El documento denuncia que varios partidos políticos, especialmente el partido lider, han sobrepasado el techo presupuestario de 58 millones de quetzales fijado por el tribunal supremo electoral (TSE). Se exige al TSE que investigue esta violación y, de confirmarse, se proceda a cancelar la personalidad jurídica de los partidos infractores, promoviendo así la transparencia y el fin de la corrupción en el financiamiento electoral. Los ciudadanos de Guatemala demandan respeto a la dignidad y a las normas que rigen el financiamiento político.