La detención del tesorero de Convergència Democràtica y otros directivos ha revelado una trama de financiamiento ilegal del partido a través de fundaciones. La investigación se relaciona con pagos de comisiones ilegales por la adjudicación de obras públicas, similar al caso Palau. Este escándalo, que se originó en denuncias de corrupción en 2012, ha llevado a la implicación de varias empresas constructoras y políticos locales.