La resolución conjunta ordena la transferencia de 50 millones de dólares a la Universidad de Puerto Rico desde el fondo de estabilización fiscal para cubrir su déficit operacional y evitar la implementación de una cuota especial a los estudiantes. La medida se basa en un ahorro evidenciado por el Banco Gubernamental de Fomento y requiere un informe sobre la transferencia. La Universidad deberá cumplir con la legislación fiscal aplicable tras la aprobación de esta resolución.