cualquier tipo de acuerdo con
los grupos en el poder y declaraba la total abstención electoral hasta tanto el
sufragio no sea libre y no esté garantizado. El no acordar con los grupos de
poder lo posiciona bien al radicalismo. “El haber rechazado las cartas
marcadas del régimen otorga a la Unión Cívica Radical una amplia base
popular”[9]. En tanto no estén garantizadas las condiciones, el radicalismo
proponía la “revolución del sufragio universal” por medio de la insurrección
armada lo que le otorgaba un aura revolucionaria.
La Unión Cívica Radical, nacida en 1891, fue el primer partido político
dotado de organización nacional. Su objetivo declarado era la honestidad
política, por lo que atrajo a nuevas capas sociales, generalmente de origen
inmigratorio, y su programa político era la Constitución.
El Partido Socialista fue fundado en 1896, según el modelo europeo, y
desde su comienzo se propuso defender los intereses de la clase obrera
naciente. Tuvo gran adhesión en el medio urbano y entre los trabajadores
inmigrados. Los objetivos inmediatos de los socialistas eran las reformas
sociales y la representación parlamentaria.

4. En 1904 fue elegido presidente Manuel Quintana, quien muere en 1906
sucediéndolo en la presidencia José Figueroa Alcorta. Mientras que la
mayoría de la clase política argentina que gobernaba seguía vacilando, o
directamente se oponían, en la tarea de encarar una verdadera reforma
electoral, el presidente Figueroa Alcorta, como quien iba a ser su sucesor, se
preparaba para dar el primer paso en ese sentido.
Fue entonces que el uso y abuso de los poderes presidenciales vino a
darle impulso a una etapa de reformas con el fin de crear una apertura
democrática. En ese sentido, en 1908 el presidente Figueroa Alcorta, haciendo
uso de la intervención federal o esgrimiendo su amenaza, obligó a las
maquinarias provinciales a enviar al Congreso diputados identificados con su
línea política. Fueron esos diputados quienes dieron su aprobación a la
decisión presidencial que elevó a la primera magistratura a Roque Sáenz Peña,
aún más decididamente identificado con el programa reformista. Se abría un
camino hacia la transición entre el viejo régimen, que ya se consideraba
caduco, y el nuevo régimen democrático.
Ya en 1902 Joaquín V. González se había anticipado a Sáenz Peña con
un proyecto de reforma electoral que incluía el voto secreto. Pese a los reparos
de éste al sistema de lista incompleta, no dudaba en apoyar la reforma desde el
Senado. Sáenz Peña contó con el auxilio valioso del doctor Indalecio Gómez,
su ministro del interior, hacendado y jurisconsulto salteño. Gómez seguía con
interés las innovaciones legislativas de esta etapa de avance hacia la
universalización del sufragio pero fue el modelo español el que lo atrajo en
particular.
La reforma proponía asegurar la verdad electoral, comenzando por la
del padrón de electores, para ello planteaba el uso del padrón de enrolamiento
para fines electorales. El secreto del voto aseguraría la libertad de decisión del
sufragante. Finalmente contemplaba la introducción de la lista incompleta en
las elecciones de diputados y de electores de presidente y vice, esto aseguraba
un tercio de las posiciones en disputa a la primera minoría. Esta última iba a
ser la innovación más discutida y resistida de la reforma, la lista incompleta
requeriría la formación de auténticos partidos políticos. Muchos de los que
impulsaban las reformas consideraban que con ella iba a seguir gobernado la
misma clase política que lo venía haciendo hasta entonces, “quienes aún
dominan los poderes del Estado confían que un sistema político
esencialmente oligárquico será vigorizado y no aniquilado por la
instauración de una auténtica democracia de sufragio universal”[10].
El 10 de febrero de 1912 se sancionó en el país la Ley Nº 8.871
conocida como Ley Sáenz Peña, la misma estableció el sufragio universal,
secreto y obligatorio y el sistema de lista incompleta. “El gobierno de Sáenz
Peña optó por el modelo español para la reforma del sistema electoral”[11].
Esta ley significaba un gran avance, aunque no eran pocos los excluidos por
ella. Las mujeres (casi la mitad del padrón), los extranjeros, los habitantes de
los territorios nacionales.

5. El presidente presentó el proyecto de ley aprobado con las siguientes
palabras: “He dicho a mi país todo mi pensamiento, mis convicciones y mis
esperanzas. Quiera mi país escuchar la palabra y el consejo de su primer
mandatario, quiera el pueblo votar”.
Esta ley significó un notable avance hacia la ampliación de la
democracia en la Argentina y la posibilidad de expresión de las fuerzas
políticas opositoras que habían sido marginadas del sistema por los gobiernos
conservadores. Con ella se abre una nueva etapa institucional en nuestro país.
La Ley Sáenz Peña amplió decididamente la participación política de los
nuevos sectores sociales argentinos.
La hegemonía Radical a partir de la ampliación del sufragio:
Con la promulgación de la Ley Sáenz Peña, el radicalismo deja de lado
su táctica insurreccional con el fin de alcanzar un cambio político. Aprobada
la ley en 1912, las primeras elecciones libres llevadas adelante en la Argentina
depararon una gran sorpresa a quienes habían diseñado la reforma, la bancada
socialista creció notablemente y se sucedieron los triunfos radicales en Entre
Ríos y Santa Fe. Aumentó también notablemente la participación electoral,
que para 1914 llegó al 62,85 % del padrón total, mientras que en las últimas
elecciones, previas a la Ley Sáenz Peña, apenas había llegado al 5 por ciento.
Según los deseos de la oligarquía más lúcida encarnada por Sáenz Peña,
se integró al sistema al radicalismo y al socialismo, bajando parcialmente la
conflictividad política pero no la social, que a tono con la injusticia reinante
seguirá expresándose a través de los gremios y de sus armas de lucha
habituales: la huelga y la protesta social.
En las jornadas previas a las elecciones presidenciales del 3 de abril de
1916, el radicalismo presentaba un manifiesto, en un trayecto del mismo se
expresa “La Unión Cívica Radical es la Nación misma, bregando desde hace
veinte y seis años para liberarse de gobernantes usurpadores y
regresivos”[12]. Es así que el radicalismo apeló al electorado expresándole
que lo que estaba en juego en las elecciones que se avecinaban era la Nación
misma y, quien estaba identificado con la Patria misma, no era otro que
Hipólito Yrigoyen.
La Ley Sáenz Peña se aplicó por primera vez, en ocasión de una
elección presidencial, en el año 1916. El voto fue entonces secreto y
obligatorio. Una de las más decisiva jornadas electorales de nuestra historia
constitucional ha culminado en comicios ejemplares. Las limitadas
posibilidades de participación política se ampliaron. “Se pasó de una
democracia limitada a un sistema de participación ampliada, los individuos se
transformaron en ciudadanos”[13].
El 12 de octubre de 1916 el radicalismo entra en la Casa Rosada,
Yrigoyen pasó a ocupar el “sillón de Rivadavia”. Sólo tres gobernadores,

6. electos con la nueva ley, eran radicales: los de Córdoba, Entre Ríos y Santa
Fe; este último pertenecía a un sector disidente de la UCR. Las once
provincias restantes estaban en manos de la oposición. En el Congreso la
nueva fuerza en el poder estaba en una situación delicada, “la UCR no tenía
más que 45 diputados sobre 115 y 4 senadores sobre 29. Sólo en 1919 los
radicales obtendrán una pequeña mayoría en la Cámara de Diputados (59
diputados sobre 110)[14]. Argentina, aún en contra de los deseos de los grupos
dominantes, transformó su sistema político. Ahora “un gobierno de opinión
substituyó al poder de las elites hereditarias”[15].
El radicalismo se había impuesto al Partido Demócrata
Progresista,herederos de la Liga del Sur, encabezado por Lisandro de la Torre.
En él se aglutinaban los conservadores de diferentes provincias, el objetivo era
adaptarse a las nuevas circunstancias conformando un partido político
moderno y vencer al radicalismo en las urnas. En 1914 se reunió la asamblea
constitutiva del nuevo movimiento, en la misma se elaboró un manifiesto que
subraya la adhesión al “sufragio irrestricto e inviolable como único medio de
llegar al fin de (sus) aspiraciones”[16]. Pero se fracasó en la tarea de integrar
a los conservadores bonaerenses liderados por Marcelino Ugarte, esto atentó
contra la aspiración de presentarse como un auténtico partido nacional. La
derrota sufrida en 1916 marcó el fracaso de los conservadores modernos, la
oligarquía jamás logró dar vida a una verdadera fuerza política nacional. A
estas alturas, los grupos oligárquicos desplazados por el radicalismo
empezaban a vislumbrar la difícil tarea de volver a ocupar el poder político
por los medios democráticos.
Referencias:
ü Botana, Natalio; Gallo, Ezequiel. De la República posible a la República
verdadera (1880-1910). Buenos Aires, Ariel Historia.
ü Dongui, Tulio Halperín. Vida y muerte de la Repùblica verdadera (1910-
1930). Buenos Aires, Ariel Historia, 2000.
ü Romero, Luis Alberto. Breve historia contemporánea de la Argentina. Buenos
Aires, Fondo de la Cultura Económica, 2007.
ü Rouquié, Alain. Poder militar y sociedad política en la Argentina, I. hasta
1943. Buenos Aires, Emecé Editores, 1981.
ü Quesada, María Sáenz. La Argentina, historia del país y su gente. Avellaneda,
Editorial Sudamericana, 2004.
ü Rapoport, Mario. Historia económica, política y social de la Argentina (1880-
2000). Buenos Aires, Ediciones Macchi, 2000.

7. [1] Quesada, María Sáenz. La Argentina, historia del país y su gente.
Avellaneda, Editorial Sudamericana, 2004. Pág. 442.
[2]Botana, Natalio; Gallo, Ezequiel. De la República posible a la República
verdadera (1880-1910). Buenos Aires, Ariel Historia, Pág. 113.
[3]Rapoport, Mario. Historia económica, política y social de la Argentina
(1880-2000). Buenos Aires, Ediciones Macchi, 2000.
[4] Romero, Luis Alberto. Breve historia contemporánea de la Argentina.
Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. 1994, pág. 18.
[5]Rouquié, Alain. Poder militar y sociedad política en la Argentina, I. hasta
1943. Buenos Aires, Emecé Editores, 1981, pág. 33.
[6]Rouquié, Alain. Op. Cit. Pág. 65.
[7]Rouquié, Alain. Op. Cit. Pág. 64.
[8]Botana, Natalio; Gallo, Ezequiel. Op. Cit. Pág. 117.
[9]Rouquié, Alain. Op. Cit. Pág. 65.
[10]Donghi, Tulio Halperín. Vida y muerte de la República verdadera (1910-
1930). Buenos Aires, Ariel, 2000, pág. 34.
[11] Quesada, María Sáenz.Op. Cit. Pág. 445.
[12]Donghi, Tulio Halperín. Op. Cit. Pág. 194.
[13]Rouquié, Alain. Op. Cit. Pág. 124.
[14]Rouquié, Alain.Op. Cit. Pág. 138.
[15]Rouquié, Alain. Op. Cit. Pág. 126.
[16]Rouquié, Alain. Op. Cit. Pág. 68.